CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
15 DE FEBRERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Sube empleo... pero informal
Crece 1.3 millones más
el número de personas sin contrato ni seguridad social
No impondré nada a nadie en 2006: Fox
"Acelerados",
los que exigen nuevo modelo
Solvente, la banca múltiple del país
Todas las instituciones
están en el nivel 1 de Acciones Correctivas
Frontal, el combate a la delincuencia: Fox
Pide que se inviertan
"centavo a centavo" $5,000 millones extras contra
la inseguridad
Dispendios en el consejo turístico que preside Ortiz
Gastos anómalos en viajes
y comidas
Relacionan con un homicidio al hijo de El Chapo
La AFI lo trasladó a la
Ciudad de México
Apología del narco en libro oficial de la SEP
Promueve en las primarias
81 mil textos de narcocorridos
que encargó la Conaliteg
Plantean PRI y PRD “linchamiento” de Creel
Afán de reclamos y acusaciones:
Barrio
GDF: el faltante de 1,350 mdp es un error contable;
“no lo robamos”
Aun así, el dinero no
aparece; puede ser un fraude: PAN
Duplican a estados presupuesto de seguridad
"Muralla" de
$5 mil millones adicionales contra el crimen organizado,
anuncia el Presidente
¡Narconiños!
“Cártel de Tepito” utiliza
a menores como "burros" para distribuir drogas
Sector agrario
Proponen nueva Ley Agraria. (El Imparcial (Oaxaca), Humberto Torres, p. web)
México necesita una
nueva Ley Agraria que responda a las exigencias actuales,
con la obligación del Ejecutivo Federal de mantener la
integridad de las tierras de ejidos y comunidades, ahondar
en el fortalecimiento de la seguridad en la tenencia y
disposición de la tierra, aseguró el presidente de la
Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados,
Manuel García Corpus.
En la propuesta de
nueva Ley Federal Agraria elaborada por diputados federales
y que en breve se presentará al pleno, se contempla en
esencia: la prohibición del establecimiento de asentamientos
humanos irregulares en las tierras de los núcleos agrarios;
la eliminación del mecanismo obsoleto para la anulación
de las divisiones o repartos que se hubieran hecho con
error o vicio.
Además, la creación
de medios de acceso a la tierra para la población rural
carente de ella; la permanencia de la Secretaría de
la Reforma Agraria o de una dependencia u organismo
similar.
Y la actualización
de los criterios para la determinación de los límites
de la pequeña propiedad agrícola como de los criterios
para la determinación de los límites de la pequeña propiedad
ganadera; la protección a la pequeña propiedad minifundista;
la constitución de un patrimonio familiar y la desectorización
de la Procuraduría Agraria.
Tras anunciar que a
título individual, en su carácter de diputado federal
y con el apoyo de algunos diputados tanto del Partido
Revolucionario Institucional como del Partido de la Revolución
Democrática, presentará en breve a la Cámara de Diputados
la iniciativa con proyecto de Decreto de reformas al artículo
27 Constitucional, calificó de impostergable esta reforma.
“Es urgente atender
al sector más débil y olvidado del medio rural, pues en
cumplimiento de la previsión existente en los artículos
2° y 27 de la Constitución, se crea un capítulo que define
las tierras indígenas, reglamenta su constitución y asegura
su protección, en respeto de la cultura, sistemas normativos,
valores sociales, políticos y culturales de los grupos
indígenas”, dijo.
Entre las medidas que
contiene el documento en relación con el régimen ejidal
y comunal están las encaminadas a proteger a las familias
de los ejidatarios y comuneros mediante la definición
y reglamentación de un patrimonio de familia. Así como
la definición en ley de los posesionarios.
La precisión de algunas
atribuciones de la asamblea ejidal que permitan una mejor
gestión de los asuntos financieros y sociales; la creación
de medidas preventivas que garanticen que los ejidos cuenten
en todo momento con órganos de administración y gobierno
vigentes; el fortalecimiento de las juntas de pobladores
con miras a su participación activa en instituciones creadas
por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Además de la restricción,
en caso de liquidación del ejido, para la asignación de
zonas taladas o destruidas por el fuego, en adición a
los bosques y selvas, con el fin de que el Estado cumpla
de una mejor manera su obligación de conservar las reservas
de la biosfera.
Urge
seguridad en tenencia de la tierra
El representante popular,
indicó que otro punto, es otorgar una mayor seguridad
jurídica, reglamentar el arrendamiento de tierras ejidales,
y con el fin de mantener la integridad del ejido, se establecen
disposiciones para proteger las tierras de uso común.
Se busca transparentar los contratos relativos al usufructo
de parcelas a terceros, y se consideran diferentes modalidades
en la determinación de la indemnización en caso de expropiación
de propiedad social.
Puntualizó que la Comisión de Reforma Agraria
de la Cámara de Diputados, tras haber llevado a cabo un
largo proceso que culminó con la elaboración de un documento
que contiene la propuesta de nueva Ley Federal Agraria,
ha puesto en marcha los trabajos que permitan una mayor
difusión e información para abrir escenarios de consulta,
propiciar su análisis, discusión y debate con el fin de
lograr su perfeccionamiento y un grado aún superior de
consenso social.
En medio de tumultos eligen al comisario ejidal
de Hopelchén. (El Sur de
Campeche, Orlando Couoh May,
p. web)
HOPELCHEN (SPC).- En medio de acusaciones de parte de
un bando por que no aceptaba el último informe de actividades
del comisario ejidal saliente, fue electo Ernesto Cauich
Chí como nuevo autoridad ejidal en esta Ciudad de los Cinco
Pozos, en un principio solo dejó entrar el comisariado
a todos los ejidatarios acreditados en las listas de Reforma
Agraria y a la gente con carta poder en mano en representación
de los que no pudieron estar.
La reunión dio inicio con la instalación de la mesa de debates
en donde empezó la controversia y antagonismo de ambos
bandos, se incrementó cuando la mayoría aceptó el informe
del comisario saliente y por lo que la minoría recriminó
la actitud irresponsable de los demás, con anticipación
se tomó el acuerdo de que sería a puertas cerradas las
elecciones con acceso solamente los ejidatarios acreditados
y de este modo ni a la prensa local se le dio acceso a
dicho evento.
Posteriormente se llevó a cabo la elección del nuevo comisariado resultando ganador Ernesto Cauich
Chí con 101 votos a favor por
72 en contra Oga Chí, por lo que el representante
Rafael Carrillo Flores levantó el acta de asamblea que
no quiso aceptar el grupo perdedor encabezado por Humberto
Pech Mukul.
Ante la nueva elección, Cauich Chí se comprometió a manejar su administración con transparencia
en cuanto a todos los apoyos del gobierno, de los diversos
programas y dependencias gubernamentales. Dijo que gobernará
para todos porque todos son ejidatarios y tienen los derechos
como los demás, aunado a que su gobierno será de conjunción
para trabajar en equipo todos juntos.
Pero mientras tanto el otro grupo perdedor que siempre se opone
a las decisiones de los demás, los consideró como un obstáculo
para el progreso del ejido de Hopelchén
porque nunca quieren colaborar o al menos respaldar las
decisiones de la mayoría de ejidatarios; pero desgraciadamente
en el artículo 27 no se habla de expulsión o de suspensión
de derechos.
De este modo más adelante se pensará en un reglamento interno
del ejido para castigar a todos aquellos que se interpongan
en el avance del ejido y a las tomas de decisiones de
la mayoría en busca del progreso, tal como lo ha venido
haciendo un grupo de ejidatarios.
Tranquilas elecciones de comisariado
ejidal. (Por Esto! (Yucatán), Luis Sosa, p. web)
TIXKOKOB, Yucatán, 14 de febrero.- De acuerdo a la segunda convocatoria emitida
por la Procuraduría Agraria se realizó el domingo
a partir de las 12:00 horas en la casa ejidal Lázaro Cárdenas
la segunda ronda de votación del comisario ejidal, ya
que en las pasadas votaciones resultaron empatadas.
Marcelo Ojeda Pech resultó ser el ganador de la
planilla negra con 156 votos, en tanto Juan Antonio Balan
Mex, de la planilla obtuvo 119
votos.
El visitador agrario Lic. Alvaro Ramos López abrió
la asamblea, dando como primer punto a la orientación
de la votación; segundo, se eligió a la mesa de debates,
quedando como presidente Javier Soriano Pool, secretario
José Martín Chalé, escrutadores Valentín Dorantes Pech y Edilberto Puch Cen.
En el tercer punto se pasó lista de asistencia e inmediatamente se llevaron
a cabo las votaciones secretas.
Seguidamente se realizó el conteo de votos en presencia de los votantes, quienes
fueron testigos y finalmente el visitador agrario Ramos
López dio el veredicto final a favor de Marcelo Ojeda
Pech, quien suplirá a Alvaro
Chin Pool, quien hoy lunes a
partir de las once de la mañana rindió protesta como comisariado ejidal en el periodo 2005-2007.
Las votaciones fueron claras y transparentes, sin ningún incidente, así lo
señalo el Visitador Agrario. Se contó con la presencia
de los antimotines al mando del comandante Martín López
Medina con 20 elementos y las unidades 1784 y 1717.
Comicios tranquilos. (Por Esto! (Yucatán), Ramón Reyna, p. web)
KINCHIL, Yucatán, 14 de febrero.- En una tranquila jornada, que duró casi
cinco horas y sin contratiempos, bajo estricta vigilancia
de elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad,
transcurrieron los comicios para elegir comisario ejidal
en este municipio.
José Tárcilo Ventura Dzib,
de la planilla representada por el color rojo, fue quien
ganó al obtener 146 votos contra 72 de José Manuel Sarabia
Quintal (planilla azul), 67 de Rodrigo Dzul
Ku, 15 de Julio de Jesús Pisté Poot
y apenas 9 de José Guadalupe Cuá
Tzuc.
El proceso, vigilado de cerca por elementos del Grupo Lobos de la Secretaría
de Protección y Vialidad, que se transportaron a bordo
de la unidad 1790, estuvo bajo la supervisión del visitador
agrario Roberto Buenfil Pool.
De los resultados dados a conocer poco después de las 15 horas, de los cuales
dos boletas se anularon, sufragaron unos 311 ejidatarios
del total de 849 que ampara el padrón.
Un uniformado de la SPV, armado con un rifle y chaleco antibalas, vigilaba
de cerca el proceso de votación que se
llevó a cabo en una de las habitaciones del local
del Comisariado Ejidal.
Los representantes y escrutadores estuvieron en la mesa que se instaló en
un cuarto anexo al antiguo edificio, donde por medio de
un altavoz se realizó dos veces el pase de lista.
Muchos de los ejidatarios se apostaron en la terraza del inmueble, otros en
la calle y unos más en la vía principal. Algunos prefirieron
escuchar su nombre sentados en los bajos del Palacio Municipal.
Luego de darse a conocer los resultados, la mayoría de los hombres del campo
se retiraron tranquilamente a sus casas.
El ganador, Ventura Dzib, dijo que procurará todo
cuanto esté de su parte para desempeñar un trabajo satisfactorio
en bien de los ejidatarios kinchileños
y sus familias.
Por su parte, el comisario ejidal saliente, Manuel Sabelo
Dzul Aguayo, dijo que el proceso
de votación para el cambio de autoridades fue satisfactorio
para todos los ejidatarios que participaron en el proceso.
Entregan poblado Nuevo Montes Azules a 162 familias.
(El Heraldo de Chiapas, Nota Informativa, p.web. /Información también publicada en Milenio Diario, p.
11, La Jornada, p. 16).
Nuevo Montes Azules, Palenque.- Luego de 22 años de vivir en
cinco asentamientos irregulares en la Reserva de la Biosfera
Montes Azules, 162 familias fueron reubicadas
en el centro de población “Nuevo Montes Azules”, en un acto encabezado por el gobernador
de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía,
en el municipio de Palenque.
Este lunes, fue un día de fiesta para los 600 tzeltales que voluntariamente participaron en el programa
gubernamental para la recuperación de la Reserva de la
Biosfera Montes Azules.
Al acto de inauguración del nuevo centro de población estuvieron
los titulares de las dependencias federales involucradas
en el programa: la directora general de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Xóchitl
Gálvez Ruiz; el secretario del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez; y el secretario de
la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, en representación del presidente Vicente Fox.
Hoy se terminan 22 años de sufrimiento, porque vivían en un
lugar que no era apropiado”, señaló el gobernador
al inaugurar esta nueva comunidad.
Diego Gómez Hernández, representante de la comunidad Ruinas
Sol Paraíso, señaló que, para él y las 162 familias reubicadas,
comienza una nueva etapa en este centro de población,
donde cuentan con vivienda digna, agua potable, luz eléctrica,
drenaje, planta de tratamientos de aguas residuales, clínica
médica y próximamente escuela.
“Estamos llenos de alegría porque tenemos una casita para nuestras
familias y el apoyo que nos han dado. Al principio fue
difícil creer por los engaños que nos hicieron los gobiernos
anteriores, por eso reconocemos el esfuerzo de su gobierno”, agregó Juvencio
Gómez López, representante de la comunidad “El Suspiro”.
Las sonrisas de los niños, mujeres y hombres indígenas lo confirman:
ya no tendrán que pagar por el terreno de cultivo, no
estarán inseguros de la tierra que ocupan: este lunes
recibieron los documentos que les dan certeza de propiedad.
“Hoy estamos tranquilos”, definieron.
El mandatario chiapaneco agradeció la voluntad de estas familias
para realizar la reubicación: “Sabíamos que el diálogo no sería fácil, pero ni el presidente Fox, ni el gobernador teníamos en nuestro corazón el deseo
de sacarlos por la fuerza, como falsamente anunciaban
algunas voces. Tardamos cuatro años pero al final ganaron
la palabra y la razón. Perdió la fuerza. Con esto ganamos
todos”, afirmó el mandatario.
“Espero que Nuevo Montes Azules sea ejemplo de convivencia pacífica, que
los partidos políticos, la religión y los líderes no los
dividan”, los exhortó.
El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, afirmó
que con este nuevo asentamiento se resuelve el problema
de vivienda y propiedad de estos indígenas y se rescata
un importante pulmón natural: la Reserva de la Biosfera
Montes Azules.
Los reubicados provienen de las comunidades Nuevo Tumbalá, El Suspiro, Nuevo Petalcingo,
El Ocotal y Ruinas Sol Paraíso. Con esta acción fue posible
la recuperación de una superficie superior a las mil 250
hectáreas, en esta zona considerada patrimonio de la humanidad.
A este acto asistieron el secretario de Gobierno, Rubén Velázquez; la representante especial de la SRA en Chiapas,
Martha Cecilia Díaz Gordillo; las secretarias de Obras
Públicas y Desarrollo Social, Griselda Bonifaz y María
Cruz, respectivamente; el presidente de la Comisión de
Áreas Naturales Protegidas, Ernesto Enkerlin;
el alcalde de Palenque, Alfredo Salgado Correa, entre
otros funcionarios.
Posteriormente, el mandatario y los titulares de SRA, Semarnat y CDI, sostuvieron una reunión de evaluación del
Programa de Atención a la Comunidad Zona Lacandona y Reserva
de la Biosfera Montes Azules, en la cabecera municipal
de Palenque.
Recibieron ejidatarios de BCS títulos de propiedad. (Unomásuno, Lucio Espinoza, p. web)
“El gobierno del estado de Baja California Sur mantiene firme
su convicción acerca de garantizar a los ciudadanos, la
posesión legal de sus propiedades”, señaló el secretario
general de Gobierno, Víctor Manuel Lizárraga Peraza, que en su calidad de encargado del despacho
del Ejecutivo estatal, encabezó la entrega de documentos
a ejidatarios de San José del Cabo y El Pescadero.
Ante la presencia del Director en jefe del Registro Agrario
Nacional (RAN), Abelardo Escobar Prieto, Lizárraga
Pedraza manifestó que parte de los retos en materia agraria
que se han enfrentado en esta administración, ha sido
el alentar el ordenamiento territorial y la regularización
de predios en beneficio de la población de los ejidos
y de las diversas comunidades en nuestra entidad.
En este sentido, Lizárraga Peraza
expresó su deseo de que la entrega de los 265 certificados
de uso común en beneficio de ejidatarios de San José del
Cabo y los 2 mil 456 títulos de propiedad a ejidatarios
de El Pescadero, sea parte sustantiva de un patrimonio
que les augure bienestar y progreso a los hoy beneficiados
y sus familias.
Democracia social, prioritaria: Lázaro. (Cambio (Michoacán), Juan Ignacio Salazar, p. web)
Martes 15 de Febrero de 2005
El gobernador del estado, Lázaro Cárdenas Batel,
aseguró en su III Informe de Gobierno que se ha avanzado
en la construcción del estado de derecho y en la edificación
"de una democracia con contenido social y de un desarrollo
económico sustentable y con equidad".
Ahí, dijo que en las próximas semanas se enviará
al Congreso local la iniciativa de reformas al Poder Judicial
del estado, "orientadas a garantizar su sana independencia,
su capacidad de gestión y su proceso de modernización".
Ante el pleno legislativo, en el que estaban representados
los tres poderes del Estado, el mandatario michoacano
indicó además que desde el inicio de su administración
se establecieron políticas de gobierno que tienen como
prioridad la atención a los problemas más urgentes de
la población.
Cárdenas Batel, al cumplir con el mandato constitucional
del Informe de Gobierno, refrendó su compromiso de avanzar
en la cohesión económica y social de la entidad y pugnar
por que "se traduzca en la comunicación territorial,
en la articulación de la planta productiva y -sobre todo-
en la concatenación del esfuerzo que todos nosotros tenemos
obligación de hacer por restañar el tejido social donde
está lastimado y por promover el acceso real de oportunidades
a las personas y a las comunidades a fin de mejorar sus
condiciones de vida".
Desde noviembre de 2001, sostuvo, "el mandato
popular de los michoacanos estableció equilibrios, pluralidad
y contrapesos. Así lo entendimos y hemos gobernado en
consecuencia, con respeto a la independencia plena de
los poderes, así como a la autonomía municipal, que se
ha visto fortalecida por el aumento en los recursos, en
los montos de obra convenidos, en la transferencia de
atribuciones y responsabilidades, y en la planeación y
operación de programas y acciones de gobierno".
Se comprometió a apoyar a las actuales administraciones
municipales en la conformación de los 113 comités de Planeación
y Desarrollo Municipal que la ley indica. Así, acotó,
"estaremos en vías de crear, por fin, un sólido sistema
estatal de planeación en el que participe la ciudadanía
organizada y representaciones de los tres órdenes de gobierno".
La resolución de la problemática derivada de la
tenencia de la tierra "es una prioridad". Para
hacer frente a tales problemas y brindar una mejor atención
a los grupos de campesinos, ejidatarios, comuneros, posesionarios
y avecindados, aseguró, se creó la Subsecretaría de Organización
y Concertación Agraria, instancia desde la cual en el
2004 se firmaron 68 convenios con organizaciones para
la solución de diversos conflictos agrarios y se realizaron
459 reuniones conciliatorias, brindándose especial atención
a la Meseta Purépecha.
En ese momento, Cárdenas Batel recordó que ya se
encuentra en manos de la nueva Legislatura la propuesta
de reforma indígena que "puede ser la base para una
reforma constitucional que satisfaga los justos anhelos
de cambio que prevalecen entre los indígenas de la entidad".
Además, dijo, se instaló el Sistema de Control
de Obra, que permite contar con información inmediata
sobre el avance de las obras y dar mayor transparencia
a la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Las inversiones
Durante el 2004, ponderó, se alcanzó el mayor monto
en exportaciones en la historia de Michoacán. Además,
manifestó que ha sido un objetivo central de gobierno
"el impulsar acciones que propicien la reactivación
del puerto de Lázaro Cárdenas", e hizo alusión a
la terminal de contenedores y a los 55 millones de pesos
que se invirtieron en esa zona para vialidades.
Al referirse a la obra Cárdenas Batel dijo que
para el gobierno del estado la edificación de obra pública
es una prioridad. En la construcción de caminos se pavimentaron
290 kilómetros en un total de 87 obras, en beneficio de
más de un millón y medio de habitantes.
En materia de regularización de asentamientos humanos,
durante el periodo de este informe, apuntó, "se ejecutaron
32 mil diferentes acciones en 72 municipios del estado.
En este marco, se regularizaron dos mil 875 lotes en catorce
municipios para beneficio de doce mil 595 familias, y
se entregaron dos mil 614 escrituras gratuitas en beneficio
de trece mil 70 michoacanos. De igual manera, fueron incorporadas
92 hectáreas de la reserva territorial del estado para
atender la demanda de lotes de vivienda en beneficio de
cerca de tres mil personas de bajos recursos económicos".
Durante los primeros dos años de la administración se
consolidó una reserva territorial de mil 343 hectáreas.
La producción agropecuaria para el mercado interior
tuvo también una importancia relevante, "con la siembra
en el 2004 de un millón 67 mil 359 hectáreas, de las que
se obtuvieron ocho millones 983 mil toneladas correspondientes
a más de 150 cultivos. Cabe destacar los cultivos de maíz,
sorgo y trigo. En 2004 se apoyaron los procesos de ordenamiento
comercial asociados a la producción, impulsando la pignoración
de 50 mil toneladas de granos y el establecimiento de
la agricultura por contrato para la producción y venta
de quince mil toneladas de granos y 75 mil toneladas
de frutas. Adicionalmente, con el fin de mejorar el precio
regional de granos, se ha establecido una estrategia para
absorber una porción de la cosecha, del orden de las 50
mil toneladas.
Cárdenas Batel dijo que el proceso de federalización forestal en Michoacán se fortaleció con la
nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado
de Michoacán, instrumento jurídico que permite un aprovechamiento
más racional y equitativo del sector. Durante el último
año se plantaron en Michoacán más de 22 millones de árboles
en una superficie de quince mil 638 hectáreas. Se dio
mantenimiento a 13.5 millones de plantas y se produjeron
ocho millones más en los 17 viveros de la Comisión Forestal
de Michoacán.
El mensaje
Al término de la lectura del concentrado del III
informe, Cárdenas Batel aseguró que Michoacán se ha consolidado
como una entidad políticamente madura, "donde el
pluralismo y los equilibrios no han sido obstáculo para
la marcha normal de los asuntos públicos, ni para la buena
coordinación del gobierno estatal con gobiernos municipales
de distintos orígenes políticos y con el gobierno federal".
Hoy, afirmó, estamos en posibilidad de concretar
acciones y obras de trascendencia mayor sobre la base
de lo que sembramos en los primeros tres años. Desde Michoacán,
indicó, "podemos hacer aportes importantes a la necesaria
reforma del Estado mexicano.
Abordemos juntos los cambios institucionales necesarios
para el desarrollo democrático de nuestra entidad: identifiquemos
los consensos alcanzados y elaboremos una agenda compartida,
llevemos a la práctica una reforma que favorezca la estabilidad
política y la cohesión económica para alcanzar las mejores
condiciones de convivencia entre nosotros y establezcamos,
entre otras cosas, un marco electoral que elimine el dispendio
y modere la importancia del dinero".
Sector agropecuario
Con un plantón, productores exigen a la Sagarpa respetar asignación del presupuesto. (La Jornada, Matilde Pérez U., p. web).
Para exigir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)
que respete las reglas de operación y el presupuesto de
los programas de infraestructura de comercialización y
del fondo de apoyo a la consolidación de empresas comercializadoras
de productores, unos 300 integrantes de la Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores
del Campo (ANEC) iniciaron un plantón a las puertas de
la institución.
"Tenemos 71 proyectos que están en dichos rubros y no
sabemos si fueron aprobados o rechazados; existe el temor
de que la Sagarpa, al igual que lo hizo el año pasado, cancele su presupuesto
o desvíe los recursos hacia otros programas", dijo
Rafael Rodríguez, director ejecutivo de ANEC.
Antes de iniciar una larga jornada de espera y de que la comisión
de productores ingresara a las instalaciones de Sagarpa,
Rodríguez comentó que los 350 millones de pesos destinados
a ambos programas en 2004 fueron transferidos al programa
de ingreso objetivo. "¿De qué sirve el decreto de
presupuesto, con nombres de programas y presupuesto si
los señores funcionarios lo manejan como una bolsa para
disponer de los recursos sin consultar con nadie los cambios
que realizan?"
Ante los productores provenientes de Michoacán, Puebla, Tlaxcala,
Tamaulipas, Guerrero, Chiapas y Nayarit, el director ejecutivo
de ANEC cuestionó la determinación de Sagarpa.
"El secretario Javier Usabiaga
Arroyo ha dicho que no tiene un problema de presupuesto;
entonces ¿por qué desvió los recursos de dos programas
al de ingreso objetivo? Lo alarmante es que este año pretende
hacer lo mismo con toda impunidad y soberbia ante el asombro
e impotencia de los productores".
Explicó que en octubre entregaron los proyectos y en noviembre
del año pasado, Manuel Martínez, funcionario de Apoyos
y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, y Felipe
Zavala Ponce, de la Coordinación General de Política Sectorial,
acordaron con el consejo de ANEC que evaluarían y respetarían
los dictámenes de los proyectos conforme a las reglas
de operación, los autorizarían conforme a su fecha de
entrega y en una semana entregarían los resultados.
Sin embargo, en la tercera semana de diciembre Sagarpa suspendió sus compromisos y a la fecha no hay respuesta,
abundó Rodríguez. Advirtió que la falta de ejercicio o
desvío de los recursos de ambos programas ponen en riesgo
la modernización de la infraestructura comercial de los
productores del sector social; en Chiapas, por ejemplo,
están en riesgo 300 mil toneladas de granos, principalmente
de maíz.
Las decisiones de Sagarpa, asentó,
favorecen a las comercializadoras trasnacionales y agudizan
la crisis de los productores que exigen respeto a su derecho
de tener una agricultura campesina y defienden la soberanía
alimentaria. "No queremos
que nos excluyan del eslabón de comercialización mediante
el acopio, almacenamiento y conservación para la administración
de la oferta. Es un espacio que los campesinos hemos construido
para tener derecho a participar; no permitiremos que se
deje sólo a los agentes privados y empresas como Cargill, Almer, Sumasa y miles de coyotes."
Los productores, confiados en lograr una respuesta positiva
del titular de Sagarpa, permitieron
que los autobuses circularan por el Eje 7, en su tramo
entre las avenidas Cuauhtémoc y Universidad.
Minimiza Usabiaga extravió
de $929.3 millones que irían al CMC. (La Jornada, Matilde Pérez U, p. web)
El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga
Arroyo, minimizó el presunto desvío por 929.3 millones
de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación en el Consejo Mexicano
del Café (CMC). "A todos, en algún momento, se nos
ha perdido algún cheque, lo mismo sucedió en el CMC con
documentos que son de cantidades muy pequeñas, 300, 500,
no llega a los 10 mil pesos", dijo en breve entrevista.
Aseguró que "no hay ningún fraude, ni malos manejos",
y puso a disposición de la opinión pública información
de todas las transferencias realizadas vía cheque a cada
uno de los productores.
Asentó que la investigación que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es puntual, tiene
sus términos; "las apreciaciones son eso, a ellas
deben darse respuesta". Reiteró que ya se investiga
cómo se perdieron los cheques, "si fue en el camino
(de entrega a los respectivos beneficiarios) o se sustrajeron".
La ASF detectó irregularidades en los pasados tres años en
el CMC, el cual había reportado cheques perdidos que posteriormente
fueron cobrados, además de gastos injustificados y la
falta de devolución de 894.8 millones de pesos a la Tesorería
Federal, correspondientes a subsidios no devengados del
fondo de estabilización del café del ejercicio 2002, ni
la entrega de 32.6 millones de pesos de los rendimientos
financieros correspondientes a dicho fondo en ese año.
De acuerdo con la ASF hay 38 cheques extraviados por un monto
de 119 mil 635 pesos; 22 documentos más perdidos, pero
reportados como cobrados, por 72 mil 565 pesos, y 16 de
los cuales se desconoce el estado que tienen.
Entre esa situación, Sagarpa anunció
la creación del sistema producto del café y dejó en suspenso
el futuro del CMC, lo cual provocó la protesta de las
organizaciones cafetaleras y de la Confederación Nacional
Campesina. El titular de Sagarpa
se comprometió a despejar dudas antes de que concluya
este mes.
Prensa Estatal
BAJA CALIFORNIA
Regularizarán propiedades (El Mexicano, p.web)
PLAYAS DE ROSARITO. Alentar a los
propietarios de predios para que los inscriban ante el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC),
es el objetivo de la Campaña Estatal para la Concientización
y Regularización de la Propiedad Privada en Zonas Urbanas,
que ayudaría a abatir en parte el gran rezago que existe
en Playas de Rosarito en ese
renglón.
El registrador, Manuel Sánchez
Santiago, informó que durante todo el mes de febrero estarán
ofreciendo asesoría jurídica gratuita pero esta vez al
exterior de sus oficinas, a través de la entrega de volantes
en las colonias de Rosarito,
sobre todo en donde hay más predios sin registrar.
“Hay colonias como la Morelos,
Plan Libertador, una parte del Ejido Mazatlán y de la
Lucio Blanco, donde históricamente existe un rezago en
la regularización y tenencia de la tierra y donde no hemos
tenido avance”, reconoció.
Mencionó que en Playas de Rosarito es común que se vendan terrenos sin que siquiera
el comprador se cerciore si quien lo está ofertando es
el verdadero dueño, por lo que invitó a la ciudadanía
a que se acerque al registro público y obtenga información
confiable sobre el estado que guarda el inmueble.
“Rosarito
tiene graves problemas en cuanto a la seguridad jurídica
de los predios, a lo que se agrega el rezago, la gente
no se preocupa por conocer la situación de su inmueble,
lo compra, vive ahí y ya, pero no sabe a nombre de quién
aparece”.
Es por eso que el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio se estará acercando a las
colonias y por lo pronto ayer hizo entrega de 400 volantes
en el crucero del bulevar Benito Juárez y Puente Machado.
Sánchez Santiago recomendó a quienes
desean comprar una propiedad que no se dejen llevar únicamente
por el aspecto visual, sino que vayan al asunto de fondo,
que es conocer la situación legal del mismo y así le darán
una garantía a sus familiares de que les heredarán un
patrimonio y no un problema.
CHIAPAS
Devastación y despojo, signos del puente sobre
el río Azul, en Montes Azules (La Jornada, Hermann Bellinghausen, p.web)
Nuevo Sabanilla, Chis. 14 de febrero.
Tres tablas mal puestas sobre troncos y un penetrante
olor a excremento humano son el esperadero de los
nuevos carros de pasaje: un área devastada como pocas
dentro de Montes Azules debido a la construcción del puente,
ya casi concluido, sobre el Azul, uno de los ríos madres
de la cuenca del Usumacinta.
De Nueva Democracia (en la ribera opuesta de Amatitlán en el Lacantún) a Nuevo
Sabanilla (selva adentro, junto al río Azul) la carretera
ya está abierta y circulan las primeras pasajeras,
tras la huella de los trascavos, volteos, aplanadoras, grúas y mezcladoras que mandó
el gobierno. A mediados de 2005, con la conclusión del
puente de Amatitlán, la región quedará unida a la carretera fronteriza,
o internacional. Si esto es defender la selva y sus recursos,
mejor que no la defiendan.
Para cuando se termine la carretera hasta la laguna de Miramar,
el río Azul habrá quedado definitivamente expulsado de
la reserva de la biosfera. Resulta que el inmenso puente
de hierro y concreto que aquí lo cruza sólo servirá para
unir dos comunidades a la ruta turística -Nuevo Sabanilla
y Nueva Esperanza-, pues la madre de todas las carreteras
en Montes Azules se dará el lujo de subir, bordeando por
Lindavista, Chuncerro
y Benito Juárez, para desembocar en Miramar y San Quintín,
por encima del manantial virgen del río.
Si existen estudios de impacto ambiental para el proyecto,
no se han hecho públicos. La intención expresa es el desarrollo
turístico bajo las modalidades "social" y "ecológica",
y el resultado, a simple vista, pone los pelos de punta.
Además, pavimenta el despojo inminente de tierras a las
comunidades de la zona, aunque de eso no hablan los funcionarios.
Todos estos poblados sostienen conflictos con la comunidad
lacandona, "propietaria" legal de Montes Azules:
Nueva Democracia, Nueva Argentina, Plan de Río Azul, Nuevo
Sabanilla, Nueva Esperanza, Villaflores, Lindavista, Chuncerro, Benito Juárez y otros ¿proyectos de ecoturismo
social para sacar del campo a los indígenas y volverlos
prestadores de servicios?
Tan sólo en este rubro, el gobierno de Chiapas alcanzó el año
en curso la inversión récord de 200 millones de pesos
para 52 proyectos de turismo "sustentable",
muchos en esta región de Montes Azules vecina al Ixcán
guatemalteco: Las Guacamayas, Las Nubes, Sueño Prometido,
Ixcán; agréguense los hoteles
programados para Loma Bonita, Nuevo San Juan Chamula,
Plan de Río Azul y Benito Juárez. Un caso aparte es Chajul,
donde la otrora estación biológica de la UNAM devino resort
de lujo, ajeno a los pobladores; nada que ver con turismo
"social" (aunque sí "sustentable"
en la participación extranjera), y "puerta"
privada a la reserva. Cosas veremos.
Durante la gira presidencial por Europa la semana pasada, el
gobernador Pablo Salazar Mendiguchía
se dedicó a promocionar estos destinos turísticos. Firmó
convenios de inversión, "amarró" con Francia
el respaldo a decenas de proyectos, y en Madrid obtuvo
la sede para Chiapas del Congreso Mundial de Turismo Sustentable
en 2006.
Afirmó que su gobierno "apuesta al turismo social porque
la riqueza debe disfrutarse donde se genera". Que
lo diga. Brasil, el país más grande y devastado de Latinoamérica,
desarrolla sólo 24 proyectos de este tipo. Chiapas tiene
52, y va por más. El mandatario estatal se dijo convencido
de que es lo mejor que puede pasar a las comunidades donde
"están las bellezas" es desarrollarse en dicha
dirección: "Que las comunidades se apoderen de estos
centros, que los administren, que los conserven, que los
mantengan y que vivan de ello, creemos que es una espléndida
alternativa", declaró.
Destinos cruzados
Cae la noche en el esperadero, a 200 metros del puente.
Llega al fin la camioneta de pasajeros, procedente de
Nueva Democracia, y desciende un hombre, completamente
ebrio, quien paga con largueza al conductor para que le
ayude a cargar su pesada maleta Samsonite
hasta el otro lado de puente. Vuelve de Flórida,
Estados Unidos, luego de tres años de ausencia. Cuando
salió de Nuevo Sabanilla no había puente ni carretera
ni transporte. Tampoco la necesidad de que alguien cargara
una maleta que entonces no tenía.
De los comentarios de otros "esperantes"
se desprende que el hombre que regresa es un precursor.
Ahora, ir a Estados Unidos en busca de trabajo es la
opción para los hombres jóvenes. ¿Cómo creen que el chofer
de la camioneta logró adquirirla? Pues con los dólares
que ganó en Kentucky el año pasado. Su hermano mayor,
el lanchero que nos trajo por el Azul, ya está pensando
también en el "otro lado".
Mientras la carretera llegó hasta Lindavista
y sigue selva adentro, la población abandona el campo
y juega su destino económico al ilegal y la atención
(por venir) de ecoturistas del
primer mundo.
Los caminos de los pueblos en la selva se cruzan, y en buena
medida gracias a las políticas gubernamentales llevan
direcciones encontradas. Unos, en resistencia y rebeldía,
viven en el municipio Libertad de los Pueblos Mayas su
autonomía. Otros, atrapados en el vaivén de los proyectos
y las directrices oficiales, renuncian a sus derechos
agrarios y se abocan al "servicio turístico",
la "vigilancia" armada o la migración.
En Jerusalén, donde se localiza el centro ecoturístico Las Nubes, cuentan que el gobierno ha tenido
la intención (suspendida por ahora) de dinamitar los rápidos
del hermoso río Santo Domingo para permitir el traslado
en lancha de los turistas que, procedentes del costoso
embarcadero recién construido junto a la carretera internacional,
habrán de hospedarse en las cabañas de Las Nubes. En tanto,
esperan sus respectivos proyectos hoteleros otros pueblos
en proceso de "integración" estilo siglo XXI.
Gobierno decomisó terreno, pero podría perderlo. (El Heraldo de Chiapas, Sandra de los Santos, p.web)
Mientras los empresarios exigen al gobierno municipal que se
construya una terminal de corto recorrido, el gobierno
del estado está a punto de perder un terreno de tres hectáreas,
que fue expropiado hace once años para construir una terminal
de autobuses y colectivos.
El gobierno municipal y los transportistas firmaron un convenio,
donde éstos últimos se comprometieron a no estacionarse
en el primer cuadro de la ciudad y sólo hacer paradas
de ascenso y descenso. Ante este anuncio, los empresarios
exigieron que se instale una terminal de corto recorrido
a las afueras del primer cuadro de la ciudad.
A un costado del mercado de Los Ancianos existen tres hectáreas
de terreno que fueron expropiadas para construir ahí una
terminal de corto recorrido, pero la obra nunca se dio
por lo que el dueño del terreno ahora reclama la propiedad.
Según la ley un particular puede recuperar sus terrenos expropiados,
si el gobierno no los utiliza para lo cual fueron incautados,
quien fuera propietario del terreno está desde hace un
año en un juicio con el gobierno del estado para recuperar
lo que fueron sus tierras.
Los locatarios del mercado de Los Ancianos pidieron al gobierno
del estado defender esas tierras y concretar el proyecto
de la terminal de corto recorrido, puesto que eso les
ayudaría a reactivar la economía del centro de abastos.
José Luis Sánchez Huerta, representante de los locatarios manifestó
que el terreno ya cuenta con ruta de penetración y que
los comerciantes están dispuestos a apoyar para acondicionarlo
mejor.
“Si las autoridades ponen a funcionar la terminal de corto
recorrido, el terreno no se perdería y sería un beneficio
para los transportistas y también para los comerciantes
del mercado porque se reactivaría la economía”, finalizó Sánchez
Huerta.
Piden claridad en asuntos agrarios. (Cuarto Poder, Antonio Robledo, p. web)
Miembros de la Confederación Nacional
Campesina (CNC) señalaron que el gobierno debe resolver
el crimen perpetrado en Venustiano
Carranza con una investigación a fondo, además de proporcionar
más programas para el campo con el fin de evitar estos
conflictos.
El secretario general de la Liga de Comunidades
Agrarias, Noé López Corzo, dijo que las dependencias correspondientes
deben castigar a los responsables de estos hechos, pero
aseguró no saber quién tiene la razón.
"Es una situación de muchos
años y aquí somos muy respetuosos con las otras formas
de organizarse".
Indicó que el presidente de la
CNC, Julián Nazar Morales, ha
negado cualquier vínculo de gente cenecista
involucrada en lo ocurrido días atrás en Carranza, además,
aseguró desconocer a los partícipes, pues "hay tantas
organizaciones desde 1994, que ya ni sé de quiénes se
trataba".
Dijo que es lamentable que se sigan
presentando estos casos, por lo que aseveró que lo que
acabará con estas situaciones es la aplicación de más
proyectos, con programas, "eso le hemos pedido al
gobierno y necesitamos que se vayan aclarando estos asuntos
agrarios". Ya tenemos que hacer producir la tierra
y en este 2005 tenemos que meterle con todo. Y aunque
hay regiones en donde todavía no se hace nada, tenemos
regiones con proyectos muy productivos", señaló.
Es por ello que insistió en que se deben de realizar
más investigaciones en el "caso Carranza", porque
"no pueden volver a ocurrir estos problemas de muerte
con los productores campesinos. La autoridad competente
debe hacer su chamba y realizar programas adecuados para
hacer trabajar la tierra".
Aseguró que las comunidades cenecistas nunca han caído en violencia debido a que en las
reuniones que realizan los dirigentes hacen hincapié en
ello.
CHIHUAHUA
De invasores a terratenientes. (El Heraldo de Chihuahua, Nota Informativa, p. web)
De ser paracaidistas, Rubén Aguilar Jiménez y el extinto Adán
Sigala Juárez se convirtieron
en terratenientes.
Aprovechando la lucha social que encabezaron contra el latifundismo,
los líderes cedepistas acapararon
una buena parte de la tierra que invadieron y adquirieron
otras propiedades en esta ciudad.
La familia de Aguilar Jiménez tiene inscritos 49 terrenos en
el Registro Público de la Propiedad que suman 89 mil 281
metros cuadrados, cuyo valor asciende a 19 millones 141
mil 248 pesos, sin contar diez de ellos que no precisan
costo. En ocho de esos lotes hay fincas construídas.
La familia de Sigala Juárez aparece
como propietaria de 22 lotes que en total miden 259 mil
286 metros cuadrados y valen seis millones 745 mil pesos,
sin contar 16 de ellos que no especifican costo. En tres
de esos terrenos hay fincas edificadas.
La gran mayoría de las propiedades de la familia Aguilar están
a nombre de Rubén Aguilar Jiménez. Se trata de 41 terrenos,
incluídas seis fincas, que abarcan 83 mil 232 metros cuadrados
y están valuados en 18 millones 743 mil 882 pesos.
Sin embargo, once de esos lotes están hipotecados en 24 millones
954 mil pesos, diez por el Banco Nacional de Comercio
Interior y uno por un particular.
Además, doce están embargados por 158 mil 486 pesos, diez por
la Presidencia Municipal, uno por la Secretaría de Hacienda
y otro por la Recaudación estatal.
Matilde Gil de Aguilar, esposa de Rubén, es dueña de tres terrenos,
incluída una finca, que abarcan
tres mil 565 metros cuadrados, cuyo valor asciende a 255
mil 045 pesos.
Dos de ellos están hipotecados por Bancomer y el Banco Nacional
de Comercio Interior en 622 mil pesos. El otro está embargado
por la Presidencia Municipal en 22 mil 355 pesos.
Rubén Aguilar Gil aparece en el Registro Público de la Propiedad
como dueño de tres terrenos, incluida una finca, que en
total miden mil 576 metros cuadrados y valen 127 mil 679
pesos.
Lilia Aguilar Gil es propietaria de dos terrenos que abarcan
908 metros cuadrados y valen catorce mil 642 pesos.
Llama la atención que el 7 de febrero de 1997, Matilde pone
a nombre de su esposo el cincuenta por ciento que le corresponde
de catorce terrenos en un trámite que se llama adjudicación
de capitulaciones matrimoniales.
Seguramente esta estratégia de la
pareja Aguilar Gil es para que Rubén pueda solicitar créditos
a cargo de esas propiedades, pues son precisamente esos
terrenos los que están hipotecados.
La cuarta parte de los lotes de Aguilar Jiménez están en la
colonia Nuevo Triunfo. Provienen de una compra que hicieron
de manera conjunta él y Sigala
Juárez en 1993.
Aparecen en el Registro Público de la Propiedad como división
de la cosa común que hacen él y Francisca Juárez viuda
de Sigala, quien quedó como única dueña de los lotes que tenía
su hijo Adán.
Aguilar Jiménez se hizo de seis lotes en la calle Paracaidistas
de la colonia Villa para construir la enorme residencia
que tiene. El primero de esos terrenos lo adquirió en
julio de 1975 y los otros cinco fueron titulados por la
Presidencia Municipal, durante la administración de Gustavo
Ramos Becerra, el 29 de septiembre de 1998.
Algunos colonos de la Villa afirman que Rubén obligó a varios
de sus vecinos a venderle los terrenos para ampliar su
vivienda.
Además, la alcaldía de Ramos Becerra le tituló a Aguilar Jiménez
otros cuatro terrenos en la colonia Villa y en la Che
Guevara en esa misma fecha.
Llama la atención el terreno de tres mil 191 metros cuadrados
que compró Rubén en Cuauhtémoc en doce millones 766 mil
pesos, en marzo de 1991.
También que cuenta con varios terrenos en la zona industrial
de Robinson y en céntricas calles
de la ciudad como la Juárez, Trías y Doblado.
Los documentos inscritos en el Registro Público de la Propiedad
no especifican la numeración, pero es muy posible que
los dos terrenos de 789 y 770 metros cuadrados que tiene
Aguilar Jiménez en la calle Juárez sean donde opera El
Pasito.
SIGALA PUSO LOS TERRENOS A NOMBRE DE SU MAMÁ.
Adán Sigala Juárez puso sus propiedades
a nombre de su mamá, Francisca Juárez de Sigala,
mucho antes de morir.
En julio de 1994, sólo un año después que adquirió junto con
Aguilar Jiménez un predio de noventa hectáreas en el norte
de la ciudad, donde ahora se ubica la colonia Nuevo Triunfo,
Adán puso su parte, el cincuenta por ciento, a nombre
de doña Francisca.
Es ella quien aparece en el Registro Público de la Propiedad
como dueña de 19 terrenos que suman 257 mil 894 hectáreas,
cuyo valor asciende a 61 mil 600 pesos.
La gran mayoría de esos lotes están en la colonia Nuevo Triunfo
y fueron escriturados a su nombre el 14 de agosto de 1998
en el reparto de parte de la propiedad que hicieron ella
y Aguilar Jiménez.
Los documentos que están en el Registro Público de la Propiedad
no especifican el costo de esos terrenos porque se inscribieron
mediante un trámite que se llama división de la cosa común,
por eso el valor total de las propiedades que tiene doña
Francisca aparece tan bajo.
Además, la mamá del extinto Adán es propietaria de un terreno
en la colonia Villa y otro en la Veinte Aniversario.
También aparece como dueña de un predio de veinte hectáreas
en la Quinta Carolina que compró en cuarenta mil pesos
a Gilberto Fernández el 17 de octubre en 1994.
Bertha Gloria viuda de Sigala
sólo tiene a su nombre la casa donde vive en la colonia
Villa, de 404 metros cuadrados, titulada por el Gobierno
estatal en febrero de 1993 y valuada en cuatro millones
048 mil pesos.
Las dos hijas del extinto Adán también son dueñas sólo de sus
respectivas residencias. Tania Sigala
Quintana parece como propietaria de una finca en la colonia
Diego Lucero, en un terreno de 788 metros cuadrados, titulada
por el Gobierno del Estado en agosto de 1992 en 630 mil
400 pesos.
Melva Sigala Quintana es dueña de
una vivienda en la colonia Villa, de 200 metros, también
titulada por el Gobierno estatal en febrero de 1993, cuyo
valor asciende a dos millones de pesos.
COAHUILA
Piden al alcalde dinero para comprar terrenos que
invadieron. (El Siglo de Torreón, Fabiola
Pérez, p.web)
MATAMOROS, COAH.- Alrededor de
200 personas se presentaron en la presidencia municipal
para solicitar una audiencia con el alcalde, Felipe Medina
Cervantes, y pedirle que les apoye en la compra de los
terrenos que invadieron en los últimos días de enero.
El predio invadido es conocido
como Santa Cecilia y se encuentra en las meloneras, frente
a la ladrillera Binsa, más de 200 familias han edificado sus jacales de madera,
plástico y lámina en este sitio, pues aseguran que su
pobreza es tal, que no les alcanza pagar una renta.
Desde temprano comenzaron a llegar,
ancianos, niños, señoras, varones, esperaban en la plaza
principal, frente al edificio del Ayuntamiento. Pasadas
las doce, se formaron en círculo mientras los líderes
explicaba el procedimiento a
seguir.
La muchedumbre entró a la presidencia,
lo que originó el inmediato murmureo de los servidores
públicos, regidores y secretarias, que manifestaban su
desacuerdo hacia la invasión que llevaron a cabo hace
tres semanas.
Diversos funcionarios aseguran
que son la misma gente que invadió los terrenos donde
se encuentra la colonia Enrique Martínez y Martínez. El
alcalde coincide con ellos, el edil insiste en que su
administración no ha tolerado ninguna invasión. Lo considera
ilegal.
Entre los visitantes, se identifican
personas que también tienen jacales junto a las vías,
en Torreón, en la zona irregular de la colonia La Merced,
a otros se les ha observado en la Rocío Villarreal, también en la
vecina ciudad.
Las carencias de los individuos
son notorias a simple vista, sus ropas están sucias y
presentan agujeros, sus zapatos gastados, sus cabellos
cubiertos de tierra.
Algunas personas esperaron en la
Sala de Cabildo, otras en el exterior del despacho del
alcalde y unas más en las escaleras. Los niños jugaban
un poco desesperados, uno de ellos repetía incansablemente
que tenía hambre, la espera los inquietaba aún más.
Luego de una larga charla, el acalde
ofreció establecer una comunicación entre los propietarios
y los invasores hoy.
ESTADO DE MÉXICO
Viola el gobierno mexiquense acuerdo que declara
a Zumpango reserva agropecuaria. (La Jornada, Silvia Chávez, p. web).
Zumpango, Mex., 14
de febrero. Las tierras del proyecto Los Insurgentes,
donde -según prometió en su campaña el actual gobernador
Arturo Montiel Rojas- se reactivaría
la producción ganadera y agrícola, se han convertido en
botín para empresas constructoras que con el cambio de
uso de suelo de 3 mil 158 hectáreas, comenzaron la construcción
masiva de casas de interés social. Ante la situación,
campesinos y ganaderos locales han optado por vender sus
propiedades y migrar hacia otros estados del país.
En lo que fueron los ranchos Pirineos, San Juan de la Labor,
Granja Guadalupe, El Berrinche y Santa María, sólo quedan
bodegas abandonadas y tierras áridas, algunas con los
secos alfalfares desatendidos durante la última siembra,
en 2004. Sus propietarios vendieron los terrenos, ahora
susceptibles de ser urbanizados.
La depredación de las tierras productivas de la localidad comenzó
el 29 de octubre de 2003, cuando se publicó en la Gaceta
del Gobierno del estado de México que la Legislatura
local aprobó el Plan de Desarrollo Municipal de Zumpango,
en el cual se autorizó que se modificara el uso de suelo
de 3 mil 158 hectáreas agrícolas.
El ganadero Juan Rodríguez Rodríguez,
en compañía de otros productores, exhibió a La Jornada
los documentos oficiales que propiciaron el cambio
de uso de suelo, y dieron origen a un proceso irreversible
que afectará el modo de vida de los habitantes de Zumpango.
Para empezar, narró que el precio de las tierras "se disparó".
A principios de 2003 el metro cuadrado de tierra de uso
agrícola costaba 20 pesos, y al cambiar a zona urbanizable,
se elevó hasta 350 pesos por metro cuadrado, lo que hizo
a los productores vender sus propiedades, explicó Juan
Rodríguez.
Expulsados por el desarrollo urbano, los productores locales
han migrado a entidades como Querétaro, donde reinician
sus actividades agrícolas y ganaderas. Mientras, en Zumpango
comenzó la construcción masiva de casas de interés social.
Los desarrolladores, entre ellos la inmobiliaria Casas Geo, han estimado que podrán construir en el municipio al
menos 70 mil viviendas durante los próximos diez años.
Ante el proceso de urbanización, un grupo de productores locales
exigió a los gobiernos estatal y municipal -ambos emanados
del Partido Revolucionario Institucional- que se detengan
los proyectos de vivienda y se impulse el desarrollo económico
con base en el cumplimiento del proyecto Los Insurgentes
-establecido en 1967-, que declaró a la región reserva
agrícola y ganadera.
Los inconformes indicaron que con la urbanización de tierras
de uso agrícola y ganadero, comenzó la erosión en terrenos
que por siglos formaron parte del proceso natural de captación
y recarga de agua en mantos freáticos al norponiente
del valle de México, hacia donde actualmente avanza la
construcción masiva de casas habitación.
En su desesperación, ganaderos de Zumpango
clausuraron los trabajos de construcción de viviendas
en 145 hectáreas del paraje El Raid,
de lo que fue el rancho San Juan de la Labor. En diciembre
pasado pidieron al presidente municipal Luis Décaro Delgado exhibir los documentos oficiales de autorización
del proyecto inmobiliario.
Al respecto, el alcalde dijo en entrevista que desconocía los
pormenores de las obras de construcción en El Raid,
y sostuvo que esos trabajos carecen de autorización oficial.
Sin embargo, reconoció que Casas Geo
construyó "una casa muestra" en el lugar.
La Jornada recorrió el paraje El Raid, donde
se detectó que en dos hectáreas de tierras existen trazos
que delimitan al menos 120 lotes menores de 70 metros
cuadrados, con pisos de cemento y despuntes de lo que
serán casas de interés social. Incluso hay casas en obra
negra.
Actualmente Casas Geo construye 4
mil casas en tierras ejidales de Zumpango,
y algunas ya están habitadas. En contraste con este desarrollo,
han quedado manchas urbanas de colonias irregulares y
poblados semirrurales, que no
poseen servicios básicos como electricidad y agua potable.
Armando Álvarez Gálvez, Alfonso Víquez
Miranda y Pastor Oropeza, entre otros pobladores y productores
de la región, argumentaron que el desarrollo habitacional
programado en Zumpango es violatorio
del decreto del distrito de Los Insurgentes, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
agosto de 1967.
En el citado acuerdo, el gobierno federal declaró que 30 mil
hectáreas ubicadas en diez municipios de la región de
Zumpango fueran reserva territorial
para uso agrícola y ganadero, como forma de asegurar una
fuente de producción de alimentos básicos para el país.
Asimismo estableció que las tierras serían irrigadas con
aguas de la laguna de Zumpango,
así como obtenidas en represas y ríos de la región.
El Plan de Desarrollo Municipal de 2003 violentó el decreto
presidencial de Los Insurgentes -que sigue vigente-, al
modificar el uso de suelo de tierras localizadas dentro
del proyecto agrícola de la Federación aprobado en 1967.
Todavía a inicios de 2004, ranchos como el llamado Guadalupe,
de 200 hectáreas, eran importantes generadores de alimento
forrajero para toros, cerdos y pollos. Hoy se observan
granjas y ranchos desolados, mientras la maquinaria avanza
en el trazo de lo que serán nuevos fraccionamientos habitacionales.
Los ganaderos de la región llegaron a producir hasta 70 toneladas
mensuales de carne de cerdo, cifra actualmente reducida
a menos de diez tonela- das,
pues el alimento para el ganado se ha encarecido al reducirse
su cultivo en la región, además de que fueron vendidos
inmuebles que alojaban a granjas porcinas.
Los productores de la región ven con incertidumbre el futuro
de sus tierras productivas y cuestionan la falta de apoyo
del gobierno estatal, que en forma velada desechó el proyecto
Los Insurgentes y promovió la "siembra" de casas
de interés social en tierras que fueron prósperas zonas
agrícolas.
Paralizan comuneros entrada a la ciudad. (El Universal, Lourdes Martínez,
p.web)
Lerma, Méx.- Por lo menos mil habitantes
de varias comunidades de este municipio determinaron cerrar
la carretera México-Toluca por cerca de cuatro horas para
exigir a las autoridades la construcción de un puente
peatonal a la altura del kilómetro 51 de esta vialidad
y de esta forma terminar con los constantes atropellamientos
que sufren los habitantes de esta zona.
Cerca de las 9:00 de la mañana
los pobladores de las comunidades de Cholula,
San Pedro Tultepec y de la cabecera
municipal determinaron paralizar el tráfico vehicular
en ambos sentidos de la carretera México-Toluca, ya que
aseguran tienen más de cinco años solicitando el apoyo
de las autoridades para la construcción de un puente peatonal
y hasta el momento no hay respuesta a su demanda.
La molestia de los pobladores se
incrementó a partir de la semana pasada cuando un vehículo
atropelló a dos menores de edad, y una de las niñas perdió
la vida, sin que nadie hiciera nada.
Emilio Hernández, padre de una
de las menores, advirtió: "No nos vamos a quitar
hasta que tengamos una repuesta, hace una semana mi hija
Ingrid murió y decidimos que no nos vamos a mover hasta
que no empiecen a construir un puente, porque no queremos
más muertes".
Nicolás Flores, habitante de San
Pedro Tultepec, mencionó que
en lo que va del año han atropellado a 17 personas, de
las cuales han muerto 7, debido a que los habitantes de
esta comunidad tienen la necesidad de cruzar la carretera
para comunicarse con la cabecera municipal de este municipio.
"No tenemos ninguna vía ni
manera de cruzar la avenida y nos resulta muy peligroso
estar esquivando los carros para pasar, esto es un riesgo
que vivimos todos los días y por eso pedimos esta obra,
no es un lujo ni capricho, es una necesidad", indicó.
Los manifestantes mencionaron que
desde hace cinco años el alcalde recibió recursos para
construir un puente peatonal, pero determinó realizarlo
a la altura de una plaza comercial y finalmente sirvió
para apoyar a los comerciantes y nuevamente los habitantes
del San Pedro Tultepec se quedaron
sin el beneficio.
El cierre de esta avenida ocasionó
que por más de cuatro horas cientos de automovilistas
que viajaban rumbo a la ciudad de México o Toluca estuvieron
paralizados. Las filas de vehículos
llegaron a alcanzar los 15 kilómetros; en el caso de la
ciudad de Toluca la hilera de carros paralizó parte del
Paseo Tollocan, una de las principales avenidas de acceso a la capital
del estado, y lo mismo ocurrió en un tramo similar con
los autos que provenían de la ciudad de México.
Después de dos horas, el delegado
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal,
Manuel Borges, y el coordinador de la concertación de
la Secretaría General de Gobierno estatal, Jorge Arredondo
Guillén, se acordó iniciar de manera inmediata con la
construcción de un paso peatonal para disminuir los accidentes
en la zona.
Los habitantes y las autoridades
estatales y federales acordaron iniciar una mesa de diálogo
para precisar la forma en que será financiado el proyecto,
aunque se adelantó que la federación podría apoyar con
un 50 por ciento de los recursos y la cantidad restante
la pondría el gobierno del estado.
GUERRERO
Ejidatarios de Plan de los Amates piden al TUA
anular acuerdos de venta de terrenos. (La Jornada,
Misael Habana, p. web).
Acapulco, Gro., 14 de febrero. Más
de 45 ejidatarios de Plan de los Amates, inconformes con
la intención de vender 49 hectáreas de sus tierras a la
empresa Tres Vidas en la Playa -propiedad del Grupo Monterrey-,
pidieron al titular del Tribunal Unitario Agrario (TUA)
número 41, Rodolfo Lara Orozco, que desconozca el acuerdo
que el presidente del comisariado
ejidal, Martín Campos Aparicio, celebró con empresarios
de esa compañía, a quienes calificaron de "corruptos".
El jueves anterior, autoridades ejidales y del gobierno estatal
pactaron con inversionistas regiomontanos que éstos pagaran
500 mil pesos a cada uno de los 113 ejidatarios por el
predio, ubicado en la zona llamada Acapulco Diamante,
que los labriegos disputan desde hace 12 años al consorcio
Tres Vidas en la Playa.
Rosa Elia Lataban Campos, ejidataria
opositora al acuerdo de venta del inmueble, entrevistada
antes de dialogar con el magistrado Lara Orozco, aseguró
que la empresa ofreció 80 millones de pesos por 49 hectáreas,
cantidad que fue aceptada por la mayoría de ejidatarios.
"Sin embargo, 46 de los 113 ejidatarios que tiene el padrón
nos oponemos a la venta, porque consideramos que el terreno
en nuestras manos va a ser garantía de la permanencia
de fuentes de trabajo, con nuestras palapas en la playa. Tres Vidas lleva varios años en Plan
de los Amates, y desde entonces no genera fuentes de trabajo,
por eso nos oponemos a la venta de nuestra propiedad",
expresó Lataban Campos.
Por su parte, el abogado de los inconformes, Marco Antonio
Cruz Manjarrez, dijo que sus
representados no se oponen a que los ejidatarios que fueron
mayoría vendan el terreno, pero quieren que se respete
su parte proporcional del predio, donde tienen acondicionadas
sus palapas como restaurantes.
El abogado afirmó que los 46 inconformes con el acuerdo entre
autoridades y empresarios reclaman que queden en su poder
21 hectáreas de las 49 en venta. Por ello, esta mañana
se manifestaron frente a las instalaciones del TUA y se
entrevistaron con el magistrado Rodolfo Lara para pedir
la anulación del acta de asamblea en la que se aprobó
la venta del predio, que habría sido irregular, pues no
se emitió la convocatoria respectiva, como lo marca la
Ley Agraria.
El jueves pasado, 59 de 113 ejidatarios acordaron que retirarían
la demanda de restitución de terrenos que se encuentra
en el TUA bajo el expediente 343/96, después de aceptar
el ofrecimiento de 80 millones de pesos que les hizo la
empresa Tres Vidas en la Playa por 49 hectáreas, entre
ellas 35 que les restituyó la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
Con pancartas, ejidatarios que se oponen a la venta
de Tres Vidas protestan en el TUA. (El Sur,
Karina Contreras, p. web).
Ejidatarios de Plan de los Amates,
quienes se oponen a la venta de sus
predio en la Zona Diamante, a la empresa Tres Vidas,
acudieron al Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41
para manifestar su inconformidad ante el magistrado Juan
Rodolfo Lara Orozco sobre la asamblea donde se tomó esa
decisión por mayoría.
Se supo que hasta el momento los
representantes de Tres Vidas no han acudido al TUA para
comenzar con los trámites para retirar la demanda de los
ejidatarios por la restitución de predios y así pagar
los 80 millones de pesos que fueron acordados.
Los inconformes y Lara Orozco sostuvieron
una reunión privada por casi dos horas, en la que le expusieron
su malestar por la decisión de vender el predio que mantienen
en litigio desde hace 12 años, y su interés de que se
acepte que la parte proporcional que les corresponde sea
respetada.
Los ejidatarios protestaron afuera
del TUA con pancartas en las que se leía: “Pedimos la
restitución de nuestras tierras”, “Empresarios, no arrebaten
el patrimonio de nuestras familias”, “Ni más intimidación
a los ejidatarios”, o “Magistrado exigimos justicia al
ejido de Plan de los Amates”, entre otras.
Posteriormente, el magistrado recibió
en privado a una comisión, la cual fue alterada varias
veces porque querían que entraran otras personas que sabían
más del tema.
Incluso hubo pelea de palabra entre
trabajadores del TUA y algunos ejidatarios, así como la
advertencia de que se pediría la ayuda de la fuerza pública.
Luego de dos horas, los ejidatarios
salieron de las oficinas e informaron que en la reunión
hablaron sobre la situación del predio de Plan de los
Amates, y que el magistrado se mostró imparcial.
Insistieron que no quieren vender
su tierra porque pretenden establecer un restaurán.
Mientras que el magistrado Lara
Orozco indicó que el proceso se encuentra en la fase de
desahogo de pruebas y sólo están pendientes los resultados
del peritaje que ordenó el tribunal.
Confirmó que al TUA no ha llegado
la documentación de la asamblea donde se decidió que ese
ejido retirara la demanda. “No podemos hacer ninguna valoración
previa si no se ha estudiado con toda puntualidad, y no
tenemos conocimiento de alguna convocatoria”, dijo.
Sobre los pormenores de la reunión
con los ejidatarios, dijo que no fue para tomar acuerdos,
pues el tribunal no compromete la justicia con nadie ni
obedece a presiones ni manifestaciones.
Lara Orozco señaló que los ejidatarios
expusieron su inconformidad por la asamblea, de la que
–insistió– el tribunal no tiene conocimiento.
Sobre la posibilidad de pedir que
se respete la parte proporcional de los que se oponen,
insistió que debe estudiar el asunto porque la ley establece
una posibilidad de enajenar derechos particulares, “entonces
se estudiará para ver si se puede hacer, pero primero
se tiene que ver el expediente”.
El Ayuntamiento no construye obras en Altos del
Camarón, dicen opositores a La Parota. (El Sur,
Daniel velázquez, p. web).
El secretario de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas, Orlando Soberanis
Vargas, informó que el municipio no lleva a cabo obras
en el poblado Altos del Camarón, pues aún no han sido
aprobadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (Coplademun).
Aunque detalló que sí está planeada
la ejecución de obra pública en este año, en esa localidad.
Esto en respuesta a la visita que
hizo ayer el líder de los opositores a la presa La Parota,
Marco Antonio Suástegui, al Ayuntamiento, a fin de preguntar si la administración
de Alberto López Rosas lleva a cabo obras en dicha comunidad.
En declaraciones a los reporteros,
Marco Antonio Suástegui dijo
que los trabajos son la remodelación de un panteón y la
construcción de una biblioteca, pero que no permitirán
que continúen si son financiadas por la Comisión Federal
de Electricidad (CFE).
En declaraciones a El Sur, Sobernis Vargas dijo que los trabajos en ese poblado son aulas
y rastreo de caminos.
Suástegui y el
grupo que lo acompañaba fue atendido por el subsecretario
del Ayuntamiento, Felipe de Jesús Kuri
Sánchez, quien les dijo que solicitaría, mediante un oficio,
a la Secretaría de Desarrollo Urbano la información que
requerían.
Marco Antonio Suástegui indicó que mientras el comisario de Altos del Camarón
no presente un documento avalado por el municipio, donde
se señale que éste es el ejecutor de las obras, no permitirán
que ingrese maquinaria a las comunidades que resultarían
afectadas por la construcción de la presa.
Indicó que los comuneros vigilarán
los accesos de las comunidades de Agua Caliente, El Cantón
y Dos Arroyos, que conducen al área donde se construirá
la cortina de la presa. “No se le permitirá el acceso
a la maquinaria ni herramienta menor o mayor que deseen
ingresar como gestión a favor de la presa La Parota”.
Marco Antonio Suástegui también pidió que el municipio proporcione vigilancia
en las zonas donde están los plantones de los opositores
a la presa, pues no descarta que se vuelva a presentar
un enfrentamiento como el del domingo.
Demandan ante el MP a comuneros que intentaron
desalojar el plantón en Parotillas. (El Sur, Karina Contreras, p. web).
Los opositores a la presa La Parota
interpusieron una demanda en la Agencia del Ministerio Público de El Coloso, por amenazas
y lesiones, contra las personas que encabezaron a los
comuneros que el domingo intentaron desalojarlos del plantón,
entre ellos Domingo Bailón, Mario Carmona Tornez y Simón Cruz.
De acuerdo con los informes obtenidos
por El Sur, el área de Parotillas
se mantiene en calma luego del zafarrancho del domingo
entre comuneros que se oponen a la presa y los que están
a favor, y a donde se enfrentaron con piedras y machetes,
por lo que tuvieron que intervenir la Policía Preventiva
y la Policía Comunitaria.
El portavoz de los opositores,
Marco Antonio Suástegui, informó
que la denuncia la interpusieron a las 5 de la tarde “los
comuneros opositores que fueron agredidos por habitantes
de varias comunidades”.
Precisó que la demanda es con el
objetivo de dejar constancia de que será responsabilidad
de los dirigentes que apoyan la presa si hay enfrentamientos
o heridos de ambos lados, luego de que éstos les dieron
tres días para retriarse.
Dijo que no van a retirar el plantón
de Parotillas pues hay libre
tránsito para todos los comuneros y los únicos que no
pueden pasar son los empleados de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE).
Mientras que en el Tribunal Unitario
Agrario (TUA) se supo que los comuneros no han interpuesto
ninguna demanda contra la CFE por violar el acuerdo del
19 de enero, sobre la medida cautelar emitida por el magistrado
Juan Rodolfo Lara Orozco que prohíbe cualquier trabajo
en la zona de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Esto con el fin de conservar la
paz social mientras se lleva a cabo la solicitud de anulación
de la asamblea del 25 de abril, cuando se dio permiso
a la empresa de continuar sus estudios preliminares del
proyecto.
Sobre está situación, Marco Antonio
Suástegui informó que al tribunal
irán este miércoles a la 1 de la tarde para mostrar su
inconformidad por las “violaciones que la CFE ha hecho
al acuerdo del 19 de enero, de que no podría hacer trabajos
en la zona y que fue violado”.
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