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Las notas que se
reproducen a continuación SECTOR
AGRARIO EL CASO TULTEPEC NO
DEBE PROVOCAR LUCHA ENTRE CAMPESINOS...
LA PGR RECLAMA A LA
CORTE PARAJE SAN JUAN...
DE LA CABADA NO ES
PROPIEDAD PRIVADA...
ATAJA CONAGO EL USO DE
RECURSOS ASISTENCIALES CON FINES ELECTORALES...
INSISTEN LAS
AUTORIDADES AGRARIAS: BERNALEJO, ASUNTO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO...
ESTÁN A 60%
EXPEDIENTES DE “FOCOS AMARILLOS”...
SECTOR
AGROPECUARIO RESULTADOS DEL TLCAN, MÁS
PERNICIOSOS DE LOS PREVISTO...
ESTADOS BAJA
CALIFORNIA CONFLICTO AGRARIO ENTRE
FONATUR Y EJIDO LORETO...
CHIAPAS LA AUTONOMÍA,
EJERCICIO PLENO MEDIANTE LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO EN CHIAPAS...
ESTADO
DE MÉXICO MAZAHUAS Y AUTORIDADES
IMPULSARÁN MESA DE DIÁLOGO...
CONGRESO DE EDOMEX DEBE
RESOLVER EL CONFLICTO TERRITORIAL DE TULTEPEC Y TULTITLÁN...
GUERRERO “REPOSICIÓN TOTAL”
DE 949 HECTÁREAS DEMANDAN COMUNEROS DE TELOLOAPAN...
ZACATECAS NIEGA PEÑOLES DEVOLVER
800 HAS. A EJIDATARIOS DE ZACATECAS: FHN...
EL CASO TULTEPEC NO
DEBE PROVOCAR LUCHA ENTRE CAMPESINOS La
resolución del amparo que obliga a la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) a entregar mil 936 hectáreas al ejido
de San Pedro Tultepec es irrevocable, inmodificable y cosa juzgada, ya
no puede haber un tercero en disputa, puntualizó la asesora legal de
los campesinos e integrante del bufete Tierra y Libertad, Bárbara
Zamora. Agregó
que el bufete del que forma parte no se caracteriza por entablar
juicios de campesinos contra campesinos sino por defender los derechos
de éstos contra autoridades que no cumplen su deber, ello en
respuesta a los habitantes de San Pedro Cholula, quienes interpusieron
una demanda de inejecución de sentencia ante la Corte. Explicó que
el amparo 768-2001 interpuesto ante el juzgado séptimo en materia
administrativa y que ganaron los ejidatarios, asienta que la SRA debe
entregar la superficie que por resolución presidencial les fue
otorgada desde 1929. "La acción constitucional puede ser
intentada en cualquier tiempo y los quejosos están en tiempo para
reclamar la ejecución", apuntó en el dictamen de amparo la
responsable de dicho juzgado, Luz María Díaz Barriga de Silva. La
resolución presidencial de ese año establece que los ejidatarios de
San Pedro Tultepec tenían en posesión 258 hectáreas que ocuparon
para sus caseríos, 188 hectáreas divididas en pequeñas parcelas de
propiedad individual y 70 hectáreas ocupadas por la zona urbanizada;
asienta que para la dotación del resto de la superficie se tendrán
que entregar 396 hectáreas de la ciénega de la hacienda de
Texcaltenco -y que en 1926 fueron declaradas propiedad de la nación-,
y mil 540 hectáreas de la ciénega del río Lerma propiedad de San
Pedro Tultepec. La verdad jurídica está en el expediente de amparo,
todo lo que pretenden presentar los de San Pedro Cholula resulta
irrelevante porque son documentos presentados en el juicio 72-97
interpuesto en el Tribunal Unitario Agrario y del cual se desistieron
los de Tultepec, abundó. LA
PGR RECLAMA A LA CORTE PARAJE SAN JUAN La
PGR interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de
Justicia, reclamando el Paraje San Juan como propiedad de la nación y
solicitando que se eche abajo la sentencia ejecutoria de la jueza
Gabriela Rolón quien otorgó a Enrique Arcipreste, hoy en la cárcel,
la posesión de las 298 hectáreas. La
propia PGR, en otro asunto, manifestó a la Corte que la Ley de
Participación Ciudadana aprobada por la Asamblea Legislativa, no
viola la Constitución, por lo que considera “infundados” los
conceptos de invalidez que promovió el PAN en la impugnación. La
diputada local Aleida Alavez, informó de ambas acciones de la PGR. Respecto
al Paraje San Juan, la PGR señala a la Corte que al no ser llamada a
juicio como tercera interesada, se ve “afectada en forma directa e
ilegal con las resoluciones que se emitieron con motivo del juicio de
amparo 508-98, promovido por Enrique Arcipreste, contra actos del jefe
del Gobierno del DF”. La
PGR se refiere al presunto desacato en que incurrió Andrés Manuel López
Obrador, al no pagarle a Arcipreste mil 810 millones de pesos de
indemnización por la expropiación del paraje ocurrida en tiempos de
Carlos Salinas de Gortari. La
diputada Alavez, quien en su momento presidió la comisión especial
de la ALDF que investigó el caso del paraje de Iztapalapa, dijo que aún
“me preocupa” en qué va a terminar la liberación de unas siete
mil escrituras que no han sido entregadas a los dueños de igual
cantidad de lotes. A
esto se suma que muchas de estas familias tendrían que regresar lo
que en su momento recibieron como indemnización por la expropiación,
bajo el concepto jurídico de “pago de lo indebido”. El
ministro ponente Juan N. Silva le ha dicho a Alavez que la Corte únicamente
se pronunciará por el amparo solicitado por Arcipreste. Enviando
la documentación que en su momento hizo del conocimiento público la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) y como intermediaria de ésta, la PGR
dice a la Corte en su recurso que “es procedente revocar la
sentencia ejecutoria, debiéndose ordenar la reposición del
procedimiento a partir del emplazamiento que se realice al
procurador” Rafael Macedo. DE
LA CABADA NO ES PROPIEDAD PRIVADA El
representante estatal de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), Paulo Hau Dzul, miente sobre que las
25 mil hectáreas de Juan de la Cabada Vera son propiedad privada y
trata de endosar al Gobierno del Estado un conflicto que ha agravado
la dependencia por su incapacidad, denunció el dirigente del Frente
Campesino Independiente "Emiliano Zapata", Luis Antonio Che
Cu. Está
claro que las declaraciones de Hau Dzul obedecen a los intereses económicos
y políticos del Partido Acción Nacional (PAN) y al senador
tamaulipeco Jorge Rubén Nordhausen González y el alcalde carmelita
Jorge Rosiñol Abreu, quienes han mediado para beneficiar a
particulares ligados al narcotráfico. Sus
declaraciones rayan en la estupidez y lo absurdo, porque las tierras
de Juan de la Cabada Vera son propiedad de la nación y desde hace 18
años que comenzó la lucha porque se declaran terrenos nacionales,
han existido grupos políticos que tienen intereses en esa región. Hemos
demostrado con documentos y pruebas que esas tierras que son
reclamadas por presuntos particulares están siendo amparadas con títulos
del porfiriato, del siglo pasado y que no tienen ninguna validez. Ahora
vemos que Hau Dzul, quien está en el cargo por recomendaciones de
Nordhausen, le tiene que proteger los intereses a la mafia panista,
que tiene nexos con el narco y sólo tratan de hacer valer títulos apócrifos
para echar a la gente que los ocupa. Che
Cu recordó que Vicente Fox Quesada invadió tierras de ejidatarios en
Guanajuato, las cuales han sido recuperadas por la gente y por eso
busca a toda costa apoyar a los intereses de particulares, olvidándose
que gobierna para los mexicanos. El
representante estatal de la SRA pretende endosar el conflicto de Juan
de la Cabada Vera al Gobierno del Estado, con la intención de tender
una cortina de humo para crear mayor confusión y beneficiar a
intereses particulares. Se
realizará un viaje al Distrito Federal (DF) para que en oficinas
centrales de la SRA se haga un plantón y se exija solución de fondo,
sea cesado Hau Dzul por estar a favor de intereses de particulares y
no de la gente a quien debe defender en los conflictos agrarios. Che
Cu anunció que hoy a las 10 horas en Juan de la Cabada Vera se llevará
a cabo una reunión para analizar cada una de las propuestas que
existen y definir las acciones a tomar a fin de evitar mayores
enfrentamientos. Ojalá
que se tomen acciones para terminar con este clima de inestabilidad
generado en principio por la SRA y por autoridades que permiten a
Armando García traficar con las tierras y lucrar con las necesidades
de la gente. ATAJA
CONAGO EL USO DE RECURSOS ASISTENCIALES CON FINES ELECTORALES En
la reunión ordinaria de la XX Conferencia Nacional de Gobernadores se
determinó que en un lapso no mayor a 15 días, todas las dependencias
federales que manejen programas de Asistencia Social, deberán
entregar a los gobiernos estatales la lista de padrones que se
benefician a través de éstos. Por
consenso, los mandatarios nacionales decidieron que con el propósito
de evitar que los diversos programas de Asistencia Social que se
manejan en las diferentes dependencias federales, como la Sedesol, la
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Reforma Agraria, entre otras, sean utilizados con
fines electorales. INSISTEN
LAS AUTORIDADES AGRARIAS: BERNALEJO, ASUNTO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO Juan
Manuel Solís Villa, representante estatal de la Reforma
Agraria; José Carlos Luna Salas, delegado del Registro
Agrario Nacional y María Mayela Salas Alvarez, delegada de la Procuraduría
Agraria, calificaron como productiva la reunión realizada con el
Secretario General de Gobierno, Tomás Torres Mercado, para la
instalación de la mesa para ala atención a los conflictos agrarios. A
través de un comunicado, señalaron que el objetivo principal de la
reunión no fue el de tratar el caso Bernalejo, dado que para el
sector agrario el asunto está “definitivamente concluido”, sin
embargo, si fue un tema que el Secretario de General de Gobierno abordó
en presencia de los representantes del sector agrario, ante los medios
de comunicación. Por
otra parte, indicaron que los temas productivos ahí tratados son con
respecto al precierre y cierre del PROCEDE
(Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de
Solares), programado tentativamente para los meses de octubre y
diciembre, donde Zacatecas cuenta ya con una certificación del 93 por
ciento de un total de 764 núcleos agrarios, lo que corresponde a 714
certificados, por lo que existe la posibilidad de que asistan a esta
entidad tanto el Procurador
Agrario como el Secretario
de la Reforma Agraria. ESTÁN
A 60% EXPEDIENTES DE “FOCOS AMARILLOS” La
conclusión de las investigaciones y resoluciones correspondientes a
los 12 casos agrarios considerados como “focos amarillos”,
corresponderá al trabajo de gabinete que se realice en las oficinas
centrales de la Procuraduría
Agraria (PA). Mayela
Salas, delegada estatal de la PA, afirmó que el proceso en Zacatecas
para estos casos presenta un avance de 60 por ciento y podrían
concluirse a mediados de noviembre. Reiteró
que el atraso para levantar bandera blanca en los “focos
amarillos” podría surgir en la ciudad de México, empero confió
que éstos estarán listos antes de finalizar el año. Indicó
que en todos los conflictos agrarios hay disposición de los
involucrados para llegar a una solución. Consideró
necesario generar una mesa de trabajo que atienda el resto de los
problemas entre ejidatarios que representan un riesgo social, con la
intención de evitar aumente su problemática. Al
respecto reiteró que este compromiso quedó establecido con Tomas
Torres Mercado, secretario general de Gobierno. Aceptó
también que varios de estos conflictos no se resuelven por la
intervención de líderes que influyen en la decisión de los
ejidatarios para que tomen ciertas determinaciones. En
este momento el principal retraso es el ingreso de 19 ejidos en el
Programa de Certificación de Derechos Parcelarios y Titulación de
Solares Urbanos (Procede) y dar certeza jurídica a los campesinos de
estos lugares, “muchos de ellos atienden los intereses de sus líderes
y no entienden que este programa es para su beneficio”. RESULTADOS DEL TLCAN, MÁS
PERNICIOSOS DE LOS PREVISTO Los
resultados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
son más dramáticos de lo previsto: el valor de las importaciones de
granos y oleaginosas crece 7 por ciento al año, se han perdido casi 2
millones de empleos, casi la mitad de los porcicultores ha abandonado
la actividad y la pobreza rural sigue en aumento, asentaron Rita
Schwentesius Rindermann y Manuel Angel Gómez Cruz, directivos del
Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la
Agroindustria y la Agricultura Mundial (Ciestaam). "La
muerte, anunciada por investigadores y analistas, del sector
agropecuario mexicano se convirtió en realidad; urge la suspensión
parcial del TLCAN para proteger a los productos más sensibles y una
revisión del tratado. Esto no afectaría a los exportadores mexicanos
si aprovechan los márgenes de maniobra que permite la Organización
Mundial de Comercio para países en desarrollo", acotaron. Los
datos muestran que México está perdiendo su soberanía alimentaria
por una mayor dependencia de las importaciones, ya que con la vigencia
del TLCAN ha gastado 90 mil millones de dólares para la compra de
alimentos y las importaciones de granos aumentaron más de dos veces,
y de éstas se han comprado en total 148 millones de toneladas, cifra
hasta el año pasado. La
inversión extranjera en el sector agropecuario también se redujo una
décima parte en comparación a años antes de la vigencia del acuerdo
comercial, asentaron ambos investigadores del Ciestaam. "El TLCAN
ha ocasionado la transformación más drástica y profunda en la
historia de la agricultura mexicana. El presente y futuro de ésta ha
sido trastocado, la opción de vida en el campo para la mayoría de
los miles de productores está puesta en duda". BAJA
CALIFORNIA CONFLICTO AGRARIO ENTRE
FONATUR Y EJIDO LORETO El
director del Fondo de Nacional de Turismo (Fonatur), John MacCarthy,
admitió que la institución arrastra un problema de sobreposición de
tierras con el ejido Loreto, sin embargo, es un conflicto mínimo que
se tiene que resolver ante los tribunales, o bien en negociación con
los ejidatarios, pero aclaró que no afecta al desarrollo turístico
de Loreto el que se regresen las tierras o no. El
titular de Fonatur sostuvo que la sobreposición de tierras que
enfrenta con el ejido Loreto, trata de dos mil hectáreas ubicadas en
la Sierra de la Giganta, por lo que recalcó que dicho problema de
tenencia de la tierra no afecta en nada en el desarrollo turístico de
esa región. LA AUTONOMÍA,
EJERCICIO PLENO MEDIANTE LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO EN CHIAPAS La
experiencia de las aún jóvenes juntas de buen gobierno (JBG)
zapatistas apunta a hacer de la autonomía una forma de convivencia de
las comunidades en resistencia entre sí, y con las demás
organizaciones indígenas de las regiones, incluso aquellas con las
que la relación ha sido díficil y contrapuesta. Es
el caso de la JBG El camino del futuro, localizada en el caracol de La
Garrucha, en la selva tzeltal, que en su primer año de funcionamiento
ha intervenido en 22 casos de conflicto, de los cuales 17 se han
resuelto, cuatro siguen en proceso y sólo en uno no fue posible el
arreglo. Notablemente, los acuerdos han sido con la Organización para
la Defensa Indígena y Campesina (Opdic, con proclividad paramilitar
como su nombre lo indica) y la Asociación Rural de Interés Colectivo
(ARIC oficial), priístas ambas y opuestas al zapatismo, así como con
la ARIC Independiente y la Organización Regional de Cafetaleros de
Ocosingo (Orcao), perredistas y hoy progubernamentales. Los
que la junta llama en su informe anual "acuerdos o intentos de
acuerdo con autoridades no zapatistas", han sido la escuela práctica
de un gobierno que se concibe autónomo, pero no único, con una
legitimidad basada en el consenso de sus bases y el reconocimiento de
otras organizaciones. Un
gobierno de más de 100 personas para cuatro municipios que tienen
además sus respectivos concejos autónomos. Francisco Gómez, Ricardo
Flores Magón, San Manuel y Francisco Villa se extienden por las cañadas
de Ocosingo y el norte de Montes Azules. Las
tierras recuperadas (de las fincas ganaderas) y los centros de población
creados en ellas a partir del levantamiento de 1994 son escenario de
ocasionales problemas por linderos y hasta de mera convivencia, cuando
surgen divisiones, y los miembros de organizaciones con las cuales se
ocuparon las tierras originalmente (como Orcao y ARIC Independiente)
pretenden cambiar el régimen de propiedad (de comunal a individual),
generalmente por presiones y promesas gubernamentales. Así ocurrió
en El Recuerdo, San José, Nuevo Revolución, Kampet y Le Quilum. En
San Miguel Canaxil (municipio Francisco Villa) surgió un diferendo
entre bases zapatistas y la organización Yomblej (pro zapatista, mas
no en resistencia). Aunque
modestas, las gestiones de la junta, como se apuntó arriba, han sido
fructíferas. Un caso donde no hubo arreglo fue en El Jardín, cerca
de Montes Azules, donde la comunidad lacandona de Nahá disputa
tierras con tzeltales de la ARIC Independiente. Los lacandones se
niegan a buscar acuerdo. MAZAHUAS Y AUTORIDADES
IMPULSARÁN MESA DE DIÁLOGO Ejidatarios
del Frente en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos Humanos del
Pueblo Mazahua, autoridades de las secretarías de Gobernación y del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como
representantes del gobierno del estado de México, acordaron
reinstalar una mesa de negociación para resolver el conflicto que los
agricultores mantienen con la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
por el cual se instalaron en plantón hace 12 días en la planta
potabilizadora de Berros, del Sistema Cutzamala. Los
labriegos señalaron que las negociaciones se retomarán este martes
en la Cámara de Diputados federal, donde la presidencia de la Comisión
de Recursos Hidráulicos fungirá como mediadora entre la Conagua y
los campesinos, quienes entre otras peticiones reclaman
indemnizaciones por inundaciones que sufrieron en septiembre de 2003,
al desbordarse la presa Villa Victoria. Pese
al acuerdo signado, algunos ejidatarios advirtieron que a partir del
martes volverían a impedir la entrada de cloro a la potabilizadora de
Berros -como hicieron el pasado día 17-, debido a la
"negatividad con la que se condujo" la delegación de la
Conagua durante el encuentro que sostuvieron la tarde del lunes. Los
representantes de la Conagua señalaron que "desde hace
semanas" el organismo busca cumplir las principales demandas de
los ejidatarios, entre ellas la devolución de 34 hectáreas del ejido
San Isidro, expropiadas hace 25 años para el Sistema Cutzamala, y la
introducción de redes de agua potable a ocho ejidos, para lo cual se
han invertido 27 millones de pesos. "Ambos asuntos quedarán
totalmente cumplidos antes de que finalice el año", afirmaron. Sin
embargo, al tocar los dos puntos fundamentales del pliego petitorio,
que son la elaboración de un plan integral sustentable de la cuenca y
la indemnización por estragos en 300 hectáreas de cultivo, que
dejaron los derrames del embalse Villa Victoria, la Conagua alegó que
requería "estudios técnicos". Los
campesinos reclamaron haber sido objeto de engaños constantes por
parte de la Conagua, y de la falta de seriedad de las autoridades para
respetar los acuerdos. CONGRESO
DE EDOMEX DEBE RESOLVER EL CONFLICTO TERRITORIAL DE TULTEPEC Y TULTITLÁN Para
evitar nuevos enfrentamientos entre colonos y autoridades de Tultepec
y Tultitlán, el Congreso del Estado de México debe resolver lo más
pronto posible el problema de límites entre esos municipios, como el
registrado hace unos días en el ejido de Santiago Teyahualco, donde
incluso hubo algunos heridos. Lo
anterior fue informado por el subdirector de Gobierno de la zona,
Pablo Basáñez, quien explicó que ese problema definitivamente tiene
que ser resuelto por la instancia correspondiente, que en este caso es
el Congreso del estado. Explicó
que representantes legales de esos dos ayuntamientos deberán
promover, con las pruebas necesarias a su favor, un dictamen que sea
definitivo para ya terminar con esos problemas. “REPOSICIÓN TOTAL”
DE 949 HECTÁREAS DEMANDAN COMUNEROS DE TELOLOAPAN Alrededor
de 90 comuneros de l municipio de Teloloapan, exigen al Tribunal
Agrario la “reposición total” de 494 hectáreas de las que fueron
despojados por pequeños propietarios en los años sesenta, dijo el
dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del estado de
Guerrero (FODEG), Pedro Nava Rodríguez. Esto
después de que los gobiernos estatal y federal reconocieron una
resolución publicada en 1955
en el Diario Oficial de la Federación, que considera a esa superficie
como propiedad de la comunidad. De
acuerdo con declaraciones de la presidenta de Bienes Comunales,
Margarita Corrales, en los años sesenta un grupo de pequeños
propietarios, apoyados por el entonces presidente municipal, Ismael
Quezada Salgado, los despojaron de esas hectáreas que poseían unos
90 comuneros. NIEGA PEÑOLES DEVOLVER
800 HAS. A EJIDATARIOS DE ZACATECAS: FHN La
empresa Peñoles está apoderada de 800 hectáreas de predios ejidales
que le fueron cedidos en comodato durante 50 años por campesinos de
Zacatecas, pero ésta se niega a regresar los terrenos, señaló el
vocero de los afectados, Fidel Herrera Niño. Herrera
y un grupo de sus compañeros bloquearon las calles frente a la minera
Peñoles en la ciudad de Monterrey, hasta donde trasladaron su
demanda, pues en Zacatecas nadie ha atendido su reclamo. Los
protestantes son originarios de Mazapil y en su protesta callejera
clamaron por la devolución de sus tierras, misma que Peñoles se
resiste a restituir, no obstante que el comodato por el cual usó los
predios venció el año de 1970. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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