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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “CAMPAÑAS
POLÍTICAS: SOLUCIÓN AL PROBLEMA AGRARIO”...
SECTOR
AGRARIO POSPONEN COMUNEROS DE
TELOLOAPAN SU DEMANDA ANTE TRIBUNAL AGRARIO...
SAGARPA Y LA SRA,
RESPONSABLES...
POCO PROBABLE QUE LA
DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE DERECHOS HUMANOS SE APRUEBE ESTE AÑO...
SECTOR
AGROPECUARIO ERROR DE ESTADO,
APOSTAR TODO A LA AGRICULTURA INDUSTRIAL: ESPECIALISTAS...
ESTADOS ESTADO
DE MÉXICO LA QUEJA MAZAHUA,
APENAS FOQUITOS, NO FOCOS ROJOS...
PENDIENTES, HASTA 10
DIFERENDOS POR AGUA QUE DEBEN ATENDERSE: SEMARNAT...
“CAMPAÑAS
POLÍTICAS: SOLUCIÓN AL PROBLEMA AGRARIO” El
agrarismo, es según algunos analistas, la antitesis de la gran
propiedad. Pero los gobiernos “revolucionarios” y ahora el
foxista, le siguen haciendo al cuento, a eso de los repartos agrarios,
porque hasta la fecha no se han concretado. Se
tiene la lista de los pueblos con sus conflictos agrarios que hasta la
fecha están esperando que se cumpla con los acuerdos. Mientras
tanto, la problemática agraria, cada vez más compleja, exige que los
políticos, echen la mirada hacia el campo. El
secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, aseguró que destinarán ciento
veinte millones de pesos para solucionar conflictos agrarios en
Guerrero. En este estado se encuentra el mayor número de conflictos y
enfrentamientos agrarios a nivel nacional. Aseguró que quedarían
resueltos a principios del próximo año y que el campo se mantendrá
en paz y produciendo. ¿Será? A ver si es cierto. POSPONEN COMUNEROS DE
TELOLOAPAN SU DEMANDA ANTE TRIBUNAL AGRARIO Debido
a que el director del Jurídico de la Delegación de la Procuraduría
Agraria, Raymundo López, aún no revisa la documentación,
comuneros de Teloloapan pospusieron su demanda ante el Tribunal
Unitario Agrario, en la que pedirán la restitución de 494 hectáreas
de que fueron despojados en los sesentas por pequeños propietarios. La
presidenta de Bienes Comunales de Teloloapan, Margarita Corrales
Arrieta, consultada vía telefónica expuso que tras un conflicto
agrario que tuvieron unos 90 comuneros con pequeños propietarios,
quienes los despojaron de 494 hectáreas, el viernes autoridades
federales y estatales reconocieron como “legítimos” propietarios
a los comuneros. Tras
el reconocimiento –según Corrales Arrieta– este lunes acudirían
al Tribunal Unitario Agrario para demandar la restitución de las 494
hectáreas, “pero nos asesoraría legalmente el jurídico de la
Procuraduría Agraria” Pero
–indicó la presidenta de Bienes Comunales– acudieron con el
director del Jurídico de la Procuraduría Agraria, Raymundo López,
“y él nos dijo que todavía tiene que revisar nuestros documentos,
que desconoce nuestro caso y que regresemos en ocho días para ver qué
respuesta nos da”. Ante
la respuesta, los comuneros “tuvimos que posponer la demanda, eso
será hasta el próximo lunes, aunque ese no fue el acuerdo porque se
supone que nuestra documentación ya fue revisada”. Aunado
a la demanda que presentarán ante el Tribunal Unitario Agrario,
Corrales Arrieta adelantó que próximo 8 de octubre van a sostener
una reunión con el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, para plantearle el
problema. Corrales
Arrieta denunció que debido al conflicto por las tierras comunales de
Teloloapan, “funcionarios del Ayuntamiento, como el auxiliar de
Catastro, José Merced Aranda, nos ha amenazado con juntar a un grupo
para que se posesionen de parte de nuestras tierras, y es que de las
494 hectáreas sólo nos quedan unas 40”. SAGARPA
Y LA SRA, RESPONSABLES Habitantes
de 16 ejidos que colindan con la Reserva de la Biosfera de Montes
Azules denunciaron que funcionarios de diferentes instancias estatales
y federales continúan amenazando, hostigando y condicionando la
entrega de programas sociales. En
un comunicado de la Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia
de Marqués de Comillas, los pobladores acusan a la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), a la Secretaría de Desarrollo
Social, a la Secretaría de Ganadería, Recursos Naturales y Pesca
(Sagarpa). Los
funcionarios de las dependencias antes citadas están obligando a los
campesinos el ingreso al Programa
de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) para recibir
Procampo, expedición de constancias del Registro
Agrario Nacional (RAN), aprobación de créditos agrícolas,
construcción de obras de agua potable y electrificación, prestación
de servicios educativos y de salud, etc. Según
la denuncia, dichas instancias gubernamentales prometen (sin respetar
la ley) que la incorporación al Procede es la única vía para
acreditar la tenencia de la tierra, resolución de conflictos
agrarios, menor costo en trámites agrarios, mayor valor de casas y
parcelas, "regalo" de hectáreas de "demasía". Los
campesinos informan que a quien se resiste al Procede lo amenazan con
invalidarle sus certificados de derechos agrarios, pérdida de
derechos sobre la tierra, cobro de cientos de miles de pesos por las
hectáreas de "demasía", retiro de créditos agrarios,
aumento en el costo de trámites agrarios Como
estrategia para obligar el ingreso al Procede, denuncian que dichas
dependencias están entregando sobornos, creando divisiones y
conflictos en o entre los ejidos de la región de Marqués de
Comillas, así como el incumplimiento de los requisitos legales para
celebrar las asambleas ejidales y manipulación de la votación de los
ejidatarios, así como obtener firmas de modo individual (casa por
casa). La
Coordinadora explica que las prácticas antes citadas, además de ser
ilegales, han generado una tensión social creciente al interior de
los ejidos, habiéndose generado brotes de violencia y severas
divisiones comunitarias. La conciencia y derechos de quienes se niegan
a entrar al Procede, chocan con el miedo infundido a otros por las
amenazas y condicionamientos del gobierno. La
Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia de la región de
Marqués de Comillas menciona que todo lo expuesto ha sido ya
denunciado pero no hay ninguna respuesta, por lo que exigen el
"cese inmediato de acciones ilegales". POCO
PROBABLE QUE LA DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE DERECHOS HUMANOS SE
APRUEBE ESTE AÑO "Solamente
un milagro" permitirá que la Declaración de la ONU sobre
Derechos Indígenas sea adoptada antes de fin de año, cuando termina
la Década de las Poblaciones Indígenas, lamentaron Adelfo Regino
Montes, representante de Servicios del Pueblo Mixe (sierra norte de
Oaxaca), y Saúl Vicente, delegado de la Coalición Campesina
Estudiantil Indígena de México, voceros del sector indio en el grupo
de trabajo donde el texto se debate desde hace más de 10 años. El
milagro -en el que tampoco creen los gobiernos, según una fuente
diplomática latinoamericana- podría ocurrir entre el 29 de noviembre
y el 3 de diciembre, en que se realizará la última reunión sobre
grupos originarios de la década. Para
estos delegados, en las dos semanas de discusiones recientes "los
delegados gubernamentales se la pasaron peloteando" los temas
centrales de libre determinación y territorialidad y no hubo avances
sino retrocesos: Estados Unidos demandó la libre determinación
condicionada al plano nacional, y previa garantía sobre integridad
territorial. Tal
postura no tendría otra finalidad que la apropiación de la tierra y
los recursos naturales pertenecientes a los grupos étnicos para poner
en marcha acciones desventajosas para ellos, como el Plan Puebla-Panamá,
el megaproyecto del Istmo y el Corredor Andino, y explotar para
beneficio estatal y transnacional ecosistemas, por ejemplo la selva
Lacandona, los Chimalapas y la Amazonia, expresaron. Los
dos oaxaqueños alertaron sobre la posibilidad de que el presidente
del grupo de trabajo, Luis Enrique Chávez (de Guatemala), intervenga
en diciembre con la propuesta de un texto de declaración de inspiración
personal y el llamado para su adopción durante una segunda década
indigenista. Según
Adelfo Regino Montes, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión
Europea, la Federación Rusa y China son los más empecinados en no
reconocer los derechos indígenas, discutidos en el seno de la ONU
desde hace más de dos décadas. ERROR DE ESTADO,
APOSTAR TODO A LA AGRICULTURA INDUSTRIAL: ESPECIALISTAS La
política de Estado para el campo debe orientarse a fomentar la economía
campesina y dejar de apostar todo a la agricultura industrial, la cual
no es más rentable, señaló Alicia Puyana, integrante de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), al participar en el
seminario Reflexiones sobre la integración en América del Norte:
TLCAN, ALCA y Doha. Propuso
que ante la falta de los beneficios esperados por el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), particularmente en el capítulo
agropecuario, es necesario volver a negociar y cambiar la política
asistencialista por una de fomento, y para ello es necesario un mayor
presupuesto para el agro. Es necesario que el peso de las inversiones
en este sector sean iguales a la participación del sector en el
producto interno bruto (PIB) total, y aumentar seis veces el gasto. "No
es estimulante que se gasten 400 pesos anuales en cada agricultor, eso
es lamentable", abundó. Sin embargo, consideró que "sí
hay futuro para el campo, siempre y cuando haya un cambio en la política
de Estado y se reconozca el esfuerzo que están realizando los
campesinos para elevar los rendimientos y su productividad; los
poseedores de superficies promedio máximo de 12 hectáreas son más
rentables que las grandes unidades de producción", insistió. Agregó
que programas como Alianza para el Campo y Procampo son sólo
asistencialistas, apoyos que se concentran en el combate a la pobreza,
pero no benefician el desarrollo de los productores. ESTADO
DE MÉXICO LA QUEJA MAZAHUA,
APENAS FOQUITOS, NO FOCOS ROJOS Fuertemente
criticado por senadores de los partidos Revolucionario Institucional
(PRI) y Verde Ecologista (PVEM), que lo acusaron de convertir a
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en un
"refugio" de panistas, el titular de la dependencia, Alberto
Cárdenas Jiménez, salió en defensa de sus colaboradores, en
especial del titular de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa), José Luis Luege Tamargo, y aseguró que han
cumplido "como ningún gobierno lo había hecho". Durante
su comparencia, Cárdenas Jiménez advirtió que es necesario
incrementar las tarifas del consumo de agua, para que se pague su
costo real, que es de seis pesos el metro cúbico, ya que sólo se
paga en la actualidad un peso con 70 centavos. A
pregunta de la senadora panista Micaela Aguilar sobre el conflicto con
las mazahuas por el agua que se envía a la ciudad de México, Cárdenas
Jiménez respondió que más de 90 por ciento de sus planteamientos
han sido atendidos y que en la Secretaría de Gobernación se busca
solucionar los dos puntos pendientes del problema. Uno es que les
regresen 36 hectáreas de terreno expropiadas y la otra que se les
indemnice por los daños que la lluvia causó a sus cultivos el año
pasado. Por
la mañana, luego de la firma de un convenio de colaboración entre
Semarnat, Profepa y la Procuraduría General de la República, Cárdenas
Jiménez reveló que existen entre cinco y 10 casos similares al de
las mazahuas, que deben ser atendidos. Sin embargo, los minimizó: "Yo
no les llamaría focos rojos, sino foquitos que se empiezan a
encender, pero son casos en los que urgen convenios entre los
gobiernos de los estados para resolver los problemas del agua",
señaló Cárdenas Jiménez. Cárdenas
Jiménez afirmó que está a la espera de que los mazahuas busquen
dialogar con él para llevar a cabo programas de desarrollo
sustentable. Por la tarde, representantes de los mazahuas acudieron a
la Secretaría de Gobernación para continuar el diálogo y alcanzar
un acuerdo definitivo. Extraoficialmente se conoció que aún no se
han alcanzado acuerdos. PENDIENTES,
HASTA 10 DIFERENDOS POR AGUA QUE DEBEN ATENDERSE: SEMARNAT Alberto
Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que existen entre cinco y 10
casos de problemas de agua que deben ser atendidos para que no suceda
lo mismo que ocurrió en el caso de los mazahuas. Durante
la firma de un convenio de colaboración entre la Semarnat, la
Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría
Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa), en la ciudad de México,
el funcionario afirmó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya
resolvió nueve de las 10 demandas de los indígenas mazahuas y que
está a la espera de que busquen dialogar con él para llevar a cabo
programas de desarrollo sustentable. Por
la tarde, representantes de los mazahuas acudieron a la Secretaría de
Gobernación para continuar el diálogo y lograr un arreglo
definitivo. Extraoficialmente se conoció que no se alcanzaron
acuerdos. Por
la mañana, la comandancia del autodenominado Ejército de Mujeres
Zapatistas por la Defensa del Agua de Villa de Allende, Estado de México,
acusó a Conagua de no tener voluntad para solucionar el conflicto con
el Frente Mazahua, por lo que advirtieron que no reanudarán el diálogo
hasta que se presente el titular de la Semarnat en la región para
negociar personalmente con el movimiento. La
comandancia del Ejército de Mujeres Zapatistas convocó a los medios
para la lectura de un comunicado. Revelaron
que sólo se tratarán los avances que se tienen sobre el compromiso
para que 34 hectáreas del ejido de San Isidro, expropiadas hace 25 años,
regresen a ser posesión de los campesinos; las obras para la
introducción de agua potable a ocho comunidades de Villa de Allende y
conocer las propuestas para la elaboración de un plan integral de
desarrollo sustentable de la cuenca que inserte en el progreso a la
región sur del estado. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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