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Las notas que se
reproducen a continuación
“CLASE
POLÍTICA”...
SECTOR
AGRARIO SRA: VALE $100
MILLONES, NO MIL 214, EL PREDIO DE LOS RAMOS MILLÁN...
PROMETE TITULAR DE LA
SRA RESOLVER CONFLICTOS AGRARIOS...
PEDIRÁN INDÍGENAS LA
DESTITUCIÓN DEL PROCURADOR AGRARIO...
EXIGEN INDEMNIZACIÓN
LABRIEGOS QUE CEDIERON PREDIOS HACE 20 AÑOS...
IMPROCEDENCIA DE
REGULARIZACIÓN FAVORECE A ROSIÑOL Y NORDHAUSEN...
EL DESARROLLO LOS
CONVIRTIÓ EN PEREGRINOS...
ESTADOS ESTADO
DE MÉXICO SE ENFRENTAN EFECTIVOS
DE LA PFP CONTRA COMUNEROS DE XALATLACO...
GUERRERO IMPIDEN A MAGISTRADA
ACCESO AL TRIBUNAL AGRARIO EN GUERRERO...
“CLASE
POLÍTICA” ...
La dirigencia de la CNC, encabezada por Heladio Ramírez López,
manifestó su beneplácito por el anuncio de que se buscará revisar
el TLCAN, en apoyo a los productores mexicanos... SRA: VALE $100
MILLONES, NO MIL 214, EL PREDIO DE LOS RAMOS MILLÁN El
valor real del predio de 50 hectáreas de Santa Ursula Coapa, por el
que la familia Ramos Millán demandó un pago de mil 214 millones de
pesos, no supera los 100 millones de pesos a precios actuales, dijo el
secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame. Insistió
en que el juicio en el que se resolvió que la SRA debería pagar mil
214 millones de pesos por el predio expropiado estuvo lleno de
irregularidades, pues "no se ha escuchado a la SRA". Confió
en que las 14 tesis jurisprudenciales que la semana pasada emitieron
ministros de la Suprema Corte ayuden a revisar la forma en que se
calculó el valor del predio reclamado y que se tome una
"resolución justa", porque se "impuso el pago de una
indemnización por encima de su valor real, y cubrirlo llevaría 40 años".
Tampoco
se incluyeron los argumentos que presentó el jurídico de la
institución federal, como el hecho de que la superficie no estaba en
poder de sus propietarios, había sido invadida, y al momento de la
expropiación, para regularizar la vivienda de los que allí
habitaban, el valor del predio era de 7 millones de pesos. Además,
el predio se identificó sobre una Guía
Roji, así quedó asentado en actas, y por eso tampoco los
demandantes pudieron señalar cuál era la extensión y así lo
estableció el perito; pese a esas irregularidades se llevó a cabo el
juicio, agregó el titular de la SRA. Consideró
que hay dos vías para abordar el asunto: que se reponga el
procedimiento "porque es notoriamente apegado a lo que establece
la ley", o se ajuste a lo correcto el pago indemnizatorio, si se
decidiera mantener la ejecutoria. El
monto de mil 214 millones de pesos "es francamente
escandaloso"; si se pagara implicaría incumplimientos que causarían
"un grave problema social en el campo", advirtió. Sobre
la intervención como abogado del senador Diego Fernández de
Cevallos, el secretario expuso que "crea una implicación que
quisiéramos no tuviera más en el futuro. Hemos señalado la
pertinencia de que el Poder Legislativo emita una ley que prohíba que
los representantes populares durante su ejercicio ejerzan cualquier
actividad que no sea la estrictamente académica, porque no sabemos cuándo
el legislador es abogado o el abogado es el legislador". PROMETE
TITULAR DE LA SRA RESOLVER CONFLICTOS AGRARIOS El
secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, se
comprometió a que al finalizar el gobierno de Vicente Fox el campo
mexicano esté ordenado, en paz social y atractivo para la inversión
privada. El
funcionario aseveró que a pesar de que persisten los focos rojos en
la lucha por la tierra y faltan por regularizar 18 millones de hectáreas
de las 103 que constituyen la propiedad social del país, en la reunión
nacional que la semana pasada realizaron delegados y representes del
sector agrario convinieron en poner el mayor interés en la
regularización de la tenencia de la tierra y resolver los conflictos
agrarios. Señaló
que la regularización de la tenencia de la tierra permitirá que haya
mayor certeza y certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra. Aseveró
que la mayor preocupación para la SRA es la solución de los seis
focos rojos pendientes de los que los más graves son el conflicto en
la Meseta Purépecha, en Michoacán, donde 47 comunidades indígenas
tienen conflictos diversos entre sí que arrojan más o menos cien
asuntos “y lamentablemente ha habido como en otros focos rojos
hechos sangrientos” Otro
es el de la comunidad Yaqui, en la que se había convenido en
regularizar dos mil 500 hectáreas para lo cual los propios yaqui
disponen de un fondo que fue recibido del Gobierno federal a cambio de
un proceso expropiatorio, pero al final han modificado su actitud ,
por lo que ha sido muy difícil la negociación debido a que tienen
ocho gobernadores tradicionales y cuatro que no lo son. Un
tercero es el de Montes Azules, en Chiapas, el cual es muy complejo
por todo lo que implica la reserva de la Selva Lacandona, pero
afortunadamente ya hay avances de 30 por ciento en los acuerdos con
los asentamientos irregulares dentro de la reserva de la biosfera y ya
estamos previendo terrenos para reubicarlos en predios que les
permitan desarrollar sus actividades económicas y arraigarse en
ellos. Señaló
que con la desactivación de los focos rojos se contribuye a que junto
con el ordenamiento territorial se pueda impulsar el desarrollo rural
sustentable como se lo propone este gobierno a fin de que realmente
haya condiciones de mejoría de la calidad de vida en el campo
mexicano. Afirmó
que con el fin de resolver estos asuntos la Reforma Agraria va a
designar mayores recursos de sus oficinas centrales hacia los estados
que es donde está la parte operativa. PEDIRÁN
INDÍGENAS LA DESTITUCIÓN DEL PROCURADOR AGRARIO Cansados
por la actitud del comisionado de la Procuraduría Agraria en el
municipio de Zongolica, Veracruz, Próspero Hernández Romero, indígenas
de la sierra de Zongolica enviarán un escrito a las autoridades
correspondientes a fin de pedir su destitución por hacer mal uso del
cargo que ostenta. Esto
dio a conocer Román Vásquez González, representante de la ANIPA en
esta zona, quien añadió que este personaje sólo ocupa este puesto
para aprovecharse de los campesinos, así como quitarles el poco
dinero que tienen; otra de las situaciones que realiza el comisionado
es el hecho de incitar a todos ellos a que vendan sus terrenos y con
ello ganar unos pesos, desde luego que dicha maniobra la realiza con
el apoyo del regidor y presidente del PRD, Carlos Mezhua Campos. EXIGEN
INDEMNIZACIÓN LABRIEGOS QUE CEDIERON PREDIOS HACE 20 AÑOS Campesinos
de China, Nuevo León, denunciaron que a más de 20 años de que el
gobierno federal les expropió 11 mil 700 hectáreas para construir la
presa El Cuchillo, y para la exploración de yacimientos de gas y petróleo,
siguen sin recibir la indemnización correspondiente, debido a que
falsos comuneros, coludidos con ex funcionarios federales y estatales,
los despojaron de sus derechos. El
abogado Luis Alberto Gómez afirmó que son aproximadamente cien
fa-milias las que no recibieron indemnización, pues con documentos
falsos y mediante engaños se quedaron con el dinero unos 15
propietarios, principalmente una persona de nombre Adán Salinas
Garza. Israel
Benavides, Nora Salinas, Enrique Lozano, Noé Salinas, Jesús Pulido y
Baltazar Benavides, entre otros, señalaron que la expropiación fue
decretada por el ex presidente José López Portillo, quien tuvo
información falsa, pues el citado Adán Salinas Garza y otros pillos,
"aprovechándose de nuestra ignorancia, nos despojaron vilmente,
por medio de amenazas, engaños y falsificación de firmas, de 11 mil
700 hectáreas, no obstante que nosotros tenemos escrituras de
nuestros ancestros que datan de 1881, con las cuales demostramos que
somos los auténticos herederos". Luis
Alberto Gómez dijo que la semana próxima acudirán a la Secretaría
de la Reforma Agraria, para demandar una solución al titular de la
dependencia, Florencio Salazar, pues en el Tribunal Agrario, instancia
ante la cual presentaron un juicio de nulidad de la expropiación, ha
existido mucha parcialidad, "y no hay ningún movimiento en los
expedientes", aseguraron. IMPROCEDENCIA
DE REGULARIZACIÓN FAVORECE A ROSIÑOL Y NORDHAUSEN El
alcalde de El Carmen, Jorge Rosiñol Abreu y el senador tamaulipeco,
Jorge Rubén Nordhausen González, son los principales beneficiarios
con la improcedencia que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
declaró para regularizar los terrenos del predio Juan de la Cabada
Vera, denunció el dirigente del Frente Campesino Independiente,
Emiliano Zapata, Luis Antonio Che Cu, quien adelantó que no firmarán
el convenio para evitar nuevos asentamientos. En
conferencia de prensa, explicó que el pasado cinco de abril las
oficinas centrales de la SRA notificaron a la representación estatal,
que los predios de "Juan de la Cabada Vera" eran propiedad
de gente que presentó escrituras de 1870, lo que representa una
violación al artículo 27 de la Constitución Política de México
que desconoció los latifundios. Es
claro que la gente que se benefició con este resolutivo de
improcedencia está ligada al poder político de El Carmen, ya que
aparecen como los principales beneficiarios el alcalde, Jorge Rosiñol
Abreu y el senador Jorge Rubén Nordhausen González. La
SRA se amparó de documentos que pertenecen al porfiriato y que datan
de 1800, como en los casos de Ana Alavez de Repeto, con escrituras de
1892, con 450 hectáreas, las de Enrique Pauling y las de Juan Fernández
con fecha de 1882, con dos mil 400 hectáreas. Esas
fueron las escrituras que ampararon la posesión de la tierra, para
que la SRA declarara improcedente el juicio en el que más de 90
familias salen afectadas, en un juicio que inició en la administración
de Abelardo Carrillo Zavala. Che
Cu advirtió de movimientos de protesta, que irían hasta el cierre de
carreteras como una medida de presión para exigir que se cumpla con
la entrega de títulos de propiedad. Dijo
que en la zona de Juan de la Cabada Vera es donde se da la principal
actividad del narcotráfico y por eso las autoridades federales
protegen intereses políticos e ilícitos. Para
hoy 18 de mayo, se acordó la firma del Acuerdo Agrario por la Paz y
la Tranquilidad del Pueblo Campechano, pero ante esta actitud del
Gobierno Federal no vamos a apoyar tal acción, porque sería aceptar
lo que los foxistas quieren, aseguró Che Cu. EL
DESARROLLO LOS CONVIRTIÓ EN PEREGRINOS El
poblado seis, que opera como cabecera municipal, es el único que
cuenta con camino de terracería. Cuando
llegaron al Valle las vacas se morían, pues las moscas
–recuerdan– “les chupaban la sangre”. Las nubes de insectos
envolvían a los animales. “Nomás así se caían”, cuenta María
Gertrudis Acevedo, una de los 20 mil indígenas chinantecos
desplazados hace 32 años a este Valle. Las cosas no han cambiado
mucho. Todavía sobrevuelan los moscardones. María
Gertrudis, de 47 años, vive en una comunidad que ni siquiera aparece
en la estadística oficial de la pobreza. Es de las que poco ganó y
todo perdió con la reubicación. Tiene muy presente 1972, porque fue
el año que inició su peregrinar. “Fui arrancada de mis tierras”
en Ojitlán, Oaxaca, y reubicada a 400 kilómetros, de distancia en el
bosque tropical de Uxpanapa, en Veracruz, dice María Gertrudis. Parte
de su familia “fue reacomodada en otros municipios de Veracruz y
Oaxaca, como Las Choapas o en la en la zona de los Naranjos”. Para
poder ver a sus familiares, María Gertrudis camina hasta doce horas. Identidad
sepultada “Un
espejo de agua sepultó nuestra identidad, nuca más tuvimos el
Consejo de Ancianos”, subraya Rogelio Manuel. Responsable
del rescate cultural de los chinantecos en el Valle de Uxpanapa,
Rogelio asegura que con la “expropiación todo cambio, y a partir de
entonces modificamos nuestra forma de hablar, de pensar, de sentir, de
comer, de vestir”. Rogelio
recorre las comunidades indígenas desde hace nueve años. Su familia
ha dedicado su labor al rescate de la cultura chinanteca. Hoy trabaja
en coordinación con el Centro Coordinador Indigenista de Uxpanapa. En
Ojitlán, comenta, “la tierra era fértil, se contaban con sistemas
de comercialización y trueque entre las comunidades, teníamos
garantizado el autoconsumo”. En
1972 fueron expropiadas 30 mil hectáreas del norte de Oaxaca para la
construcción de la presa “Miguel de la Madrid”. Con la medida,
basada en el desarrollo de la nación, fueron desplazados 20 mil indígenas
en su mayoría chinantecos a tres regiones del estado de Veracruz: Los
Naranjos, el Valle de Uxpanapa y otros municipios. Provenientes
de los municipios de Ojitlán, San Felipe Usila, San Felipe Jalapa de
Díaz, Valle Nacional, San José Chiltepec y los Chimalapas de Oaxaca,
los chinantecos fueron expulsados a 400 kilómetros de distancia de
sus tierras, a un bosque tropical arrasado y fraccionado en 13
poblados, que de acuerdo con el decreto se les denominó “zonas
urbanas dotadas con los servicios básicos para albergar a los
reacomodados”. Datos
de marginación del Consejo Nacional de Población, considera al Valle
de Uxpanapa entre las 30 regiones más pobres del país. Indicadores
de ese organismo revelan que 93% de los niños de esa región sufre
desnutrición. El
poblado seis, que opera como cabecera municipal, es el único que
cuenta con camino de terracería. En el poblado 15, veinte años después
de que llegaron, se les construyó el sistema de agua potable, que hoy
opera con deficiencias, por lo que siguen sin el servicio. Mientras
que los pobladores del 13 siguen esperando el drenaje. Basta
visitar cualquiera de los 13 poblados y escuchar que las historias se
repiten, se multiplican: demandas insatisfechas de tierra, viejos
rezagos agrarios, conflictos entre ejidos y comunidades; invasiones y
despojos de terrenos comunales, asesinatos y ajusticiamientos de
caciques. ESTADO
DE MÉXICO SE ENFRENTAN EFECTIVOS
DE LA PFP CONTRA COMUNEROS DE XALATLACO Al
menos 200 habitantes de este municipio se enfrentaron hoy con
efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en los límites
entre el Distrito Federal y el estado de México, luego de que los últimos
se negaran a retirarse del lugar, donde permanecen desde hace nueve
meses resguardando el predio Agua Grande, que se encuentra en litigio
entre Xalatlaco y comuneros de Santo Tomás Ajusco, de la delegación
Tlalpan. El
saldo del enfrentamiento fue de cuatro campesinos mexiquenses
lesionados y dos cabañas quemadas, que eran utilizadas por la PFP
como resguardo. El
enfrentamiento se dio alrededor de las cuatro de la tarde, cuando los
xalatlaquenses regresaban de una diligencia que se efectuó en el
predio Agua Grande, a la que acudieron comuneros de Santo Tomás
Ajusco y personal del juzgado tercero en materia administrativa,
dentro del juicio por la posesión del predio de mil 509 hectáreas. Al
llegar al paraje La Placa, en los límites con el Distrito Federal,
los comuneros de Xalatlaco se hicieron de palabras con los policías
federales, a quienes exigieron retirarse de la zona, ya que habían
ocupado las cabañas de los ejidatarios para el campamento permanente.
Otro
grupo de comuneros de Xalatlaco intentó recuperar las cabañas que,
hasta hace unos meses, utilizaban para comerciar sus productos, pero
al no lograrlo les prendieron fuego, por lo que se quemaron algunos
utensilios de la PFP. Fernando
Mejía Reza, uno de los líderes del movimiento de Xalatlaco, denunció
que los hechos representaron una provocación de las autoridades
contra su pueblo, y exigieron al subsecretario de Gobernación,
Gonzalo Altamirano Dimas, reinstalar las mesas de negociación para
evitar estos actos violentos. Mejía
Reza exigió además a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) atraer los distintos litigios que se iniciaron por la posesión
de mil 509 hectáreas del predio Agua Grande, y anunció que se
iniciarán una serie de marchas de inconformidad y reclamo para
recuperar las tierras que les pertenecen. IMPIDEN A MAGISTRADA
ACCESO AL TRIBUNAL AGRARIO EN GUERRERO Los
aproximadamente 200 campesinos y ejidatarios que desde hace una semana
iniciaron un plantón indefinido en las instalaciones del Tribunal
Agrario Unitario (TAU) impidieron el acceso a la magistrada María de
la Luz Mercedes del Carmen, de quien exigen su destitución inmediata
por "favorecer" a inversionistas en los litigios de tierras
en la zona de Acapulco-Diamante y actuar contra los campesinos y
ejidos de esta ciudad. Al resto del personal del TAU le permitieron la
entrada a las instalaciones de la dependencia. "Si no logramos su
destitución nos vamos a ir a México a seguir haciendo actos de presión
para que se cumpla", dijo Humberto Sevilla, asesor jurídico del
ejido El Podrido. Señaló además que este miércoles se reunirá con
ellos un visitador federal, quien podría dar una respuesta favorable
a su petición y así dar por terminado el conflicto. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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