CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2005

 

OCHO COLUMNAS

 

 

Censura Azuela desacato

Critica Ministro a la PGR. Reprocha ante Fox la actitud de la PGR en el caso de desafuero contra López Obrador.

 

 

La Corte censura “perdón” a AMLO

Azuela: se abre puerta a impunidad en desacatos

 

México debe mantener su rumbo económico

No importa quién sea el Presidente, sino sus políticas públicas: Snow

 

Estabilidad, atada a instituciones: snow

Gane quien gane en 2006, la continuidad de políticas es clave

 

Censura Azuela la salida política de Fox al desafuero

El caso López Obrador sigue abierto: Cabeza de Vaca

 

Rosario no puede ser candidata: Encinas

“Tengo derecho”, responde la ex jefa del GDF

 

Por enterrar desafuero de López peligra la ley: Corte

Riesgo de que se multipliquen violaciones a los amparos, advierte Azuela ante Fox; el caso no está cerrado: Presidencia y la PGR.

 

Aclara IFE límites de la tregua

Respuesta a las informaciones sobre presuntas infracciones

 

Se opone Azuela a cerrar el caso “El Encino”

Riesgo de que se multipliquen violaciones de manera impune, dice el presidente de la Corte

 

Pierde minera de SLP permisos para operar

Un tribunal ordena al gobierno federal negar a la empresa el permiso para trabajar en SLP

 

Sector agrario

 

Concluye con éxito Programa de Certificación Ejidal. (Diario de México, p.web).

Xalapa, Ver.- El gobernador Fidel Herrera Beltrán y el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, entregaron en esta población los últimos mil 100 certificados de Derechos Parcelarios del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) en Veracruz.

El acto, que se realizó en el auditorio municipal, sirvió para que ambos funcionarios firmaran el convenio en el que se da por formalmente cerrado el programa.

Desde su inicio, en 1993, el Procede ha expedido 767 mil 375 documentos, que brindan seguridad jurídica a 407 mil 101 familias -algunas tienen más de una parcela— sobre las tierras en que trabajan y viven.

Ahora, cuando se ha alcanzado el 92 por ciento de cobertura de los 3 mil 621 ejidos del estado, con una superficie regularizada de 2 millones 604 mil hectáreas, el programa llega a su fin.

El cierre administrativo del Procede deja a salvo los derechos de los ejidatarios que en el futuro quieran certificar sus tierras, aunque el trámite ya no será gratuito.

Un ejidatario que decidió entrar al Procede, en los 12 años que estuvo abierto, recibió un Certificado de Derechos Parcelarios, que sustituyó a su antiguo Certificado de Derecho Agrario. A pesar del nombre similar, se trata de documentos con diferencias técnicas y jurídicas de fondo.

La principal diferencia es la certeza jurídica de los límites de tierras, medidas con herramientas satelitales por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Así, se acaban los conflictos limítrofes.

Otra diferencia es la posibilidad, mediante un sencillo trámite, de cambiar su régimen social de ejido al de propiedad privada, con lo que se convierten en dueños, con dominio pleno de su tierra, con escritura de propiedad y regidos por la legislación civil -en vez de la agraria—.

Por la complejidad y extensión de Veracruz, es uno de los últimos estados, el 24, en que se cierra el Procede. El procurador agrario, Isaías Rivera Rodríguez, informó que los últimos serán Oaxaca y Chiapas, por el grado de complejidad.

 

En un año acabarían los conflictos agrarios. (Diario del Istmo, Javier Leartes, p.web).

 

 

Xalapa, Ver

El gobernador Fidel Herrera Beltrán reiteró su compromiso para solucionar de manera directa, a los conflictos agrarios que persisten en la entidad, antes del primero de diciembre del próximo año

“Para aprovechar los términos y el marco de este convenio y buscar antes del primero de diciembre del 2006 haber logrado solucionar los problemas del campo veracruzano, ese es un compromiso que hoy suscribo con usted con el gobierno de fox y con los dirigentes agrarios”, lanzó.

Durante el mensaje que pronunció en el marco de la firma del Convenio de Cooperación para la Solución de la Problemática Agraria en el Estado, en el patio central de palacio de gobierno, el mandatario estatal destacó que esta es una de las asignaturas más importantes de su administración.

En ese tenor, aseguró que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), hay 15 millones de pesos que depositó el gobierno federal para la compra de los terrenos de Chichicoaxtla y en La Piedad, Misantla.

Es por lo anterior, que el Jefe del Ejecutivo reconoció que con estas acciones se podrá dar fin a este añejo conflicto agrario.

“Queremos encontrar pronto soluciones que a veces se antojan inmediatas y para las cuales hay voluntad política y recursos que requieren de un proceso de confianza en las instituciones”, aseguró.

CONTROL

Explicó que el Convenio de Cooperación para la Solución de la Problemática Agraria en el Estado, lo signaron la administración estatal que encabeza y el Secretario de la Reforma Agraria Federal, Florencio Salazar Adame.

Es por ello que adelantó que aprovecharán el programa de disciplina control, austeridad del gasto y el recurso de la sobre restauración que los buenos contribuyentes veracruzanos le han dado a nuestra administración.

Además aseguró que en la entidad veracruzana no existen “focos rojos”, pues los conflictos agrarios que aún se contaban en la entidad con la firma del acuerdo encontrarán pronta solución.

“No hay focos rojos pero hay una agenda agraria que queremos abordar y para la cual queremos tener el respaldo del gobierno federal”, aseveró.

Finalmente se comprometió a trabajar cada minuto del tiempo que le resta a la administración que encabeza el presidente Vicente Fox Quesada, para dar fin a los problemas agrarios que representan “focos amarillos” en la entidad.

¿Y LOS 58 PROBLEMAS?

El dirigente estatal de la Central Campesina Cardenista (CCC), Moisés Reyes Fausto, denunció que la firma del convenio de coordinación entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), para solucionar la problemática agraria, es un acto “para la foto”.

En entrevista previa a la firma de dicho acuerdo en el patio central de palacio de gobierno el líder campesino, denunció que las autoridades dejaron fuera por lo menos 58 conflictos agrarios.

“Nosotros no entendemos de dónde el Gobierno del Estado y el secretario de la Reforma Agraria van a firmar un convenio para resolver conflictos agrarios si no ha sido discutido el tema con organizaciones campesinas que representamos”, acusó.

Es así que aseveró que al Gobierno estatal sólo le gusta firmar compromisos “nada más de lucimiento, compromisos donde se vienen a tomar la foto, pero de fondo no resuelven nada, los supuestos conflictos agrarios que el año pasado resolvieron, lo cierto es que siguen ahí”.

Y es que en el caso concreto de la Central Campesina Cardenista, precisó, tienen aún pendientes de resolver 58 casos, de los cuales 10 son considerados como de alta conflictividad, mismos que están plenamente identificados.

“Y a nosotros en ningún momento se nos ha invitado a alguna reunión para discutir y analizar y mucho menos para contemplar que paquete de asuntos son los que se van a firmar el día de hoy, y por eso nosotros estamos inconformes con la actitud tanto del Gobierno del Estado como de la Secretaría (de la Reforma Agraria)”, lanzó.

Finalmente, reveló que las 30 organizaciones campesinas organizadas dentro del Congreso Agrario Permanente y del Movimiento Nacional de Organizaciones Campesinas, tienen aún conflictos agrarios pendientes.

“Esto es un acto meramente de lucimiento, es un convenio light que van a firmar y donde van a resolver asuntos en donde los beneficiarios serán algunos dirigentes y ex funcionarios que están metidos en estos asuntos”, concluyó

 

Lamenta SRA que diputados pospongan discusión Ley de Reforma Agraria. (Excélsior, Notimex, p.web. /Información también publicada en El Sol de México, p.8, La Prensa, p.34, Rumbo de México, p.8A)

 

 

 

 

México, 15 de diciembre.- El secretario de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame lamentó la decisión de la Cámara de Diputados de posponer para el próximo periodo de sesiones la discusión de la Ley de la Reforma Agraria.

En entrevista, previo al Encuentro Nacional de Jóvenes Emprendedores, indicó que la propuesta que hicieron sobre la ley, y que se encuentra en la Comisión de la Reforma de dicho órgano legislativo, surgió del consenso de organismos sociales, funcionarios y políticos.

Precisó que llevó dos años elaborarla entre la Secretaría de la Reforma Agraria y otros seis meses en la comisión, y recordó que es uno de los mandatos que se tenían dentro del Acuerdo Nacional para el Campo.

Salazar Adame indicó que el gobierno federal al presentar esta propuesta de ley "ya cumplió" y que no está en sus manos el aprobarla.

Sin embargo, confió en que los diputados asuman una decisión responsable y tomen en cuenta que es producto de un trabajo conjunto, es decir, que esta iniciativa "no es hija de nadie".

Consideró que de desecharse esta ley se estaría dejando de lado la oportunidad de modernizar la estructura jurídica del campo, así como la protección de los derechos de la producción social.

Además, señaló, plantea agilizar las disposiciones de carácter normativo y por tanto no hay argumentos para decir que la Ley no es procedente.

El secretario de la Reforma Agraria reiteró que confía en que  en el que próximo periodo de sesiones; que inicia en febrero, llegue la propuesta al pleno de la Cámara baja.

Recordó que el pasado martes se aprobó en lo general la iniciativa, pero se reservaron cinco artículos (del 38 al 41) debido a que algunos diputados manifestaron que había riesgo de la venta de ejidos.

Finalmente comentó que quienes han criticado la ley no se han preocupado por leer el contenido del dictamen que elaboró la comisión de la Reforma Agraria y que son pretextos, mientras se resuelven intereses de partidos.

 

Lamentan que las discusiones de la ley agraria se atrasaran. (El Universal, Cinthya Sánchez, p.web).

El titular de la SRA dice que el gobierno cumplió al presentarla.

De desecharse la Ley de la Reforma Agraria, México se perderá la oportunidad de modernizar la estructura jurídica del campo y la protección de los derechos de la producción social, así lo aseguró el secretario de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame.

Dijo que lamenta la decisión de la Cámara de Diputados de posponer para el próximo periodo de sesiones la discusión de la Ley de la Reforma Agraria.

Después de entregar ocho financiamientos de la tercera etapa del Programa Fondo de Tierras, por un total de 188 millones de pesos en apoyo para la compra y venta de tierras, proyectos productivos y asistencia técnica del programa Joven Emprendedor Rural, dijo que la propuesta que hicieron sobre la ley, y que se encuentra en la Comisión de la Reforma de dicho órgano legislativo, surgió del consenso de organismos sociales, funcionarios y políticos.

Indicó que el gobierno federal al presentar esta propuesta de ley "ya cumplió" y que no está en sus manos el aprobarla, dijo confiar en que los diputados asuman una decisión responsable y tomen en cuenta que es producto de un trabajo conjunto, es decir, que esta iniciativa "no es hija de nadie".

Señaló que no hay argumentos para decir que la ley no es procedente. Recordó que el pasado martes se aprobó en lo general la iniciativa, pero se reservaron cinco artículos (del 38 al 41) debido a que algunos diputados manifestaron que había riesgo de la venta de ejidos.

Dijo que quienes han criticado la ley no se han preocupado por leer el contenido del dictamen que elaboró la comisión de la Reforma Agraria y que son pretextos, mientras se resuelven intereses de partidos.

Por otra parte, se comprometió a que se agilice la entrega de los recursos destinados para las diferentes etapas del Programa Fondo de Tierras y Joven Emprendedor Rural, "ya que se trata de un programa con valores agregados: se eleva la autoestima del campesino, se practica la solidaridad, se financian proyectos con capacidad de comercialización, y se capacita en proyectos que en la práctica tendrán un mercado para su expansión".

A la entrega de estos recursos se suman otros 26 millones más que fueron aportados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Asistieron más de 350 jóvenes campesinos provenientes de los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas, en los que se está aplicando el Programa Fondo de Tierras y Joven Emprendedor Rural.

 

Acusan a la SRA de promover la desaparición de ejidos y comunidades. (La Jornada, Matilde Pérez U., p.web).

Solecito Heladio Ramírez demanda a diputados no aprobar fast-track la ley agraria.

Solecito La reforma abriría las puertas a la inversión extranjera sin límite, advierten cenecistas.

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) quiere desaparecer la propiedad social por medio de la nueva Ley Federal Agraria (LFA), ya que la reforma atenta contra ejidos y comunidades, advirtió el diputado cenecista Julián Nazar.

Con la propuesta, puntualizó, se abren las puertas a la inversión extranjera sin límite, y los comuneros y ejidatarios corren el riesgo de quedarse sin sus parcelas por falta de créditos y de apoyos a la producción agropecuaria.

Consideró que la ley requiere de una revisión más minuciosa, particularmente los artículos 48, 49, 50 y 155, que permiten la enajenación del patrimonio campesino. Sostuvo que la postura de los diputados cenecistas es impedir que se ponga en riesgo al ejido y a la comunidad. "La batalla para conservarlos se dará en 2006", apuntó.

Antes de salir a Hong Kong para acudir a la sexta cumbre de la Organización Mundial de Comercio, el presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez López, pidió a los legisladores del sector detener la aprobación de la reforma en el pleno de la Cámara de Diputados. "La ley no puede aprobarse fast-track. Se requiere tiempo para que se discuta con mayor profundidad en las 32 ligas agrarias", añadió. Indicó que no se consideraron todas las propuestas que se presentaron a la Comisión de Reforma Agraria, aunque el dictamen de dicha ley fue aprobado por los diputados Hilaria Domínguez -quien ayer se negó a realizar algún comentario- y Lamberto Díaz.

Ramírez López informó a los diputados cenecistas que el tema será analizado ampliamente el próximo 6 de enero y reiteró que la exigencia de la organización campesina es que el artículo 27 constitucional regrese a la redacción que tenía antes de la reforma salinista de 1992.

Por su parte, el secretario de Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, aseguró que los cambios propuestos a la ley agraria no se enfocan a la privatización de ejidos y comunidades. "Quienes han criticado la ley no han leído el dictamen. Se toman pretextos porque hay conflictos o intereses de grupos y de partidos", sostuvo, y dijo confiar en que el próximo año las diferencias serán superadas.

"Esperamos que en el periodo ordinario de sesiones del próximo año se retome el asunto, pues la ley ya fue aprobada en lo general. Los comentarios en contra de la propuesta a la LFA realizados por algunos dirigentes de organizaciones campesinas son pretextos, porque la legislación vigente establece que mediante la aprobación de una asamblea las tierras pueden pasar al dominio pleno e inscribirlas como propiedad privada; no hay intención de facilitación para que se privatice la tierra", añadió.

Los diputados del PRD y algunos del PRI que han cuestionado esta reforma participaron en el proceso de casi dos años de análisis y consenso de lo que se presentó como iniciativa a la Cámara de Diputados, aseguró.

Consideró que lo ocurrido el pasado miércoles en la Cámara de Diputados -no discutir la LFA en el pleno, aunque inicialmente estaba en el programa del último día de sesiones-, fue por intereses de carácter político de algunos partidos. "Esa situación impide a los campesinos que cuenten con una infraestructura jurídica más moderna, que protege los derechos de propiedad social."

Respecto a los señalamientos de que las presiones de los secretarios de Economía y de Medio Ambiente (Sergio García de Alba y José Luis Luege, respectivamente) lograron frenar la reforma, dijo que buscará a sus "colegas de gabinete para saber si realmente tuvieron injerencia en el tema, "porque en la elaboración y discusión del proyecto de ley, en los dos años de discusión, ha habido una amplia participación interinstitucional". Sería lamentable que se frenara la LFA, porque ha sido sujeta a un amplio consenso entre diferentes sectores de la sociedad, el proceso de elaboración ha sido cuidadoso y obedece al mandato del Acuerdo Nacional para el Campo, concluyó.

 

Campesinos se manifestaron contra la SRA. (El Golfo Info,  Rodolfo Ortiz, p.web)

Integrantes de la Unión Campesina Democrática (UCD), se plantaron en la Plaza Lerdo para manifestar su apoyo a los estados donde la Secretaría de la Reforma Agraria está actuando de mala fe en cuanto a la entrega de programas de papa y PROMOSAG, que forman parte de un acuerdo nacional para el campo, del cual solicitan estricto cumplimiento.

Jacobo Castillo Pacheco, coordinador estatal de la UCD, explicó que su movilización también fue para exigir apoyos para vivienda y pedirle al gobierno estatal que cumpla con los acuerdos convenidos en este año relacionados con la entrega de algunos proyectos productivos a las organizaciones campesinas y que el 31 de octubre se retractó.

Esto habría de ser a través de la SEDARPA, que está a cargo de Juan García Sánchez, por lo que los integrantes de la UCD contrataron personal para que hiciera los proyectos, a quienes les pagaron con sus propios recursos y al entregarlos al gobierno del estado les dijeron que no se los podían aceptar, mucho menos entregarles los recursos que habían ya invertido, que fueron entre 4 y 5 mil pesos por proyecto.

Por lo que hicieron un llamado al gobernador Fidel Herrera, para que se tomen acuerdos realmente serios y no sólo de palabra, ya que esos no se están cumpliendo.

Los campesinos dijeron que mantendrán su plantón los días que sea necesario, ya que no piensan regresar a sus lugares de origen sin un compromiso de solución a sus peticiones.

Finalmente aseguraron que hay confianza en que sus requerimientos sean atendidos de manera satisfactoria.

 

Inexistente, el compromiso del Estado con los derechos humanos de los indios: AMDH. (La Jornada, Ángeles Cruz, p.web).

Solecito No se ha elaborado siquiera un plan para atender recomendaciones de la ONU.

Solecito Sólo cuatro entidades han modificado su Constitución para legislar sobre etnias.

El compromiso del Estado mexicano con el respeto a los derechos de los pueblos indígenas es inexistente y las autoridades ni siquiera cuentan con una estrategia para atender las recomendaciones que planteó hace dos años Rodolfo Stavenhagen, relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Libertades de los Pueblos Indígenas, afirmó la Academia Mexicana de los Derechos Humanos (AMDH).

La organización dio a conocer ayer el informe ejecutivo Avances, obstáculos y tareas pendientes del gobierno mexicano hacia el respeto, reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas, en el cual asegura que prevalece la falta de comunicación y coordinación entre las dependencias gubernamentales, así como entre los poderes de la Unión.

Esa situación se refleja en la falta de leyes reglamentarias o complementarias de los artículos constitucionales relativos a los pueblos indígenas y en el hecho de que diversas iniciativas de reforma legal están congeladas en el Congreso de la Unión. Esta es la evidencia de la falta de voluntad política de los legisladores para reabrir el debate sobre este tema, indica el reporte.

Además, a pesar de que los artículos 73 y 124 de la Constitución plantean la posibilidad de que los estados puedan legislar sobre asuntos indígenas, sólo 19 tienen alguna normatividad en esta materia, pero sólo cuatro han modificado sus constituciones locales.

El informe cuenta con el apoyo económico de la UE

El informe elaborado con el apoyo económico de la Unión Europea aborda seis aspectos relacionados con las 42 recomendaciones del relator de Naciones Unidas, algunas de las cuales tienen que ver con los conflictos agrarios, las comisiones estatales de Derechos Humanos, la educación intercultural y bilingüe, entre otros.

Respecto al marco legal relacionado con la infancia, el reporte señala que las autoridades de los distintos niveles desconocen el contenido y la forma de aplicar los tratados internacionales, además de que las leyes internas tampoco se aplican por carecer de mecanismos para hacerlas exigibles.

A esto se suma "la falta de políticas públicas que sólo permite ver una tenue línea que se pierde entre la indiferencia y la ignorancia de la autoridad que no lleva a ningún sitio".

Sobre los conflictos agrarios refiere que el relator de Naciones Unidas recomendó la creación de grupos de trabajo interdisciplinarios en los que estuvieran representados los pueblos, la sociedad civil y el gobierno, a fin de que cada caso se resolviese mediante la conciliación, medidas compensatorias y con respeto a las formas de resolución de los problemas de los pueblos.

Sin embargo, la investigación de la AMDH detectó que la intervención de la Secretaría de la Reforma Agraria se ha limitado a "simular acuerdos entre las comunidades" con los que se concreta la venta de las tierras. El informe afirma que "se simulan asambleas" como fue el caso de San Sebastián Nopalera y San Pedro Yosotatu, Oaxaca.

Además, esos convenios económicos omiten los aspectos sociales, las muertes ocasionadas por los enfrentamientos entre los indígenas, que alteran la vida cotidiana, la economía familiar o comunal, entre otros.

Otro aspecto reseñado en la investigación tiene que ver con las comisiones estatales de derechos humanos. La AMDH elaboró un cuestionario -que sólo contestaron 18 ombudsman-, del que se deduce que 82 por ciento no cuentan con traductores o intérpretes y apenas 18 por ciento tiene un gestor, indispensable para comunicarse con los indígenas y acompañarlos en el trámite de su queja.

De la visita realizada por Stavenhagen en 2003 se desprendió la recomendación a las autoridades para que se fortaleciera el sistema de educación bilingüe intercultural. En respuesta, el gobierno creó una coordinación general que ahora padece severos problemas financieros.

Desde 2002 se ha reducido en más de la mitad su presupuesto. En ese año ejerció 83 millones 592 mil pesos, mientras en 2005 dispuso de 36 millones de pesos, lo que obstaculizó el cumplimiento de diversas metas encaminadas a interculturalizar la educación media superior y superior, producir material de audio y video, y la edición de algunos libros.

Al presentar los resultados de la investigación, Gloria Ramírez, presidenta de la AMDH, señaló que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública tuvo un papel relevante, pues por su conducto se obtuvieron datos muy importantes, por lo que es una herramienta fundamental para el trabajo que realizan las organizaciones civiles, indicó.

 

Convierten oficinas de la SRA en establo. (Tiempo (Chihuahua), p.web).

Con la amenaza de recrudecer la manifestación, integrantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) y del Frente Democrático Campesino (FDC), convirtieron en establo las afueras de la oficina de la Secretaria de la Reforma Agraria en Chihuahua.

Según dio a conocer Fernando Flores quien es el líder de la UCD, las autoridades federales rompieron acuerdos con los productores agrícolas, “suprimiendo” apoyos que se tenían destinados para Chihuahua.

Sin embargo denunció que después de que se establecieron afuera de las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria no existe una respuesta por parte de las autoridades federales.

 

Trabaja SRA para impulsar el desarrollo e integrar a los jóvenes, (Notimex, p.web).

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) aseguró que el campo es una plataforma indispensable para que éste se desarrolle, y para ello es necesaria la paz social en las comunidades y la certificación de las tierras, aseguró Florencio Salazar Adame.

El titular de la SRA detalló que el Programa Fondo de Tierras e Instalación del Joven Emprendedor Rural prevé unir dos puntos generacionales: a los jóvenes y a los adultos mayores.

En el marco del Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Emprendedores Rurales, Salazar Adame indicó que se tienen que cambiar las ideas de que con las nuevas disposiciones legales y programas se pierden las tradiciones, la soberanía.

Hay que comprender, precisó, que hay 25 millones de mexicanos en el campo y que la mayoría de ellos están "avecindados", sin derechos agrarios y que no tienen expectativa ni futuro.

Explicó que "estamos financiando proyectos cuyos productos tengan mercado", pues de otra forma "perdemos dinero y los compañeros pierden su tiempo y se frustra su trabajo".

Anunció que el Banco Mundial acaba de autorizar un crédito de 100 millones de dólares al gobierno de México para invertirlos en el campo, de ellos el próximo año se ejercerán 25 millones de dólares los cuales, aunados al presupuesto que le destine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les permitirá cumplir sus compromisos.

Ante más de 400 emprendedores rurales, Salazar Adame expuso que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Banco Mundial están atentos a los resultados de este proyecto.

Por su parte, el representante del Banco Mundial, José María Caballero, aseguró que dependiendo de los resultados que tenga este proyecto en México, este modelo se podría extender a otros países.

En el encuentro se entregaron ocho financiamientos por un monto de 188 millones a jóvenes de Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa.

Al acto asistieron los representantes de la FAO, Maricarmen Culebro; de la Oficina de Políticas Pública de la Presidencia de la República, Jacobo Pérez; de Financiera Rural, José Antonio Mith y de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Antonio Ruiz.

En un mensaje grabado, el presidente Vicente Fox indicó que su gobierno trabaja "de la mano" con los jóvenes para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, resolviendo los conflictos agrarios y ofreciendo alternativas para arraigarlos en las comunidades.

"Ustedes representan la nueva fuerza del campo mexicano, la innovación, y la rennovación, la capacidad y el compromiso", indicó y añadió que los jóvenes rurales son la muestra del éxito de crear proyectos productivos sustentables que mejoren la calidad de vida.

 

Bloquean opositores a La Parota la entrada a Dos Arroyos y a la comisaría edijal, (El Sur /Guerrero), p.web).

 Ejidatarios opositores a la presa La Parota vigilan desde la tarde de ayer la comisaría ejidal de Dos Arroyos, con la intención de impedir que este viernes se lleve a cabo la asamblea convocada para aprobar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haga los trámites para la expropiación de las tierras.

“Agarramos la comisaría, y otros en el plantón. Vamos a estar aquí, a no dejar que entre la policía”, explicó una mujer opositora.

Por la mañana, los opositores reforzaron el plantón en la entrada del poblado, y con piedras y troncos pusieron un retén en el que cerraron totalmente el tránsito de vehículos.

A las 11 de la mañana llegó hasta el retén un camión del Ejército con soldados, a los que se les impidió el paso. “Vinieron los federales, venían con uniforme verde, y los regresamos las mujeres”, dijo la plantonista.

Informó que el militar que iba al mando del grupo dijo que estaban ahí para hacer un recorrido. Las mujeres se juntaron, se pusieron en la primera fila del retén, y dijeron a los militares que no hay paso para nadie. Los militares se retiraron, dijo la opositora, y opinó que probablemente los soldados fueron para vigilar, o para tratar de atemorizar a los ejidatarios que permanecen en plantón.

Las plantonistas informaron que este jueves, en el pueblo se vio que los que están a favor de la presa salieron a cobrar el dinero que la CFE les paga por votar a favor de la presa, algunos decían que fueron a Tierra Colorada.

También indicaron que el miércoles, mientras muchos de los opositores estaban en el Tribunal Unitario Agrario, en el centro de Acapulco, donde se realizó una audiencia como parte de la demanda de anular la asamblea de Bienes Comunales de Cacahuatepec que aprobó la expropiación de las tierras, un helicóptero anduvo dando vueltas sobre Dos Arroyos, y se piensa que en él viajaban los que estaban promoviendo la asamblea para dar la anuencia a la expropiación de las tierras ejidales.

Ayer, en la tarde y noche fue aumentando el número de ejidatarios y ejidatarias concentrados en la comisaría ejidal y en el plantón, y comenzaron a llegar sus compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) de otras comunidades y ejidos. El acuerdo es impedir la entrada de la policía a Dos Arroyos y la asamblea ejidal.

Según la CFE, de 19 núcleos agrarios que serían afectados por la presa La Parota, 16 ya aprobaron la expropiación de las tierras, y sólo faltan tres: los ejidos de Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma.

En Dos Arroyos, el comisario, Juan Zapata Jiménez, envió al gobernador Zeferino Torreblanca un escrito el 21 de noviembre en el que dice que “esta comisaría no ha emitido ninguna convocatoria para la anuencia a la aprobación al proyecto La Parota, porque las condiciones no están dadas. Existe mucho riesgo y peligro de enfrentamiento. Las cosas se han agravado, ninguno, nadie se ha acercado a dialogar con la otra parte. Señor gobernador, con todo respeto, si le han informado que hay avance, lo están engañando”.

Después, sin la intervención del comisario, el 27 de noviembre unos 400 policías estatales y municipales de Acapulco tomaron por la fuerza Dos Arroyos, y con toletazos, pedradas y gases lacrimógenos sometieron a los opositores que trataban de impedirles el paso. Así, los policías resguardaron la calle frente a la comisaría ejidal, y ahí unas 50 personas se reunieron, alrededor del líder de la CNC, Evencio Romero, que encabezó una asamblea en la que supuestamente se aprobó que la CFE entrara a las tierras.

Los últimos días se conoció la convocatoria a la asamblea de Dos Arroyos, que firma el jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Chilpancingo, Alejandro Bello Gómez, para la asamblea general de ejidatarios el 16 de diciembre, a las 10 de la mañana.

En la convocatoria se expone que 20 ejidatarios pidieron esa asamblea. Los opositores consideran que no es legal que de un total de cerca de 600 ejidatarios sólo 20 pidan la asamblea para aprobar la expropiación, y afirman que a falta del comisariado ejidal, debe pedirla por lo menos 20 por ciento de los ejidatarios, es decir unos 120.

En la misma convocatoria se aclara que la asamblea será válida con la asistencia del 50 por ciento más uno de los ejidatarios, es decir, que se necesitan unos 300.

En cuanto a los puntos a tratar, la convocatoria dice: “Someter a consideración de la asamblea la solicitutd de anuencia de la Comisión Federal de Electricidad para solicitar ante la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de los terrenos destinados al proyecto hidroeléctrico La Parota y su embalse”.

Y “Someter a consideración de la asamblea la solicitud de autorización de la Comisión Federal de Electricidad para que realice el trámite de cambio de uso de suelo, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de terrenos forestales destinados al proyecto hidroeléctrico La Parota y su embalse”.

 

Culpan a reforma agraria y expropietario Isaí López, (El Heraldo de Chiapas, p.web).

Advierten conflicto por disputa de tierras.

Campesinos se disputan 350 hectáreas de tierras que fueron compradas durante el gobierno interino de Javier López Moreno al ejido Emiliano Zapata del municipio de Acala, pero que también las reclama el poblado San Pedro Agua Azul, de Chiapa de Corzo, ambos centros de población instauraron demanda en el Tribunal Unitario Agrario correspondiente al distrito número tres.

El presidente del comisariado ejidal de Emiliano Zapata, Samuel de la Cruz Estrada, culpó de la sobreposesión de la tierra a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y al expropietario Valente Ordóñez Morales, porque en 1994 realizó la medición de los predios Buena Vista, Brasil, El Pedregal y Brasilito y la liquidación correspondiente.

Sin embargo, en una segunda compra de tierras que involucró a otras propiedades, la medición también incluyó a las tierras que ya habían sido vendidas y cobradas por Ordóñez Morales, convirtiéndose así en una zona de conflicto donde los labriegos podrían enfrentarse por la defensa de lo que consideran su patrimonio.

En entrevista afirmó que los predios Buena Vista y Brasil ya han sido regularizados y sus propietarios, 30 familias, poseen documentos legales como actas precarias, y falta por regularizar la superficie de El Pedregal y Brasilito, que suman 200 hectáreas, donde se centra el conflicto con los chiapacorceños.

De la Cruz Estrada mencionó que de la totalidad de la superficie el ejido San Pedro Agua Azul no cede en 48 hectáreas, las considera como suyas, no acepta el diálogo, los acuerdos ni reconoce la documentación del poblado Emiliano Zapata.Emiliano Zapata es un centro de población formado por desplazados del zapatismo y por familias que migraron del municipio de Tecpatán y San Cristóbal de Las Casas, el expediente instaurado en el Tribunal Unitario Agrario es el 623/2005, en el que este poblado es demandado por San Pedro Agua Azul.

Estos poblados no están cerca de la capital, se localizan en una zona montañosa en los límites de Chiapa de Corzo y Acala, pero su acceso es en canoa o lancha por la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez, conocida también como “La Angostura”.

O en su caso, los pobladores caminan ocho horas en vereda para llegar a la comunidad El Parral en el municipio de Villacorzo, de acuerdo con sus habitantes la montaña es “tan virgen” que se localiza una gran variedad de fauna silvestre, tigrillos, tigre, mono araña y saraguate, reptiles, aves de colores, entre otras.

 

 

 

Inaugura delegada el Centro Integral de Servicios del RAN. (Ecos de la Costa, Edgar H. Badillo, p.web)

 

 

Luego de inaugurar el Centro Integral de Servicios, la delegada del Registro Agrario Nacional (RAN), Odilisa Gutiérrez Mendoza, aseguró que el primer lugar nacional que ha obtenido la dependencia a su cargo es producto del compromiso y el trabajo de todos los trabajadores del RAN

 

Colima.- La delegada del Registro Agrario Nacional (RAN), Odilisa Gutiérrez Mendoza, inauguró el Centro Integral de Servicios de la dependencia, el cual tiene como finalidad brindarle mejor asistencia a los campesinos de la entidad que pretendan realizar algún trámite.

Entrevistada luego del corte del listón inaugural, la funcionaria federal dijo que dicho servicio está integrado por dos mesas: “una para atención en cuestión de marcar requisitos y revisión de documentación antes de realizar algún trámite; en la otra mesa está una computadora con acceso a internet para cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en donde una persona estará asesorando a la gente que quiera hacer uso de esta”.

Indicó que también se cuenta con una línea telefónica gratuita “para hacer todas las quejas o denuncias por algún mal servicio, información o incluso por algún acto de corrupción que pudiera haber, porque es una línea directa con el director en jefe, en donde hay una persona encargada de atender estas denuncias”.

Mencionó que el horario de funcionamiento del nuevo módulo será de 8.30 de la mañana a 2 de la tarde “y podrá hacer uso cualquier persona que requiera los servicios del Registro Agrario Nacional. Es dedicado especialmente para los campesinos porque es nuestra finalidad, nosotros estamos aquí por ellos y nos debemos a ellos, pero al ser el RAN una institución pública, le brindamos el mismo servicio a toda la gente que así lo solicite”.

A pregunta expresa, Odilisa Gutiérrez manifestó que ya se está trabajando en la definición del programa para el próximo año, “ya estamos fijando lo que van a ser nuestras metas y para el 2006, en todas estamos incrementando un porcentaje que va entre el 15 y 20% en las metas que hemos cumplido éste año y así lo hemos venido haciendo desde el 2004 al 2005 y ahora lo estamos haciendo para el 2006”.

En materia presupuestal, comentó que el RAN se maneja con los recursos de la Secretaría de la Reforma Agraria “porque somos un órgano desconcentrado y no ejecutamos recursos, ya que el presupuesto nos lo baja directamente la SRA y ya viene etiquetado; sólo operamos el gasto corriente, como nómina e insumos que se requieren para el gasto de la delegación”.

PRIMER LUGAR NACIONAL

Gutiérrez Mendoza también se refirió al logro alcanzado durante el presente año, cuando la delegación Colima del RAN fue la que obtuvo el primer lugar a nivel nacional; “es un compromiso y trabajo de equipo que hemos hecho, porque la verdad es un trabajo extraordinario el que ha llevado a cabo tanto tú servidora como todo el personal de ésta delegación”.

Agregó que “en ocasiones hemos estado trabajando horas extras, incluso sábado y domingos, con la finalidad de lograr posicionarnos en primer lugar y pensamos hacerlo de la misma manera el próximo año, porque ya no estamos esperando que la gente venga a solicitar nuestros servicios, sino que hemos estado saliendo a las comunidades y ejidos para ofrecerles los servicios que tiene el RAN, los cuales no tienen costo alguno”.

Indicó que la finalidad de esto “es que la gente esté enterada de los servicios que estamos ofreciendo, que conozcan las facilidades que tiene y sobre todo las facilidades de que ya no tiene que regresar a la delegación. Nosotros buscamos a los usuarios para buscar lograr nuestras metas en la delegación

 

 

Ronda del desarrollo. (Ecos de la Costa, Manuel Torres, p.web).

México se encuentra en un proceso de consolidación verdaderamente primario en cuanto a reglas de participación activa en productos agropecuarios. Los últimos años han contemplado una reducción drástica en el renglón de atención al campo, provocando desprotección que ya lanza señales de alarma. Los mecanismos de Procampo resultarán insuficientes en un plazo corto y la ausencia de instituciones que resguardaban al productor de bajos ingresos ya muestra la incongruencia de su liquidación apresurada.

La Ley Agraria se ha quedado para discusión posterior y su revisión en febrero próximo estará sujeta a un escrutinio de trascendencia en los artículos que podrían incorporar inversión del exterior, tema delicado que provocaría indefensión del campesino en su propio terreno.

En algunos estados de la nación se desarrolla una labor silenciosa para nutrir la producción rural con ideas y conceptos innovadores como es el caso de Colima, en donde se han reunido fuerzas de liderazgo en el Comité de Defensa Campesina, esfuerzo que han correspondido instancias federales por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria y su delegación estatal y el gobierno de Silverio Cavazos para implementar una fórmula novedosa y el impulso de cultivos no tradicionales.

El beneficio para cientos de familias campesinas ya deja huella de certidumbre en el cumplimiento de metas sociales en el Estado, esfuerzo que podría sentar un precedente en otros horizontes nacionales que pudiera repercutir en un efecto multiplicador. Las pequeñas trincheras de producción suman en el agregado nacional.

 

Se moderniza el Registro Agrario. (Diario de Yucatán, Félix Ucán, p.web).

Simplificación de trámites y mejor trato al ejidatario.

En el marco de la inauguración del Centro Integral de Servicios del Registro Agrario Nacional, que permitirá agilizar la atención a los usuarios, su delegado Luis Felipe Mena Salas afirma que todas las actas relacionadas con las tierras para el aeropuerto en Hunucmá cumplen con los requisitos de ley.

“Todas, absolutamente todas, sino cumplieran los requisitos no aceptaríamos la validez de las actas y denegaríamos su inscripción en el Registro Agrario”, asegura el funcionario.

Mena Salas precisa que la intervención del RAN en la polémica compra de los terrenos se limita a la expedición de los títulos de dominio pleno a los ejidatarios para que puedan vender sus parcelas, pero no es de su competencia vigilar las operaciones.

Dice que, hasta donde sabe, el gobierno del Estado ya es dueño, con los títulos en la mano, de poco más de 800 hectáreas en esos polígonos ejidales del poniente del Estado.

En relación con el Centro Integral de Servicios, el delegado del RAN afirma que ofrecerá una atención más personalizada y expedita a los ejidatarios, personal de dependencias federales, estatales y municipales, investigadores, abogados y otros usuarios que están vinculados con el manejo de los asuntos agrarios. Los trámites serán menos burocráticos y la expedición de los documentos se reducirá a menos de la mitad del tiempo actual. Si una constancia tardaba 30 días, ahora será en menos de 15.

 

Apoyó el Fappa al sector agrario con más de 30 mdp. (La Jornada de Michoacán, Luz Idalia Servín, p.web)

Productores de 30 municipios recibieron financiamiento para sus siembras, señaló Jorge Zárate.

Se calcula que poco más de 30 millones de pesos se ejercieron este año en la entidad como parte del programa federal de Apoyo a Proyectos Productivos del sector Agrario (Fappa); el delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Jorge Zárate Magdaleno, destacó que este año se contó con un incremento considerable en comparación con el año pasado, ya que se ejercieron 17 millones 684 mil 758 pesos.

Destacó que estos apoyos se concentran principalmente en la zona rural y en población que carece de tierras y que no cuentan con ninguna fuente de ingresos estable, de acuerdo a este sistema el año pasado fueron apoyadas 690 personas.

Sin embargo, la falta de recursos económicos trae consigo que se tenga una lista de espera de hasta 30 proyectos para financiar y que tienen que esperar la siguiente asignación del presupuesto para validar su financiamiento, refirió.

No obstante, el delegado aseveró que gracias al esfuerzo de los productores se logró que este año el monto a ejercer sea superior a los 30 millones de pesos, de los cuales 20 provienen de la federación y el resto de los beneficiarios.

Añadió que en 2004 el Fappa apoyó 38 propuestas productivas y en el presente año ya son 53 las que serán financiadas por la federación con un monto máximo de 500 mil pesos cada una y todas deberán recibir una aportación de los mismos productores.

Asimismo añadió que las propuestas productivas que concentran la mayor demanda de apoyos son los sectores agrícola, pecuario, comercial, cultural y social.

Nahuatzen, Irimbo, Tancítaro, Contepec, Huetamo, Tzitzio, Turicato, Tacámbaro, Pátzcuaro, Los Reyes, Tuzantla, Ario de Rosales y Uruapan son algunos de los aproximadamente 30 municipios que serán apoyados económicamente por medio del Fappa.

Igualmente, Zarate Magdaleno adelantó que la semana entrante el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) asignará el presupuesto y la cantidad de proyectos productivos a apoyar.

 

Pide UNORCA atención del Gobierno Federal. (Tribuna de Sonora, Juan Barragán, p.web).

Para Olegario Carrillo Meza, dirigente nacional de la Unión de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, existen muchas comunidades marginadas por el Gobierno Federal, incluido el Estado de Sonora.

En ese sentido, el líder nacional de UNORCA pidió una mayor atención de los funcionarios federales, explícitamente, la Secretaría de la Reforma Agraria, Desarrollo Social y la SAGARPA.

Carrillo Meza, reveló que en los Estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala y casi toda la Zona Mixteca, la ausencia de apoyo institucional y las explotaciones de las personas en comunidades, netamente indígenas, la pobreza extrema es muy marcada.

En cuanto al Estado de Sonora, apuntó que no es la excepción, pero las circunstancias son muy diferentes al sureste mexicano, por lo que, algunas comunidades de la sierra alta sonorense, hay pequeños pueblos que se encuentran totalmente desprotegidos.

Resaltó que las comunidades indígenas sonorenses, tales como la Pima, Guarijíos, Pápagos, Seris, incluidos los Mayos y Yaquis, la falta de alimento, vestido, calzado y cobijas, en esta época invernal, se encuentran, en su mayoría, en un estado deprimente.

Indicó que los estímulos aprobados por los legisladores federales, aplicables en los Programas Especiales Concurrentes, no les llegan recursos, en especie ni en efectivo, ni que decir de otros apoyos federales, claramente estipulados, lo que muchas de las veces, no son ejercidos y manejados, discrecionalmente en subejercicios, por el Gobierno Federal.

 

El RAN avala compra de tierras. (Tribuna de Campeche, p.web).

Yucatán.

Actas de transferencia son legales: Mena..

El delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Luis Felipe Mena Salas, avaló la compra de terrenos realizada por el Gobierno del Estado en los ejidos de Oxcum y Hunucmá, asegurando que las actas de transferencia de tierras son legales.

En conferencia de prensa, el funcionario comentó que hasta el momento el Gobierno estatal ha certificado, ante el Registro Público de la Propiedad, cerca de 800 hectáreas de terreno, las cuales han sido notificadas ante el RAN.

Comentó que, aunque no le compete investigar presuntas irregularidades que, según algunas personas, se cometieron para la adquisición de esos ejidos, hasta el momento las actas de asambleas ejidales presentadas ante la dependencia son totalmente legales.

"Nosotros no podemos registrar un acta si no está debidamente avalada por funcionarios de la Procuraduría Agraria y por un notario, y en los casos de la venta de tierras de esos ejidos todo está en orden", remarcó.

FIRMAS FALSAS

Resaltó que donde se ha detectado la falsificación de firmas y nombres es en las denuncias que se han presentado ante los tribunales agrarios.

"Hemos recibido quejas de ejidatarios que manifiestan no haber hecho denuncia alguna, situación que las autoridades correspondientes están investigando", subrayó.

"Nosotros no somos una institución investigadora y los diversos problemas que se presentan en las actas de asamblea que realizan en cada uno de los ejidos, son responsabilidad de la propia asamblea, la cual es el órgano máximo del ejido y por consiguiente nosotros no asistimos", afirmó.

CENTRO DE ATENCION

Con el fin de agilizar los trámites que el RAN realiza, ayer se puso en funcionamiento el Centro de Atención para el Usuario, el cual tendrá un servicio más personalizado y menos burocrático.

Salas Mena dijo que con ese cambio se pretende que haya una asistencia más personalizada para todos, permitiendo recortar tiempos de respuesta en cada una de las solicitudes.

 

Exigen solucionar problemas agrarios. (El Dictamen (Veracruz), Jorge Morales Vázquez, p.web).

Xalapa

Grupos de campesinos realizaron este jueves una manifestación en la Plaza Lerdo, piden solución a diez focos amarillos agrarios en Veracruz, los cuales supuestamente iban a ser resueltos por la pasada administración estatal.

Acompañado de un grupo de aproximadamente 80 personas que se apostaron en la Plaza Lerdo de esta capital, Adolfo Nájera Sánchez, secretario de asuntos agrarios de la Unión General Obrero Campesina de México (Ugocem) y asesor de la Comisión del ramo en la Cámara de Diputados federal, señaló que dichos conflictos datan desde hace varias décadas e involucran a cerca de 5 mil comuneros de distintos municipios como Juan Rodríguez Clara, Nautla, Misantla y Cosamaloapan.

Citó el caso de Lomas de Cojolite, Chapachapa, de bienes comunales de Cosamaloapan y el Cerro Quebrado, en Nautla, que al igual que el resto, constituyen focos amarillos.

Nájera Sánchez aseguró que Veracruz, junto con Oaxaca y Chiapas, son de los Estados con más conflictos agrarios en el país y agregó que detrás de la falta de solución de algunos conflictos, se encuentran también presuntos desvíos de recursos de las organizaciones campesinas, que han recibido apoyos del gobierno para atenderlos y no lo han hecho.

De este tipo de hechos, acusó especialmente a Central Cardenista Independiente, la Confederación Nacional Campesina y demás agrupaciones.

De ahí que pidió al Gobierno del Estado y al Federal, a que realicen auditorías para determinar si el recurso que destinaron para la solución de algunos conflictos realmente fueron aplicados por los líderes campesinos para los fines que se solicitaron.

 

Felipe González, en pos del Senado. (La Jornada, Fabiola Martínez, p.web).

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Felipe González, dejará su cargo en los próximos días para contender por un lugar en el Senado de la República.

El proceso de elección panista se realizará el próximo 18 de diciembre y, de resultar electo González, el titular de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, anunciará de inmediato el relevo. Hasta ahora se ha mencionado al subsecretario de Asuntos Jurídicos, Arturo Chávez, para ocupar la vacante que deje el ex gobernador de Aguascalientes.

González, responsable directo de la polémica autorización de permisos de centros de apuestas en mayo pasado, cuando era su jefe Santiago Creel, debe concluir el proceso de pago a ex braceros y la entrega de documentación para los órganos de contraloría. Aunque el subsecretario pretendía dejar su cargo en marzo próximo, Abascal considera que el cambio debe ser de inmediato, señalaron fuentes de la dependencia.

En el reporte final de González hay información de 482 casos, lo mismo de conflictos agrarios que de pugnas entre organizaciones sociales.

 

Interesa a perredistas mayor eficiencia fiscal. (Diario de México, p.web)

Los diputados de la bancada del PRD están muy interesados en aumentar la eficiencia recaudatoria, porque su candidato presidencial anunció que en el primer año de su gobierno va a haber 100 mil millones de pesos, que se van a utilizar en el desarrollo del país.

Así lo reconoció el coordinador de los diputados perredistas, Pablo Gómez Álvarez, al subrayar que ellos eran los más interesados en que se aprobara sin cambios el dictamen de la reforma al Código Fiscal de la Federación, por lo que criticó la actitud de los diputados del PRI de romper el quórum de la última sesión del periodo.

Pese a considerar que fue una maniobra parlamentaria completamente válida, y que esto es algo que ocurre en todo el mundo, que ha ocurrido en esta Cámara muchas veces, y que no es nada irregular, desde el punto de vista de las maniobras parlamentarias válidas, advirtió que los priístas mienten porque dicen que estas reformas son de terrorismo fiscal.

Precisó que las reformas buscan aplicar medidas a personas que no son contribuyentes ni están registradas en Hacienda, los que no pagan nada de impuestos, no son los que están pagando, sino los que no están registrados en la Secretaría de Hacienda (SHCP), pero reciben importantes cantidades de dinero y se podría, a partir de esta reforma, abrir un procedimiento de investigación.

“Nada más que se investigue si ese dinero procede de una fuente que ya pagó impuestos o no. Personas que mandan a sus hijos a hacer un depósito de 30 millones de efectivo, y que no son causantes”, comentó refiriéndose al ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel.

Gómez Álvarez se preguntó: “¿Qué estaba defendiendo ese sector del PRI, porque ni siquiera era el PRI completo?, que impuso finalmente el retiro y que se llevó a casi todos los demás, pues ya saben ustedes las facilidades enormes que hay en este país para evadir impuestos”.

Subrayó que se acaba de aprobar una minuta del Senado para que el IFE no tenga el obstáculo del secreto bancario, pero está el problema del secreto fiscal para los políticos, para los propios partidos y había que dar también pasos para que la Secretaría de Hacienda pueda abrir procedimientos que averigüen, de cantidades que se vean, que brincan, que no están muy claras.

Puntualizó que el PRD no iba a hacer reservas, pero el PAN sí, porque no estaba de acuerdo con todo el proyecto; quería hacerle una serie de cambios, por lo que los perredistas insistirán en que en febrero se saque en el pleno este asunto, pues al igual que la nueva Ley Agraria, no han sido enviados a comisiones, para su revisión.

 

Prensa Estatal

 

CHIAPAS

 

Revalorar a etnias, piden. (Cuarto Poder, Sergio Granda, p.web).

Como resultado del pasado encuentro con organizaciones y pueblos indios en los Altos de Chiapas "Construyendo y Defendiendo nuestros derechos en un estado Pluriétnico", una decena de organizaciones campesinas realizarán del 6 de enero al 5 de febrero próximos siete foros regionales y uno estatal para analizar la situación actual y retos de los pueblos indios en la entidad y su interacción con el Partido de la Revolución Democrática rumbo al proceso electoral del 2006.

De acuerdo con integrantes de organizaciones como la CIOAC, UNORCA, Regiones Autónomas Pluriétnicas, la Coalición de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (Coaech), la OPEZ-CNPP, los Totiques y la Ugocep principalmente, se discutirán aspectos que están ligados al reconocimiento pleno de los derechos y cultura de los pueblos indígenas, así como analizar la actuación de las instituciones y la relación con los tres niveles de gobierno.

Otros temas por analizar serán la reforma del Estado, así como las políticas generales y el derecho de las mujeres indígenas y campesinas; ejercicios que después les permitan elaborar documentos y propuestas para mejorar la vida de estas comunidades chiapanecas, mismas que tendrán que ser tomadas en cuenta por los candidatos políticos de los procesos federal y estatal.

Finalmente dejaron en claro que los objetivos específicos de estos encuentros serán analizar la situación de los derechos de los pueblos indígenas

 

GUERRERO

 

No había recibido la Codehum alguna respuesta del gobierno a su petición. (El Sur, p.web).

 El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, dijo ayer que no tiene conocimiento de que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), le haya hecho llegar un documento, mediante el cual esté pidiendo al gobierno del estado que no envíe policías a la asamblea ejidal de Dos Arroyos convocada para este viernes en donde se aprobaría la expropiación de las tierras que serán utilizadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir la presa La Parota.

Por su parte, entrevistado en Acapulco, el alcalde Félix Salgado Macedonio aseguró anoche que no había recibido la recomendación de la Codehum y que tampoco se ha solicitado al Ayuntamiento la presencia de policías municipales en dicha asamblea.

Dijo que en cuanto reciba la recomendación de la Codehum o la solicitud para enviar policías hablará al respecto; mientras prefirió no hacer comentarios “para no adelantar”.

Chavarría dijo que la “obligación” de la actual administración es “contribuir a que ese tipo de actos se desarrollen en armonía”, pero no quiso precisar si eso significa que sí se enviarían policías a dicha reunión.

Por separado el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, sostuvo que sí se entregó el escrito en la oficina del funcionario estatal e incluso destacó que “el acuse de recibido así lo demuestra, se entregó el miércoles y a partir de esa fecha hay un plazo de 48 horas para que dé su respuesta, pero hasta ahorita no lo ha hecho”.

El pasado miércoles, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan –que asumió la defensa del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota– informó que recibió la notificación de la Codehum en la que da a conocer que pidió a Chavarría Barrera, al secretario de Seguridad Pública, Juan Heriberto Salinas Altés y al alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, que se abstengan de enviar policías a la asamblea ejidal de Dos Arroyos, ante el peligro de violencia que perciben los comuneros opositores.

Consultado al respecto y a pregunta expresa sobre si la respuesta del gobierno a ese oficio era la de no mandar cuerpos policíacos a dicha asamblea, Chavarría contestó que no tenía conocimiento de que le hubieran hecho tal petición, aunque afirmó que “se está analizando ese asunto (que haya policías) como obligación que tenemos al ser gobierno”.

Vía telefónica –ya que se encontraba fuera de la ciudad–, dijo que lo prioritario para la actual administración es “generar un buen ambiente, ahí (en Dos Arroyos) la situación es la misma que prevalece en todos los pueblos que están contemplados dentro del proyecto, hay opiniones a favor y hay opiniones en contra”.

Agregó que precisamente por esa situación “lo que nos toca hacer es brindar las condiciones para que la asamblea se desarrolle en armonía, que no haya disturbios, eso es lo que se debe evitar”.

Tras insistir en que si esa obligación que dice tener como gobierno, implica entonces que sí habría operaciones y retenes policíacos en Dos Arroyos, Chavarría insistió en que “todavía no sé, pero eso los veremos mañana (hoy viernes), no depende sólo de mí”.

En entrevista por separado, Alarcón Hernández afirmó que el miércoles pasado entregaron la petición de medidas cautelares y precautorias en la Secretaría General de Gobierno y que el plazo para dar una respuesta vence este viernes.

Aseguró que hasta ayer por la tarde, no habían recibido notificación alguna del documento que le hicieron llegar los comuneros opositores de Dos Arroyos y Los Huajes “y que nosotros sólo canalizamos a las tres instancias que ellos nos pidieron”.

Dijo que sólo tiene conocimiento “extraoficial” de que ayer por la tarde o noche estarían recibiendo la contestación, “pero no sabemos en qué sentido viene, no sabemos si es positiva o negativa”.

Y a pregunta expresa no quiso adelantar qué escenario avizora en caso de que el gobierno del estado hiciera caso omiso a la solicitud de los opositores.

La petición de la Codehum

La Codehum envió el 14 de diciembre a Chavarría, al secretario de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés y al alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, la petición de que no envíen policías este viernes a Dos Arroyos.

La acción de la Codehum es una respuesta a la petición que hicieron ejidatarios de Dos Arroyos, para que el gobierno se abstenga de enviar policías a ese poblado.

En la petición a la Codehum, que enviaron por medio de sus abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, manifestaron: “nos negamos a que los intereses económicos se impongan a la legalidad y los derechos humanos, pues no queremos que nuevamente  las fuerzas policiacas invadan privacidad y tejido comunitarios, en aras de asegurar un voto afirmativo al proyecto de la presa”.

Por eso, los opositores a La Parota en Dos Arroyos pidieron a la Codehum medidas cautelares y preventivas necesarias para que el gobierno estatal y municipal de Acapulco se abstengan de enviar policías a invadir la comunidad.

El documento enviado a dichos funcionarios, con la firma del presidente de la Codehum, Juan Alarcón, manifiesta que considera pertinente la petición de los ejidatarios de Dos Arroyos de no enviar policías “ante el riesgo inminente” de que puedan suscitarse hechos de violencia.

 

Zeferino se exhibirá como represor si no acata el pedido de la Codehum: Suástegui. (El Sur, Maribel Gutiérrez, p.web).

 El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, dijo que si el gobernador Zeferino Torreblanca envía este viernes policías para imponer por la fuerza la asamblea en Dos Arroyos, quedará exhibido como un gobernador que usa el garrote y la represión para imponer el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad, y que en él tiene fuertes intereses y compromisos.

Reiteró que los opositores –que desde ayer se concentraron en Dos Arroyos– no van a pertitir que entre la policía, y manifestó: “Esperamos que el gobernador recapacite, y que atienda la petición de la Codehum (Comisión de Defensa de los derechos Humanos de Guerrero) de no enviar policías, para evitar violencia y un posible enfrentamiento”, dijo Suástegui.

Agregó que si Torreblanca se empeña en mandar policías, “será él el responsable de la violencia”.

Lamentó la declaración que Torreblanca hizo anoche, de que enviaría policías a Dos Arroyos, en contra de la petición de la Codehum.

Consultado vía telefónica, Suástegui dijo: “Ya estanos concentrados en Dos Arroyos, mañana tendremos que enfrentar a la policía. Pedimos a la Codehum que nos proteja a los opositores de la violencia que provoca Zeferino Torreblanca con el envío de la fuerza pública para imponer la asamblea”.

Agregó que con esta actitud, Torreblanca demuestra que él es el principal responsable de querer imponer por la fuerza La Parota, pasando por encima de los derechos de los dueños de la tierra.

Agregó: “se demuestra que el gobernador ahí tiene fuertes intereses y fuertes compromisos, y que no le importa provocar más enfrentamientos y más sangre”.

Anunció que los opositores presentarán nuevas denuncias contra Torreblanca ante la ONU y ante Amnistía Internacional.

Además, dijo que seguirán buscando el diálogo con el gobierno federal, directamente con el presidente Vicente Fox, para lo cual irá un contingente a Los Pinos.

Al presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, el vocero lo llamó a que no siga la política represiva del gobernador Torreblanca, y dijo que espera que no envíe policías municipales este viernes a Dos Arroyos.

 

MICHOACÁN

 

Atender los conflictos por tierra y madera, prioridad para 2006: LCB. (La Jornada de Michoacán, Martín Equihua, p.web).

El gobernador del estado planea una estrategia para favorecer introducción de nuevos cultivos en la entidad.

Uruapan.- Para el 2006 será prioridad la atención a las comunidades indígenas que mantienen conflictos por tierra y madera, "especialmente Capacuaro" y otras que han escalado su problemática al grado de afectar estabilidad y convivencia, porque el bosque es fundamental en los pueblos de la Meseta e impacta la seguridad y el medio ambiente, aseguró el gobernador del estado, Lázaro Cárdenas Batel.

Sin embargo, no todo es conflicto en la región, y ahora mismo habría ejemplos de sobra en distintos rubros, como Angahuan en alfabetización, Sevina en reforestación, Cocucho y Urapicho en busqueda de buena vecindad y otros, si bien es cierto que persisten rezagos inaceptables, consideró en entrevista el mandatario.

Así, para seguir confrontando el rezago social "inaceptable", en el año venidero se continuará con la generación de empleo, la atención a migrantes y se hará "un esfuerzo importante" por la salud y la nutrición infantil, sin descuidar la infraestructura de comunicación regional y la propia al interior de las comunidades, a decir del titular del Ejecutivo estatal.

Pero especialmente se persistirá en una estrategia productiva a fin de que los pueblos no dependan de la buena fe o discrecionalidad del gobierno, "o mala fe de algunos gobiernos", y que de esta forma puedan enfrentar el desarrollo con sus propios medios y en concertación con los recursos públicos.

La estrategia productiva buscaría favorecer la introducción de nuevos cultivos que rindan mejor en la zona, como la canola, que ya se cultiva en una superficie amplia y con mercado seguro, o el kiwi, que ha empezado con un plan piloto con 50 hectáreas, producto alternativo que podría generalizarse en la Meseta con miras al mercado nacional y de exportación, concluyó Cárdenas Batel.

 

NAYARIT

 

No se permitirán más ventas ilegales de terrenos de playa: LCB. (Express de Nayarit, Donkey, p.web).

Zacualpán Nayarit.-El pasado 8 de diciembre se conformó la planilla que contenderá por la dirigencia ejidal de Zacualpán, la cual es encabezada por el campesino Regino Carrillo Ortega, para presidente; llevando como secretario a Manuel Palacios Contreras, en la tesorería a la señora Zoila Mares Jiménez y como presidente del Consejo de Vigilancia a Manuel Flores Hernández, la cual al parecer cuenta con la simpatía de la mayoría de ejidatarios, ya que la planilla contraria esta representada por Saúl Salazar, persona de quien dicen no ha podido penetrar en el animo de los labriegos por no tener carisma y mucho menos la capacidad que se requiere para llevar las riendas de dicho ejido que en la ultima década ha caído en manos de gente incompetente que nada más se la pasaron jodiendo a sus agremiados, como el caso de las administraciones encabezadas por Miguel Franco y esta última que representa, Miguel Cuevas, de la cual se dice que vendió todos los terrenos ganados al mar en millonarias cantidades para beneficio de un grupito y no de todos los ejidatarios como debería ser.

Lo cierto es que dichas ventas que consideran ilegales ha creado cierta polémica y divisionismo al interior del ejido y hay quienes aseguran que los terrenos que fueron otorgados a un gringo de nombre Diego tendrán que ser devueltos a dicha organización agraria, pues actualmente se esta llevando un proceso en el tribunal y en donde el fallo será a favor del grupo que representa Regino Carrillo Ortega.

Señalan que Saúl Salazar solamente es un títere del azucarado Alberto Jiménez Peña, ex comisariado gris que solo se dedico a dividir a los ejidatarios y que como político jamás ha dado una, pues siempre quiso figurar dentro del PRI y no logro su cometido, pues se alió con bandidos que al final se lo llevaron al PRD y ahora desde esa trinchera pretende apoderarse del control del ejido, lo cual dudamos porque ya nadie creé en él y menos ahora porque como secretario y gato de Agustín Cambero, nunca se preocupo por traer beneficios a este ejido, vergüenza debería tener este medico que no sabe curar ni una migraña. Lo cierto es que la maquinaria de los duros le dará una buena revolcada a él y su “gallo” pespelaco.

 

Cartones

 

 

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Magú

 

  

 

 

 

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