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OCHO COLUMNAS
Sector
agrario Cierre
del PROCEDE en Yucatán ...
Focos
Rojos
Campesinos
de dos poblados de la selva Lacandona reiteran que no se reubicarán ...
Tensión
y enfrentamientos, constantes en litigio por 198 hectáreas
mexiquenses ...
Desairan
autoridades a líderes de pueblos indígenas en Chihuahua ...
CIOAC:
Buscan la manera de exigir al gobernador la solución de problemas
agrarios ...
Prevalece
enfoque productivo del gasto para el campo ...
Organizaciones
campesinas A
desarrollo rural, menos de la décima parte del PEF ...
Prensa
Estatal DISTRITO FEDERAL Invaden
19 ha de zona protegida en Xochimilco ...
GUERRERO Edil
guerrerense donó tierras “indebidamente”: comuneros ...
MORELOS Estrada
Cajigal, demandado por decirse dueño de tierras ...
YUCATÁN Reserva
de Mérida, sin regularizar ...
Lo
relevante en Radio Ø
La Cámara de
Diputados entregó ya al Gobierno Federal, el decreto de presupuesto
para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ø
El
Presidente Vicente Fox contesta que no lo va a publicar, aunque
tampoco ha definido cómo va a impugnarlo. Ø
La
Secretaría de Salud federal pide extremar precauciones en esta
temporada. Ø
Los
servicios de seguridad británicos frustraron un atentado de Al Qaeda
planeada cometer en Londres. Ø
Creció
50 por ciento la inversión extranjera en México. Ø Recomienda Bátiz a ancianos extremar precauciones. Panorama
Político Si
no hay arreglo, Fox recurrirá a la Corte
(Milenio
Diario, Patricia Ruiz, p.4) El
Presidente Fox aseguró que no se trata de una provocación ni de
buscar “camorra” o un conflicto con los legisladores del PRI, PRD,
PVEM, PT y Convergencia. Envían
los diputados el decreto al Ejecutivo
(El
Universal, Jorge Teherán, p. A10) La
remisión, para reencauzar debate, informa Manlio Fabio Betrones. Proyecto
‘fantasma’ deja deuda millonaria a Quintana Roo
(El
Universal, David Alponte, principal) El
gobierno de Joaquín Hendricks ha solicitado desde 2001 créditos a la
banca por 535 millones de pesos para financiar un proyecto de inversión
que no ha prosperado. Proponen
penalistas despolitizar desafuero
(El
Universal, Carlos Avilés, principal) Sugieren
que jueces actúen como filtro y cuestionan papel de procuradurías. 315
mil mdd, tamaño de la economía informal
(Milenio
Diario, Mónica Pérez, principal) El
tamaño de la economía informal en México es de 315 mil millones de
dólares, equivalentes a siete veces el monto de las reservas
petroleras, a cuatro veces la deuda externa, casi la mitad del PIB y
19 veces el total de la inversión extranjera directa recibida en más
de 90 años. Asigna
Congreso a DF 3 mil millones extras.
(Reforma,
Claudia Guerrero, p.principal) Otorgan
diputados más recursos a Andrés Manuel de los que pidió Fox para la
capital. La
separación de poderes, mal entendida por los diputados: AN
(La Jornada, Elizabeth Velasco,
p.5) Total
y absoluto respaldo al Presidente. Avanza
entre los admirados
(Reforma,
Hugo de la Torre, p.1F) Carlos
Slim avanzó del lugar 26 al 24 entre los empresarios más respetados
del mundo y es el único mexicano en el listado de Financial Times y
Pricewaterhouse-Coopers. Abre
PRI promoción a los precandidatos
(Reforma,
Clara Ramírez, p. 2A) Afirma
coordinador de Asamblea tricolor que habrá equidad con aspirantes a
la Presidencia. Aprueban
a IFE ‘migajas’ para voto en el extranjero
(Reforma,
Guadalupe Irízar, p. 8A) Otorgan
diputados partida extra Modifican
leyes para indígenas en el Senado
(Reforma,
Claudia Salazar, p. 8A) El
Senado de la República reformará las leyes de Imprenta y Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para
ampliar los derechos, reconocidos en la Constitución, para los
pueblos y comunidades indígenas de México. Para
erradicar el analfabetismo se requieren $5 mil millones: INEA.
(La
Jornada, Laura Poy, p.15 Las
precarias condiciones económicas, entre los factores que causan el
problema. Opinión Fuero
y desafuero, a debate
Editorial
(El
Universal) La
protección legal que merece un servidor público, ya sea en su
calidad de legislador, por estar a cargo de un tribunal o bien por
desempeñar una función pública importante, se ha canalizado a través
de la figura del fuero constitucional. El
fuero establece inmunidad para evitar que se interrumpa la tarea que
desempeña un servidor público; es importante señalar que el fuero
es una prerrogativa del puesto y no de la persona. Protege el servicio
que requiere el gobernado. El desafuero se convierte así en un
procedimiento para que se pueda juzgar al individuo ante acusaciones
graves y bien fundadas en torno de faltas o delitos comunes, o bien
los cometidos en el ejercicio de sus funciones. Reafirma la idea de
que un estado de derecho no puede permitirse la impunidad para ningún
individuo. Con
esta salvaguarda se conjura la posibilidad de que el desafuero sea
usado como arma política por adversarios del servidor público, una
circunstancia que fue precisamente la que justificó la creación del
fuero constitucional. Ejecutivo
en desconcierto
José
Blanco, Articulo (La
Jornada) Al
escribir este artículo el desenlace sobre el affaire
Presupuesto 2005 estaba pendiente. Se trata de un tema mayor del
presente y el futuro de la vida social mexicana, que obliga a
acercarse a algunas de sus múltiples aristas. El
fuego cruzado, los reproches y los desencuentros entre la oposición y
el partido en el poder son expresión de la obsolescencia de
instituciones provenientes del Estado corporativo y de la falta de
reforma de las mismas. La creación de otras instituciones para el
nuevo contexto multipartidario, para el nuevo peso político del
Congreso, para lidiar con la configuración de gobiernos divididos, es
una necesidad una y otra vez pospuesta por los propios partidos políticos,
que parecieran sentirse en su elemento si pescan, como hoy hacen, en río
revuelto. Burritous
Julio
Hernández López, Astillero.
(La
Jornada) EL
SIMPATIQUISIMO COMEDIANTE de la diplomacia, Luigi Al Derbez, ha
establecido a los mexicanos nuevo menú migratorio: Taco Bell como
producto sustituto de las fiebres culinarias castañedas que soñaban
con enchiladas completas. Los chefs Vicente y Luis Ernesto aceptan que
no tienen ingredientes ni ingenio suficientes para sostener las
anteriores aspiraciones dietéticas propias y ceden la plaza a la
adulteración extranjera: nada de elaboraciones autóctonas sino
comida chatarra, mera falsificación oportunista de platillos
nacionales para engaño de migrantes desesperados y nostálgicos. Ni
chilaquiles ni totopos: su tacote campanudo si bien les va a los
paisanos que sostienen la economía de su patria quebrada (aunque
Alicio nos siga hablando de su personalísimo país de las
maravillas). Burritos nos salieron (es decir, los alimentos sugeridos,
no los funcionarios declarantes) en la lotería de falsas esperanzas
con que Bush pretende mantener ocupados a los foxímatas decadentes.
¡Taco Bell... qué poca... imaginación gastronómica de estos prófugos
del Cerro de las Campanas! Enredando
el presupuesto
Katia
D’Artigues, Campos Elíseos.
(El
Universal) "No
es buscar camorra con nadie", eso fue lo que dijo el presidente
Fox con respecto a que haya decidido impugnar "jurídicamente"
el Presupuesto de Egresos para el próximo año. Ahora,
¿impugnar cómo? Pues todavía no lo saben en Presidencia. Hay dos
caminos: o vetar (para lo cual tendrían 10 días y se someterían al
arbitraje de la misma Cámara de Diputados) o una controversia
constitucional, ante la cual tendrían que inconformarse ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante
su gira por Ecuador, Fox dice que estas cosas del Presupuesto no lo
hacen estar molesto. Mmm.
Entonces, ¿cómo explicarnos la actitud que tuvo el jueves por la
noche en su mensaje por cadena nacional? ¿La cara constante hacia
Manlio Fabio Beltrones en el desfile del 20 de noviembre? ¿Será que
sólo había amanecido de malas algo que no se le niega a nadie? En
fin, quizá fuimos el ciento de miles de televidentes los que no vimos
bien. Por
lo pronto, Daniel Cabeza de Vaca, asesor jurídico de la Presidencia
de la República, dijo que en Los Pinos se sigue analizando la situación,
por lo cual se descarta, por lo pronto, su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, lo que lo haría oficial. Insiste
Fox en impugnar el Presupuesto y habla de “diálogo”
Francisco Cárdenas Cruz, Pulso
Político. (El
Universal) Los
diputados del bloque opositor que reasignaron recursos y aprobaron un
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo
distinto al que originalmente recibieron del Ejecutivo Federal,
reiteraron ayer que no le harán ninguna modificación, al tiempo que
el presidente Vicente Fox insistió desde Quito, Ecuador, que una vez
que lo reciba y lo revise hará las "observaciones" que
juzgue pertinente y lo impugnará por una vía jurídica que aún no
determina cuál será, lo que revela que ni unos ni otro parecen
dispuestos a ceder en las radicales posiciones que han asumido y que
los ha llevado a una confrontación, a pesar de la negativa
presidencial que así sea o que la actitud de los legisladores le haya
causado enojo o molestia, como quedó evidente la noche del jueves
pasado cuando dirigió un mensaje a la nación para expresar su
inconformidad. Después
de haber acusado a los diputados de PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia
de pretender sustituir el presidencialismo autoritario del pasado por
un "parlamentarismo irreflexivo", de calificarlos de haber
llegado a "una irresponsabilidad que el Presidente no puede y no
debe admitir" y de acusarlos de bloquear sus iniciativas con un
rechazo sistemático a sus iniciativas, en una conferencia de prensa
que ofreció en la capital ecuatoriana tras una visita de Estado, salió
con que "aquí nadie tiene que enojarse, nadie tiene que utilizar
adjetivos personales sic, nadie tiene que hacer calificativos
negativos resic" y que "lo que tenemos que discutir son los
hechos del Presupuesto" para lo cual, dijo, "estamos
pidiendo únicamente diálogo democrático", y advirtió que si
no llegan a ningún acuerdo entre las partes, recurrirán a un
arbitraje constitucional porque "para eso está la Suprema Corte
de Justicia, para dirimir diferencias que se dan entre un Poder y
otro". Cartones
Cierre
del PROCEDE en Yucatán. (La
Jornada, Inserción, p. 44). ·
Yucatán es la quinta entidad del país
que levanta la bandera blanca en materia de certificación. ·
Durante la operación del PROCEDE en
poco más de once años, se expidieron 142 mil 874 documentos
agrarios. ·
Se beneficiaron a 104 mil 77 familias
campesinas, que se incorporaron libre, voluntaria y gratuitamente a
este programa. ·
Los trabajos del PROCEDE permitieron
la certificación de un millón 958 mil 551 hectáreas de propiedad
social (85%). Focos
Rojos Comuneros
de tres localidades de Acatepec acusaron ayer al alcalde Raymundo García
Gutiérrez y al comisariado de Bienes Comunales, José Emilio Elidia,
de “vender” “de manera arbitraria e ilegal” 300 hectáreas a
comuneros de Atlixtac. En
conferencia de prensa, el representante de los comuneros de El
Chirimoyo, Alfredo Candía Espinoza, indicó que los comuneros
recibieron un documento en el cual les informaban que el alcalde de
Acatepec “estaba vendiendo al de Atlixtac –Raúl Aguilar Ortega–
300 hectáreas que nos pertenecen”. Acompañado
de los afectados, Candía Espinoza explicó que el documento, firmado
por las dos autoridades municipales, está fechado el 30 de octubre,
“pero sin el consentimiento de nosotros, nunca fuimos consultados,
el alcalde no convocó a una asamblea de comuneros”. Candía
Espinoza aseguró que por la decisión “arbitraria” del alcalde
son afectados mil 200 comuneros de El Chirimoyo y Lomatuza, “a ellos
les pertenecen esas 300 hectáreas que entregaron a los de
Teocuitlapa”, municipio de Atlixtac. Por
la venta “ilegal” de sus tierras, indicó que el sábado los
comuneros se reunieron en una asamblea general “y ahí todos, los
mil 200, rechazaron ese acuerdo que firmó Raymundo García”. Allí
–dijo– los comuneros inconformes acordaron pedir al gobierno del
estado, así como a la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, “que
intervengan para que esto se solucione de manera pacífica y el
acuerdo firmado no tenga validez”. Refirió
que ayer entregaron oficios a las dependencias encargadas de los
asuntos agrarios, así como a las delegaciones federales de la Secretaría
de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria “para que quede
constancia de que queremos una solución pacífica, de no ser así
puede haber un enfrentamiento como ocurrió en 1965 y hubo muertos”. Agregó
que para los comuneros “es urgente” que las autoridades estatales
y federales les “restituyan” sus tierras, porque los comuneros de
Atlixtac toman posesión “y las usan para pastorear su ganado, además
de que recogen nuestra cosecha y eso ha generado un descontento”. Campesinos
de dos poblados de la selva Lacandona reiteran que no se reubicarán.
(La
Jornada, Ángeles Mariscal, p. 35). Tuxtla
Gutierrez, Chis., 22 de noviembre. Campesinos
de los poblados 20 de Noviembre y Nuevo México, ubicados en los
terrenos que conforman los Bienes Comunales de la Comunidad Lacandona,
determinaron no reubicarse y solicitar la expropiación de las tierras
que tienen en posesión desde 1995. El
pasado 2 de noviembre los campesinos de los dos poblados que forman
parte de los núcleos agrarios que las autoridades proyectan reubicar,
rompieron relaciones con la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
y denunciaron irregularidades en el proceso de compra de terrenos, en
particular de lo que será el poblado 11 de Julio, ubicado en
Palenque. El
pasado día 18 sostuvieron una nueva reunión con los representantes
de la dependencia, a quienes reiteraron que no se van a reubicar, sino
que buscarán la legalización de la tierra donde actualmente se
encuentran asentados. En
las actas de asamblea levantadas luego de las reuniones sostenidas
entre los pobladores y funcionarios de los gobiernos estatal y
federal, se establece "que su posición no es reubicarse sino
quedarse con sus actuales propiedades (...) solicitan al sector
agrario copias certificadas de sus escrituras, plano y acta de entrega
de sus tierras". Los
campesinos aseguran que el representante de la SRA, Juan Miguel Deras
Maldonado, les entregó en 1995 los títulos de propiedad respectivos,
de acuerdo con el programa de fideicomisos que se estableció en favor
de los campesinos sin tierra. Sin
embargo, este año la misma dependencia determinó que los títulos de
propiedad de los dos poblados, y otros más que suman unas 34 mil hectáreas,
eran inválidos debido a que se encuentran dentro de los bienes
comunales de la Comunidad Lacandona, y que por error de
administraciones anteriores no habían sido registradas, por lo que se
siguió considerando hasta hace pocos meses como pequeñas propiedades
que ahora se pretende regularizar y entregar a sus "legítimos
propietarios". Los
pobladores de Nuevo México y 20 de Noviembre demandan ahora a las
autoridades que los millonarios recursos que iban a destinar para
reubicarlos y comprarles nuevas tierras, les sean ofrecidos a la
comunidad lacandona como indemnización para la expropiación que
pudiera hacerse en su favor. Pagaron
$10 mil por cada hectárea que vale $7 mil
Por
su parte, el secretario de Desarrollo Económico del gobierno de
Chiapas, Roger Grajales, reconoció que vendió al mismo gobierno
estatal 35 hectáreas, de un total de 200, que ofreció para que los
reubicados de la selva Lacandona las adquieran. En
las terrenos en cuestión, el Instituto de la Vivienda se encuentra
construyendo unas 200 casas de lo que será el poblado 11 de Julio. Fuentes
extraoficiales señalaron que el pagó que recibió el funcionario por
las 35 hectáreas fue de entre 350 mil y 400 mil pesos; es decir, se
le entregaron en promedio 10 mil pesos por cada hectárea, cuando el
precio de avalúo no pasa de los 7 mil pesos. Tensión
y enfrentamientos, constantes en litigio por 198 hectáreas
mexiquenses.
(La Jornada, Javier Cesáreo, p. 36) Acolman,
Mex., 22 de noviembre. La disputa por la
posesión de 198 hectáreas de tierra en el poblado San Pedro Tepetitlán,
de este municipio, mantiene en constante tensión y confrontación a
sus habitantes. El
poblado se ha divido en dos partes, donde padres, hijos, tíos, cuñados
y demás familiares se han enfrentado físicamente. Dos
grupos de comuneros se mantienen en pugna: los del denominado Ejido 21
de Agosto -compuesto por 46 integrantes-, a quienes el Tribunal
Unitario Agrario (TUA) concedió legalmente la posesión de los
terrenos, y los de San Pedro -integrado por unos 45 ejidatarios-, que
reclaman las tierras y pretenden adueñarse de ellas. El
Congreso Agrario Permanente (CAP) se pronunció en favor del grupo 21
de Agosto, y denunció públicamente que el gobernador mexiquense,
Arturo Montiel Rojas, es el responsable de la problemática y el
ambiente que se viven en la comunidad, toda vez que se ha negado a
intervenir. El
conflicto se remonta al 21 de abril de 1998. Ese día, el magistrado
del TUA, Ricardo García concedió la posesión legal de las 198 hectáreas
al grupo de 46 ejidatarios, encabezados por Luis García Rincón,
Julio Carrión Velásquez y Ángel Juárez. El
grupo fue denominado 21 de Agosto, cuyo registro fue reconocido este año
por el Registro Agrario Nacional. La
dotación de las hectáreas constituía una ampliación para el ejido
de San Pedro Tepetitlán, y comprende el casco de la ex hacienda de
San Antonio, el cerro De la Cruz, una zona de cultivo y el predio La
Huerta. Ante
ese fallo, el grupo de comuneros de San Pedro, encabezados por
Bernardo Alvarez, Agustín Juárez y Salomón Cortés, se inconformó,
y argumentó que funcionarios agrarios se "prestaron" para
ceder las tierras, presuntamente a cambio de un beneficio personal, y
que fue ilegal que le hubiera cedido a un grupo que no contaba con
representatividad entre el pueblo. A
partir de ahí, los enfrentamientos entre ambos bandos ha sido la
constante. Julio
Carrión Velásquez, ejidatario del 21 de Agosto, denunció que el
grupo de San Pedro ha desatado en el pueblo acciones violentas en su
contra, las que han sido instrumentadas -dijo- por gente que moviliza
Axel García, ex fiscal especial de la Procuraduría de Justicia
mexiquense contra fraccionadores clandestinos. "Las
autoridades han dejado crecer el conflicto. Hay intereses políticos y
económicos detrás de las agresiones de los de San Pedro. Nosotros
(el ejido 21 de Agosto) fuimos reconocidos y tenemos legalmente las
hectáreas", aseveró. El
pasado 14 de noviembre se suscitó un enfrentamiento entre ambos
bandos. "Durante más de 12 horas, la familia de uno de nuestros
compañeros -integrante del 21 de Agosto- fue retenida y rodeada en su
domicilio, arrojándoles petardos, usando armas de fuego, prendiéndole
fuego a las puertas y amenazándolos con lincharlos, pero la policía
se negó a intervenir", dijo Carrión Velásquez. En
respuesta, el grupo de comuneros de San Pedro afirma que ellos fueron
los agredidos, por lo que el día 15 bloquearon por varias horas la
circulación de la autopista México-Pirámides, así como la
carretera libre México-Tepexpan, para presionar a las autoridades a
darles una respuesta sobre la restitución de las hectáreas. Desairan
autoridades a líderes de pueblos indígenas en Chihuahua.
(El
Sol de México, Heriberto Barrientos, p.3B). CHIHUAHUA,
Chih. (OEM).- Un total de 150 gobernadores y representantes indígenas
que con dificultades llegaron de la sierra para asistir ayer al
"Congreso Estatal de los Pueblos Indígenas" celebrado en
esta capital, fueron nuevamente Ôdesairados´ por los titulares de áreas
estatales y federales, quienes se limitaron a enviar representantes
como de costumbre para "atender" sus demandas. "Si
no vienen aquí... usted cree que van a ir a la sierra a ver cómo están
las cosas", expresaron algunos gobernadores, ante la falta de
interés de los encargados de las dependencias, por emprender acciones
específicas para atender graves problemas como: marginación,
problemas agrarios, de tala clandestina, insuficiencia de proyectos
productivos, empleos, narcotráfico, y respeto a las autoridades étnicas.
Al
evento no asistieron la vocal de la Coordinadora Estatal de la
Tarahumara, Eloisa Robledo Guerrero; tampoco la delegada del
desaparecido Instituto Nacional Indigenista, Guillermina Báez, ni el
titular de la Secretaria de la Reforma Agraria en Chihuahua. El
presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso,
Humberto Pérez Rodríguez, no asistió, al igual que el diputado de
Guachochí, Alberto Amalio Espino y el diputado Antonio Comadurán
Amaya, éste último presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.
Todos ellos fueron previamente invitados. El
presidente del Consejo Indígena de Chihuahua A.C., Gustavo Fierro
Ruiz lamentó que no haya un interés real por sacar adelante a los
grupos más marginados, cuyos problemas son focalizados y de los más
variados. Este
evento se desarrolla desde ayer en la Casa del Campesino, y a partir
de las nueve de la mañana se instalaron mesas de trabajo, en el que
participaron gobernadores y autoridades de las etnias raramuris,
odami, macurawa y onoba. Bajo
los temas de proyectos productivos, problemas agrarios, de educación,
ejidales, forestales, de política indígena entre otros, se
instalaron mesas de trabajo. El
presidente del consejo informó que los indígenas empezaron a llegar
desde un día antes, el domingo por la tarde a la capital y sorteando
todo tipo de dificultades como trasladarse desde comunidades remotas y
lejanas, cumplieron con la asistencia mínima requerida. En
el presidium estuvieron los representantes de Sagarpa, Hermelando Sánchez,
por Desarrollo Rural de gobierno del estado Pedro Efrén "el güero"
Montes, por la coordinadora estatal de la Tarahumara asistió el
representante Gilberto González. Por
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
asistió el representante Arturo Martínez, por la Secretaria de la
Reforma Agraria el representante Cuauhtémoc Estrada. CIOAC:
Buscan la manera de exigir al gobernador la solución de problemas
agrarios.
(Cuarto Poder, Carolina Leyva, p. web). La
Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (Cioac)
exigió a la Secretaría de la Reforma Agraria el cumplimiento
de la demandas de tierras de 86 grupos de militantes de la organización. Y
es que el secretario general de la Cioac en el estado, Juan Pérez Pérez,
informó que los problemas agrarios son la preocupación más grande
de la Central, "por lo que queremos informar a las autoridades
agrarias y a la delegada especial de la SRA, Martha Cecilia García
Gordillo, sobre el problema de la demanda de tierras", dijo. Asimismo,
Pérez Pérez informó que como Central están buscando la manera de
exigir a las autoridades correspondientes y directamente al propio
gobernador del estado Pablo Salazar Mendiguchía, la respuesta de las
demandas de tierra de los militantes cioacistas. "En
la llegada de Salazar al gobierno nosotros fuimos parte de la
organización para que fuera gobernador, por lo que sentimos que
tenemos una autoridad moral para exigir que se cumpla esta demanda de
los militantes de la Cioac", dijo. Por
otra parte, sobre la marcha que se realizó en la región de Jitotol
con la finalidad de exigir el castigo de los asesinos del cioacista
Quintín De la Cruz De la Cruz, el secretario general de la organización
dijo "queremos que realmente apliquen la ley para que sean
castigados los asesinos materiales e intelectuales de este compañero,
lo cual estamos exigiendo como Cioac y como comité". Y agregó
"porque no es posible que si permitimos esto el día de mañana
sean asesinados otros compañeros". Y
es que el pasado 1 de octubre del presente año, Quintín De la Cruz
De la Cruz fue asesinado. Según fuentes oficiales de la Cioac, los
responsables son los trabajadores a sueldo de la diputada federal María
Elena Orantes López, también hermana de presidente electo. Asimismo,
informó que la Central Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos están planeando propuestas de movimiento en las regiones
como dirigencia estatal. "Estamos discutiendo", dijo. Prevalece
enfoque productivo del gasto para el campo. (El
Financiero, Lourdes Edith Rudiño, p. 24). El
presupuesto 2005, aprobado por el Congreso para el Programa Especial
Concurrente (PEC) del medio rural, suma 146 mil 200 millones de pesos,
arriba de los 125 mil millones que proponía el Ejecutivo, y muestra
una preferencia en su orientación a lo productivo respecto a lo
asistencial. El
presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados,
el priista Cruz López Aguilar, señaló que los legisladores
decidieron ubicar 52 por ciento del presupuesto del PEC en programas
de infraestructura, de impulso a la productividad agrícola, a la
generación de empleos, a la creación de caminos y al desarrollo
sustentable, y un 48 por ciento se dejó para la parte social, de
apoyos no productivos, para combatir la pobreza. El
PEC implica los programas que inciden en el medio rural manejados por
varias secretarías de Estado (Agricultura, Reforma Agraria,
Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, Hacienda, Salud,
Economía y Educación). La
propuesta del Ejecutivo, de 125 mil millones para el PEC en 2005, era
ya superior en cinco mil millones a lo autorizado por el Congreso para
2004. "En
esencia venía superior, pero no nos gustó la distribución que traía,
de 54 por ciento de los recursos destinados a los programas sociales y
46 por ciento para lo productivo. Hicimos una recomposición muy
responsable. Y sí hubo una negociación en las comisiones unidas del
sector rural. Podría asegurar que hay consenso en este presupuesto,
incluidos los diputados del Partido Acción Nacional." Cruz
López consideró que el Ejecutivo es muy injusto al no reconocer que
los ajustes al PEC 2005 se hicieron sin afectar los dos programas
principales de la política social del presidente Vicente Fox. "Los
grupos parlamentarios del PRI y del PRD decidimos no tocar
Oportunidades en su estrategia Contigo ni el Seguro Popular. No es
cierto que los hayamos afectado, a pesar de que traían, por propuesta
del Ejecutivo, incrementos muy fuertes respecto a 2004". Oportunidades
pasa de 17 mil millones a 28 mil millones de pesos y el Seguro Popular
de mil 280 millones a 4 mil 650 millones. Competitividad En
particular, el presupuesto de la Secretaría de Agricultura fue
elevado por el Congreso de 37 mil 140 millones 891 mil pesos a más de
48 mil millones de pesos. "Los
aumentos se enfocaron a fortalecer los recursos para competitividad de
las ramas, los apoyos a la comercialización y la Alianza para el
Campo (Alianza Contigo) "Y
sobre todo se fortalecieron los rubros de aquellos productos que van a
salir afectados en 2008 (por la apertura total del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte), debido a la desaparición de cupos
(como es maíz y frijol) y otras ramas que tienen muchos problemas,
como es el propio frijol, la leche, el agave. Son ramas con un
desorden terrible del mercado, y donde se están sembrando áreas muy
alejadas de las idóneas." El
diputado insistió en que los ajustes a todo el PEC fueron negociados
con los diputados de todas las fracciones, incluida la panista en las
comisiones unidas del sector rural. "Los
panistas platicaron con su coordinador Francisco Barrio y le dijeron
que estaban de acuerdo con esto". Cabe
señalar que la Secretaría de Agricultura descalificó el presupuesto
que le aprobaron los diputados. "Es
rígido, clientelar y etiquetado"; limita al Ejecutivo en su
responsabilidad de resolver contingencias propias del campo, y frena
las tareas de organización productiva y de inversión. La
dependencia destacó que el presupuesto autorizado para la Sagarpa
muestra una incongruencia de origen: según el Anexo 1, a la secretaría
se le asignaron 48 mil 396 millones 81 mil 880 pesos. Sin embargo, según
el Anexo 17 resulta que el recurso es de 48 mil 862 millones 630 mil
pesos. Además
el Congreso decidió reducir el gasto operativo, lo que implica
comprometer la operación regular de los programas existentes, su
seguimiento y control, así como la atención a los nuevos programas
que fueron autorizados por los legisladores, señaló la Sagarpa. A
desarrollo rural, menos de la décima parte del PEF.
(La
Jornada, Matilde Pérez U, p.7) Menos
de la décima parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
para el campo se destina al desarrollo rural; la mayoría de los
recursos son para sostener una política asistencialista, que no hace
daño a los campesinos, pero tampoco los ayuda para reactivar las
ramas de producción, dijo el coordinador del Congreso Agrario
Permanente (CAP), Margarito Montes Parra. Para
el también dirigente de la Unión General Obrero Campesina Popular
(UGOCP), la discusión entre el presidente Vicente Fox y los diputados
de las fracciones parlamentarias de PRI, PRD, PT, PVEM y Convergencia
''es por los ricos, por los banqueros, en un contexto de recomposición
con miras al proceso político electoral de 2006''. Respecto
al presupuesto para el campo, Montes Parra asentó que la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) carece de un programa de desarrollo adecuado; tiene 78
programas dispersos, muchos compromisos, grupos de privilegiados y
fondos de contingencia para repartir a quienes protestan, y se niega a
discutir un plan para reactivar el agro. En
el marco del 18 aniversario de la UGOCP, Montes Parra expuso que el país
requiere una nueva política agraria y agropecuaria, y las
organizaciones campesinas deben cambiar y tener nuevos programas de
reivindicación. ''El movimiento campesino está debilitado y
confundido.'' Pero también los partidos políticos y los gobernantes
tienen que revalorar el ''peso real de la sociedad rural, porque el
campo sí tiene potencial, pero necesita generación de empleos, que
se le deje de regatear un mayor flujo de recursos y romper la
mentalidad de que las ciudades y el desarrollo industrial requieren más
fondos que el campo''. Aseguró
que la UGOCP está en un proceso de cambio, impulsando nuevos
liderazgos entre sus 300 mil afiliados, localizados en 13 estados. Su
objetivo es tener presencia en todo el territorio nacional y llegar a
un millón de afiliados. Dentro de las propuestas inmediatas apuntó
que está la creación de un sistema de abasto rural popular. La
intención, dijo Montes Parra, es generar una red básica de abasto
ordenada a partir de 100 mil despensas semanales y ofertarlas a 150
pesos cada una; lo novedoso es que además de incluir granos básicos,
productos del mar, aceite, pastas, sal, papel sanitario, azúcar, café
y puré de tomate, contendrá carne de res y cerdo, productos avícolas
y embutidos. El proyecto contempla un mínimo de mil despensas por
distribuidor regional o municipal, concluyó Montes Parra. DISTRITO FEDERAL Invaden
19 ha de zona protegida en Xochimilco.
(El
Universal, Angélica Simón, p. C.2) El
representante legal de los pequeños propietarios chinamperos de
Xochimilco, Miguel Ángel Elizalde, denunció la invasión de cerca de
19 hectáreas del área protegida denominada Ejidos de Xochimilco, en
San Gregorio Atlapulco. De
2000 a la fecha, señaló, se han construido cerca de 665 viviendas
ante la complacencia de las autoridades delegacionales, quienes a
pesar de contar con dictámenes de la Secretaría de Medio Ambiente
(SMA) que reconocen la afectación, así como una recomendaciones de
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), no
han rescatado los terrenos para iniciar la recuperación ambiental. Al
respecto el titular de la demarcación, Faustino Soto, se declaró
incompetente para recuperar los predios. Acotó,
en una entrevista con EL UNIVERSAL que dentro de sus facultades únicamente
está el clausurar cualquier actividad que se realice en esos sitios
distinta a la asignada de acuerdo con el programa de uso de suelo; no
obstante, la recuperación física de las chinampas se debe hacer con
un juicio civil. De
acuerdo con un dictamen técnico de la Comisión de Recursos Naturales
(Corena) los daños al medio ambiente por el relleno de canales y el
relleno de chinampas con cascajo asciende a 52 millones de pesos. Más
allá de lo económico, con la invasión de estas tierras la afectación
ecológica se extiende a 93 hectáreas, señala. Es
urgente la recuperación de la zona, donde ya hay cientos de obras,
dijo, porque con cinco años de permanencia, se les podrían conceder
los predios por "derechos adquiridos". Edil
guerrerense donó tierras “indebidamente”: comuneros. (La
Jornada, Jesús Saavedra Lezama, p. 36). Chilpancingo,
Gro., 22 de noviembre.
Unos 200 comuneros del municipio de Acatepec acusaron al edil
perredista Raymundo García Gutiérrez de haber donado, "de forma
indebida", 300 hectáreas de terrenos de cultivo a campesinos de
la comunidad de Atlixtac, situación que, advirtieron, podría derivar
en un enfrentamiento. Molestos, los campesinos de Acatepec explicaron
que el pasado 30 de septiembre el alcalde hizo la entrega por medio de
un convenio de delimitación de tierras con su homólogo priísta de
Atilxtac, Raúl Aguilar Ortega. Alfonso Candia, representante de
bienes comunales de Acatepec, denunció que antes de haber donado los
terrenos, el edil perredista tenía que haber convocado una asamblea
para que fuera ésta la que decidiera. Dijo que para comprobar que las
tierras pertenecen a los habitantes de Acatepec tiene en su poder
copia de una resolución presidencial, en la que se establece la
delimitación de las mismas. Estrada
Cajigal, demandado por decirse dueño de tierras. (Milenio
Diario, Leticia Isidro, p. 20). El
núcleos agrario de San Agustín Tetlama, del municipio de Temixco,
demandó al gobernador Sergio Estrada Cajigal y al ex secretario de
gobierno, Eduardo Becerra Pérez, por haberse ostentado como
propietarios de 22 mil metros cuadrados, en donde se ubica el
aeropuerto Mariano Matamoros. La
demandan, radicada en el Tribunal Unitario del XVIII Distrito,
solicita el pago de una indemnización de 400 mil pesos por cada uno
de los ejidatarios afectados, y toda vez que no han sido indemnizados
desde 1986, en que se expropiaron sus tierras, el pago de 100 pesos
por metro cuadrado. Reserva
de Mérida, sin regularizar.
(Tribuna de Campeche, Nota Informativa, p. web). La
Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (Cousey)
reportó que las 200 hectáreas que conforman las reservas
territoriales de Mérida continúan sin regularizarse, además de
estar invadidas por cientos de familias. El
director de la dependencia estatal, José Guzmán Alcocer, informó
que el próximo año trabajarán para regularizar esas 200 hectáreas,
principalmente en la zona Sur de la ciudad, donde se encuentran las
colonias La Guadalupana, Cinco Colonias y Emiliano Zapata Sur. "Tenemos
reportes de 200 hectáreas invadidas por cientos de familias en el
municipio, pero en 2005 se iniciarán los trabajos para poner en orden
esa situación, sobre todo por los problemas que representan los
invasores para el crecimiento ordenado de la ciudad", expresó. Entre
los principales problemas, señaló que los invasores construyen sus
predios sin respetar los límites asignados para las vialidades ni los
trazos urbanos. Además,
los invasores de los predios de la Cousey presentan gran resistencia
para abandonarlos o arreglar su situación ante las autoridades,
"porque creen que los terrenos son suyos y nuestro trabajo es
hacerlos entender que pertenecen al Estado, y por eso ya comenzamos
las negociaciones para que al menos paguen la parte que ocupan a
precios razonables". CENSO
Entre
los primeros trabajos para regularizar la situación de las familias,
indicó, se efectuará un censo para conocer cuáles son los niveles
socioeconómicos y cobrarles precios razonables y puedan adquirir las
tierras hasta por 13 pesos el metro cuadrado. También,
anunció que en 2005 la dependencia estatal trabajará para conseguir
al menos nueve u 11 hectáreas más en el Sur de la ciudad, para
empezar a atender las demandas de vivienda. En
el caso de las reservas territoriales estatales, destacó que quedan
muy pocas en Peto y Tizimín, cuyo utilización será para crear áreas
comerciales o industriales, en cambio, para la construcción de
viviendas, la Cousey adquirió 100 hectáreas en Valladolid. Asimismo,
dijo que en la entidad el 70 por ciento de los terrenos todavía son
ejidales.
DEBATE
MIGRATORIO
Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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El
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Rocha
