CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MIÉRCOLES
14 DE DICIEMBRE DE 2005
OCHO COLUMNAS
Frenan
la Ley de Radio y TV
Difieren el debate hasta febrero. Declinan
senadores aprobar en este periodo la iniciativa; satisface
a la CIRT la decisión.
México
crea en CA zona de influencia energética
Venderá
petróleo, electricidad y franquicias de Pemex
en la región. El país puede ser factor de división
en el continente, alertan analistas.
Sepultan
diputados deseos de Hacienda
No podrá
interpretar operaciones legales de contribuyentes
Limitado,
el acceso a servicios bancarios
El sector,
lejos de la población de escasos recursos: PNUD. Sólo
siete sucursales en México por cada 100 mil habitantes:
BM.
Congelan
la ley Televisa
El Senado
la retomará en febrero. Se escucharán “otras inquietudes”;
no hay que echar las campanas al vuelo: Corral.
Disuelven
la comisión contra los hijos de Marta
Se impuso
el PAN, se abstuvo el PRI
Secuestradora
francesa atendía clientes VIP del Grupo Posadas
Marie Louise Cassez tenía acceso a bases
de datos de políticos y empresarios del más alto nivel,
huéspedes de los Fiesta Americana.
Hidalgo,
ni debacle ni augurio
Conquistará el PRI la presidencia:
Osorio Chong
Liquida
PAN investigación contra el hijo de Sahagún
Adelantan desaparición de la comisión
que indagaba tráfico de influencias
PAN
negocia trueque: Bribiesca
por Montiel
El PRI
apoya acortar investigaciones a los hijos de Marta
Sahagún. A cambio, el PAN
habría accedido a archivar el presunto enriquecimiento
ilícito del ex gobernador del Estado de México.
Sector agrario
Aprueban la Ley Federal Agraria. (La Jornada, Renato Dávalos, p.web).
Ampliar y fortalecer la organización del ejido, entre
los objetivos de la legislación.
Sólo provocará más expropiaciones de tierras indígenas:
el perredista Bernardino
Ramos.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal
Agraria, que prevé ampliar y fortalecer la organización
del ejido, con objeto de dar certidumbre a la tenencia
de la tierra y aplicar procesos jurídicos expeditos
y eficientes.
Con una votación de 240 en favor, 139 en contra y 14 abstenciones,
San Lázaro dio luz verde a la legislación, que incluye
una atención particular a los grupos más vulnerables
del campo, como son mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.
La propuesta inicial corrió a cargo de Manuel García Corpus,
presidente de la Comisión de Reforma Agraria. Desde
el principio se pretendió crear un fondo de tierra
para inducir la reconversión productiva de terrenos
de agostadero susceptibles de cultivo para ampliar
la superficie agrícola.
El dictamen también considera la creación de un consejo de
evaluación y seguimiento en el que participarán organizaciones
campesinas con objeto de evaluar las funciones de
la Procuraduría Agraria. En ese contexto se
apoyará la pequeña propiedad para latifundistas, es
decir, áreas de menos de 10 hectáreas.
Al rechazar el dictamen, el perredista
Bernardino Ramos advirtió que el documento no protege
las superficies en propiedad colectiva y los grupos
indígenas quedarán en indefensión. Advirtió que esas
tierras son inalienables, inembargables e imprescriptibles,
"siempre y cuando conserven esa calidad, la cual
puede perderse si la asamblea así lo decide".
Ramos calificó de demagógica e inaplicable la pretensión manifiesta
en el dictamen de conservar los recursos naturales,
y expuso que la nueva ley sólo provocará más expropiaciones
de tierras indígenas, su comercialización y la apropiación
por particulares nacionales y extranjeros.
En el documento se señala que 81 por ciento de la población
rural vive en una severa condición económica al percibir
menos del salario mínimo, o de plano no obtiene ingresos,
y que 12 millones de jóvenes en localidades de 2 mil
500 habitantes demandan alternativas de empleo.
Habrá tres "fines de semana largos".
En una larga sesión celebrada en el pleno de la Cámara de Diputados,
los legisladores aprobaron la creación de los llamados
"fines de semana largos" mediante una reforma
al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
El argumento de los integrantes de la Cámara de Diputados refiere
que estudios de la Secretaría de Turismo estiman una
ocupación de ciento por ciento en los destinos turísticos
del país, con una ganancia de 250 millones de dólares
adicionales, en los días festivos. También ayudará,
se dijo, a obtener mayor movilidad en materia económica,
porque habrá incremento en las actividades de restaurantes,
medios de transporte, autobuses, aviones y taxis,
y aumentará la creación de empleos.
Los fines de semana largos se desglosan de la siguiente manera:
"En la conmemoración del 5 de febrero se descansará
el primer lunes de dicho mes; el 21 de marzo no se
laborará el tercer lunes de ese mes -ese fin de semana
largo entrará en vigor a partir de 2007- y el 20 de
noviembre se aplicará el tercer lunes del mismo mes".
Apoyo al turismo
El diputado Francisco Javier López Mena
expresó que el turismo se ha convertido en la tercera
fuente generadora de divisas. En ese contexto, en
2004 se captaron 10 mil 839 millones de dólares y
se crearon 66 mil empleos.
Además, refirió, se eliminarían los puentes cuando el
día festivo cae en jueves o martes, alterando la productividad
de los centros laborales.
Dan luz verde a nueva Ley Federal Agraria. (Milenio Diario, Fernando Damián, p.web).
Con el voto de los legisladores
del sector campesino en contra, el pleno de la Cámara
de Diputados aprobó este martes la Ley Federal
Agraria que, entre otros aspectos, permitirá a
los extranjeros participar hasta con 49 por ciento
en la propiedad social de las tierras de agrícolas,
de agostadero o forestales.
Así, con 240 votos a favor, 139
en contra y 14 abstenciones, el pleno cameral
dio luz verde al dictamen de la Comisión de Reforma
Agraria, donde se argumenta que el propósito de
la nueva ley es ampliar y fortalecer la organización
del ejido y de la comunidad; proteger el patrimonio
de las comunidades y profundizar los alcances de la
organización social, asociaciones o sociedades agrarias.
También prevé adecuar el procedimiento
judicial agrario ante los tribunales correspondientes.
Ello, tras admitir la descapitalización
de los ejidos y comunidades agrarias, a 13 años de
ser aprobadas las reformas al artículo 27 constitucional
promovidas por el entonces presidente de la República,
Carlos Salinas de Gortari.
Extranjeros y
narcos
Desde la tribuna legislativa y
a nombre del sector campesino del PRI, la diputada
Hilaria Domínguez sostuvo que la nueva Ley Federal
Agraria “viene a abrirle el camino a los extranjeros
o a los narcotraficantes para que compren las tierras,
acaparadas en unas cuantas manos”.
En representación del PRD, la diputada
Ana Lilia Guillén denunció que la legislación aprobada
ayer en lo general “constituye un intento por reforzar
los mecanismos de privatización de la propiedad social
rural”, y sostuvo que con ello se pretende “subastar
las tierras, para convertir a ejidatarios y comuneros
en jornaleros de las sociedades mercantiles”.
Por el contrario, el dictamen indica
que con la expedición de la Ley Federal Agraria “se
cubrirán las deficiencias y se atenderán las necesidades
existentes, además de establecer el marco normativo
y las bases para las políticas de Estado del sector
agrario”.
Puntualiza que la importancia de
los pueblos y comunidades indígenas no pueden seguir
siendo soslayadas, ya que representan a 6 mil 830
ejidos y comunidades, con una superficie de 22 millones
de hectáreas, ubicadas en selvas y bosques.
Al fundamentar el dictamen, el
diputado Manuel García, presidente de la Comisión
de Reforma Agraria, señaló que la ley busca generar
empleos en beneficio de 12 millones de personas jóvenes
que habitan en el campo
Agenda del C. gobernador Fidel Herrera Beltrán
14 de Diciembre. (El Golfo Info, p.web).
Publicación: 2005-12-14 09:37:33
COATEPEC
11:00 Horas
Firma de convenio de coordinación para la solución de la problemática
agraria en el estado de Veracruz. Asiste el secretario
de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame.
Lugar: Patio Central de Palacio de Gobierno.
XICO
12:30 Horas
Cierre Operativo del Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede).
Lugar: Auditorio Municipal.
Exterminar a campesinos. (Por Esto!, Jaime Vargas, p.web).
Esteban Canul Dzul:
El gobierno lo único que hace es rompernos la madre
quitándonos nuestras tierras.- (Jaime)
Es el objetivo del gobierno de "Los Amigos de Patricio",
no la protección al patrimonio ejidal ni el combate
a la pobreza, denunciaron ejidatarios de Hunucmá
a visitadores de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos del área de Asuntos Indígenas
"El objetivo del gobierno de `Los Amigos de Patricio'
no es la protección al patrimonio ejidal ni el combate
a la pobreza, sino el exterminio de los campesinos",
denunciaron ayer ejidatarios de Hunucmá ante visitadores de la Comisión Nacional y Estatal
de Derechos Humanos del área de Asuntos Indígenas
que acudieron a dialogar con los hombres del campo
ante las graves violaciones que se han cometido contra
todo tipo de ordenamiento, incluidas las garantías
individuales.
--El proyecto del Gobierno no es para favorecer a los campesinos
sino para eliminarlos, porque les estorba, su objetivo
es el Plan Puebla Panamá que beneficiará a otras gentes
y no a los pobres --alertó.
Reunidos en la casa del secretario del Comité de Lucha por
la Defensa de la Tierra, los hombres de campo a través
de sus asesores, Lic. William de Jesús Santos Sáenz
y Valerio Buenfil Méndez,
denunciaron todos y cada uno de los atropellos y arbitrariedades
de que han sido objeto los campesinos por parte del
Gobierno del Estado que encabeza Patricio "El
Alto Vacío" Patrón Laviada.
Cabe señalar que en su desesperación por despojar de casi tres
mil hectáreas de tierras a los ejidatarios, legítimos
dueños y posesionarios de los terrenos, el Gobierno del Estado ha orquestado
una campaña de agresión, hostigamiento y de persecución
contra los valientes campesinos que se han atrevido
a luchar por lo que consideran su patrimonio.
Aferrado a llevar a cabo su rechazado proyecto de un nuevo
aeropuerto conocido como "Metropolisur",
Patrón Laviada ha ocasionado
un gigantesco fraude agrario con la compra-venta de
tierras ejidales.
Ante esa situación, campesinos de los ejidos de Hunucmá, Huncanab y Oxcum, se dieron cita en la plaza principal de la cabecera
municipal para después marchar y sostener una reunión
en un predio particular con los visitadores de la
CNDH.
¿Cómo evitar delincuencia si hay mucha pobreza?
Esteban Canul Dzul,
presidente del Comité de Lucha, denunció ante los
visitadores de Derechos Humanos que en Hunucmá
prevalecen la arbitrariedad, las injusticias, los
atropellos, el abuso y la discriminación hacia los
indígenas y la gente de campo, por parte del Gobierno
del Estado.
--Cómo evitar la delincuencia si existe mucha pobreza, nuestros
productos están en manos de monopolios, nuestros hijos
cómo llegan a la escuela, cómo los vamos a alimentar
si nos están quitando lo poco que tenemos --dijo en
tono hiriente ante la mirada de incredulidad de los
servidores públicos.
Indignado y con el rostro serio y de impotencia ante el acoso
del gobierno, agregó:
--El gobierno lo único que hace es rompernos la madre quitándonos
nuestras tierras.
Ante esos reclamos, los visitadores de la CNDH, Lic. Luis Eduardo
Huerta Velázquez, Lic. Víctor
Audirac Ochoa, Mto. Víctor Vázquez
Juárez y Antrop. Fernando
Becerra Hilario exhortaron una y otra vez a los presentes
a manifestar todas sus dudas y expresar los problemas.
En la reunión también estuvieron los visitadores de la Comisión
Estatal, Baltazar Xool
May y Henry Soberanis Contreras.
"Nuestro trabajo consiste en la revisión de las violaciones
a los preceptos legales por parte de los funcionarios
públicos, pero si ustedes no se quejan, nosotros no
podemos trabajar", dijo Vázquez Juárez.
Después de una breve explicación del motivo de su presencia,
Vázquez Juárez repitió que ellos estaban para apoyar
a los campesinos, pero para ello tenían que decidirse
a denunciar. "Nosotros somos como los médicos,
si no nos dicen qué les duele, de qué se quejan o
contra quién, no podemos adivinar".
--Nuestro trabajo es pelear al lado de ustedes, pero no tenemos
una varita mágica ni para saber cuál es el problema
que tienen ni para resolver los problemas --acotó.
"Estamos aquí para escucharlos, para documentar y canalizar
sus quejas, y no solamente pueden hablar del tema
agrario sino también de la prestación de servicios
como de salud, educación, escuelas, etc", dijo.
Después de la explicación, el visitador de la Codhey, Xool May se dirigió a los
indígenas para hablarles en lengua maya, lo que dio
más confianza a los curtidos rostros que han visto
pasar las inclemencias del tiempo.
Quejas e intereses
Al terminar la explicación, varios de los presente denunciaron
los problemas que han tenido con las autoridades,
desde la negativa de la Procuraduría
Agraria y Registro Agrarios Nacional que son cómplices
del Gobierno del Estado en el megafraude agrario, hasta la mala y pésima atención en salud,
educación y asesoramiento legal, por citar algunos
casos.
La CNDH recopiló información sobre los conflictos ejidales
que ha ocasionado el gobierno estatal con la adquisición
de tierras para la construcción del aeropuerto, en
el que uno de sus objetivos será la construcción de
una "Zona Franca" por 40 años para el capital
del gobierno de la República Popular de China.
Asimismo, requirió el testimonio del asesor jurídico de los
campesinos, William Santos; del presidente del Comité
de Lucha, Esteban Canul Dzul, entre otros.
El señor Gregorio Baas Canché y sus
hijos también expusieron el problema que enfrentan
con el despojo de las tierras ejidales que usufructuaban,
así como la muerte de reses y la destrucción de sus
apiarios por parte de gente al servicio del Gobierno
del Estado.
Irregularidades en programas de la SRA. (La Jornada, Saúl Maldonado, p.web).
Durango, Dgo., 13 de diciembre.-
Florencio Salazar Adame,
titular de la Secretaría de la Reforma Agraria,
aseguró que en los programas que maneja la dependencia
se han detectado irregularidades, entre ellas que
los recursos que llegan a los líderes no son ejercidos
totalmente, lo que significa el robo, no al gobierno,
sino al pueblo. En una visita de trabajo a la capital
del estado, el funcionario exhortó en la necesidad
de que haya absoluta transparencia en el empleo de
recursos ante la próxima temporada electoral. Durante
la entrega de mil 100 núcleos agrarios que corresponde
a 8 millones de hectáreas de ejidos y comunidades
regularizados del Programa de Certificación de
Derechos Ejidales (Procede), señaló que en revisiones
y evaluaciones que se hacen en los diversos programas,
han detectado irregularidades. "Algunos gestores
se quedan con las partes de las comisiones cuando
el recurso debe llegar íntegro", dijo. Durante
el acto, efectuado en el ejido Montemorelos,
se entregaron 31 cheques a beneficiarias del Programa
de la Mujer en el Sector Agrario, así como la
entrega simbólica de ocho documentos del Procede y
tres carpetas agrarias.
Florencio Salazar Adame,
titular de la Secretaría de la Reforma Agraria. (Periódico
Victoria, p.web)
Durango, ejemplo nacional
Florencio Salazar Adame, titular
de la Secretaría de la Reforma Agraria consideró que la actitud del Congreso y del Gobierno del Estado,
tras aprobarse de manera unánime el Paquete Fiscal
2006 para Durango, es un ejemplo que debería ocurrir
en todo el país y a nivel federal a fin de garantizar
las condiciones que permitan el desarrollo nacional.
Al visitar Durango para cerrar aquí la actividad del Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
de Solares Urbanos, el funcionario federal resaltó
la importancia y trascendencia de las decisiones que
se han tomado para bien de Durango dentro de la Ley
de Ingresos y Presupuesto de Egresos aprobado por
el Congreso Local.
De igual manera, Salazar Adame resaltó
el impacto social del Procede, a través del cual se
legitimó la propiedad de comuneros y ejidatarios sobre
sus parcelas o sus solares. “Estos documentos convierte
a la tierra en patrimonio y la pueden hacer garantía,
ya que tendrán a través de ellos la libertad para
disponer de su propiedad y contar con ella como garantía;
por lo que adquiere un mayor valor económico”, detalló.
Tras concluir este programa en el estado, se otorgó certeza
jurídica a mil 080 núcleos agrarios de un total de
mil 105, lo que representa el 97.7 por ciento de cobertura
estatal, habiéndose regularizado 7.5 millones de hectáreas
correspondientes a ejidos y comunidades; restando
por regularizar 891 mil hectáreas agrupadas en 25
núcleos agrarios de los cuales 14 ya están en proceso.
El Secretario de la Reforma Agraria se despidió en su intervención
con una mención a Francisco Villa, quien dijo, fue
un precursor del reparto agrario e incluso entregó
tierras a los más desprotegidos. “Fue un agrarista
convencido de que la tierra no es de los hombres y
de las mujeres, sino que los hombres y las mujeres
son de la tierra. Fue un centauro, héroe y mexicano
de cepa”, culminó.
Por su parte el Gobernador Ismael Hernández Deras reconoció el beneficio de este Programa Presidencial,
mismo que sienta las bases para seguir buscando el
progreso y bienestar de las familias campesinas duranguenses
que ahora gozan de certeza jurídica en sus tierras,
que representan un patrimonio altamente preciado para
cada una de ellas.
En este marco, resaltó el trabajo en armonía, de manera coordinada
y cercana que se ha logrado con el Gobierno Federal
que preside Vicente Fox
Quesada, por lo que ponderó el respaldo de los funcionarios
federales a través de acciones de gran impacto como
el Procede que, dijo, “cierra este día un capítulo
más en la evolución de la historia del agrarismo en
el estado de Durango”.
Recordó que hasta antes de las reformas al Artículo 27 Constitucional
y su Ley Reglamentaria, los ordenamientos que regulaban
el sistema ejidal y comunal consideraban a los sujetos
agrarios con derechos de posesionarios o usufructuarios de las tierras, lo cual los
mantenía en un estado de incertidumbre y desinterés
para hacerlas producir, por lo cual a raíz de las
reformas a la Ley Agraria, en donde se les dota a
comuneros y ejidatarios la calidad de propietarios,
inició una etapa que ofreció alternativas de solución
a conflictos derivados de la tenencia de la tierra.
Agradeció especialmente en la ejecución de este programa, la
participación del Colegio de Notarios de Durango,
quienes estuvieron presentes en todas y cada una de
las asambleas de delimitación, destino y asignación
de tierras, dando fe como lo señala la formalidad,
todo ello de manera gratuita, a diferencia de otros
estados en donde si les eran cubiertos sus honorarios.
Participaron en este evento, además de la Secretaría de
la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, el Registro
Agrario Nacional, Instituto Nacional de Estadística,
Geografía en Informática y la Comisión Reguladora
de la Tenencia de la Tierra, que fueron coordinados
por el Gobierno del Estado a través de un Comité establecido
ex profeso para la concreción de las acciones en mención.
De esta manera, se entregaron documentos del Procede y carpetas
agrarias a representantes de ejidos y comunas, a nombre
de quienes el Comisariado del núcleo agrario Montemorelos,
del municipio de Durango, agradeció este apoyo al
campo duranguense y su gente que día a día enfrenta
el reto de hacerlo producir.
Igualmente, fue signado el documento que acredita el cierre
operativo del programa en Durango, en donde plasmaron
su firma el Secretario de la Reforma Agraria Florencio
Salazar, el Gobernador Hernández Deras e Isaías Rivera Rodríguez, Procurador Agrario y el Director
en Jefe del Registro Agrario Nacional, Abelardo Aguilar
Prieto.
APOYAN PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES CAMPESINAS.
La visita del titular de la Secretaría de la Reforma Agraria
sirvió también como marco para la entrega de apoyos
del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG),
que benefició en la entidad a 31 grupos de campesinas
con recursos por cuatro millones 706 mil 608.93 pesos,
con los cuales podrán concretar sus proyectos productivos.
Florencio Salazar Adame resaltó el
espíritu de este programa, el cual pretende apoyar
y promover a las mujeres en el sector agrario en el
desarrollo humano, social y económico; incorporándolas
al desarrollo integral y sus beneficios.
A nombre de los grupos que recibieron estos respaldos, mismos
que provienen de municipios como Mezquital, Pánuco
de Coronado, Canatlán, Poanas, Lerdo, Gómez Palacio,
Nombre de Dios, Mapimí y
otros, emitió un mensaje Rosa Cecilia del Torno, del
núcleo agrario Vicente Guerrero, quien resaltó que
aunque este recurso viene a dar un impulso a la actividad
femenina en el campo, se seguirán buscando mayores
asignaciones para este sector “que busca un mejor
futuro para nuestros hijos, para beneficio de nuestras
comunidades, nuestro estado y el país en general”.
Once focos amarillos detectados por sequía. (Contexto Durango, Nereida Venegas, p.web).
Durango, Dgo.-
En todo el territorio duranguense sólo 11 municipios
fueron los de mayor afectación por la sequía durante
el 2005, nombrándolos como focos amarillos sin grandes
pérdidas.
Durante su visita de trabajo en
la capital del estado, el Secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame,
aseguró que aunque uno de los estados más afectados
por la sequía fue Durango, el número de focos amarillos
no supero a los 11 municipios, lo que implica una
erogación de recursos aproximado a los 70 millones
de pesos para que los agricultores recuperen gran
porcentaje del producto dañado a principios del 2006.
Así que será durante la segunda
semana de enero, cuando los integrantes de la secretaria
de agricultura y el gobierno estatal realicen un recorrido
de evaluación a las comunidades afectadas, en cumplimiento
de la agenda agraria, “y queremos darle celeridad
en su solución, y lo ideal es que antes de que termine
el periodo del presidente Fox tengamos solucionado esto en el estado, y aspiramos a
arreglarlos todos”.
Alerta la SRA sobre gestores “ratas”. (Contacto Hoy Durango, p.web)
En la entrega de mil
100 núcleos agrarios que corresponde a 8 millones
de hectáreas de ejidos y comunidades regularizados
del programa Procede, el secretario de la
Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
en su visita esta ciudad, alertó sobre la existencia
de gestores que lucran con estos trámites forestales,
sobre todo en vísperas electorales.
Y es que, señaló durante
su discurso que en revisiones y evaluaciones que se
hacen en los diversos programas, han detectado algunas
irregularidades, por ejemplo recursos que llegan a
líderes y éstos no son ejercidos totalmente, lo que
significa “el robo no al gobierno sino recursos del
pueblo”, dijo.
Asimismo, demandó que
algunos gestores se quedan con las partes de las comisiones
cuando el recurso debe llegar íntegro”, entre otros
actos de manera irregular.
Y es que, durante el
evento llevado a cabo en el ejido Montemorelos,
se entregaron 31 cheques a beneficiarias del Programa
de la Mujer en el Sector Agrario, así como la
entrega simbólica de ocho documentos del Procede y
tres carpetas agrarias, además se firmó el acuerdo
del cierre operativo del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales.
Ahí el gobernador,
Ismael Hernández Deras,
recalcó que con la conclusión de dicho programa, Durango
se posiciona como uno de los estados más avanzados
a nivel nacional con la regularización de ejidos y
comunidades.
Con esto, se garantiza
y da certidumbre a la tenencia de la tierra y con
ello evitar riesgos de enfrentamientos, invasiones
y cercos.
Dijo que este programa
es ejemplo del resultado de la manera de coordinación
con el gobierno federal que encabeza Vicente Fox
Quesada.
Este programa de Certificación
de Derechos Ejidales, da buenos resultados y cada
vez tiene menor rezago.
Puntualizó que Durango
tiene una extensión territorial de 12 millones de
hectáreas. Hay mil 105 núcleos agrarios de los cuales
son 982 ejidos y 123 comunidades.
Lo que significa que
de esta cantidad mil 100 núcleos agrarios se regularizarán,
son ocho millones de hectáreas regulares, lo que trae
como consecuencia el 98 por ciento de avance.
Quedan 13 predios fuera del Procede. (El Siglo de Durango, Citlalli Zoé Sánchez, p.web)
13 de diciembre
de 2005
Este día visita la entidad Florencio
Salazar Adame, titular de
la Secretaría de la Reforma Agraria. Entre los
motivos de su visita se encuentra el cierre del Programa
de Certificación de Derechos Ejidales (Procede);
sin embargo, 13 predios se quedaron fuera de esta
acción por diversos motivos.
José Noel Pérez
Saláis, delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria
en Durango, puntualiza
que en todo el territorio estatal contabilizan mil
105 ejidos y comunidades, los cuales fueron instados
a participar en el Procede pero hubo quienes rechazaron
la oferta, varios de ellos motivados por algunos líderes
que quieren conservar el control de dichos asentamientos.
Detalla que la dependencia no puede
obligarlos a que se regularicen, aunque advierte que
dicha decisión les implicará problemas a mediano plazo.
Además, subraya que en caso de que quieran obtener
su certificación, ésta ya tendrá un costo, el cual
es elevado.
“El programa se tiene que concluir
en el total del año en el 2006, a Durango le tocó
en el 2005. La idea es que como ya hay un gran avance
en la certificación de los ejidos y de las comunidades
tiene que concluir. Fue un programa muy benéfico para
la gente del campo, pues se les constituía como dueños
de su parcela”, expresa.
El Procede era un programa voluntario
y gratuito; de esta forma, todos los que quisieron
ser beneficiados se acercaron.
“Hay comunidades y ejidos que no
certificaron porque tenían alguna imposibilidad jurídica
o simplemente porque no quisieron. La mayoría de estas
veces había líderes que manejaban a estas comunidades
diciéndoles cosas negativas del Procede y en su asamblea
dijeron que no. Intentamos convencerlos, mas no obligarlos”,
platica.
“Muchos líderes quieren tener a
la población sumisa, que quieren aprovecharse de ellos,
tenerlos en un mundo irreal porque no quieren que
lleguen los beneficios a esos programas porque quieren
el control y eso es malo, porque en el campo hay gente
que se aprovechan de ella y eso no se vale”, reclama.
Pérez Saláis indica que no participar
en el Procede traerá repercusiones. “El día que quieran
solicitar algún apoyo les van a pedir su certificado,
van a venir con el sector agrario pero después del
cierre del programa, la medición va a tener un costo
que en promedio tiene un valor de un millón de pesos”,
complementa.
El Delegado enuncia que hay otros
casos de ejidos que al encontrarse en un conflicto
legal no pudieron certificarse; no obstante, en cuanto
pidieron participar en el Procede tendrán la oportunidad
de acceder a este beneficio una vez que se arregle
su situación. Referente a los conflictos de esta índole
manifiesta que quedan pendientes dos casos por arreglar.
Campesinos se enfrentan a balazos con ex funcionario
por terrenos en Tehuixpango. (La Jornada de Oriente, Miguel Ángel Domínguez, p.web).
Atlixco– Era casi el mediodía
de este martes, y Agustín Caravantes
estacionó su camioneta en los espacios destinados
a las patrullas de la policía municipal, en el zócalo.
Miró a un abogado en los portales y comenzó: “Unos
cabrones lograron meterse a mis terrenos; brincaron
y tiraron una barda, ¿qué puedo hacer?”. Encontró
respuesta: “Denúncialos”.
A cinco kilómetros de ahí, una hora después, en la junta auxiliar
de Tehuixpango, cerca de
medio centenar de campesinos estaban sentados en las
banquetas y casi todos tenían vasos de plástico con
un líquido entre amarillo y transparente: té amargo
para el susto.
Uno de ellos, Emilio Aponte Carranza, el comisario ejidal,
mantenía la cabeza agachada y aun miró con gestos
de susto. En el lado derecho de la sien era evidente
una herida. “Fue el rozón de un balazo”, dijo sin
dudar. “Es el aviso confirmado del último episodio
del problema agrario en esa comunidad”, completaron
sus compañeros.
Balazos anunciados
El 8 de noviembre pasado, cuando la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) llevó a cabo a favor de ejidatarios
la restitución de las últimas 25 hectáreas de más
de 100, derivado del decreto presidencial de 1937,
los campesinos y las familias que todavía pretenden
ostentar la titularidad de predios en ese sitio bajo
el argumento de tener escrituras y antiguedad llegaron a los límites de las agresiones físicas
y verbales. Ese día, todo terminó en empujones. Pero
el tema quedó caliente y con la herida punzante y
abierta.
Y ayer, la historia fue de balazos. “Cerca de las 9 de la mañana
56 ejidatarios continuábamos con las labores de limpieza
en nuestros terrenos. De las 25 hectáreas aún faltaban
tres y topamos con la barda de Agustín Caravantes.
El objetivo de llegar hasta allá es marcar los límites
establecidos y por esa razón tiramos parte de una
de las dos construcciones integradas en el espacio
cedido por las autoridades”, relató Aponte Carranza.
Casi de inmediato, continuó, apareció Agustín Caravantes, quien “lanzó amenazas y dijo... esperen. Regresó
en una hora junto a otras personas, en total ocho,
seis mujeres y dos hombres y desenfundó la pistola”.
En parte de los videos grabados por una joven mujer, es posible
observar a Caravantes descender
de la camioneta roja, platicar algo con dos personajes
más y permanecer varios segundos atrás de la barda.
Enseguida, decidió trasladarse en el auto a otro lugar,
junto a matorrales, en donde efectivamente sacó el
arma de fuego. Segundos después, los primeros disparos.
Los vecinos de Santa Cruz Tehuixpango
calculan una distancia de aproximadamente 150 metros
entre ambos grupos. “Resultaron dos las personas responsables
de disparar a matar, y no hacia el aire. La reacción
de los compañeros es atajarse o protegerse detrás
de otra barda”, explicó Pedro Amador, secretario del
comisariado ejidal.
Según la versión de los trabajadores de la tierra, los disparos
duraron cerca de dos horas. “Afortunadamente, Agustín
Caravantes no tuvo puntería”, esbozó Emilio Aponte. El saldo,
un presunto “rozón” de bala en la frente del comisario,
y todos los vidrios rotos y estrellados de una camioneta
suburban color verde olivo
modelo 1983 con placas TSJ 4127 estacionada cerca
del lugar de los hechos.
Llamada de auxilio
A las 2 de la tarde con 15 minutos, el propio Emilio Aponte
recibió llamada telefónica de la policía municipal.
Después de avisarles de un nuevo intento de entrada
a los terrenos para hoy, recibe alguna notificación.
Sin embargo, Pedro Amador, cuatro horas antes y previo a los
acontecimientos avisó a la comandancia de los problemas
y no obtuvo nada de auxilio. “Marqué más de cinco
veces y dijeron, llegarían; no sucedió”, afirmó.
En el entremés de los disparos, abundó, logró escabullirse
y acudió a las instalaciones de seguridad pública
del ayuntamiento. “Encontré a quien dirige a la policía
y solicité como ciudadano ayuda; pero argumentó, no
podía arriesgar a su personal por las armas de grueso
calibre”. Añadió el campesino: “En un momento determinado,
Adrián Campos –de extracción militar– exigió mostrarle
los documentos de acreditación de la propiedad en
disputa. Respondí, no es Juez o algo así y culpé a
ese funcionario de alguna desgracia por la ineptitud
mostrada”.
El regidor de Agricultura y Ganadería, Lorenzo Díaz Ortega,
intervino y así lograron la visita de elementos de
la policía municipal, quienes “nada más tomaron nota
y regresaron”, explicó. Cerca de las 3 de la tarde,
aparecieron dos patrullas de la policía estatal en
las calles aledañas a las oficinas del comisariado
ejidal de Tehuixpango.
Un elemento descendió y buscó a Emilio Aponte. Dijo que acudieron
debido a una llamada registrada en el 066. Pidió y
tomó datos del asunto. El campesino explicó brevemente
los hechos y los guardianes del orden acudieron a
la camioneta afectada.
–¡Eso es con una arma de grueso calibre!
–soltó uno de los policías en el momento de acercarse
y observar la camioneta
–¡Intentaron cazarnos como conejos! –completó
un ejidatario.
La promesa de quien encabezaba las patrullas de la policía
estatal quedó en trasmitir el reporte a mandos superiores.
Después, desaparecieron. Pero primero escucharon la
advertencia de los vecinos: “Mañana (hoy) vamos a
entrar de nueva cuenta porque nadie puede impedirlo;
y queremos el apoyo de ustedes y de Mario Marín; si
intentan agredirnos otra vez, vamos a responder porque
ahora sí llevaremos herramientas para hacerlo. El
pueblo de Tehuixpango –ubicado a las orillas de la carretera federal
Atlixco-Puebla– está enojado y dispuesto a linchar a esa gente”.
Recordaron que en la reciente visita del gobernador a Atlixco la semana pasada para entregar documentos del Procede,
“festejó junto a otras autoridades el fin del problema
agrario en la comunidad; pero pedimos el apoyo para
evitar esto y no hizo caso. En parte, el gobierno
tiene la culpa de los enfrentamientos”, insistió Pedro
Amador.
Ellos también
Consultado vía telefónica, Agustín Caravantes
–militar en retiro y ex funcionario del primer ayuntamiento
panista de Atlixco
despedido en 1997 por agredir con disparos a ese mismo
grupo de personas– respondió con tono molesto y agresivo:
“esos cabrones quisieron meterse a los terrenos”.
Dijo ser “víctima de la persecución con rifles y escopetas
de unas 30 personas” y por eso debió agazaparse en
una de las bardas. Admitió, los terrenos no son propiedad
suya. “Los predios quedaron vendidos por mi hace años
a otras personas; pero como no tenían manera de hacerlos
respetar, los defendí a balazos. Todo resultó en un
tiroteo”.
Agregó que los afectados levantaron una denuncia ante la Agencia
del Ministerio Público por el delito de invasión en
contra de los ejidatarios. “De hecho, hasta las 3
de la tarde llegaron los peritos a levantar testimonios”.
–¿Por qué no hizo la demanda usted?
–Porque dentro de la burocracia, pidieron las escrituras y
no las tengo.
–Ellos acusan de dañar una camioneta...
–No es cierto, por el contrario, dañaron un coche azul propiedad
de la gente...
–¿Qué coche?
–No recuerdo la marca...
–¿Y las lesiones en la frente a Emilio
Aponte, el comisario?
–Eso fue un vidrio
–Dicen que fue un balazo...
–No creo; mi arma no hiere, mi arma mata –aseguró en un tono
irónico.
Toman ejidatarios de diez comunidades sede de SRA. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web)
Cuernavaca, Mor. Ejidatarios de 10
comunidades agrarias en el estado mantuvieron retenidos
por una hora a delegados federales de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) y se declararon en
plantón permanente en la dependencia como protesta
ante la falta de interés por dar salida a los conflictos
de tierras.
Desde la mañana de ayer y con el respaldo de las organizaciones
campesinas los manifestantes tomaron las instalaciones
de la SRA en protesta por los constantes desplantes
que funcionarios agrarios han hecho al sector campesino.
En entrevista, Florencio Ixpango
Merino de la Central Independiente de Obreros Agrícolas
y Campesinos (CIOAC) recordó que al cancelarse de
último momento la mesa del Congreso Agrario Estatal
de 2005 –la semana pasada para realizar un convivio
navideño– “los líderes agrarios acordamos regresar
este martes (ayer) en espera de que se instalara dicha
mesa, y al no llegar a nada, los ejidatarios decidieron
tomar las instalaciones e instalarse en plantón permanente
hasta que acudan autoridades federales de oficinas
centrales a destrabar el conflicto y pongan orden
en las dependencias”.
El líder de la CIOAC lamentó que una vez que llegó Mario Ríos,
representante regional de la SRA, en lugar de Natividad
Salas Estrada, “se evidenció el que obstaculizaría
el trabajo de la dependencia, y así fue, pues el señor
desconoce los conflictos del estado”.
De la misma manera, expresó que los delegados de la Procuraduría
Agraria y de la SRA, Rogelio Castañares Ferrer
y Mario Ríos respectivamente, habían sido retenidos
por comisiones de ejidos y comunidades, al considerar
que sus conflictos han sido borrados de sus agendas
y que no existe la intención de solucionarlos, esto
ante su actitud “blandengue”. Dijo que “es lamentable,
que los delegados prefieran irse de jarras con algunos
dirigentes y dejar botados los trabajos en los cuales
se ha avanzado por muchos años”.
Cabe destacar que hasta el cierre de esta edición, los funcionarios
agrarios seguían sin poder salir de las oficinas de
la Secretaría de la Reforma Agraria, pues los ejidatarios,
junto con los campesinos, seguían en poder de la dependencia
como protesta.
Que no haya policías en la asamblea, piden opositores
a La Parota a la Codehum. (El Sur, Ezequiel Flores, p.web).
La reunión
convocada para el viernes por la Procuraduría Agraria
en Dos Arroyos es irregular porque fue solicitada
por sólo 20 ejidatarios, dice el director de Tlachinollan.
Chilpancingo
El Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y el director
del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan,
Abel Barrera, informaron que ejidatarios de Dos Arroyos
solicitaron a la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos (Codehum) medidas
cautelares para evitar la presencia de policías municipales
y del estado en la asamblea del viernes.
La reunión fue convocada por la
Procuraduría Agraria este viernes, a fin de
expropiar las tierras de uno de los tres núcleos agrarios
que no han aprobado este proyecto de la Comisión Federal
de Electricidad.
En conferencia de prensa, Barrera
Hernández explicó que esta asamblea incumple con la
normatividad agraria que establece que debe ser solicitada
por el 20 por ciento de los ejidatarios registrados,
que en este caso serían 600, “pero fueron 20 los ejidatarios
que supuestamente la pidieron”.
La convocatoria emitida por la
dependencia federal –agregó– indica que para declarar
quórum legal se requiere el 50 por ciento más uno,
pero la legislación dice que cuando se trate de temas
relacionados con la pérdida del dominio de los terrenos
ejidales deben participar por lo menos tres cuartas
partes de los ejidatarios, “los cuales deberán ser
convocados con un mes de anticipación y no ocho días
antes como lo hicieron las autoridades federales”.
Aseveró que nuevamente los gobiernos
estatal y federal “pretenden imponer” la aprobación
de ejidatarios para la expropiación de sus tierras
a través de asambleas ilegales, protegidas por cuerpos
de seguridad pública y comprando el voto a los campesinos.
Por su parte, el campesino de la
comunidad de Dos Arroyos, Teodoro del Carmen, se manifestó
en contra de la asamblea y responsabilizó de cualquier
incidente que suceda al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
Anunció que este jueves los campesinos
opositores a la presa tomarán la Comisaría de Dos
Arroyos, “y en este lugar vamos a esperar a los funcionarios
de la CFE pa ver si se atreven entrar a nuestra tierra”.
Por su parte, el vocero del CECOP,
Marco Antonio Suástegui
Muñoz, dijo que han sido las autoridades las que promueven
la confrontación porque convocan a una asamblea ilegal.
Mostró un documento que indica
que el 21 de noviembre el comisariado
de Dos Arroyos, Juan Zapata Jiménez, informó al gobernador
sobre el riesgo de un enfrentamiento en el lugar en
caso de que se lleve a cabo una asamblea para discutir
sobre la expropiación de tierras para la presa.
Insistió que el proyecto no tiene
el propósito de que los 25 mil campesinos que serán
desplazados se incorporen al desarrollo del estado,
sino que los excluye y sólo traerá beneficios para
los inversionistas.
De ello, el abogado Mario Patrón
aseguró que el contrato de licitación de la obra indica
que a los inversionistas mayoritarios les corresponderá
administrar por 50 años los recursos económicos que
se generen por los servicios que ofrezca la presa.
Dijo que el juicio de nulidad de
la asamblea en San Marcos continúa ante el Tribunal
Unitario de distrito, con sede en Acapulco, donde
se llevará a cabo la etapa de desahogo de pruebas.
Confió que se demostrará que las
autoridades violaron la legislación agraria.
El Procede no busca privatizar los ejidos, responde
el director del Registro Agrario. (El Sur,
Cristina Sierra, p.web).
El programa
es para garantizar la tenencia de la tierra, dice
Javier Gutiérrez Robles.
El delegado del Registro Agrario
Nacional en el estado, Javier Gutiérrez Robles,
rechazó que el Procede sea una forma de privatizar
los ejidos y así impedirles la facultad de decisión
en asambleas, como lo han calificado ejidatarios opositores
al proyecto La Parota.
Consultado durante el festejo por
la entrega de tierras en el ejido El Podrido, Gutiérrez
Robles negó que el objetivo del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede)
sea privatizar al ejido, sino “todo lo contrario,
pues es (para) garantizar la tenencia de la tierra”.
Explicó que el programa se opera
con la colaboración de la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA), el Registro Agrario Nacional (RAN),
la Procuraduría Agraria y el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),
el cual se encarga de hacer las mediciones vía satélite
del ejido.
El 5 de diciembre, en una asamblea
en el ejido de La Palma, ahora opositor al proyecto
La Parota, el especialista en desastres ecológicos
originados por diversas causas, Antonio Castillo,
criticó la función del Procede al establecer como
propiedad privada los solares y parcelas, “pues el
objetivo es desaparecerlos a ustedes como núcleos
agrarios”.
Tal tesis fue rechazada por el
delegado del RAN, quien defendió que el programa está
diseñado para marcar los límites de las parcelas “de
manera justa y legal”, y que al reverso del certificado
agrario se dispone un plano con las condiciones de
cada parcela y con ello “ya no debe haber problemas
de límites”
Dijo que cuando existe un conflicto
al Tribunal Agrario se le “facilita actuar
con justicia” al revisar el certificado, y aseguró
que los ejidatarios que rechazan el programa es porque
no tienen los elementos suficientes para juzgar “pues
la garantía absoluta es para ellos”.
Gutiérrez Robles negó que con el
Procede se privatice del ejido y se le reste autoridad
a la asamblea como órgano en la toma de decisiones,
y aclaró que el ejido continúa siendo “autónomo” y
la toma de decisiones en las asambleas también son
“autónomas”.
Dijo que el programa “no es obligatorio”
en el ejido y su aplicación obedece a la decisión
de las votaciones de asamblea.
Asimismo, rechazó que su aplicación
sea un factor de división entre los ejidatarios, pues
el 80 por ciento del área ejidal de la República ya
está certificada “y eso es garantía que la gran mayoría
acepta el programa.”
Tres Vidas y Playa Encantada aún reclaman El Podrido,
dice el comisario. (El Sur, Cristina Sierra,
p.web).
Con mariachis
y una comilona, festejan ejidatarios el sexto aniversario
de la entrega de sus tierras.
Ejidatarios, funcionarios municipales,
estatales y federales festejaron el sexto aniversario
de la entrega de las tierras a ejidatarios de El Podrido.
Ahí, el presidente del comisariado, Martín Cruz Bello. aseguró
que aunque la lucha legal terminó, aún queda la defensa
de las tierras ante los inversionistas que las siguen
reclamando.
En una gran fiesta con mariachi,
grupo musical y pastel, los ejidatarios de El Podrido
festejaron la posesión de sus tierras después de una
disputa legal que sostuvieron desde 1978 con las empresas
Tres Vidas y Playa Encantada.
En El Podrido, justo en la cancha
de baloncesto, a un costado de la comisaría, los ejidatarios
prepararon una gran comilona y bebida para sus invitados
de otros ejidos y comunidades, como Tres Palos, San
Pedro Las Playas, La Estación y el Kilómetro 30.
Durante el festejo, el presidente
del comisariado ejidal de
El Podrido, Martín Cruz Bello, recordó que el 13 de
diciembre de 1999, la Secretaría de la Reforma
Agraria (SRA) entregó 796 hectáreas a 69 ejidatarios
después de un juicio de amparo ante instancias judiciales.
Confirmó que “la tierra es nuestra
y vamos a defenderla de intereses de los invasores
que quieren quitarla hasta donde sea posible”.
El representante legal del ejido,
Meridión Estrada, dijo que
el juzgado tercero de distrito dictaminó a su favor
y sus propiedades fueron certificadas ante el Registro
Agrario Nacional.
Pero después de la disputa con
las empresas Playa Encantada y Tres Vidas, éstas aún
reclaman la propiedad, lo cual calificó como “reclamos
infundados” pues en la larga disputa los empresarios
hicieron simular el ejido como un fraccionamiento,
“pero en todas las instancias legales no han tenido
reconocimiento”.
Señaló que después de que a cada
ejidatario se le ha reconocido su propiedad no hay
ya ventas para grandes consorcios turísticos por parte
de los ejidatarios, pero destacó que sí han promovido
la “comercialización con vías al desarrollo del ejido,
donde el ejidatario pone la tierra y el inversionista
el dinero”.
En su intervención, el delegado
estatal del Registro Agrario Nacional (RAN), Javier
Gutiérrez, dijo que la dependencia federal “abre las
puertas” no sólo al ejido El Podrido, sino a todos
los demás.
Al festejo asistieron la ex presidenta
del comité municipal del PRD, Beatriz González; la
ex diputada y ex presa política Rosario Merlín; el
dirigente de la defensa ciudadana, Ramón Loya; el director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, Carlos
Villalpando; el asesor de la Secretaría de Desarrollo
Rural, Víctor Rebolledo Gutiérrez; el representante
de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Juan
Manuel Osorio; el presidente del CEM del PRD, Galdino Zapata, y la visitadora de la Procuraduría Agraria,
Ofelia Palacio Rayo.
Posponen una reunión sobre el pago a ejidatarios
afectados por la Autopista. (El Sur, Teresa de la Cruz,
p.web).
La SCT envió
a un representante sin facultades para resolver el
monto de la indemnización, se queja el dirigente de
la CNC Evencio Romero.
Chilpancingo
Debido al desinterés de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) ayer fue pospuesta
para el 18 de diciembre una reunión entre representantes
de esa dependencia y ejidatarios de Acapulco y Tierra
Colorada afectados por la Autopista del Sol.
El dirigente de la Confederación
Nacional Campesina (CNC) no oficial, Evencio
Romero Sotelo, informó que en la junta los representantes de la dependencia
informarían a los afectados el monto de la indemnización
por las 100 hectáreas que le expropiaron “arbitrariamente”
a 19 ejidos para construir esa carretera en 1992.
Abordado en uno de los pasillos
de la Secretaría General de Gobierno, Romero Sotelo
explicó que “a la SCT no le interesa resolver el conflicto
pues envió en representación de la delegación del
estado a una persona que no tiene la facultad y capacidad
para resolver este problema, incluso él se declaró
incompetente para resolverlo”, pero no dijo el nombre.
Dijo que el 28 de noviembre, en
una reunión en la comisaría del Kilómetro 21, entre
el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría,
y campesinos de los 19 ejidos afectados, “ante las
amenazas de bloqueo a dicha vía Armando Chavarría se ofreció a ser intermediario”.
Indicó que a convocatoria del funcionario
estatal, las autoridades agrarias de los ejidos, funcionarios
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y
de la Subsecretaría para Asuntos Agrarios acudieron
a la reunión, pero “se frustró el encuentro por la
falta de interés de la SCT”.
Romero Sotelo
señaló que la dependencia federal está obligada a
cumplir con la indemnización porque el Tribunal
Superior Agrario (TSA) ordenó, el 25 de noviembre,
“la restitución de las tierras” que no se encuentran
dentro del decreto expropiatorio de hace 13 años.
Ante esa situación, explicó que
Chavarría Barrera propuso “un receso a los ejidatarios, pidió
que esperemos la reunión para el próximo lunes, e
incluso dijo que aquella ya será con autoridades centrales,
y pues si ese día no se resuelve nada es seguro que
se tomará la Autopista”.
Romero Sotelo
señaló que los ejidatarios están conscientes de que
es imposible recuperar sus tierras porque ya construyeron
la carretera de cuota, “y para no provocar un conflicto
estamos dispuestos a negociar, pero como este juicio
ya tardó más de tres años hay indignación contra SCT
de parte de los campesinos”.
Evencio Romero
dijo que “lo único que piden es el pago de los terrenos
a 30 pesos el metro cuadrado, pues la SCT hace tres
años, cuando comenzó el juicio (en el 2002), pretendía
pagar 2 pesos con 50 centavos, pero eso no es justo
y por eso ahora con sustento legal se piden 30 pesos
por metro cuadrado”.
Entre los ejidos afectados están
Los Órganos de Juan R. Escudero, San Martín del Gobero,
Agua de Perro, Alto del Camarón, Los Cuajes, Dos Arroyos,
Sabanillas, Ejido Nuevo y Kilómetro 21, que pertenecen
a Acapulco.
Opositores a La Parota impedirán asamblea. (El Universal, Juan Cervantes, p.web).
La convocatoria
del Tribunal Agrario es ilegal, dicen ejidatarios
y comuneros.
Chilpancingo, Gro.- Ejidatarios y
comuneros opositores al proyecto hidroeléctrico La
Parota advirtieron al gobernador de Guerrero, Zeferino
Torreblanca Galindo, y a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) que no van a permitir que se realice la asamblea
en la comunidad de Dos Arroyos, programada para el
viernes de esta semana, debido a que la convocatoria
que mandó publicar el Tribunal Agrario "es
ilegal porque sólo la piden 20 personas, y mínimo
deben ser 120 ejidatarios".
Mario Patrón, abogado del grupo Tlachinollan,
dijo que el gobierno estatal y la CFE, lo mismo que
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
a través del Tribunal Agrario, "por encima del
artículo 100 de la Ley Agraria, pretenden imponer
una asamblea ilegal que la mayoría de los 600 ejidatarios
rechazan, porque están en contra del proyecto La Parota".
En conferencia de prensa, el defensor de derechos humanos del
grupo Tlachinollan, acompañado
por Felipe Flores, Marco Antonio Suástegui,
Facundo Hernández y Julián Blanco, del Consejo de
Ejidatarios y Comuneros, Opositores a La Parota (CECOP),
solicitaron ayer a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), "que pida al gobernador Zeferino
Torreblanca Galindo y al alcalde de Acapulco, Félix
Salgado Macedonio, que no envíen policías antimotines
a Dos Arroyos".
Dijeron que el envío de éstos a la zona de conflicto sólo va
a generar confrontaciones y más violencia, por lo
que responsabilizaron al gobernador guerrerense, a
la CFE y al presidente municipal de Acapulco, "de
lo que pueda pasar el viernes, porque nosotros estamos
dispuestos a pelear y morir por defender nuestras
tierras".
Los dirigentes del CECOP sostuvieron que no van a permitir
que se realicen las tres últimas asambleas que, dice
la CFE y el gobernador de Guerrero, hacen faltan de
llevarse a cabo en las poblaciones de Dos Arroyos,
Los Guajes y La Palma, para aprobar el proyecto hidroeléctrico
de La Parota. Advirtieron: "No va a pasar, así
piérdamos (sic) la
vida".
Felipe Flores y Marco Antonio Suástegui
aseguran que el gobernador de Guerrero "no tiene
sensibilidad política con los pobres, él piensa como
empresario".
Los opositores a La Parota temen resurja la violencia. (Milenio Diario, Zacarías
Cervantes, p.web)
Demandan al gobierno
estatal tomar las medidas necesarias para evitar hechos
violentos durante la asamblea de este viernes.
En Guerrero, ejidatarios opositores
al proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota demandaron
al gobierno estatal y federal que tome las medidas
cautelares necesarias durante la asamblea que ha sido
convocada para este viernes en la localidad de Dos
Arroyos, en donde los campesinos de ese núcleo agrario
votarán por el sí o por el no a la construcción de
la presa.
Los dirigentes del Consejo de Ejidos
y Comunidades Opositores a la presa La Parota y los
representantes del Centro de Derechos Humanos de la
Montaña, Tlachinollan, denunciaron
que esta nueva asamblea está siendo convocada por
la Procuraduría Agraria al margen de la ley
y temen que se presenten nuevos hechos de violencia
porque el gobierno estatal y el municipal de Acapulco
pretenden enviar a la fuerza pública para resguardar
la reunión.
Dirigentes del CECOP, encabezados
por Marco Antonio Suástegui
y Felipe Flores, así como los comuneros José Hernández,
del núcleo agrario de Agua Caliente; Fernando Hernández
Angel, de Salsipuedes; Teodoro Del Carmen, de Dos Arroyos; Julián Blanco
Cisneros, de Los Guajes; y Sabás
Suligan Hernández, de La Parota, acompañados del coordinador
del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan,
Abel Barrera Hernández y el abogado, Mario Patrón,
responsabilizaron al gobierno estatal y federal de
los hechos de violencia que pudieran presentarse.
Refuerzan bloqueos
Los campesinos opositores al proyecto
han reforzado los bloqueos a las carreteras y caminos
que conducen a las localidades en donde se podría
llevar la asamblea, con el fin de impedir la presencia
de las corporaciones policiacas,
pues el dirigente del CECOP, Marco Antonio Suástegui
insistió que los comuneros y ejidatarios deben decidir
libremente, sin presión alguna, si aceptan o no el
proyecto.
Nuevamente los gobiernos estatal
y federal, mediante la Procuraduría Agraria y la CFE,
“buscan imponer la aprobación de ejidatarios para
la expropiación de sus tierras con la realización
de asambleas al vapor y fuera de la legalidad”, denunció
el director del centro de Derechos Humanos de la Montaña,
Tlachinollan Abel Barrera.
Denunció que los gobiernos estatal
y federal han dispuesto para esta asamblea recurrir
a acciones como la compra del voto “y la utilización
desproporcionada de los cuerpos de seguridad pública,
con el fin de llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico
de La Parota que desplazará a más de 25 mil campesinos,
afectará a 75 mil personas y 17 mil hectáreas de terreno”.
Por su parte los ejidatarios denunciaron
que la convocatoria para la asamblea es ilegal porque
se está convocando ocho días antes, cuando debe de
ser de acuerdo a la ley, cuando menos con un mes de
anticipación.
Además, explican que la asamblea
debe ser convocada por el comisariado
ejidal o comunal y que está siendo convocada por la
Procuraduría Agraria, con el argumento de que 20 ejidatarios
la solicitaron, a pesar de que el reglamento establece
que debe ser 20 por ciento de los ejidatarios y que
esto implica que debieron pedirla 120 interesados.
Intentan secuestrar a representante de SRA . (Tribuna de Campeche, p.web)
Decenas de ejidatarios y comuneros de Pomuch,
que se dijeron engañados y burlados, intentaron secuestrar
al representante estatal de la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA), Paulo Enrique Hau Dzul, a quien obligaron
a subir a una camioneta pero fue auxiliado por funcionarios
de oficinas centrales que ofrecieron iniciar los trámites
de expropiación de 13 mil 500 hectáreas de la ampliación
forestal de esa comunidad.
La reunión programada a las 10:00 horas tenía como objetivo
la integración de los expedientes de la ampliación
forestal, pero no asistió el director general de Expropiaciones
de la SRA.
Los labriegos encabezados por el comisario ejidal Julio Alonso
Pech Canché y el líder del
Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata, Luis
Antonio Che Cu, lamentaron la falta de seriedad del
Gobierno Federal para resolver la demanda agraria
y advirtieron que no habrá más plazo.
La Unidad de Concertación Agraria había devuelto los expedientes
de la ampliación forestal de Pomuch
a la representación agraria de la entidad para su
correcta integración, y tras ordenarse los trabajos
de deslinde Hau Dzul notificó que no procedían las solicitudes.
Esta decisión molestó a los campesinos y culparon al Gobierno
Federal de todas las acciones que pueden ocurrir pues
desde hace 15 años exigen solución al conflicto agrario.
Como medida de presión pidieron a Hau
Dzul trasladarse a Pomuch
pero éste se negó, por lo que a empujones, gritos
y manotazos lo condujeron hasta una camioneta de redilas
con placas CM37-452 y lo obligaron a subir. Hau Dzul exigía respeto pero recibió
mentadas de madre de los airados campesinos. --"No
me grites", replicó a un campesino, quien le
respondió: --"Pues súbete porque te va llevar
la chingada".
Permaneció unos 20 minutos arriba de la camioneta, custodiado
por los campesinos, porque el chofer se negó a conducir
el vehículo, temeroso de que fuera acusado de secuestro.
Mientras, elementos de la Policía Estatal Preventiva
arribaron al área y funcionarios de la Dirección de
Gobernación intervinieron.
El operador se negó a abrir la camioneta, lo que Hau Dzul aprovechó para bajarse
y cuando lo pretendían trasladar en un vehículo, Che
Cu pidió hacer llamadas a las oficinas centrales,
con el director de Seguimiento y Control de la SRA,
y anunció que daría procedimiento a los trámites.
Alrededor de las 12:00 horas arribaron el subdirector de Terrenos
Nacionales, Ricardo Peraza Sánchez, y Manuel Jiménez
Narváez, de la Subsecretaría de Política Social, quienes
comenzaron a integrar los expedientes, lo que devolvió
la calma a los alrededor de 100 campesinos.
Hau Dzul descartó
presentar alguna denuncia, mientras los campesinos
advirtieron que no cumplirse el nuevo acuerdo en la
próxima reunión cumplirán
con su amenaza de llevar al funcionario hasta la comunidad
de Pomuch y lo dejarán salir hasta que resuelva el conflicto
agrario.
Sector agropecuario
Pocas mujeres rurales tienen acceso a créditos. (La Jornada, Carolina Gómez, p.web)
Pese a que las mujeres del área rural han demostrado ser buenas
pagadoras, todavía existen "muchos obstáculos
para que sean sujetas de crédito en el sector formal",
lamentó Nuria Costa Leonardo, presidenta de la Red
Nacional de Mujeres Rurales (Renamur),
al precisar que, no obstante lo anterior, cada vez
más se suman a la población económicamente activa,
pues de 1990 a 2000 su participación pasó de 7.8 por
ciento a 26 por ciento.
Según la Renamur, no sólo el acceso
al crédito para establecer pequeños negocios -por
ejemplo de artesanías- es negado a dicho sector, sino
también los sistemas financieros realizan una "notable
discriminación por sexo", ya que de acuerdo con
una encuesta sobre los sistemas financieros rurales
reveló que las mujeres pagan en promedio "35
por ciento más de tasa de interés que los hombres".
Asimismo, debido a que sólo poco más de 14 por ciento de mujeres
rurales son sujetas de crédito (a diferencia de 25
por ciento de hombres), 16 por ciento de las que requieren
fondos para abrir un negocio o microempresa deben
recurrir a prestamistas, quienes cobran más intereses,
pero establecen como garantías condiciones más flexibles.
En conferencia de prensa, en la que se anunció la realización
-hoy y mañana- del Encuentro Nacional de Mujeres Rurales,
Costa Leonardo aseveró que la Renamur
ha logrado con el Fideicomiso Instituido en Relación
con la Agricultura (FIRA) apoyos por "10 millones
de pesos" para ayudar a alrededor de 4 mil mujeres
en sus proyectos, pero destacó que en realidad para
el próximo año la necesidad de préstamos se incrementará,
pues la red prevé apoyar a 30 mil mujeres.
En entrevista posterior, Costa Leonardo declaró que "con
Financiera Rural ya diseñamos un programa, pero debemos
analizar por qué no se puede poner en marcha, qué
es lo que lo dificulta". Agregó: "otro llamado
es al FIRA para que nos sentemos y evaluemos lo que
se ha hecho este año, en el que hemos trabajado un
crédito muy pequeño, de sólo 10 millones de pesos".
Añadió que las entidades financieras "no deben considerar
a las mujeres rurales como productoras de bajos ingresos.
Por ello no les dan crédito. Eso no nos satisface,
deberían revisar sus políticas".
Organizaciones campesinas
Desastrosa, la situación del agro estatal: CNPA. (La Jornada de Morelos,
Raúl Morales, p.web)
Cuernavaca, Mor. Plutarco Emilio
García Jiménez, integrante de la Coordinadora Nacional
Plan de Ayala (CNPA) afirmó que la situación agraria
en Morelos, “es un desastre”, y por ello hizo votos
para que en el marco del 12 Coloquio de otoño 2005,
mejoren las condiciones del campo y de sus programas.
Entrevistado durante la realización de este acto impulsado
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
y el Frente Morelense de Organizaciones Campesinas,
y cuyo fin es fortalecer la calidad de los programas,
García Jiménez explicó que al seguir existiendo conflictos
agrarios, “no se pueda hablar de paz social en el
campo”.
Durante los dos días que dura el acto, se elaborará un proyecto
alternativo de desarrollo rural sustentable del estado,
mismo que será presentado ante los precandidatos electorales
para que asuman de una vez los compromisos con el
sector.
“Lo más interesante que vemos entre el mundo rural y el mundo
académico –comentó– es que nos permitirá calificar
muchas de las ideas aquí planteadas y que ayudarán
a elevar la calidad del debate y por ende, obtener
mejores beneficios hacia el campo”.
Explicó que en una primera experiencia de trabajo conjunto
de la universidad con las organizaciones campesinas,
“hemos trabajado a lo largo del día en cinco mesas
de trabajo abordando temas generales del campo, en
donde los estudiosos de las facultades universitarias
toman nota y se intercambian opiniones, el propósito
es que al final del día se presente un verdadero proyecto
alternativo con propuestas fortalecidas para el estado
de Morelos”.
El líder agrario manifestó que parte de los reclamos de la
gente del campo, es el clientelismo de los programas
sociales que al ser un año preelectoral algunas dependencias
pretenden manipular los programas en busca de votos.
En lo que se refiere a la industrialización y comercialización
del campo, –dijo– “es un problema serio, por lo que
esperamos que durante el coloquio se logre elaborar
una propuesta alternativa que beneficie a los campesinos.
Cabe destacar que en el coloquio participan las facultades
de Derecho y Ciencias Sociales, Psicología, Contaduría,
Administración e Informática, Arquitectura y la Escuela
de Enfermería, en donde se abordaron temas como el
de las exigencias agrarias, naturales y ambientales,
la integración de la producción agropecuaria y agroindustrial,
necesidades sociales, creatividad de organizaciones
campesinas y la agenda legislativa para el campo morelense.
Prensa Estatal
CAMPECHE
Eligen a Adolfo Caamal
como nuevo comisario ejidal de Chunhuás. (El Sur de Campeche, Benjamín Chan,
p.web)
Calkini.- Adolfo Caamal
Cauich, fue elegido
La jornada electoral de esta nueva autoridad del campo se llevó
a cabo de manera tranquila donde participaron 64 campesinos,
que decidieron a favor de Caamal
Cauich como su nueva autoridad.
Luego del pase de lista y verificar la asistencia de la mayoría
de los ejidatarios, inició la votación para elegir
al representante ejidal para los siguientes tres años,
resultado ganador Adolfo Caamal Cauich con un total de 40
votos; mientras que su contrincante Pablo Pech
Chí obtuvo solamente 24 sufragios.
La planilla del nuevo comisario está integrada por Caamal Cauich como presidente; Gilberto
Itza Sunza,
secretario Senobio Ceh
Chablé, tesorero; así como Carlos Humberto Perera Caamal, presidente del Consejo
de Vigilancia y Roberto Caamal,
secretario, rindieron protesta como autoridades electas
de este núcleo ejidal.
La nueva autoridad dijo que se compromete a luchar por el bienestar
de los campesinos luchando siempre apoyos y velar
por los intereses de los productores de esta pequeña
comunidad. El bien común será nuestra único objetivo, reiteró.
Rogelio Caamal Cauich,
autoridad saliente rindió su último informe y posteriormente
entregó los bienes de esta comisaría para ser administrados
por los recién electos, entre estos las llaves del
local, equipos de oficinas, la carpeta básica, entre
otros.
El período de mandato del nuevo comisario será para los próximos
tres años. Esto mientras cumpla eficazmente con sus
labores. De lo contrario ellos mismos se encargaran
de pedir su salida como ha ocurrido en varios casos.
ESTADO DE MÉXICO
Campesinos inician marcha por mayor presupuesto
al campo. (El Universal, Ángeles
Velasco, p.web).
Caminarán más de 100 kilómetros
del municipio de Amecameca
a Toluca.
Amecameca, Méx.-
Campesinos de la zona suroriente
del estado de México iniciaron una marcha hacia la
ciudad de Toluca para protestar por la reducción en
el presupuesto para el campo propuesta por el gobierno
estatal para el 2006.
El diputado local Federico del
Valle Miranda indicó que la situación del campo en
la entidad es grave, lo que ha provocado que los campesinos
emigren o cambien de actividad al no contar con apoyos
para ser más redituable esta actividad.
Ante ello comentó que líderes de
todo el estado acordaron llevar a cabo una marcha
a Toluca para exigir al gobernador Enrique Peña Nieto,
y al Congreso mexiquense, un incremento en el presupuesto
para el próximo año.
Ello, debido a que la propuesta
de presupuesto para el 2006 en el estado tiene una
disminución de 151 millones de pesos con respecto
a lo ejercido en este año.
El también secretario de la Comisión
de Desarrollo Agropecuario y Forestal en la Cámara
de Diputados local, indicó que previendo el impacto
negativo que tendrá este decremento en el presupuesto,
se acordó llevar esta marcha que contempla recorrer
a pie unos 100 kilómetros.
El legislador señaló que se buscará
que por lo menos se destine al campo 1% del presupuesto
total del estado que es de 93 mil millones de pesos.
A su vez, campesinos del norte
de la entidad se sumaron a la protesta de los productores
de la zona de los volcanes para exigir al gobierno
del estado y al Congreso estatal un incremento al
presupuesto agropecuario a fin de que la cifra pase
de 717 millones a 3 mil millones de pesos.
Los labriegos aseguran que la crisis
en el campo es insostenible y el gobierno estatal
se muestra indiferente ante la problemática, ya que
además de disminuir el presupuesto agropecuario estatal,
también congela los recursos federales.
Everardo Lovera
Gómez, presidente de la Federación de Productores
Maíz, mencionó que cerca de 500 campesinos del norte
de la entidad se sumarán a la protesta de los campesinos
de Amecameca
Marcha diputado mexiquense contra recorte al campo. (La Jornada, René Ramón, p.web).
Amecameca, Mex. El
perredista Francisco del Valle Miranda, secretario de la comisión
de fomento agropecuario del Congreso local, inició
una caminata de 150 kilómetros rumbo a la capital,
Toluca, en protesta porque el gobierno del estado
pretende reducir en 150 millones de pesos (de 868
a 717 millones) el presupuesto para el campo, lo que
afectaría a casi dos millones de labriegos en territorio
mexiquense. El legislador aseguró que, de acuerdo
con información que le proporcionó el Consejo Estatal
de Población, diariamente 200 campesinos abandonan
las cosechas para emigrar en busca de mejores condiciones
de vida. La mitad, dijo, se trasladan a Estados Unidos,
donde los productores reciben un subsidio de 50 por
ciento a sus cosechas.
MICHOACÁN
Exigen agrupaciones indígenas y campesinas 6% del
Presupuesto. (La Jornada de Michoacán,
Nicolás Guzmán, p.web).
Miembros del Bloque de Organizaciones
Campesinas e Indígenas, al cual están incorporadas
otras 11 agrupaciones, se presentaron en el Palacio
Legislativo para exigir que se incremente a seis por
ciento del total el presupuesto del estado de Michoacán
para el ejercicio fiscal 2006.
Los representantes de las organizaciones
fueron recibidos por el presidente de la Comisión
de Desarrollo Rural, Julián Rodríguez Sesmas; el presidente
de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta
Pública, Gustavo Orozco Zepeda;
así como por los también diputados Minerva Bautista
Gómez y Ramón Chávez Chávez, quienes se comprometieron a revisar a detalle el presupuesto
destinado al sector agrícola.
Asimismo, aseguraron que participarán
en reuniones distritales
con productores agrícolas para conocer sus necesidades.
Sin embargo, admitieron que el presupuesto es austero
y que existen escasas posibilidades de alcanzar el
porcentaje que se les pidió.
En representación del Bloque de
Organizaciones Campesinas e Indígenas, Alfredo Amezcua
Mateo recordó que diversas agrupaciones del país se
han organizado desde hace años para impulsar el incremento
de los presupuestos federal y estatal destinados al
sector agrícola.
Señaló que ya se logró el incremento
del presupuesto federal originalmente propuesto por
el Ejecutivo para el ejercicio fiscal 2006, aunque
los aumentos siguen siendo insuficientes.
Alfredo Amezcua
indicó que el incremento de poco más de 30 millones
de pesos que propuso el Ejecutivo estatal para el
próximo año tampoco es suficiente, puesto que en el
ejercicio fiscal 2005 se destinó 1.39 por ciento de
los recursos del estado de Michoacán para el sector
y la propuesta del gobernador Lázaro Cárdenas Batel
es de aumentarlo a 1.49 por ciento.
Al respecto, recordó que durante
el sexenio de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como gobernador
del estado se alcanzó el tope histórico de 12 por
ciento del presupuesto estatal para el campo, cifra
que en las siguientes administraciones disminuyó de
manera considerable. En ese sentido, indicó que considerando
las condiciones actuales del país, sería positivo
que cuando menos se destine seis por ciento del presupuesto
al sector.
De acuerdo con la propuesta de
Cárdenas Batel, en 2006 se podría duplicar el presupuesto
destinado al campo a partir del inicio del sexenio,
puesto que el presupuesto para la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario (Sedagro) que
recibió la actual administración estatal en 2002 fue
de 194 millones 893 mil 550 pesos, mientras que en
2005 se están ejerciendo 340 millones 549 mil 782
pesos, y para 2006 se han propuesto 271 millones 247
mil 568. Sin embargo, en opinión de Alfredo Amezcua
el sector agropecuario de Michoacán requiere al menos
mil millones de pesos para cubrir sus necesidades
más elementales.
Demandan ejidatarios el cese de la explotación
del Cerro de El Molcajete. (La Jornada de Michoacán,
Óscar Villeda, p.web).
Zitácuaro.- Ejidatarios y vecinos de San Miguel Chichimequillas
se comprometieron a levantar el plantón que tienen
en la desviación a Seis Palos, acceso hacia los bancos
de arena y material pétreo, el cual se mantiene desde
la semana pasada, siempre y cuando se cumplan las
peticiones formuladas.
En una reunión en el auditorio
municipal "Samuel Ramos" con autoridades
municipales, los ejidatarios propusieron seis puntos
para llegar a un acuerdo que ponga fin al actual conflicto;
el primero es la clausura de los bancos de aprovechamiento
de materiales realizado en el Cerro de El Molcajete;
segundo, que se de seguimiento a la denuncia penal
interpuesta por la Secretaría de Urbanismo y Medio
Ambiente (SUMA) ante el Ministerio Público; tercero,
que el Ayuntamiento no adquiera materiales de estos
sitios; en este sentido el munícipe Leopoldo Martínez
Ruiz arguyo que el Ayuntamiento no adquiere materiales
para construcción de procedencia ilegal, toda vez
que éstos son comprados a materialistas agrupados
en la CROC y CTM.
Luego del argumento emitido por
el alcalde, el cual dejó satisfechos a los ejidatarios,
se continúo con la exposición de puntos, planteando
la necesidad de un plan urgente de restauración de
El Molcajete, acción que corresponde a quienes en
su momento han explotado las minas, mencionó el secretario
de SUMA, César Fernando Flores García.
Por su parte, el comisariado Eduardo Díaz se comprometió a reforestar el cerro
con ayuda de las autoridades, lo cual fue respaldado
por el munícipe.
Otro de los acuerdos fue formar
una comisión que le dé seguimiento al asunto, integrada
por los regidores, así como autoridades y directores
municipales, en colaboración con mesa directiva y
comisariado ejidal.
Finalmente se levanto una minuta
del acuerdo por el secretario del Ayuntamiento, Everardo
Hernández Contreras, estando las partes en la posición
de hacer las observaciones pertinentes.
MORELOS
Presionan al gobierno para solucionar caso de la
Unidad Morelos de Jojutla. (La Jornada de Morelos, Miguel Ángel García, p.web).
Cuernavaca, Mor. Colonos de la Unidad
Habitacional Morelos del municipio de Jojutla
y cañeros de la sección 72 arribaron al palacio de
gobierno para presionar a las autoridades con el fin
de que se agilice la investigación agraria que definirá
quiénes son los propietarios de las 10 hectáreas del
lugar –por las cuales los dos grupos pugnan–, en las
que se pretende edificar una zona urbana.
Los obreros cañeros de la sección 72, en voz de Manuel José
Torres Canales, indicaron que los dueños de esa parcela
son los integrantes del Fideicomiso para la Construcción
de Casas a Trabajadores de la Industria Azucarera,
por lo que han acordado que esa institución se encargue
de ejecutar un proyecto de construcción de viviendas.
Dijo que esa propuesta es bien recibida por los cañeros, ya
que en ocasiones anteriores, como es la propia Unidad
Morelos, han edificado zonas urbanas. Asimismo, aseguró
que las 10 hectáreas en disputa fueron otorgadas al
fideicomiso.
El grupo de los colonos de la Unidad Morelos, encabezados por
Fidencia Riquelme de González
y Mauro Hernández Topete, aseguraron que por ser los
titulares de la zona habitacional y áreas verdes,
también son poseedores de las 10 hectáreas, por lo
que tienen todo el derecho de poder decidir sobre
el destino de esa parcela.
Lamentaron que “grupos de choque” presionen para que el fideicomiso
y la sección 72 puedan obtener el predio, ya que su
objetivo es notificar y vender casas. Denunciaron
que existen amenazas y actos de represión que en cualquier
momento pueden ocasionar actos de violencia.
Sobre el caso, Rafael Martínez Flores, director de Gobierno,
manifestó que se llamó a las partes en conflicto para
buscar alternativas y solucionar el asunto de la mejor
manera.
Aseguró que mientras las partes en conflicto “no se pongan
de acuerdo” sobre la titularidad del terreno de 10
hectáreas, el gobierno no permitirá que se ejecute
alguna obra.
SAN LUIS POTOSÍ
Un chantaje, la carta de autoridades comunales
al gobernador, dice Covarrubias. (La Jornada de San Luis, Hugo Becerra, p.web).
Se oponen por conveniencia a una de sus irregularidades, señala.
El comisariado de bienes comunales
de San Juan de Guadalupe informó en una carta dirigida
al gobernador del estado, publicada el pasado 11 de
diciembre, que el gobierno estatal transfirió a particulares
y organismos educativos tierras de la comunidad de
manera ilegal, ya que los predios no son de su propiedad
e incluso anunciaron que ya iniciaron un trámite de
nulidad del procedimiento de exclusión que finalizó
con el gobierno del estado como comprador de las tierras.
Para regularizar esta situación propusieron una expropiación
de los predios Graciano Sánchez, La Tiendita, La Ladrillera
y Casa Blanca por parte del gobierno estatal. Es la
primera ocasión que las autoridades de la comunidad
reconocen lo anterior.
La compra ilegal por parte del gobierno de Fernando Silva Nieto
de dichas tierras hasta ahora sólo había sido denunciada
por los grupos opositores a las autoridades de la
comunidad.
Carlos Covarrubias Rendón, representante
legal de comuneros opositores al comisariado
de bienes comunales en San Juan de Guadalupe, consideró
que la carta al gobernador es un chantaje de las autoridades
comunales –conocidas como los juanes perreros – al gobierno del estado en turno
y los retó a que realmente le quiten al gobierno las
aproximadamente 130 hectáreas que representan los
predios en conflicto al sur de la ciudad, en donde
se construiría la Universidad San Pablo y cuyos predios
aparecen con letreros que indican que son propiedad
de la Promotora del Estado. Dijo que el comisariado fue quien de manera irregular colaboró con el
gobierno del estado para que las tierras en cuestión
fueran excluidas de la comunidad y ahora se oponen,
por conveniencia, a una de las irregularidades que
cometieron en 25 años que llevan al frente de la comunidad.
Como remitentes del documento aparecen los nombres del presidente
del comisariado, Anastacio
Esquivel Jasso,
el secretario Juan Flores Leyva
y el tesorero Gregorio Bravo Luna, además del de los
integrantes del consejo de vigilancia de la comunidad.
La carta fue publicada en el órgano informativo del
comisariado de bienes comunales El Comunero .
En la carta las autoridades comunales primero le señalan al
gobernador que los acuerdos de exclusión de la comunidad
de las tierras en conflicto fueron fundamentados sobre
escrituras apócrifas, aconsejan la expropiación para
reparar lo sucedido pero advierten que ya presentaron
“ante las instancias correspondientes las demandas
de nulidad de las exclusiones” de tierras comunales.
Cartones
Reivindicando a la raza · Magú
Bandera panista · El Fisgón
A volar · Helguera
Cambios bruscos · Rocha
Nada que investigar · Hernández
Regalador Naranjo
Penalti fallado Helioflores
