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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “ESTRICTAMENTE
PERSONAL”...
SECTOR
AGRARIO DIARIO
OFICIAL...
NIEGA LA SRA ACATAR
ENTREGA DE TIERRAS DECRETADA EN 1929, DICEN...
SECTOR
AGROPECUARIO FLEXIBILIZAR EL
PRESUPUESTO PARA EL CAMPO, PIDE USABIAGA...
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS CARAVANA NACIONAL POR
EL CAMPO...
ESTADOS GUERRERO MACHETES DE ATENCO Y
RIFLES DE PALO EN RECHAZO A LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS...
QUERÉTARO RECLAMAN AL GOBIERNO
QUERETANO 712 HECTÁREAS...
“ESTRICTAMENTE
PERSONAL” LA
LISTA NEGRA Alfonso
Durazo sigue rompiendo la cabeza a muchos en Los Pinos, por lo cual se
disponen a la purga de quienes creen sus cercanos Es
muy común, cuando alguien está rebasado por la realidad y es incapaz
de reconocer sus limitaciones y errores, que encuentre una salida fácil
frente a las adversidades en la creación de un enemigo externo. No
hay nada mejor, piensan las viejas mentes, que crear la amenaza desde
afuera para cohesionarse hacia el interior. Pequeñas mentes
manipuladoras existen por todos lados y en todos los niveles. Claro
que cuando esa conducta proviene desde la Presidencia de la República,
uno no puede sino pensar que los niveles de análisis y operación que
tienen varias de las oficinas principales en Los Pinos, deben ser
bastante primitivos. En
los últimos días se han divulgado informaciones que tenían un carácter
reservado y que han contribuido a enturbiar el clima político que se
vive. El
primero fue hace unos 20 días, donde se detallaba un encuentro entre
el presidente Vicente Fox y el presidente de la Suprema Corte de
Justicia, Mariano Azuela. El Presidente tuvo oportunidad de amainar la
tormenta, pero en lugar de aprovechar su tiempo con un respetado
periodista para explicar el contenido de su plática con el ministro,
denunció el supuesto origen de quien filtró la información que causó
tanto revuelo. "Fue Durazo". El
segundo, hace poco más de 10 días, cuando un diario capitalino
publicó una carta del secretario de Hacienda, Francisco Gil al
Presidente, donde descalificaba al director de Pemex, Raúl Muñoz
Leos. Una vez más circuló la versión de que Durazo había sido el
responsable de tal filtración. Analistas políticos cercanos a Muñoz
Leos hicieron una rápida disección del origen del golpe y el nombre
de Durazo nunca figuró entre los probables autores. La
molestia contra Durazo se ha extendido. Al tratar de adjudicar las
filtraciones al ex colaborador de Fox, la casa presidencial está
tratando de crear condiciones para una acción de otra naturaleza. Hay
evidencias de que está en marcha una purga de directores de
comunicación social a los cuales identifican con Durazo. Desde hace
ya varias semanas están investigando a un puñado de ellos,
preguntando inclusive a gente con la que trabajan para que les den
información sobre sus lazos con el ex funcionario foxista, sus
antecedentes profesionales, su pasado político y toda la gama de
relaciones que puedan tener. En
la lista negra que tienen en Los Pinos figuran, cuando menos, los
directores de comunicación social de las secretarías de Desarrollo
Social, la Reforma Agraria
y de Salud, y de las paraestatales Pemex y Comisión Federal de
Electricidad. El primero que fue decapitado por instrucciones de la señora
Marta fue Andrés Chao, el segundo de a bordo de Durazo en el manejo
de prensa en Los Pinos, a quien en una gira por Brasil lo obligaron a
bajarse del avión y a regresar en vuelo comercial, en un cese
fulminante que sigue causando vergüenzas entre algunos funcionarios
de la Presidencia. Personas cercanas a Chao renunciaron discretamente
a sus cargos de responsabilidad días después y se fueron al sector
privado, antes de la represalia. Las
cabezas de varios profesionales de comunicación parecen tener precio
para un grupo identificado en Los Pinos en torno de la señora Marta y
Muñoz, que han hecho del espionaje y la represión en contra de quien
sospechan ausencia de lealtad dogmática. La actitud paranoica no es
nueva. Desde antes de que llegaran formalmente a la Presidencia veían
a sus enemigos dentro y fuera del gobierno, y en el caso de quienes
trabajaban con ellos se fueron deshaciendo poco a poco de todos. Pero
no han terminado. La represión que preparan contra comunicadores que
ven cercanos a Durazo viene en camino. DIARIO
OFICIAL La
Secretaría de la Reforma
Agraria publica el Decreto por el que se expropia por causa de
utilidad pública una superficie de 1-00-94 hectáreas de temporal de
uso común, de terrenos del ejido de Mapastepec, municipio del mismo
nombre, Chiapas. NIEGA
LA SRA ACATAR ENTREGA DE TIERRAS DECRETADA EN 1929, DICEN La
Secretaría de la Reforma
Agraria sí presentó a tiempo los informes técnicos que le pidió
el juzgado que otorgó el amparo a los ejidatarios de San Pedro
Tultepec, municipio de Lerma, y por ello no hubo contumacia ni
evasivas en la exigencia de que se procediera a entregar a los
campesinos las mil 426 hectáreas faltantes para cumplir con un
decreto presidencial de 1929, aseguró el subsecretario de
Ordenamiento Territorial, Gilberto Hershberger Reyes. Agregó
que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se le
entregaron fotografías aéreas y un cidí con referencias geodésicas
en el cual se demuestra que el área reclamada por los ejidatarios de
San Pedro Tultepec está ocupada por colonos de San Sebastián y San
Lucas, San Mateo Atenco, San Pedro Tlaltizapán, San Miguel
Chapultepec y Capulhuac y sólo quedan las 152 hectáreas que ocupa un
lago de la ciénega de Lerma. Proceder a la entrega de las tierras,
como lo dictaminó el juzgado séptimo de circuito del Consejo de la
Judicatura, sería reditar un conflicto agrario similar al que hubo en
la región en 1909. Si
la SCJN resuelve que debe cumplirse con la entrega de las tierras a
San Pedro Tultepec, el gobierno federal tendrá que solicitar la
presencia del ejército para "desalojar" a más de 12 mil
personas de cinco núcleos agrarios, así como a los trabajadores e
investigadores del Centro de Investigación para el Mejoramiento de Maíz
y Trigo (Cimmyt), abundó en entrevista el subsecretario de la SRA.
"Como abogado tengo la convicción y la seguridad de que la
ministra Olga Sánchez Cordero -quien lleva el caso de San Pedro
Tultepec- apreciará que existe imposibilidad jurídica y material
para cumplir con el dictamen del amparo. Tengo fe en los jueces y no
los cuestiono, hay que pensar que somos seres humanos falibles y
tenemos formas de interpretar la ley de forma distinta". Si
la SCJN determinara que la SRA no puede entregar la superficie exigida
por los ejidatarios, podría aplicar el artículo 105 de la Ley de
Amparo, el cual establece que cuando la ejecución afecte gravemente a
la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos
que pudiera obtener el quejoso, se procederá al cumplimiento
sustituto de la sentencia de amparo, explicó. "Sabemos que el
incidente interpuesto ante la autoridad jurídica es para que la SRA
cumpla con la sentencia de amparo y no tiene como objeto sancionar a
su titular". Hershberger
Reyes insistió en que el "margen de maniobra de la SRA en este
caso está acotado a la decisión de la SCJN" a pesar de que en
el documento que se entregó a esa instancia se reprodujeron varias
tesis de jurisprudencia en las que se demuestra que la SRA no fue
omisa en atender la demanda de entrega de la superficie reclamada por
San Pedro Tultepec y demostró que sólo puede dar 272 hectáreas. La
dependencia no estaría obligada a aplicar el pago sustituto, sin
embargo, como "una muestra de voluntad política de atender la
petición de los ejidatarios, procedería a ello". Acompañado
por personal técnico de la SRA, Gilberto Hershberger insistió en que
"en todo momento la SRA estuvo en vías de cumplir con los
llamados que le hicieron los jueces; realizó los trabajos técnicos
correspondientes y de ello se informó mediante los oficios 14580 y
14581 del 27 de abril, con el 18102 y 18103 del 20 de julio -los
cuatro de este año- al juez que otorgó el amparo y al tribunal
colegiado. En ellos se demostraba la imposibilidad para proceder a la
entrega de las tierras y por ello el juzgado podría haber determinado
que se iniciara el incidente de inejecución. Acuerdo
de 1909 Durante
la entrevista, el subsecretario de Ordenamiento Territorial mencionó
que en 1909 los campesinos de la región del Lerma acordaron
establecer "un punto trino" para distribuir la tierra; en
1929, cuando la ciénega ocupaba tres mil 624 hectáreas, y determina
la creación del ejido de San Pedro Tultepec, se partió de dicho
punto y por ello sólo se entregaron 513 de las mil 939 hectáreas que
por resolución presidencial se le habían asignado, pues "no había
más tierras susceptibles, todo era pantano". Antes
de dicha resolución presidencial, el 15 de octubre de 1921 se había
creado el ejido de San Sebastián y San Lucas y de la ciénega se le
habían dado 128 hectáreas; el 28 de febrero de 1925 se entregaron 19
hectáreas a San Mateo Atenco. Años después, el 26 de septiembre de
1937, se dieron 347 a San Pedro Tlaltizapán; el 20 de octubre de ese
año, se concedieron 145 a San Miguel Chapultepec, y el 20 de octubre
de 1948, se entregaron 354 hectáreas a San Pedro Capulhuac, en total
se repartieron mil 619 hectáreas entre esos ejidos, equivalentes a
57.4 por ciento del total de la ciénega y la cual cada temporada de
lluvias se inunda. Sin embargo, durante ese proceso no hubo
inconformidad de los colonos de San Pedro Tultepec porque los trabajos
se realizaron de manera conciliatoria y todos los ejidatarios
respetaron el convenio de 1909 para mantener la paz social en la región.
Adicionalmente,
San Pedro Cholula tiene la posesión de 281 hectáreas, San Pedro
Tlaltizapán obtuvo, por resolución presidencial, 714 y San Mateo
Atenco, 590; el Cimmyt ocupa 60 y las diversas industrias acreditaron
con escrituras públicas tener legalmente 22 hectáreas. "El artículo
313 de la Ley Agraria establece que se dará preferencia a la fecha de
posesión y no a la fecha de la resolución presidencial, por ello es
imposible, refrendó Hershberger Reyes, entregar las mil 436 hectáreas
a San Pedro Tultepec. Ahora,
abundó Hershberger, las 152 hectáreas que ocupa el lago no se pueden
entregar a San Pedro Tultepec ya que el artículo 27 constitucional
establece que las aguas de ríos y lagos son propiedad de la nación y
no son susceptibles de reparto. "Nadie está obligado a realizar
lo imposible y por ello la SRA podría invocar el artículo 103 de la
Ley de Reforma Agraria, el cual dice que si no hay materia para
cumplir puede solicitar que se mande archivar la queja; pero esa no es
la actitud de la autoridad, hay disposición de entregar un pago
sustituto", afirmó. FLEXIBILIZAR EL
PRESUPUESTO PARA EL CAMPO, PIDE USABIAGA El
secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo, pidió el apoyo de los
legisladores para que den mayor flexibilidad en la aplicación del
presupuesto para 2005 al campo, y atender oportunamente las
prioridades de los productores mediante la simplificación de las
estructuras programáticas, y con ello revertir la tendencia a
parcelar o etiquetar de manera particular y específica los programas.
Usabiaga
Arroyo expuso que la flexibilidad presupuestal le permitirá al
productor tener la seguridad de que los recursos que se otorguen serán
para el cumplimiento de sus peticiones en programas que los ayuden a
fortalecerse ante las variantes y contingencias que se presenten. La
aplicación de los recursos fiscales en el campo, dijo el funcionario,
ha transitado a un ejercicio de aplicación transparente y con un
enfoque productivo y de impulso a la inversión. La
transparencia, responsabilidad y eficiencia del manejo de los recursos
públicos que son autorizados a la dependencia, así como las
expectativas originadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación
por parte del Legislativo, son obligaciones atendidas formalmente por
la secretaría explicó Usabiaga Arroyo. El
funcionario mencionó que es imperioso encontrar la división entre
las necesidades de inversión y las necesidades de compensación en el
campo, a efecto de que la primera proteja y estimule la competitividad
y la eficiencia, y la segunda atienda las coyunturas.
CARAVANA NACIONAL POR
EL CAMPO La
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas
exigen la revisión del Artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria.
Para reivindicar la propiedad social de los ejidos y comunidades,
otorgar a la parcela la calidad de patrimonio familiar
imprescriptible, inembargable e inalineable. Prohibir que las
sociedades mercantiles sea propietarias de tierras ejidales y
comunales. Apoyar el cambio generacional en el campo y tener una
verdadera política de capitalización fomentada por el Estado. GUERRERO MACHETES DE ATENCO Y
RIFLES DE PALO EN RECHAZO A LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS Una
manifestación por la Costera Miguel Alemán de este puerto rubricó
el primer Encuentro Nacional de Afectados por las Presas. Los machetes
de los atencos volvieron a cantar, el simbolismo de los rifles de
utileria volvió a acompañar las movilizaciones de resistencia
popular para ratificar que esto no es un juego. Las
mantas de los opositores a la edificación de la presa La Parota, y
también de los embalses en Chiapas, Jalisco, Nayarit, y La Laguna,
Oaxaca, informaron a los turistas, a los costeños, a los gobiernos,
la decisión de no permitir su construcción. "Fox,
entiende, la patria no se vende". Al filo de las 11.30 la marcha
partió de la base naval de Icacos hacia el centro de la ciudad. Unas
mil 500 personas, no sólo de Cacahuatepec, la comunidad de este
municipio que verá afectadas sus tierras por la presa La Parota -que
si se llega a construir tendrá tres veces la dimensión de la bahía
de Acapulco en las 17 mil hectáreas que inundará- sino de colonos
solidarios de diferentes barrios, algunos de los cuales tuvieron que
mudarse al puerto luego de que la voracidad de éste convirtiera sus ríos
en cauces secos que sólo llevan un poco de agua en la época de
lluvias, como el de Tuncingo. "Si
no hay solución habrá revolución". "Fox, chiquillo,
privatiza tu fundillo". "El pueblo se cansa de tanta pinche
transa". A paso lento avanzó la marcha hasta el centro de la
ciudad. En el camino los campesinos de Cacahuatepec, usando los
altavoces colocados en un automóvil, explicaban a los pocos turistas
que circulaban al mediodía por la Costera que "este proyecto (el
de la presa de La Parota) nos va a traer miseria, nos va a traer
despojos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que no
se construya. "El
gobierno argumenta que las presas son para el progreso, pero no
queremos un progreso de muerte, queremos que diga la verdad de lo que
significaría ecológica y socialmente la construcción de esta
presa", apuntaron. Al
término de la marcha se leyó la declaración final del encuentro, en
la que se informa sobre la conformación del Movimiento Mexicano de
Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), misma que
señala que este acto se realizó "en un momento político del país
enmarcado por la decisión de la clase en el poder de concentrar la
riqueza nacional en unas cuantas manos, y la decisión gubernamental
de someter al país al proyecto neoliberal que exige la entrega de los
recursos de todos los países al poder del capitalismo mundial, para
ser controlados por las empresas monopólicas trasnacionales". Esto
lleva, agrega el documento, a la pérdida de la soberanía nacional e
implementa un férreo esquema de privatizaciones, "con el
consiguiente despojo de los más pobres, su desplazamiento, exclusión
y desarticulación de sus relaciones humanas, así como la violación
de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales".
Señala
que este momento histórico se caracteriza, por otro lado, por la
firme resistencia de los pueblos y las luchas de todos aquellos que
hasta ahora han sido excluidos de las decisiones y de los proyectos
nacionales, "pero que de aquí en adelante lucharemos no sólo
por ser tomados en cuenta sino para decidir todo aquello que concierne
a nuestras comunidades. Nos pronunciamos por la autodeterminación de
los pueblos". El
documento asienta que las experiencias vertidas en este primer
encuentro muestran que existe un rechazo unánime en todo el país a
la construcción de presas porque no responden a intereses nacionales
"sino que son parte de los megaproyectos de inversión de las
empresas trasnacionales que buscan apropiarse de nuestros recursos. "Los
proyectos y las presas en construcción dejan de lado los intereses de
los pueblos; las afectaciones incluyen el desplazamiento de millones
de los mexicanos más pobres en beneficio de intereses extranjeros;
como consecuencia de la construcción de presas se genera la
desarticulación total de los pueblos, la pérdida de sus bienes
culturales, de su historia y de la reproducción de sus formas de vida
y sustento. Es, de hecho, uno de los instrumentos principales para
llevar a cabo la privatización del agua, de la electricidad y de los
recursos energéticos. "La
presas significan la muerte de los ríos. El deterioro de las cuencas
hidrológicas afecta el ciclo del agua, situación cuyas consecuencias
ya estamos padeciendo, por la ruptura de los ecosistemas, por las
alteraciones climáticas y la obstrucción de la recarga de los mantos
acuíferos. El agua es un bien común y pertenece a los pueblos. El
agua no es mercancía". La
marcha finalizó en el centro del puerto. Al retornar a la comunidad,
los participantes vieron que se había instalado un retén militar en
San Pedro Las Playas, sin embargo, los soldados no revisaron a los que
pasaban. Una
delegación de participantes en el encuentro hará entrega de la
declaración del Mapder durante la protesta que se realizará frente a
las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo en el Distrito
Federal, al mediodía de este lunes.
RECLAMAN AL GOBIERNO
QUERETANO 712 HECTÁREAS El
gobierno estatal fue notificado sobre la vigencia de un proceso jurídico
por la propiedad de 712 hectáreas ubicadas al sur de esta capital,
que reclaman los cinco hermanos Ordóñez Barrera desde la
administración del ex gobernador Enrique Burgos García. El inmueble
en litigio incluye al estadio La Corregidora, el Hospital de
Especialidades del Niño y la Mujer, las instalaciones del Sindicato
al Servicio de los Poderes del Estado, el Centro Cívico Municipal
-donde se ubican las oficinas del ayuntamiento capitalino-, un centro
comercial y siete conjuntos habitacionales. Durante sus gestiones,
Burgos García y su sucesor, Ignacio Loyola Vera, dieron por concluido
este proceso jurídico, al señalar que el gobierno de Querétaro es
legítimo propietario de los predios que reclama la familia Ordóñez
Barrera, y también en ese sentido se pronunció recientemente el
actual mandatario Francisco Garrido Patrón. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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