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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “PARAJE
SAN JUAN: EL DESCARO”...
“ASTILLERO”...
“CIUDAD PERDIDA”...
“PULSO
POLÍTICO”...
“CAMPOS
ELÍSEOS”...
“BAJO RESERVA”...
“LA TORRE DE BABEL”...
SECTOR
AGRARIO PERTENECE A LA NACIÓN
EL PARAJE SAN JUAN...
“SE EVITÓ UNA
INJUSTICIA”...
NI SRA NI DDF
DOCUMENTARON EN SU YTIEMPO LA PROPIEDAD DEL PREDIO PARAJE SAN JUAN...
LA RESOLUCIÓN DEBE SER
INVALIDADA, AFIRMA LA ABOGADA DE ARCIPRESTE...
PIDEN PERREDISTAS
SANCIONAR A JUECES DEL CASO PARAJE SAN JUAN...
EL CASO PARAJE SAN JUAN
PRUEBA LA BUENA FE DEL GOBIERNO FEDERAL: CREEL...
QUITAN AL GDF LÍO DE
PARAJE SAN JUAN...
PROPONE PEDIR DATOS A
LA SRA DE EL ENCINO...
FRECUENTES CASOS DE
DESACATO...
EL GDF NO DEBE PAGAR
POR PARAJE SAN JUAN...
SECTOR
AGROPECUARIO INSTALAN CAMPESINOS
PLANTÓN INDEFINIDO ANTE LA SAGARPA...
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS DEMANDAN PROTEGER A
CAMPESINOS...
ESTADOS CHIAPAS CHOCAN LA CNDH Y SU
SIMILAR CHIAPANECA POR UN CASO DE LABRIEGOS...
ESTADO
DE MÉXICO SACAN ‘BANDERA’
BLANCA EN XALATLACO...
SE REUNIRÁN COMUNEROS
DE XALATLACO Y EL AJUSCO...
VERACRUZ REABREN EN VERACRUZ
CASO DE DOS CAMPESINOS ASESINADOS TRAS UN DESALOJO...
“PARAJE
SAN JUAN: EL DESCARO” No
es fácil comprender el "descubrimiento" anunciado ayer por
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) de que el Paraje San Juan
es propiedad de la nación. Si el Ejecutivo federal dejó pasar los
primeros tres años y seis meses de su sexenio antes de caer en la
cuenta de ese dato y dejó correr, mientras tanto, procesos legales
viciados e irregulares que habrían podido culminar con un daño por más
de mil 800 millones de pesos al erario público, o bien con una
destitución aberrante e injusta del jefe del gobierno capitalino,
quien se negó siempre a pagar esa suma, tal omisión sólo puede
entenderse como resultado de una ineficiencia y un descontrol
monumentales y exasperantes, o bien como un indicio más de la mala fe
con que actúa el foxismo contra el titular del gobierno capitalino,
Andrés Manuel López Obrador, actitud que el secretario de Gobernación,
Santiago Creel, se empeñó ayer en negar, pero que a los miembros del
actual gabinete se les asoma por todas partes. Como
quiera, el hecho es que el "descubrimiento" de la SRA pone
de manifiesto que la decisión de López Obrador de no pagar la
multimillonaria indemnización que un grupo de vivales pretendía
obtener por mecanismos fraudulentos fue justa y correcta en todo
momento, y que las mafias de la especulación inmobiliaria -en la
capital, y acaso también en resto del país- disponen de poderosos
protectores: la ineptitud, la mezquindad política o la complicidad
del Poder Ejecutivo, o las tres cosas juntas; la venalidad de
dependencias del Poder Judicial que emiten fallos con base en
documentos falsos y derechos de propiedad inexistentes, y los grupos
de coyotes que litigan con
el propósito de ordeñar, a costa de lo que sea, las arcas del
Estado. Independientemente
de esas dudas, el "hallazgo" de la SRA no parece manifestar
la "cooperación del gobierno del presidente Vicente Fox con el
Gobierno del Distrito Federal" -Santiago Creel dixit-
sino, más bien, la desesperación y el empantanamiento del gabinete
foxista, más enredado que nunca en lo que se percibe como una
conspiración para destruir mediática, política y jurídicamente al
titular del Ejecutivo capitalino. La "cooperación" que pudo
verse ayer ocurrió, en cambio, entre dos legisladores priístas y uno
panista, los tres integrantes de la sección instructora de la Cámara
de Diputados, que votaron por iniciar el aberrante juicio de
procedencia contra López Obrador por el caso de El Encino, muy
similar al del Paraje San Juan. “ASTILLERO” Paraje
San Juan, paliativo de desafuero
El
pescador ganancioso con los ríos revueltos del foxismo está siendo
Roberto Madrazo. El tiene en sus manos la definición del curso formal
que seguirá el proceso contra Andrés Manuel López Obrador. Policía
bueno Y policía malo: el mismo día en que se ha echado a andar la
maquinaria que podría desaforarlo, el tabasqueño bajo guillotina
recibió la noticia de que el foxismo le ayudaba a resolver cuando
menos uno de sus problemas, el del Paraje San Juan, que ahora es
reivindicado por el gobierno federal como propiedad de la nación, lo
que evitaría al Amigo Andrés Manuel pagar mil 800 millones de dólares
y le daría una especie de triunfo en su cruzada contra lo que él
siempre entendió como fraude pero ahora fue posible demostrar gracias
a las habilidades de biblioteconomía (casi de librero de viejo) del
secretario de la Reforma Agraria, el ex priísta Florencio Salazar
Adame (quien con este lance podía ganar los bonos suficientes para
ser candidato a gobernador de Guerrero, en nombre del PAN), que, ¡oh,
sorpresa!, mientras acomodaba dos que tres papeles en el universo de
los expedientes burocráticos de la farsa agrarista eterna, se topó
con la factura del automóvil que todo mundo peleaba como propio. El
secretario de hibernación, S. C., de inmediato acomodó los hechos a
su conveniencia, y dijo que la difusión de esos documentos clave en
el caso del Paraje San Juan demuestra que el federal es un gobierno
que actúa "de buena fe" al informar de los resultados de
una búsqueda pedida por la administración capitalina, aunque el
mencionado Florencio Salazar aclararía que no había existido tal
peje petición. “CIUDAD
PERDIDA” El
oportunismo de Creel PARA
QUE a nadie le queden dudas, Santiago Creel, el oportunista secretario
inoportuno, avisó ayer por la mañana que en el caso del Paraje San
Juan no hubo dolo ni mala fe en contra del Gobierno del Distrito
Federal y se actuó de "buena voluntad", como si la aplicación
de la ley fuera cuestión de voluntades. Y
ES que parece que todo está mal en eso de la administración de la
justicia. Derivado de investigaciones de la Secretaría de la Reforma
Agraria, ayer supimos que los terrenos del Paraje San Juan pertenecen
al gobierno y, por lo tanto, se trató de hacer un fraude en contra de
los pobladores de esta ciudad y sus autoridades. LO
INCOMPRENSIBLE es que los jueces, sin mayor duda, trataron de
favorecer a quienes pretendieron burlar la ley. Lo malo de esto es que
las huestes de Fox seguramente buscarán quemar con leña verde a
Florencio Salazar, titular de la SRA. ¡Viva la democracia! “PULSO
POLÍTICO” De
esto y de aquello... Como
para atenuar el inicio del juicio de procedencia para el desafuero de
Andrés Manuel López Obrador por desacatar una resolución judicial,
que ayer aprobaron los dos diputados del PRI y uno del PAN que hacen
mayoría en la Sección Instructora de la Cámara Baja, el gobierno
federal salió ayer con que el Predio San Juan, "expropiado"
por el GDF en Iztapalapa, es de su única y exclusiva propiedad... Con
ese anuncio hecho por el secretario de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar Adame, el gobierno capitalino no tendrá ya que pagar los mil
810 millones de pesos de "indemnización" que le exigiera
Enrique Arcipreste del Ábrego, hoy preso en el Reclusorio Norte,
acusado de falsificar la escritura del predio en disputa para cometer
un fraude... El anuncio del titular de la SRA motivó las más
encontradas reacciones que fueron, desde que fue "un
obsequio" del gobierno federal a López Obrador; una demostración
"de buena fe" y de "respeto a la legalidad", hasta
que fue una "estrategia" en víspera del inicio de la Cumbre
de Guadalajara... Lo que no se explicó de manera convincente es por
qué hasta ahora, justo la mañana en que la Sección Instructora de
la Cámara de Diputados aprobó iniciar el juicio de procedencia para
desaforar a López Obrador por lo de El Encino, el gobierno federal se
autoproclama propietario del Paraje San Juan que supuestamente era del
GDF...¿Por qué el gobierno federal aguardó hasta ayer,
precisamente, para declarar ser su único y verdadero dueño y por qué
permitió que el GDF expropiara un predio que no era suyo?... “CAMPOS
ELÍSEOS” Vientos
del cambio Día
de golpe y caricia para el Peje de Gobierno del Distrito Federal, Andrés
Manuel López Obrador… ¡y lo que viene! Por la mañana, el gobierno
federal, entiéndase como la Secretaría de la Reforma Agraria,
Presidencia y Gobernación, anunciaron que luego de una revisión
exhaustiva del predio Paraje San Juan ese que tantos dolores de cabeza
le costó a López Obrador se declara… ¡patrimonio de la nación!
¿Qué significa esto? Dos cosas interesantes, al menos. Primero, que
fue mucho ruido y pocas nueces: el gobierno acepta que López Obrador
tenía razón. Y también, por lo tanto (que no es poca cosa) que no
tendrá que pagar esos mil 810 millones de pesos involucrados. Fíjese
el cambio... al menos de actitud. Hasta Santiago Creel dijo que esto
"demuestra la buena fe con la que procede el gobierno del
presidente Vicente Fox". Mmmjujú.
Pero
por otro lado, Andrés Manuel López Obrador recibió lo que parece,
por lo pronto, un golpazo: con tres votos a favor (PRI y PAN) y uno en
contra (PRD), la Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició
el juicio de procedencia en su contra. Claro,
al Gobierno del Distrito Federal le quedaría el recurso de la
controversia constitucional. Por
cierto, ¿qué pasaría si entre los más de 3 mil expedientes de
desacato judicial que existen en el país hubiera un caso (o más) en
el que estuviera involucrado el mismo presidente Fox? ¿La PGR
solicitaría un juicio de desafuero? “BAJO
RESERVA” Paraje San Juan Fue apenas este
lunes
cuando el secretario de la Reforma Agraria, Florencio
Salazar , sostuvo un acuerdo con el presidente Vicente
Fox para informarle, con evidencias libres de toda duda, que el
gobierno federal tendría que correrle una involuntaria cortesía al
jefe de gobierno capitalino, Andrés
Manuel López Obrador : quitarle de encima el problema del Paraje
San Juan, que representaba no sólo un posible pasivo de mil 800
millones de pesos sino una humillación ante el Poder Judicial de la
Federación. La noticia despertó gestos de exasperación entre
algunos operadores políticos del equipo presidencial. A la luz de esta
experiencia
, resurgió la inquietud por las implicaciones que pueda alcanzar el
conflicto político y jurídico por el predio de El Encino. Tengala
usted, pero voces de primer nivel revelaron que la insistencia en
proceder en contra de López
Obrador vino directamente del presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela. “LA
TORRE DE BABEL” Como
si se tratara del último deseo que se le concede a quien está
condenado a morir (en este caso en términos de aspiraciones
sucesorias), el Gobierno federal, a través del secretario de la
Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, anunció que la administración
capitalina ya no le tendrá que pagar al supuesto propietario del
paraje San Juan, Enrique Arcipreste, los mil 810 millones de pesos que
reclama como indemnización, debido a que dicha superficie es
propiedad de la Nación, con lo que, de paso, se les cae el gran
negocio a algunos “huizacheros”, émulos de conocido senador
litigante. Mientras
tanto, el “brazo de la ley” dictó sentencia y dijo: “La ley
debe ser aplicada a todos los que han cometido faltas, a todos los que
han fincado sus modus operandi en la ilegalidad y el
enriquecimiento”. Vicente Fox agregó: “Estamos en guerra abierta
contra la corrupción y no nos detendremos”. López
Obrador sabe su juego y ha dicho que en caso de que resulte culpable
del delito que se le imputa (desacato a una orden judicial) no se
amparará ni renunciará y está dispuesto a ir a la cárcel, si ese
fuera el caso. Así, se convertirá en el héroe, mártir o caudillo
que desafió a un régimen autoritario que maneja una doble moral, un
doble discurso, pues por un lado se dice defensor de la legalidad y
por el otro incurre en la ilegalidad al hacerse de cuantiosos
recursos, al margen de la ley, para sufragar su campaña electoral del
2000. PERTENECE A LA NACIÓN
EL PARAJE SAN JUAN La
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) determinó que el Paraje San
Juan, reclamado por Enrique Arcipreste del Abrego, es propiedad de la
nación y por tanto el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés
Manuel López Obrador, no debe pagar la indemnización de mil 810
millones de pesos que determinó la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN). Ante
esta situación, el titular de la SRA, Florencio Salazar, solicitará
a la Procuraduría General de la República (PGR) ejerza las acciones
legales correspondientes contra Arcipreste. Precisó que esta
información se confirmó el jueves pasado, como resultado del
inventario de terrenos nacionales que realiza la secretaría, y el
martes se la dio a conocer al presidente Vicente Fox, quien le pidió
comunicara el hecho a López Obrador. Ayer
le fue entregado el oficio al jefe de Gobierno por conducto de Luis
Camacho, director general de Ordenamiento y Regularización de la
dependencia. En ese documento se hace un recuento de los expedientes
que posee la SRA sobre el predio en disputa, que la llevaron a la
conclusión de que el Paraje San Juan es terreno nacional. El
predio, de 306 hectáreas, fue expropiado por el presidente Carlos
Salinas en 1989, y en él se establecieron 12 colonias. El decreto señala
que ''el Departamento del Distrito Federal pagará, con cargo a su
presupuesto, la indemnización conforme a la ley''. A partir de ese año,
Arturo Arcipreste Nouvel gestionó el pago y a su muerte su hijo,
Enrique Arcipreste, continuó con la demanda. Ahora la SRA encontró
que ese terreno nunca fue propiedad privada, sino de la nación. En
el oficio firmado por el secretario, y dirigido al jefe de Gobierno,
se indica que se encontraron cuatro expedientes vinculados con esos
terrenos. Hace referencia al número 129184, en el que se presentan
los trabajos de deslinde del predio, el cual fue ''denunciado como
terreno baldío propiedad de la nación'' en 1965, y también da
cuenta de un oficio del 22 de julio de 1976, donde la Dirección de
Bienes Inmuebles de la Secretaría del Patrimonio Nacional considera
el Paraje San Juan como ''un terreno baldío propiedad de la nación''.
El
7 de marzo de 1968, Arturo Arcipreste Nouvel, Angel Silva Arteaga y
Andrés Aquino López solicitaron al entonces Departamento de Asuntos
Agrarios y Colonización la enajenación de los terrenos
correspondientes al Paraje San Juan. El oficio en cuestión precisa
que ''es importante destacar que los tres interesados en su solicitud
de enajenación señalaron como su domicilio la misma dirección''. Sin
embargo, estas personas no actualizaron sus solicitudes de enajenación
dentro del plazo legal, por lo que sus expedientes fueron remitidos al
archivo. Del
análisis de la documentación, la SRA determinó que al no concluir
el procedimiento los terrenos aún son propiedad de la nación, ''en
virtud de que nunca han salido de su dominio por título legalmente
expedido''. Finalmente,
Salazar Adame explicó que ''de pronto alguien denuncia ese terreno
baldío o nacional y pide que se le adjudique. En el caso del Paraje
San Juan, en Iztapalapa, encontramos que hubo solicitud para la
adjudicación del terreno, pero el proceso no culminó y frente a ello
no se extendió ningún recibo de pago ni se adjudicó legalmente. Por
lo tanto, sigue siendo propiedad de la nación''. “SE
EVITÓ UNA INJUSTICIA” El
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador,
consideró que los expedientes de la Secretaría de la Reforma Agraria
que acreditan como propiedad de la nación el Paraje San Juan,
refuerzan lo que siempre sostuvo al considerar fraudulentos los
documentos con los que Enrique Arcipreste pretendía reclamar el pago
de mil 810 millones como indemnización por la expropiación efectuada
en 1989. El
mandatario capitalino dijo que espera que esto sirva para que los
jueces vean con más cuidado y con más objetividad en otros asuntos,
como El Encino, ''que no se politicen las cosas y mucho menos que se
utilice a las instituciones para afectar a los adversarios''. Es
una decisión importante, dijo, solicitar a la Procuraduría General
de la República que intervenga en el juicio, a fin de acreditar ante
la autoridad jurisdiccional que los terrenos son propiedad de la nación.
Recordó que ya el gobierno de la ciudad había promovido un juicio
por fraude procesal, por estar totalmente probado que todos los
documentos son falsos, ''pero con esto yo creo que se va a reafirmar más
la decisión; hay que ver qué procede, qué es lo que va a pasar en
la Suprema Corte, porque ahí está aún este asunto''. Recordó
que al igual que ocurre con El Encino, en este caso, por negarse a
pagar los mil 810 millones de pesos a Arcipreste, estuvo en riesgo de
que lo inhabilitaran. ''Se me lanzaron muy fuerte estos falsos
defensores del estado de derecho, muchos que ahora están lanzándose
contra nuestro gobierno por el asunto de El Encino'', concluyó. NI
SRA NI DDF DOCUMENTARON EN SU YTIEMPO LA PROPIEDAD DEL PREDIO PARAJE
SAN JUAN La
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) tenía la obligación de haber
documentado la presunta propiedad del predio Paraje San Juan durante
el juicio de expropiación que se ventila en los tribunales desde hace
casi 15 años; ahora, la decisión definitiva sobre quién es en
realidad el propietario de este terreno tardará varios años. Fuentes
judiciales señalaron lo anterior y agregaron que, una vez que la SRA
notifique oficialmente al Gobierno del Distrito Federal que las 306
hectáreas del predio son propiedad federal, éste tendrá que hacer
lo propio ante el ministro instructor del caso, Juan N. Silva Meza. Lo
anterior con el fin de que la documentación se integre al recurso de
revisión 76/2000, que interpuso el gobierno capitalino en contra de
la sentencia del juzgado octavo de distrito administrativo B, en el
que se ordenó una indemnización de un mil 810 millones de pesos a
favor de Enrique Arcipreste del Abrego -actualmente en prisión-,
quien se ostenta como propietario del terreno. Deslinde de
responsabilidades
Según
las fuentes consultadas, la Secretaría de la Reforma Agraria y el
Departamento del Distrito Federal deben reconocer su responsabilidad
por no haber aportado en su momento las pruebas que demostraran que,
por un lado, el terreno es federal y por tanto no procede indemnización
alguna, y por el otro, que la documentación aportada por Arcipreste
del Abrego es falsa. Lamentablemente,
añadieron, los casos en que las autoridades federales y estatales no
llevan a cabo el seguimiento adecuado de los procesos penales en los
que forman parte -como es el caso de las expropiaciones-, se presentan
con cierta frecuencia. LA
RESOLUCIÓN DEBE SER INVALIDADA, AFIRMA LA ABOGADA DE ARCIPRESTE Antes
de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los
recursos de revisión que interpusieron terceros perjudicados que se
ostentan como dueños del Paraje San Juan, deberá tomar en cuenta el
anuncio que dio a conocer ayer la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) respecto a que el predio en litigio es propiedad federal y no de
Enrique Arcipreste del Abrego, coincidieron en señalar funcionarios
del Poder Judicial y Adolfo Treviño Garza, presidente de la
Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. En
tanto, Cristina Padilla, abogada de Arcipreste, aseguró que la
resolución que dio a conocer la SRA debe ser invalidada porque ''en
ningún momento fuimos citados a comparecer como representantes
legales del poseedor del predio, para manifestar lo que a su derecho
corresponde, y la ley establece que se nos debió haber notificado''. Para
los jueces de distrito consultados, el asunto debe ser resuelto por el
máximo tribunal del país de manera integral. Es decir, debe ser
revisado al mismo tiempo el análisis de la queja que en su momento
presentó el gobierno capitalino contra la resolución judicial que le
obligaba a indemnizar a Arcipreste, los incidentes de revisión
relativos a los otros terceros perjudicados que no habrían sido
tomados en cuenta durante el juicio de expropiación, y el supuesto de
que la Federación es la legitima propietaria del Paraje San Juan. En
tanto, Treviño Garza indicó que la juez octava de distrito en
materia administrativa, Gabriela Rolón -quien en octubre pasado otorgó
un amparo a Arcipreste, tras reconocerlo como legítimo propietario
del Paraje San Juan, y por ello ordenó al gobierno capitalino que lo
indemnizara con mil 810 millones de pesos-, no tenía necesidad de
haber ordenado una investigación por su cuenta para detectar si
aparte del quejoso había otros presuntos propietarios del terreno o
si la Federación es la legítima dueña. Por
su parte, la abogada de Arcipreste dijo en entrevista que no le
sorprendió el oficio que la SRA ya envió a la Procuraduría General
de la República (PGR), porque ''estamos como en una guerra'' en donde
todo parece indicar que el gobierno federal ''acaba de hacer un
milagro para salvar al jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López
Obrador''. PIDEN
PERREDISTAS SANCIONAR A JUECES DEL CASO PARAJE SAN JUAN Diputados
locales de PRI, PAN y PRD calificaron como una señal positiva la
declaración del secretario de la Reforma Agraria (SRA), Florencio
Salazar, en relación con el Paraje San Juan; además, la fracción
perredista solicitó al Consejo de la Judicatura Federal sancione a
los jueces que conocieron y resolvieron ese caso, pues fue evidente
que a pesar de que en el proceso hubo falsedad de declaraciones,
fraude procesal y falsificación de documentos, le dieron la razón a
Enrique Arcipreste del Abrego. Entrevistados
por separado, los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) se manifestaron en favor de que la SRA envíe la
información de la que dispone a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), para que resuelva a la brevedad posible ese asunto, en
el que inicialmente se solicitaba el pago de mil 810 millones de pesos
por la expropiación del predio. Por
otra parte, la diputada Aleida Alavez -quien encabezó una comisión
especial de diputados que investigó ese mismo asunto- dijo que los
hechos ayer conocidos confirman que los perredistas estaban en lo
cierto al no pagar a Enrique Arcipreste por las anomalías del caso. Más
adelante pidió al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda,
que "no politice lo que tiene que ver con la ley, que no se haga
un uso faccioso de la justicia" y que, en ese sentido, se
investigue a fondo el caso de El Encino, pues presenta características
similares a las de El Paraje San Juan. Ambos casos, expresó, están
siendo utilizados con fines políticos, es decir, sólo para atacar al
Gobierno del Distrito Federal. EL
CASO PARAJE SAN JUAN PRUEBA LA BUENA FE DEL GOBIERNO FEDERAL: CREEL El
anuncio de que el Paraje San Juan es propiedad de la nación y no de
un particular "demuestra la buena fe" con la que actúa el
gobierno del presidente Vicente Fox, quien además ha instruido a las
autoridades correspondientes a que convaliden las escrituras
elaboradas por el Gobierno del Distrito Federal, afirmó el secretario
de Gobernación, Santiago Creel. Consideró
que esta resolución ayudará de manera importante a que se resuelva
el problema suscitado con este predio, pues queda demostrado que su
propietario original es la nación y no un particular, quien reclamaba
una indemnización de casi mil 800 millones de pesos al gobierno
capitalino. Para el responsable de la política interna del país este
acto "demuestra la cooperación" entre los dos gobiernos. Dijo
que la Secretaría de la Reforma Agraria llegó a esta decisión luego
de una exhaustiva investigación solicitada por el GDF. Planteó que
un procedimiento similar puede darse también en el caso de El Encino.
"El gobierno federal va a hacer todas las investigaciones que
debe hacer de buena fe y con un sentido profesional en cada uno de los
aspectos y requerimientos que le solicite el gobierno de la ciudad.
Estamos obligados institucionalmente a hacerlo, pero además lo
hacemos con gusto, porque si podemos contribuir a que se aclaren las
cosas, a que nadie se vaya a pasar de listo por las situaciones que
fueran, pues yo creo que es una buena contribución al país." Entrevistado
luego de inaugurar el encuentro para la consolidación del Registro
Nacional de Testamentos, realizado en el salón Revolución de la
dependencia, Creel se congratuló por la resolución, pues eso
permitirá el gobierno capitalino resolver gran parte de los problemas
jurídicos que se han suscitado por la posesión de dicho predio. QUITAN
AL GDF LÍO DE PARAJE SAN JUAN El
gobierno federal anunció que el predio Paraje San Juan, en la
delegación Iztapalapa, es propiedad de la nación. A través de la
Secretaría de la Reforma Agraria dio a conocer que tiene documentos
que muestran que el terreno no es propiedad privada, sino del dominio
nacional. Por
ese predio, el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López
Obrador, tenía que pagar mil 810 millones al presunto propietario
Enrique Arcipreste. Florencio
Salazar, titular de la SRA, expresó que ya hizo llegar la información
al gobernante del DF. La
dependencia solicitará a la Procuraduría de la República ejercer lo
correspondiente para proteger el patrimonio de la nación. Para
el secretario de Gobernación, Santiago Creel, el asunto
"demuestra la buena fe con la que procede el gobierno del
presidente Vicente Fox... porque contribuye a salvaguardar las tesorerías
del Distrito Federal y de la Federación". López
Obrador manifestó estar contento con la determinación ya que
"se demostró lo que hemos venido diciendo, que era un proceso
fraudulento el que nos obligaba a pagar mil 810 millones de
pesos". Por
su parte, ministros de la Suprema Corte de Justicia donde se encuentra
actualmente el juicio del caso consideraron "confuso y raro"
el anuncio, por lo que decidieron no dar mayor comentario. La
Corte esperará hasta que la PGR ejerza las acciones para tratar de
anular el amparo otorgado a Enrique Arcipreste con el que pretende que
se le indemnice por la expropiación del Paraje San Juan. La
parte central del juicio está lista desde hace varios meses y prevé
otorgarle la razón al jefe de Gobierno capitalino. PROPONE
PEDIR DATOS A LA SRA DE EL ENCINO La
fracción parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) presentará un punto de acuerdo para exhortar
a la Secretaría de la Reforma Agraria para que aporte información
sobre el predio El Encino. Alfredo
Hernández Raigosa, vicecoordinador de esa fracción parlamentaria,
dijo que así como en el caso del Paraje San Juan la intervención de
la dependencia federal evitará que el gobierno capitalino pague una
millonaria indemnización, en el caso de El Encino puede repetirse la
historia. El
perredista explicó que es necesario conocer todos los elementos en
virtud de que ahora ya existen dos dueños del predio que puede
costarle la destitución al Jefe de Gobierno capitalino. Dijo
que si la dependencia demuestra que tampoco hay dueño legítimo del
predio, el procedimiento para destituir a Andrés Manuel López
Obrador se suspenderá. Por
su parte, Aleida Alavez, quien presidió la comisión especial sobre
el Paraje San Juan, aplaudió el anuncio del titular de la Secretaría
de la Reforma Agraria, que demuestra que "jurídicamente siempre
hemos tenido la razón de no pagar una indemnización a un falso
propietario". La
diputada local del PRD pidió a la dependencia federal entregar a la
brevedad posible los documentos que acrediten que el predio es un bien
nacional, además de castigar a los responsables del juicio que se
siguió en contra del gobierno capitalino. FRECUENTES
CASOS DE DESACATO Prácticamente
todos los días hábiles, tribunales colegiados de diversas zonas del
país le notifican a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
el incumplimiento de alguna sentencia de amparo. Los
reportes lo mismo señalan al Presidente de la República, a un
secretario de Estado, al procurador general de la República, al
Congreso de la Unión y a un gobernador, que a un presidente municipal
como responsables de incumplir una sentencia de amparo. De
acuerdo con datos públicos de la SCJN, de noviembre de 2000 a la
fecha el máximo tribunal ha recibido 4 mil 688 casos en los que
tribunales colegiados estiman que se ha incumplido una sentencia de
amparo. Tan
sólo en los primeros cuatro meses de 2004 se han promovido 67 juicios
de este tipo ante la Corte. Y hasta la fecha, casi todos estos asuntos
terminan cerrándose porque, en cuanto los casos llegan a la Corte,
las autoridades proceden a cumplir con la sentencia para no ser
sancionados. Sin
embargo, autoridades del Poder Judicial de la Federación señalan que
todos estos casos de incumplimiento de sentencias son distintos del
que motivó el presunto delito de desacato en que incurrió el jefe de
Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, porque lo que se
supone que incumplió el mandatario fue una suspensión definitiva, es
decir una orden que le giró un juez en la etapa inicial de un juicio
de amparo, y no la sentencia final del juicio de amparo. Sólo
en una ocasión la Corte ha estado a punto de separar de su cargo a un
funcionario y de consignarlo ante un juez, y eso ocurrió el 23 de
octubre de 2000, cuando le fijó un plazo de 10 días al entonces
secretario de la Reforma Agraria, Eduardo Robledo Rincón, para
cumplir una sentencia de amparo. Antes
de culminar el plazo, Robledo le restituyó jurídica y materialmente
a la empresa Purúa Punta Estero la propiedad y la posesión de 18
hectáreas ubicadas en el municipio de Ensenada. EL
GDF NO DEBE PAGAR POR PARAJE SAN JUAN Florencio
Salazar Adame dijo que con esto queda demostrado que quienes lo
reclaman como propiedad particular no tienen derecho a ella. El
gobierno federal se adjudicó la propiedad del Paraje San Juan ya que
nunca salió de su dominio por título legalmente expedido, con lo que
el Gobierno del Distrito Federal no se verá obligado a pagar los mil
800 millones de pesos con que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
lo había sentenciado. El
secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, detalló
que al realizar el inventario de los archivos de los expedientes
instaurados por solicitudes de enajenación de terrenos nacionales, se
encontraron cuatro expedientes, de los cuales se desprende que en 1968
Arturo Arcipreste Nouvel, Ángel Silva Arteaga y Andrés Aquino López
solicitaron al entonces Departamento de Asuntos Agrarios la enajenación
de las superficies de 80, 80 y 84 hectáreas del predio en Iztapalapa,
reconociendo que los terrenos del Paraje San Juan tenían el carácter
de propiedad de la nación. Sin
embargo, aclaró, los solicitantes no actualizaron la solicitud, por
lo que el expediente fue remitido al archivo en 1997, manteniendo así
al Paraje San Juan como propiedad de la nación, pues nunca salió de
su dominio por título legalmente expedido. Florencio
Salazar Adame dijo que con esto queda demostrado que quienes lo
reclaman como propiedad particular no tienen derecho a ella y, en
consecuencia, es propiedad de la nación. Esto,
reiteró, hace posible que el Gobierno del Distrito Federal pueda no
atender la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y,
como resultado, no pagar los mil 800 millones de pesos con los que fue
sentenciado. El
secretario de la Reforma Agraria señaló que ya le comunicaron,
mediante un escrito, al jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López
Obrador, que el predio no tiene dueño particular y, por lo tanto, se
considera como un bien de la nación. Explicó
que la Secretaría de la Reforma Agraria solicitará a la Procuraduría
General de la República, en su carácter de representante legal de la
Federación, que ejerza las acciones jurídicas correspondientes para
proteger el patrimonio de la nación. Piden
actuar contra jueces Quien
fungiera como presidenta de la comisión especial de la Asamblea
Legislativa que investigó el caso del Paraje San Juan, Aleida Alavez,
anunció que la próxima semana, en sesión de la Diputación
Permanente, presentará un punto de acuerdo para exhortar al gobierno
federal a iniciar un proceso penal contra los jueces que avalaron a
Enrique Arcipreste como dueño y contra éste por intento de fraude. Tras
conocer que la Secretaría de la Reforma Agraria anunció ayer por la
mañana que el paraje es un bien nacional, la diputada del PRD, anunció
que la primera que debe ser investigada es la jueza Gabriela Rolón,
quien avaló que el predio tenía dueño. Consideró
que la SRA debe entregar el expediente del paraje a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, con la finalidad de que ésta ya termine el
dictamen sobre este caso que generó una fuerte controversia en su
momento. INSTALAN CAMPESINOS
PLANTÓN INDEFINIDO ANTE LA SAGARPA Cerca
de 500 integrantes del Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia a
Comunidades Rurales (Codeci) acordaron permanecer en plantón
indefinido fuera de las instalaciones de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa) hasta que su titular, Javier Usabiaga Arroyo, se reúna con
ellos. Ayer,
los campesinos de este organismo también acudieron a las secretarías
de Desarrollo Social y de la Reforma Agraria, mientras que otro grupo
permaneció en plantón afuera de la Sagarpa. Torres Pereda aseguró
que los 21 grupos de la Unión de Cafeticultores de la Zona Norte de
Oaxaca ya entregaron comprobantes de gastos correspondientes a 3.1
millones de pesos de un total de 6.2 millones del programa ganadero. En
un comunicado de prensa, Sagarpa asentó que "la ley no se
negocia ni está sujeta a presiones violentas como las que han
realizado (los campesinos) en oficinas centrales y en la delegación
de Oaxaca", y reiteró que el grupo no ha comprobado el uso y
destino de los 3.1 millones de pesos que se les entregó para un
desarrollo ganadero en Oaxaca. DEMANDAN PROTEGER A
CAMPESINOS Los
sectores social y privado de la industria agropecuaria demandaron al
gobierno de Vicente Fox tener la voluntad política para sacar al
campo de la crisis y recurra a los instrumentos de protección
previstos en el TLCAN, como salvaguardas, para evitar que desaparezcan
los productores nacionales. Enrique Domínguez Lucero, director
general de la Confederación de Porcicultores Mexicanos, exigió a la
administración foxista que dé muestras de que la producción
agropecuaria es un tema de interés nacional y se den los instrumentos
legales para proteger al sector agropecuario nacional. En tanto, el
presidente de la CNC, Heladio Ramírez, llamó a los participantes en
la Cumbre de América Latina y la Unión Europea a frenar la tragedia
que padecen los campesinos de la región, donde los precios agrícolas
han significado pérdidas por 168 mil millones de dólares en los últimos
cinco años. CHIAPAS CHOCAN LA CNDH Y SU
SIMILAR CHIAPANECA POR UN CASO DE LABRIEGOS El
Congreso de Chiapas informó que el próximo martes dará entrada a un
oficio que envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
sobre un presunto desacato que habría cometido su similar estatal, e
insinuó que podrían separar de su cargo al ombudsman
chiapaneco e incluso inhabilitarlo para ocupar cargos públicos. A
su vez, el ombudsman local acusó a José Luis Soberanes de actuar con
"dolo y animadversión", al pretender que indígenas
comprobaran con facturas y certificados médicos los agravios
cometidos en su contra por policías estatales. El
presidente de la mesa directiva del Congreso local, Juan Carlos Moreno
Guillén, informó que la CNDH envió un oficio en el que informa
sobre el "desacato" en que incurrió el titular de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández, respecto a
una recomendación que, según la CNDH, fue integrada indebidamente y
dejó en indefensión a los agraviados. Los
hechos a los que se refiere se originaron en julio de 2002, cuando
policías sectoriales desalojaron a campesinos de los ejidos Bella
Vista y Laguna Chamula, en el municipio de Comitán. Los
labriegos interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, la cual emitió una recomendación a la Secretaría
de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del
Estado, las cuales rechazaron. Entonces los campesinos pusieron otra
denuncia ante la CNDH. Luego
de varios meses, la comisión nacional comunicó a la estatal que no
estaba bien fundamentada la queja y que dejaba a los labriegos en
indefensión, por lo que le envió una recomendación para que
rectificara, lo cual rechazó la comisión estatal. López
Hernández indicó que rechazó la recomendación "por razones
tangibles, como el hecho de que el recurso de impugnación no se
interpuso en contra de esa instancia, sino contra las autoridades del
estado que cometieron la violación". SACAN ‘BANDERA’
BLANCA EN XALATLACO Con
una bandera blanca arribaron los integrantes del Consejo Supremo Náhualt
de Xalatlaco, Estado de México, al mediodía a los linderos de San
Miguel y Santo Tomás Ajusco, con el propósito de entrevistarse con
el comisariado de los Bienes Comunales de estos poblados de la
delegación Tlalpan. Los
mexiquenses fueron recibidos por los comuneros tlalpanenses, quienes
les expusieron que sus autoridades no podían recibirlos, debido a que
no había garantías para ellos. En
entrevista, José Romero, presidente de los Comuneros del Ajusco,
informó que le pidieron a los habitantes de Xalatlaco que se
retiraran para no causar alarma entre la población de Tlalpan y les
hicieron saber que en una asamblea general realizada el miércoles por
la noche había resuelto sentarse a la mesa de diálogo con ellos,
siempre y cuando dejaran a un lado la violencia. Los
mexiquenses propusieron dejar caminar el litigio, el cual resolverá
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SE
REUNIRÁN COMUNEROS DE XALATLACO Y EL AJUSCO El
próximo lunes, comuneros de Xalatlaco tendrán una reunión con las
autoridades del Estado de México y con los ejidatarios de el Ajusco
–con quienes disputan el predio de Agua Grande– para buscar un
arreglo entre ambas partes. Los
comuneros también hicieron del conocimiento a los Policías Federales
Preventivos, la Montada del Distrito Federal, Agrupamiento de
Granaderos y Policía del Estado de México, que no habrá
“enfrentamientos violentos” en estos días. Anunciaron
que en compañía del apoderado legal Rafael Ruvanova Zárate,
explicarán a los ejidatarios de El Ajusco que el amparo de octubre de
2002 ya no tiene vigencia y tendrán que dialogar ambas partes para
buscar una solución al conflicto comunero que comenzó en el mes de
julio de 2003. REABREN EN VERACRUZ
CASO DE DOS CAMPESINOS ASESINADOS TRAS UN DESALOJO Nohemí
Quirasco Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), informó que mantiene abierta la recomendación 62/94,
dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por
la tortura y asesinato de dos indígenas del municipio de Ixhuatlán
de Madero, ocurridos durante el sexenio de Patricio Chirinos Calero,
en los que estaría involucrado el diputado federal Miguel Angel Yunes
Linares, entonces secretario general de Gobierno. En
su momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino
en el caso en atención a la queja presentada por organismos
nacionales defensores de derechos humanos. En febrero de 1998, cuando
todavía gobernaba Chirinos Calero, la CIDH emitió una recomendación
a México para que se investigara a fondo sobre ese asunto y se
castigara a los responsables, así como se indemnizara a los
familiares de los campesinos indígenas Rolando y Atanacio Hernández
Hernández. Los
asesinatos se perpetraron durante un desalojo de tierras hace 10 años
en la comunidad Plan del Encinal, municipio de Ixhuatlán de Madero, y
que ahora "revive" Miguel Alemán Velasco por la pugna que
sostiene con el diputado federal priísta. El
anunció de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
fue visto así porque hasta antes de ocupar dicho puesto fue
secretaria general de gobierno con Alemán y nunca se ocupó del caso,
pese a que no ignoraba la existencia de la recomendación de la CIDH. Pero
además, la ex funcionaria del gabinete alemanista sorprendió a la
prensa con un anuncio. Informó
que desde enero de 2002 se nombró un fiscal especial para ese caso, y
que se trata de Reyes Osorio Cruz, quien "ahondará de manera
seria, imparcial y efectiva en la investigación de los hechos
contenidos en la causa penal número 317/995 del índice del juzgado
primero de primera instancia del distrito judicial de Tuxpan". La
funcionaria entregó una fotocopia de dicho nombramiento aparecido en
laGaceta Oficial del
gobierno del estado del 29 de enero de 2002. El
8 de septiembre de 1994 unos 80 policías de Seguridad Pública del
Estado y municipales desalojaron del predio Las Tejas, de la comunidad
Plan del Encinal, a un grupo de hombres y mujeres indígenas que se
habían posesionado del mismo en un intento por recuperar las tierras
de las que habían sido despojados, indicaron en su momento. En
la queja presentada por el Comité de Derechos Humanos de las
Huastecas a la CEDH, se hace mención que en la fecha señalada, a las
7 de la mañana, la comunidad fue rodeada por efectivos de las
corporaciones policiacas, dirigidas por José Domingo Martínez
Riveroll. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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