CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
JUEVES
10 DE FEBRERO DE 2005
OCHO COLUMNAS
Buscan
tronar al IFE
Quieren PRI y PVEM destituir
a cinco consejeros
Fox: estabilidad, gane quien gane en 2006
Me van a extrañar cuando
me vaya, afirma en España
Mercados
de futuros apuestan al peso
Esperan mayor revaluación y que se desligue de las caídas del dólar
Garantiza
Fox una sucesión tranquila
Gane quien gane habrá garantías para la inversión extranjera, promete el Presidente
Zedillo, acusado de delitos de lesa humanidad
Presenta el Centro Fray Bartolomé denuncia ante la CIDH
Ebrard no será consignado por el caso Tláhuac
Figueroa y Regino sí
Muestran
sus cartas 4 presidenciables del PRI
Montiel, Jackson,
Núñez y Martínez exigen juego limpio
Nada
más falso que la recuperación del PRI
Ha perdido importante
terreno electoral: Montiel
EU planea
muros de tortilla en la frontera
125 congresistas avalan ya la iniciativa
Exceso de oposición, se queja Fox
Reprocha desde España dificultad para los consensos y demasiada injerencia
en atribuciones presidenciales
Funcionarios bajo la lupa
Llegó narco a instituciones, reconoce Huerta
Sector agrario
Desechan recurso de queja del municipio en el caso
Megabastos La Jolla. (El Sol de Zacatecas, Nota Informativa, p.web).
TORREON, Coah.- El Tercer Tribunal Colegiado
del Octavo Circuito desechó por extemporáneo el recurso de queja
interpuesto en el juicio amparo por parte del Municipio a través
del Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales
de Torreón (Coproder), en el caso de Megabastos
La Jolla, informaron los abogados
Jorge Zarzosa Garza y Luis Guillermo Talamantes
Sánchez.
Los integrantes del despacho "Zarzosa, Talamantes y Asociados", agregaron que el Juzgado Segundo
de Distrito "B" en La Laguna del Octavo Circuito a
cargo del licenciado Luis Armando Jerezano Treviño, publicó
en estrados el acuerdo en el que señala que se tiene por recibido
el oficio remitido por el secretario de acuerdos del Tercer
Tribunal mediante el cual informa que se desechó por extemporáneo
el recurso de queja en el juicio 2158/2004.
Explicaron que en su calidad de tercero perjudicado,
el Coproder interpuso recurso de queja
en contra de la ampliación de la demanda inicial de amparo,
firmada por el ejidatario Jesús Gurrola
Muñoz, en representación sustituta del núcleo ejidal La Joya.
Los abogados indicaron que como nuevas autoridades
como responsables señalaron al secretario de la Reforma Agraria,
al comisionado de la Coordinación Agraria en el Estado de Coahuila
de la Secretaría de la Reforma Agraria, al Ayuntamiento
de Torreón, al Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos,
al director del Registro Público de la Propiedad de Torreón,
así como al delegado estatal del Registro Agrario Nacional
en el estado de Coahuila.
Establecieron que a las diversas autoridades
se les reclaman actos relacionados a la expropiación del
145 hectáreas del ejido La Joya donde se proyectaba construir
el Megabastos La Jolla.
SE DIFIERE LA AUDIENCIA
Los abogados Jorge Zarzosa Garza y Guillermo
Talamantes Sánchez informaron que se difirió la audiencia
programada para ayer a las 10.15 de la mañana. Ayer todavía
no conocían la nueva fecha de la audiencia.
Anotaron que la audiencia se difirió porque no
han rendido sus informes las diversas autoridades señaladas
como responsables en la ampliación de la demanda inicial de
amparo.
A pregunta expresa, señalaron que el juicio podría
durar varios meses e inclusive hasta un año.
SE VA
LA INVERSION
De manera extraoficial, se conoció que uno de
los principales inversionistas de Megabastos
La Jolla dio un plazo de 15 días a los representantes locales
para solucionar la problemática legal del proyecto y que de
no hacerlo retiraría su inversión a otra parte del país.
Se deslinda la SRA de hechos violentos en el estado
de Hidalgo. (Notimex,
p. web)
|
|
|
México, 9 Feb (Notimex).- El subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad
Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Gilberto
Hershberger Reyes, deslindó a la dependencia de los hechos
violentos que se registraron ayer en Santiago Acayutlan,
municipio de Tezontepec de Aldama,
Hidalgo, donde murieron cinco campesinos.
En rueda de prensa, el funcionario
destacó que esos hechos fueron resultado del divisionismo de
dos grupos pertenecientes a la organización denominada Unión
Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
En ese sentido, destacó que en
el poblado de Santiago Acayutlan la
representación de la SRA en el estado de Hidalgo no tuvo responsabilidad
alguna.
Mencionó que al interior del ejido
existen enfrentamientos y divisionismo entre las dirigencias
nacional y local de esa organización campesina, lo que ha dificultado
la solución del conflicto.
Aseveró que no obstante que la
actuación de la representante de la SRA en Hidalgo, Laura Márquez,
ha estado apegada a derecho, el titular de esa dependencia,
Florencio Salazar Adame, la incorporó en la oficina central para designar a
otra persona en el cargo.
Según los antecedentes, un grupo
de 22 propietarios del predio El Sitio consiguió un amparo por
una superficie aproximada de 53 hectáreas de un total de 175,
pero el terreno está en posesión irregular por el ejido Santiago
Acayutlan.
El problema se derivó cuando la
UNTA incluyó en el acuerdo agrario suscrito el 23 de octubre
de 1996 dicha superficie en el rubro de regularización de predios
irregulares en propiedad privada.
Sin embargo, el comisario ejidal
Roberto Díaz Cruz, ya fallecido, hizo gestiones ante la SRA
y el gobierno estatal para la regularización de las 53 hectáreas,
en razón de que la UNTA la incluyó en el referido acuerdo.
Sin embargo, el grupo encabezado
por Isidro Pedraza Chávez, dirigente de la UNTA en Hidalgo,
pretende que se le regularicen 154 hectáreas que tienen en posesión
y que no fueron incluidas en una resolución presidencial que
benefició al ejido ni en acuerdo agrario suscrito con la organización.
En ese sentido, el funcionario
de la SRA negó que estos hechos fueran responsabilidad de la
Reforma Agraria y destacó que al inicio de la administración
federal actual había 431 "focos amarillos" y actualmente
sólo se tienen ubicados 137.
La SRA se deslinda de los sucesos. (El Universal, Carlos Velasco,
p. web)
La Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) se deslindó de los hechos ocurridos este martes
en el poblado de Santiago Acayutlán,
en el estado de Hidalgo, donde fallecieron cinco campesinos
como resultado de un enfrentamiento por la disputa de un predio,
y derivado del divisionismo de dos grupos de la organización
agraria Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
El subsecretario de Ordenamiento
de la Propiedad Rural de la Reforma Agraria, Gilberto Hershberger,
dijo en rueda de prensa que corresponde al Ministerio Público
del fuero común en la entidad investigar los hechos y deslindar
responsabilidades entre los involucrados.
Es importante destacar, señaló
el funcionario, que al interior del ejido Santiago Acayutlán,
afiliado a la organización campesina UNTA, existen enfrentamientos
y divisionismo entre la dirigencia nacional y la local, lo que
ha dificultado la solución del asunto.
No obstante que se tiene la certeza
de que la actuación de Laura Márquez, representante agraria
en la entidad, en todo momento ha estado apegada a Derecho,
por acuerdo del secretario de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame, dicha servidora se
incorporará a oficinas centrales y se designará una persona
encargada de la representación agraria en el estado de Hidalgo,
con el propósito de facilitar las investigaciones y esclarecer
los lamentables hechos.
Mueren cinco por disputa de límites. (El Sol de México, Julio
Hernández, p. web)
PACHUCA, Hgo. (OEM).- Como una emboscada
fue considerada la agresión en que murió el comisariado
ejidal de Santiago Acayutlán y otras
cuatro personas más, entre ellas uno de los agresores, cuando
se dirigían a realizar trabajos de medición con funcionarios
de la Reforma Agraria la mañana del pasado martes, por
el canal de Achichilco, municipio
de Tezontepec de Aldama.
El delegado de ese poblado, Francisco Díaz Oropeza, testigo
y sobreviviente del ataque, aseveró que la mañana del martes
le habló por teléfono el comisariado
ejidal Roberto Díaz Cruz, informándole sobre la medición que
realizarían. Le indicó que pasara por otra persona y se vieran
posteriormente.
Díaz Oropeza recordó: "baja y ahora nos ponemos de acuerdo”,
me dijo el comisariado, y pasé por
Magdaleno Lorenzo, y como nunca nos imaginamos lo que iba
a suceder, pues decidimos ir a empezar la medición de los terrenos.
Salimos con varias personas, como unas 12 o 15, en la camioneta
de Miguel Díaz Cruz y, en otra, los funcionaros de la Reforma
Agraria.
"Entonces, nos encontramos con esas personas (los agresores)
en el trayecto del camino, en el ejido de Achichilco,
sobre el canal. Nos pararon y nos dijeron que no podíamos pasar
a medir. Estaba un tractor y una camioneta de ellos atravesados
en el camino.
"Los de Reforma Agraria y el comisariado
les mostraron el permiso para medir sólo las 53 hectáreas y
media, y no nos pudimos poner de acuerdo, porque hubo discusiones
y golpes de ambos lados. Entonces, en el enfrentamiento, muere
uno de los agresores, Gabino Díaz Jiménez, pero ellos lo mataron.
"Por la desesperación de que ellos mismos habían matado
a su compañero, tiraron a matar al hermano del comisariado
primero, y luego al comisariado y
a uno de sus cuñados. A un herido más, que corrió hacia las
milpas, tres horas después lo reportaron que había muerto también",
añadió Díaz Oropeza.
El entrevistado apuntó que a sus heridos trataron de auxiliarlos
y los subieron a la camioneta de la Reforma Agraria, pero como
los funcionarios habían corrido durante el atentado, no tenían
las llaves. Debieron bajarlos y meterlos a la camioneta que
ellos llevaban para trasladarlos a un hospital.
"Como pudimos los trajimos en la camioneta, pero ya habían
fallecido", agregó el informante, quien negó que él y sus
compañeros hayan hecho un solo disparo. "Ya declaramos
y nos hicieron la prueba de radisonato
de sodio y no salió nada; nadie de nosotros, que íbamos con
el comisariado, llevaba armas",
afirmó.
USARON ARMAS DE GRUESO CALIBRE
Mientras que en otras casas, familias y amigos velaban a los
cinco muertos, pues serían sepultados a las 16:00 horas de ayer,
el delegado continuó narrando lo ocurrido.
Señaló directamente a ocho personas de haber perpetrado la
agresión y dio sus nombres: Pedro Cruz Lorenzo, Pedro Cruz Jiménez
(hijo), Andrés Cruz Jiménez, Gregorio Díaz Jiménez, Gabino Díaz
Jiménez, Hipólito Díaz Jiménez, Vicente Díaz Díaz
y Gonzalo Cruz Díaz.
Todos ellos, citó, portaban rifles cortos de cargador largo,
parecidos a los "cuernos de chivo". De los calibres,
expuso, el ministerio público adscrito a Tula de Allende tiene
más detalles. En relación con lo anterior, en la indagatoria
16/II/245/2005, iniciada por el caso, se precisa que fueron
encontrados en el lugar varios casquillos percutidos de balas
calibre 38 especial y 40.
PROMETE JUSTICIA EL PROCURADOR
El delegado municipal sostuvo que el procurador de Justicia
del Estado, Juan Manuel Sepúlveda Fayad,
llegó a Santiago Acayutlán y prometió
que "va a agotar todas las instancias para localizar a
esas personas, porque gente del pueblo está muy indignada. Es
un hecho que nadie se lo esperaba y a nadie se le desea.
"El pueblo lo que exige es justicia. Ya estuvo bien de
todo lo que esas personas han hecho. El gobierno está un poco
involucrado porque nunca nos ha hecho caso a nosotros, como
pueblo. Acompañé al comisariado (a las mesas de diálogo en Pachuca) y le advertimos
a Eric Cruz (subsecretario de gobierno) y a representantes de
Reforma Agraria de lo que podía suceder y no nos hicieron caso".
Se deslinda la SRA
Por su parte, la Secretaría de la Reforma Agraria se deslindó
ayer de los hechos ocurridos el martes pasado en el poblado
de Santiago Acayutlán, municipio de
Tezontepec de Aldama,
en el estado de Hidalgo, donde fallecieron cinco campesinos
como resultado de un enfrentamiento derivado del divisionismo
de dos grupos de la organización agraria denominada Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
En conferencia de prensa, Gilberto Hershberger
Reyes, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de
la SRA, exhortó a ambos grupos a dirimir sus diferencias a través
del diálogo y la conciliación.
Cuatro fueron emboscados. (El Sol de Hidalgo, Alberto
González, p. web)
Como una emboscada fue considerada
la agresión en que pereció el comisariado
ejidal de Santiago Acayutlán y otras
cuatro personas más, entre ellas, uno de los agresores, cuando
se dirigían a realizar trabajos de medición, con funcionarios
de la Reforma Agraria, la mañana del pasado martes, por el canal
de Achichilco, municipio de Tezontepec de Aldama.
El delegado de ese poblado, Francisco
Díaz Oropeza, testigo y sobreviviente del ataque, aseveró que
la mañana del martes le habló por teléfono el comisariado
ejidal Roberto Díaz Cruz, informándole sobre la medición que
realizarían. Le indicó que pasara por otra persona y se vieran
posteriormente.
YA LOS ESTABAN ESPERANDO
Entrevistado ayer en la delegación
municipal, desde la cual era visible fuerte presencia policiaca, Díaz Oropeza recordó:
“«Baja y ahora nos ponemos de acuerdo»,
me dijo el comisariado, y pasé por
Magdaleno Lorenzo, y como nunca nos imaginamos lo que iba
a suceder, pues decidimos ir a empezar la medición de los terrenos.
Salimos con varias personas, como unas 12 ó 15, en la camioneta
de Miguel Díaz Cruz, y en otra, los funcionaros de la Reforma
Agraria.
“Entonces, nos encontramos con
esas personas (los agresores) en el trayecto del camino, en
el ejido de Achichilco, sobre el canal. Nos pararon y nos dijeron que
no podíamos pasar a medir. Estaba un tractor y una camioneta
de ellos atravesados en el camino.
“Los de Reforma Agraria y el comisariado les mostraron el permiso para medir sólo las 53
hectáreas y media, y no nos pudimos poner de acuerdo, porque
hubo discusiones y golpes de ambos lados. Entonces, en el enfrentamiento,
muere uno de los agresores, Gabino Díaz Jiménez, pero ellos
lo mataron.
“Por la desesperación de que ellos
mismos habían matado a su compañero, tiraron a matar al hermano
del comisariado, primero, y luego al comisariado
y a uno de sus cuñados. A un herido más, que corrió hacia las
milpas, tres horas después lo reportaron que había muerto también”,
añadió Díaz Oropeza.
TRATARON DE SALVAR A HERIDOS
El entrevistado apuntó que a sus
heridos trataron de auxiliarlos y los subieron a la camioneta
de la Reforma Agraria, pero como los funcionarios habían corrido
durante el atentado, no tenían las llaves. Debieron bajarlos
y meterlos a la camioneta que ellos llevaban para trasladarlos
a un hospital.
“Como pudimos, los trajimos en
la camioneta, pero ya habían fallecido”, agregó el informante,
quien negó que él y sus compañeros hayan hecho un solo disparo.
“Ya declaramos y nos hicieron la prueba de radisonato
de sodio y no salió nada; nadie de nosotros, que íbamos con
el comisariado, llevaba armas”, afirmó.
USARON ARMAS DE GRUESO CALIBRE
Mientras que en otras casas, familias
y amigos velaban a los cinco muertos, pues serían sepultados
a las 16:00 horas de ayer, el delegado continuó narrando lo
ocurrido.
Señaló directamente a ocho personas
de haber perpetrado la agresión y dio sus nombres: Pedro Cruz
Lorenzo, Pedro Cruz Jiménez (hijo), Andrés Cruz Jiménez, Gregorio
Díaz Jiménez, Gabino Díaz Jiménez, Hipólito Díaz Jiménez, Vicente
Díaz Díaz y Gonzalo Cruz Díaz.
Todos ellos, citó, portaban rifles
cortos de cargador largo, parecidos a los “cuernos de chivo”.
De los calibres, expuso, el ministerio público adscrito a Tula
de Allende tiene más detalles. En relación con lo anterior,
en la indagatoria 16/II/245/2005, iniciada por el caso, se precisa
que fueron encontrados en el lugar varios casquillos percutidos
de balas calibre 38 especial y 40.
PROMETE JUSTICIA EL PROCURADOR
El delegado municipal sostuvo que
el procurador de Justicia del Estado, Juan Manuel Sepúlveda
Fayad, llegó a Santiago Acayutlán
y prometió que “va a agotar todas las instancias para localizar
a esas personas, porque gente del pueblo está muy indignada.
Es un hecho que nadie se lo esperaba y a nadie se le desea.
“El pueblo lo que exige es justicia.
Ya estuvo bien de todo lo que esas personas han hecho. El gobierno
está un poco involucrado porque nunca nos ha hecho caso a nosotros,
como pueblo. Acompañé al comisariado
(a las mesas de diálogo en Pachuca) y le advertimos a Eric Cruz
(subsecretario de gobierno) y a representantes de Reforma Agraria
de lo que podía suceder y no nos hicieron caso”.
De igual modo, negó las versiones
de que el senador panista Eleuterio
Porras tenga algo que ver en el conflicto. “Lo único que hizo
fue pasarnos directamente con el subsecretario de Reforma Agraria
en la Ciudad de México. Hoy, exactamente, teníamos una reunión
con él y con el subsecretario de Reforma Agraria para darle
fin al conflicto”, precisó.
Por otra parte, al preguntarle
si este enfrentamiento se dio entre dos grupos de la UNTA, uno
que dirige el líder estatal Isidro Pedraza y otro el dirigente
nacional Álvaro Cortés, respondió: “Exactamente. Nosotros, anteriormente,
el que nos solucionaba los problemas era Raúl Espinosa, de la
UNTA nacional, me parece. Él nos acompaña en audiencias y en
gobierno, y ha acudido a todas partes con nosotros”.
El delegado municipal aseveró que
ahora están en espera de lo que realice la Procuraduría de Justicia
y el Gobierno del Estado, “porque si no, el pueblo va a decidirlo.
Eso es lo que pudiera. Aquí los responsables son las autoridades”.
Finalmente, demandó que sea permanente
la presencia policiaca en la comunidad
hasta que el problema se solucione y evitar un nuevo enfrentamiento,
pues de no ser controlada la situación, solicitará la intervención
del Ejército Mexicano para que resguarde el lugar.
“Ya van a sepultar a los difuntos
y aquí están los granaderos rodeando todo, pero parece que hasta
el momento sí estamos apoyados. No es posible lo que nos está
sucediendo”.
“NO ES TIEMPO DE DECLARACIONES”
Alrededor de las 12:00 horas, a
bordo de su camioneta negra Suburban,
salía de la comunidad el líder nacional de la UNTA, Álvaro López.
Se le cuestionó sobre el enfrentamiento. “No es tiempo de declaraciones”,
respondió.
“PEINAN” ZONA MINISTERIALES Y ESTATALES
Cerca de 200 policías estatales
y 80 ministeriales se encontraban, ayer, en Santiago Acayutlán.
Alrededor de unos 70 permanecen en la comunidad, mientras que
el resto “peina” la zona para encontrar a las personas que dieron
muerte a los cinco campesinos.
Asimismo, decenas de pobladores
demandan justicia al alcalde Delfino
Jesús Alfaro, a quien se llevaron desde la mañana de ayer al
poblado. Paciente, el presidente municipal escuchaba los reclamos
frente a la primaria Ignacio Allende.
Alrededor de las 13:00 horas, por
la calle principal de la comunidad, apareció uno de los cortejos
fúnebres.
Trasladaba los restos de Vicente
Díaz Álvarez, uno de los fallecidos en la agresión. Lo mismo
ocurriría con los otros cuatro asesinados: Roberto y Miguel
Díaz Cruz, Gabino Cruz Díaz y Gabino Díaz Jiménez.
Todos serían sepultados en el cementerio
de Santiago Acayutlán.
PIDE SENADOR APLICAR LA LEY
El senador por Hidalgo, Eleuterio
Porras Bautista, exigió al Gobierno y Procuraduría de Justicia
estatales, informen a la opinión pública la razón de no hacer
cumplir las órdenes de aprehensión contra Pedro Cruz Lorenzo,
liberadas por un juez, al encontrarlo responsable de la invasión
de 144 hectáreas de las 197 en disputa, en la comunidad Santiago
Acayutlán, municipio Tezontepec de Aldama.
Reveló que ayer, a las 18:00 horas,
en la Secretaría de la Reforma Agraria, estaba programada
una reunión entre los grupos del extinto comisariado
ejidal del poblado, Roberto Díaz Cruz, y el de Cruz Lorenzo,
quienes disputaban 197 hectáreas del rancho La Luz, para iniciar
una mesa de diálogo y alcanzar una solución al añejo problema.
Vía telefónica, desde el Senado
de la República, informó que ofreció apoyo a las dos partes,
al pedírselo por separado en su oficina de atención ciudadana,
con sede en Tezontepec de Aldama,
su tierra natal.
“Ellos saben que poseen armas de
grueso calibre (el grupo de Cruz Lorenzo), que se paseaban por
el pueblo mostrándolas. En el conflicto de Cinta Larga, hay
antecedentes de su participación y fueron procesados”, afirmó.
Existen versiones, a raíz de la
emboscada sucedida la mañana del martes, que lo señalan como
simpatizante de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
(UNTA) y que apoyaba a la gente de Álvaro López y Raúl Espinosa,
integrantes de esa organización.
Al respecto, precisó el senador
hidalguense Porras Bautista: “Me deslindo de cualquier relación
con la UNTA, su línea política es evidentemente perredista;
es ilógico que como senador por el PAN, sirva a los intereses
de otro instituto político”.
Responsabilizó a Pedro Cruz Lorenzo
de invadir 144 hectáreas del rancho La Luz, propiedad de vecinos
de Achichilco, en el mismo municipio.
“Como gestor, les pedimos diálogo
entre ellos, buscar una solución y sí había disposición de ambas
partes, de ahí que ya habíamos establecido un enlace y reuniones
previas en la Secretaría de la Reforma Agraria, como la que
se programó para hoy (ayer, miércoles)”, declaró.
NO AFECTARÁ PROCESO ELECTORAL
Ante los hechos ocurridos en Santiago
Acayutlán, el coordinador del Congreso
del Estado, Fernando Moctezuma Pereda, aseveró que el actual
proceso electoral no resultará afectado, “pero deja un sentimiento
de contradicciones en el aspecto moral, ético, de la actividad
de gestión de los grupos políticos, donde, lamentablemente,
se alienta a estas alturas, se expone a gente para buscar rencillas
y provocar invasiones”.
Entrevistado en la Cámara de Diputados,
estableció: “Lamentablemente, esta región de Tezontepec
de Aldama ha sido alentada de manera
histórica por grupos políticos que se disfrazan de gestores
sociales y exponen a la población.
“Hoy han muerto cinco personas;
quedaron algunas heridas; gente con antecedentes, inclusive
de participación social; gente que al principio intentó ser
de verdad gestora, pero que después se fue involucrando con
actitudes denigrantes como ésta”, sostuvo el legislador.
Cerco policiaco en entierro
de 4 jornaleros de Hidalgo. (La Jornada, Carlos Camacho,
p.web).
Más de 300 policías estatales y municipales vigilaron los funerales
de cuatro de los cinco campesinos muertos el martes durante
una balacera en la comunidad de Santiago Acayutlán,
municipio de Tezontepec de Aldama,
Hidalgo; el quinto cuerpo no pudo ser enterrado en el mismo
panteón por la oposición de más de 2 mil lugareños, lo que obligó
a cremarlo en la ciudad de Tula, a unos 25 kilómetros del lugar.
En la ciudad de México, la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) se deslindó del enfrentamiento, no obstante lo cual
destituyó del cargo a la delegada en esa entidad, Laura Márquez,
"para facilitar las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento
de los lamentables hechos", según dijo el subsecretario
de Ordenamiento Territorial, Gilberto Hershberger Reyes.
Autoridades, diputados, campesinos y sus dirigentes coinciden
en que "la cosa no va a quedar así", y anoche mismo
dieron muestra de ello, cuando seguidores del dirigente nacional
de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Alvaro
López Ríos, intentaron linchar a tres jovencitas, quemaron dos
camionetas y pretendieron prender fuego a la casa de Gabino
Díaz Jiménez, simpatizante de Isidro Pedraza Chávez, líder estatal
de la UNTA, lo que fue evitado por la policía.
Desde temprano, un helicóptero del gobierno del estado apoyaba
las tareas policiacas en busca de
por lo menos 10 campesinos, a quienes se responsabiliza de la
muerte de cinco indígenas por la disputa de un predio en el
rancho La Luz, causa del enfrentamiento de ayer al mediodía.
El director de la Policía Ministerial, Marcos Souberville, dijo que no se ha detenido a ninguno de los presuntos
responsables que huyeron hacia el cerro, pero "ya tenemos
datos sobre quiénes son".
Reveló que las pruebas de radizonato
de sodio practicadas a quienes identificaron los cuerpos de
los caídos dieron negativo, lo que "nos lleva a presumir
que los del bando del presidente del comisariado
ejidal, quien perdió la vida junto con su hermano, no portaban
armas". Después del mediodía, tras las campanadas en la
pequeña iglesia de Santiago Acayutlán,
fueron sacados los cuatro féretros, acompañados por unas 2 mil
personas, quienes cooperaron para llevar 21 coronas de flores.
Un campesino portaba la bandera nacional; un médico, de bata
blanca y estetoscopio al cuello, apoyaba a las mujeres que desfallecieron
de dolor cuando las cajas mortuorias eran bajadas a las fosas.
Más de 40 taxis, a los que se pintó la leyenda "queremos
justicia", comenzaron a sonar el claxon.
Vía celular, el senador Eleuterio Porras Bautista, suplente
del candidato a gobernador por el PAN, Antonio Haghenbeck
Cámara, negó tener vínculos con cualquiera de los bandos, pero
aceptó que el grupo del comisario ejidal se acercó a su oficina
en el Senado para pedir que intercediera ante la SRA para que
se resolviera el conflicto por la disputa de "144, no 53
hectáreas del rancho La Luz"; también negó tener nexos
con el dirigente nacional de la UNTA, y "mucho menos lo
asesoro".
López Ríos, quien llegó a acompañar a los deudos de los cuatro
campesinos caídos del lado de los seguidores del comisariado
ejidal, coincide con la versión del senador: "no lo conozco
ni me asesora".
Negó que la disputa sea entre grupos de la UNTA. Se trata,
dijo, de un asunto "eminentemente agrario" que derivó
en violencia por la desatención de la SRA, por un lado, y la
tibieza del gobierno estatal.
Disputa en Hidalgo: cuatro muertos y diez heridos. (Proceso, Nota Informativa,
p. web)
Tezontepec de Aldama, Hgo., 8 de febrero (apro).- Un saldo de cuatro muertos y más de 10 heridos fue
el resultado de un enfrentamiento a balazos entre campesinos
en la comunidad de Santiago Acayutlán,
por la disputa de 114 hectáreas de un predio, El Sito, que ambos
bandos consideran suyo.
Los miembros de la Confederación
de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC),
encabezados por el senador panista
Eleuterio Porras, fueron agredidos por 60 ejidatarios de Acayutlán,
integrados en la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA),
comandados por su comisario ejidal Roberto Cruz Díaz y sus hermanos
Gabino y Miguel, quienes pretendían invadir el predio que desde
más de 8 años se encuentra en posesión de militantes de la primera
organización.
Tras la discusión y el forcejeo
salieron a relucir armas con las cuales abrieron fuego en contra
de Gabino Díaz Jiménez, de 23 años de edad, y otras 15 personas
que se encontraban en el lugar.
Pese a resultar herido, Gabino
Díaz Jiménez logró repeler la agresión disparándoles a sus agresores,
de los cuales tres fallecieron. Minutos después, también perdió
la vida.
Debido a la tensión que se vive
en el lugar, más de 200 agentes de la Policía Ministerial y
de Seguridad Pública y Tránsito del estado de Hidalgo (DGSPT)
fueron enviados a la zona de conflicto para evitar enfrentamientos
posteriores.
El subsecretario de Gobierno, Eric
Cruz Becerra, aseguró que se encuentran en espera de reestablecer
la paz para iniciar las indagatorias e impere el Estado de derecho.
Isidro Pedraza, dirigente estatal
de la UNTA, acusó a la delegada la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), Laura Márquez, de hacerle creer al comisario
ejidal y sus simpatizantes que podían tomar posesión de las
144 hectáreas, con la promesa de comprarles las tierras posteriormente.
Es así que, con el pretexto de
que la SRA, supuestamente, realizarían tareas de medición, los
ejidatarios aprovecharon para tratar de sorprender a los militantes
de la UNTA y desalojarlos, pero no contaron con que Gabino Díaz
se encontraba armado con una escopeta.
Las más de 10 personas lesionadas
de ambos bandos fueron canalizadas hacia nosocomios de Tula
de Allende, Tezontepec y Pachuca,
la capital.
Pedraza Chávez acusó que en esta
provocación también se encuentran involucrados el exdiputado
federal perredista Álvaro López Ríos
y su hermana Martha, quienes dirigen la UNTA nacional; así como
el líder de la CODUC, Alejandro Hernández Ballina,
y el senador panista Eleuterio Porras.
Las diferencias entre los dirigentes
nacional y estatal de la UNTA se han acrecentado en los últimos
meses por el control de la organización.
En tanto, personal de la Procuraduría
General de Justicia de Hidalgo ha iniciado las diligencias para
investigar todo lo relacionado al enfrentamiento, así como sus
posibles causas y los presuntos responsables.
Sepultan a campesinos asesinados en Hidalgo. (El Universal, Dinorath Mota, p. web)
Santiago Acayutlan
Hgo. En medio de un fuerte despliegue
policiaco, ayer fueron sepultados cuatro de los cinco campesinos
asesinados el martes pasado, durante un enfrentamiento armado
por la posesión de 144 hectáreas de terreno del ejido de Santiago
Acayutlan, en el municipio de Tezontepec
de Aldama.
Por momentos, la tensión que se
respira aquí parece desbordar la vigilancia policiaca.
Ésta se lleva a cabo por tierra y por aire, ante la amenaza
de linchar a los familiares de quienes son señalados como responsables
de la tragedia.
La mañana del martes pasado, dos
grupos de ejidatarios pertenecientes a la Unión Nacional de
Trabajadores Agrícolas (UNTA) se enfrentaron a balazos. El saldo
fue de cinco muertos: el comisariado ejidal Roberto Díaz Cruz, su hermano Miguel Díaz
Cruz, así como su primo y su cuñado Vicente Díaz Álvarez y Gabriel
Cruz Díaz, de un bando, y del otro, Gabino Díaz Jiménez.
Ayer, la indignación de la comunidad
impidió el sepelio en el panteón de esta comunidad de Gabino
Díaz Jiménez. Presuntamente, éste falleció a manos de sus propios
compañeros comandados por Pedro Cruz Lorenzo, acusado de ser
el responsable del asesinato del comisariado
ejidal y sus tres familiares.
El gobierno fue
avisado
El delegado de la comunidad, Francisco
Díaz Oropeza, dice que hay dos responsables de la tragedia "esto
no se vivía desde hace más de un siglo aquí": el gobierno
del estado y Cruz Lorenzo, adherido a la UNTA estatal, liderada
por Isidro Pedraza que se encuentra en pugna con el grupo nacional
encabezado por Álvaro López Ríos.
Narra que la disputa del predio
de 144 hectáreas data de 1938, y que por resolución presidencial
de Lázaro Cárdenas se les adjudicó a las autoridades ejidales
simpatizantes de López Ríos. Así, el martes, éstas se enfrentaron
con los campesinos adheridos a Pedraza Chávez.
Todo esto, agregó Díaz Oropeza,
pese a que tan sólo la semana pasada advirtieron al gobierno
estatal, en concreto al subsecretario de Gobierno, Éric
Cruz Becerra, que podría ocurrir un enfrentamiento. Sin embargo,
dijo que no se brindó la atención necesaria al problema.
No obstante, el director de la
Policía Ministerial, Marcos Manuel Souberville
González, dijo que la falta de tacto de la delgada de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), Laura Márquez, originó el enfrentamiento.
Por órdenes superiores, la funcionaria federal envió al área
del conflicto a dos trabajadores a realizar un deslinde de 53.5
hectáreas, sin notificar al gobierno de la entidad para que
éste brindara las garantías necesarias.
El directivo policiaco
informó que la noche del martes pasado, el problema estuvo a
punto de salirse de nuevo de control, cuando los familiares
de cuatro de los cinco muertos, así como pobladores, decidieron
tomar venganza y en represalia intentaron linchar a dos hijos
de Gabino Díaz Jiménez.
Informó así que fue necesaria la
intervención de los 500 elementos policiacos,
actualmente apostados en este lugar.
Según versiones de agentes que
pidieron omitir sus nombres, alrededor de la una de la mañana
de ayer un centenar de pobladores armados con machetes y tanques
de gasolina intentaron quemar a la familia de Gabino Díaz Jiménez.
Y a su viuda le advirtieron que deje el pueblo, pues de lo contrario
será asesinada junto con sus hijos.
Luego, les quemaron dos unidades,
una camioneta pick up y una del servicio colectivo de transporte.
Mientras, familiares de Díaz Jiménez
se negaron a hacer declaraciones e informar dónde sepultarán
ahora a su muerto.
Empero, se logró indagar que los
restos de aquél ya fueron cremados en la ciudad de Tula, y que
serían guardados por los familiares ante el impedimento de ser
sepultado en su comunidad.
Estado de sitio
Este lugar permanece prácticamente
sitiado por alrededor de 500 granaderos y policías ministeriales,
quienes resguardan la zona en vehículos automotores donde destacan
unidades de choque y autotanques,
además de un helicóptero que peina la zona para localizar
a los 10 campesinos señalados como responsables de los cinco
asesinatos.
Souberville González
informó que han realizado cateos en las casas de los presuntos
autores materiales de los homicidios. Salvo Pedro Cruz Lorenzo,
la autoridad se reservó el nombre de los demás responsables.
Un punto importante en la investigación
es que los 15 testigos, que pertenecían al bando de las autoridades
ejidales, dieron resultados negativos a la prueba de radisonato de sodio, dijo.
Y en el caso del bando comandado
por Cruz Lorenzo, de acuerdo al procurador del estado Juan Manuel
Sepúlveda, se utilizaron armas R-15 y AK-47, lo cual quedó asentado
en la denuncia 16/II/245/2005. Dentro de esta averiguación se
determinó investigar a los dos técnicos de la SRA que realizaban
las mediciones, así como a la delegada estatal en Hidalgo.
Plaza Pública. (Miguel ángel Granados Chapa, El Hidrocálido.
web)
Al pesar natural que la muerte
suscita, se agrega la indignación que causa la muerte violenta
y con mayor razón la provocada por intereses vanales
e impericia. Cinco campesinos hidalguenses, quizá parientes
y dos tocayos, murieron a balazos en una escaramuza entre dos
grupos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, cuyos
líderes Álvaro López e Isidro Pedraza, antiguos aliados ahora
en disputa, no pueden negociar pacíficamente la solución de
un conflicto agrario abordado irresponsablemente por la delegada
de la SRA y menos pudieron impedir el estallido de sangre
en Santiago Acayutlán, municipio de
Tezontepec de Aldama.
Conflicto en Malinaltepec
que data de 1927. (El Sur, Zacarías Cervantes. web)
Acusan a comuneros
de Tilapa de tomar tierras con violencia
El conflicto agrario entre las
localidades de Arroyo San Pedro y Tilapa,
municipio de Malinaltepec, que se
disputan 400 hectáreas de tierras, resurgió la mañana del lunes
cuando los habitantes de la segunda población con armas de fuego
y machetes comenzaron a repartirse las parcelas de Arroyo San
Pedro, según fuentes del primer poblado.
Debido a la tensión que provocó
esta nueva acción, el comisario municipal, Othón
Francisco Barrera, y el representante de Bienes Comunales de
la localidad de Arroyo San Pedro, Severiano
Castro Ignacio, pidieron en esta capital la intervención de
las autoridades estatales y agrarias para evitar un posible
enfrentamiento.
El conflicto agrario existe desde
1927 a partir de cuando los comuneros de Tilapa
exigieron que la comunidad de Arroyo San Pedro sea anexo de
sus bienes comunales, mientras que los otros pidieron su independencia
y el reconocimiento de 400 hectáreas de tierras.
Con el fin de resolver ese conflicto
el 21 de octubre de 2003, los representantes comunales de Tilapa y Arroyo San Pedro, así como los representantes de
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Juan Gatica
González, y del gobierno del estado, Esaú
Tapia Abarca, firmaron un convenio en el que los comuneros de
Tilapa aceptan ser anexo de los bienes
comunales de Arroyo San Pedro a condición de que los de esta
localidad les reconocieran las 400 hectáreas de tierras.
El convenio que debió ejecutarse
por el Tribunal Unitario Agrario no se cumplió, y por el contrario
el 20 de enero pasado una brigada de trabajadores del Tribunal
llegó a la localidad de Arroyo San Pedro para ejecutar de manera
diferente el convenio, pues cedieron los derechos y la posesión
de las 400 hectáreas de tierras a los comuneros de Tilapa.
El conflicto se agravó el lunes
cuando unos 600 habitantes, entre ellos mujeres y niños, algunos
provistos con armas de fuego y otros con machetes, acompañaron
a ingenieros del Tribunal Agrario, quienes distribuyeron las
parcelas de labor entre los comuneros de Tilapa.
El representante de Bienes Comunales
de Arroyo San Pedro, Castro Ignacio, denunció que son unas 100
hectáreas de tierras de labor que se repartieron los comuneros
de Tilapa.
Indicó que estas acciones se efectúan
sin que se haya considerado la opinión de los comuneros de Tilapa y sin tomar en cuenta los acuerdos del convenio firmado
el 21 de octubre de 2003.
Dijo que de ello son responsables
los funcionarios del Tribunal Unitario Agrario porque no respetan
las cláusulas de dicho convenio, en el que también se establece
que para el cumplimiento de los acuerdos se elegirían a 10 personas
por cada una de las dos partes, “sin embargo a nosotros nunca
nos tomaron en cuenta”.
Consideró que con ello el Tribunal
Unitario Agrario no resuelve el conflicto, sino lo complica
más, por eso demandó nuevamente la intervención de la SRA y
de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios estatal a fin de que
hagan cumplir el convenio que funcionarios de esas dependencias
firmaron.
Por otra parte, el comisario Francisco
Barrera y Castro Ignacio demandaron la intervención urgente
de las autoridades estatales y federales para impedir posibles
hechos de violencia, porque los comuneros de Tilapa
con el reparto de las parcelas invaden incluso hasta el área
poblada de su localidad.
Presentarán una queja ante el Tribunal
Unitario Agrario
Por su parte, el asesor jurídico
de los comuneros de Tilapa, Raymundo
Castro Aparicio, informó que los comuneros presentarán un escrito
de inconformidad al Tribunal Unitario Agrario y que también
recurrirán al amparo contra la ejecución del convenio y hasta
su cumplimiento cabal.
Comuneros denuncian que no se ha desistido de la
acción penal contra quienes tomaron el ayuntamiento. (El Sur, Zacarías Cervantes.
web)
Una comisión de habitantes de El Chirimoyo, Loma Tuza y de
la cabecera municipal de Acatepec
denunciaron ayer aquí que el alcalde Raymundo García Gutiérrez
incumplió un convenio donde se compromete a desistir de la acción
penal contra los 23 indígenas que tomaron el Palacio Municipal,
el 13 de diciembre pasado.
Los habitantes de esas tres localidades, encabezados por el
auxiliar del representante de Bienes Comunales de Acatepec,
Cirilo Mariano de la Cruz; el ex comisario
de El Chirimoyo, Librado Mariano Rosa; el auxiliar de Bienes
Comunales de Loma Tuza, Alfredo Ramírez y el comisario de esta
localidad, Francisco Lorenzo Modesto, denunciaron que sigue
sin resolverse el conflicto por las 600 hectáreas de tierras
con la comunidad de Tecuitlapa, municipio
de Atlixtac, que fue la causa de la toma del Palacio Municipal.
Los comuneros señalaron que el alcalde García Gutiérrez firmó
un convenio con las autoridades municipales y comunales de Atlixtac para ceder a la localidad de Tecuitlapa
600 hectáreas de tierras que pertenecen a los bienes comunales
de Acatepec.
En protesta, los comuneros de Acatepec,
El Chirimoyo y Loma Tuza tomaron el Ayuntamiento una semana
en diciembre pasado y lo liberaron a condición de que el presidente
municipal desistiera de las averiguaciones previas contra los
23 indígenas que participaron en la toma.
Cirilo Mariano de la Cruz dijo ayer en la
capital que la semana pasada se enteraron que hay órdenes de
aprehensión, por eso aseguraron que el alcalde incumplió el
convenio.
Indicó que debido a ello en las próximas horas volverán a tomar
el Palacio Municipal, porque además no se ha resuelto el conflicto
agrario que se generó luego de que el alcalde aceptó la entrega
a Tecuitlapa de unas 600 hectáreas de tierras comunales, con
lo cual son afectados 800 comuneros de Acatepec,
El Chirimoyo y Loma Tuza.
La comisión de comuneros para la solución de este conflicto
demandó la intervención de la Secretaría de la Reforma Agraria
y de la Dirección de Gobernación del estado, pues explicaron
que se acerca la temporada de siembras y los habitantes de Tecuitlapa
pretenderán trabajar esas tierras que les cedió el alcalde,
y que ello podría provocar enfrentamientos.
Entre las acciones que anunciaron que podrían llevar a cabo
está el bloqueo a la carretera Acatepec-Tlatlauquitepec y que solicitarán al Congreso local juicio
político contra el alcalde García Gutiérrez por usurpación de
funciones, porque explicaron que ceder tierras comunales no
es de su competencia, sino de las autoridades agrarias, sin
embargo insistieron que el presidente municipal lo hizo mediante
un convenio que firmó el 9 de septiembre del año pasado.
Sector agropecuario
ONG: la iniciativa sobre bioseguridad
atiende a intereses de transnacionales. (La Jornada, Angélica Enciso, p. web)
El martes pasado, el pleno del Senado dio primera lectura al
dictamen de la iniciativa que fue presentado la semana pasada
por Francisco Bolívar Zapata, integrante de la Academia Mexicana
de Ciencias, sin que los legisladores hubieran participado en
su elaboración, denunció Greenpeace.
Se prevé que la semana próxima el documento entre a votación
y sea aprobado con la mayoría de PAN y PRI. Las agrupaciones
enviaron cartas al Senado para que tomen en cuenta los puntos
que hasta ahora han sido ignorados en la iniciativa.
Demandaron que se abra un espacio para escuchar los argumentos
y que los legisladores consideren las opiniones de las organizaciones
civiles, campesinas e indígenas, así como de especialistas en
el tema, porque México requiere un marco legal que regule, vigile
y reduzca los riesgos y daños asociados al manejo de los transgénicos,
"un auténtico marco de bioseguridad".
Asimismo demandaron que se realice una evaluación y revisión
del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) para impulsar una renegociación que permita
excluir maíz y frijol y proteger estos productos porque son estratégicos
en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Advirtieron que no se tomaron en cuenta las recomendaciones
del informe Maíz y biodiversidad que realizó la CCA,
organismo internacional formado al amparo del TLCAN, el cual
fue elaborado por especialistas de Estados Unidos, México y
Canadá, coordinados por José Sarukhán.
Los investigadores recomendaron, entre otros aspectos, moler
el maíz que México importa de Estados Unidos para que no sea
utilizado como semilla, reforzar la actual moratoria a la siembra
comercial del transgénico, minimizar las importaciones estadunidenses porque es la fuente probable de contaminación
y propusieron la adopción del principio precautorio.
El estudio fue realizado a petición de ONG luego de que en
2001 se presentó contaminación de cultivos tradicionales de
la Sierra Juárez de Oaxaca con maíz transgénico
producido por empresas trasnacionales e importado al país.
El estudio, señalan las agrupaciones, no fue tomado en cuenta
por los diputados que hicieron 44 modificaciones a la iniciativa
de la Ley de Bioseguridad que antes
había sido aprobada por el Senado y enviada
a la Cámara baja. Luego de que los diputados hicieron los cambios,
la turnaron nuevamente al Senado.
Además, sostuvieron, la iniciativa favorece a las empresas
productoras de transgénicos, todas
ellas de capital extranjero, las cuales se verán beneficiadas
con las nueva legislación.
Las organizaciones pidieron en la carta que como senadores
"asuman su responsabilidad de velar por el interés de toda
la sociedad y en ese sentido que las decisiones que tomen sean
con información y atiendan al interés nacional".
Organizaciones campesinas
El gobierno no ha cumplido al agro. (La Jornada, Matilde Pérez
U, p. web)
El gobierno federal no ha cumplido todos los compromisos del
Acuerdo Nacional para el Campo; hay aún muchos asuntos pendientes,
dijo el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Heladio
Ramírez; sin embargo, asentó, los integrantes de la organización
no recurrirán a movilizaciones para exigir agilidad en la aplicación
de los compromisos pactados en abril de 2003.
De su lado, los dirigentes de las siete organizaciones que
sostienen mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación
(SG) exigieron a Pemex indemnizar
a los campesinos de Veracruz y Campeche que han sufrido pérdidas
por los derrames de petróleo; y a la Comisión Federal de Electricidad
que detenga los cortes de energía en las zonas de riego y baje
los costos de su servicio a los productores.
Informaron que en las primeras horas de ayer los miles de campesinos
que participaron en la Jornada nacional por la justicia, la
soberanía y el rescate del campo regresaron a sus ejidos y comunidades,
donde estarán atentos a los avances de las negociaciones en
la SG y preparándose para la marcha del 10 de abril. Max
Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista, comentó
que la reunión con la Comisión del Agua se suspendió porque
no acudió "un funcionario de alto nivel".
Prensa Estatal
CHIAPAS
Denuncian ecologistas daño a la reserva El Zapote. (La Jornada, Ángeles Mariscal,
p. web)
Tuxtla Gutierrez, Chis., 9 de febrero. Ecologistas de varias organizaciones
pidieron que se suspendan las obras que se realizan con maquinaria
pesada dentro de la reserva ecológica El Zapotal para la remodelación
del zoológico Miguel Alvarez del Toro
(Zoomat), pues -denunciaron- han destruido
cerca de 10 hectáreas.
Aseguraron además que se generan posibles focos de contaminación
en el parque ecoturístico Cañón del
Sumidero, concesionado a empresarios del Grupo Alquimia.
La responsable del proyecto Estrategia de Conservación de El
Zapotal, del Instituto de Historia Natural y Ecología, Yara
Fernández Moreno, denunció la destrucción de al menos 10 hectáreas
de dicha reserva, como resultado de la ampliación del Zoomat,
proyecto subsidiado por el gobierno del estado con una inversión
de más de 8 millones de pesos.
De acuerdo con la ambientalista, esto significa que se afecte
10 por ciento de la reserva que proporciona oxígeno a la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez, lo que ocasionaría eventualmente el incremento
en los índices de contaminación de esta capital.
El proyecto Ampliación del Centro de Servicios Zootécnicos
del Zoomat consiste en la construcción
de espacios de cuarentena para albergar a más de mil animales
silvestres que son donados cada año al zoológico.
Fernández Moreno explicó que el plan original consistía en
crear construcciones lo más parecidas posible al hábitat natural
de los animales. Sin embargo, las obras que se están llevando
a cabo son de concreto, lo cual ocasiona la transformación profunda
del hábitat que ya existe en El Zapotal, lo que afecta de forma
directa a las especies que ya estaban en el lugar.
"Se han destruido cuevas de armadillos, guaqueques y muchas otras especies endémicas a la región de
Mesoamérica", aseveró.
En este contexto, los ambientalistas informaron sobre denuncias
que recibieron sobre la posible contaminación en el río Grijalva
por los desechos que provienen el parque ecoturístico
Cañón del Sumidero.
Este parque fue abierto hace tres años por el Grupo Alquimia,
poseedor de los parques Misol-Ha,
Garrafón y otros. Ocupa una parte de la reserva ecológica del
Cañón del Sumidero y las aguas que desecha llegan directamente
al Grijalva y a la presa hidroeléctrica La Angostura.
El convenio que establecieron los empresarios fue que las aguas
residuales iban a ser tratadas antes de ser vertidas en el río;
sin embargo, no existe certeza de que se esté llevando a cabo.
En tanto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) anunció que estudia la clausura
del ingenio de Pujiltic si se comprueba
que está descargando desechos peligrosos en aguas residuales
que llegan directamente a un drenaje de riego del municipio
de Venustiano Carranza.
La dependencia realizó una visita de inspección a la compañía
azucarera La Fe, mejor conocida como ingenio de Pujiltic,
el pasado 2 de febrero. En esta revisión se detectó, según consta
en el informe enviado a la Profepa
por su delegación en Chiapas, que la empresa genera residuos
peligrosos, como aceite lubricante gastado, estopas contaminadas,
baterías usadas, envases vacíos que contienen materiales peligrosos,
y rebaba de metales.
Asesinan a un líder campesino en Chiapas. (La Jornada, Ángeles Mariscal,
p.web)
Tuxtla Gutierrez, Chis., 9 de febrero. Manuel Hidalgo Espinoza,
uno de los máximos dirigentes de la organización campesina Casa
del Pueblo, fue asesinado esta mañana, luego de que durante
décadas mantuvo una lucha activa en favor de los comuneros de
su región, lo que le valió diversas amenazas de muerte.
Habitantes del municipio de Venustiano
Carranza denunciaron que el líder campesino era acosado por
caciques del lugar y paramilitares de la Alianza San Bartolomé,
por lo que temen que su muerte desate nuevos actos de violencia.
Según la Fiscalía General del estado, la madrugada del miércoles,
Hidalgo Espinoza fue encontrado muerto
con un impacto de bala de arma de fuego calibre 22, en el barrio
San Pedro de ese municipio.
La averiguación previa número 034/36/2005 indica que el occiso,
de 52 años, presentaba un impacto de arma de fuego en el pómulo
izquierdo, y en la escena del crimen se encontraron dos casquillos
percutidos y un cartucho útil del mismo calibre, y portaba una
vestidura de alferez (traje que usan las autoridades tradicionales tzotziles del lugar).
A finales de 2000, Manuel Hidalgo Espinoza
envió una carta de auxilio a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) para denunciar la persecución que en su contra
mantenía el cacique Jesús Orantes Ruiz, quien meses después
fue designado diputado local por el PRI.
"Yo, José Manuel Hernández Martínez, tengo 47 años, mis
padres son indígenas tzotziles, nativos
y miembros de la comunidad indígena Casa del Pueblo (...) estoy
siendo hostigado constantemente por los cuerpos policiacos
y por las guardias blancas al servicio de Orantes Ruiz",
denunciaba en la misiva enviada a la CNDH.
"Soy un luchador social. Desde hace 23 años empecé a participar
en la lucha de mi comunidad por la recuperación de nuestras
tierras que se encontraban acaparadas por los latifundios encabezados
por los Orantes y Castellanos. He sido
preso en dos ocasiones, y en el 84 fui adoptado por Amnistía
Internacional como preso de conciencia", narró en esa ocasión.
La Fiscalía General dijo que si bien investigará el asesinato
de Hidalgo Espinoza, el occiso tenía
una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio
en agravio de ocho personas, ocurrido en abril del 2001, en
el predio Multajiltic, por lo que
se encontraba prófugo de la justicia.
Por su parte, pobladores de Venustiano
Carranza advirtieron que se mantiene en "alerta" ante
el temor de nuevos actos de violencia, por lo que convocaron
a todos los comuneros a reunirse en la Casa del Pueblo.
Matan a líder campesino. (Cuarto Poder, Jonathan Lozada , p.web)
La madrugada de este miércoles fue ejecutado el ex líder
de la Casa del Pueblo de la Organización Campesina Emiliano
Zapata (OCEZ), Manuel Hidalgo Espinoza,
durante las celebraciones del Festival de la Candelaria del
Barrio de San Pedro del municipio de Venustiano Carranza.
Aunque hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato,
los miembros de la OCEZ y algunos familiares del hoy occiso
aseguran que se trata de un crimen político; sin embargo, existe
hermetismo por parte de los allegados y de las autoridades correspondientes.
El cuerpo de Hidalgo Espinoza
fue encontrado la mañana de ayer a unos metros del atrio de
la iglesia de San Pedro Norte de ese municipio y presentaba
un impacto de proyectil de arma de fuego en el pómulo izquierdo.
Según la versión oficial de la Fiscalía General del Estado
(antes Procuraduría General de Justicia del Estado), el hallazgo
fue efectuado por la Policía Municipal de ese lugar alrededor
de las 05:30 horas. Al respecto, dicha dependencia colocó desde
temprana hora en la página electrónica del Departamento de Comunicación
Social del Gobierno del Estado (www.cocoso.chiapas.com), un
boletín en el que hace hincapié en que Manuel Hidalgo Espinoza
se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en el momento de
su asesinato; asimismo señala que el ejecutado contaba con una
orden de aprehensión y que "se encontraba prófugo de la
justicia por el delito de homicidio en agravio de ocho personas
ocurrido en abril del 2001, en el predio Multajiltic".
Más adelante, dice textualmente: "No obstante, la
Fiscalía General del Estado continuará con las investigaciones
ministeriales para dar con el paradero del o los homicidas y
en su momento se informará de los resultados de esta indagatoria".
Ante lo anterior, muchos de los habitantes han decidido
guardar silencio y se muestran temerosos.
Hallan abandonada zona rural. (Cuarto Poder, Hermes Chávez, p. web)
Las zonas rurales de Tuxtla Gutiérrez
se encuentran en completo abandono pese a que representan las
dos terceras partes del territorio municipal, provocando entre
otros problemas, la migración de la gente de campo a la zona
urbana, advirtió el presidente de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Silvicultura, Raúl Bonifaz
Mohedano.
Observó el funcionario que esta problemática
se ve reflejada en los mercados de la ciudad, donde se puede
observar a gente de ejidos como Copoya
o Plan de Ayala comercializando sus productos: "La migración
se puede observar en los mercados, donde las señoras ya mayores
bajan pequeñas cantidades de lo que producen y vienen a venderlas
aquí, como el mango o la producción de sus dulces, pero a muy
baja escala".
Por lo tanto, informó que dentro
de las acciones a seguir, será la creación de un consejo municipal
para el desarrollo rural sustentable, en el cual, a través del
análisis y de las inversiones que pudieran hacerse en el campo,
se entrelazarán una serie de programas y proyectos productivos
para darles una certeza a los ejidatarios y traducir sus problemas
en oportunidades para ellos.
Desalojan a cuatro familias de la reserva. (Cuarto Poder, Rosy Pérez, p.web).
Elementos de diferentes corporaciones
policiacas desalojaron ayer miércoles
a cuatro familias y detuvieron a cuatro hombres que se encontraban
asentados de manera irregular en un predio denominado "Paraje
Sol Paraíso", dentro de la Reserva Montes Azules.
El operativo se efectuó por la
mañana del miércoles, donde participaron elementos de la Policía
Sectorial, personal de la Procuraduría Federal de Protección
al Medio Ambiente (Profepa), agentes del Ministerio Público del fuero común y
federal, personal de la Agencia Federal de Investigación, Policía
Federal Preventiva (PFP) y peritos de la Fiscalía General del
Estado.
Los participantes se concentraron
en Comitán, para luego vía aérea volar a la Reserva de Montes
Azules, y dirigirse al predio "Paraje Paraíso", donde
se encontraban desde hace varios años las cuatro familias indígenas.
Durante el desalojo de las familias,
fueron detenidos los indígenas: Lorenzo Sánchez Gómez de 14
años de edad; Victorio Núñez Jiménez, 37 años de edad; Armando
Sánchez Gómez, 17 años y Faustino Sánchez Hernández, de 40 años
de edad, quienes fueron trasladados a la Subprocuraduría
de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas.
Mientras tanto, las 17 mujeres
y menores desalojadas de sus humildes viviendas fueron llevadas
a la ciudad de Palenque al Centro de Respuestas a Emergencia
y Desastres (Cred).
A los detenidos se les decomisó
herramientas, las cuales eran utilizadas para talar los árboles
de la Reserva Federal de Montes Azules.
Fuga
Según declaraciones de las familias
que abandonaron el lugar, ayer miércoles, durante el operativo
de desalojo, al ver la presencia de los cuerpos policiacos,
dos de los habitantes se dieron a la fuga por temor a ser detenidos.
Mientras tanto, los cuatro hombres
detenidos serán consignados por los delitos de ecocidio
y los que resulten.
ESTADO DE MÉXICO
Retiran denuncias contra mazahuas. (El Universal, Emilio Fernández, p.web).
Ante la amenaza de los integrantes
del Frente Mazahua de cerrar las instalaciones
de la Comisión Nacional del Agua (CNA) si la dependencia no
retiraba las denuncias que había interpuesto en su contra, la
dependencia otorgó el "perdón" a los indígenas a quienes
había acusado de impedir la entrada y salida de trabajadores
del edificio principal y de obstruir el paso a la planta potabilizadora
de Los Berros en el municipio mexiquense de Villa de Allende.
El martes pasado personal de Servicios
Periciales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal
acudió a la sede de la CNA, ubicada en Insurgentes Sur, a tomar
fotografías del inmueble y de los 30 miembros del Frente Mazahua
que se encontraban en la explanada.
Fue entonces cuando los habitantes
del sur del estado de México se enteraron de que la CNA había
presentado una denuncia en su contra en la Agencia 22 del Ministerio
Público, que quedó asentada en la averiguación previa COY-ITI/205/05-02,
porque no dejaron entrar al edificio a los empleados de la dependencia
federal el lunes pasado.
El representante legal del Frente
para la Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo Mazahua,
Santiago Pérez Alvarado, exigió al director de Infraestructura
Hidráulica, Jesús Campos, que retirara la querella o "sellarían"
la entrada del inmueble.
Sin embargo, Jesús Campos informó
a Pérez Alvarado que la denuncia sería retirada de inmediato.
Santiago Pérez indicó que la CNA
también retiró otra denuncia de hechos iniciada el 7 de febrero
en Villa Victoria, porque los mazahuas
presuntamente obstruyeron el paso a las instalaciones de la
planta potabilizadora Los Berros del Sistema Cutzamala.
HIDALGO
Invaden Ejidatarios de El Paraíso un predio en
litigio, en Tulancingo. (El Sol de Tulancingo,
p.web).
Aún cuando está en litigio extenso
predio ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce,
con sede en Pachuca, ejidatarios de El Paraíso lo invadieron
y están plantando nopales.
Lázaro Ortega Luquero y Ricardo Barrera Luquero,
poseedores de una hectárea cada uno del terreno que se encuentra
en disputa, acudieron al Ministerio Público, adscrito a Tulancingo,
para denunciar los hechos delictuosos.
Señalaron como responsables a más
de 50 personas y explicaron que desde hace años son poseedores
de unas tierras que se encuentran en la ampliación automática
de San Nicolás, perteneciente al ejido de El Paraíso, lo cual
demostraron al presentar sus constancias de vigencias de derechos.
Los denunciantes agregaron que
actualmente sus parcelas están en litigio ante el referido Tribunal
Unitario Agrario, dependencia federal que está conociendo el
caso, y que como medida precautoria determinó que conservarán
la posesión de sus predios hasta que no se resuelva el litigio.
PUEBLA
De diálogo no viven los campesinos: Rojas. (Diario Cambio, Hipólito Contreras, p.web).
Francisco Rojas Pérez, secretario
general de la Central Campesina Independiente, afirmó que los
campesinos de Puebla y el país no sólo necesitan que los escuchen
y haya diálogo, sino respuesta, solución a sus demandas, acciones
concretas, el sólo diálogo no resuelve nada, por el contrario,
fomenta las condiciones para una rebelión en el sector.
Comentó que con el diálogo muchas
veces el gobierno sólo trata de despistar a las organizaciones
campesinas. "Con diálogo no comen los campesinos, comen
con resultados positivos".
Precisó que los campesinos no sólo
necesitan que se instalen mesas de negociación, sino que el
diálogo y la negociación reflejen resultados positivos para
los campesinos en inversiones, en proyectos productivos, agrícolas,
forestales y todo lo que implica el desarrollo rural.
Advirtió que continúa la misma
estrategia del gobierno federal hacia el campo se corre el riesgo
de que se desate un conflicto social en el país, esto, dijo,
no se puede descartar porque el gobierno federal se ve muy represivo
contra de los campesinos.
Denunció que en el momento en que
se manifestaron los campesinos del país el pasado sábado cinco
se dio el intento de coartar la libertad de expresión, por otro
lado, comentó que al no resolverse los problemas del campo mexicano
y presionando a los campesinos psicológicamente no resolviendo
sus demandas también es una forma de represión que poco a poco
los va frustrando, esto puede llevar a un movimiento social.
El dirigente de la CCI indicó que
la participación de la organización en la marcha nacional el
pasado sábado tuvo como fin exigir al gobierno federal cumplimiento
al Acuerdo Nacional para el Campo, mismo que tiene más de 200
numerales, "la CCI se une a este movimiento junto con las
demás organizaciones campesinas con el único fin de exigirle
al gobierno federal destine más recursos para proyectos productivos
en el campo, padrón alterno al Procampo,
impulso al programa de la vivienda rural y se ejerza en su totalidad
el presupuesto del 2004".
Esperamos, dijo, que esto tenga
resultados positivos, de lo contrario se puede generar un conflicto
social, hay muchas comunidades muy pobres, no tienen empleo,
no se han creado proyectos productivos, hacen falta más escuelas,
mejores medios de comunicación, hace falta que se incorporen
más superficie al Procampo alterno,
que el gobierno federal sea sensible con los trabajadores del
país, este es un gobierno elitista, que actúa con una mentalidad
superdotada, quiere que los campesinos piensen como empresarios
monumentales.
Precisó que los campesinos requieren
de apoyos del sector social, de acuerdo al nivel que se vive
en el medio rural, en este sentido, señaló, no se han dado las
políticas precisas que fortalezcan el campo.
Informó que el diputado federal
Rafael Galindo Jaime, dirigente de la CCI a nivel nacional,
estuvo en las negociaciones, por lo que de acuerdo a la información
que se tiene se iniciaron las mesas de trabajo, "esperaremos
indicaciones e informes del CEN con el fin de conocer los avances".
Asesoría de la CNC para erradicar cartera vencida. (Diario Cambio, Hipólito
Contreras, p.web).
La Confederación Nacional Campesina
en el estado está brindando todo el apoyo a los campesinos que
enfrentan el problema de cartera vencida, les brinda asesoría
para que aprovechen los beneficio del programa que se tiene
en marcha luego de que se firmó el convenio con la Secretaría
de Hacienda, en el que se eliminan intereses moratorios y normales
y se hace un descuento de hasta el 50 por ciento del capital
inicial.
Gonzalo Lobato Escamilla, secretario
general de la CNC, informó que a la fecha la organización ha
recibido nueve mil 145 solicitudes de campesinos que desean
recibir los beneficios del programa de cartera vencida, de estos
851 han aceptado entrar al esquema de pago, en 544 ya hubo respuestas
concretas, 355 ya han pagado a los bancos, entre ellos el desaparecido
Banco de Crédito Rural y se han extendido 223 certificados de
no adeudo.
Informó que el problema de cartera
vencida se inició desde el año de 1995 cuando por lo problemas
económicos del país la tasas de interés se dispararon en más
de un 100 por ciento, lo que ocasionó que muchos no pudieran
pagar.
Lobato Escamilla informó que con
el fin de que más campesinos se sumen a este programa y se termine
con el problema de cartera vencida, la CNC realiza foros regionales
y estatales, "se trata que todos los que lo deseen se incorporen
al programa para pagar su adeudo y recibir sus certificado de
no adeudo y puedan tener acceso a nuevos créditos".
Recordó que el problema de cartera
vencida era atendido por el Fideliq,
luego del convenio que se firmó con la Secretaría de Hacienda,
posteriormente el programa se transformó en el Servicio de Administración.
Explicó que los campesinos que
aceptan los beneficios del programa y pagan reciben los documentos
que entregaron como garantías de los créditos recibidos, como
son escrituras, facturas, etcétera, con lo que quedan libres
de todo compromiso.
Explicó que quienes deseen resolver
este problema sólo tienen que hacer sus propuesta de pago al
Servicio de Administración, el que en unos días le da respuesta,
si procede, el pago se puede hacer, al final los campesinos
reciben su certificado de no adeudo.
Por otra parte, Lobato Escamilla
informó que será el Consejo Político y Desarrollo Rural de la
CNC, integrado por la estructura de la organización, el que
determine el nombramiento del nuevo presidente estatal de la
CNC en el estado y que sustituirá a Alberto Jiménez Merino,
quien fue nombrado Secretario de Desarrollo Rural.
Informó que mientras no se dé el
nombramiento en la Liga Agraria se trabaja en forma normal en
los diferentes programas al servicio de los campesinos poblanos
VERACRUZ
En peligro una extensa región de tierras de humedales
en Veracruz. (Diario de Xalapa, Raymundo
Leo, p. web).
TECOLAPILLA, Municipio de Lerdo de Tejada, Ver. (OEM).- Una
extensa región de tierras de humedales está en peligro de desaparecer
si las autoridades no intervienen para evitar que ganaderos
de la región las conviertan en tierras de pastoreo.
Durante más de siete años, pescadores de esta comunidad han
solicitado a la Comisión Nacional del Agua se les concesionen
esas tierras que se inundan en época de lluvias y que permanecen
húmedas durante todo el año, pero la respuesta de la CNA ha
sido en el sentido de que ahí no hay agua.
La zona está situada en la región conocida como Sistema Lagunar
de Alvarado. Los registros oficiales establecen que inicialmente
había dos mil 500 hectáreas pero que por la acción de los ganaderos
se han perdido ya 700 y que el daño ecológico continúa debido
a los fuertes intereses que tienen los ganaderos.
Andrés Sosa Ochoa, presidente de Administración de la Sociedad
Cooperativa de Pesca La Popotera,
refirió que desde hace siete años han pedido a la CNA la concesión
de mil 868 hectáreas para explotarlas a su favor mediante un
programa de manejo sustentable que tiene el apoyo de investigadores
de diferentes dependencias gubernamentales y asociaciones civiles.
"La solicitud de concesión la hicimos por vez primera
en 1997 y le dimos seguimiento. El visto bueno y consiguiente
aprobación a nuestra solicitud se publicó en el Diario Oficial
de la Federación y en la Gaceta Oficial del Estado pero es la
fecha en que no se nos dice algo al respecto".
Reveló que a partir de esas publicaciones realizaron un anteproyecto
de conservación y explotación de la zona y que lo llevaron ante
el gerente general de la CNA, Guillermo Hernández Viveros, pero
que han pasado siete años y nada han visto en concreto.
Apuntó que tiene la firme sospecha que las cosas no han avanzado
porque el grupo de ganaderos de la región argumentan que parte
de las mil 868 hectáreas les pertenecen, pero que eso no es
verdad porque son terrenos federales.
Cartones
De que preocuparse · El Fisgón
Decepción · Magú
El mundo sin mí · Rocha
Contraespionaje Naranjo
Sospechosa carambola Helioflores
