CARPETA EJECUTIVA DE PRENSA DIARIA

VIERNES 22 DE ABRIL DE 2005

OCHO COLUMNAS

Divide desafuero a Iglesia

Condenan algunos Obispos el juicio contra AMLO, y la CEM se deslinda

Propone AMLO acuerdo a gobierno

Admite SRE efecto negativo en el exterior por desafuero

Descarta Greenspan estanflación en EU

Asegura que la nación crece a un ritmo razonable para evitar riesgos

Resistirá economía turbulencias políticas

Nerviosismo en mercados si López Obrador aumenta su popularidad: Bank of America

Divide el tema del desafuero a la Iglesia católica

Comisión pastoral lo censura; el Episcopado, ambiguo

Maniobre ilegal de la PGR y el PAN: Gómez Mont

Censura el abogado panista

Abogado de López, gestor de pagarés Fobaproa a Citibank

Javier Quijano litigó para que el banco pudiera seguir cobrando 300 mdd de intereses en un documento por la compra de Confía

Cárcel, Exige AMLO, y Revocar la Fianza

Se Otorgó “Vergonzosa y Mañosamente”, Señala

Iglesia condena proceso a AMLO

El desafuero, “signo alarmante de regresión autoritaria”

Pide AMLO revocar fianza

Alega que se violó el Código Penal con pago no autorizado de su caución

Narco vs periodistas

México, primer lugar latinoamericano en homicidios de comunicadores

Sector agrario

Evalúan programas de Montes Azules y Lacandona. (El Heraldo de Chiapas, p.web).

El gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, encabezaron la Evaluación del Programa de Atención Integral a los Bienes Comunales Zona Lacandona y Reserva de la Biosfera “Montes Azules”, en esta capital.

En esta reunión, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural, se evaluó la aplicación del programa en Montes Azules, que da cauce al reordenamiento de la propiedad, de acuerdo al derecho de los comuneros y pequeños propietarios de la zona, además, responde a añejas demandas de justicia humana para muchas personas asentadas irregularmente, así como de justicia ecológica para la Reserva.

En el marco de esta intensa gira de trabajo, el titular de la SRA reconoció la participación activa de las autoridades estatales para acercarse a los grupos en disputa y propiciar con su mediación, la solución definitiva de los problemas agrarios del estado.

Previamente, el secretario Florencio Salazar entregó documentos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares a ejidatarios de Villa Allende, en San Fernando; y atestiguó, en la SDR, la firma de ratificación del Convenio de Concertación Agraria, que da fin a un conflicto agrario por disputa de tierras de más de 30 años, entre campesinos de los bienes comunales Zona Lacandona y ejidatarios de El Jardín.

La representante especial de la SRA en Chiapas, Martha Cecilia Díaz Gordillo, recordó que hace más de 35 años, en 1970, existió una resolución agraria federal que dotó de tierras a los campesinos del ejido El Jardín, quienes luego solicitaron una ampliación de tierras sobre las ya recibidas.

En tanto se atendía su petición, los ejidatarios tomaron por costumbre trabajar cada año en tierras de los bienes comunales Zona Lacandona, específicamente en la comunidad Nahá, por lo que se inició un conflicto entre las partes.

En 1993, 23 años después de iniciado este conflicto, las autoridades agrarias dan a El Jardín una respuesta negativa a su petición de ampliación, pero el problema se había intensificado, pues los ejidatarios continuaron con su costumbre de realizar actividades agrícolas en Nahá.

En las administraciones del presidente Vicente Fox y del gobernador Pablo Salazar, una vez conformada la Mesa Interinstitucional de Atención a la Zona Lacandona, éste fue uno de los problemas que se retomó para su solución.

Este martes, luego de un largo proceso de consensos, se ratificó la voluntad de los ejidatarios de El Jardín por respetar las tierras de Nahá, a través del convenio de concertación agraria, donde el integrante del órgano de representación de la Zona Lacandona, Moisés Tarano González, y el representante del ejido El Jardín, Rogelio Encino Pérez, coincidieron en signar el documento.

Rogelio Encino reconoció la adecuada intervención de las autoridades estatales y federales, situación que no se había dado en anteriores administraciones, por eso pasaron muchos “años de espera para que nos solucionaran, pero ahora tenemos paz, tenemos certidumbre de una mejor vida”.

Como primer punto de su gira de trabajo, el titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, acompañado del secretario de Gobierno, entregó 2 mil 686 carpetas agrarias que regularizan cientos de hectáreas de propiedad social, a través del Programa de Certificación de Ejidos y Solares Urbanos (Procede), en el municipio de San Fernando.

En un emotivo evento, Florencio Salazar Adame informó que fue enviada al Congreso de la Unión, la iniciativa del Ejecutivo Federal para la conformación de una nueva Ley Agraria.

Esta iniciativa de ley propone, entre otros beneficios, la ampliación de facultades de la Procuraduría Agraria, a fin de que asesore a los campesinos no sólo en cuestiones agrarias, sino también económicas, “a fin de que nadie se aproveche del desconocimiento de los campesinos en sus relaciones mercantiles”, así como la creación de un Código de Procedimiento Agrarios, que permita a los jueces y magistrados tener mejores herramientas para atender casos en la materia.

Por su parte, el secretario de Gobierno, quien asistió al evento con la representación personal del gobernador Pablo Salazar, hizo un nuevo llamado a evitar la práctica de la quema como método agrícola, a fin de evitar incendios forestales.

Se está incrementando la tensión en el campo. (El Sol de Zacatecas, Patricia Torres, p. web).

México.- La tensión en el campo se está incrementando al no darse una solución real al problema de linderos y tierras, lo que puede generar que se agraven los conflictos sociales, advirtió el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, (UNTA), Álvaro López Ríos.

Pese a que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), ha señalado en diversas ocasiones que se han atendido los Focos Rojos, el líder campesino aseguró que no ha podido atender ni desactivar los conflictos sociales que tienen entre 30 y 40 años de origen en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco y Durango.

Reconoció que ha sido un tránsito difícil, en eliminar los 14 focos rojos y los 34 amarillos, el Gobierno se ha dedicado exclusivamente a atender sólo esto, olvidado otros problemas agrarios de carácter social que han causado muertes como en el estado de Hidalgo y Oaxaca.

Consideró que la SRA debería contar con un diagnostico completo de toda la comunidad agraria; además de que la aplicación de la ley en materia agraria, deberá ser pronta y expedita para evitar un largo recorrido a los conflictos vinculados a dotaciones, ampliaciones, a nuevos centros de población.

De esta manera dijo López Ríos, se evita un largo recorrido a los conflictos, ya que cuando se interpone un amparo la vía es larguísima y sin garantías. Si estas acciones no se conjugan, los problemas tienen a complicarse cada vez más.

Luego se pronunció porque se dé la liquidación de la Secretaría de la Reforma Agraria, una vez que cumpla su cometido de concluir y resolver los conflictos agrarios. Advirtió que mantener una Secretaría sólo para resolver 14 focos rojos y 31 amarillos, para estas acciones "no hay mucho sentido".

Irrumpen oaxaqueños. (Cuarto Poder, Martha Izquierdo, p. web)

Al menos seis personas armadas fueron detenidas durante el operativo realizado la mañana de este miércoles por 250 elementos de la Policía Preventiva y de la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE) de Oaxaca, al mando del director general de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, en el predio de San Isidro La Gringa.

Los elementos policiacos oaxaqueños habían ingresado a la zona de San Francisco La Paz durante la madrugada, sólo que durante el trayecto una unidad con cuarenta efectivos de la UPOE volcó sobre una cuneta, dejando dos policías con lesiones leves, lo que retrasó una hora el operativo.

Vera Salinas se había reunido la víspera en Matías Romero con el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa, Alberto Luis Hernández, quien le solicitó al jefe policiaco que fueran detenidos los líderes de los que llamó "invasores", pues "sólo así verían la disponibilidad del Gobierno del Estado para solucionar este conflicto".

Luego de realizar su plan de acción partieron de Boca del Monte hacia el poblado catorce, en la zona del Uxpanapa, para posteriormente llegar a San Francisco La Paz en donde fueron dejados los vehículos.

A las cinco de la mañana los elementos policiacos, en medio de la oscuridad, partieron al paraje de San Isidro La Gringa, a donde llegaron a las 09:00 horas.

Fue a unos 150 metros del lugar, cuando los policías realizaban la vigilancia en las inmediaciones del río "El Zapote", cuando se percataron de la presencia de unos sujetos que portaban armas, se informó.

Al verse descubiertos, los chiapanecos optaron por huir, sólo que fueron alcanzados por los elementos de Seguridad Pública, quienes detuvieron a Isaías García Salazar, de 39 años de edad y originario del estado de Veracruz, quien portaba una escopeta calibre 16 con una carrillera.

Así mismo fueron detenidos Pablo Gutiérrez Peña, a quien se le decomisó una escopeta calibre 20; Uriel Antonio García Rodríguez, quien portaba una pistola calibre 380; Álvaro Velásquez Coronel, de Chiapas, con una pistola 38 especial, quien dijo ser el presidente de la mesa directiva de San Isidro La Gringa y uno de los líderes principales del grupo chiapaneco.

Con él también se detuvo a Máximo Cerón Ortiz, con arma larga calibre 380, y Juan Juárez Pérez, con una pistola calibre 22, quienes fueron consignados durante la noche al agente del Ministerio Público Federal en Matías Romero.

Todos tuvieron que ser trasladados de inmediato ante la amenaza de que un grupo de chiapanecos -que se estaba organizando en la comunidad veracruzana de Nuevo Córdoba- pudieran rescatarlos.

Luego, en la zona del conflicto -en las 49 mil hectáreas en donde se encontraban de manera dispersa algunas 50 personas- se dialogó con ellos para que desalojaran la zona, esto ocasionó que uno de los invasores escapara para avisar a los demás que los apoyaran para recuperar las tierras, sin embargo, hasta las 14:30 horas todo continuaba igual en la zona que era custodiada por los efectivos policiacos de Oaxaca.

En tanto el líder del grupo chiapaneco, Álvaro Velásquez Coronel, señalaba "ya nuestros líderes están siendo informados de este atropello, no nos han dicho por qué delito nos están deteniendo, San Isidro La Gringa es territorio chiapaneco y por eso estamos ahí".

Sumamente molesto, esposado junto con Pablo Gutiérrez Peña, dijo pertenecer a la Coalición de Organizaciones Urbanas y Campesina (CODUC) que dirige a nivel nacional Ignacio Díaz Salomón y en Chiapas el "doctor Melo".

"Esto que nos están haciendo es una injusticia y un engaño. Hace once años se dijo que esto sería una biosfera y en 1967 a San Isidro La Gringa se le liberaron los terrenos nacionales, pero en 1968 la Secretaría de la Reforma Agraria aceptó los pagos para titulación e indemnizaron sólo a los que quisieron y con lo que quisieron", denunció.

El líder del grupo chiapaneco -"invasores" según la policía de Oaxaca- explicó que ellos no fueron indemnizados, por eso piden la indemnización porque el Gobierno Federal ha soltado mucho dinero y a ellos no les ha tocado nada.

No descartan invasiones. (Cuarto Poder, Eleaneth Díaz, p. web).

La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) calificó de "intolerante" la actitud del Gobierno del Estado y de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), las que lejos de resolver la situación de las tierras en Chiapas, realizan persecuciones y desalojos de los campesinos.

Tras el fracaso en las negociaciones con autoridades estatales para definir el problema de la tierra, salud, vivienda y apoyos productivos, la CIOAC determinará en unas semanas si los grupos campesinos procederán a la toma de tierras.

Juan Pérez Pérez, secretario general de la organización, manifestó que por el problema de las tierras en el estado han sido asesinados muchos campesinos y dirigentes estatales. "Hombres y mujeres han caído por mantener la lucha de las tierras, que hasta hoy es una demanda cioacista de todas las regiones del estado, mientras que las autoridades no dan una solución".

Añadió que acciones como la quema de casas, secuestros, asesinatos, persecuciones y órdenes de aprehensión, persisten actualmente en Chiapas por la lucha de la tierra, no sólo de la CIOAC, sino de todos los grupos campesinos que la demandan.

Aseguró que llevan más de 30 años con las mismas demandas agrarias, que no han sido resueltas por las autoridades gubernamentales.

Integrantes de la OCEZ temen ser desalojados de sus tierras. (El Orbe, p. web).

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 21 de abril .- Labriegos de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) del ejido Paso Achiote, en el municipio de Chiapa de Corzo, denunciaron hoy que el gobierno estatal y federal han amenazado con arrebatarles 298 de 870 hectáreas de tierras que ganaron luego de un litigio ante un tribunal agrario.

José Edy Pérez y Domingo Torres, líderes de la OCEZ en ese ejido, dijeron hoy que el gobierno estatal y un magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA), de nombre José Juan Cortés Martínez, los han intimidado y amenazado con enviarles los cuerpos de seguridad pública si no ceden las 298 hectáreas de tierras a dos familias que las reclaman como suyas, aunque éstas están dispuestas venderlas si se les paga por ellas. Dijo que tras una solicitud de tierras a la Reforma Agraria, decidieron invadir los terrenos hace 20 años; posteriormente interpusieron un juicio que ganaron en 1993, donde el TUA los reconoció como titulares de las 870 hectáreas del predio San Rafael Mazan, en Chiapa de Corzo; posteriormente los dueños afectados por esa resolución judicial se ampararon y ganaron un fallo para que se les devolvieran 298 hectáreas afectadas.

Los campesinos se niegan a devolver el predio en disputa porque ya están repartidas entre muchos ejidatarios y sus hijos, quienes al despojárseles tendrán que emigrar fuera del estado para poder sobrevivir.

Pérez y Torres, líderes y voceros del grupo dijeron hoy que no cederán esas tierras y que si es posible se enfrentarán a la policía en el momento en que quieran arrebatarles sus tierras, porque ese es el único sustento que poseen.

Hay avances en el campo mexicano, asegura Salazar. (El DiarioDF, Carolina Vázquez, p. 1C)

Pese a los conflictos de tierras que persisten en la República Mexicana, el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); Florencio Salazar Adame, aseguró que en este sexenio se dejarán importa logros en el campo mexicano, con la solución total de los conflictos agrarios.

Por ello, confió el funcionario en que la iniciativa de Reformas al Marco Jurídico Secundario de la Ley Agraria, que emanó el Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario (Conacosa9, que está en manos del Poder Legislativo, se apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones a celebrarse en el mes de septiembre.

Durante una conferencia sobre la Evolución del Derecho Agrario en nuestro país y las actuales políticas para el campo, en el marco del Diplomado “El Derecho Agrario Integral y las Oportunidades de Desarrollo del Campo” realizado en la Universidad Anáhuac, Salazar Adame aseguró que este gobierno ha demostrado una visión integral para el campo, a fin de que haya productividad.

Dejará buenos logros. (El Día, Entrelíneas, p.5).

El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, aseguró que al término de su administración el gobierno de Vidente Fox porque “con la solución total de los conflictos agrarios y la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra se garantiza el desarrollo sustentable de este sector”.

Aprueban en comisiones ley para rehabilitar las tierras. (Diariomonitor, Norma Pensamiento, p. 15)

Para revertir el daño a la tierra mexicana por la contaminación y a consecuencia del excesivo aprovechamiento de la agricultura, diputados federales aprobaron en comisiones la “Ley para la conservación de las tierras”.

En entrevista, Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura en San Lázaro detalló que la iniciativa tiene el objetivo de revertir o detener todos los agentes que afectan las tierras y son peligro para el país.

En manos de la justicia. (El Universal, Demetrio Sodi de la Tijera, p. web)

LA falta de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas del país ha convertido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un árbitro de la vida nacional. En los últimos años, pero especialmente en lo que va del actual sexenio, la Corte ha tenido que intervenir para resolver conflictos frecuentes entre el Ejecutivo federal y el Congreso.

También la falta de diálogo y acuerdos han convertido a la Suprema Corte en un órgano político, último espacio para evitar que las cosas se desborden.

En cierta medida era de esperarse que con una auténtica división de poderes y un mayor federalismo surgieran conflictos como los que estamos viviendo, pero si hubiese habido mayor disposición política para dialogar y llegar a acuerdos, muchas controversias se hubieran evitado.

La Corte ha intervenido en controversias constitucionales sobre asuntos tan diversos como la reforma en materia de derechos y cultura indígenas, la privatización del sector eléctrico, los Contratos de Servicios Múltiples en el sector energético, la ratificación de magistrados del Tribunal Superior Agrario, las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, la disputa sobre las facultades de la Cámara de Diputados para modificar el Presupuesto de Egresos, y actualmente en la controversia entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Cámara de Diputados sobre quién tiene facultad para el desafuero y la destitución del jefe de Gobierno del DF.

Ha intervenido también en controversias entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y del Distrito Federal, así como entre los gobiernos estatales y municipales.

A pesar de la diversidad y complejidad de los temas, la Corte ha salido muy bien parada y sus resoluciones han sido acatadas por todos. Ha ganado una credibilidad y respeto que va a ser muy necesaria en estos difíciles momentos de nuestra vida política.

Los 11 ministros de la Corte gozan de gran credibilidad y nadie debe responsablemente poner en duda su capacidad, autonomía e imparcialidad. La Corte es, actualmente, una de las instituciones más sólidas, creíbles y necesarias del Estado mexicano. Debemos protegerla y respetarla, principalmente los políticos, puesto que ha sido y será en el futuro un elemento fundamental de la gobernabilidad y estabilidad del país.

La credibilidad y respeto que ha ganado la Corte no existe desgraciadamente en el caso del Poder Judicial en su conjunto, y en la mente de la gente hay un severo cuestionamiento sobre la autonomía e imparcialidad de los jueces.

En la consulta nacional a la que convocó la Suprema Corte de Justicia para llevar a cabo una reforma integral del sistema de impartición de justicia en México, 75% de los participantes en los foros relacionados con el tema de transparencia declararon sentirse ajenos al Poder Judicial, el cual sigue siendo visto como una institución distante, complicada, opaca, cara y lenta.

La gente desconoce cómo funciona nuestra justicia, y confunde frecuentemente a la Procuraduría con el Poder Judicial. Se piensa que los jueces dependen del Ejecutivo y que la justicia está condicionada a los intereses del gobierno. Peor aún, en nuestro país, los jueces son desconocidos, y en general se tiene una gran desconfianza en todo el aparato de procuración e impartición de justicia.

Esta falta de conocimiento y credibilidad en la impartición de justicia va a poner una gran presión sobre el juez responsable del juicio que se le sigue a Andrés Manuel López Obrador. En las próximas semanas estará a juicio no sólo López Obrador, sino también el propio juez Juan José Olvera, encargado del proceso, y el Poder Judicial en su conjunto. Con el juicio y la posible inhabilitación del hoy ex jefe de Gobierno, no sólo se puede poner en riesgo la legitimidad de las elecciones del próximo año, sino la credibilidad de todas nuestras instituciones de justicia.

Sector agropecuario

Crearán foro permanente de diálogo y reflexión entre organizaciones indígenas. (La Jornada, Rosa Rojas, p. web).

Dirigentes de organizaciones sociales participantes en el encuentro El devenir de los pueblos indígenas acordaron aceptar "el ofrecimiento del espacio dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la construcción del diálogo, la reflexión y la acción" que les ofreció el Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMNM), en voz de su director, José del Val, constituyéndose como un foro permanente.

Determinaron también solicitar el apoyo del PUMNM para convocar conjuntamente al resto de las organizaciones indígenas, líderes espirituales y de proyectos de desarrollo a futuras reuniones e iniciar un proceso de acercamiento y rencuentro entre los grupos indios para construir su propio proyecto "integral, de largo plazo, prospectivo y con la cosmovisión indígena" que vaya más allá de coyunturas electorales, partidos y políticas gubernamentales para participar en la construcción de una nueva nación mexicana incluyente en el siglo XXI.

En su declaración final agradecieron la solidaridad de los sindicatos de trabajadores de La Jornada (Sitrajor) y de la UNAM "por ser los portadores de la demanda e inconformidad de los pueblos indígenas ante la Organización Internacional del Trabajo" (OIT), con relación al incumplimiento por parte del gobierno mexicano del Convenio 169, relativo a los derechos de los pueblos indios "y alentar su apoyo en el seguimiento jurídico del caso".

Al respecto, Marcelino Díaz de Jesús, del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, informó que la reclamación contra el gobierno mexicano presentada ante la OIT por el incumplimiento in toto (en todas sus partes) del citado convenio, abre también un apartado en lo que tiene que ver con la incompatibilidad que se genera debido a que algunas de las reformas constitucionales en materia indígena entran en contraposición con el Convenio 169.

Indicó que el comité tripartito y después la comisión de expertos de la OIT pidieron al gobierno mexicano explique cómo va a compatibilizar las reformas constitucionales con el Convenio 169, y las modificaciones a la Carta Magna aprobadas a escala federal con los cambios constitucionales que pueden ocurrir en los congresos locales de los estados de la República, porque cada quien lo está interpretando a su manera.

En la declaración del encuentro se acordó también propiciar la equidad de género para la participación política de las mujeres; alentar la participación de jóvenes indígenas del campo y la ciudad "a los afanes de este movimiento social de cara a la diversidad y la interculturalidad" e integrar a los migrantes mexicanos residentes en el exterior con el objetivo de que su participación enriquezca el movimiento indígena mexicano.

Otro acuerdo fue impulsar, con el apoyo de la UNAM, la realización en México de un taller internacional de pueblos indígenas para fijar la postura de consenso ante la Organización de Naciones Unidas y la opinión indígena respecto al proyecto de declaración de los derechos de los pueblos indígenas y sobre el futuro del grupo de trabajo intersesional que lo ha venido elaborando.

Impugnan plan para relanzar el acuerdo para el campo. (La Jornada, Matilde Pérez U., p. web).

A pocos días de que se cumplan dos años de la firma del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), organizaciones campesinas autodenominadas independientes, democráticas y progresistas destacaron que dicho documento "es una simulación y es usado por algunos grupos y funcionarios para seguir manejando recursos discrecionalmente". A su vez, el Congreso Agrario Permanente (CAP) y la Confederación Nacional Campesina (CNC) anunciaron que llevarán a cabo un encuentro nacional para "relanzar" dicho convenio suscrito con el gobierno federal.

Fernando Celis Calleja, asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, consideró absurdo que varias de las organizaciones integrantes del CAP hablen de "relanzar" el ANC, ya que ellos aceptaron disolver la Comisión de Seguimiento y Evaluación del documento en octubre de 2003.

Hace dos años, recordó Celis Calleja, ese grupo de organizaciones y la CNC aceptaron la postura gubernamental de que 94 por ciento de los 282 apartados ya habían sido cumplidos. Sin embargo, las organizaciones del movimiento El campo no aguanta más rechazaron esa evaluación, ya que no se habían tratado temas significativos.

Prensa Estatal

CHIAPAS

Propicia pobreza éxodo de chamulas hacia EU. (El Universal, Fredy Martín Perez, p. web)

Saclamentón, Chis. Contagiados por las olas migratorias provenientes de Centroamérica y orillados por la pobreza extrema, los tzotziles de San Juan Chamula, igual que indígenas de otras regiones, empezaron a abandonar sus comunidades hace 10 años, en pos de dólares estadounidenses.

La vida de los chamulas como migrantes, de acuerdo con investigadores sociales está dividida en tres épocas: a principios del siglo pasado buscaron trabajo en las fincas cafetaleras de la costa de Chiapas; luego la extrema pobreza los hizo emigrar entre los años 70 y 90 hacia Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, y en los últimos 10 años sus necesidades los han llevado más lejos; a Estados Unidos.

Aunque se desconoce la magnitud de la migración de los chiapanecos, el investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Hugo Ángeles Cruz, asegura que semanalmente unos 3 mil chiapanecos salen hacia la frontera norte en busca de empleo en zonas agrícolas de entidades del norte del país o hacia Estados Unidos.

Considera que esta cantidad significa que anualmente unos 150 mil chiapanecos dejen sus hogares, todo por la caída del precio del café, la falta de programas sociales y productivos en las comunidades y la crisis agrícola que golpea a la región desde hace seis años.

Aunque las remesas han empezado a "dinamizar la actividad productiva" de las comunidades de donde salen los migrantes, hay hechos contraproducentes, como inactividad agrícola y desintegración familiar, dice Cruz.

Válvula de escape

El presidente del Consejo Estatal de Población (Crespo), Germán Martínez Velazco, explica que San Juan Chamula es el municipio más densamente poblado, no sólo de la región indígena, sino en todo el estado chiapaneco, con 127 habitantes por kilómetro cuadrado hasta el 2000, de ahí que las migraciones sean una válvula de escape ante el aumento de la población y la fragilidad de los recursos.

De acuerdo con testimonios de los propios tzotziles, por una hora de trabajo en Estados Unidos llegan a percibir entre ocho y 10 dólares, por lo que en un solo día logran entre 800 y mil pesos, cantidad que en este poblado tardarían un mes en obtenerla.

Por las escasas tierras fértiles de San Juan Chamula, de una extensión de 82 kilómetros cuadrados, este municipio se ha convertido en la entidad en uno de los principales expulsores de mano de obra hacia Estados Unidos. Decenas de hombres, muchos de ellos que apenas han dejado la infancia, tratan de convertirse en jornaleros de los campos estadounidenses.

Aun en los poblados con tierras pródigas, donde los hombres y mujeres cultivan betabel, papas, lechugas, acelgas, coles, flores y otros productos agrícolas que comercializan en los principales mercados de Chiapas y otras entidades, también están tentados por ganar dólares.

Los que parten tienen un abanico de posibilidades, revelan chamulas que van y vienen de Estados Unidos. "Se van a Washington, Miami, Nueva York. Todos se van a diferentes lugares a trabajar. El que logra colocarse empieza a llevarse a los otros y allá se apoyan".

En Saclamentón, ubicado frente al cerro de Huitepc, los hombres tienen áreas de cultivo, donde siembran pequeñas plantaciones de habas y algunas flores; la gran mayoría se dedica a la fabricación de carbón, mientras que las mujeres elaboran tejidos.

Hugo Ángeles Cruz, investigador del Ecosur, señala que por ahora las remesas no dan más que para el beneficio de los propios migrantes. Aquí en Saclamentón hace falta agua potable. La que consumen los tzotziles la acarrean de pozos ubicados a más de una hora de camino.

Así, orillados por la pobreza, los chamulas no lo piensan más y con un préstamo de ocho a 10 mil pesos, emprenden el viaje a Estados Unidos.

Adoptan jóvenes tzotziles vestimenta de’cowboys’. (El Universal, Fredy Martín Pérez, p.web)

Saclamentón, Chis. Después de una década de ir y venir de Estados Unidos, Agustín Collazo López no sólo es uno de los llamados "chamulas cowboy", sino que sus años de trabajo en "el otro lado" lo hicieron trilingüe y le permitieron brindar a su familia una vida mejor.

"Es por la pobreza que nos vamos pa`llá", justifica. "I speak a little bit of english, hablo un poquito de inglés más el español y tzotzil", presume.

De 28 años de edad, Agustín es nativo de esta comunidad enclavada en una zona montañosa, de piedras de color blanco, que le da origen a la aldea, en el municipio de San Juan Chamula, donde las únicas tierras cultivables son las laderas de los cerros.

"Nos duele mucho ir allá", explica el hombre que apenas cumplió 28 años de edad. Emigró al norte para entrar de forma clandestina a Estados Unidos, caminando más de ocho horas entre las montañas y el desierto, para evadir el arresto de los agentes de la Patrulla Fronteriza.

"Después de cuatro veces que me echó la migra dejé de chambear allá, logré construir mi casa y comprar un coche, por lo que mejor me quedé con mi familia. Nos extrañamos mucho, por eso estoy bien aquí con ellos".

Agustín, quien cambió, como muchos de sus paisanos, la tradicional forma de vestir de los indígenas por el pantalón de mezclilla, las botas vaqueras y el sombrero tejano, asegura que él no llevaría a su familia a trabajar al norte. "Es muy peligroso viajar, hay gente que no está acostumbrada a caminar y por eso se mueren", señala.

Durante 10 años como migrante, Agustín ha trabajado en el condado de Temecula, California, ahora lugar preferido por los chamulas. Ahí ha conseguido laborar como jardinero, albañil o en "lo que se pueda".

Actualmente, muchos de los hombres que salen de las comunidades pobres chamulas, tienen apenas 14 y 15 años de edad, que contagiados por la bonanza de sus vecinos se han atrevido a realizar el periplo.

"Están saliendo muchos jóvenes de Joljemen, Los Pozuelos, de Chamula (cabecera municipal), de Cruztóm, Romerillo, Arvenza, de distintas partes…", cuenta Agustín y asegura que de las 120 comunidades emigra gente todos los días hacia el norte.

La pobreza, dice Agustín, es una "lucha" a la que a diario se tienen que enfrentar los tzotziles de ésta y otras comunidades. "Aquí nos prestamos dinero entre todos para ir a chambear allá. Pagamos por crédito", explica Agustín, que al igual que él y sus paisanos usan desde instituciones bancarias, empresas particulares y Telégrafos de México, para enviar el dinero a sus familiares o acreedores.

Piden campesinos compra de tierra. (El Diario de Chiapas, Bernardino Toscazo p. web)

Campesinos del ejido Paso Achiote del municipio de Chiapa de Corzo, solicitaron al Gobierno del Estado la compra de un terreno que desde hace 19 años tienen en posesión y con ello no sean desalojados por los presuntos propietarios.

El vocero de los campesinos, José Edi Pérez, recordó que desde hace 19 años tienen en posesión una buena cantidad de tierras, que ahora las reclaman personas que forman parte de la familia Flecha Coutiño.

Pese a que el Tribunal Superior Agrario (TSA) les concedió 292 hectáreas en su momento, ahora se las adjudica a la familia, con quien han platicado y ésta está en acuerdo para que el Gobierno le compre dicha cantidad de terreno.

Por ello y porque tienen 19 años trabajando la mencionada tierra, solicitaron al gobierno del Estado federal les compre las 292 hectáreas para seguir trabajándola y evitar que sean desalojados por la mencionada familia.

Sin embargo recriminó la negligencia e intolerancia de algunas autoridades que les han obligado de andar en oficinas tras oficinas, cuando ellos siempre han buscado la solución a sus problemas agrarios vía dialogo y negociación.

Por ello tienen temor que esa negligencia e intolerancia, los lleve a que puedan ser desalojados de dichas tierras

COAHUILA

Inquieta a campesinos construcción de tratadora. (Vanguardia, Jesús Jiménez, p. web)

RAMOS ARIZPE, COAH. ABRIL 21, 2005 (VANGUARDIA).- Encabezados por el priísta Tomás Gutiérrez Morales, como representante del Ejido Lomita Blanca, campesinos de nueve comunidades y ejidos, usuarios del Arroyo La Encantada, se entrevistaron ayer con el alc alde Ernesto Saro.

Le solicitaron información y sobre todo una evaluación del impacto que tendrá la Planta Tratadora de Aguas Residuales —cuya construcción se iniciará en breve—, en el gasto de aguas negras en la producción agrícola y pecuaria de la región.

“Lo que más nos preocupa es el impacto social para más de 300 familias que han utilizado esas aguas desde hace más de 25 años”, dijo al Alcalde el campesino Esteban Rodríguez Tovar, del Ejido Zertuche.

Le expusieron a Saro Boardman que los habitantes d e los ejidos Zertuche, Higo, Mesillas, Hierbabuena, Mesita de León, San Francisco de Paredón, Paredón, Lomita Blanca y San Rafael, se verían seriamente afectados en caso de reducirse considerablemente el caudal de ese arroyo.

El Edil se comprometió a solicitar a la CNA los estudios pertinentes para evaluar el impacto que se pueda presentar en el gasto que de ese afluente realizan los habitantes de las comunidades mencionadas.

Los campesinos le entregaron un escrito firmado por Esteban Rodríguez Tovar, Seferino Esparza Limón, Eleuterio Osuna Gómez, Benito Obregón González, Crescencio Sánchez Zapata, Melitón Morales Aguirre, Aniceto Alonso González y Tomás Gutiérrez Morales.

También signaron el documento Rafael Pérez Guzmán, Juan Flores Ponce, José Héctor González Flores, José Guadalupe Meléndez Rosales y Roberto Farías Santillana.

GUERRERO

Ejidatarios amenazan con movilizaciones. (DiarioDF, Carolina Vázquez, p.web).

Más de 300 ejidatarios amenazaron con irrumpir en las tierras que resguarda el Ejército en Acapulco, en el municipio de Llano Largo, para recuperar sus ejidos si el Gobierno estatal y federal no respeta los tres amparos que les fueron otorgados por el Poder Judicial y los cuales certifican que son dueños de los predios.

Magdalena Galindo Rojas, representante de los campesinos, aseguró que los dos mil 500 metros cuadrados de tierra que reclaman los 144 mil afectados fueron retenidas por la policía del estado por órdenes del ex gobernador René Juárez Cisneros a quien acusan de abuso de autoridad por mandar a destruir sus parcelas y viviendas con fines particulares.

De acuerdo a Galindo Rojas, la Suprema Corte de Justicia e la Nación dictaminó que esos ejidos les fueron otorgados a los pobladores del referido municipio, sin embargo las administraciones pasadas han violentado tres veces los amparos y su derecho a reinstalarse, señala.

Los ejidatarios entregaron un expediente del caso a la Comisión de los Derechos Humanos y advirtieron que de no hacerles caso podrían generar un “foco rojo”.

Destinan 4 millones de pesos para proyectos productivos en la zona rural de Acapulco. (El Sur, Karina Contreras, p. web).

Los tres ámbitos de gobierno firmaron el convenio de entrega de respaldo a proyectos productivos Alianza Contigo, para el campo y con los campesinos, para el cual destinaron 4 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2005, de los cuales el Ayuntamiento aportó un millón 102 mil pesos.

Además el alcalde Alberto López Rosas entregó 360 mil pesos al presidente del Consejo Estatal del Limón, Feliciano Molina Dircio, para cubrir el costo de los estudios geo hidrológicos en la zona productora del limón, para aplicar proyectos de riego.

A la firma del convenio acudió el secretario de Desarrollo Rural, Armando Ríos Pitter, quien dijo que con esa entrega se ve que hay un mejor futuro para Guerrero, pues la participación ciudadana es importante.

El acto se desarrolló en la Escuela Campesina, ubicada en la comunidad de El Salto, hasta donde llegaron los campesinos para recibir los recursos que se otorgaron por medio del programa Alianza para El Campo.

En su intervención, el secretario Armando Ríos dijo que esa entrega de recursos hace pensar que hay un mejor futuro para el estado, pues permite ver que los esfuerzos vienen desde abajo hacia arriba. La integración de dichos comités, la sumatoria de los tres niveles de gobierno, permite vislumbrar un mejor futuro en la medida de que se coordinen esfuerzos.

Comentó que es satisfactorio que las propuestas de proyectos productivos vengan desde abajo, luego de la costumbre de que la federación decía cómo hacer crecer una palma. “Los burócratas detrás de sus escritorios, decían cómo tenía que ser el desarrollo rural, ahora la participación decidida de los ciudadanos muestra como un buen trabajo consensuado empieza a construir una mejor forma de vida, porque se está dando la correlación de esfuerzos”.

Aseveró que para el gobierno de Zeferino Torreblanca es importante que se continúe con la sumatoria de esfuerzos de los gobiernos y agregó que la entrega de 4 millones para el programa Alianza para el Campo, más que un monto frío, significa la posibilidad de hacer crecer el campo y mejorar las oportunidades de desarrollo para los campesinos.

Por su parte, el alcalde Alberto López Rosas coincidió con Ríos Pitter en que la actuación conjunta de las autoridades es importante para elevar los niveles de productividad, pero, sobre todo, de comercialización para que los campesinos puedan sentir la rentabilidad de su esfuerzo y de su trabajo.

Se comprometió que hasta el último día de su gobierno seguirá apoyando las iniciativas de los campesinos porque “es importante consumir lo que se produce, aunque es importante tener la capacidad de consumirlo, pero lo más importante es sacar al exterior lo que se produce, ese es el reto”, dijo.

El coordinador de Desregularización y Desarrollo Económico municipal, Heriberto Pastrana Cruz, explicó que el programa Alianza para el Campo tiene el objetivo de que los campesinos se organicen para el establecimiento de agro negocios en el medio rural, de ingreso para los productores, crear fuentes de empleo y el arraigo en el campo.

Dijo que el presupuesto destinado en el 2004 para dicho programa se aplicó en demandas sociales y en proyectos productivos como viveros de plantas ornamentales, elaboración de artesanías, producción de pan, elaboración de dulce de coco, taller de carpintería, granjas para engorda de pollo, producción y comercialización de tortilla, así como cursos de capacitación.

En el acto estuvieron además el funcionario de la Sagarpa, Salomón Sánchez Rosa, el síndico Marcial Rodríguez Saldaña y los regidores Mateo López Castillo, José Luis Morales Torres y Germán Farías Silvestre, entre otros.

MICHOACÁN

Nuevo enfrentamiento entre comuneros por madera. (Cambio de Michoacán, Grecia Ponce, p. web).

Un nuevo enfrentamiento entre comuneros de Capacuaro, municipio de Uruapan y Cherán Atzicurín, municipio de Paracho, dejó el saldo de un herido ayer, cuando los bandos se enfrentaron por el corte de madera que los primeros realizaron en territorio de los segundos.

Lo que al parecer sucedió fue que la gente de Capacuaro fue sorprendida talando árboles en terrenos de Paracho, pero resultó que tres comuneros de Cherán Atzicurín les habían vendido el material.

Dichos comuneros incluso habrían agredido posteriormente al tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de Cherán Atzicurín, un hombre de 63 años de edad.

Finalmente y tras varias horas de negociación el conflicto se desactivó con el compromiso de la gente de Capacuaro, que consistió en el acuerdo de pagar seis mil pesos por los daños en el bosque ajeno y la promesa de no volver a ese lugar a talar árboles.

Se logró saber que originalmente eran cinco los comuneros de Capacuaro que talaban en la citada comunidad parachense, pero sólo tres fueron capturados por los agraviados.

Cuando al lugar se presentaron elementos de la Policía Ministerial fueron informados de que los presuntos talamontes habían sido sorprendidos en el predio Las Joyas. Se supo después que los capturados dijeron llamarse Magdaleno, Juan y Fausto Quintana Salmerón, originarios y vecinos de Capacuaro.

También trascendió que cuando los comuneros de Capacuaro fueron trasladados a la jefatura de tenencia de Cherán Atzicurín, en el trayecto uno de ellos llamó por celular a alguien cuya identidad se desconoce y a quien le habría dicho: «Ven para que arregles esto, porque ya me agarraron estos c...».

Ya en la jefatura de tenencia de la comunidad ofendida, tres de sus habitantes se quedaron a cuidar a los probables delincuentes y el tesorero de la directiva de Bienes Comunales, Salvador Arzola Lemus, se dirigió a su casa para descansar un rato.

Pero antes de llegar a su domicilio fue interceptado por gente de su propia comunidad, quienes luego fueron identificados como Guillermo Contreras Ramírez y los hermanos Juan y Adelfo Ramírez Ramos, además de un cuarto sujeto apodado El Cácaro.

Ellos le habrían preguntado al sexagenario agredido que en dónde estaban los detenidos de Capacuaro, luego le quitaron el rifle 30-30 que Salvador Arzola portaba y con dicha arma, antes de destruirla, lo golpearon causándole lesiones en la cabeza y nariz, según la versión del propio ofendido.

Por su parte, los presuntos talamontes declararon que las personas que les vendieron la madera que fueron a cortar eran originarios de la misma comunidad de Cherán Atzicurín y señalaron como responsables a los que supuestamente habían golpeado a Salvador Arzola.

Finalmente y tras una negociación de casi seis horas, se pactó un acuerdo en el que la gente de Capacuaro se comprometió a pagar seis mil pesos por los daños en el bosque y a no regresar a Cherán Atzicurín a talar árboles

PUEBLA

Alcaldes panistas, cómplices en despojo a ejidatarios. (La Jornada, Matilde Pérez U., p. web).

Cuarenta y un ejidatarios de San Lucas Atoyatenco, Puebla, se quedaron sin indemnización y sin tierras debido al desorden político jurídico al que fueron sometidos por parte de diferentes presidentes municipales del Partido Acción Nacional (PAN) desde el proceso de expropiación de más de 30 hectáreas que serían destinadas al desarrollo urbano de la zona.

Luego de 14 años de litigio jurídico, ganar un amparo de restitución de tierra que no fue atendido por la autoridad municipal, en noviembre del año pasado el juzgado primero de distrito en Puebla dictaminó que el decreto de expropiación es vigente e incluso condenó a cada uno de los ejidatarios quejosos a regresar 5 mil pesos porque la Comisión de Avalúos realizó un cálculo equivocado del terreno expropiado.

El juez también consideró que la autoridad municipal debe pagar 360 millones de pesos a las inmobiliarias Consorcio del Ángel y Corporación Inmobiliaria Celeste, de las cuales, presumen, son accionistas ex presidentes municipales panistas, y cantidades indistintas a compradores de buena fe. "Este es el Fobaproa del municipio de San Martín Texmelucan".

Indignados por las injusticias, algunos ejidatarios organizados en el Comité de Defensa Campesina de Atoyatenco -la mayoría hombres de entre 65 y 80 años de edad- iniciaron ayer un plantón ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

José Reyes Meza, Joel Domínguez Luna y Eleuterio Téllez Peña, integrantes del Comité de Defensa Campesina de Atoyatenco, narraron la larga historia del despojo. "En 1989 el presidente municipal en turno, el panista Apolonio Méndez Meneses -actualmente director de Atención Ciudadana en la Secretaría de Gobernación- promovió la expropiación y presionó a los ejidatarios para que recibieran las indemnizaciones fijadas por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de 337.4 millones de viejos pesos; 71 ejidatarios no estuvimos de acuerdo con el procedimiento e interpusimos un amparo".

En 1989, la autoridad municipal se declaró incompetente para realizar las obras previstas: construcción de una central camionera, central de abastos y un fraccionamiento habitacional, por ello las concesionó a las empresas Consorcio del Angel y Corporación Inmobiliaria Celeste. En 1992 ganaron el juicio de amparo 1274/89 y entre junio de 1994 y agosto de 1995, el juzgado segundo de distrito en Puebla ordenó en siete ocasiones la restitución de tierras, las autoridades nunca acataron el fallo y el caso se turnó a la SCJN.

En 1994, los ejidatarios firmaron un acuerdo con el presidente municipal del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Domínguez Bermúdez, para regresar 492 millones de viejos pesos más los intereses generados entre 1990 y 1994, que habían recibido de la indemnización por la expropiación a cambio de la restitución de sus tierras. El acuerdo nunca procedió.

El siguiente presidente municipal, el panista Víctor León Castañeda, también fue apercibido por el juez durante nueve ocasiones para que restituyera las tierras, pero presentó un documento del Cuerpo Consultivo Agrario en el cual se establecía que el amparo interpuesto por los ejidatarios era improcedente.

Luego de conocer el dictamen del juzgado primero de distrito en Puebla, los ejidatarios lo impugnaron ante el tribunal colegiado del sexto distrito en ese estado y éste lo remitió a la SCJN, de la cual esperan una resolución justa.

Cartones