CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
LUNES
14 DE FEBRERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Linchan a 23 en tres meses
Reconoce Bátiz que hay incremento de ajusticiamientos por 'efecto Tláhuac'
Redefinen estrategia anticrimen
Distribuyen 5 mil mdp para los estados
Urge poner orden a la globalización: De Seixas
Critica la proliferación
de acuerdos regionales de libre comercio.
México está sobre arenas movedizas
Cualquier ventarrón puede
tirar lo que hemos construido: Canacintra
ASF: perdidos, $58 millones para espots turísticos
oficiales
Francisco Ortiz, ex coordinador
en Presidencia, responsable
México, 99.99 por ciento seguro: Fox
Responde a la alerta de Gran Bretaña
Cota, gallo de López, votó por IVA e hipotecar crudo
Al grito de ¡Zedillo-Zedillo!, el hoy candidato
a presidir el PRD apoyó como diputado del PRI subir el IVA
a 15%
Desavenencias, “riesgo inmediato” para el PRI
Caeríamos en “derrota
anticipada”: D-2000
No aparecen más de 1,300 mdp del GDF, de la gestión
de Gustavo Ponce
Finanzas reportó 2,530
mdp en pago de deuda; dio sólo 1,179
Condena Fox muro de EU en la frontera
"Es una medida ajena
al mundo de hoy"; insiste en que buscará pacto migratorio
en su reunión con
Bush
Droga cerca de escuelas
Más de 850 planteles del
DF, amenazados por 10 mil "tienditas"
Sector agrario
Obligará la nueva ley agraria a proteger tierras
indígenas e integridad de ejidos. (La Jornada, Roberto Garduño,
p.web).
La nueva ley federal agraria, que será sometida a votación
en la Cámara de Diputados en el actual periodo ordinario
de sesiones, incluye artículos referentes a la protección
de las tierras indígenas, obligará al Ejecutivo federal
a mantener la integridad de los ejidos y comunidades, y
por vez primera reconocerá la Unidad Agrícola e Industrial
de la Mujer, dotándola de personalidad jurídica.
El dictamen, redactado en la Comisión de la Reforma Agraria,
que encabeza el diputado Manuel García Corpus, introduce
disposiciones para homogeneizar la legislación en el ámbito
agrario y permitirá mejor coordinación de los apoyos para
proyectos productivos. También incluye medidas encaminadas
a proteger a las familias de los ejidatarios y a comuneros
mediante la definición y reglamentación de un patrimonio
de familia.
El documento -copia del cual se encuentra en este diario-,
que fue consensuado entre las fracciones de PRI, PRD, PT
y Convergencia, centra su atención en un cambio al artículo
séptimo, en el que se establece la obligación del Ejecutivo
federal de promover acciones para proteger la vida en comunidad,
propiciar el libre desarrollo de ésta y mejorar sus posibilidades
de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes:
"Tomará las medidas necesarias para mantener la integridad
de las tierras, de los ejidos y comunidades. El Ejecutivo
federal, a través de la comisión intersecretarial para el
desarrollo rural sustentable, vigilará que en las asignaciones
anuales para el programa especial concurrente en el Presupuesto
de Egresos de la Federación, se consideren las partidas
destinadas al desarrollo comunitario y al fortalecimiento
de la seguridad en la tenencia y disposición de la tierra".
Respecto a las medidas encaminadas a proteger a las familias
de los ejidatarios con una reglamentación sobre el patrimonio
de la familia, el dictamen de los legisladores federales
advierte que éstos tienen el derecho de uso y disfrute sobre
sus parcelas, y podrán acudir a los tribunales agrarios
para que esos derechos se declaren patrimonio de la familia,
designando con toda precisión y de manera que puedan ser
inscritos en el Registro Agrario Nacional los bienes que
quedarán afectados, por lo cual deberán comprobar la propiedad
con los siguientes requisitos:
Ser mayor de edad, la asistencia de la familia a cuyo favor
se va a constituir en patrimonio y que los bienes no reporten
gravámenes fuera de las servidumbres. Cumplidos tales requisitos,
el tribunal agrario aprobará la constitución del patrimonio
de la familia y ordenará que se hagan las inscripciones
en el Registro Agrario Nacional. Los bienes afectos
al patrimonio de la familia son considerados en el documento
como inalienables y no estarán sujetos a embargo ni gravamen.
El capítulo segundo, referente a las tierras ejidales, establece
que éstas podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación
o aprovechamiento celebrado por el núcleo de población ejidal
o por los campesinos titulares, según se trate de tierras
de uso común o parceladas, respectivamente. Los contratos
que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán
una duración acorde con el proyecto productivo correspondiente,
no mayor a 30 años y prorrogables por una sola vez.
El texto, que a decir del diputado García Corpus se presentará
en breve ante el pleno camaral,
contempla en esencia la prohibición de establecer asentamientos
humanos irregulares en las tierras de los núcleos agrarios,
la eliminación del mecanismo para la anulación de las divisiones
o repartos que se hubieran realizado con errores o vicios,
la creación de medios de acceso a los predios para la población
rural carente de ella, la permanencia de la Secretaría de
la Reforma Agraria o de una dependencia u organismo similar,
la actualización de los criterios para la determinación
de los límites de la pequeña propiedad de madera, la protección
a la pequeña propiedad minifundista y la ya citada constitución
de un patrimonio agrario.
En la sección octava, referente a las tierras indígenas, en
15 artículos se contempla la inclusión de éstas; destaca
el 94, en el que se establece que "Las tierras indígenas
son inembargables, imprescriptibles e inalienables".
En el artículo 97 se considera que el aprovechamiento de las
tierras indígenas y los recursos naturales existentes en
ellas sólo podrá hacerse por los integrantes de los pueblos
y comunidades, o por terceros, cuando exista consentimiento
para ello, otorgado mediante asambleas.
En el 99 se impide la migración de los propietarios: "queda
prohibido el desplazamiento de los pueblos y comunidades
indígenas de sus tierras. Cuando por causas excepcionales
se tenga que hacer, deberá abstenerse previamente su consentimiento,
procurando reubicarlos en tierras de igual calidad material
y jurídica, tomando en cuenta la cosmovisión y los sistemas
normativos del pueblo desplazado, conservando el derecho
de regresar si desaparece la causa que motiva el desplazamiento".
En tal caso, las medidas de protección de las tierras indígenas
serán dictadas por los ejidos o comunidades interesados,
de acuerdo con sus propios sistemas normativos y en concordancia
con el orden jurídico mexicano. En el artículo 103 también
se contempla que los que asuman la modalidad de tierras
indígenas podrán revertirlo en los casos siguientes: cuando
se demuestre la necesidad o notoria utilidad para el ejido
de que las tierras indígenas se extingan, cuando por causa
de utilidad pública se expropien los bienes que las constituyen
y cuando así lo solicite la asamblea.
Propondrán legisladores una nueva Ley Agraria. (El Universal, Jorge Teherán, p.web)
El presidente de la Comisión
de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, Manuel
García Corpus (PRI), aseguró que en las próximas semanas
se presentará una propuesta de nueva Ley Federal Agraria
debido a que la reforma del campo realizada en 1992 durante
el sexenio de Carlos Salinas "pulverizó la tierra",
provocó el empobrecimiento de la población rural y se ha
desarticulado su organización, además de que no protegió
los derechos de los campesinos.
Por ello, se planteará esta nueva
ley, dijo, que otorgue mayores derechos a los ejidatarios
para que puedan heredar, no sólo a sus hijos, sus derechos
agrarios.
Además, expuso, se crea un sistema
especial de protección de las tierras indígenas, ya que
la ley protege la propiedad y uso de sus tierras haciéndolas
inalienables, inembargables e imprescriptibles.
También se plantea la obligación
del Ejecutivo federal de mantener la integridad de tierras
de ejidos y comunidades, y realizar previsiones presupuestales
necesarias de carácter agrario dentro del Programa Especial
Concurrente.
También define y reglamenta el
patrimonio de familia en beneficio de las esposas e hijos
menores de edad de los titulares de derechos agrarios, y
determina los bienes que deban constituirlo y crea un procedimiento
voluntario para el efecto.
García Corpus dijo que luego de
nueve foros de consulta de la anterior legislatura, de iniciativas
presentadas, de mesas redondas, de reuniones con ejidos,
comunidades y organizaciones rurales, se conformó un grupo
de trabajo plural que incluyó a investigadores y académicos
que elaboró la propuesta.
La propuesta de nueva Ley Federal
Agraria consta de 226 artículos, se divide en 11 títulos
y será presentada al pleno camaral
en el actual periodo ordinario de sesiones.
La ley reglamenta el arrendamiento
de tierras ejidales y se establece que, para ello, la renta
o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de
dinero o en cualquier otra cosa equivalente.
El arrendamiento, agrega, debe
otorgarse por escrito y el convenio no se rescindirá por
la muerte del arrendador o del arrendatario.
Pretende proteger las tierras de
uso común para mantener el ejido y se refiere que "las
acciones que correspondan por la aportación de las tierras
de uso común a la sociedad, invariablemente corresponderán
al núcleo ejidal".
Prevé la "constitución de
nuevos ejidos y se señala que el Ejecutivo federal, a través
de las dependencias y entidades del sector agrario, asesorará
y otorgará facilidades a los pequeños propietarios interesados
en la constitución de nuevos ejidos".
Titularidad del Tribunal Agrario. (El sur de Campeche, Nota Informativa, p.web)
Campeche dejará de ser sede alterna del Tribunal Unitario Agrario,
y a partir de este año contará con la titularidad de este
organismo, a fin de desahogar con mayor agilidad el gran
volumen de casos que en la materia se presentan, por lo
que no dependerá más del tribunal que se ubica en Yucatán.
En reunión celebrada en las oficinas del gobernador Jorge Carlos
Hurtado Valdez, el magistrado presidente del Tribunal
Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, informó
al mandatario estatal del acuerdo tomado por la máxima autoridad
agraria del país, en el sentido de que la entidad cuente
con un Tribunal Unitario Agrario, que pasaría a ser el número
50 ó 51 del país.
El jefe del Ejecutivo estatal reconoció la importancia de contar
en Campeche con una instancia que permita ventilar y resolver
las diferencias que en la materia existen en la entidad,
tanto entre particulares como entre ejidatarios.
Al respecto, el magistrado presidente señaló que Campeche es,
a la fecha, una de las cuatro sedes alternas que existen
en el país, pero es la que presenta el mayor volumen de
expedientes y de asuntos en atención, ya que desde su creación
-en 1992- cuando registró 32 casos, pasó a 587 expedientes
en 2004.
Dijo que esta carga de trabajo sobrepasa en mucho la capacidad
de una sede alterna, que debería tener en promedio 250 asuntos
por año, razón por la que los cinco magistrados que integran
el pleno del Tribunal Superior Agrario decidieron crear
la nueva instancia en Campeche.
El gobernador Hurtado Valdez y el magistrado García Villalobos,
acordaron que una vez instalado el Tribunal Unitario Agrario,
se pondrá especial énfasis en los asuntos y diferencias
que se registran en la zona sur de la entidad, región en
la que se presentan los principales diferendos, como en
los casos de Juan de la Cabada
y las ampliaciones forestales de Pomuch.
El presidente del Tribunal Superior Agrario recordó que fue
en 1992 cuando se creó esa instancia, y en Campeche se instaló
una sede alterna dependiente del Tribunal Unitario Agrario
34, ubicado en Mérida, Yucatán.
Luego, en 1996, la sede alterna de Campeche pasa a formar parte
del Tribunal 29, ubicado en Villahermosa, Tabasco. Más tarde,
en el año 2000, se transfiere al Tribunal 44 de Chetumal,
Quintana Roo.
No obstante, en 2002 se giran instrucciones para que dependa
de nueva cuenta de la titularidad de Villahermosa, y en
ese mismo año regrese a ser parte del Tribunal 34 de Yucatán.
Debido a estos movimientos, y tomando en cuenta el volumen
de asuntos que se manejan en la sede alterna de Campeche
-según explicó García Villalobos-, es que el Tribunal Superior
Agrario decidió abrir el Tribunal Unitario en la entidad,
cuya ubicación física será la misma de la representación
actual, en las instalaciones del Palacio Federal.
Explicó que para este año se abrirán dos de estas instancias
en el país, por lo que aún no se decide si el Tribunal de
Campeche tendrá el número 50 ó 51. La fecha de apertura
dependerá de cómo fluya el presupuesto del Tribunal Superior
Agrario, pues aunque la inversión no es elevada, sí se requieren
de algunas adecuaciones físicas en las instalaciones.
Hurtado Valdez destacó la importancia de que Campeche cuente
con la titularidad del Tribunal, pues recordó que en 1992,
cuando se creó la sede alterna, sólo se registraron 32 asuntos;
en 1996 ya eran 123 los expedientes que se atendían, y el
año anterior sumaron ya 587 expedientes.
Liberan más de dos mil hectáreas en Montes Azules
desde 2004: SRA. (El Sur de Campeche, Nota
Informativa, p. web)
TUXTLA GUTIERREZ, Chis., 13 Feb (Notimex).- En los últimos meses han sido liberadas
en la comunidad lacandona y reservoa
integral de la biósfera Montes
Azules, dos mil 433 hectáreas, que podr
muchos años fueron ocupadas por diversos grupos campesinos,
informó la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
La delegación estatal de la SRA señaló que prosigue con el
proceso de negociación y conciliación con los poblados asentados
en la zona para su reubicación, a lo que muchos ya han accedido
al firmar acuerdos que implican su traslado a predios donde
podrán mejorar sus condiciones de vida.
De acuerdo con la dependencia, se trata de revertir el deterioro
ambiental ocasionado por la actividad agropecuaria, pero
al mismo tiempo garantizar a las familias seguridad jurídica
en la tenencia de la tierra, educación, salud y vivienda.
HOY INAUGURARAN EL
POBLADO NUEVO MONTES AZULES
En un comunicado, informó que el secretario de la Reforma Agraria
(SRA), Florencio Salazar Adame,
inaugurará el lunes 14 de febrero junto con el secretario
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
Alberto Cárdenas Jiménez, el poblado Nuevo Montes Azules.
Esto, en el municipio de Palenque, donde el 8 de febrero pasado
se instalaron 805 personas integradas en 160 familias.
Estas personas formaban los poblados Sol Paraíso las Ruinas,
El Suspiro y El Ocotal, que se encontraban dentro de la
reserva inntegral de la biósfera Montes
Azules, así como en Nuevo Tumbalá
y Nuevco Petalcingo y en el municipio
de Ocosingo, ocupando una superficie de mil 259 hectáreas.
También han sido reubicadas las comunidades San Francisco El
Caracol, de donde salieron 25 familias el 3 de julio de
2004 para formar el nuevo poblado Santa Martha, en el municipio
de Marqués de Comillas, así como Sol Paraíso y San Isidro,
con un éxodo de 29 familias en noviembre último para conformar
a Nueva Magdalena, en Benemérito de las Américas.
El informe reitera que en total han sido desocupadas o liberadas
en la comunidad lacandona y reserva integral de la biósfera de Montes Azules, dos mil 433 hectáreas.
Sector agropecuario
Campesinos, los grandes perdedores con la Ley de
Bioseguridad. (La Jornada, Karina Áviles, p. web).
La Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados (OGM), que será votada esta semana
en el Senado de la República, coloca en desventaja a los
campesinos frente a las trasnacionales, pues mientras el
trabajador de la tierra queda obligado a pagar estudios
"carísimos" para declarar
su parcela libre de transgénicos,
las grandes corporaciones no tendrán que indemnizar ante
eventuales daños ni responder en caso de que éstos produzcan
efectos secundarios, advirtió la bióloga de la máxima casa
de estudios Alma Piñeiro.
La experta manifestó que dicha iniciativa, que favorece el
incremento de las ganancias de las trasnacionales sin que
tengan ninguna responsabilidad, tiene más que ver con la
política que con la biología, además de que está llena de
huecos que dan lugar a múltiples interpretaciones.
En entrevista, explicó que la ley habla de "zonas libres
de transgénicos" y establece
que las personas de una comunidad que quieran declarar así
su parcela "deberán demostrar la no existencia de éstos",
lo que tendrá que ser apoyado por los diferentes niveles
de gobierno.
Además de las dificultades de la prueba, un estudio para detectar
si hay o no coexistencia de transgénicos
sale "carísimo". De esta forma, la norma pide
"algo que la mayoría de la gente no está en posibilidades
de dar".
Por otra parte, "de dientes para afuera se dice que habrá
zonas libres de transgénicos,
pero en la ley se establecen candados perfectos para que
esto no funcione". Explicó las razones: en las áreas
naturales protegidas supuestamente no podrá haber OGM, a
excepción de que exista un tipo de plaga que justifique
el uso de éstos para controlarla.
Lo anterior, enfatizó, implica una concepción "muy cuadrada
de la biología y de la diversidad", al considerar que
el área natural protegida es "un cuadrito del que no
sale ni entra nada, lo cual no es cierto".
Los ecosistemas son porosos, de manera que si en la vecindad
de una área protegida se funda un OGM éste puede llegar,
por ejemplo mediante la polinización por viento, a la zona
que presuntamente está libre de dichos organismos, puntualizó.
Sin embargo, la norma carece de una regulación que especifique
los métodos que se utilizarán para contenerlos.
Otro problema fundamental es que los sistemas de información
en la materia están construidos con base en las pautas de
la agricultura de Estados Unidos, pese a la diversidad biológica
y la diferencia cultural con aquel país, destacó. Así, dijo,
se utilizan técnicas "que a lo mejor pueden ser útiles
y suficientes" para el vecino país del norte, pero
no para México.
La especialista de la UNAM señaló que otro problema de la iniciativa
es que no establece diferencia entre individuo y corporación,
de tal forma que el permisionario puede ser un campesino
o una empresa multimillonaria, como Monsanto,
aunque el beneficio entre uno y otro sea radicalmente distinto.
"Las corporaciones no van a tener ninguna obligación de
dar fianza por si hay daños ni de responder en caso de que
algún transgénico tenga como efecto secundario producir una proteína
tóxica. Estas no van a tener que pagar, pues el régimen
de responsabilidad civil establece que mientras tú cumplas
todo lo que está en la ley no cometiste ilícito."
Un elemento más, entre muchos otros, es que la industria no
tiene responsabilidad de dar información real, indicó. Por
otro lado, explicó que al liberar transgénicos
al ambiente hay modalidades distintas: la experimental,
la piloto y la comercial, "pero ni a nivel experimental
ni piloto se dice qué tan grande puede ser un cultivo".
En síntesis, finalizó, el resultado concreto de esta iniciativa
es que "siempre va a favorecer a las grandes corporaciones".
Prensa Estatal
CHIAPAS
Nuevo Limar, comunidad maya que resiste a las amenazas
de desalojo. (La Jornada, Hermann Bellinghausen, p. web)
Libertad de los Pueblos Mayas, Chis.
13 de febrero. Llegar a Nuevo Limar, en Montes Azules, toma
días, ríos navegables, brechas para caballo, montañas para
alpinistas y una cantidad inmensa de pasos. Aquí, 30 familias
choleras se reagrupan en el mismo
territorio que el pueblo chol
y sus ancestros han ocupado intermitentemente la mayor parte
de los últimos mil 500 años, desde la aurora del periodo
clásico maya, si no es que antes. Pero hoy, como a la llegada
de los conquistadores españoles, lo tienen prohibido.
En las tierras altas de dos de los pocos ríos que nacen del
fondo de la selva Lacandona, el Azul y el Negro, el pueblo
de Nuevo Limar desafía un buen número de leyes, incluidas
las de la física. Fundado en 1999, es producto de la resistencia
a una larga cadena de expulsiones económicas y políticas
que se inició en las serranías de la zona norte de Chiapas
en los años ochenta y se curtió en los orígenes de la rebelión
zapatista y los 11 años de guerra
y resistencia.
Tras su caminar de la zona norte a la selva hace dos décadas,
llevan en Nuevo Limar el lustro que va del siglo xxi.
Los relativamente jóvenes padres y madres de la comunidad
han crecido y viven en la resistencia y la autonomía. Ya
no digamos sus hijos, que en éstas nacieron.
Puente de gran tamaño y costo millonario
Así que Nuevo Limar, en el corazón de Montes Azules, es territorio
en rebeldía. No muy lejos, también adentro de la oficialmente
llamada reserva de la biosfera, el gobierno termina ahora
de construir un puente, al parecer inútil pero de gran tamaño
y costo millonario, en las afueras de Nuevo Sabanilla. Para
meter selva adentro sus camiones, materiales y maquinaria,
la constructora tapó con rocas el río Azul, lo volvió inavegable y destruyó irremisiblemente un área vasta de vegetación
en ambos lados de la vía fluvial. Este puente se suma al
de Amatitlán y a las carreteras que se construyen actualmente
para acceder a la laguna de Miramar y otros puntos del sur
de Montes Azules (al parecer provisionales, pues el proyecto
turístico es ambicioso), tanto en "terrenos nacionales"
como dentro de la denominada "comunidad lacandona".
Es decir, el "paraíso virgen" que las autoridades
dicen proteger en nombre "de la humanidad". Presuntamente
para ello, los gobiernos federal y el estatal han intensificado una campaña
de manipulación televisiva y despoblamiento forzoso del
área, que a la vez acribillan con proyectos turísticos y
vías de acceso a zonas deshabitadas o escasamente pobladas,
sin justificación aparente.
Al margen de esta esquizofrenia gubernamental (proteger-arrasar),
acá en las riberas del Jataté,
el Azul y el Lacantún, la sierra
de San Felipe y las cañadas profundas de la selva transcurren
varias comunidades, todo un mundo indígena que no depende
del voluntarismo oficial, sino de los ríos profundos de
la resistencia y de la historia (dicho sea sin forzar mayormente
la metáfora de José María Arguedas).
En Nuevo Limar, dos comunidades rebeldes construyen un pueblo
con el ánimo de quienes son los colonizadores más extremos
de la selva Lacandona.
Apenas hace dos semanas los sobrevolaron a muy baja altura
dos helicópteros (al menos uno militar), amagando con aterrizar.
Reciben recurrentes "advertencias" y amenazas
de sus vecinos de Villaflores, investidos como "guardabosques" por
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
armados para tal fin por la propia dependencia oficial,
según comentan los pobladores de Nuevo Limar. "Se coordinan
con el gobierno, allí bajan los helicópteros. Pensamos que
si les dan la orden, los pobladores de Villaflores
van a tratar de expulsarnos."
Cargar las láminas y los costales de cemento que envían la
junta de buen gobierno Hacia la esperanza y el concejo autónomo
de Libertad de los Pueblos Mayas para la renovada comunidad
cholera está costando, como ellos
mismos dicen, "mucho sufrimiento". A cada jefe
de familia le toca cargar cinco costales de 50 kilos, de
a uno por viaje, y cada indígena soporta sólo tres o cuatro
láminas. Lo tupido del esfuerzo no es lo lejos, sino lo
alto que hay que llegar.
Estos indígenas no son los primeros en habitar aquí, sembrar
maíz y construir un templo y una escuela, pero lo hacen
con la conciencia, muy moderna, de que la naturaleza se
debe proteger por el bien de todos, para lo cual han empezado
por prescindir de la quema al preparar sus siembras. Deficientes
como son, los mapas accesibles al público señalan varias
zonas arqueológicas sin explorar, algunas de gran tamaño,
en estas mismas montañas y cañadas.
Los indígenas procedentes de Doce de Diciembre ya iniciaron
la construcción de sus nuevas casas; algunas están casi
terminadas. Aquí se concentrarán casi todos los zapatistas
que viven en el sur de Montes Azules, dentro del municipio
autónomo Libertad de los Pueblos Mayas.
Estampas de un pueblo despierto
Los rostros de mujeres y niños, monolingües la mayoría, pintan
los signos de la hospitalidad y la curiosidad. Por la tarde,
todos los miembros de la comunidad se habían reunido con
representantes del Comité de Solidaridad con los Pueblos
de Chiapas en Lucha (de París, Francia) y La Jornada
para escuchar los motivos y preguntas de los visitantes.
Luego, tras ofrecernos "un taco", o sea pollo
entomatado con yuca, y té de limón, los pobladores de Nuevo
Limar deliberaron durante una hora para resolver nuestras
preguntas. Ya era de noche cuando vinieron a la cabaña donde
nos hospedaron; tomaron asiento unos y los demás rodearon
la puerta, y dieron el testimonio de su historia.
La gente se dispersa luego y va a dormir. Fidel invita una
taza de café en su casa. La noche estrellada es muy oscura;
la cocina de Fidel y Sonia, todavía más. Ofrecen café, tortillas
(deliciosas, sin el menor rastro del sabor Maseca)
y pacaya asada. En torno al fogón duerme sobre una frazada
en el piso un número invisible de niños; tal vez cuatro,
uno de los cuales repartirá a la mañana siguiente unos pequeños
y dulces chicozapotes silvestres de un racimo que recogió
en los alrededores.
"Estamos por nuestro propio derecho. Aquí como en otros
casos la ley del gobierno no es de justicia", dice
Fidel en la penumbra, mientras hace dormir a un niñito entre
sus brazos y lo regresa a la frazada con suavidad. "Y
vivimos aquí para no mendigar trabajo en otros países."
Tiene modo alegre para hablar. Muy animoso. Cuenta de los monos
araña y faisanes que se ven en esta selva, de los tigres
de monte que no son agresivos y los jabalíes que sí y hay
que defenderse de ellos, sobre todo si vienen en piara.
El siguiente día, cuando hace de guía en el camino de regreso
al río Jataté, Fidel se detiene
a orillas de una milpa y arranca un jilotillo. Señala el
segundo jilote en la misma caña de maíz y dice: "este
va a crecer ahora más grande y jugoso", mientras pela
el primer jilote, lo muerde con gusto y sigue andando.
Realiza con nosotros este mismo trayecto un niño de once años
que va reconociendo muchas plantas de uso medicinal, y las
corta para mostrarlas. Una, morada y grande, contra la picadura
de nauyaca. Otras para el dolor de cabeza, el cólico, las
fiebres o la debilidad ("vitaminas", dice). Con
cierto orgullo, explica que está aprendiendo con el promotor
de salud de la comunidad, "que conoce muchas más"
y quien a su vez aprendió de los instructores en la clínica
autónoma del municipio al que pertenecen.
Temprano esa mañana, durante un recorrido por los alredores de Nuevo Limar con Rogelio y una bola de chavitos, encontramos numerosas hojas de xate, palma silvestre de la selva Lacandona que en otras comunidades
es vendida a razón de 10 pesos las 60 hojas; cada hoja,
en Estados Unidos, vale un dólar. Se trata de una fibra
vegetal que, según ciertas versiones, sirve de base para
el peculiar y exclusivo verde de los dólares en billete.
El coyote que recorre esta zona, un tal Alfonso,
de Tenosique (Tabasco), paga 10 pesos por un ramo de xate, que mutatis mutandis y con la finalidad que sea, llegará al mercado
negro estadunidense siete veces
más caro. Es sólo un ejemplo, entre centenares, de los recursos
naturales cuya comercialización potencial hace salivar a
las compañías trasnacionales que rondan, no muy discretamente
y sí confiadas, la selva profunda de Chiapas.
“Los gobiernos tiene vendida la selva a los ricos, por eso quieren. (La Jornada, Hermann Bellinghausen, p. web)
Libertad de los Pueblos Mayas, Chis.
13 de febrero. La reconcentración de los pueblos zapatistas
fuera y dentro de la reserva de la biosfera de Montes Azules
está en la parte final de su primera fase; los pequeños
núcleos de población rebelde se empezaron a mover a las
comunidades, en las que permanecerán con el fin de ser atendidas
por la junta de buen gobierno, para defenderse mejor de
las constantes amenazas de desalojo, y para cuidar los recursos
naturales de la selva lacandona.
En octubre de 2004 el EZLN anunció la reconcentración de los
poblados Primero de Enero, Nuevo San Isidro, Doce de Diciembre,
Ocho de Octubre, Santa Cruz, Nuevo Limar y Agua Dulce, todos
ubicados en la región de Montes Azules y amenazados por
los gobiernos federal y estatal de ser desalojados mediante
la fuerza. Cuatro meses después la situación es la siguiente:
Primero de Enero, Santa Cruz y Ocho de Octubre fueron reubicados
fuera de la reserva de la biosfera, en el poblado Aguamaría,
cerca de San Quintín.
La comunidad San Isidro, conformada por seis familias zapatistas tzotziles de la región
de Los Altos, fue trasladada a tierras recuperadas ubicadas
en Nueva Virginia, en la frontera entre Las Margaritas y
Altamirano, también fuera de la reserva ecológica.
Las nueve familias del poblado Nuevo Limar, localizado dentro
de Montes Azules, permanecerán por decisión propia en el
mismo lugar, y recibirán a 22 familias más provenientes
de la comunidad Doce de Diciembre, quienes actualmente viven
en la proximidad de Marqués de Comillas (región sureste
fronteriza). Nuevo Limar es la comunidad en la que se está
efectuando la mayor concentración de familias zapatistas.
En total permanecerán 31 núcleos familiares concentrados
en un apartado lugar de esta región codiciada por las multinacionales.
Todas las comunidades zapatistas
o, mejor dicho, los núcleos poblacionales, algunos integrados
por una sola familia, como Primero de Enero, decidieron
de manera autónoma el lugar en el que querían permanecer.
La junta de buen gobierno Hacia la Esperanza, con sede en
La Realidad, señala que avaló cada decisión y se comprometió,
en la medida de sus posibilidades, a atender las necesidades
de los nuevos poblados.
A Nuevo Limar, donde habitará el mayor número de familias,
ya llegaron las láminas para los techos de las casas que
se están construyendo. La historia de este poblado es similar
a la de muchos otros que, huyendo de la violencia paramilitar
y de la falta de tierras, se asentaron montaña adentro,
en lugares que por su lejanía cualquiera pensaría inaccesibles.
Reunidos en la pequeña iglesia de madera ubicada en medio del
poblado, los habitantes choles
de Nuevo Limar relatan la historia de un poblado zapatista
que ha vivido las diferentes etapas de este movimiento:
"Nosotros venimos del municipio Sabanilla, del pueblo
Unión Hidalgo, allá no hay tierras y trabajábamos como peones
en los ranchos para comprar maíz. Así, buscando qué comer
para la familia, llegamos a Nueva Esperanza (muy adentro
de Montes Azules) allá por 1982. Allí estuvimos muchos años
solicitando tierras, pero nunca nos dieron respuesta. En
ese mismo tiempo empezamos también a ser zapatistas clandestinamente".
Estas familias tienen entre 18 y 19 años de ser bases de apoyo
del EZLN. Conocieron a los fundadores de la organización
y casi dos décadas después se mantienen firmes, "porque
del gobierno no esperamos nada, por eso seguimos en la organización".
Continúa el relato el más viejo del pueblo: "En Esperanza
éramos puros zapatistas, pero
en 1996 un grupo se vendió con el gobierno y se hicieron
priístas. En esos momentos -cuenta- empezaron las agresiones
fuertes, al grado de que quemaron nuestras casas y, evitando
el enfrentamiento, salimos del lugar rumbo a la comunidad
La Pimienta, donde estuvimos otros dos años".
Posteriormente, debido a diferencias con el grupo de tzeltales de La Pimienta (choles),
también se fueron de esa comunidad y decidieron fundar Nuevo
Limar, lugar de Montes Azules al que llegaron el 23 de mayo
de 2000. Eran únicamente ocho familias y después de unió
otra, 46 personas en total.
"Desde que llegamos -prosiguen- empezó la amenaza. Siempre
había muchas patrullas militares por aire, los helicópteros
sobrevolaban bien bajito y también querían entrar a pie.
Los soldados nos mandaban decir con los priístas que iban
a entrar a quemar nuestras casitas. Siempre nos dijeron
que nos iban a sacar."
Llega la noche a Nuevo Limar y con ella el sobrevuelo diario
de los helicópteros. Todas las familias permanecen en la
iglesia presenciando la entrevista, uno a otro se pasan
la palabra para responder a cada pregunta.
Hace poco, cuenta el promotor de educación, "nos llamaron
del gobierno para presentarnos en la comunidad Paraíso.
Eran los de la Reforma Agraria que están
viendo lo de la reubicación. No fuimos porque son gobierno
y no queremos nada de ellos. Nunca hemos ido a reuniones
de la reubicación, sólo estamos en nuestra lucha zapatista
y participamos en la autonomía de nuestro municipio. No
queremos sus migajas del gobierno. La intención que tenemos
es no rajarnos y seguir en la resistencia. Sólo eso pensamos".
Dentro de una semana esta recóndita y pequeña comunidad, humilde
entre las humildes, albergará a 22 familias más. Las necesidades
aumentarán considerablemente, pero también la organización
para atenderlas. La junta de buen gobierno explica que sólo
están esperando que terminen de moverse todas las familias,
para completar la atención en salud y educación como primeras
necesidades. Ya empezaron a llegar los bultos de cemento
para el piso de la escuela comunitaria.
"Cuando estemos juntos con los de Doce de Diciembre -explican-
nos vamos a proteger mejor de las amenazas, vamos a estar
más cerca de nuestro municipio autónomo y más cerca de la
fuerza de nuestros compañeros zapatistas. Si el gobierno quiere hacer su desalojo vamos
a estar más unidos para defendernos", explican.
La construcción de las casas ha estado acompañada en todo momento
del sobrevuelo de helicópteros militares: "Mero el
día que empezamos a construir, el helicóptero parecía que
bajaba aquí nomás en la mata de caoba", cuenta otro
poblador.
El pretexto gubernamental para el desalojo es la protección
de la biosfera (aunque se ha comprobado que no son los zapatistas
los que se están talando árboles, tampoco los que están
negociando la biodiversidad ni introduciendo puentes en
los ríos para recibir al turismo). Los zapatistas,
aclaran las autoridades autónomas, "tenemos reglamento
para cuidar la naturaleza. Estamos viendo de ya no quemar
para hacer la milpa, o sólo quemar acahuales (monte bajo),
de no talar los árboles para comercio y de no permitir que
otros lo hagan. Nosotros -señalan en Nuevo Limar- no destruimos
los cerros, cuidamos los árboles y los animales, como el
saraguato, el mono, el loro, el
venado, el jaguar, el jabalí... No matamos a la danta
(tapir). Sólo cazamos tejón para comer. Cuidamos los nacimientos
de los arroyos y los ríos. No es cierto lo que el gobierno
dice que estamos destruyendo. De hecho, ahora que lleguen
los de Doce de Diciembre vamos a hacer un plan general para
el cuidado de la selva".
Los gobiernos, acusan, "son los que quieren sacar ganancia
de la selva y nosotros no estamos de acuerdo. La selva ya
la tienen vendida a los ricos, por eso quieren desalojarnos
de nuestras comunidades, pero nosotros ya dijimos que vamos
a defendernos", insisten.
En total, luego del anuncio de la reconcentración de las familias
zapatistas, se formaron tres poblados:
Nuevo Limar, que agrupa, dentro de la reserva, a los habitantes
de esta comunidad y a las 22 familias de Doce de Diciembre;
Agua María, fuera de la reserva, en la que se encuentran
los núcleos poblacionales de Primero de Enero (una familia),
Santa Cruz (tres familias) y Ocho de Octubre (dos familias);
y Nueva Virginia, comunidad lejana a Montes Azules a la
que llegaron las seis familias de San Isidro. Cabe señalar
que las 10 familias de la comunidad Agua Dulce también decidieron
permanecer dentro de la reserva y fueron apoyadas por las
autoridades autónomas.
Todas estas comunidades han sido atendidas con los recursos
provenientes de la cuenta bancaria a nombre de doña Rosario
Ibarra de Piedra. Hasta ahora sólo se han comprado láminas
para los techos y cemento, pero falta construir las casas
de salud, escuelas y otras necesidades de cada población,
además de cubrir los gastos de los traslados (camiones,
lanchas, apoyo de utensilios, etcétera).
"La sociedad civil siempre nos ha respondido y de ahí
está saliendo para apoyar a los compas.
Falta, pero pensamos que sí vamos a poder", asegura
la junta de buen gobierno Hacia la esperanza.
Refugiados de La Gringa viven desde hace años en
Cal y Mayor (El Sol de México, Armando
Vera, p. web)
TUXTLA GUTIERREZ, Chis. (OEM).- "Esos
de Chimalapa" la sacaron
a punta de palos. Con armas, machetes y barretas entraron
a la casa de Eloína Espinosa hace
tres años, quien vivía en San Isidro La Gringa; la arrastraron
de su cama, la aventaron y le quebraron un hueso y una costilla.
Se le hizo "agua la sangre" y los "dotores"
en Coita la "tuvieron que
curar de espanto".
A su esposo lo sacaron amarrado de las manos y lo llevaron
a una zona de los bosques comunales de Santa María Chimalapa;
a las afueras de La Gringa le dijeron que lo iban a matar.
A doña Eloína, quien ahora vive como
refugiada en la comunidad de Rafael Cal y Mayor a 25 kilómetros
de La Gringa (en la zona limítrofe donde convergen el estado
de Oaxaca, Veracruz y Chiapas), no le importa las tierras,
la mata y la casa que perdió en esa ocasión junto con seis
familias que fueron expulsados de esa comunidad por "no
pertenecer a ningún lado", como dice ella.
A los tres días que regresó su esposo, doña Eloína le dijo que se fueran de ese lugar, a Rafael Cal y
Mayor, porque ahí "se vive tranquilo". "Que
se queden con las tierras, yo no me voy a llevar nada. Las
tierras son de Dios. Vámonos, le dije. Sacamos algunas cosas y nos venimos acá".
Aunque los habitantes viven tranquilos, permitiendo que el
tiempo los envejezca y trabajando sus parcelas en el pequeño
poblado rodeado de montañas, hay algunos campesinos que
temen de un posible desalojo.
Apenas hace unos días, ejidatarios de San Isidro La Gringa,
en Chiapas, denunciaron que 40 de ellos fueron desalojados
por la policía sectorial de Oaxaca, presuntamente por invadir
dicho predio en 1994. Lo anterior fue confirmado en entrevista
por Francisco Gil Salinas, diputado local por el distrito
XIV de la cabecera municipal Cintalapa,
Chiapas.
"La semana pasada estuvo en La Gringa la policía sectorial
de Oaxaca, exactamente de Matías Romero. Hubo un grupo que
tuvo que emigrar hacia otra comunidad, ahí es un vértice,
ahí convergen tres estados, por lo que tuvo que emigrar
a la comunidad de Nuevo Orizaba, Veracruz.
ESTADO DE MÉXICO
Continuará el apoyo del Gobierno de Edomex a comunidades mazahuas. (El Sol de México, Nota Informativa, p. web).
Villa de Allende, Estado de México.- En cumplimiento del convenio
de coordinación firmado con el Frente Mazahua,
funcionarios del Gobierno del Estado de México, encabezados
por el secretario de Desarrollo Agropecuario, Ismael Ordóñez
Mancilla, realizaron una gira de trabajo por el municipio
de Villa de Allende para constatar el avance de las obras
que se realizan en el lugar.
Durante la visita a la comunidad El Salitre, el secretario
acompañado por el subsecretario de Gobierno de la Región
Valle de Bravo, Heriberto Ortega Ramírez, indicó que la
administración estatal continuará apoyando en lo necesario
a las comunidades mazahuas, ya
que uno de sus ejes centrales es elevar el nivel de vida
de los mexiquenses.
En este mismo punto, los servidores públicos supervisaron el
desazolve, drenado y ampliación
del río Malacatepec, así como la instalación y entrega de 120 letrinas
para los habitantes del lugar, luego de que vecinos de la
zona explicaron el avance que registra la implementación
de invernaderos y la comercialización de sus productos.
En el poblado de San Isidro, se constató la construcción de
10 bordos de agua, los cuales serán explotados con diversas
especies acuáticas, donde se fomentará el ecoturismo y se
verificó lo que será un nuevo vivero que contará con tecnología
de punta, en el cual se invertirán 700 mil pesos en cultivo
de especies maderables y de adorno.
Al recorrido también asistieron la secretaria técnica del Consejo
Estatal de Población, Patricia Villa Torrado; el coordinador
de Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría de Ecología,
Enrique Collado López; el director general de Infraestructura
Hidráulica de la Comisión de Aguas del Estado de México,
Epifanio Gómez Tapia; el subsecretario de Infraestructura
y Desarrollo Rural, Jesús Velarde García y el gerente estatal
de la Comisión Nacional del Agua, José Marcos Aguilar Moreno.
GUERRERO
Desconocerán a sus autoridades los ejidatarios
que se niegan a venderle a Tres Vidas. (El Sur,
Karina Contreras, p. web).
Los ejidatarios que se oponen a
vender el predio de Plan de los Amates a la empresa Tres
Vidas acordaron que hoy lunes se manifestarán en el Tribunal
Unitario Agrario (TUA) número 41, y que desconocerán a las
autoridades ejidales, encabezadas por Martín Campos Aparicio,
“por corruptas”.
Asimismo, anunciaron que reclamarán
las 21 hectáreas de las 49 que les corresponden a los 49
ejidatarios que no quieren vender.
Los acuerdos se dieron el sábado,
en una reunión en el predio ubicado en la zona Diamante,
el cual está en disputa desde hace 12 años con la empresa
regiomontana Tres Vidas.
La empresa ofreció 80 millones
de pesos por 49 hectáreas, cantidad que fue aceptada por
mayoría de ejidatarios en una asamblea del jueves.
El abogado de los inconformes,
Marco Antonio Cruz Manjarrez,
explicó que los ejidatarios no se oponen a que los demás
ejidatarios vendan, pero quieren que se respete su parte
proporcional del predio, ubicado en la zona donde se encuentran
restaurantes que han tenido buena aceptación entre los turistas,
sobre todo extranjeros que buscan tranquilidad.
Cruz Manjarrez
dijo que seguirán con la pelea para que la parte de los
ejidatarios que se oponen quede exenta del convenio, incluso
recurrirán a la anulación del acta de asamblea en la cual
se aprobó la venta del predio.
Adelantó que se revisará el proceso
de la asamblea y si fue lanzada la convocatoria de forma
legal, es decir como la marca la Ley Agraria.
Precisó que en la visita que harán
hoy lunes a las 10 de la mañana al magistrado del TUA, Juan Rodolfo Lara Orozco, es para entregarle
un escrito de inconformidad sobre la venta del predio, además
de que pedirán que se respete la parte proporcional que
le corresponde al grupo opositor.
A pregunta de que sí esto puede
ser posible, tomando en cuenta que la ley marca que lo que
diga la mayoría ejidal se respeta, Manjarrez
Salgado respondió que sí en caso de que en el convenio las
autoridades ejidales, Tres Vidas y el gobierno estatal acepten
la desincorporación del predio
que le corresponde al grupo disidente.
Por su parte, los ejidatarios insistieron
que no quieren dinero sino los predios, y que ellos quieren
trabajar para los turistas que les generan recursos para
sus familias.
Precisaron: “le recordamos al gobernador
que aquí no hay delincuentes y él estuvo tres veces con
nosotros en el plantón y nos dijo que él sabía que las tierras
eran nuestras, pero que los empresarios no lo querían entender,
por lo que le exigimos que eso no lo olvide”.
Advirtieron que no darán ni un
paso atrás aunque
haya represión.
Añadieron que además de la lucha
legal harán la lucha social y comenzarán con movilizaciones,
“porque no hay otra manera de defender las tierras en Guerrero”.
El jueves, 59 de 113 ejidatarios
que conforman el núcleo agrario acordaron que retirarían
la demanda de restitución de terrenos que se encuentra en
el tribunal agrario, bajo el expediente 343/96, y aceptaron
el ofrecimiento de la empresa Tres Vidas, de 80 millones
de pesos por 49 hectáreas, 35 de las cuales –señalan– les
restituyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Intentan vecinos quitar por la fuerza un plantón
de opositores a La Parota. (El Sur, Karina Contreras,
p. web).
Comuneros que están a favor y en
contra del proyecto hidroeléctrico La Parota sostuvieron
un enfrentamiento a las afueras de la comunidad de Parotillas
con piedras e insultos, luego de que los primeros acudieron
con autoridades municipales de diferentes poblados a solicitar
a los opositores que retiren el plantón de esa comunidad
y les dieron tres días de plazo.
Al lugar llegaron desde temprano
policías preventivos en tres camionetas así como policías
comunitarios, quienes se supone
ayudarían en el desalojo de los inconformes, y fueron testigos
de la reyerta.
El enfrentamiento se dio alrededor
de las 11 de la mañana este domingo, adelante del poblado
Parotillas –comunidad que está de acuerdo con la construcción
de la presa, e incluso muchos de sus habitantes trabajaban
en la CFE antes de que comenzara el movimiento de inconformidad–
donde los opositores tienen un plantón, luego de que fueron
obligados a retirar los que habían instalado en las comunidades
de Agua Caliente y San Isidro Gallinero.
Las agresiones entre los grupos
fueron observadas por policías preventivos, quienes dijeron
que los habitantes de las comunidades de Parotillas,
La Concepción y Rancho Tres Marías lanzaron piedras a los
opositores, y uno de éstos sacó un machete.
Asimismo, los habitantes desbarataron
un tope de tierra que los opositores a la presa tenían en
la carretera para obligar a que se detengan los vehículos
que transitan por ahí, y jalaron una manta que estaba en
una huerta donde expresaban su inconformidad.
No queremos a los opositores aquí
Luego de las agresiones, las partes
dieron a los reporteros su versión del enfrentamiento, que
es el segundo que se da por las posiciones encontradas acerca
de la presa que pretende construir la Comisión Federal de
Electricidad (CFE); el primero ocurrió en diciembre en el
plantón de Cruces de Cacahuatepec.
A varios metros de distancia del
plantón, habitantes de varias comunidades informaron que
no quieren el plantón de los opositores a la presa cerca
de su comunidad porque están frenando el desarrollo.
Explicaron que el gobierno estatal
tiene programada la pavimentación de la carretera, pero
no la hace porque los opositores no lo permiten con sus
plantones.
Los enfurecidos habitantes advirtieron
que los opositores tienen tres días para retirarse del lugar
y para ello pidieron el apoyo del Ayuntamiento de Acapulco.
Uno de los empleados de la CFE,
Domingo Bailón Dorantes, acusó
al regidor del PRD José Luis Morales Torres, de estar solapando
el movimiento y dando ayuda con despensas y dinero para
sostenerlo.
Exigió respeto y dijo que con sus
actitudes está llevando al retroceso a las comunidades,
y aseguró que los pobladores no están de acuerdo con que
los opositores estén plantados cerca de la comunidad.
Precisó Bailón Dorantes que Parotillas está de
acuerdo con la construcción de la presa, pues generará empleos
para los campesinos y no por unas cuantas personas se va
a perder el beneficio para las comunidades.
Por su parte, el comunero José
Guadalupe Bailón Evangelista, en el mismo sentido culpó
a los paristas de que no se pavimente la calle principal, y añadió
que la propuesta del gobierno del estado estaba mucho antes
de que llegara la CFE.
Dijo que por eso no se explica
por qué los opositores detienen las máquinas que pavimentarán
el camino y señaló entre los responsables de la intranquilidad
en la zona a Nemesio Valeriano Moreno.
Según Bailón Evangelista, durante
la trifulca el comunero opositor de El Cantón, Salomón Hernández
Encarnación agredió a los vecinos con un machete y ni la
policía lo pudo desarmar.
Mientras que la delegada municipal
de Rancho Tres Marías, Lourdes Elacio
Cruz, señaló que ellos no querían pelear sino dialogar con
los opositores, pues no están de acuerdo en que estén parando
los beneficios para las comunidades, como una preescolar
que dará el Ayuntamiento.
Demandas y protestas
En el plantón, alrededor de 70
comuneros acordaron presentar denuncias penales contra los
que encabezaron el intento de desalojo, entre ellos Domingo
Bailón.
El regidor perredista
José Luis Morales Torres dijo que denunciará al residente
de asuntos sociales de la CFE en La Parota, Víctor Hugo
Chávez, porque afirmó que dicho funcionario es el promotor
de la violencia que hay en el área y agregó que investigará
qué hacían laos policías en el
lugar “porque no es casual” que hayan estado ahí.
Otros afirmaron que la responsabilidad
es de los tres ámbitos de gobierno que están contra los
opositores, pero advirtieron que no descansarán hasta lograr
la cancelación del proyecto.
Acordaron demandar penalmente a
los que encabezaron a los habitantes, porque entraron a
una propiedad privada, y acudir al Tribunal Unitario Agrario
41 para exponer al magistrado, Juan Rodolfo Lara Orozco,
que “la CFE sigue trabajando en el área y con ello está
violentando la medida cautelar que ordenó el 19 de enero
para mantener el área tranquila”.
La versión de los opositores es
que al lugar –primero– llegaron las autoridades municipales
de Parotillas, Cacahuatepec, Concepción,
con quienes dialogaron de manera tranquila, cuando acudieron
a pedirles que se retiraran del lugar y para lo cual les
daban tres días.
Luego se retiraron y al poco tiempo
llegaron con varias personas más y destruyeron el tope de
tierra que tenían y retiraron una manta, y posteriormente
agredieron a los plantonistas verbalmente y a pedradas.
Según esta versión, Salomón Hernández
sacó el machete cuando recibió una pedrada por la espalda
y fue cuando intervinieron los policías.
El portavoz de los opositores,
Marco Antonio Suástegui, dijo
que demandarán a Mario Carmona Tornez,
Simón Cruz, Domingo Bailón, por las agresiones e invasión
de propiedad privada.
Los acusó además de quitarles sus
mantas y de cortar los cables de energía que tenían para
iluminar el plantón. Agregó Suástegui
que los plantones son nada más para evitar que pasen camionetas
de la CFE y no para evitar el paso a los habitantes.
Advirtió que nunca van a permitir
que la CFE haga obras en Cacahuatepec,
pues eso le compete a las autoridades del estado y para
ello se está preparando una reunión con el gobernador electo,
Zeferino Torreblanca Galindo,
para solicitarle obras y apoyo al campo.
En el lugar se encontraban 18 policías
preventivos que iban a bordo de tres camionetas con los
números 1709, 1105 y 1104 así como 8 policías comunitarios,
los cuales se retiraron alrededor de las 3:30 de la tarde.
Escaramuza entre grupos campesinos
. (Novedades de Acapulco,
Nota Informativa, p. web).
Todo empezó cuando campesinos de la comunidades de Agua Caliente,
Concepción, Parotas y Parotillas,
quienes conforman el grupo de campesinos que está a favor
del proyecto de la hidroeléctrica, había dado un ultimátum
a comuneros instalados en plantón en el paraje conocido
como La Huerta del Limón para que se retiraran de la zona
y dejaran libre el camino.
El plazo de 72 horas se había cumplido y el plantón seguía
en el mismo lugar, por lo que de inmediato y cerca del mediodía,
más de cincuenta campesinos armados con garrotes, machetes
y piedras llegaron al sitio y sin más empezaron a quitar
las mantas, mientras que otros con picos y palas quitaban
el tope construido en el camino para detener los vehículos
que circulaban por esa zona.
A los pocos minutos, campesinos y comuneros se hicieron de
palabras y tras calentarse los ánimos empezó la discusión
y agresiones verbales entre ambos bandos; en ese momento
hubo jaloneos, empujones y a los pocos segundos, una lluvia
de piedras cubría la zona donde resultaron varios campesinos
golpeados.
Durante la agresión un campesino golpeado con una piedra en
la espalda y enardecido, sacó de su funda un machete que
llevaba con el que intentó repeler la agresión, pero gracias
a que en ese momento había 12 elementos de la Preventiva
y 10 elementos de la Policía Rural, evitaron que el choque
violento se alargara y provocara el derramamiento de sangre
al desarmar al campesino que había sido agredido.
Para mantener el control de la zona, policías preventivos armados
con subametralladoras Tipo Galil calibre 2.33 y AR-15 se dispersaron y acordonaron el
área, mientras que los policías rurales con fusiles M1,
daban seguridad y controlaban a los dos grupos de campesinos
inconformes.
Ya más tranquilo, el grupo de comuneros en plantón se replegó
hacia una huerta mientras que los otros permanecían en el
camino revisando a todo vehículo que circulaba por la zona,
pero seguían molestos por la presencia del regidor del PRD
José Luis Morales Torres quien al momento de la trifulca
se encontraba con el grupo de los paristas.
“Queremos que se marche de nuestras tierras”, gritaban con
el rostro desencajado campesinos que están a favor del proyecto
de La Parota, mientras que otros coreaban que no tenía porque
estar ahí si es un problema exclusivo de campesinos de la
zona rural afectados por la hodroeléctrica.
Cabe señalar que el regidor José Luis Morales Torres también
fue perseguido y para evitar ser agredido corrió al interior
de una parcela ubicada a unos metros del lugar donde se
registraba el enfrentamiento.
Al ser entrevistado, el regidor Morales Torres explicó que
se encontraba en ese lugar porque había sido invitado por
miembros del grupo opositor a La Parota, y que sin embargo
de la agresión que sufrió en el lugar hace responsable al
funcionario de la CFE, Víctor Hugo Chávez Chávez, porque dijo está provocando enfrentamientos entre
campesinos de esas comunidades y el hecho de que intentaran
levantar el plantón por la fuerza, es una clara provocación
asentó.
Señaló a los comisarios de Parotillas
y Cacahuatepec, así como a Mario
Carmona de encabezar un grupo de choque e intentar desalojar
a quienes se encuentran en plantón de manera pacífica; dijo
que lo corrieron del lugar argumentando que él no tenía
nada que hacer porque no vive en esa zona.
Agregó que hechos como esos no son fortuitos, más bien son
provocados y advirtió que si se llegan a presentar hechos
de sangre, el responsable será el representante de la CFE,
Víctor Hugo Chávez, a quien acusó de quererlo sobornar con
dinero para que se ponga en contra de ellos.
“Por una miseria están provocando que haya un enfrentamiento
entre hermanos”, asentó Morales Torres, y alertó a las autoridades,
tanto del municipio y del estado, para que no sean solo
observadores e intervengan antes de que sea demasiado tarde
porque dijo que no es posible que por la ambición de la
CFE se llegue a la perversidad de enfrentar a la gente;
pero ahora con la llegada de este nuevo gobierno confiamos
en que se va a tomar con mucha responsabilidad este problema
para que se dé una solución que no lastime la dignidad de
los campesinos.
Hizo mención el regidor de que en las asambleas que según la
CFE ha hecho con algunos campesinos, han presentado de manera
ilegal las firmas de campesinos en el extranjero y hasta
de personas que ya fallecieron, para poder validar las actas
de asamblea porque son una minoría.
En este momento indicó que hay una tregua que se acordó en
el Tribunal Unitario Agrario, donde mediante un documento
se estableció la suspensión provisional de todas las actividades
de la CFE en la zona del proyecto hasta que no se establezcan
las condiciones y el diálogo entre campesinos que serán
afectados con la hidroeléctrica, pero que sin embargo con
el conato de violencia se rompe el acuerdo pactado.
El riesgo de un nuevo enfrentamiento está latente, pues a unos
quinientos metros del plantón están más de cien campesinos
en la espera de volver a intentar el desalojo de los opositores,
al mismo tiempo que los campesinos que se encuentran replegados
en una huerta aseguran que no van a cambiar de parecer y
que la lucha sigue hasta las últimas consecuencias.
HIDALGO
Fortalecer el campo, prioridad, dijo Oralia Vega en Huapalcalco. (El Sol de Tulancingo, Julián Arteaga, p. web).
“Nadie en el campo se quedará atrás; uno de nuestros
principales objetivos será seguir fortaleciéndolo, porque
esta actividad tiene que mantenerse como orgullo del estado”,
expresaron Oralia Vega y Antonio Lira, candidatos de la Alianza por Hidalgo,
al reunirse con 300 habitantes de Huapalcalco
en el municipio de Tulancingo.
Teniendo como escenario el auditorio
ejidal de este lugar, la fórmula priísta saludó y escuchó
las peticiones de los habitantes de la comunidad, quienes
solicitaron a los candidatos que cuando estén en el Congreso
del Estado sigan impulsando proyectos y programas como Procampo
para que se fortalezca a los agricultores y esto se refleje
en una mejor calidad en los productos del campo y de la
población.
“Como diputada, mantendré siempre
una política de puertas abiertas para encontrar estrategias
que nos permitan enriquecer las políticas públicas e incidan,
de manera directa, en beneficio de los habitantes de la
sociedad rural”, dijo Oralia Vega.
También reconoció que la participación
de la sociedad es importante para que todas las ideas, proyectos
y planeamientos queden plasmados y, en conjunto, se encuentre
el camino para que el campo tenga un desarrollo importante,
pues sus productos representan la base de la alimentación
de los hogares hidalguenses.
“Apoyaremos a los productores rurales
impulsando leyes que promuevan el financiamiento necesario
para proyectos productivos agrícolas”, manifestaron Oralia
Vega y Antonio Lira, quienes, al mismo tiempo, reconocieron
la problemática que se vive actualmente en este rubro y,
por ello promoverán un marco jurídico integral adecuado,
“ya que con la producción de la sociedad rural vamos a avanzar
en la construcción de un campo digno, competitivo y con
equidad del que todos los hidalguenses se sientan orgullosos”
exteriorizaron.
Los candidatos de Alianza por Hidalgo
(PRI y PVEM) también recorrieron y conversaron con los habitantes
de Rancho Napateco, Zultepec,
Francisco Villa, Unidad Habitacional Napateco,
Cebolletas, Huapalcalco, Medias
Tierras y Las Camelias, así como en las colonias La Morena,
La Florida y Felipe Ángeles, pertenecientes al municipio
de Tulancingo, y la Unidad Habitacional Bosques y Arboledas,
del municipio de Santiago Tulantepec,
donde fueron recibidos emotivamente.
“Implementaré acciones para seleccionar
a los servidores públicos bajo altos criterios de honestidad,
capacidad, actitud y preparación para poner esta instancia
a la altura de las expectativas de los hidalguenses”, declaró
Oralia Vega después de haber recibido
un reconocimiento a su vocación de servicio, por parte de
los colonos de la unidad habitacional Napateco,
quienes agradecieron el apoyo brindado por la candidata
que culminó con la frase: “El que no sirve para servir,
no sirve para vivir”.
OAXACA
Piden frenar venta de terrenos ejidales. (El Imparcial, Humberto Torres, p. web).
La Secretaría de Obras Públicas
(SOP) exhortó a los presidentes municipales de Zaachila,
San Martín Tilcajete, Santa Cruz
Amilpas, Zimatlán,
y otros más de Valles Centrales, a frenar la venta de terrenos
ejidales y comunales que se está realizando, pues no se
podrán atender las necesidades básicas de agua potable,
drenaje, alcantarillado de quienes se lleguen a asentar
de manera irregular.
Debido a que se ha detectado una
venta indiscriminada de terrenos ejidales y comunales, se
está solicitando a las autoridades detener esta ilícita
actividad, pues están engañando a las personas que llegan
a adquirir estos lotes en que más adelante el Gobierno del
Estado los dotará de los servicios públicos, lo cual es
totalmente falso.
Celestino Gómez Soto, consideró
urgente que las autoridades municipales asuman el papel
que les corresponde y eviten que los representantes de Bienes
Comunales y Ejidales, sigan vendiendo sus tierras, ante
el riesgo de un crecimiento poblacional desbordado que no
se podrá controlar ni atender más adelante.
Explicó que hoy se puede observar
esta situación en la llamada "Cuesta", en San
Martín Tilcajete, donde resulta impresionante el crecimiento poblacional
registrado en los últimos años, al margen de cualquier ordenamiento
o ley de desarrollo urbano y que más tarde se convertirán
en factores de presión para reclamar servicios.
Ante panorama tan complicado, dijo,
se debe tomar conciencia de esta situación antes de que
sea demasiado tarde, pues los representantes campesinos
deben saber que sólo las asambleas pueden tomar decisiones
de autoridad. "La aplicación de la ley siempre será
igual para todos, por ello no deben cometer actos de libertinaje".
Indicó que esta misma situación
se presenta en otros municipios aledaños a la capital del
Estado, donde la mancha sigue creciendo sin un ordenamiento
legal, lo cual sin duda es "una bomba de tiempo",
pues hasta el momento no se ha tomado conciencia de ello.
Confió que con la instalación de
una Comisión Interinstitucional con los municipios conurbados
a la capital, se pueda avanzar en la solución de este problema,
pero acotó que este tipo de conflictos siempre corresponde
resolverlos en primera instancia a las propias autoridades
municipales.
Más del 85% del territorio son tierras ejidales
y comunales. (El Imparcial, Humberto
Torres, p. web).
A las dramáticas condiciones de
pobreza extrema que se viven en la entidad, pues de los
851 municipios existentes en la República clasificados con
grados de muy alta y alta marginación, 352 se encuentran
en territorio estatal, hay que agregar que al menos el 85
por ciento son tierras ejidales y comunales, que han complicado
seriamente el desarrollo económico y social de Oaxaca.
En este contexto se anota que el
tres por ciento es propiedad de los gobiernos federal y
estatal, mientras el 12 por ciento es privado, lo cual exhibe
el reto de las autoridades para poder conciliar conflictos
agrarios y otorgar certeza jurídica a los poseedores de
la tierra. Tanto el régimen comunal como ejidal, sólo pueden
cambiar a propiedad privada, cuando existe un decreto de
expropiación, signado por el presidente de la República.
Con este panorama nada halagador,
el desarrollo económico y social del Estado se enfrenta
a diversas situaciones, pues mientras para los constructores
y desarrolladores de vivienda, la falta de seguridad en
la tenencia de la tierra es el principal obstáculo para
nuevas unidades habitacionales, las inversiones no se han
dinamizado precisamente por esta situación.
La Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), se ha pronunciado por atender
este problema de raíz, y garantizar la certeza jurídica
en la tierra, ante la serie de conflictos a los cuales se
han presentado en diferentes regiones a donde han llegado
a invertir en desarrollos habitacionales.
El dirigente Joaquín Morales Noyola, reconoció que las condiciones son difíciles, debido
a que para poder realizar nuevas inversiones en complejos
habitaciones, no sólo deben garantizar la introducción de
servicios y hasta el financiamiento de las viviendas, también
deben atender las exigencias en muchas de las ocasiones
desproporcionadas de autoridades municipales que van más
allá de lo convenido.
A pesar de este agudo problema,
a la imperiosa regularización de las tierras ejidales y
comunales, se agregan los usos y costumbres de las comunidades,
que sin duda son un obstáculo para poder consolidar nuevas
inversiones.
Por ello su planteamiento de avanzar
en la regularización de la tierra y convertirla en propiedad
privada, pues es la única manera de garantizar inversiones,
promover una mayor oferta habitacional y ofertar una mayor
gama de servicios que sin duda beneficiarán a las propias
comunidades.
Han logrado regularizar más de
52 mil predios
Después de tres décadas de trabajo
en el Estado, la Comisión para la Regularización de la Tenencia
de la Tierra (Corett), ha regularizado
32 poblados, lo que representa un total de 52 mil 200 predios
escriturados, para una superficie de 16 millones 884 metros
cuadrados.
Esto ha permitido que más de 52
mil familias oaxaqueñas, tengan certeza jurídica en sus
lotes, pues les ha permitido propiciar la convivencia armónica
de la comunidad, el desarrollo y mejoramiento de la vivienda
de quienes se encontraban asentados de manera irregular.
Actualmente se realizan acciones
en los poblados de Santa María Atzompa
y Santa María Zaachila, además de promover el reordenamiento urbano de los
asentamientos irregulares, a través de su incorporación
en los programas de desarrollo urbano municipal y de lotes
regularizados a los catastros municipales.
Otro objetivo es lograr la actualización
de los Registros Públicos de la Propiedad, mediante la incorporación
de las escrituras, en las oficinas registrales
municipales; impulsar el desarrollo de programas estatales
y municipales para la incorporación de suelo al desarrollo
urbano, previniendo el incremento de oferta de suelo.
En estados como Oaxaca, hay alrededor
de 28 mil ejidos con diversos problemas, y las diferencias
siguen creciendo sin ninguna instancia oficial para mediar
una solución concertada. Mientras que el país existen
entre 500 y 600 resoluciones sin poderse aterrizar, así
como más de mil conflictos que reclaman de atención permanente
y constante para lograr su solución permanente y definitiva.
QUINTANA ROO
Fonatur y grupo privado falsearon
información sobre proyecto en Cancún. (La Jornada,
Mireya Cuéllar,
p. web).
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda)
presentó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
una demanda de nulidad de la autorización que la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
otorgó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
y al grupo Golf & Resorts
(G&R) para el desarrollo turístico
Riviera Cancún porque "mintieron"
a la autoridad en sus manifestaciones de impacto ambiental
y "maquillaron" la información para aparentar
que se trataba de un proyecto sustentable y de bajo impacto,
que son los únicos permitidos en humedales.
Así, el Fonatur no sólo vendió a
G&R en 71 pesos el metro cuadrado de terreno en la zona
hotelera de Cancún para construir un desarrollo de "gran
turismo" que incluye dos campos de golf, sino que la
Semarnat otorgó el permiso -se
trata de una zona de mangle- con base en una manifestación
de impacto ambiental que contiene muchas falsedades, informó
Patricio Martin, representante
en Quintana Roo del Cemda.
El artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente establece que cuando los promotores
de un proyecto ofrecen información falsa a la autoridad
se debe negar el permiso. Y G&R y Fonatur dijeron en su
manifestación de impacto ambiental que como contaban con
814 hectáreas para desarrollar su proyecto y sólo se desmontarían
194 (120 de mangle) -poco más de 20 por ciento del terreno-,
el impacto ambiental sobre el terreno sería "menor".
De hecho, de acuerdo con la autorización de la Semarnat, en la tercera sección de la zona hotelera de Cancún
sólo se pueden echar a andar proyectos turísticos "de
altas restricciones ecológicas".
Sin embargo, G&R no compró a
Fonatur todo el polígono de la tercera sección de la zona
hotelera de Cancún (que los ecologistas denominan humedales
de Nichupté), sino solamente 377 hectáreas, lo que -dicen los
ambientalistas- implica que si desmontan 194 hectáreas estarán
aprovechando (será rellenado el mangle para construir los
campos de golf) más de 70 por ciento del terreno y eso "nada
tiene de sustentable ni de bajo impacto", señaló el
ambientalista.
La manifestación de impacto ambiental "falsamente"
establece que el desarrollo se realizará en una superficie
de 814.71 hectáreas (en su página de Internet, G&R
dice a sus posibles clientes que el desarrollo turístico
Riviera Cancún cuenta con más
de 800 hectáreas); sin embargo, la escritura pública -número
17,646, de fecha 10 de noviembre de 2004- muestra que el
grupo empresarial sólo adquirió para su proyecto 377.87
hectáreas.
El resto del polígono, que todos consideraban ya propiedad
de G&R, sigue estando en manos
de Fonatur, apuntó el ambientalista, y forma parte de un terreno
de más de 3 mil hectáreas que desde 2000 el gobierno ofreció
convertir en Area Natural Protegida.
De hecho, durante la inauguración del proyecto Riviera
Cancún el presidente Vicente Fox
Quesad volvió a anunciar que el
gobierno federal donaría esas mismas tres mil hectáreas
para convertirse en áreas protegidas.
En Cancún, Fonatur maneja miles de
hectáreas de terreno que son consideradas reservas naturales
por todos (los ambientalistas, las autoridades municipales
y la Semarnat); sin embargo no
se ha emitido el decreto que las proteja y siempre será
factible que se vendan para nuevos desarrollos turísticos.
El terreno de 377.87 hectáreas enajenadas por Fonatur
a G&R en 71 pesos el metro cuadrado -pese a encontrarse
en la zona de mayor plusvalía de Cancún- consta en buena
parte de humedales, cuyo uso del suelo y algunas normas
oficiales en materia ambiental fueron cambiados para poder
aprobar el proyecto de dos campos de golf y hoteles de "gran
turismo".
El TFJFA recibió la demanda de nulidad contra las autorizaciones
de la Semarnat a G&R
y Fonatur el pasado 11 de febrero,
mediante la cual el Cemda reclama
también que la Semarnat no haya
garantizado que las vialidades interiores del proyecto Riviera Cancún permitan el libre paso de la fauna silvestre.
Patricio Martin explicó que el método
constructivo autorizado por Semarnat
para las vialidades que irán sobre el humedal costero impiden
el libre paso de cualquier cuerpo sólido, incluyendo la
fauna silvestre que habita en el predio.
"En la manifestación de impacto ambiental se estableció
el método constructivo del campo de golf, el cual se hará
mediante un relleno que impide los flujos hidráulicos superficiales,
método que fue aprobado por la Dirección General de Impacto
y Riesgo Ambiental"; pero además la dependencia encargada
de la protección al ambiente tampoco se preocupó por garantizar
que las vialidades internas sean "veredas flotantes"
una especie de palafitos que permitirían la circulación
del agua y de las especies que ahí viven.
SAN LUIS POTOSÍ
Campesinos harán huelga de hambre. (Pulso, Vicente Orta, p. web).
Cinco integrantes de diversas organizaciones campesinas iniciarán
hoy al mediodía una huelga de hambre, como protesta por
la persecución contra líderes sociales que ha emprendido
el gobierno, confabulado con el poder económico de la Huasteca
potosina.
El anuncio lo dió a conocer el dirigente
estatal de la CODUC Fernando León Martínez, dijo que la
huelga de hambre iniciará en la explanada del Jardín Hidalgo.
Las organizaciones que estarán representadas, son la Unión
Nacional de Trabajadores Agrícolas, el Frente de Campesinos
en Lucha por la Tierra y el Comité Promotor de Lucha Proletaria,
además de que invitarían al MHD.
León consideró que la detención confirma la política de persecución
en contra de los dirigentes sociales
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