CARPETA
EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA
MARTES
13 DE DICIEMBRE DE 2005
OCHO COLUMNAS
Difícil deducir gasolina
Afectan al consumidor
Ley de radio y tv divide a PAN y PRI en el Senado
Suspenden discusión
en comisiones; se debatirá antes entre bancadas
Gil: garantizados, tres sexenios de estabilidad
Asegura que la
prueba es que los mercados toman bonos a 20 años
Será deslucido el crecimiento de México: FMI
Sin reformas, la
economía avanzará sólo 3% anual en los próximos cinco
años
Se frena la ley Televisa ante el creciente rechazo
No se descarta
albazo cupular del PRIAN
en el Senado
Elbistas crean su propia fracción
Tramitan separarse
del PRI en San Lázaro
López se dispone a violar hoy la tregua
Dará una conferencia
en El Colegio de México sin límite de temas
Felipe sigue violando la tregua>; el IFE se hace guaje
Agoniza Ley de Radio y TV
“No hay condiciones
en este periodo”
Garantiza Gil 20 años de economía estable
Deberán ser responsables
con las pensiones los próximos gobiernos, advierte
Criminal contrabando
Asiáticos revientan
industrias
Sector agrario
La nueva Ley Agraria impediría proliferación de
los latifundios. (La Jornada, Matilde Pérez
U., p.web).
López Bárcenas: recoge demandas
históricas del sector.
La propuesta de la nueva Ley Agraria no tiene un sentido
privatizador de las tierras, pero tampoco es una reforma
de fondo para la situación nacional del sector. Es
una legislación equilibrada y obedece a las fuerzas
políticas, consideró Francisco López Bárcenas,
del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas.
Con esta propuesta se acota a las sociedades mercantiles, ya
que se expresa que su objetivo debe ser impulsar la
producción en el campo y asienta que las tierras no
podrán permanecer ociosas más de dos años.
De 1992 a la fecha sólo se han constituido 49 de esas sociedades
mercantiles, pero la mayoría está orientada a cuestiones
inmobiliarias. El propósito es evitar que la integración
de estas figuras se convierta en una forma de ocultar
la titularidad de la propiedad y la proliferación
de latifundios improductivos. Además no podrán tener
una superficie mayor a 7 mil 500 hectáreas.
En esta propuesta de ley, que hoy será discutida en el pleno
de la Cámara de Diputados, se establece un procedimiento
especial al que ejidos y comunidades podrán acogerse
en caso de que deseen declarar ante los tribunales
agrarios que sus propiedades son indígenas. Por ello
las parcelas serán imprescriptibles, inembargables
e inalienables, y se reconocerá que los recursos naturales
son de su propiedad y se protege los lugares sagrados
de las comunidades.
López Bárcenas consideró un avance
que las expropiaciones se paguen a precio de mercado
y que el proceso sea sujeto a consulta de los pueblos,
además de que se les informe cómo se repararán los
daños y la posibilidad de participar en los beneficios.
Ese procedimiento permitirá que los acuerdos internaciones
en favor de los pueblos indígenas, como el artículo
169 de la Organización Internacional del Trabajo,
puedan aplicarse en beneficio de las comunidades.
La propuesta de ley puntualiza que en el caso de las expropiaciones
de las tierras se procederá siempre y cuando se demuestre
fehacientemente el interés general de la nación y
la inviabilidad de las opciones de asociación para
la aportación de tierras del ejido o la comunidad
al proyecto de que se trate.
El abogado indígena consideró que la propuesta de ley -en la
que también se establece la diferencia entre poseedor
y posesionario- fue elaborada
con cuidado para evitar controversias tan fuertes
como las que causó la reforma al artículo 27 constitucional,
que se llevó a cabo en 1992.
Dicha propuesta de ley otorga independencia a la Procuraduría
Agraria, por lo que dejaría de depender de la
Secretaría de la Reforma Agraria, ya que sería
un organismo con autonomía operativa, presupuestal,
técnica y administrativa, y contaría con una junta
de gobierno como órgano colegiado de máxima autoridad.
Presa La Parota, historia de un fraude. (Eco Portal Net, Gustavo Castro, p.web)
La presa La Parota en el estado de Guerrero en México tendrá
un costo inicial de 800 millones de dólares. Más de
mil millones de dólares representara de ganancias
a los constructores lo cual implicará un endeudamiento
al país para la siguiente generación.
“El resultado final
de la influencia que ejercen intereses creados y el
conflicto de intereses es que muchas represas no se
construyeron con una valoración inicial objetiva y
de una evaluación de los criterios técnicos, financieros
y económicos adecuados, y mucho menos los criterios
sociales y ambientales. No sorprende que muchas no
cumplan los estándares aplicables en cualquier contexto”.
(Comisión Mundial de Represas)
La presa La Parota en el estado de Guerrero en México tendrá
un costo inicial de 800 millones de dólares que se
gastarán durante 8 años que durará la construcción.
Sin embargo, el retraso en la construcción de las
presas se da en todo el mundo así como un aumento
en el costo que ha oscilado entre un 30 y un 300%
más al cálculo inicial. Por tanto, más de mil millones
de dólares representará de ganancias a los constructores
lo cual implicará un endeudamiento al país para la
siguiente generación. El compromiso político y económico
ya está hecho por lo que no se pretende echar atrás
el proyecto a menos que la resistencia social junto
con los cauces legales logren detenerla. Esto no es
imposible, ya se ha detenido la construcción de presas
en muchas ocasiones, pero será difícil. Este es el
reto del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a la Presa La Parota (CECOP) y a final de cuentas
de toda la sociedad porque a todos afectará la presa.
Esta es la continuación de la historia.
Primera etapa: las ilegalidades gubernamentales.
Los mil millones de dólares que representará el negocio de
la presa La Parota bien vale la pena para los constructores
la cantidad de mentiras, engaños, fraudes, represión,
corrupción, compra de autoridades ejidales, compra
de intelectuales y universidades y múltiples ilegalidades
por parte de los tres niveles de gobierno (municipal,
estatal y federal). La presa se ha convertido en una
trinchera de resistencia popular con al apoyo de organizaciones
y redes nacionales e internacionales de derechos humanos
y ambientalistas; de Organizaciones No Gubernamentales
(Ongs), campesinas, indígenas,
obreras y de todo tipo que se han unido a la lucha
del CECOP. Incluso la fuerza guerrillera de la entidad,
el Ejército Popular Revolucionario (EPR), manifestó
su apoyo a la lucha de la sociedad civil.
El 25 de Abril de 2004 el gobierno y las autoridades ejidales
compradas por él simularon una Asamblea Ejidal de
12 minutos de duración para dar la autorización a
la construcción de la presa y el consecuente desalojo
de las tierras. Fue impugnada legalmente por 1590
comuneros quienes interpusieron ante el Tribunal Unitario
Agrario del Distrito 41 con sede en Acapulco una demanda
de nulidad por no cumplir con los términos legales,
por haberse falsificado firmas, por haber incluido
hasta el voto de ejidatarios ya muertos y otras irregularidades.
El Tribunal acordó dar paso a la medida precautoria
solicitada por los comuneros, por lo cual se ordenó
al gobierno y a la empresa paraestatal Comisión Federal
de Electricidad (CFE) que las cosas se mantuvieran
en el estado en que actualmente se encontraban en
la Comunidad Agraria de Cacahuatepec,
y que quienes se oponen al proyecto “no sean desalojados
de los puntos de acceso que tienen obstruidos, a fin
de garantizar la tranquilidad social en el núcleo
agrario en comento”. Además se ordenó notificar a
la CFE que “se abstenga de realizar (los estudios
preliminares de factibilidad) en tanto no se resuelve
el presente juicio por sentencia ejecutoriada”. El
Tribunal alertó de la posibilidad de enfrentamientos
físicos si se continuaba con a obra.
Pese a la prohibición legal, los supuestos Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) fueron entregados a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
dos 2 meses después, en un documento de 1536 páginas
que no se explican ya que desde el 28 de julio de
2003 los plantones impiden el paso de maquinaria de
la CFE y cualquier personal. Además, la Semarnat
está emplazada con un Recurso de Revisión, ya que
los estudios no cumplen con las normas ambientales,
de salud, de sismología, de destrucción de fauna y
flora endémicas protegidas, y falta de estudios sobre
el flujo de las corrientes subterráneas, además de
que promueven la destrucción de la cuenca del Río
Papagayo. Por su lado, el comisariado de Bienes Comunales está demandado en una denuncia
penal ante la Procuraduría General de la República
(PGR) por falsificación de firmas, lo mismo que el
notario y los funcionarios agrarios que avalaron ese
delito. Está interpuesta una segunda denuncia penal,
contra la CFE, también ante la PGR, por delitos ambientales.
Luego la CFE convocó, creando las dificultades de la participación
de la sociedad, a una supuesta consulta pública donde
lo pobladores rechazaron la construcción y denunciaron
las mentiras, engaños y simulaciones por parte del
gobierno. Meses después una delegación del CECOP asistió
al III Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra
las Represas que se llevó a cabo en El Salvador en
2004. A su regreso, Rodolfo Chávez Galindo se encuentra
con órdenes de aprehensión en su contra y uno de los
líderes de la comunidad, Marco Antonio Suástegui,
fue detenido, encarcelado y torturado. Tras su liberación
el movimiento de resistencia cobró más fuerza y meses
después la comunidad de Aguas Calientes vio nacer
el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa
de los Ríos (Mapder) que realizó su primer encuentro en esa comunidad,
movimiento que no tiene precedentes en el país. Cientos
de personas y organizaciones mexicanas y algunas solidarias
del extranjero se reunieron para iniciar el primer
movimiento contra las represas que se haya registrado.
El CECOP logró articularse con muchas organizaciones
de todo el país y de diversa índole. Para principios
del 2005 lograron participar con una delegación muy
nutrida en el II Encuentro del Mapder
en lo que pretende ser la presa de Arcediano en Guadalajara,
Jalisco. Y mientras se preparan junto con la delegación
mexicana a asistir al III Encuentro Latinoamericano
contra las represas en octubre de 2005 en Guatemala,
el gobierno mexicano sigue avanzando con la construcción
de la presa sin la autorización legal.
Julio y agosto de 2005 fueron los meses en que le gobierno
agudizó el conflicto y las ilegalidades. Aunque en
otros accesos las comunidades en resistencia continúan
bloqueando las entradas a la zona de la cortina, los
trabajadores de la CFE continuaron con las labores
preparatorias en otros 30 poblados que conforman los
bienes comunales de Cacahuatepec.
En el caso de los habitantes de la comunidad Los Mayos
dieron el permiso a la paraestatal ya que ellos creen
que su pueblo no será afectado por estar en la punta
del cerro y que no será anegado. De cualquier forma,
el director de la empresa, Alfredo Elías Ayub,
niega que la CFE esté realizando obras. Pero esto
es el pan de cada día. Todo aquello que comprometa
la construcción de la presa ha sido, es y será negado
sistemáticamente. De igual manera en la presa de El
Cajón, actualmente en construcción avanzada en el
estado de Nayarit, los trabajadores muertos durante
las obras no existen para la paraestatal ni para la
opinión pública.
La CFE continuó realizando en la zona conocida como Las Parotas,
al otro lado del río Papagayo, la perforación de los
cerros y la apertura de brechas y caminos donde se
pretende ubicar la cortina de la presa, lo que ya
está perjudicando las tierras de otros campesinos.
Por su lado, la abogada Priscila Rodríguez Bribiesca
del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda),
aseguró que "están talando y desmontando la selva
caducifolia sin los permisos respectivos de la Semarnat”.
Pero no sólo eso, lo más grave es que la CFE no ha
iniciado con los trámites de expropiación de las tierras
a los campesinos y tampoco cuenta con el cumplimiento
de la normatividad agraria respectiva. Ante ello,
un demanda ante el Tribunal
Agrario o una solicitud de amparo teóricamente debería
detener las obras ilegales del gobierno. Este es el
principal obstáculo que intentará salvar la CFE y
que generará los mayores brotes de violencia.
Para el 31 de Julio de 2005 el CECOP y más de 70 organizaciones
de todo el país y otras del extranjero convocaron
a un “Encuentro Nacional contra la Presa La Parota”
en la Comunidad de Aguas Calientes, Anexo de los Bienes
Comunales de Cacahuatepec,
Municipio de Acapulco. Entre los objetivos se plantearon
“Unir voces y reforzar lazos de solidaridad; saber
y hacer saber que no estamos solos; fortalecer la
organización de las comunidades; reafirmar el rechazo
total a la Presa La Parota, como decisión mayoritaria
de los Pueblos; escuchar las razones de organizaciones
que se unen a la defensa de la tierra de comuneros
y ejidatarios, y del agua del Río Papagayo.” El encuentro
fue un éxito. Las Organizaciones presentes en el Encuentro
acordaron 1. No ceder un centímetro más de tierra
a los impulsores del despojo. Acapulco es de todos
los acapulqueños, no sólo de los empresarios; 2. Alto
a los despojos anunciados en La Parota, en Acapulco
Diamante y en Puerto Marqués; 3. Defender el medio
ambiente y la ecología contra los depredadores: la
CFE, las empresas trasnacionales, los empresarios
locales (lagartos al acecho de lo que les dejen),
y los obsoletos líderes corruptos de la CNC (lagartijos
que van sobre las migajas); 4. Alto al ecocidio
que significaría inundar en La Parota 170 millones
de metros cuadrados, once veces la bahía de Acapulco
(no tres veces, como dicen quienes mucho ocultan);
5. Nos pronunciamos contra la privatización del agua,
de la tierra, de los servicios y de los energéticos;
6. Acordamos formar un frente único en defensa de
la tierra, del agua; de la cuenca del Río Papagayo,
su fauna, flora y biomasa; en defensa del medio ambiente
y la biodiversidad de nuestro estado y en defensa
de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales de los pueblos, como parte de los derechos
humanos; 7. Combatir unidos la represión, el hostigamiento,
las amenazas y las desapariciones forzadas; 8. Ampliar
las redes de solidaridad y la unión de los pueblos
en resistencia, particularmente con el EZLN.
Segunda etapa: la agudización del conflicto.
En el mes de agosto de 2005 inicia una nueva avanzada del gobierno
por la ilegalidad. Le apura aprobar el proyecto e
iniciar formalmente la licitación de los mil millones
de dólares. Para este momento los gobiernos federal,
estatal y municipal ya han comprometido todo y están
obligados a ver la forma en cómo los campesinos den
el aval al proyecto de manera legal para dar su visto
bueno al proceso expropiatorio
y el permiso para cambiar el uso de suelo. Para ello
se necesita la aprobación de la Asamblea Ejidal. El
gobierno inicia spots publicitarios comprando al futbolista
Jorge Campos para convencer a la población de aprobar
la obra. También se vende el Comisariado
de Bienes Comunales de Cacahuatepec e inicia la convocatoria a una Asamblea General
de Comuneros para el día 14 de agosto y con ello se
despliega todo un arsenal de corruptelas e ilegalidades
en los tres niveles de gobierno.
La convocatoria es ilegal en tiempo, modo y forma según lo
estipula la Ley Agraria. Se convoca pocos días antes
y modificando la sede. Se orquestan también todos
los mecanismos fraudulentos como el envío de personal
médico para dar consultas y se les piden las firmas
a los campesinos. El gobierno también comenzó a pagar
por las firmas y recoger las credenciales de elector.
Por su lado la Procuraduría Agraria acelera
el Programa de Certificación de Derechos Ejidales
(Procede) para dar paso a la modificación del
uso del suelo de las tierras comunales, la actualización
del Padrón de comuneros y la implementación de manera
gratuita del programa "hereda" (testamento
agrario) con el fin de garantizar el voto, a favor
de la venta de las tierras, por parte del testamentado.
Los comuneros advierten sobre estas ilegalidades y
responsabilizan al gobernador perredista de lo que pudiera suceder. El 8 de agosto los comuneros
presentan un amparo y la nulidad de la Asamblea ante
el Magistrado del Tribunal Unitario.
Ese mismo día el CECOP envía una carta al gobernador del estado
de Guerrero, Zeferino Torreblanca,
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde
los comuneros le hacen responsable “de los problemas
que pueda haber el día domingo 14 de agosto del 2005,
en el poblado de El Campanario, en virtud de que tenemos
conocimiento que usted se está prestando a querer
llevar a cabo la autorización de expropiación de nuestras
tierras comunales, pretendiendo efectuar asamblea
general de Comuneros fuera del lugar acostumbrado
y con la protección de policías estatales, situación
que no es de su competencia, ya que las asambleas
comunales son soberanas y no se requiere de coacción
y de vigilancia para que podamos los comuneros llegar
a acuerdos”. Por su lado, tres días antes de la celebración
de la ilegal Asamblea, el Espacio de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Espacio DESC)
y de la Red Guerrerense de Derechos Humanos envían
una misiva al gobernador y al presidente municipal
de Acapulco donde especifican que asistirán a dicha
Asamblea por invitación del CECOP para “realizar la
observación del desarrollo de la mencionada Asamblea,
a fin de cerciorarnos de que ésta se lleve cabo con
apego al marco legal vigente.”
Por fin llega el día 14 de agosto y los autobuses procedentes
de 23 de las 43 comunidades comienzan a llegar a la
comunidad El Campanario. La CFE acarreó a los campesinos
con el fin de lograr el quórum de al menos poco más
de 3 mil campesinos, de los 7 mil 200 registrados
en el padrón para aprobar la "solicitud de la
CFE a la asamblea para obtener la anuencia para que
se lleve a cabo el proceso expropiatorio
de los terrenos destinados a la construcción del proyecto
hidroeléctrico La Parota, obras complementarias, embalse
y todos los caminos necesarios de acceso a la obra
y firma por el comisariado
de los respectivos convenios de ocupación previa y
su pago, así como convenios de ocupación temporal".
También trasportó en helicóptero a diez notarios públicos
de Acapulco para dar fe de la ilegalidad, entre ellos
a Robespierre Robles Hurtado, hijo del ex secretario general
de Gobierno del estado José Rubén Robles Catalán -asesinado
recientemente-, así como Miguel Ángel Maldonado, ex
titular del Consejo Estatal Electoral y representante
en México de las trasnacional Domino's
Pizza.
Diversas corporaciones policíacas instalaron retenes para impedir
el paso de los comuneros del CECOP por lo que tuvieron
que caminar nueve kilómetros por el monte para llegar
a El Campanario. Al llegar los que lograron burlar
los retenes se encontraron con una malla electrificadas
y resguardadas por 400 efectivos de las distintas
corporaciones policíacas, mientras un conjunto de
música tropical contratado para el evento empezó a
tocar para acallar la protesta. Después de dos horas
de tensión y jaloneos entre campesinos opositores
y policías, alrededor de las 12:30 horas, el representante
de la Confederación Nacional Campesina (CNC) permitió
el ingreso a la asamblea a campesinos que no pertenecen
a ninguna de las comunidades afectadas. Las protestas
se incrementaron y los policías lanzaron gases lacrimógenos.
El enfrentamiento duró 20 minutos y dejó un saldo
de diez campesinos golpeados y uno bañado en sangre.
Los opositores quemaron las papeletas y destrozaron
las carpas de plásticos haciendo correr al presidente
de los bienes comunales con la gente que está a favor
de la presa. Ahí encontraron documentos con los acuerdos
previamente elaborados y un padrón manipulado. Los
comuneros del CECOP desconocieron entonces al Comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec
y exigieron cárcel por usar la fuerza pública en su
contra y responsabilizaron al gobernador de Guerrero,
al presidente municipal de Acapulco, al presidente
Vicente Fox y a la CFE por
la agresión sufrida.
Ante la estrategia fallida, el gobierno y la CFE intentaron
otra Asamblea ilegal nueve días después, el 23 de
agosto, en otro municipio, sin informar ni confirmar
el lugar sino 24 horas antes. La CFE pagó 200 pesos
a cada comunero por su firma y contrató 15 autobuses
(donde no caben más de 500 personas) que recogieron
a los comuneros, les colocaron un distintivo color
naranja para evitar infiltraciones de opositores.
La Asamblea fue adelantada dos horas y la celebraron
rápidamente en media hora en que, según la CFE, sólo
2 mil 385 campesinos, comprados, de los 7mil 285 en
total que serán directamente afectados, dieron su
beneplácito sobre la “solicitud de la CFE a la asamblea
para obtener la anuencia para que se lleve a cabo
el proceso expropiatorio de los terrenos destinados para la construcción
del Proyecto Hidroeléctrico La Parota, obras complementarias,
embalse y todos los caminos necesarios de acceso a
la obra y firma por el comisariado de los respectivos convenios de ocupación previa
y su pago, así como de convenios de ocupación temporal”.
Sin alguna intervención, comentario ni discusión el
presidente de la mesa pidió que “levanten la mano
los que están de acuerdo”, y todos lo hicieron. Luego
que levantaran la mano los que no están de acuerdo.
Nadie levantó la mano. Por unanimidad se aprobó el
punto. Luego se aprobó de la misma manera la “solicitud
para obtener la anuencia de la asamblea para que la
CFE realice el trámite de cambio de uso de suelo en
terrenos forestales destinados a la construcción del
proyecto hidroeléctrico La Parota, obras complementarias,
embalse, todos los caminos necesarios de acceso a
la obra y línea de transmisión La Parota entronque
Los Amates-Playa Diamante”, y la “Solicitud de la
CFE a la asamblea para que autoricen al comisariado
de los Bienes Comunales la constitución de servidumbre
de paso ante notario público, para la construcción
de la línea de transmisión denominada La Parota-entronque
Los Amates-Playa Diamante”.
Así, la expropiación que realizará la CFE se hará sobre 14
mil hectáreas, de las cuales mil 300 se ubican en
la comunidad de Cacahuatepec; esto se ubica en 19 núcleos agrarios que también
van a ser afectados por las construcciones, que son
propiedad de 10 poblaciones cercanas, “por lo que
podemos anunciar que nos comprometemos a construir
800 viviendas para igual número de familias afectadas
directamente por la presa”, según la CFE. A la paraestatal
esto le costó también darles de comer a los que acarreó:
pollo en barbacoa, arroz blanco y refrescos de Cocacola o Fanta.
Algunos medios confirmaron que sólo habían llegado a la Asamblea
alrededor de 1,200 campesinos y que la CFE tenía en
su poder cantidad de credenciales de elector que había
recogido. Mañosamente la CFE dejó para después la
negociación de cuánto sería la indemnización y cómo
sería el proceso de desalojo. Al terminar la Asamblea
los opositores a la presa llegaron luego de sortear
10 retenes policíacos que pretendían retrasar su llegada
y que al llegar se enfrentaron con 400 policías quienes
lanzaron gases lacrimógenos y golpes, dejando saldo
de decenas de lesionados. Los comprados por la CFE,
y todos los demás funcionarios del gobierno apresuraron
la clausura y salieron corriendo a sus vehículos.
Aunque los líderes de la CNC confirman que los disidentes de
ésta organización han recibido 12 millones de pesos
de la CFE, el secretario general disidente, Evencio
Romero Sotelo, dijo ante
los medios que la realización de la asamblea le costó
a la Fundación Campesina de Desarrollo Rural, A.C.,
2 millones 500 mil pesos, y con la anterior “hemos
gastado como 7 millones de pesos por esta situación,
afortunadamente hay guerrerenses, hay mexicanos que
están aportando a esta asociación, que no nada más
se dedica a eso, se dedica a crear proyectos productivos”.
Dijo además que el resultado de esta asamblea “no
es un cheque en blanco, es el inicio, esto apenas
inicia, qué quiero decir con eso, que van a negociar,
todavía falta otra asamblea donde habrán de sentarse
a cómo van a pagar tanto la tierra como los bienes
distintos a la tierra.” Pero, “sin esta asamblea,
la presa de La Parota se hubiese venido abajo”. Y
agregó: “ya es un hecho La Parota, esto es motivo
de alegría para los guerrerenses bien nacidos, para
los que queremos el progreso de Guerrero”.
Para el abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña
Tlachinollan, Vidulfo
Rosales, el estado debería saber que la asamblea carece
de legalidad, según jurisprudencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) que niega a las autoridades
“facultades para reunirse fuera del lugar donde ejerce
su autoridad, para iniciar el trámite de privación
de derechos a uno de sus miembros”. El abogado hace
referencia a que en el artículo 25 de la Ley Agraria
estipula que la asamblea debe de realizarse dentro
de la jurisdicción de los Bienes Comunales, y que
sólo por causa justificada no podrá realizarse ahí,
y en esto se basaron el presidente de los comuneros
Crecencio y su asesor Evencio
Romero, con el apoyo de la CFE y del gobierno del
estado. Sin embargo aclara que esa disposición es
tan confusa que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación emitió la jurisprudencia correspondiente sobre
los requisitos de lugar y trámite de la asamblea que
inicia procedimiento de privación de derechos, que
a la letra dice que en este caso: “...Aceptar ese
criterio llevaría a legalizar situaciones absurdas
y violatorias de las garantías de los afectados; por
lo demás, del hecho indiscutible de que la asamblea
general de ejidatarios es una de las autoridades del
núcleo de población, no se sigue necesariamente que
tenga facultades para reunirse fuera del lugar donde
ejerce su autoridad, para iniciar el trámite de privación
de derechos a uno de sus miembros”. “De acuerdo con
lo anterior, si en la especie se trató de privar de
sus derechos individuales a miembros del ejido, la
asamblea general de ejidatarios debió haberse celebrado
precisamente en el lugar donde se asienta este núcleo
de población”.
De cualquier manera el CECOP confirmó que “aún así no pasarán.
La tierra no se vende”. Por su lado, ese mismo día
el Espacio DESC declaró en un comunicado que “manifiesta su profunda
preocupación por la 2ª Asamblea de Bienes Comunales
de Cacahuatepec que ha sido
convocada por las autoridades comunales de manera
ilegal, porque está convocada fuera de tiempo y fuera
de los bienes comunales de Cacahuatepec que serán afectados si se construye la presa
la Parota. Además, la convocatoria a la asamblea supone
un desacato a las medidas cautelares decretadas el
15 de julio de 2005 por el Tribunal Unitario Agrario,
en el sentido de que, cualquier autoridad se abstenga
de realizar actos que modifiquen las condiciones jurídicas
de los bienes comunales. Al Espacio DESC
le preocupa el uso excesivo de la fuerza pública,
la violación a los derechos humanos a la información,
consulta y participación de los comuneros, así como
la provocación que supone convocar a una asamblea
irregular que pueda generar hechos de violencia. Exigimos
al gobierno de Zeferino
Torreblanca actuar con apego a derecho.”
La construcción de la presa La Parota cuenta además con el
apoyo de los empresarios de Guerrero y del gobierno
federal, del Partido de Acción Nacional (PAN), del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM). Por si fuera poco, el
candidato a la presidencia por el PRD, Andrés Manuel
López Obrador, Zeferino
Torreblanca -gobernador perredista
del estado-, y Félix Salgado Macedonio, candidato
también del PRD a la presidencia municipal y a quien
la CFE le ofreció dinero para financiar toda su campaña
si se comprometía a apoyar el proyecto, están de acuerdo
con la construcción de la Parota.
Los comuneros han recibido el apoyo y la solidaridad de grupos
de derechos humanos, ambientalistas, Ong’s,
de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Frente
Sindical Campesino, Indígena y Popular, del Sindicato
de Telefonistas de la República (STRP) Mexicana en
Guerrero, de la Alianza por la Autodeterminación de
los Pueblos (AMAP), del Movimiento Mexicano de Afectados
por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder)
y organizaciones similares de todo el Continente incluso
de Europa, entre otros muchos. También por correo
electrónico el Ejército Popular Revolucionario (EPR)
afirmó en un comunicado que la aprobación ilegal de
la construcción de La Parota no es más que una medida
autoritaria del Gobierno estatal para despojar de
sus pocos bienes a los campesinos. "Esto es continuar
con el plan privatizador de la oligarquía nacional,
y ahora los comuneros y comuneras tendrán que defender
sus tierras por medio de la resistencia", señaló
el grupo guerrillero.
La CFE festeja su triunfo. El director de
la paraestatal Alfredo Elías Ayub
advierte que la asamblea proporciona un instrumento
legal para actuar en contra de los que se opongan
al proyecto y anunció el inicio de la construcción
el primer semestre de 2006. Según el boletín oficial
“en la asamblea de este martes (…) con 2 mil 785 votos
a favor y 50 en contra, comuneros del núcleo agrario
de Cacahuatepec aprobaron el desarrollo del proyecto hidroeléctrico
La Parota”. Los datos no coinciden con los que se
dieron a conocer durante la asamblea. y de acuerdo
con cálculos de los reporteros fueron poco más de
mil. Según los cálculos nuestros no pasaron de 500
los que cabrían en 15 autobuses urbanos.
El portavoz de los comuneros opositores a la presa La Parota,
Marco Antonio Suástegui
Muñoz, y sobre quien pesa órdenes de aprehensión en
su contra, advirtió que a pesar de la “aprobación
de la expropiación en la asamblea amañada”, la CFE
no pasará a sus tierras. Reiteró que “primero muertos”
a ceder un centímetro de ellas para la presa. El CECOP
declaró "la guerra" a la CFE y al gobierno
de Guerrero. Declaró ilegal la Asamblea y se declararon
en "resistencia total contra La Parota".
El CECOP informó que cerró los accesos a los bienes
comunales de Cacahuatepec
para todas las corporaciones policíacas y los trabajadores
de la paraestatal. “DECLARAMOS UNA VEZ MÁS QUE NO
CEDEREMOS. VA PRIMERO NUESTRA VIDA QUE CEDER NUESTRAS
TIERRAS.”
No cabe duda que los intereses económicos sobre las presas
pesan más que la responsabilidad social, política
y ecológica. Con razón la Comisión Mundial de Represas,
en su informe final, concluyó: “Las grandes represas
se convierten a menudo en un punto focal para los
intereses y aspiraciones de políticos, de agencias
gubernamentales fuertes y centralizadas, de agencias
internacionales de financiación y de la industria
de la construcción de represas”.
Amenazan con paro laboral trabajadores de la Procuraduría
Agraria. (Cambio de Sonora, p.web).
Hermosillo, Son.- Con irse a huelga
amenazan trabajadores del área operativa de campo
de la Procuraduría
Agraria en el Estado, quienes por la mañana
de ayer realizaron un paro laboral frente a las puertas
de está Institución, pues rechazan la medida que a
nivel nacional los excluye del otorgamiento de vales
despensa.
La demanda de los ocho visitadores, dos abogados y el
analista de la Residencia de esta Ciudad, es que de
seguir estos lineamientos, aseguran que estarían sufriendo
un deterioro con respecto alas prestaciones laborales
que todo trabajado tiene derecho.
En un comunicado a nivel nacional se les hizo saber que
sólo personal operativo de base y confianza serían
los beneficiados con la entrega de vales de despensa
Denuncian que se les dijo que se está en espera que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice
el pago por concepto de aguinaldo a los suscritos
sobre compensación garantizada.
Sin resolver, seis focos amarrillos agrarios: Santamaría. (Milenio, VC Noticias,
p.web)
El próximo miércoles representantes de los gobiernos
federal y estatal se reunirán en Xico
para firmar un convenio que permita resolver cerca
de ocho focos amarillos agrarios en la entidad, entre
los cuales se encuentran los casos de Chichicoaxtla
y el Cojuliapan, informó
el delegado de la Procuraduría
Agraria (PA), Fernando Santamaría Prieto.
Sin embargo, reconoció que todavía quedarían pendientes
alrededor de seis focos amarillos por resolver, de
un total de 40 conflictos agrarios en la entidad.
De acuerdo con Santamaría Prieto, a la reunión asistirían
el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame;
el procurador agrario, Isaías Rivera, y el director
en jefe del Registro Agrario Nacional, Abelardo Escobar.
Con la firma del convenio se espera que tanto el Gobierno
del Estado como la Federación definan una bolsa de
recursos para comprar tierras y satisfacer la demanda
de algunos grupos, quienes fueron beneficiados con
decretos presidenciales que no se pudieron cumplir
al término del pasado reparto agrario en el país.
El delegado de la PA destacó la importancia de resolver
la mayor parte de los conflictos agrarios en la entidad,
pues aunque la mayoría de los que restan son de baja
intensidad, de no atenderse a tiempo podrían convertirse
en focos amarillos.
Soluciona gobierno del estado conflicto con Ejido
Bacalar. (La Jornada,
Enrique Méndez, p.web)
El problema databa de hace 23 años
y se resolvió gracias a la voluntad política de las
partes, informó el secretario de Gobierno, Eduardo
Espinosa Abuxapqui.
Chetumal, Quintana Roo (11-diciembre
-2005).- El Gobierno del Estado que encabeza Félix
González Canto, logró resolver hoy el añejo conflicto
del Ejido Bacalar, mediante
el dialogo y la buena voluntad.
El secretario de Gobierno, explicó
que por instrucciones del Gobernador del Estado, después
de sostener una serie de reuniones con las autoridades
del Ejido Bacalar, encabezadas
por su presidente del Comisariado,
Victor Koyoc Cimá,
se llegó finalmente a un acuerdo mediante el diálogo
y la buena voluntad de ambas partes, que beneficia
en definitiva a los ejidatarios y al Gobierno del
Estado, porque pone punto final a un conflicto que
inició en 1972.
El Secretario de Gobierno, explicó
que demostrando la voluntad del Gobierno del Estado
por resolver el problema entre ambas partes, que tenía
que ver con 52 hectáreas de tierras, una Comisión
que representó al Ejido, con Koyoc
Cimá, al frente, acordó finiquitar el pleito legal por la
vía del diálogo y la conciliación, acción que aplaude
el Ejecutivo, porque esto permitirá sin duda alguna,
certeza jurídica para ambas partes y desarrollo para
el Ejido Bacalar.
Con este importante paso, Bacalar, se sumó a la lista de ejidos cuya problemática, en
este caso, de mas de 23 años, ha sido solucionada
en los primeros ocho meses de la administración del
Gobernador Félix González Canto, destacando entre
ellos, el Ejido Kilómetro 50, cuya asamblea aprobó
hace unas semanas el ingreso del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (Procede),
con lo que se abrió la puerta para importantes programas
de los tres niveles de gobierno, la tecnología y el
desarrollo en general de la comunidad.
Otro ejido que ya se encuentra
totalmente regularizado, gracias al trabajo del Gobierno
del Estado, en coordinación estrecha con las autoridades
federales, es el Ejido Holbox, en el Municipio de Lázaro Cárdenas, que ofrece hoy
a los ejidatarios un futuro promisorio para esa zona
turística; asimismo, el Gobierno que encabeza Félix
González Canto, también puso punto final al conflicto
con el Ejido Subteniente López, lo que permitirá aterrizar
un nuevo puente internacional, que se configura dentro
de un gran complejo fronterizo que permitirá agilizar
el tránsito entre México y Centroamérica, así como
una mayor vigilancia y control en esta frontera del
sur mexicano.
“El trabajo del Gobierno del Estado
en este rubro de los ejidos, ha sido muy importante
y cada vez, se va haciendo menos el número de núcleos
ejidales que faltan por regularizarse, o por solucionar
problemas legales, pues nos queda unos tres, en los
que se tiene que trabajar con mayor voluntad para
poder abrirles a los ejidatarios, las puertas del
progreso y el desarrollo, porque finalmente eso es
lo que obtienen aparejado de la certeza jurídica de
ser dueños de sus tierras”, explicó el secretario
de Gobierno.
Finalmente, Eduardo Espinosa Abuxapqui, felicitó al ejido Bacalar
por haber demostrado voluntad para el diálogo y la
conciliación pero sobre todo, para llegar a una solución
con el Gobierno del Estado, del cual salen beneficiados
todos y exhortó a los pocos ejidos que aún no ingresan
a los programas jurídicos de regularización, o que
tienen problemas jurídicos con cualquier nivel de
gobierno, a tomar conciencia de la importancia de
los mismos, lo que permitirá que Municipios, Estado
y Federación, puedan aterrizar sin ningún pretexto,
programas que beneficien directamente a la comunidad.
Revive el conflicto de comuneros por el programa
Procede en Zapotitlán. (La Jornada
de Oriente, Elizabeth Rodróguez
p.web)
Zapotitlán Salinas, Puebla–
Nuevamente comuneros de Zapotitlán
Salinas tuvieron un enfrentamiento, que concluyó con
levantamiento de constancias de hechos en la agencia
del Ministerio Público (MP) del Fuero Común, donde
los grupos en conflicto se acusan mutuamente, lo que
es la continuación del problema generado hace más
de un año por el intento de aplicar el Programa de Certificación de Derechos
Ejidales (Procede).
El presidente del Comisariado de
Bienes Comunales de Zapotitlán
Salinas, Gerardo Andrés Carrillo Carrillo,
fue sacado de la reunión que presidía, el pasado domingo,
donde supuestamente se pretendía depurar el padrón
de comuneros que serían beneficiados con el Procede,
según explicó Leonardo Facundo Hernández Garzón, presidente
del consejo de vigilancia de ese municipio.
Tal acción motivó que unas 50 personas se trasladaran al MP
de Tehuacán, a fin de que la esposa del retenido denunciara
lo ocurrido, por los que se levantó una constancia
de hechos bajo el número 4266/2005/2¼, que pidieron
se elevara a averiguación previa, pues aseguran que
Carrillo Carrillo fue privado ilegalmente de su libertad y que por
tanto es necesario procesar a los responsables.
De acuerdo con el declarante, al intentar evitar que el grupo
encabezado por Juan Eleazar Pacheco se llevara al
presidente de Bienes Comunales, se provocó una trifulca,
ya que los participantes en la asamblea intentaron
defender a Gerardo Andrés Carrillo, quien fue golpeado
y obligado a subirse a una camioneta; de modo, dijo,
que en ese enfrentamiento resultó también lesionado
Carlos Barragán.
Pero hay otra constancia de hechos, en el MP, la 4267/2005;
fue levantada por la contraparte y pide que se ejercite
acción legal contra el presidente de los Bienes Comunales,
Gerardo Carrillo, debido a que intenta continuar con
el asunto del Procede, programa que no puede aplicarse
hasta que no se resuelva el problema generado desde
el 5 de noviembre de 2004. Hasta el momento ninguna
de las dos constancias ha sido elevada a averiguación
previa.
Alejandro López Bravo, asesor del grupo inconforme, recordó
que existe un acuerdo del grupo operativo del Procede
que está conformado por la Reforma Agraria, el
Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática, donde se
dieron por cerrados los trabajos de Procede correspondientes
a este año, por lo que no es posible ya reanudarlo,
al menos en 2005.
Manifestó que en torno a la acusación de privación ilegal de
la libertad de que se señala a sus representados,
este delito es inexistente, pues asegura que el presidente
de Bienes Comunales fue invitado a dialogar de manera
civilizada y para ello se le trasladó al vivero ubicado
en la Reserva de la Biosfera, que está a orillas de
la carretera, donde se llevó a cabo la plática para
hacerle ver el error en que estaba al querer que se
reanuden trabajos que no pueden llevarse a efecto
por el momento.
López Bravo expresó que todo es cuestión de falta de voluntad
por parte de los responsables de Bienes Comunales,
ya que existe el compromiso de no aplicar el Procede
hasta que se resuelva el conflicto, mismo que destacó
es fácil de solucionar si se accede a corregir las
anomalías cometidas por los anteriores representantes
de comuneros, quienes hicieron mediciones equivocadas,
despojaron a algunos integrantes de sus terrenos e
hicieron cobros indebidos, afectando a unas 60 familias;
con ello, expresó, se logrará limar asperezas y continuar
con una relación cordial e ingresar a Procede el próximo
año, incluso aún con la posibilidad de que el trámite
sea gratuito.
Van 60 efectivos de la PFP a El Capulín para inhibir
enfrentamientos: Zeferino. (El Sur (Guerrero), Magdalena Cisneros, p.web).
Indica que platicó con Florencio
Salazar para reforzar la seguridad en la zona. El
gobierno federal ha mostrado toda su disposición,
ataja el gobernador. No se permitirá el derramamiento
de sangre, dice.
El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo informó que el domingo pasado,
60 integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP)
fueron enviados a la zona de conflicto entre Moyotepec
y El Capulín para “inhibir” cualquier enfrentamiento
luego de los primeros anunciaron que tomarían posesión
de sus tierras.
En conferencia de prensa, Torreblanca
Galindo consideró que el conflicto entre campesinos
de Moyotepec y El Capulín por disputa de tierras no es “nada
sencillo” y que están haciendo todo lo posible para
que se dé una solución y advirtió que no permitirán
que “se derrame sangre”.
El gobernador recordó que el sábado
platicó con el secretario de la Reforma Agraria
Florencio Salazar Adame, sobre el apoyo de las fuerzas públicas federales
y su presencia en los lugares “para inhibir enfrentamientos”;
y subrayó que alguien tiene que ceder porque “el gobierno
federal ha mostrado toda su disposición”.
“Vamos a hacer todo lo posible,
todo lo que esté en nuestras manos; hay situaciones
que parecen irreconciliables a veces; es el buscar
y acercar los puntos de vista y encontrar las soluciones”,
indicó el mandatario.
Advirtió que si hay gente que “exacerbe
los ánimos y busque polarizarlo (el conflicto) tendrá
que ir para largo. Alguien tiene que ceder y el gobierno
federal ha mostrado toda su disposición”.
Torreblanca destacó el trabajo
de la Secretaría de la Reforma Agraria y mencionó
que se seguirá trabajando en la medida de lo posible
con los grupos, pero señaló que harán responsables
a algunos liderazgos que violenten el Estado de derecho.
“Hemos estado muy pacientes, muy
atentos al asunto para que se haga el diálogo pero
tampoco debemos permitir que se derrame la sangre
porque hay actitudes intransigentes de algunas partes”,
atajó el gobernador.
Sobre si pedirá le presencia del
Ejército en la zona de conflicto, Torreblanca Galindo
señaló que éste que tiene su propia actividad, por
lo que ya están en el lugar 60 integrantes de la Policía
Federal Preventiva, (PFP) –más los 100 de la Preventiva
del Estado que ya se encontraban en el lugar.
En otro tema, Torreblanca Galindo
informó que en la tarde de ayer buscaría al gobernador
de Puebla, Mario Marín Torres, para que concilie en
el conflicto entre Huamuxtitlán
y ese estado y no se presenten enfrentamientos entre
las organizaciones policíacas “en asuntos tan delicados
como el de la tenencia de la tierra”.
En tanto, a pregunta expresa, el
secretario General de Gobierno, Armando Chavarría
Barrera, afirmó que hay un buen ambiente en el estado
y sólo se tiene de conflictos el de Moyotepec
y El Capulín, donde se está dialogando.
Sostuvo que los dueños de la tierra
están en su derecho de esperar el “fallo del poder
Judicial, lo importante es evitar polarizar las cosas
para que no haya violencia”.
El otro es “la secuela del asunto
de La Parota” donde los comuneros continúan las pláticas;
dijo que se espera que se hagan las asambleas que
faltan, para ver la voluntad de los comuneros “según
sea el caso”.
Coincide Moyotepec: la
SRA única responsable de que se haya roto el diálogo
con El Capulín. (El Sur (Guerrero), Teresa de la Cruz, p.web).
El sábado 17 será la asamblea para
acordar el desalojo de La Sabana, informa el portavoz
Jesús Escobedo.
Chilpancingo
Comuneros del poblado de Moyotepec coincidieron con sus vecinos de Tlacoapa –con los que tienen una disputa por tierras en El
Capulín– en que la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) es la única responsable de que se haya roto
el diálogo entre ambos pueblos y que por consecuencia
pueda haber un enfrentamiento; aunque, aseguran, eso
es porque la dependencia federal siempre ha mostrado
parcialidad hacia los campesinos de El Capulín.
Asimismo, informaron que pospusieron
para el 17 de diciembre la asamblea que habían programado
realizar el pasado viernes, en donde se aprobaría
la propuesta de desalojar a sus vecinos de La Sabana
y tomar la comunidad de El Capulín, como consecuencia
del rompimiento de la mesa de negociación con la SRA.
Luego que la dependencia federal
se deslindó de lo que pueda pasar a partir del rompimiento
del diálogo entre Moyotepec y El Capulín y de que culpó a éstos de no haber
podido alcanzar un acuerdo mutuo, los campesinos de
este último pueblo señalaron a la SRA como la única
responsable de los hechos violentos que pudieran darse.
A ese respecto, el asesor y portavoz
de los comuneros de Moyotepec,
Jesús Escobedo González, coincidió –vía telefónica
con la corresponsal– en que cualquier enfrentamiento
con sus vecinos de Tlacoaopa
“es responsabilidad de la Reforma Agraria, porque
sólo responde a caprichos de los de El Capulín, actúa
de manera parcial. Entonces que no digan que es nuestra
culpa, es culpa de ellos dos”.
Subrayó: “Dicen que unas 77 veces
nos hemos reunido sin que haya solución y pues nosotros
les decíamos que esas 77 veces, hemos llevado propuestas,
pero son los de Tlacoapa
quienes no aceptan y la Reforma Agraria solapa esas
actitudes”.
A pregunta expresa la asamblea
del viernes para consensuar
el desalojo del poblado de La Sabana, Escobedo González,
aseguró que ésta se prorrogó para el próximo sábado
17 de diciembre, “porque se nos atravesaron las fiestas
de la (Virgen de) Guadalupe y no se iba a reunir la
gente, por eso se pasó para el otro sábado”.
Dijo que “estará mejor ese día,
porque además de los 400 comuneros que conforman la
asamblea, acudirán dos aliados nuestros que es Alacatlatzala
–que pertenece a Malinaltepec–
y San Vicente Amole –anexo de Ocoapa–, ellos han dicho que están dispuestos a ayudarnos
con el desalojo de La Sabana, sólo esperan que indiquemos
el día”.
La Reforma Agraria se deslinda de cualquier
enfrentamiento entre El Capulín y Moyotepec. (Pueblo, Francisca Santiaguez , p.web).
Sin embargo, están dispuestos a
tratar de resolver el conflicto.
La secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) reiteró su interés de resolver el conflicto
agrario que prevalece entre ejidatarios de las comunidades
de El Capulín y Moyotepec,
en La Montaña, pero responsabiliza a las localidades
en conflicto de cualquier enfrentamiento que pudiera
suscitarse.
Lo anterior luego de la advertencia
de comuneros de Moyotepec,
perteneciente al núcleo agrario de Ocoapa,
de desalojar a vecinos de La Sabana, otro poblado
vecino de El Capulín.
Esto luego de que les informaron
que jurídicamente las tierras pertenecen al ejido
de Ocoapa, tras las mediciones
que realizaron los técnicos de la secretaría de la
Reforma Agraria en la zona de conflicto.
A través de un comunicado de prensa,
la SRA reiteró su compromiso para continuar privilegiando
el diálogo y la conciliación para solucionar el conflicto.
La dependencia federal invita a
los campesinos en conflicto a mantener la paz y la
armonía social para evitar enfrentamientos y aceptar
la propuesta de repartir las 456 hectáreas de tierras
en conflicto, lo que podría fin la disputa de más
de 120 años.
Agrega el comunicado que el titular
de la dependencia, Florencio Salazar Adame
instruyó al subsecretario, Gilberto José Hershberger
Reyes, para que el pasado 6 de diciembre informara
a las comunidades involucradas la propuesta de la
SRA.
Que en reuniones separadas con
ambas comunidades les dio a conocer los resultados
de los trabajos técnicos sobre la zona en conflicto,
y les propuso dividir la superficie de 456 hectáreas,
en 65 por ciento Moyotepec
y 35 por ciento para El Capulín.
Asimismo, que la propuesta institucional
de la SRA se hizo ante la presencia del notario público
número 2 de esta ciudad, Emilio Ortiz Uribe, quien
dio fe de las posiciones de las comunidades en conflicto.
La secretaría Reforma Agraria responsabiliza
a los ejidatarios de El Capulín de la falta de solución
del conflicto; además de que cualquier enfrentamiento
es responsabilidad directa de los inconformes.
Refiere que la negativa de los
representantes de Tlacoapa
eliminó la posibilidad de lograr una solución inmediata
y concertada con Ocoapa.
Los de la PFP sitian Moyotepec
y El Capulín para evitar violencia. (Diario de
Guerrero, p.web)
Para evitar que se presenten nuevos
hechos de violencia entre las comunidades de Moyotepec
y El Capulín del municipio de Tlacoapa
y Malinaltepec, quienes desde hace varios años mantienen un
conflicto agrarios por la posesión de 456 hectáreas
de terreno, en la región de la montaña, elementos
de la Policía Federal Preventiva -PFP- arribaron a
las inmediaciones de ambas comunidades.
La llegada de los de la PFP a ese
poblado que pertenece al municipio de Tlacoapa,
fue a petición del Subsecretario de Ordenamiento
de la Propiedad de la SRA, Gilberto Hershberger
Reyes, quien en una reunión realizada la semana
pasada no logró convencer a los comuneros a que llegaran
a un arreglo.
Dirigentes de los comuneros de
El Capulín, aseguraron que pese a que cuerpos policíacos
estatales y de la PFP ya se encuentran en la zona
de conflicto, existe un clima de tensión y en cualquier
momento puede haber nuevos enfrentamientos, puesto
que en ambos grupos se han armado con rifles y machetes.
Recordó que la propuesta que hizo
el miércoles pasado por la noche el titular de
la SRA es de que de las 456 hectáreas que se disputan,
para los comuneros de El Capulín les toca el 65 por
ciento de tierras y a los de Moyotepec
el 35 por ciento, pero la propuesta no fue aceptada,
no fue satisfactoria para ambas partes.
“...Nosotros rechazamos esa propuesta
y decidimos que sea el Juez Primero de Distrito quien
resuelva nuestra demanda de amparo y creemos que eso
va estar listo para enero del 2006", asimismo
acusaron al Secretario de la Reforma Agraria de estar
siendo el promotor de que se agrave el conflicto entre
los comuneros, pues el grupo de trabajo que envió
a Guerrero hizo creer a los habitantes de Moyotepec que eran propietarios de todas las tierras, y ahora
las reclaman, siendo que están habitadas y han sido
utilizadas en durante el último siglo por los de El
Capulín.
Por último, señalaron que la Reforma
Agraria tampoco ha cumplido con diversos compromisos
que firmaron, como el reconstruir las más de 40 viviendas
que fueron destruidas durante el desalojo que sufrieron
en El Capulín por parte de los habitantes de Moyotepec.
Reunión del RAN y comuneros por venta de tierras
en Huitzilac. (La Jornada
de Morelos, Raúl Morales, p.web)
Cuernavaca, Mor. Comuneros de Huitzilac que se inconformaron en la entrega de certificados
agrarios en días pasados, buscarán junto con las autoridades
del Registro Agrario Nacional (RAN) una salida
a su problemática de tierras.
Durante el cierre del programa Procede, un grupo de
comuneros y ejidatarios de Huitzilac
“chiflaran” a las autoridades federales, encabezadas
por el procurador agrario en el país, Isaías Rivera,
al considerar que con el programa “sólo les quisieron
tomar el pelo”, Edmundo Venosa Peña, titular del RAN,
adelantó que para aclarar la situación se han programado
una serie de reuniones, ya que ellos entendieron que
se les estaba otorgando títulos parcelarios a quienes
ellos mismos han vendido y posteriormente defraudado,
a lo que dijo, “siempre y cuando sean ellos los que
acudan a solicitar la fecha para la realización de
la mesa de trabajo en la que se determinará la situación
de esta localidad”.
Del mismo modo, Venosa Peña consideró que esta mala actitud,
“sólo demuestra el miedo que tienen los comunero de
que se acredite y certifiquen sus tierras, porque
con ello se les acaba su mina de oro”, porque la ley
agraria es tajante, y únicamente se podría realizar
una compra si existiera un mandato presidencial, pero
nunca se ha hecho.
Reiteró su llamado a la población a que no compre problemas
en tierras comunales o ejidales, “porque compran un
problema que difícilmente podrán resolver”.
Confirma UGOCP que hay rezago agrario en Sonora. (Tribuna de Sonora, Juan Barragán, p.web).
“Aún cuando la Secretaría de la Reforma Agraria diga
que no hay rezago agrario en Sonora, la Unión General
Obrera y Campesina de México -Jacinto López Moreno-,
tiene pendientes 90 expedientes agrarios en la SRA,
desde antes de 1975”, según lo confirmó Juan Gabriel
Galindo Pérez, dirigente estatal de la organización
campesina.
Galindo Pérez, reveló que los directivos de la agrupación,
están haciendo un balance general de la situación
de la UGOCM “Jacinto López Moreno”, donde se sigue
ratificando la falta de voluntad de parte de las autoridades
agrarias para resolver los casos más importantes.
Enfatizó que de los 90 expedientes arrumbados en las oficinas
centrales de la SRA, acumulativamente corresponden
a más de cinco mil familias sonorenses, los cuales
laboran como jornaleros agrícolas y siguen vigentes,
muchos de ellos han muerto, pero sus hijos continúan
formando parte de esa ingratitud de parte de las autoridades
agrarias.
El dirigente estatal de la UGOCM “Jacinto López Moreno”, manifestó
que el rezago agrario no sólo existe en esta organización,
sino en muchas, algunas de ellas considerados los
“focos amarillos” en Sonora.
Actualmente, dijo, los grupos del rezago agrario se están reagrupando
para demandar a la Secretaría de Reforma Agraria,
cumpla con su responsabilidad y las instrucciones
del Presidente Vicente Fox,
quien se comprometió a resolver todo este tipo de
asuntos agrarios, donde los funcionarios han puesto
oídos sordos, a este tipo de conflictos.
Demandó al Gobierno Federal, a que le apliquen la ley, principalmente,
aquellos expedientes del asunto relacionados con los
predios incautados a narcotraficantes, los cuales
no han podido enfrentar a los grandes despachos que,
dolosamente defienden a esos malos mexicanos que han
envenenado a la juventud.
Finalmente, afirmó que de los 74 expedientes integrados por
la UGOCM, tan sólo la SRA, ha resuelto cuatro; por
lo que resulta evidente la falta de voluntad para
darle una solución este ancestral problema.
Aclaran trabajo ambiental. (Reforma, Replica, p.20).
Con relación a la declaración de la Maestra Julia Carabias Lillo, ex Secretaria de Medio Ambiente, publicada
el lunes 13 de diciembre, es necesario realizar algunas
precisiones.
En junio del 2003 se creó el Programa de Atención Integral
de la Comunidad Zona Lacandona y a la Reserva de la
Biosfera Montes Azules.
Es inequívoco el comentario de la Maestra Carabias cuando señala que el Gobierno del Estado auspició
el asentamiento irregular de “El Buen Samaritano”,
como también lo es que el Gobierno federal apoyó la
reconcentración del EZLN en el poblado “Nuevo Limar”.
Las afirmaciones de la Maestra Julia Carabias
resultan sorprendentes, puesto que durante la 29 Sesión Ordinaria
del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
celebrada el 9 de junio del presente año, en la ciudad
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, avaló y se
congratuló por los avances presentados por la Secretaría
de la Reforma Agraria, incluso reconocía en esta
reunión, como un hecho sin precedentes la atención
de la problemática de la Selva Lacandona.
Lic. Martha Cecilia Díaz Gordillo
Representante especial de Chiapas de la Secretaría de
la Reforma Agraria.
Propondrá delegado en San Juan del Río ley de planeación
agraria. (El Sol de México, Martha
Romero, p.B3).
San Juan del Río, Qro.- Requiere
el sector productivo una ley integral de planeación
agrícola, mediante la cual se evite la sobreproducción
de ciertos productos y se puedan generar cadenas de
comercialización que beneficien a los productores.
Lo anterior fue considerado por Eduardo Nava Bolaños, delegado del Registro Agrario, quien informó
que el próximo jueves a las siete de la noche se estará
registrando como aspirante por la candidatura al Senado
de la República, y consideró estar en el momento idóneo
e su trayectoria política para poder buscar esa posición.
Lo que se dice. (El Dictamen (Veracruz), Atila p.web).
Fidel Herrera Beltrán anunció la presencia en Veracruz, mañana
miércoles 14, de los Secretarios de Estado del Gobierno
de la República, de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame y de Agricultura,
Francisco Mayorga Castañeda, junto con la del Director
de la Comisión Nacional del Agua, Cristóbal Jaime
Jaques.
Organizaciones campesinas
Rechazan líderes agrarios cargo en la CNC. (La Jornada de Morelos,
Raúl Morales, p.web)
Cuernavaca, Mor. En caso de continuar
Gustavo Rebolledo como dirigente de la Liga de Comunidades
Agrarias de la Confederación Nacional Campesina (CNC),
programas estatales y federales podrían estar en riesgo
al no tener la representatividad legal, advirtieron
integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP).
Los líderes agrarios de Morelos lamentaron el que se haya dado
este nombramiento de manera irregular, favoreciendo
sólo a unos cuantos del mismo Partido Revolucionario
Institucional (PRI), “y afectando a los verdaderos
trabajadores de la tierra y a sus agremiados”.
En entrevista, coincidieron en señalar que a la brevedad como
CAP, darán a conocer su postura y advertirán sobre
el riesgo en el que están los programas para este
sector, “porque a nivel nacional no tiene el reconocimiento
de la dirigencia, lo que afectará de manera considerable
a los afiliados”.
En ese sentido empataron con el líder azucarero de Casasano, Félix Rodríguez al asegurar que la elección “fue
una verdadera farsa, lo que no entienden los señores
es que la organización campesina es muy independiente
del propio partido”, dijo el coordinador del CAP en
Morelos Albino Franco.
“Ellos creen que al tener el poder en el partido pueden quitar
y poner a su antojo, prueba de ello es que desde agosto
tomaron las instalaciones en Morelos, pero se equivocan,
porque la liga cuenta con sus propios estatutos y
su plataforma de trabajo, y ahora quieren, el presidente
del PRI junto con la diputada Marisela Sánchez, tratar
de imponer a un líder campesino y diputado local,
pensando que teniéndolo al frente de la CNC tendrán
adheridos a los campesinos de Morelos”.
De la misma manera, lamentaron “que el señor se haga pasar
como priísta, una vez que renunció a la fracción parlamentaria
del partido en el Congreso local, además el que la
ex dirigente del tricolor en su búsqueda a la gubernatura del estado, quiere apropiarse de sectores, que
en este caso, al carecer de elementos legales para
el nombramiento, es sólo un teatrito”, el controvertido
diputado Rebolledo podrá tener todo el reconocimiento
de la dirigencia del PRI en Morelos, pero para los
estatutos, la norma y la legalidad, “no sale beneficiado”.
El ex líder de las comunidades agrarias en Morelos, señaló
que la dirigencia nacional no reconoce el proceso
de elección de Gustavo Rebolledo, por lo que no se
puede decir que fue legal, “fue la imposición de la
ex líder como un asunto político”.
Llamado a la unidad
En su primer día de actividades como secretario general de
la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos,
Gustavo Rebolledo Hernández se manifestó a favor de
una reestructuración a fondo en el sector campesino
donde el rezago es aún un grave problema sin solución.
En entrevista, precisó que a siete meses de tener en la entidad
los comicios más difíciles en la historia, es necesario
que la comunidad campesina se organice para poder
aspirar a un triunfo legitimo en las elecciones del 2 de julio de 2006.
Cabe señalar que Rebolledo fue electo en una asamblea celebrada
en la sede de la Sección 72 del Sindicato Nacional
de Trabajadores Azucareros, en donde recibió el apoyo
de 187 de los 206 presidentes de comisariados ejidales y de las dos organizaciones cañeras.
La diputada Maricela Sánchez le tomó
la protesta al nuevo dirigente estatal cenecista
a solicitud del representante del PRI estatal.
Asimismo, Carlos Camacho Olea, comisariado
ejidal de Tlaltizapán, fue
el secretario técnico de la reunión, quien recogió
las manifestaciones de apoyo a Rebolledo de parte
de las mujeres campesinas, la juventud revolucionaria
cenecista, los presidentes
de comités municipales del sector campesino y de los
líderes de la región oriente.
Prensa Estatal
GUERRERO
Asesinan a un comisariado
en Guerrero. (Milenio, Zacarías Cervantes,
p.web).
Chilpancingo
Santiago Cisneros
Arce fue asesinado de cuatro balazos y puñaladas la
madrugada de este lunes cerca de su domicilio.
En Guerrero, el presidente del
Consejo de Vigilancia del Comisariado
de Bienes Comunales de Potoichán,
municipio de Copanatoyac, Santiago Cisneros Arce fue asesinado de cuatro
balazos y puñaladas la madrugada de este lunes cerca
de su domicilio, en la comunidad de Santa Anita.
La Policía Investigadora Ministerial
informó que aproximadamente a la una y media de la
madrugada, el representante comunal llegaba a su domicilio
después de velar la virgen de Guadalupe, cuando unos
15 metros antes de llegar a su casa lo esperaban tres
individuos, uno de ellos le disparó, mientras que
otro más lo apuñaló en la cabeza ya cuando se encontraba
en el suelo.
Cisneros Arce iba acompañado de
su esposa, Olivia Escamilla
Salazar, quien confirmó el ataque.
El comandante Santiago Lara informó
a sus superiores, por medio de una tarjeta informativa,
que los agresores ya fueron identificados y que en
las próximas horas podrían ser detenidos.
Sin embargo, el móvil de los hechos
no ha sido establecido aún, aunque en la corporación
policiaca presumen que el
homicidio tiene que ver por conflictos agrarios
que existen entre los comuneros.
Asesinan a dirigente comunero en Guerrero. (La Jornada, Sergio Ocampo, p.web)
La policía ministerial del estado ya identificó a
los dos agresores del líder.
Chilpancingo, Gro., 12 de diciembre.
Santiago Cisneros Arce, presidente del consejo de
vigilancia del comisariado de bienes comunales de la comunidad de Santa Anita, anexo de Potoichan, del municipio
de Copanatoyac, en la Montaña
Alta, fue asesinado de cuatro balazos y varias puñaladas
cuando regresaba de festejar a la Virgen de Guadalupe.
A través de una tarjeta informativa, el comandante de la policía
investigadora ministerial (PIM), Santiago Lara Hernández,
explicó que poco después de la una de la mañana de
este lunes, cuando el ahora occiso arribaba a su domicilio
junto con su esposa Olivia
Escamilla Salazar, fue interceptado por tres personas.
Una de ellas le disparó y después de caer al suelo otra le
propinó varias puñaladas en la cabeza.
Después de que Cisneros Arce cayó los agresores huyeron.
Según el reporte, Cisneros Arce, de 45 años, fue trasladado
al hospital de Tlapa de Comonfort para que recibiera
atención médica, pero falleció en el camino y su cuerpo
fue regresado a su localidad.
Con las primeras investigaciones de la ministerial se han podido
identificar a los agresores y se espera que durante
las próximas horas sean detenidos, aunque hasta el
momento el móvil del crimen es desconocido.
Por otra parte, la corporación informó que también este lunes
por la mañana fue encontrada muerta una persona en
la comunidad El Tejocote, municipio de Chilpancingo;
sin embargo, no se dieron a conocer más detalles.
"Lo que pasa es que son tres horas para llegar a esa comunidad",
justificó uno de los encargados de la dependencia
policiaca.
LA PAROTA
El sábado 18, la reunión de opositores a La Parota
con el alcalde, anuncia Suástegui. (El Sur, Daniel Velázquez, p.web).
Entrega el vocero la invitación
a Salgado Macedonio. La junta no es para convencerlos
de que acepten, sino para exponerle sus razones del
rechazo, explica .
El alcalde Félix Salgado Macedonio
se comprometió a asistir el sábado 18 de diciembre
a una reunión con los comuneros opositores a la presa
La Parota, en el poblado de Agua Caliente.
El vocero de los opositores, Marco
Antonio Suástegui Muñoz,
informó que el alcalde no acudirá para convencerlos
de que aprueben el proyecto, sino que serán los comuneros
quienes le expondrán sus argumentos del porqué no
lo aceptan para convencerlo a él de que lo mejor es
que la obra se cancele.
Para esta misma fecha, los integrantes
del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la
Presa La Parota (CECOP) habían invitado a la comisionada
nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
Xóchitl Gálvez, pero como
no confirmó su asistencia ya dieron por hecho que
no vendrá y esperan que en enero pueda llevarse a
cabo este encuentro.
Ayer, en una reunión privada, Marco
Antonio Suástegui entregó
al alcalde la invitación y ahí mismo obtuvieron respuesta.
En el documento, los opositores
piden que en la reunión el alcalde “fije su postura
frente al movimiento” opositor.
Al término de la reunión, Marco
Antonio Suástegui explicó
que la única condición que puso Salgado Macedonio
fue que se garantice su seguridad y de las personas
que lo acompañen.
Suástegui Muñoz
dijo que esa condición no era obstáculo porque como
ya se había autorizado que la Policía Comunitaria
continúe operando en las comunidades de los Bienes
Comunales de Cacahuatepec,
éstos serían los encargados de brindar la seguridad.
Los comuneros por su parte pidieron
que la Policía Preventiva no ingrese a la zona de
conflicto.
“Considero que este diálogo es
el inicio para que se destrabe el conflicto. Vamos
a demostrar que sí se puede dialogar con los comuneros
y que hay gobernantes que si escuchan al pueblo, y
en este caso creo que el alcalde ha tenido esa atención”,
dijo.
En declaraciones a El Sur,
el vocero aseguró que los comuneros convencerán a
Félix Salgado de que la presa no es un proyecto de
irrigación, sino que es una obra para generar energía
eléctrica.
En otros temas, informó que el
miércoles después de la audiencia en el Tribunal
Unitario Agrario (TUA) ofrecerán una conferencia
de presa sobre los resultados del encuentro mundial
de presas que se llevó a cabo en Brasil.
La Parota sigue siendo importante, para él y todos
los guerrerenses, insiste Zeferino. (El Sur, Magdalena Cisneros, p.web).
El gobernador Zeferino Torre-blanca Galindo afirmó que el proyecto de la
presa La Parota sigue siendo importante para él, como
considera que también lo es para todos los guerrerenses.
En la conferencia de prensa de
ayer en el Centro Internacional Acapulco, en la que
habló de su propuesta del Presupuesto de Egresos 2006,
el gobernador se refirió al proyecto de la hidroeléctrica.
Reiteró que si la mayoría quiere
la presa, él vigilará que se cumplan cada uno de los
ofrecimientos que está haciendo la Comisión Federal
de Electricidad, para que no “se violenten” los derechos
de los comuneros.
Por su parte, a pregunta expresa
sobre los conflictos ejidales que hay en el estado,
el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría
Barrera, mencionó que uno de ellos es “la secuela
del asunto de La Parota”, donde los comuneros continúan
las pláticas y que esperan que se hagan las asambleas
que faltan para ver la voluntad de los comuneros,
“según sea el caso”.
MORELOS
Advierten sobre enfrentamientos en la Morelos. (La Jornada de Morelos, Raúl Morales, p.web).
Cuernavca, Mor. El
alcalde de Jojutla Nelson
Torres Mondragón, advirtió sobre un posible enfrentamiento
entre grupos antagónicos en la Unidad Morelos, por
un conflicto de tierras que lleva 25 años.
En entrevista a las afueras de palacio de gobierno, en donde
acudió en busca de la intervención del director de
Gobierno y de la procuradora del estado, el munícipe
señaló que la tarde del domingo a punto estuvieron
de que se desatará un enfrentamiento, por lo que fue
necesario que más de 12 elementos y dos patrullas
quedarán a la expectativa para evitar provocaciones
entre los mismos pobladores.
“Tuvimos que reforzar con seguridad pública y calmar los ánimos
de ambos grupos, revisándolos que no estuvieran armados
y pusieran en peligro la integridad de las personas”.
Indicó que la confrontación en los predios en disputa se dio
entre vecinos y ex obreros de la tercera edad, por
lo que se tomaron las medidas pertinentes para evitar
un zafarrancho.
Manifestó que las partes afectadas tienen que acreditar la
posesión jurídica, “el gobierno del estado y el municipal
estamos en manos de la Procuraduría, una vez que se
han levantado las denuncias correspondientes, ahora
esperamos que se agilicen las audiencias para la presentación
de pruebas y se emita un dictamen para dejar las cosas
claras privilegiando la paz social para el municipio”.
Cuando haya determinado esto -señaló el alcalde- bajo
la orden de un juez, tanto el municipio como el estado
tendremos que hacer cumplir la resolución del juez,
y terminar con el problema que data desde hace 25
años. De la misma manera, detalló que la zona en disputa
era un área de crecimiento, “pero nunca se hizo nada,
en los últimos nueve años ha habido presiones de personas
lo que ha generado que los ánimos se incrementen”.
Para finalizar, sostuvo que en la zona no se cuenta con la
infraestructura para generar los servicios públicos
elementales, “en este caso, el sindicato azucarero
tendrá que asumir los costos de electrificación y
drenaje y una buena urbanización para que no sea un
asentamiento irregular y posteriormente se generen
mayores problemas”.
QUINTANA ROO
Hereda el Senado conflicto de límites. (Reforma, Martín Morita, p.18).
El conflicto limítrofe que enfrentan
desde hace 10 años los estados de Campeche, Quintana
Roo y Yucatán no se resolverá en este sexenio, reconoció
ayer el senador Erick Rbio
Barthell.
El legislador yucateco de extracción
priísta, explicó que el Senado decidió dejar el asunto
como uno de los pendientes para sus sucesores en la
Cámara Alta.
Hace 10 años, luego de la decisión
del Congreso de Campeche de decretar la creación del
municipio de Calakmul, el gobierno de Quintana Roo interpuso opuso una
controversia constitucional.
El gobierno quintanarroense reclamó
el despojo de unas mil hectáreas de su territorio.
Un eventual movimiento geográfico
en el llamado “Punto Put”
le haría perder territorio al estado de Yucatán.
YUCATÁN
Piden salida política a lío del PUT. (Tribuna e Campeche, pweb).
Yucatán no cederá un solo centímetro: PPL
.
El gobernador Patricio Patrón Laviada
propuso a los senadores una "salida salomónica"
al conflicto limítrofe que mantienen los estados de
Yucatán Campeche y Quintana Roo basada en la conservación
de las actuales demarcaciones territoriales.
Sin embargo advirtió que Yucatán no está dispuesto a ceder
ni un centímetro más de su territorio, por lo que
es necesario que las diferencias limítrofes se solucionen
por la vía política.
En conferencia de prensa, Patrón Laviada
dijo que además de los argumentos jurídicos que plantea
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para
resolver el diferendo que data de 10 años, es necesario
que el
Senado considere la voluntad política de los gobernadores de
los tres estados, ya que la solución del problema
no dependerá exclusivamente del aspecto jurídico.
Sin embargo reiteró que su Gobierno no permitirá que se le
quite alguna porción de territorio, ya que "mucho
nos han quitado, y no vamos a permitir más atropellos".
En este sentido dijo que entre Yucatán y Quintana Roo, las
relaciones son muy buenas y no existe el mayor problema
para ponerse de acuerdo sobre los limites territoriales
que al margen de lo que señalan las coordenadas entre
ambos estados, cada Gobierno está consciente de su
demarcación.
Sin embargo comentó que entre los estados de Campeche y Quintana
Roo la situación es diferente ya que ambos reclaman
una porción de tierra que de concederse se alteraría
la actual demarcación territorial de la Península.
PRIVILEGIAR LA POLITICA
Por su parte el senador del PRI, Eric Rubio Barthell dijo que ahora que la SCJN confirió a esa instancia
las facultades para resolver el conflicto del Punto
de Unión Territorial (PUT), se deberá privilegiar
la "voluntad política" de los gobernadores
e incluso presidentes municipales de los tres estados.
Sin embargo el legislador, estimó que será la próxima Legislatura
la que deberá resolver el conflicto luego de valorar
los argumentos jurídicos que constan de cientos de
hojas recabadas a lo largo de los 10 años que lleva
el asunto.
Patrón Laviada por su lado dijo que
al menos su Gobierno no tiene prisa en resolver el
conflicto toda vez que sus relaciones con los estados
de Campeche y Quintana Roo no se han visto afectadas
por este conflicto que iniciaron los
gobernador Jorge Salomón Azar García, Mario
Villanueva Madrid y Víctor Cervera Pacheco. Todos
ellos encabezaron polémicas administraciones en sus
respectivas entidades.
Cartones
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