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Las notas que se
reproducen a continuación ESTADOS DISTRITO
FEDERAL NUEVO DESACATO DE LÓPEZ
OBRADOR, RESUELVE LA CORTE...
ORDENAN AL GDF PAGAR
INDEMNIZACIÓN...
ENTREGA LA PGR MAQUETA
Y FOTOS DE EL ENCINO...
HARÁN NUEVO AVALUÓ A
PREDIO DE CUAJIMALPA...
ESTADO
DE MÉXICO ABREN MAZAHUAS MESA DE
DIÁLOGO EN GOBERNACIÓN...
DESMIENTEN MAZAHUAS A
SEMARNAT LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS, MENOR...
LA COMPENSACIÓN POR EL
DAÑO DE POTABILIZADORA A 300 HECTÁREAS, DE $1 MILLÓN, CALCULA EL ÓRGANO...
GANAN PARTICULARES
LITIGIO TERRITORIAL...
DISTRITO
FEDERAL NUEVO DESACATO DE LÓPEZ
OBRADOR, RESUELVE LA CORTE La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este miércoles
que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López
Obrador, incurrió en desacato judicial al no haber pagado a una
familia una indemnización por la expropiación de un predio ubicado
en la colonia Santa Fe. Los integrantes de la Primera Sala del máximo
tribunal de justicia del país determinaron que el mandatario
capitalino no pagó a la familia Soto Hay García una compensación
por la expropiación, en 1997, del terreno conocido como
Huitlapechico. Por
unanimidad de votos, los ministros concluyeron que el político
tabasqueño incurrió en un “desacato inexcusable” al no pagar más
de 20 millones de pesos a la familia. Por ello, resolvieron que las
autoridades capitalinas deberán resarcir el daño a la familia Soto
Hay García, pues además el avalúo del terreno —el cual fue
presentado por el gobierno de la capital— fue mal elaborado porqué
se basó en el valor comercial actual del predio. El proyecto
realizado por el ministro José Ramón Cossío Díaz señala que las
autoridades capitalinas, al establecer la cantidad a pagar, incluyeron
el valor de edificios y vialidades que fueron construidos con recursos
públicos, tanto de la Federación como del gobierno local. De
acuerdo con la resolución, el peritaje deberá hacerse a partir del
valor que tenía el predio al momento de ser expropiado y la cantidad
deberá ser actualizada con base en la inflación acumulada en los últimos
siete años, lo que reducirá el monto de la indemnización. Para
esto, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con un plazo de seis
meses, a partir de la notificación al tribunal en materia
administrativa que conoce del asunto, mismo que deberá hacer un nuevo
avalúo. Cabe señalar que los propietarios del mencionado predio
obtuvieron un amparo en enero de 2003 para que se les pagaran 43
millones de pesos; una parte ya había sido cubierta por la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes. Los
terrenos de 5 mil metros fueron utilizados para realizar diversas
obras, como construir la autopista a Toluca y una fracción se
vendió a los corporativos de Hewlett-Packard y Banamex.
Desde 1997, la familia Soto Hay García reclamó la invasión
de terrenos del predio Huitlapechico, en Santa Fe, por parte de
autoridades federales y locales que participaron en el desarrollo
urbano de esa zona. ORDENAN
AL GDF PAGAR INDEMNIZACIÓN La
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el jefe de
Gobierno del Distrito Federal incurrió en un desacato judicial, al no
haber cumplido el mandato de un juez que le ordenó el pago de una
indemnización por la expropiación del predio Huitlapechico, en Santa
Fe, a la familia Soto Hay García. Sin
embargo, los ministros de la primera sala determinaron, por unanimidad
de votos, que Andrés Manuel López Obrador sí logró acreditar el
motivo por el cual no se pagaron 20.4 millones de pesos, es decir, que
se logró excusar. El
máximo tribunal del país determinó que las autoridades capitalinas
sí deben resarcir a la familia Soto Hay García por la expropiación,
ya que el avalúo presentado estuvo mal hecho pues se basó en el
valor comercial actual del predio y todo lo que contiene. El
proyecto elaborado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, aclara
que al establecer la cantidad a pagar se incluyó el valor de
vialidades y edificios que fueron construidos con recursos públicos
tanto de la federación como del GDF. De acuerdo con la sentencia, el
peritaje debe hacerse a partir del valor que tenía el predio al
momento de ser expropiado y la cantidad deberá ser actualizada con
base en la inflación acumulada en los últimos siete años. Los
ministros fijaron un plazo improrrogable de seis meses para que el
juzgado que conoce de la causa desahogue los peritajes respectivos. ENTREGA
LA PGR MAQUETA Y FOTOS DE EL ENCINO La
sección instructora de la Cámara de Diputados recibió ayer de la
Procuraduría General de la República (PGR), y mantendrá en
custodia, una maqueta y fotografías aéreas del predio El Encino,
documentales con las que el Ministerio Público Federal pretende
demostrar que el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López
Obrador, desacató la suspensión ordenada por un juez en el juicio de
amparo para detener la construcción de una calle de acceso al
hospital ABC.
Con
ello, esa instancia legislativa comenzó el desahogo de pruebas en el
expediente SI/03/04 que se abrió en el juicio de desafuero contra el
gobernante. El presidente de la sección, Horacio Duarte, aclaró que
la maqueta y las fotografías no constituyen una prueba judicial ni
pericial, sino que sólo se recibieron como un documento con el cual
la procuraduría busca "aportar elementos para conocer cómo
estaba supuestamente el predio El Encino antes de la expropiación y
después de que se decretó judicialmente que López Obrador violó la
suspensión".
Durante
la diligencia, el fiscal Carlos Cortés Barreto, quien presentó el
juicio de desafuero en representación de la PGR, ofreció una
explicación técnica sobre la maqueta y las fotografías, que tiene
que ver con distintos momentos de la obra. Otras imágenes se
presentaron para mostrar cómo estaba el predio en 1999, antes de la
expropiación, y otra de 2001.
HARÁN
NUEVO AVALUÓ A PREDIO DE CUAJIMALPA La
primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
ordenó nuevos avalúos del predio Huitlapechico, en Cuajimalpa, antes
de ordenar al Gobierno del Distrito Federal (GDF) que pague la
indemnización correspondiente, y otorgó un plazo de seis meses para
que el juzgado segundo de distrito en materia administrativa fije una
nueva indemnización, la cual seguramente será favorable a la
autoridad capitalina. Al resolver ayer la inejecución de sentencia
45/2004, los ministros consideraron que sí hay incumplimiento de
sentencia, pero es "excusable", por lo que "por el
momento", el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López
Obrador, no será sancionado conforme al artículo 107 constitucional,
que prevé en casos de desacato incluso la destitución del
funcionario y su consignación penal.
Con
base en recientes criterios derivados del controvertido caso del
Paraje San Juan, en Iztapalapa, en el que López Obrador se negó a
pagar, por el monto excesivo de la indemnización fijada por el juez
de la causa, los ministros resolvieron que el juez ordene nuevos avalúos,
antes de determinar si el mandatario capitalino incurrió o no en
incumplimiento de sentencia al no pagar 25 millones de pesos por el
predio de Cuajimalpa. En este contexto, el ministro ponente, José Ramón
Cossío, reconoció que el costo que determine en su momento el juez
de distrito será seguramente favorable para las autoridades del
Distrito Federal.
ABREN MAZAHUAS MESA DE
DIÁLOGO EN GOBERNACIÓN Representantes
de la etnia mazahua y autoridades de la Comisión Nacional del Agua,
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Gobernación
sostuvieron una mesa de trabajo en las instalaciones de esta última
dependencia, en la cual se abordaron puntos relacionados con un
proyecto integral de atención a la zona afectada por la operación
del Sistema Cutzamala. Santiago
Pérez Alvarado, representante legal del frente mazahua aclaró que no
se trata de un diálogo con las autoridades, sino mesas de trabajo en
las que los indígenas plantean los puntos que deben ser atendidos
dentro del proyecto de recuperación de la zona. Pérez
Alvarado agregó que el verdadero diálogo con las autoridades iniciará
cuando se pongan en marcha las primeras acciones concretas del plan de
recuperación. El
representante del movimiento dijo que el inicio de las mesas de
trabajo no significa que se haya llegado a acuerdos, por lo que las
mujeres mantendrán su plantón frente a la planta potabilizadora de
Los Berros. DESMIENTEN
MAZAHUAS A SEMARNAT LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS, MENOR El
Frente de Comunidades para la Defensa de los Derechos Humanos y los
Recursos Naturales del Pueblo Mazahua desmintió que 90 por ciento de
sus peticiones ya fueran atendidas, como aseguró el secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alberto Cárdenas.
Los
avances son ''menores'', ya que si bien en tres comunidades se
iniciaron las obras para la introducción de agua potable, cinco
siguen en ''proyecto'' y una más está en ''espera''. Por otro lado,
no se pide la restitución de una superficie menor a las 40 hectáreas,
sino de 382 que fueron expropiadas a diversos núcleos ejidales de la
región, especificó Santiago Pérez Alvarado, representante de las
comunidades San Isidro, Berros, Salitre del Cerro y una parte de El
Jacal.
La
mesa de negociación volvió a instalarse, en esta ocasión en la
Secretaría de Gobernación, pero mientras no haya respuesta
contundente en torno al plan integral que exigen los indígenas,
''consideramos que hay un estancamiento''.
La
Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha presentado dicho plan,
aunque desde febrero mencionó que consistía en un desarrollo
agropecuario; sin embargo, ''no hay nada serio: prometieron
invernaderos y no están instalados; árboles frutales y entregaron plántulas
que requieren años para obtener la primera cosecha, y por eso el
movimiento mazahua considera que todo es un engaño''.
En
breve entrevista, horas antes de que un grupo del frente se presentara
a la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, Pérez
Alvarado puntualizó que el plan integral consiste en un programa de
reforestación, instalación de viveros y aprovechamiento de recursos
maderables; un desarrollo agrícola y pecuario, que incluya
agroempresas, sistemas de captación pluvial, instalación de un
consejo de cuenca de la región que tome en cuenta ''la participación
campesina''; desazolve de los canales; preservación de los mantos friáticos,
y un proyecto de mejoramiento de vivienda y de la infraestructura
regional.
LA
COMPENSACIÓN POR EL DAÑO DE POTABILIZADORA A 300 HECTÁREAS, DE $1
MILLÓN, CALCULA EL ÓRGANO La
Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene la voluntad, el dinero y
la intención de resolver el conflicto con la comunidad mazahua de
Villa de Allende, Estado de México, pero al parecer no hay la misma
disposición en los ejidatarios, aseguró Cristóbal Jaime Jáquez,
director del órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El
funcionario indicó igualmente que la indemnización por la inundación
de 300 hectáreas en ese poblado, ocurrida el año pasado por el
derrame de la presa Villa Victoria, podría ser, máximo, de ''un millón
de pesos''.
Entrevistado
antes de la comparecencia de Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la
Semarnat, Jaime Jáquez señaló que la Conagua ha convocado en
diversas ocasiones a reuniones con los inconformes, y afirmó que las
pláticas han sido ''permanentes e ininterrumpidas'', pero que la
renuencia de los labriegos, así como el cambio en sus demandas
originales, han entrampado la negociación.
Según
el funcionario, "cinco de ocho" requerimientos de los
mazahuas "han sido atendidos", y detalló que algunas
peticiones se relacionan con planteamientos que tienen que ver con
"obras de protección para centros de población, revertir la
propiedad de unos terrenos (40 hectáreas) que no estaban en uso y que
no los tiene contemplados la comisión para sus proyectos y abasto
agua potable''.
Asimismo
resaltó que también la Conagua aceptó realizar acciones de
reforestación, aunque "no está en nuestra esfera que se les
dote de árboles para reforestación''.
Respecto
a las hectáreas que se inundaron en 2003 y la indemnización que
demandan los mazahuas, detalló que el pago no puede obtenerse del
Fondo Nacional para de Desastres Naturales, porque las reglas
establecen que sólo se pueden destinar los recursos cuando las
lluvias son atípicas. Sostuvo
que de las 300 hectáreas afectadas sólo "200 son de ellos y el
resto son federales", pero afirmó que el pago se hará por el daño
de los cultivos de la totalidad de los terrenos. GANAN
PARTICULARES LITIGIO TERRITORIAL Luego
de seis años de litigio, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de
Naucalpan puso fin al conflicto de tierra entre pequeños propietarios
y comuneros de los pueblos de Santa Cruz y San Francisco Ayotuxco, en
el municipio de Huixquilucan, al negar a los últimos la propiedad y
posesión de 4 mil 300 hectáreas de tierra que reclamaban como suyas. El
Magistrado Marco Antonio Díaz de León, resolvió que de acuerdo a
los estudios realizados, no asiste acción y ni derecho para que se
les reconozca y titule la superficie reclamada. Inicialmente
cuando 1998 se abrió el expediente 220/98, los comuneros reclamaban
de 5 mil hectáreas, sin embargo, luego de los estudios del Tribunal,
se resolvió que la poligonal en conflicto era de 4 mil 300. En
esta superficie, están desarrolladas 18 comunidades habitadas por
personas que no pertenecen a los comuneros y que tienen títulos
particulares. El
abogado de los propietarios, Javier Campos, dijo que aunque todavía
se espera la reacción de los comuneros o que se ejecute la sentencia,
la resolución ya la consideran como un logro agrario ya que se da
respaldo jurídico al patrimonio de miles de familias. El
TUA reconoció a los labriegos 792 hectáreas del paraje "El
Aviadero", ocupado por ellos desde 1975 y el cuál está dividido
en 301 hectáreas para San Francisco y 491 para Santa Cruz Ayotuxco. Estos
dos pueblos han estado en disputa desde 1930 cuando el pueblo de Santa
Cruz se separa de San Francisco para pelear la titularidad de los
bienes comunales realizando la primera dotación de tierras a ambos
pueblos en 1940. Tras
no estar conformes con las 400 hectáreas con que la resolución
presidencial los dotó, los comuneros de Santa Cruz inician un proceso
de reconocimiento con apoyo en títulos virreinales, y en 1975 se
publica en el Diario Oficial una nueva resolución que los dota de 491
hectáreas, que ratificó el TUA. Aunque
con esta resolución los dos pueblos ya habían quedado conformes, en
1995 los líderes comunales basándose en la imprescriptibilidad que
tienen las dotaciones agrarias, comienzan a llevar el litigio ante el
Tribunal Agrario, lo que ha generado nuevos conflictos. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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