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Las notas que se
reproducen a continuación
LA SRA, RESPONSABLE DEL
CONFLICTO, DICEN PERREDISTAS...
ROMPEN DIÁLOGO
COMUNEROS DE XALATLACO...
EXHIBEN FRAUDE AGRARIO...
ESTADOS BAJA
CALIFORNIA SUR INTERVIENE EL GOBIERNO
DE BCS EN CONFLICTO DE TIERRAS CON EXTRANJEROS...
CHIAPAS INVADEN RESERVA ECOLÓGICA
CERCANA A SAN CRISTÓBAL...
LA COCOPA SE REUNIRÁ
MAÑANA CON PARTES EN CONFLICTO EN CHIAPAS...
DISTRITO
FEDERAL LÓPEZ OBRADOR SOLICITA
A LA PGR COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE DEL ENCINO...
EMPLAZAN A LA PGR A QUE
DESIGNE PERITOS PARA CASO DE EL ENCINO...
ESTADO
DE MÉXICO EXISTEN
12 ‘FOCOS ROJOS’ POR LÍMITES EN EDOMEX...
GUERRERO COMUNEROS DE EL BALCÓN
IMPULSAN CON ÉXITO EMPRESA FORESTAL EN GUERRERO...
QUERÉTARO PADRE DE MAGISTRADA LA
ACUSA DE QUERER DESPOJARLO DE PROPIEDADES EN QUERÉTARO...
MICHOACÁN AGUDIZA INVASIÓN DE
TIERRAS...
LA SRA, RESPONSABLE DEL
CONFLICTO, DICEN PERREDISTAS La
Secretaría de la Reforma
Agraria es la responsable del conflicto que se vive en el
municipio de Xalatlaco, por no haber resuelto de manera favorable el
expediente de reconocimiento y confirmación de bienes comunales de
esa comunidad, señaló el diputado federal Valentín González
Bautista, quien agregó que le corresponde a la Policía Federal
Preventiva resguardar el sitio hasta que se resuelva legalmente este
problema. El
legislador perredista explicó que el problema de Xalatlaco se debe a
que no se reconoce ni respeta el derecho que tienen los comuneros de
la localidad, por lo que confrontan un problema de límites con los
vecinos de Santo Tomás Ajusco, perteneciente a la delegación
Tlalpan, del Distrito Federal. Manifestó
que de manera histórica la comunidad de Xalatlaco ha contado con la
posesión del predio Agua Grande, por lo que ha usufructuado la
tierra, los bosques, los pastos y las aguas del lugar de forma
ininterrumpida, situación que debe ser respetada por la autoridad
federal. González
Bautista dijo que la Secretaría de la Reforma Agraria es la
responsable del conflicto en el predio Agua Grande, por no haber
culminado y resuelto de manera favorable el expediente de
reconocimiento y confirmación de bienes comunales de esa comunidad. Indicó
que a pesar de que se elaboró un censo de comuneros, no se reconoció
la personalidad del representante comunal para continuar con los
trabajos de planificación de la superficie del terreno que tenían en
posesión. Manifestó
que si se hubiera hecho eso en su oportunidad, no tendrían problemas;
lamentablemente la autoridad federal no cumplió con su
responsabilidad y eso no es culpa de los comuneros, porque ellos
tienen constancias que acreditan que fueron atentos y dieron
seguimiento puntual a su expediente. En
disputa, 14 lugares En
el Estado de México existen unos 14 lugares en disputa entre
municipios en zonas de límites territoriales, informó el diputado
Valentín González Bautista. Además de Xalatlaco, el perredista
resaltó el conflicto de límites territoriales que enfrentan los
municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, quienes se disputan la
propiedad de la colonia San Agustín Atlapulco. Entre los problemas de
límites destacan los de Cuautitlán con Cuautitlán Izcalli, Chalco
con Valle de Chalco y Cocotitlán; Temamatla con Juchitepec, Nezahualcóyotl
con Chimalhuacán y el del recién creado municipio de Tonanitla con
Tecámac. ROMPEN
DIÁLOGO COMUNEROS DE XALATLACO Los
habitantes de la comunidad de Xalatlaco rompieron las pláticas con
autoridades gubernamentales y anunciaron que demandarán a los
secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública federal, Santiago
Creel y Alejandro Gertz, respectivamente, por desacato a una orden de
suspensión del Poder Judicial de la Federación (PJF). Los
abogados de la comunidad del estado de México, Rafael Ruanova y
Miguel Angel Becker, anunciaron que la decisión se debe a que los
encargados de estas dos dependencias se negaron a acatar la suspensión
de varios juicios de amparo para que no se prive a los comuneros de
Xalatlaco de la propiedad de los bienes agrarios. Incluso,
Ruanova informó de la existencia de un oficio del presidente Vicente
Fox a los dos secretarios, fechado el 8 de septiembre de 2003, en el
que les instruye que respeten la suspensión ordenada por las
autoridades judiciales federales, situación que han desconocido hasta
el momento. Entrevistados
al salir de la Secretaría de Gobernación, adonde acudieron a la mesa
de diálogo instalada para atender el caso y evitar enfrentamientos
mayores que los ocurridos recientemente, los comuneros de Xalatlaco y
sus abogados señalaron que durante la reunión se exigió el respeto
a dichas suspensiones. Sin embargo, la respuesta de las autoridades
fue que se desconocían las condiciones en que fueron dictadas y que
por tanto no se acataban. Ruanova
y Becker precisaron que ante estos hechos los comuneros decidieron
abandonar la mesa de diálogo y proceder judicialmente en contra de
ambos funcionarios. Los
abogados insistieron en que tienen en su poder pruebas documentales de
que Creel y Gertz sí estaban notificados por el Poder Judicial de la
Federación (PJF) de los términos y alcances de la suspensión que
obtuvieron los comuneros del estado de México. En tales documentos se
solicita a la Policía Federal Preventiva respetar las posesiones del
pueblo de Xalatlaco. Por
su parte, el secretario de la comisión de bienes comunales de
Xalatlaco, Alfonso Jiménez Quiroz, afirmó que por el momento queda
descartado un nuevo diálogo en el que estén presentes las
autoridades, por lo que a partir de este martes buscarán a los
comuneros de Santo Tomás y San Miguel Ajusco para llegar a un acuerdo
que permita aliviar la situación entre ambas comunidades. En
tanto, el secretario general de gobierno mexiquense, Manuel Cadena,
recalcó que el gobierno del estado seguirá pugnando por que el
asunto lo retome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia
ante la cual los comuneros deberán de demostrar que, efectivamente,
hubo una serie de irregularidades en el juicio agrario, que provocaron
que la sentencia fuera en su contra. Por
la noche, el jefe de Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación,
Gonzalo Altamirano Dimas, señaló que la interpretación legal de los
comuneros de Xalatlaco es errónea, e incluso dijo que gracias a la
mediación de la dependencia han sido recibidos por la Secretaría
de la Reforma Agraria para que regularicen su situación como
comuneros, debido a que no tienen personalidad jurídica y ése es uno
de los problemas en los amparos. EXHIBEN
FRAUDE AGRARIO La
lucha por el bosque en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe
y Calvo en Chihuahua,se enmarca en un fraude agrario donde las
dependencias gubernamentales, especialmente la Secretaría
de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario
Nacional, lejos de favorecer a los indígenas, han beneficiado al
cacique del lugar, Artemio Fontes Lugo. Al
señalar lo anterior, Ramiro Castellanos, integrante de la asociación
civil Fuerza Ambiental y asesor de los tarahumaras de esa comunidad,
incluidos Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas, presos desde hace más
de un año por oponerse a la tala del bosque, presenta documentos que
demuestran la dura batalla que han sostenido los rarámuris no sólo
contra los Fontes, sino contra las propias instituciones
gubernamentales. El
asesor indígena detalla la truculenta historia agraria: "En la
zona conocida como Coloradas de la Virgen hay dos núcleos agrarios
adyacentes con el mismo nombre. Un ejido que mide alrededor de 23 mil
hectáreas y una comunidad que tiene unas 25 mil hectáreas. Ambos se
llaman "Coloradas" a secas. El
ejido se ubica en la parte alta de la Sierra Tarahumara y está prácticamente
cubierto de bosque. La comunidad está en la barranca y sólo una mínima
área tiene pinos. Cuando
la dotación se hizo efectiva, la mayoría de los tarahumaras
solicitantes habían muerto. Quedaban sus descendientes pero, por
desconocimiento, no actualizaron sus derechos ejidales. Ninguno de los
beneficiarios tenía apellido Fontes. Paralelamente
en la década de los cuarentas unos 700 posesionarios de la región
solicitaron crear una comunidad. En este caso también se emitió una
Dotación Presidencial que se ejecutó en los setentas. Entre los
favorecidos sí había Fontes. En
esa década se hizo un contrato de aprovechamiento forestal con un
empresario maderero. Lo curioso es que fue gente de la comunidad quien
lo promovió y no del ejido, a pesar de que se trata de núcleos
agrarios distintos. La Secretaría de la Reforma Agraria autorizó el
contrato. Con
el argumento de que ya no había beneficiarios vivos, la Reforma
Agraria promueve una depuración censal en el ejido en 1984. Sin
embargo, la Comisión Agraria Mixta rechaza el trámite porque
previamente debía hacerse una privación colectiva de derechos
ejidales. El
objetivo era claro. Fontes Lugo se quería apropiar del ejido para
talar el bosque con más libertad pues durante la década de los
ochentas fue cuando se dio la más cruenta lucha entre él y los indígenas,
quienes exigían que el aprovechamiento forestal los beneficiara. La
depuración censal se hizo para incluir nuevos ejidatarios. Ahí fue
donde se acabó de "fabricar" el fraude agrario. Esa
depuración censal sirvió para otorgar derechos a nuevos ejidatarios.
A partir de ahí aparecen noventa beneficiarios, incluidos 26 de
apellido Fontes. El
ejido quedó en manos de unas cuantas familias de apellidos Argüelles,
Molina, Alvarado y Fontes. La gran mayoría es gente que vive fuera de
Coloradas de la Virgen. La lista no incluye ningún indígena. El
fraude agrario se ratificó en el 2000 con el Procede, trámite que
promovió la Procuraduría Agraria, respaldada por Reforma Agraria y
el Registro Agrario Nacional, cuya pretensión es certificar la posesión
de la tierra. BAJA
CALIFORNIA SUR INTERVIENE EL GOBIERNO
DE BCS EN CONFLICTO DE TIERRAS CON EXTRANJEROS El
Gobierno del estado intervendrá en el conflicto entre estadounidenses
que han tratado de apoderarse de tierras y servicios en las costas de
Mulegé y han defraudado a empresas de aquella zona. Paralelo
a las denuncias penales que pesan sobre este grupo de extranjeros
residentes de Punta Chivato el encargado de asuntos internacionales
del gobierno estatal, Roberto Vanwormer Ruiz buscará mediar para que
las partes lleguen a una acuerdo por la vía del diálogo. El
representante del gobierno y excoordinador de Turismo de la entidad,
informó que a petición de la Procuraduría General de Justicia del
Estado se entrevistará con los extranjeros y nacionales afectados
para buscar acuerdos. Vanwormer
Ruiz dijo que la idea de las autoridades estatales es terminar con
conflictos entre residentes y empresarios nacionales en una zona con
vocación turística que a futuro puede aportar mucho al desarrollo
del norte del estado. Actualmente
la empresa mexicana, Desarrolladora Ejidal San Bruno mantiene
demandados a varios de los estadounidenses, encabezados por Harry
Oxley, quienes incluso han optado por poner tomas clandestinas para
recibir agua sin pagar por ella, lo cual fue descubierto por la Comisión
Nacional del Agua, sin que se les haya sancionado por ello. INVADEN RESERVA ECOLÓGICA
CERCANA A SAN CRISTÓBAL Indígenas
de la zona Altos de Chiapas invadieron la reserva ecológica El
Huitepec, ubicada en las inmediaciones de San Cristóbal de las Casas.
Se trata de habitantes originarios de San Juan Chamula, quienes
presuntamente demandan un lugar donde vivir, aun cuando ya poseen
viviendas en las zonas cercanas. Según
autoridades de la comunidad Alcanfores Huitepec, la madrugada del
pasado lunes un grupo de aproximadamente 20 familias llegó a
instalarse en la reserva que colinda con la comunidad. Se
trata de 102 hectáreas que albergan flora y fauna de la región. La
reserva Huitepec ha sufrido en los años recientes diversas
agresiones, entre ellas la de la tala clandestina. En
esta ocasión las familias de indígenas que salieron de San Juan
Chamula arribaron al lugar y lo "lotearon", dividiéndolo en
pequeños solares donde intentan establecer sus viviendas. Los
habitantes de Alcanfores interpusieron una queja ante la Subsecretaría
de Gobierno y la Procuraduría General de la República, ya que no están
facultados legalmente para interponer una demanda penal por invasión,
ya que las tierras ocupadas son consideradas "terrenos
nacionales". LA
COCOPA SE REUNIRÁ MAÑANA CON PARTES EN CONFLICTO EN CHIAPAS Con
la intención de dar un paso para la reanudación del diálogo de paz
con el EZLN, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) se
reunirá este miércoles con el gobernador de Chiapas; el comisionado
gubernamental Luis H. Alvarez; el obispo de San Cristóbal de las
Casas, Felipe Arizmendi, y los diputados locales. Sin embargo, desde
ayer surgieron las primeras diferencias sobre cómo retomar las pláticas
que permitan resolver el conflicto en aquella entidad. El
presidente en turno de la Cocopa, el panista Luis Esteva, afirmó que
la revisión a la Ley de Derechos y Cultura Indígenas no es el único
camino para la solución al conflicto en esa entidad, mientras que la
representación perredista señaló que volver a discutir en el
Congreso la reforma indígena es una condición necesaria para volver
a una mesa de diálogo. El
diputado perredista, Bernardino Ramos Iturbide, integrante de la
comisión, resaltó que se busca además contar con una
"radiografía de los focos rojos" en la entidad, que en los
años recientes han derivado en confrontaciones por conflictos
partidistas, religiosos, por la
tierra, el agua y los desplazamientos. Afirmó
que la instancia legislativa busca iniciar una nueva etapa de diálogo
para Chiapas, volver a poner en primer plano la situación de
marginación de los pueblos indios y el riesgo latente de violencia
por el largo periodo en que se ha mantenido roto el diálogo entre el
gobierno y el EZLN. LÓPEZ OBRADOR SOLICITA
A LA PGR COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE DEL ENCINO El
jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López
Obrador, solicitó ayer formalmente a la Procuraduría General de la
República (PGR) que le entregue una copia certificada del expediente
relacionado con el predio El Encino, a partir del cual se originó la
solicitud de desafuero en su contra. Mediante
el oficio JGDF/018/04 que envió ayer por la tarde al procurador
Rafael Macedo de la Concha, el mandatario capitalino señala que
dirige dicha solicitud en virtud de que las determinaciones que en esa
institución se han tomado en relación con el caso
"lamentablemente no se han apegado a los principios que
establecen la Constitución y las leyes de la República". En
el tratamiento de este caso "se han cometido numerosas
irregularidades; entre ellas destaca la negativa a entregar copia de
la averiguación previa 1339/FESPLE/2001", agregó el
funcionario. Indicó
que tal violación se da al otorgar copias certificadas de la
indagatoria al representante de la parte empresarial quejosa en el
juicio de amparo que originó la declaratoria de suspensión
definitiva, en acuerdo del 21 de agosto de 2002, y en cambio negárselas
a la autoridad señalada como responsable (José Agustín Ortiz
Pinchetti), quien, no obstante haberlas solicitado, en dos ocasiones
le fueron negadas. EMPLAZAN
A LA PGR A QUE DESIGNE PERITOS PARA CASO DE EL ENCINO El
juzgado noveno de distrito en materia administrativa -que por orden de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá analizar y
determinar si el predio El Encino fue expropiado por causas de
utilidad pública o si debe ser devuelto de inmediato a sus legítimos
propietarios- requirió a la Procuraduría General de la República
(PGR) que proponga a los peritos especializados que deberán realizar
nuevas inspecciones en la zona en litigio. Mediante
un acuerdo, el juez noveno, Alvaro Tovilla León, apercibió al
Ministerio Público Federal de que si no cumple el mandato judicial en
un periodo de tres días hábiles (que vencen mañana) se hará
acreedor a una multa. El
acuerdo del juez Tovilla León se dio tres días después de que la
PGR solicitó al Congreso de la Unión el desafuero del jefe de
Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para que
sea juzgado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de
autoridad, derivado del incumplimiento a una suspensión definitiva
emitida en 2001 por el mismo juzgador. Los
informantes precisaron que una vez que los peritos manifiesten su
pleno convencimiento para realizar el trabajo de inspección respecto
al predio El Encino, como lo ordenó la Corte, el juez Tovilla León
deberá esperar que se recaben los nuevos elementos periciales
mediante los cuales se apoyará para resolver el asunto. EXISTEN
12 ‘FOCOS ROJOS’ POR LÍMITES EN EDOMEX En
el Estado de México existen 12 "puntos rojos" en donde podrían
reportarse enfrentamientos como en Xalatlaco por límites
territoriales; "uno de los más álgidos es el que mantienen este
municipio y Chimalhuacán", señaló el diputado federal Valentín
González Bautista. Comentó
que el problema de Xalatlaco ya había dado indicios de que estallaría,
"por lo que de no haber una respuesta adecuada, podrían
registrarse hechos que lamentar que seguramente van a involucrar a
funcionarios de ambas entidades". Asimismo,
señaló que además de este problema de límites entre dos entidades,
dentro del mismo territorio estatal se tienen detectados 12 puntos más
de problemas de indefiniciones territoriales. Resaltó
que uno de los más fuertes es el que mantienen Nezahualcóyotl y
Chimalhuacán por la disputa de 120 hectáreas y donde están
asentadas 60 mil personas. El
legislador mencionó que las deficiencias en materia de servicios públicos
que prevalece en la zona en conflicto no ha podido resolverlos el
vecino municipio, pero tampoco deja que el municipio de Nezahualcóyotl
realice estos trabajos. COMUNEROS DE EL BALCÓN
IMPULSAN CON ÉXITO EMPRESA FORESTAL EN GUERRERO En
Ajuchitlan del Progreso, donde los servicios sociales "nomás no
llegan", la empresa forestal del ejido El Balcón sería la
envidia de cualquier gobierno: paga pensiones a viudas y a personas de
la tercera edad, otorga becas a estudiantes, proporciona atención médica
privada gratuita a sus 750 habitantes, cubre parte de los salarios de
sus profesores y da trabajo a 276 personas. Por
si fuera poco, la organización forestal Smartwood, con sede en
Estados Unidos, le acaba de conceder la certificación Forest
Stewardship Council, el llamado sello verde, que les permite entrar a los mercados internacionales
con la garantía de que su producción se realiza sin violación a los
derechos laborales y humanos de los trabajadores, y sí mediante
labores de protección, cultivo y fomento sin uso de fertilizantes. La
comunidad El Balcón está ubicada a más de 2 mil metros de altura en
este municipio de la sierra de Guerrero, desde donde mira hacia el océano
Pacífico y a los volcanes del Anáhuac, y es una de los siete
integrantes de la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios General
Hermenegildo Galeana, que tiene su sede en Tecpan de Galeana, en la
Costa Grande. En
esa población costera la empresa de ejidatarios tiene ubicadas sus
oficinas y planta industrial, que da trabajo a 276 personas, lo que la
hecho un modelo de desarrollo para el resto de ejidos que participan
en la unión y buscan el sello
verde por el manejo y explotación racional de sus bosques. Los
orígenes de El Balcón se remontan a 1972 y 1976, cuando recibió
sendas dotaciones de tierras, las cuales sumaron 25 mil 565 hectáreas,
de las que 15 mil 190 están actualmente cubiertas de coníferas y
encinos. De
esa superficie se emplean 10 mil 968 hectáreas para uso comercial
maderable, 3 mil 872 para protección especial y 350 para plantaciones
nuevas. Prefieren la
regeneración natural El
Balcón está dividido en 10 parcelas; cada año se interviene una,
pero en cada hectárea se dejan árboles viejos para la anidación de
aves y refugio de otros animales. Aunque los campesinos prefieren la
regeneración natural del bosque, anualmente recolectan 35 kilogramos
de semilla, producen 90 mil plantas y siembran 58 hectáreas en los
claros del bosque y en lugares con insuficiente regeneración natural.
Esta
riqueza forestal y de fauna forma parte de proyectos ecoturísticos a
corto plazo y es manejada por los 112 ejidatarios legalmente
reconocidos, quienes viven en El Balcón. Los
ejidatarios más viejos recuerdan que su lucha empezó denunciando la
explotación irracional que de los bosques hacía la Forestal Vicente
Guerrero, empresa paraestatal manejada por el entonces gobernador Rubén
Figueroa Figueroa, única autorizada para comercializar madera en la
entidad. La
disputa de la tierra y la pobreza dejaron decenas de viudas y huérfanos,
que ahora son amparados por un sistema de pensiones de la empresa, que
otorga entre 2 mil y 3 mil pesos mensuales a cada una; además
proporciona becas y paga la renta y luz eléctrica de todos los
estudiantes que salen de la comunidad a realizar estudios de
preparatoria y licenciatura. El
presidente del comisariado ejidal de El Balcón, Santos Atanasio González,
señala que aunque el órgano máximo de decisión es la asamblea
general, las determinaciones importantes son recomendadas por el
consejo de representantes ejidales, algo así como una junta de
ancianos, la mayoría analfabetas, que con sabiduría han llevado al
ejido a convertirse en modelo de desarrollo, donde los servicios
sociales del gobierno "nomás no llegan". El
ejido ha recibido reconocimientos internacionales al mérito forestal
y de vida silvestre durante tres años. Lo anterior es ejemplo de cómo
la organización y el trabajo comunal convirtieron a campesinos pobres
en nuevos ricos de la sierra de Guerrero, región conocida por su
miseria. PADRE DE MAGISTRADA LA
ACUSA DE QUERER DESPOJARLO DE PROPIEDADES EN QUERÉTARO Al
momento en que el Congreso local ratificó en su cargo a la magistrada
del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Basilisa Balderas
Sánchez, el padre de ésta, José Sabino Balderas González, de 81 años,
la acusó de utilizar "sus influencias" para pretender
despojarlo de sus propiedades. El
presidente de la Junta de Concertación Política en la Legislatura
estatal, Orlando Caballero Núñez, recordó que la magistrada tiene
en su contra dos demandas que interpuso Balderas González, pero ante
la falta de investigaciones al respecto se le confirmó en el puesto
que ostenta desde hace tres años. Sabino
Balderas, con pancartas, acudió al Congreso local para denunciar que
Basilisa pretende quitarle dos terrenos ubicados en las comunidades
Buenavista y Santa Rosa Jáuregui, en el municipio de Querétaro, así
como la casa que actualmente habita, indicó. Agregó
que sus hijas Basilisa, Georgina, Teresa y Guadalupe, por medio de
"argucias legales", pretenden despojarlo de sus bienes. En
un documento Balderas Sánchez resume siete denuncias que sus hijas
interpusieron en su contra por la posesión de inmuebles. Las
denuncias contra Sabino Balderas incluyen un juicio para recuperar una
propiedad, una demanda de divorcio y una querella por la posesión de
32 hectáreas de terrenos. El
acusado también ha interpuesto denuncias contra sus hijas, con el
propósito de que le sean devuelvas sus propiedades que le quitaron. AGUDIZA INVASIÓN DE
TIERRAS Representantes
ejidales, así como colonos, exigieron del Gobierno del Estado pronta
intervención para dar solución al conflicto que prevalece sobre la
invasión que realiza el Bloque del Poder Popular en el predio
denominado La Beatilla, en donde afirmaron que se ha encendido un foco
amarillo que solamente podría traer el riesgo de que llegue la
violencia. Lo
anterior fue señalado, ayer, al sostener una reunión con los
representantes del Gobierno del Estado, donde les dejaron en claro que
es importante que se tomen cartas en el asunto y que se intervenga de
manera inmediata para evitar que se vaya a salir de control el
problema. En
ese sentido, sostuvieron que el conflicto social tiene poco más de
cuatro años, por lo que indicaron que es indispensable que las
autoridades gubernamentales den solución a este asunto. Cabe
señalar que los ejidatarios, al igual que los colonos, demandan de
las autoridades para que impidan que se sigan invadiendo las tierras y
que se dejen de vender, porque esto sólo podría traer un severo
problema social. En
el predio La Beatilla se tienen invadidas 10 hectáreas, donde se
ubica la colonia Lázaro Cárdenas Batel y Primero de Mayo, en el que
los colonos han sido engañados por los líderes del Bloque del Poder
Popular, toda vez que solamente les solicitan recursos económicos con
el supuesto de que se les entregarían las escrituras, cuyo documento
hasta el momento no lo han podido obtener. Durante
la reunión que sostuvieron en sala de Cabildo, Ernesto Núñez
Aguilar, jefe del Departamento de Producción Interinstitucional de
Organización Agraria del Gobierno del Estado, así como Manuel Jiménez
González, director de Organización Dependiente de la Subsecretaría
de Gobierno, se comprometieron a emprender acciones inmediatas para
dar solución a este conflicto que se ha agudizado en los últimos días. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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