CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2005

OCHO COLUMNAS

Rebota a Corte parálisis política

Resuelven Ministros la mayor parte de las diferencias entre Poderes

Abre polémica posible diálogo Fox-AMLO

Presidencia, dispuesta a aceptar encuentro

Impulsa el gobierno el mercado de vivienda

Respaldo de aseguradoras si hay incumplimiento de pago de créditos

Presidencia ofrece diálogo; AMLO lo rechaza

Hay que impedir el regreso de los populistas al gobierno, pide Fox a la IP

Castro: Fox, un "corderito" de Estados Unidos

Sugiere que renuncie como salida al conflicto del desafuero

Arremete Fox de nuevo contra el populismo

El Presidente fustigó las ideas “extravagantes” de quienes pretenden cambiar el modelo económico.

Fidel Castro sugiere salida de Fox por el caso AMLO

Advierte que López es imparable

Dobla Presidencia las manos: ofrece diálogo

Acepta que AMLO fije agenda, lugar y fecha

EU, Cuba y firmas japonesas ponen a Fox en el banquillo

Emite nueva alerta el Departamento de Estado sobre los riesgos de viajar a la frontera con México

Llama Fox a impedir regreso de populistas

El único crecimiento que dejaron al país fue el de la pobreza, advierte en Oaxaca

¡Emergencia!

Incendio que acaba el Bosque de la Primavera, abarca cientos de hectáreas

Sector agrario

Cierre en noviembre Procede. (El Siglo de Durango, p. web).

27 de abril de 2005

De los mil 102 ejidos que hay en el estado ya fueron certificados mil 074, lo que significa el 97.46 por ciento de avance y la Procuraduría Agraria proyecta cumplir la meta en noviembre del presente año en que se cerrará el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), con lo que darán certidumbre a la propiedad de la tierra.

Con la certificación de ejidos los agricultores estarán en condiciones de realizar operaciones productivas con acceso a financiamientos y subsidios, necesarios para hacer frente a los nuevos retos, propios del desarrollo, afirmó Gustavo Molina López, jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria.

Indicó que de las 12 millones de hectáreas en la entidad, prácticamente fueron certificadas 7.5 millones; el resto lo pretenden acreditar en siete meses, no sin antes realizar un precierre mediante la firma de colaboración entre el presidente Vicente Fox Quezada y el gobernador Ismael Hernández Deras.

La firma de colaboración del precierre del Procede tendrá efecto el 16 de junio en esta ciudad, donde se anunciará que será en noviembre cuando se finiquite dicho programa, con la confianza de aglutinar los mil 102 ejidos de Durango.

La certificación consiste en medir las parcelas y expedir documentos o certificados a los propietarios y de esa manera ofrecer certidumbre jurídica de la tierra, sin el menor costo, por lo que espera la Procuraduría Agraria motivar a los campesinos a regularizar su situación y garantizar uno de los patrimonio más preciados de la familia: la tierra.

Certidumbre

El Procede ofrece seguridad jurídica en la posesión de la tierra a los campesinos.

1,102 ejidos hay en la entidad

97.46% avance tiene el Procede

12 millones de hectáreas serán certificadas

7 meses es el plazo para cerrar Procede

FUENTE: Procuraduría Agraria.

Aumentan amenazas de muerte e intimidaciones de pobladores de Palomares contra sus vecinos de Nuevo Progreso. (Olor a mi tierra (Oaxaca), p. web)

Matías Romero, Oax .- A un año de ser agredidos por un grupo de pobladores del ejido Palomares, a causa del uso de un panteón saturado, habitantes de Nuevo Progreso recibieron nuevamente amenazas de muerte e intimidaciones por parte de sus vecinos.

El 7 y 8 de mayo de 2004, alrededor de 200 pobladores de Palomares cercaron todas las entradas de acceso al ejido Nuevo Progreso impidiendo el libre tránsito de las 500 personas que habitan el lugar. Cabe mencionar que ambos poblados están divididos por la vía del ferrocarril y sus terrenos fueron certificados por la Procuraduría Agraria en 1996 y 1998, respectivamente.

Además de cercar al ejido vecino, los pobladores de Palomares tomaron la carretera panamericana. Ante esta situación, el entonces presidente municipal interino de Matías Romero, Paulo Caballero, se presentó al lugar de los hechos.

Posteriormente, acudió al predio del cementerio donde presenció cómo un grupo de hombres, entre ellos el abogado Ernesto Espinoza Chablé arrancaron el letrero de clausura del panteón así como el letrero de bienvenida a Nuevo Progreso.

En estas acciones participó el entonces agente municipal Luis Alvarez Mendoza.

A pesar de la evidente comisión del delito de ataque a las vías de comunicación y privación ilegal de la libertad las autoridades municipales citaron a un diálogo a los agentes de ambos ejidos. El 10 de mayo se realizó la primera reunión en la Delegación de Gobierno; en esa ocasión los pobladores de ambos ejidos expresaron sus argumentos. La abogada Hilda Guillén Rivera, de la Procuraduría Agraria, explicó que legalmente el panteón pertenece a Nuevo

Progreso y en base a los documentos existentes comprobó que no existe problema agrario.

Los reclamantes de Palomares, quienes formaron un comité en defensa del cementerio, manifestaron estar de acuerdo que no existe problema agrario y externaron que lo único que buscaban era la administración del panteón pero insistieron en seguir sepultando en el lugar, a pesar de que esto implica un riesgo para la salud pública toda vez que en el área se han registrado enfermedades provocadas por ingerir agua de pozos contaminados por el panteón.

Los ejidatarios de Nuevo Progreso, por su parte, expresaron la necesidad de someter la propuesta de palomares a la decisión de la asamblea por lo que se programó una segunda reunión en la que además de conocer el acuerdo de Nuevo Progreso se comenzaría a elaborar un reglamento del panteón.

Sin embargo, debido a que el acuerdo de asamblea de Nuevo Progreso fue permitir únicamente la visita a las tumbas pero no más inhumaciones ya que está en juego la salud de los habitantes de la comunidad, esto provocó malestar en los reclamantes de Palomares quienes hasta la fecha se empeñan en desconocer los ordenamientos de salud municipales y recurren a toda clase de uso de la fuerza para seguir inhumando cadáveres.

Cabe mencionar que la agencia de Palomares cuenta con otro panteón que fue abierto en años recientes y que tiene suficiente espacio para ello.

LOS ANTECEDENTES

De acuerdo con los planos definitivos de ambos núcleos agrarios, el panteón municipal pertenece al ejido Nuevo Progreso – según consta en la resolución presidencial de 1998- pero los palomareños han enterrado a sus muertos en ese lugar argumentando que ellos son los fundadores de Palomares y que anteriormente los límites de su ejido estaban más allá del cementerio, condición que los habitantes de Nuevo Progreso desconocen.

Por otra parte, el cementerio está visiblemente saturado por lo que en los últimos años algunas personas han sido inhumadas incluso fuera del área que cerca al panteón y se han registrado sepelios clandestinos, además de que frecuentemente se detectan malos olores en el área.

Preocupados porque esta condición creara un problema de salud pública que afecte a los vecinos del cementerio, las autoridades del ejido Nuevo Progreso solicitaron una investigación a la Secretaría de Salud (Jurisdicción Sanitaria 02 de Juchitán), la cual en el 2001 después de realizar varias visitas al panteón, emitió un dictamen que confirmó la existencia de condiciones que ponen en riesgo la salud.

LAS RAZONES DE PALOMARES

Históricamente las tierras de Nuevo Progreso han sido codiciadas por sus diversos recursos naturales, al grado de que el terrateniente de origen asiático Genaro Kin Kú llegó a acumular cientos de hectáreas que luego fueron reconocidas a favor de los campesinos de Nuevo Progreso después de una fuerte lucha que dio lugar a la sentencia de dotación de tierras del Tribunal Superior Agrario, en 1998.

En su territorio, Nuevo Progreso cuenta con abundantes arroyos, un importante banco de piedra que durante años ha sido explotado por varias familias de Palomares, entre ellas los Abad y los Rivera; en los últimos años estos recursos han sido saqueados por los propietarios de conocidas compañías constructoras como Ingenieros Civiles Asociados (ICA), CALPENTA y otras empresas ferreteras.

Sobre las tierras de Nuevo Progreso corren numerosos ductos de petróleo.

Esto erróneamente es visto por muchas personas como una mina de oro ya que debido a los constantes derrames de hidrocarburo, los ejidatarios de Nuevo Progreso han recibido algunas indemnizaciones. Desconocen, sin embargo, que estos logros han costado un desgastante movimiento que ha propiciado diversas movilizaciones y presiones contra PEMEX, encabezadas por la UCIZONI.

En el fondo, estos son algunos de los intereses que persiguen las familias de Palomares interesadas en abarcar el territorio de Nuevo Progreso pues son conocidas las familias que durante décadas han impuesto un cacicazgo en esas tierras al amparo del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Actualmente, el problema del panteón es utilizado con fines políticos pues el agente municipal de Palomares Benito Alvarez Mendoza pertenece al PRI al igual que su hermano Luis, quien fue coordinador de campaña del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y es actual Delegado Regional de Gobierno. Todo indica que Luis Alvarez busca continuar las confrontaciones con Teodoro Guzmán Corral, su antiguo rival político en la disputa por la presidencia municipal.

De esa manera los políticos están usando a los habitantes de ambos pueblos para enfrentarse y a final de cuentas los que salen perdiendo son los más pobres y desamparados.

El problema del panteón está politizado y entre las personas que están azuzando a los pobladores en contra de sus vecinos se encuentran Ernesto Espinoza Chablé, Patricia Canseco Rivera, Herminio Espinoza Rodríguez, Dimas Espinoza Martínez, Marbella Abad Morales, Leopoldo Abad Morales, Clemente Espinoza Ledezma, Luis Abad Bencomo, Roberto Carlos Rivera, Maricela Cruz Rivera, Fernando Rivera Cruz, Rosa Elia Vicente, Teresa Bustamante, Georgina Martínez, Arquímedes Lastra Abad, Emelia Miguel Lugardo y Trifonia Espinoza Chablé, entre otros.

Además de circular falsos rumores como el hecho de que habitantes de Nuevo Progreso meterían maquinaria para destruir el panteón y construir un parque en su lugar, dichas personas han agredido verbalmente a sus vecinos con expresiones raciales y discriminatorias. Peyorativamente se refieren a los de Nuevo Progreso como “indios, tlaxiacos, ignorantes, huarachudos e intrusos”.

A pesar de que los únicos nativos del lugar son los pobladores mixes, los palomareños se ufanan en ser nativos de ese poblado que empezó a crecer en 1972 luego de la construcción de la carretera Palomares-Tuxtepec, cuando arribaron ganaderos, talamontes y narcotraficantes de varias partes de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Michoacán; algunos de ellos se asentaron en el lugar instalando tiendas que hasta la fecha venden a precios caros a los pobladores.

Por otra parte, la población de Nuevo Progreso está compuesta por campesinos pobres que emigraron de otras regiones del estado, muchos empujados por los fuertes conflictos agrarios que se suscitaron en sus regiones de origen.

LAS AMENAZAS

Las familias interesadas en recuperar los privilegios “perdidos” cuando los campesinos de Nuevo Progreso ganaron las tierras, siguen fomentando sentimientos de odio y desprecio hacia sus vecinos. El pasado 12 de abril un numeroso grupo de personas, entre las que estaban los arriba mencionados, acudieron al cementerio para dar sepultura a la señora Francisca Martínez. Para ello pintaron de negro el nuevo letrero que el municipio colocó para reemplazar el anterior y en el que expresamente se prohibía cualquier tipo de entierro.

Desde la mañana, un pequeño grupo de personas se internó en el cementerio y comenzó a cavar una tumba que presuntamente contenía restos. La agente de Nuevo Progreso, Alejandrina Santos Vásquez, acompañada por un grupo de vecinos acudió al lugar para registrar en video los hechos “para dar fe de los delitos que estaban cometiendo”. Su presencia les costó agresiones verbales. Clemente Espinoza Ledesma, les gritó que “hasta que matemos a dos o tres de Nuevo Progreso” se resolverá el problema.

El pasado 19 de abril, el síndico procurador municipal, José Luis Zapién Burguette acudió a la agencia de Palomares para explicar una vez más la situación del cementerio pero fue retenido con lujo de violencia por un grupo de personas hasta altas horas de la madrugada. Según sus propias declaraciones, ahí lo obligaron a firmar un documento en el que se autorizan los sepelios, se pide “replantear los linderos” de los ejidos y “se desconoce todo Convenio celebrado con las autoridades de Nuevo Progreso, el cual pertenece a San Juan Mazatlán Mixe”. Esta última versión es falsa pues este ejido pertenece al municipio de Matías Romero.

Los abogados del municipio que gobierna Teodoro Guzmán Corral, intentaron presentar la denuncia por privación ilegal de la libertad en la Agencia del Ministerio Público de Palomares a cargo de Janet Pérez Maldonado, pero este recurso no fue recibido, por lo que tuvieron que acudir a la Subprocuraduría de la Región del Istmo, a cargo de María del Carmen Chiñas.

Dos de los abogados de Palomares involucrados en el conflicto, Ernesto Espinoza Chablé y Ernesto Noriega Osorio han manifestado que cualquier demanda en contra de los transgresores de Palomares no va a proceder pues ellos tienen muchas influencias en el Poder Judicial de Oaxaca.

En una conferencia de prensa sobre este conflicto, el presidente municipal matiasromerence declaró que en días pasados recibió una llamada telefónica de Joaquín Palacios, de la Subsecretaría de Gobierno del estado, advirtiéndole que debería darle una salida política al conflicto pues había línea del gobernador de desistir en la demanda en contra de los pobladores de Palomares, entre ellos Luis Alvarez Mendoza. El alcalde declaró a la prensa que la demanda procederá “caiga quien caiga”.

Por si fuera poco, el sacerdote Roberto, de la parroquia de La Candelaria, perteneciente a la arquidiócesis de Tehuantepec, tomando partido por los pobladores de Palomares acudió a la agencia de Nuevo Progreso para intentar durante casi cuatro horas “disuadir” a las autoridades para que permitan más sepelios en el panteón clausurado.

Al escuchar las explicaciones de la contraparte, el párroco dijo estar muy preocupado porque este conflicto alcance otros niveles, por lo que espetó: “ya dejen a un lado esos documentos. No quiero que después ustedes me vayan a buscar para oficiar una misa de cuerpo presente”. Comentario que fue tomado por sus interlocutores como una clara amenaza.

La agente municipal respondió que su comunidad está dispuesta a echar mano de todos los recursos legales para defender su derecho a un ambiente sano y a pesar de que los intereses que están de por medio son muy fuertes confían en que finalmente se impondrá la justicia.

Por ello, los pobladores de Nuevo Progreso, hacen un llamado a través de los medios de comunicación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Oaxaca para que intervenga en el caso y facilite la resolución de este conflicto.

Lidera aduana denuncias por corrupción y abusos. (El Diario (Chihuahua), Lorena Figueroa, p. web).

Tiene el 60% del total de quejas ante Secretaría de la Función Pública

Cd. Juárez - La Aduana Fronteriza ocupó el primer lugar de denuncias por abuso de autoridad, omisión de cumplimiento de funciones y corrupción, presentadas en el último año ante la Supervisoría Regional de Ciudad Juárez de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Las quejas contra la dependencia representaron el 60 por ciento de las 281 querellas que se reportaron entre el 2004 y el primer trimestre del 2005 en la Supervisoría, revelan datos obtenidos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Otras instancias que recibieron reclamaciones son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Banjército y el Instituto Nacional de Migración (INM), así como los gobiernos municipal y estatal, entre otras, de acuerdo con los datos proporcionados al IFAI por la Unidad de Enlace de la SFP.

Las denuncias las hicieron residentes de Chihuahua, de otras entidades, así como estadunidenses y hasta el personal de la propia Secretaría, agregan los informes.

La información indica que la Supervisoría Regional recibió 243 quejas en todo el 2004, mientras que entre enero y marzo del 2005 captó 38.

Del total, 168 fueron en contra de la Aduana, lo que representa el 60 por ciento de las querellas. La mayoría de éstas se presentaron el año pasado.

En enero se registraron 22 quejas, en mayo 16, en septiembre 17 y 13 en marzo del 2005.

El supervisor regional de la SFP, Armando González Silva, promovió cuatro quejas contra la Aduana por actos de corrupción en enero, julio y septiembre del 2004, así como por la obstrucción del cumplimiento de las funciones del personal aduanero en ese último mes.

Denuncias como éstas presentadas por el funcionario son, por lo general, cuando se entera de irregularidades o se detectan durante la integración de una investigación de la SFP, explicaron portavoces de la dependencia federal en la Ciudad de México.

“Hay un código de ética que nos obliga a reportar, por ejemplo, cualquier acto que implique corrupción”, dijo David Talavera, portavoz de la SFP en el Distrito Federal.

Las denuncias contra la Aduana contradicen las declaraciones que el ex administrador de la dependencia, Javier Ignacio Salazar Mariscal, hizo en noviembre en una entrevista previa sobre la internación de los automóviles “chuecos”.

En esa ocasión aseguró que en lo que iba de su administración desde el 1 de febrero del 2004, no se habían detectado casos de corrupción.

“Hasta ahorita no tenemos datos señalados, datos concretos, de que dicen los vendedores (de los ‘chuecos’) de que les dan dinero a los fiscales; pues es su dicho y a qué fiscal fue, no tenemos esos datos”, dijo en ese entonces.

El funcionario comentó que tampoco tenía reportes de actos de corrupción en contra de la Aduana por parte de la SFP.

“Quien supervisa los puentes es la SFP y hasta ahorita no tengo reportes de que hayan detectado este tipo de hechos”, manifestó.

Los datos de la SFP también señalan que el IMSS recibió 21 quejas seguido de Banjército con 17. Éstas fueron por abuso de autoridad y corrupción, en su gran mayoría.

Las quejas en contra del INM sumaron 15, una de las cuales fue promovida también por González Silva por corrupción en junio del año pasado, señalan los informes.

Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 12 denuncias en contra, mientras que el ISSSTE nueve y la Procuraduría General de la República (PGR) tres, una de ellas presentada de igual manera por González Silva en diciembre por abuso de autoridad.

La Supervisoría Regional también recibió quejas ciudadanas contra los gobiernos locales.

Por abuso de autoridad en el Municipio hubo cuatro en el 2004 y una en el 2005; mientras que el año pasado se registraron cuatro por abuso de autoridad y corrupción en el Gobierno del Estado.

Otras dependencias oficiales que fueron denunciadas incluyen al Infonavit, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Policía Federal Preventiva (PFP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Procuraduría Agraria, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Un perito determinaría la autenticidad de las firmas en asamblea de ejidatarios. (El Sur, Karina Contreras, p. web)

Opositores a La Parota piden se anule el acta. Ambas partes solicitaron su intervención. El documento autoriza a la CFE continuar con los estudios preliminares del proyecto

Las partes involucradas en la demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 41, para la anulación de la asamblea del 25 de abril que autorizó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continuar con los estudios preliminares del proyecto hidroeléctrico de La Parota, han pedido a la Procuraduría Agraria que designe un perito para desahogar las pruebas de grafoscopía y dactiloscopía –para determinar la autenticidad de las firmas registradas en el acta de dicha asamblea–, informó el abogado de los opositores, Raymundo Castro Aparicio.

En entrevista telefónica desde Chilpancingo, Castro Aparicio explicó que el avance de la demanda de anulación solicitada por sus clientes depende de que la Procuraduría Agraria responda al oficio girado por el magistrado Juan Rodolfo Lara Orozco, para que designe el perito responsable de hacer las pruebas siguientes del proceso.

Dijo que al igual que ellos, las autoridades ejidales encabezadas por Crecencio Jerónimo Aparicio, también solicitaron un perito a la dependencia. Explicó que los peritajes de las firmas y huellas de los comuneros que firmaron el acta de la asamblea del 25 de abril, puede llevar más de dos meses, pues se habla de que se van a estudiar más de 3 mil firmas.

No descartó que se pueda desistir de esa prueba, aunque aclaró que esa será una decisión de la asamblea de opositores. Agregó que con las pruebas documentales y testimoniales que presentaron en las audiencias sostenidas, han demostrado que ellos tienen la razón.

Por otro lado, Raymundo Aparicio informó sobre el proceso judicial que se le sigue a los opositores a La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz y Francisco Valeriano Hernández, quienes fueron acusados por el trabajador de la CFE, Javier Gutiérrez Tejada, de privación ilegal de libertad.

El abogado explicó que ante el poco interés que han mostrado la CFE y Gutiérrez Tejada para desahogar las pruebas del caso, presentarán un escrito para pedir al juez que cierre las instrucciones de la causa penal y se dicte una sentencia.

Por último, comentó que hasta el momento las acusaciones no han podido ser sostenidas y prueba de ello, dijo, es que un juez federal otorgó amparos a los demás opositores que estaban en la lista de la demanda interpuesta por Gutiérrez Tejada.

La Coca-Cola en México el agua tiembla. (Gustavo Castro Soto*, Eco-Portal, p. web).

Las empresas transnacionales van escalando cada vez más en la dirección de la economía global. En el caso de la Coca-Cola Company llego a la cúspide del poder en México cuando Vicente Fox arribó a la presidencia de la república en el año 2000, quien fuera su Gerente General tiempo atrás. Desde entonces las refresqueras obtienen más concesiones de agua, exenciones de impuestos, disminución de aranceles y de cuotas de importación. Coca-Cola Femsa con sede en Monterrey, es la embotelladora más grande de América Latina y el Caribe. Así, las transnacionales mexicanas como Femsa, Telmex, Maseca, Bimbo, Cemex, entre otras, no se distinguen de las transnacionales gringas, europeas o asiáticas. Todas explotan al país y a su gente en el que se encuentren. Por ello, en el Foro Social Mundial (FSM) y otros escenarios altermundistas continentales y regionales se retoma la campana de boicot contra la Coca-Cola.

Coca-Cola Company tiene más riqueza que muchos países de América latina, el Caribe o África. En México ha comprado casi todas las marcas de refrescos del país y tiene las mayores concesiones para la extracción del agua. Tan solo Coca-Cola Femsa cuenta en México con 12 plantas en nueve entidades: Toluca -Estado de México-, Los Reyes -Estado de México-, Apizaco -Tlaxcala-, Morelia -Michoacan-, Villahermosa -Tabasco-, Juchitan -Oaxaca-, San Cristobal de las Casas -Chiapas-, Coatepec -Veracruz-, Cuautitlan -Estado de México-, Sabino -Distrito Federal-, Cedro -Distrito Federal- y Queretaro. Tan solo Coca-Cola Femsa estima que venderá 29 millones de litros de refresco por día a mas de 169 millones de consumidores en América Latina, que equivale en agua al consumo normal de agua diaria de 14 millones 500 mil personas (dos litros de agua diaria por persona).

El crecimiento de la industria refresquera en México y en cualquier país tiene al menos tres consecuencias inmediatas: la presión sobre la tierra, los bosques y el agua. Esta presión se ejerce sobre la población indígena y campesina que poseen la tierra y sobre las leyes del país con el fin de garantizar a las empresas la posesión de estos recursos. Por ello no es coincidencia los problemas que esta generando en el campo mexicano el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE) en torno a la privatización de la tierra impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales (Fondo Monetario Internacional -FMI-, Banco Mundial -BM- y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-). Estas IFI's también ejercen una fuerte presión incluso con financiamiento para la aprobación de leyes de agua en el país; el desplazamiento de indígenas y campesinos de las Areas Naturales Protegidas (ANP), de las montanas y los bosques, como es el caso de Montes Azules en Chiapas.

Los Amigos de Fox y Otros Empresarios Cocacoleros.

En el mes de julio del 2003 el Diario El Independiente hizo evidente con sus investigaciones las relaciones de Vicente Fox y los empresarios azucareros, cocacoleros y sobre las concesiones de agua de los principales ríos del país. Hoy, quien fuera director y dueño de El Independiente, Carlos Ahumada, se encuentra en prisión.

El presidente Vicente Fox (2000-2006) fue durante muchos años ejecutivo de la Coca Cola. Durante su campaña presidencial, el llamado grupo Amigos de Fox liderado por Lino Korrodi atrajo sumas millonarias de diversos sectores empresariales que el mismo Instituto Federal Electoral (IFE) declaro como ilegales. Entre estos donativos estuvieron los recursos aportados por empresarios azucareros y embotelladores de la Coca Cola. El apoyo para obtener la presidencia fue gratificado con siete concesiones sobre el uso del agua tan solo en los primeros dos años de su gobierno a un costo de 2,054 pesos cada concesión, y con permisos que van desde cinco a 50 años y con la posibilidad de obtener una prorroga por el mismo periodo, aunque estén en regiones con escasez de agua.

Aunque a partir del 2000 y hasta julio del 2003 se habían dado 10 concesiones de mas de 4 millones de metros cúbicos de agua a las embotelladoras, desde 1994 se han otorgado a 16 embotelladoras alrededor de 27 concesiones en 10 estados y sobre 15 ríos: 5 en Aguascalientes; 2 en Zacatecas; 5 en Jalisco; 3 en Colima; 1 en Coahuila; 5 en Durango; 1 en Zacatecas; 3 en San Luis Potosí; 1 en Guerrero y 1 en Morelia. La concesión mas grande se otorgo en el 2001 a la Embotelladora de Cuernavaca por 1,353,000 m3 de agua subterránea de la cuenca del Rió Balsas.

De las 27 concesiones 19 son para extraer agua de las cuencas y 8 para descargar desechos en ellas. La extracción total de estas concesiones es de !9,422,990 m3 de agua por año! (9 millones 422 mil, 990) que equivaldrían a 27,713,013,590 (27 mil 713 millones, 13 mil 590) latas de Coca Cola. De otra forma, si un metro cúbico de agua (1m3) es igual a mil litros, y una persona necesita tomar tres litros de agua diarios en promedio y en condiciones normales, el agua concesionada a las empresas equivale a 8.6 millones de años de consumo diario de una persona.

Además de las siguientes embotelladoras, hay otras tres que también han adquirido concesiones: Embotelladora Ameca (Jalisco), Embotelladora Coahuila (Coahuila), y la Embotelladora Gomez Palacio (Coahuila).

Por si fuera poco durante las concesiones en los inicios de la administración foxista, el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Cristobal Jaime Jaquez tenía una relación muy cercana con estos empresarios y con el presidente Fox quien lo apoyo en el proceso de la firma con el Banco Mundial para la privatización del agua en México.

Preparación de Coca-Cola, por Curiosidad...

Para prepara el refresco de la Coca-Cola, además del jarabe de su formula, la embotelladora utiliza agua, el concentrado (saborizantes, colorantes y conservador), azúcar refinada (antes se usaba alta fructuosa importada de may transgénico de los Estados Unidos), bióxido de carbono (CO2). Con la botella, su tapa y su etiqueta, la embotelladora procesa el producto. Tradicionalmente la Coca-Cola vende la franquicia a concesionarios locales en un país determinado. Este concesionario se encargaría de conseguir todos estos insumos menos el concentrado de la formula de la Coca-Cola. Con los Tratados de Libre Comercio (TLC) la Coca-Cola ha cambiado de estrategia. En algunos casos ha usado corporaciones norteamericanas para sus embotelladores. Para las embotelladoras fuera de los Estados Unidos en vez de trasladar el jarabe para la mezcla se uso una concentración en polvo pero sin azúcar, ya que a los embotelladores les trasladaba el problema de conseguirlo.

En el caso de algunas comunidades indígenas de Chiapas los distribuidores pueden ser hasta las mismas autoridades que presionan a la comunidad con el fin de aumentar o mantener una cuota de consumo de refrescos semanalmente.

Al Foro Social Mundial

Los problemas que la transnacional ha generado en muchas regiones en los ámbitos económicos, políticos, culturales, de salud o que han afectado los derechos humanos y laborales, se ha merecido una importante atención por parte del mayor escenario mundial altermundista: el Foro Social Mundial. Hoy el boicot a los productos de la Coca-Cola esta creciendo. En Chiapas, un boicot de esta magnitud generaría una verdadera revolución económica, política y cultural en sus comunidades indígenas y permitiría ver mas claro lo que las aguas negras de la Coca-Cola impiden ver.

Para mas información: El Independiente, 14 de julio de 2003; Milenio Diario 8 de diciembre de 2000; La Jornada 4 de diciembre de 1998; Fundación Coca-Cola; J.C. Louis y Harvey Z. Yazijian, The Cola Wars; Coca-Cola Femsa.

*CIEPAC,A.C.

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria

Advierten avicultores que México no debe quedarse en los escándalos. (Excélsior, p. web)

México, 27 Abril.- El presidente saliente de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), César de Anda Molina, dijo que México no debe quedarse en "los escándalos del día", si no que se debe regresar a las empresas para trabajar por el bien de los mexicanos.

Ante los titulares de las secretarías de Javier Usabiaga Arroyo, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y Florencio Salazar Adame, de la Reforma Agraria (SRA), dijo que los empresarios y en particular los avicultores van a ponerle la muestra a los políticos y van a hacer las cosas bien.

A la ceremonia de cambio de dirigencia de la UNA, asistieron también Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Fundación Colosio; Heladio Ramírez López, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y Jaime Yezaky, presidente del Consejo Nacional Agropecuario(CNA).

Destacó que durante el evento se firmó el convenio con el gobierno federal para integrar "Aviexporta", con el que se reenfocará la actividad productiva del sector avícola hacia el exterior, reto que es difícil, "pero tenemos que hacerlo".

En este caso, dijo que en 10 años se podrá exportar 25 por ciento de la producción, así como generar 500 mil empleos más, del millón que directa e indirectamente genera el sector actualmente.

De esa forma, dijo, México debe ser protagonista en los mercados internacionales tanto de carne de pollo como de huevo, sectores que son los que han crecido más en el sector productivo en los últimos 25 años.

Por su parte, el titular de la Sagarpa tomó la protesta al nuevo Consejo Directivo de UNA, el cual estará encabezado desde este martes por Justo López Martínez, quien ofreció que continuará luchando para que el ramo de la avicultura siga avanzando.

Crece el descontento social en el campo por la falta de apoyos, alertan diputados. (La Jornada, Matilde Pérez U., p. web).

En el Foro Nacional de Evaluación del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), diputados y representantes de organizaciones campesinas manifestaron su preocupación por la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictamine en contra del aumento de presupuesto otorgado por los legisladores para el agro y otros rubros, y advirtieron que la inconformidad en ese sector social "está creciendo".

"No se trata de jugar a las vencidas ni de trabar un acuerdo firmado hace dos años", aclaró Fernando Ulises Adame de León, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.

El mencionado foro fue organizado por la Comisión Especial para el Campo, de San Lázaro.

Al representante de la Secretaría de Gobernación, Adame de León pidió: "dígale a su patrón (Santiago Creel) y al patrón de su patrón (Vicente Fox) que ya nos pongamos de acuerdo en lo del presupuesto, porque necesitamos resultados ahorita, ya no se puede seguir frenando el desarrollo del campo".

Héctor Padilla, secretario de Finanzas de la Confederación Nacional Campesina, aseguró que el presidente Fox se ha empeñado en incumplir los compromisos del ANC. "No puede negar que el año pasado los campesinos de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Colima no recibieron ningún centavo de los recursos de la Alianza para el Campo. Hay negligencia en el gasto y el Ejecutivo muestra una actitud irresponsable, mientras que las condiciones del agro están llegando al extremo soportable."

Servando Olivarría, integrante de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, reforzó: "no es verdad que la pobreza extrema se ha reducido 65 por ciento, como lo ha afirmado el presidente Fox; de ser cierto no habría una migración campesina estimada en 400 mil personas anuales. Cómo explicar que no hay pobres si no se han generado empleos, si han caído los precios agrícolas, si no se aplican los programas ni el presupuesto rural".

Con la representación de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Central Campesina Cardenista, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Barzón, Central Campesina Independiente y Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, Olivarría propuso "reconvenir y relanzar" el ANC mediante un programa nacional para la seguridad y soberanía alimentaria; revisión de políticas y acuerdos comerciales internacionales, y establecimiento de una agenda legislativa emergente que permita la reactivación rural. Postura a la que también se sumó Miguel Luna, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.

Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Reforma Agraria, sugirió la creación de un frente campesino amplio para, desde los ejidos y comunidades, impulsar una política para el campo.

Rafael Galindo Jaime, dirigente de la CCI y presidente de la Comisión Especial para el Campo, insistió en el llamado a la Suprema Corte para que resuelva la controversia contra el presupuesto interpuesta por el Ejecutivo, y a éste le pidió mejore la administración del presupuesto y deje de recortar los recursos para los programas.

Crece el interés por invernaderos. (El Siglo de Torreón, p. web)

GABINO SANTILLÁN, DGO.- Impulsarán la instalación de invernaderos en la entidad para producir hortalizas y aprovechar los principales nichos de oportunidad en el mercado internacional como en Estados Unidos y Japón, países que en forma exhaustiva buscan proveedores de alimentos de calidad.

Durango, a través de sus instituciones como la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Estado, apoya el establecimiento de invernaderos, dados los buenos resultados que están logrando en la etapa de prueba, pero que ya están rindiendo frutos con plántulas de brócoli, chile, tomate, calabaza, cilantro y nopal, informó Julio Varela Galván, director de Desarrollo Rural.

El brócoli se cultiva en el ejido Amado Nervo, municipio de Nombre de Dios, de donde se exporta a Estados Unidos, donde los productores obtienen cinco dólares por kilogramo, y a un corto plazo se comercializará el chile en mayores cantidades y otros cultivos que tienen demanda en el mercado extranjero.

Hay 18 grupos de campesinos de Poanas interesados en instalar invernaderos y el Gobierno del Estado los respaldará con la finalidad de incorporar a esos productores en espacios potenciales, donde verdaderamente logren un mejor nivel de vida, conscientes de que ya no se puede trabajar simplemente por romanticismo, añadió.

Carne de calidad

Durango también podrá aprovechar su estatus libre de enfermedades para exportar carne de cerdo a Estados Unidos y Japón, tal como lo hacen los estados de Sinaloa y Sonora, con lo que los productores podrán crecer en sus empresas.

Varela Galván señaló que los productores tendrán que capacitarse en métodos de planeación participativa para poder detectar con oportunidad las debilidades y en esa forma confeccionar un traje a la medida, haciendo uso de los despachos privados.

Es necesario penetrar en la cultura de usar menos tierra y lograr mejores utilidades sin descuidar ninguna etapa del paquete tecnológico respaldado por Alianza para el Campo y el Fondo de Apoyo a Proyectos Agrícolas (FAPA), en términos generales 70 por ciento de la inversión es del Estado y la Federación y el 30 por ciento de los beneficiarios.

Modelo productivo

De 90 proyectos respaldados en junio de 2004, de los que mayor éxito tienen está en Gabino Santillán, donde 17 productores provenientes de un rezago agrario por la falta de tierra recibieron el apoyo económico de la Secretaría de Reforma Agraria y Alianza para el Campo, con una inversión de 1.5 millones de pesos.

Tal como lo informó El Siglo de Durango en su Sección Regional, los campesinos de Gabino Santillán tienen tres invernaderos en una superficie de dos mil 500 metros cuadrados donde se cultivan hortalizas.

La producción de plántula de chile la proporcionan a agricultores de Poanas y de brócoli a Nombre de Dios, de donde ya se exportan esos alimentos a Estados Unidos y se espera contactar a los empresarios japoneses para en un futuro no muy lejano ampliar el mercado oriental.

Es la mejor manera de crear fuentes de empleo en el medio rural, donde el sector social podrá frenar su índice de emigración al extranjero.

Las empresas agrícolas con mayor éxito aplican el paquete tecnológico a través de cuatro factores elementales: organización, administración, proceso productivo, estado financiero y comercialización, afirmó Víctor Manuel Mercado, técnico asesor de la empresa CasVaj que apoyó al grupo de ejidatarios de Gabino Santillán, reconocido como modelo de producción.

Pemex compraría tierras a los atastecos. (Tribuna de Campeche, p. web).

Petróleos Mexicanos (Pemex) ofreció más de 10 millones 600 mil pesos a los más de 48 ejidatarios propietarios del terreno que ocupa el Centro de Proceso y Transporte de Gas de Atasta (CPTGA), si éstos ceden el derecho de ocupación a la paraestatal y aceptan también una expropiación concertada de esos predios, misma que se haría a través de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

Lo anterior fue planteado ayer durante una reunión que duró más de tres horas, celebrada en el Palacio Municipal, con la presencia de los ejidatarios presuntamente afectados y funcionarios de Pemex, encabezados por el jefe de la Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación de la Subdirección Región Marina Noreste, José del Carmen Rodríguez Vera, así como por funcionarios de los tres niveles de Gobierno.

Como se recordará, la reunión de ayer, que tuvo lugar en la Sala Administrativa de la sede del Ayuntamiento de El Carmen, había sido concertada desde el pasado 30 de marzo.

Tal como entonces se acordó, Pemex presentó a los ejidatarios el avalúo de los terrenos que hoy ocupa la citada Planta de Gas. En la reunión fueron retomados los acuerdos mutuos y perspectivas de análisis de beneficio de ambas partes.

Se dio a conocer que el avalúo de dichos terrenos, realizado por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacional (Indaabin) determinó que los terrenos comunales, que abarcan dos millones 176 mil 786 metros cuadrados, tienen un costo de cinco millones 314 mil 86 pesos con 67 centavos.

Sobre el particular, Rodríguez Vera, por parte de la paraestatal apuntó que Pemex propone pagar dicho monto por el derecho de ocupación siempre y cuando los ejidatarios estuvieran completamente conformes, y también propuso que a la vez se podría realizar, para dar fin a este caso, la expropiación concertada, en la que pagarían también una cantidad similar de cinco millones 314 mil 86 pesos con 67 centavos, a través de la SRA, por la citada expropiación concertada.

Por su parte, los ejidatarios hicieron entrega a las autoridades estatales y municipales de una solicitud dirigida al director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo, para que se analicen y contemplen dentro del Anexo de Ejecución que sostienen con el Gobierno del Estado una clínica con diversas especialidades.

Así también un centro social, malecón, desazolve de lagunas y arroyos naturales, pozos de almacenamiento de agua potable, dos tanques elevados, un Centro de Capacitación que se adapte a los profesionales que requiere Pemex a bien de que sus nuevas generaciones tengan oportunidades laborales.

En su petición incluyen pavimentación y red electrónica para la zona urbana de Atasta Pueblo, un edificio para la Comisaría con capacidad para mil gentes, relleno de caminos, y apoyo económico de energía eléctrica y gas doméstico a esa misma comunidad.

Así mismo solicitan a la Procuraduría Agraria se realice una revisión de las hectáreas que físicamente Pemex tiene ocupadas con el CPTGA, a fin de verificarlas contra el contrato realizado en 1985.

Ambas partes acordaron, con la Procuraduría Agraria, Gobierno del Estado y Municipal como testigos, de la integración de un gabinete para cotejar los trabajos topográficos elaborados por Pemex y por el Ejido de Atasta y que en caso de que existan diferencias se verificarán en campo y se acordará una nueva reunión, al tiempo que comunicarán por escrito a Pemex la fecha en la cual tendrán los trabajos técnicos topográficos a efecto de realizar el estudio de gabinete.

Todas estas solicitudes se analizarán a fondo y la propuesta por parte de Pemex es que sea presentado a través del Convenio de Anexo de Ejecución.

Entre los presentes estuvieron en cuanto a autoridades se trata, Enrique de C. Baeza López y José Alvarez Priego, por el Indaabin; José del Carmen Soberanis Rodríguez y José Luis Camejo Mena, por el Gobierno del Estado; José del Carmen Rodríguez Vera, Sabino Barrios Santiago, Ernesto Aguilera Gutiérrez, por Petróleos Mexicanos; Erick Chong González y Luis Raúl Jiménez Arroyo, por el Gobierno Municipal.

Por parte de los ejidatarios de Atasta estuvieron Juan Carlos Heredia Córdoba, José del Carmen Cu Alayola, José Alberto Aké Cherres, Paulo Enrique Hau Azul, Edmundo Jimenez González, Dolores Heredia González, José Juan Fernández Ruiz, José Reyes Salabarría, María Dolores Heredia Rodríguez, Mauro Heredia Mena, José del Carmen Vera, Felipe Heredia Córdoba, Daniel Moreno G., Jacinto Vera Jimenez, Marcelino Salabarría Gómez, Julio Arturo Heredia, Guillermo Rodrigo Heredia Lugo, Manuel Ahumada, entre otros ejidatarios afectados, de la Península de Atasta.

Beneficia la SRA sólo al PAN: CNC. (Tribuna (Sonora), Héctor Froylán, p. web)

HERMOSILLO.- La Confederación Nacional Campesina denunciará ante la Secretaría de la Función Pública el manejo discrecional y partidista de los recursos destinados al campo que ejerce la reforma agraria, advirtió ayer Salvador Sánchez Peñuelas.

El secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sonora, dijo que más del 80% del presupuesto de la SRA se entrega a organizaciones adheridas al Partido Acción Nacional.

“La CNC no es una organización privilegiada por programas federales ni estatales”, aclaró el líder campesino, quien añadió que desde el 2003 a la fecha han disminuido los beneficios de los programas que maneja la dependencia y cada vez es más evidente el manejo partidista de los recursos.

En conferencia de prensa, el dirigente cenecista aseveró que ante esta situación anómala que provoca inconformidad por el inequitativo reparto de los apoyos, interpondrán una denuncia ante la SFP.

Refirió la incertidumbre de los campesinos inscritos en algunos programas como el de “Joven Emprendedor Rural” porque no saben si serán o no beneficiados con los recursos asignados.

Organizaciones adheridas al PAN se llevan actualmente más del 80% de los fondos, dijo Sánchez Peñuelas y citó los programas de atención a conflictos sociales en el medio rural y programas de fomento y organización en materia agraria rural, donde la CNC obtuvo solamente 300 mil pesos de los más de 8 millones que fueron entregados.

El dirigente campirano lamentó situación que afecta el desarrollo armonioso del agro en el Estado, y dijo que no se puede beneficiar a organizaciones poco serias o donde existe la incertidumbre de su conformación como es el caso de algunas que participan en estos programas y se llevan poco más del 45% de los recursos.

“No obstante la existencia de reglas de operación que dejan claro que los recursos se deben asignar sin mirar colores, la Reforma Agraria utiliza estos programas para beneficiar a solo unas cuantas organizaciones, desestimando la presencia de CNC, por mucho la organización de mayor representación en el sector campesino en el Estado”, finalizó el cenecista.

Premio “Sergio Méndez Arceo”, a Bárbara Zanmora. (Proceso, Rosalia Vergara, p. web)

* Por su activismo en pro de los derechos humanos

* El 30 de abril se le entregará un diploma y 10 mil pesos

La abogada Bárbara Zamora López, defensora de los hermanos Cerezo Contreras y de la familia de Digna Ochoa, entre otros casos, será galardonada con el XIII Premio Nacional de Derechos Humanos “Sergio Méndez Arceo”.

La litigante se hizo merecedora del premio, que consiste en un diploma y diez mil pesos en efectivo, por “su valor en la defensa y promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos y como signo de solidaridad y apoyo en su lucha”.

De las 13 propuestas recibidas, siete candidatas estuvieron nominadas más de una vez, como Bárbara Zamora, el Comité Cerezo, Grupo CD4 Juntos por Amor A. C., Olga Sánchez Martínez, Laura Bustos Hernández, Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” A. C., y Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S. C. L.

La sesión para determinar a la ganadora se realizó el 6 de abril y por mayoría se le entregó a Zamora López, licenciada en derecho; entre su labor destaca la creación del Bufete Jurídico Tierra y Libertad A. C., del que es presidenta.

Da servicios jurídicos profesionales a campesinos e indígenas en materia agraria, derechos humanos y derecho penal en Durango, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Puebla, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Querétaro.

Además, fue asesora del EZLN en los diálogos de San Andrés Larráinzar con el gobierno federal en las dos mesas de trabajo, donde se discutieron los temas “Derechos y Cultura Indígena” y “Democracia y Justicia”.

El comité otorgó un reconocimiento especial a la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual S.C.L., por ser modelo de organización social en defensa de los derechos laborales de sus trabajadores y por la calidad de su producto.

Los premios se entregarán el sábado 30 de abril, en Tetela del Monte, Morelos.

Organizaciones campesinas

En la lucha, UNORCA cumple 20 años. (La Jornada, Matilde Pérez U, p. web)

Los integrantes de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) juntan fuerzas con sus homólogos de Vía Campesina para evitar la muerte de la economía campesina y de las miles de personas que quieren seguir viviendo de las actividades agrícolas y pecuarias, dijo Alberto Gómez Flores, en el foro UNORCA: 20 años del movimiento campesino.

El coordinador ejecutivo de la organización advirtió que para lograr sostener esa economía campesina se requiere un nuevo orden internacional, por eso los integrantes de UNORCA han sostenido "el grito: fuera los alimentos de la Organización Mundial de Comercio. Sabemos que para lograrlo necesitamos mucha fuerza". En el foro organizado por Casa Lamm, Gómez Flores habló de la autonomía campesina y de la urgencia de tener mayor fuerza para avanzar en sus propuestas y que los ejidatarios recuperen las tierras que hoy tienen rentadas, como en el caso de Sonora y Sinaloa, en donde 85 y 75 por ciento respectivamente de la propiedad social está en dicha situación.

Luis Meneses Murillo, ex dirigente de UNORCA, recordó que la organización se constituyó formalmente en marzo de 1985 y desde entonces se acordó respetar la pluralidad y autonomía política e ideológica de cada una de las organizaciones regionales, además de luchar por la propiedad social, mejorar la producción y tecnología productivas y avanzar en la comercialización eliminando intermediarios.

Luis Hernández Navarro, coordinador de Opinión de La Jornada, apuntó que la autonomía campesina es clave para que ese sector enfrente sus retos, pero también requiere enlazarse con otros sectores sociales para que gobernantes, legisladores y sociedad no consideren al agro como un lastre sino como la reserva del futuro. Destacó que este sexenio ha sido del "descontento campesino" y como muestra están las frecuentes tomas de la Sagarpa.

Prensa Estatal

CAMPECHE

Sin acuerdos la reunión entre ejidatarios funcionarios de Pemex. (El Sur de Campeche, Leydi Méndez, p. web)

Sin acuerdos terminó la reunión que sostuvieron los ejidatarios de Atasta y los funcionarios de Petróleos Mexicanos, quienes trataron los asuntos relacionados con la venta de las tierras que se localiza en la denominada zona de amortiguamiento del Centro de Proceso y Transferencia de Gas de Atasta.

Tal y como estaba programada, ayer se realizó la reunión entre las partes involucradas en este asunto que se ha convertido en un problema para Petróleos Mexicanos, debido a que ha pasado mucho tiempo y sin que los funcionarios de Pemex determinaran dialogar con los ejidatarios a los que se ha afectado en sus tierras por la mencionda planta de gas; por ello es que se han estado reuniendo a fin de poder determinar cuales son los acuerdos a los que llegarán con estas tierras que no pueden utilizar los ejidatarios quienes argumentan que era el sustento de sus familias por ello es que están acordando como quedarán con las tierras que han sido ocupadas por la paraestatal

Cabe recordar que esta reunión había sido prevista el mes pasado, y según el avalúo que realizaron a las 2"176,786.92 M2, para la creación de la Zona de Seguridad y Amortiguamiento del Centro de Proceso y Transporte de Gas Atasta y en las que les proporcionaron el monto máximo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), sobre el valor del área antes mencionada a través de avalúos maestros y tabulador de bienes distintos a la tierra vigente, el cual es de 5,314, 086.67, ante lo cual argumentaron los ejidatarios que no se les hacía el precio justo, además que no son las 308 hectáreas que dice Pemex si no que ellos argumentan son 500 hectáreas, por ello es que se realizará el 2 de mayo un cotejo de escritorio es decir con documetnos de los afectados y en caso de no acordar nuevamente nada, se irían a las revisiones de campo

Debido a que la oferta de Pemex no fue aceptada por los ejidatarios de la comunidad de Atasta, se continuarán los siguientes pasos sobre este asunto y donde la paraestatal está dispuesta a pagar solamente el precio justo y lo que marquen las autoridades, especialmente que quieren una solución a este problema y además que debe ser a través de la vía del dilálogo como están trabajando actualmente, por ello se espera que se pueda lograr que todos estén de acuerdo en la próxima reunión que será en la fecha cuando se hayan realizado las medidas y todos los ejidatarios estén de acuerdo sobre las hectáreas que se pagarán también de acuerdo a como lo dictaminen las autoridades competentes, para que sea el precio justo.

CHIAPAS

Denuncian maniobras de Coca-Cola para adueñarse de agua en Chiapas. (La Jornada, Angélica Enciso, p. web)

En Chiapas, la principal zona de recarga de agua del país, empresas privadas como Coca-Cola, una de las embotelladoras más grandes del mundo, buscan controlar las fuentes del líquido y expanden su presencia con pretextos como la construcción de escuelas para llegar a las comunidades donde adquieren los predios con cuerpos de agua, señalaron delegados de organizaciones no gubernamentales que participan en el foro En defensa del agua.

Esta empresa, junto con Nestlé y Pepsi son las principales embotelladoras del líquido en el país y también controlan este mercado a escala mundial. Se estima que las ventas de agua embotellada al año en México son de casi 12 mil millones de pesos, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) capta por el servicio de agua potable unos 16 mil millones de pesos.

De acuerdo con información de la Conagua, en la zona se recarga 50 por ciento del agua de todo el país. La empresa estaría considerando la instalación de una embotelladora en San Cristóbal de las Casas, donde se presentan escurrimientos del cerro Huitepec y en Huixtán, zonas con grandes reservas hídricas.

Roberto Miguel Gómez, del Centro de Asesoría Indígena, dijo que en la comunidad La Pila, en el municipio Huixtán, en los Altos de Chiapas, se localiza el manantial de agua conocido como El Molino, el cual abastece al centro urbano, y Coca-Cola busca comprar el predio donde se encuentra.

A partir de 2000 -recordó- se puso en marcha el Comité de Construcción de Escuelas, organismo del gobierno estatal, cuyo fin es la remodelación de los planteles, y en 2001 la Fundación Coca-Cola llegó a la comunidad para renovar el plantel y llevó computadoras usadas, que a falta de personal no se utilizan.

Instalada en la localidad, la compañía expresó interés en la compra del predio donde se encuentra El Molino, pero ha surgido oposición de los habitantes y la operación no se ha concretado. En ese lugar nace el agua del afluente del río Tzaconejá y la empresa ofreció bombear el líquido y distribuirlo al pueblo de Huiztán, además de que en convenio con la Secretaría de Salud local, la fundación acordó proveer de infraestructura al municipio Oxchuc, donde no existe el recurso y se han detectado casos de tracoma, conjuntivitis infecciosa y contagiosa, que puede causar ceguera.

Otro caso es el de Matzam, comunidad ubicada en Tenejapa de los Altos de Chiapas, en la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera Montes Azules. De ahí salen los "manantiales sagrados que abastecen a los habitantes del municipio y que provienen del escurrimiento del cerro Zontehuits". A esa zona también llegó Coca-Cola para renovar escuelas de 12 comunidades, dijo Manuel Sxilwan.

Los delegados al foro consideraron que la campaña de promoción de "escuelas de calidad" es un método de la empresa para asentarse en las comunidades, tras detectar las zonas ricas en agua.

Tony Clarke, autor de El oro azul, libro en que aborda los procesos de privatización del agua, consideró que la presencia de las embotelladoras en ciertas zonas, como Chiapas, es sintomático del afán apropiatorio del recurso.

Durante el foro, al que asisten 400 delegados de distintas entidades y de países de la región, se presentaron las experiencias de desplazamiento de comunidades por la construcción de presas, como los huicholes que serán afectados con el proyecto de El Cajón, en Nayarit, y que antes ya vieron afectadas sus tierras con la presa Aguamilpa, en Jalisco.

Salazar será responsable de hechos sangrientos. (Cuarto Poder, Eleaneth Díaz, p.web)

Pablo Salazar será responsable de los hechos sangrientos que se realicen entre dos grupos por la lucha de la tierra, porque no se ha dado una respuesta a la problemática, aseguró Vicente Donis Peñalosa, vocero de la OPEZ-ONPP del municipio de Tapachula.

Histórico despojo

Donis señaló que desde 1996 fueron despojados de 300 hectáreas del ejido Genaro Vázquez Rojas por grupos paramilitares encabezados por Hernán Villatoro Barrios, Roberto Enríquez Escobar y José Guadalupe Herrera Monzón.

El líder campesino dijo que el gobierno de Pablo Salazar, "es el más corrupto y mentiroso de todos los gobiernos", porque prometió que iba a privilegiar a los pobres, sin embargo sólo han recibido represión.

Recordó que durante una reunión que sostuvieron con el gobernador, el ahora fiscal Mariano Herrán y Emilio Zebadúa, hace dos años se comprometieron a dotar de tierras a los campesinos.

Invasión paramilitar

Señaló que las 300 hectáreas del ejido Genero Vázquez Rojas colindante con el municipio de Tapachula, se encuentra invadido por el grupo paramilitar desde hace varios años.

Donis Peñalosa reiteró que la lucha no es contra los mismos campesinos, sino contra los terratenientes y el gobierno que los ha privilegiado. "No lucharemos pobres contra pobres, no podemos golpear a campesinos; lucharemos contra el gobierno y los terratenientes", dijo.

Además explicó que en la misma situación se encuentran los ejidos de Independiente Cuauhtémoc, en el municipio de Suchiate y en Acapetahua donde los campesinos fueron despojados y sacados amarrados a la calle

GUERRERO

La CFE ya indemnizó a los afectados por los cables en La Sabana, dice ex comisario. (El Sur, Karina Contreras, p. web).

El ex comisarido ejidal de la Sabana, Higinio Salazar Ozuna, informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya le pagó a todos los parcelarios afectados por los tendidos de cables de alta tensión, el cual fue de 20 pesos metro cuadrado y 3 mil 500 la planta dañada, como palma y limón.

Ayer, la ex autoridad ejidal –a quien los afectados acusan de confabularse con funcionarios de la paraestatal para quedarse con el dinero– estuvo en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41 para declarar como testigo a favor de la CFE en la demanda de indemnización que exigen parcelarios de La Sabana, por las supuestas afectaciones que sufrieron hace cinco años por el tendido de cables y la construcción de torres eléctricas en sus predios.

Ayer se llevaron a cabo otras audiencias en el TUA sobre el conflicto entre parcelarios de La Sabana y La CFE.

En declaraciones al finalizar su testimonio, Higinio Salazar Ozuna dijo que “nada” de los señalamientos en su contra son ciertos.

Agregó que las acusaciones son de adversarios políticos que durante su administración trataron de difamarlo.

El ex comisario minimizó los señalamientos, pues aseguró que el trabajo al frente de la comisaría estaba visto, “se hizo mucho trabajo a favor de los ejidatarios”.

Salazar Ozuna explicó que todo el beneficio que se generó de los acuerdos con la CFE por el tendido de la servidumbre de paso se repartió entre los ejidatarios, por lo “cual no hay ningún fraude ni dinero tomado a ningún ejidatario”.

Dijo que le consta que a los afectados se les indemnizó y ya no tienen ninguna responsabilidad, pues en la asamblea del 25 de marzo de 2000 se dejó claro que los pagos, acordados directamente por la asamblea, los haría directamente la CFE a cada uno.

Finalmente indicó que varios de los que tenían demanda ni siquiera fueron “tocados” por la CFE.

PUEBLA

Respetar el Decreto del 62, para evitar confrontaciones. (Diario Cambio, Hipólito Contreras, p. web).

El Congreso del estado debe hacer a un lado líneas y presiones para que de una vez resuelva el conflicto limítrofe entre el municipio de Puebla y el de San Andrés Cholula, ya que no se trata de prolongar el problema, sino simplemente hacer que se cumpla el decreto de 1962, en el que se establecen con claridad los límites ante ambos municipios, afirmó el regidor Arturo Loyola González.

Explicó que la delimitación territorial del municipio de Puebla está determinada en el decreto del 30 de octubre de 1962 que expidió el Congreso del estado, y sobre el cual el Instituto de Catastro tuvo a bien elaborar el plano del municipio.

Por eso, agregó, hoy le decimos a los diputados de la actual legislatura que no se hagan bolas, porque las cosas son como son y los ciudadanos no tenemos por qué padecer más imposiciones como las que se padecieron en la anterior legislatura.

En el referido decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado el 30 de octubre de 1962, se establece la desaparición de los municipios de San Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan, San Miguel Canoa, Resurrección y los que se anexan al municipio de Puebla.

De acuerdo al mismo decreto, los límites del municipio de Puebla por el poniente son: "A partir del puente y siguiendo aguas arriba el río Atoyac hasta su confluencia con la barranca o río Zapateros, a través del ejido de Tamaxtitla, ejido de Cacalotepec, Hacienda Castillotla y Hacienda Mayorazgho, pertenecientes al municipio de Puebla. Se sigue aguas arriba el curso de esta barranca en terrenos del ejido de San Andrés Cholula, de la Hacienda de Concepción Buena Vista, donde termina el municipio de San Andrés Cholula."

Indicó que esto es lo que la actual legislatura de manera definitiva debe resolver, porque la ley se hizo para cumplirla y no para someterla a los acuerdos caprichosos de dos alcaldes que por el hecho de serlo creyeron poder hacer todo lo que se les viniese en gana.

Manifestó que la actual legislatura debe considerar el hecho de que el municipio de San Andrés, durante varios años, no respetó el decreto de 1962, lo que representó pérdidas millonarias para la hacienda del municipio de Puebla.

Expuso que la debilidad del Congreso del estado está dando lugar a que el presidente de San Andrés Cholula afirme que el problema se puede resolver mediante un acuerdo políticos entre ambos municipios. Aquí, dijo, no hay acuerdo de tipo político, lo único que debe hacerse es respetar el decreto de 1962 en el que se establecen los límites entre los dos municipios.

Indicó que desde el mes de junio del 2003 manifestó que un extraño silencio envolvía al Congreso del estado con relación a un problema que debería estar resuelto desde mucho tiempo, pero debido a la negligencia en la aplicación de la ley, se corría el riesgo de que se consumase un despojo, como resultado de las concesiones políticas que durante el sexenio le dio el anterior gobierno del estado al Partido Acción Nacional.

TAMAULIPAS

Soluciona PEMEX conflicto con ejidatarios. (El Mañana, p. web).

Ejidatarios que bloquearon el camino Los Guerra-Arcabuz al paso de vehículos de Petróleos Mexicanos y de compañías que trabajan para la paraestatal levantaron el bloqueo permitiendo la circulación de estas unidades.

Genaro Elizondo titular de comunicación social de PEMEX señaló que tras sostener un diálogo con los ejidatarios inconformes se acordó sostener una reunión el viernes próximo en la Presidencia Municipal de Miguel Alemán a efecto de escuchar las peticiones de los campesinos.

Los ejidatarios del sur del municipio de Miguel Alemán , están inconformes porque Petróleos Mexicanos no les ayuda a concluir la pavimentación del camino Los Guerra-Arcabuz obra que está en proceso desde hace varios años.

Piden los ejidatarios que Petróleos Mexicanos y las compañías extranjeras que tienen contratos con la paraestatal pavimente poco más de kilómetro y medio de brecha que se encuentra en pésimas condiciones por el constante paso de las pesadas unidades motrices.

El titular de comunicación social de PEMEX, Genaro Elizondo, indicó que en la reunión a celebrarse el viernes participan el alcalde de Miguel Alemán Alfonso Ramírez, una comisión de ejidatarios del sur de ese municipio, funcionarios de Petróleos Mexicanos y representantes de las compañías que realizan en tal región trabajos.

Petróleos Mexicanos ha aportado al municipio de Miguel Alemán material para asfaltar calles y avenidas, al menos ello se estuvo haciendo durante la pasada administración municipal que presidió Libaldo Garza Moreno, parte de ese material se utilizó precisamente en el camino Los Guerra-Arcabuz.
Finalmente Genaro Elizondo externó que esperan llegar a un acuerdo satisfactorio con los ejidatarios durante la reunión que sostendrán el viernes en la ciudad de Miguel Alemán, recalcando que ya circulan nuevamente por el camino las unidades de la paraestatal y de las compañías que allá trabajan.

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