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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “POR
LOS CAMINOS DE LA AUTONOMÍA”...
LO
QUE SIGUE ES LA TITULACIÓN “INDIVIDUAL” DE LA TIERRA: VICENTE FOX...
SECTOR
AGRARIO BROTAN EN EDOMEX
PROBLEMAS AGRARIOS...
CERTIFICARÁ EL SECTOR
AGRARIO 6 MILLONES DE HECTÁREAS ESTE AÑO...
BUSCARÁ
EL GOBIERNO REIMPULSAR EL PROCEDE...
REIMPULSO
AL PROCEDE...
DEMANDA JUEZ A SALAZAR
ADAME RESPETAR AMPARO...
‘CALIENTA’ DESINTERÉS
CONFLICTO TERRITORIAL...
PROMOVERÁN APOYO PARA
INDÍGENAS...
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS “CENTRALES CAMPESINAS
DAÑAN AL AGRO”...
ESTADOS ESTADO
DE MÉXICO SATURAN CONFLICTOS LOS
TRIBUNALES...
OAXACA FRENAN EN OAXACA
AUTOPISTA...
PUEBLA PRESENTAN DENUNCIA
CAMPESINOS POBLANOS...
TIERRA ADENTRO...
“POR
LOS CAMINOS DE LA AUTONOMÍA” El
caciquismo en Guerrero siempre se asocia al apellido Figueroa, que
ostenta el poder hasta en los nombres de las calles de pueblos y
ciudades. Pero en la Costa Chica que colinda con la Montaña Baja el
cacicazgo de los Figueroa se cobija bajo la familia Aguirre. Hoy,
Carlos Mateo Aguirre Rivero se dice propietario de diez hectáreas de
tierra (parte de una concesión latifundista producto de su cacicazgo)
que desde el 21 de octubre de 2001 tomaron 150 familias sin tierra,
que forman parte del Movimiento Indígena por la Autonomía (MIA) en
el municipio de Ometepec. Lauro
García Vázquez, dirigente de la organización, explica que en el
proceso de regularización de la tenencia se han enfrentado con múltiples
problemas: amenazas constantes, hostigamiento y la persecución, que a
él ya le costó siete meses de cárcel. Ahora, según Lauro García,
Aguirre prepara "grupos de choque" que enfrenten
directamente a los ocupantes de las tierras. "Queremos
resolver el problema con justicia", declara García.
"Estamos buscando cómo pagar por la propiedad, pero necesitamos
que se aclare qué tipo de propiedad es, pues primero nos sacan un
papel que dice que es pequeña propiedad, y luego otro que dice que es
ejido. Los documentos entonces son falsos. ¿Cómo vamos a pagar por
la tierra si no es legal?" La desconfianza en las instancias
agrarias ha sido una constante en las luchas del MIA. El
MIA es un movimiento regional que busca la autonomía en sus
territorios. En el camino de la lucha nacen proyectos de desarrollo
comunitario que incluyen cuestiones de salud y educación, además de
la apropiación territorial. Como ocurre en Rancho Viejo, comunidad de
Tlacoachistlahuaca, donde se busca consolidar un municipio autónomo,
aunque hasta ahora el único "reconocimiento" ha sido la
represión contra los integrantes del MIA. En
Guerrero, los caminos de la autonomía van de la mano con sus procesos
históricos y sociales, donde se mezclan la dominación caciquil y el
poder represor. La autonomía guerrerense teje historias de lucha que
no han terminado de escribirse. Como todo camino, construir la autonomía
significa poner sobre la mesa el plato diario de la resistencia, y
cada pueblo lo va cocinando a su manera. LO
QUE SIGUE ES LA TITULACIÓN “INDIVIDUAL” DE LA TIERRA: VICENTE FOX Este
25 de febrero se cerró una de las heridas abiertas en el Istmo de
Tehuantepec. Tras 47 años de conflicto agrario, la comunidad zoque de
Santa María Chimalapa recibió de manos del presidente Vicente Fox
los títulos que confirman que tenían razón en la lucha que
sostuvieron contra los ganaderos de la colonia Cuauhtémoc, de Matías
Romero. Los 257 lotes que invadían la selva de los Chimalapas serán
comprados con cifra millonaria y las tierras expropiadas, se entregarán
a sus legítimos dueños: los comuneros de Santa María. Queda
abierta una herida más grave: el conflicto por más de 100 mil hectáreas
en la frontera de Oaxaca con Chiapas, originado por la histórica
complicidad entre caciques, terratenientes, ganaderos, madereros y políticos
que propicia que los ejidos chiapanecos invadan la zona oriente de los
Chimalapas. El
presidente de bienes comunales de Santa María, Reynaldo Cruz, con los
documentos entregados por Vicente Fox en la mano, rompió el protocolo
de su discurso al anunciar que "ahora vamos a seguir luchando por
resolver el conflicto con Chiapas". Reynaldo Cruz anunció también
un proyecto de conservación que propondrán al gobierno federal por
23 millones de pesos. En
su momento, Xóchitl Gálvez, directora de la Comisión para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se comprometió a pavimentar
cuatro tramos carreteros: dos en las cabeceras municipales de Santa
María y San Miguel Chimalapa, otro en la zona oriente de San Miguel y
otro en el Uxpanapa-Chimalapa. Estos tramos carreteros alcanzan la
cifra de 39 millones de pesos tomados del Fondo Indígena que integró
la CDI. Ni un peso para resolver el conflicto agrario de la zona
oriente, que es diez veces más complicado que el de la Cuauhtémoc. En
su discurso, Vicente Fox, lejos de atender este asunto, declaró que
con la entrega de tierras de la colonia Cuauhtémoc se apagaba el
"foco rojo" de los Chimalapas, pero hasta el gobernador de
Oaxaca, José Murat, le solicitó se integrara una mesa de diálogo
con el gobierno de Chiapas. En
lugar de responder a esta inquietud, Fox anunció que el paso
siguiente es "certificar" la posesión de tierras mediante
el Procede, para que "la seguridad jurídica de la tierra sea
individual" y se permita el desarrollo sustentable. Ciertamente
sin seguridad jurídica en la tierra es imposible pensar en cualquier
proyecto de desarrollo, pero la certificación individual fragmenta el
tejido comunitario para abrir las tierras colectivas a la venta o
renta a las grandes empresas agroindustriales que tienen puestos sus
intereses en las selvas de mayor biodiversidad del sureste mexicano. Si
bien para los comuneros de los Chimalapas la entrega de tierras fue
motivo de fiesta y júbilo, esto no significa que ahora el gobierno
federal tenga los Chimalapas a su disposición y vayan a permitir los
megaproyectos de desarrollo carretero, agroindustrial, de conservación
y extracción de recursos forestales, biológicos y minerales,
anunciados como parte del Plan Puebla Panamá y el Corredor Biológico
Mesoamericano. Oaxaca-Chiapas
En
el cerro La Jineta, se organizan ya para iniciar el brecheo. El 13 de
diciembre de 2003, acompañados de la Procuraduría Agraria, los
comuneros de San Miguel Chimalapa y los ejidatarios de Plan de Ayala,
municipio de Tapanatepec, fueron a La Jineta y hallaron 2 mojoneras
muy cerca una de la otra. En el plano definitivo de Plan de Ayala y
sus títulos del Procede aparecen estos puntos como límite con
Chimalapas. Pero los chimas no reconocieron esta mojonera y les
pidieron caminar tres kilómetros al sur para llegar a una mojonera
destruida que dejó marcada Genaro Benítez Coronel, uno de los líderes
chimas que en 1971 inició la movilización en la frontera con Chiapas
para expulsar a los madereros chiapanecos invasores. Desde
La Jineta se observa claramente la zona de conflicto interestatal.
Desde el año pasado los comuneros de la zona oriente en La
Cristalina, Sol y Luna y Benito Juárez, identifican otras mojoneras
donde está latente el conflicto agrario. Este
cerro es reconocido como límite interestatal por lo menos hace 300 años,
según cuenta Charles Brasseur en su Viaje
al Istmo de Tehuantepec. El otro punto que marca los límites de
Oaxaca-Chiapas-Veracruz es el cerro Los Martínez. El problema es que
el gobierno federal nunca ha reconocido el trazo de la brecha que
marcan los comuneros para definir los límites territoriales. BROTAN EN EDOMEX
PROBLEMAS AGRARIOS La
delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado de México y los
Tribunales Unitarios Agrarios del Estado de México, tiene registrados
2 mil 248 conflictos por tenencia de la tierra, de los cuales al menos
10 son considerados de alto riesgo, debido al latente enfrentamiento
que existe entre comunidades. Los
10 focos rojos están ubicados en 12 demarcaciones, pertenecientes en
su mayor parte a municipios conurbados, donde imperan los problemas de
límites territoriales, la pelea por el reconocimiento de bienes
comunales y la pugna de tierras por el aprovechamiento de recursos
naturales que hay en ellos. No
obstante, el director jurídico de la delegación estatal de la
Procuraduría Agraria, Juan Carlos Pérez Castillo, señaló que
tienen ubicados otros 34 casos, que de no solucionarse, corren el
riesgo de convertirse en problemas sociales para la autoridad. “Los
conflictos que involucran a grandes comunidades son los que
generalmente corren el riesgo de tornarse violentos, la mayoría de
los casos de alto riesgo corresponden a problemas con límites entre
los núcleos agrarios, por la indefinición de linderos entre las
comunidades”. CERTIFICARÁ
EL SECTOR AGRARIO 6 MILLONES DE HECTÁREAS ESTE AÑO El
director en jefe del Registro Agrario Nacional, Abelardo Escobar
Prieto, anunció en Nayarit la decisión del Gobierno Federal de dar
un nuevo impulso al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y
Solares Urbanos (Procede) para medir en este año seis millones de las
18 millones de hectáreas de la propiedad social que faltan por
regularizar y certificar en todo el país. Para
los siguientes dos años se proyecta medir los restantes 12 millones
de hectáreas y así concluir con la regularización y certificación
de los 103 millones de hectáreas que integran la propiedad social del
país. Escobar
Prieto comentó que todos los funcionarios del Sector Agrario tienen
instrucciones expresas del Presidente Vicente Fox y del secretario de
la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, para acelerar los
trabajos de certificación de la tenencia de la tierra, “porque la
certidumbre jurídica es el primer paso que necesita darse en el campo
para atraer las inversiones e iniciar una nueva etapa de
desarrollo”. BUSCARÁ
EL GOBIERNO REIMPULSAR EL PROCEDE El
Gobierno Federal dará un nuevo impulso al Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (Procede) al medir este año
seis millones de las 18 millones de hectáreas de la propiedad social
que faltan por regularizar y certificar en todo el país; durante los
siguientes dos años lo hará con los restantes 12 millones de hectáreas
para concluir con la regularización y certificación de los 103
millones de hectáreas que integran la propiedad social del país. Así
lo anunció el director en jefe del Registro Agrario Nacional,
Abelardo Escobar Prieto, quien explicó que se han tomado todas las
medidas para garantizar que al término del presente sexenio se
concluya con la medición de la propiedad social y se ponga fin, con
base en la conciliación y la negociación, a todos los conflictos
agrarios que existen en la República mexicana. Durante
una gira de trabajo por el municipio de Tecuala, Nayarit, en la que
estuvo acompañado por el gobernador Antonio Echevarría, el titular
del Registro Agrario comentó que todos los funcionarios del Sector
Agrario tienen instrucciones expresas del Presidente Vicente Fox para
acelerar los trabajos de certificación de tenencia de la tierra. Sostuvo
que para el Gobierno Federal "la certidumbre jurídica es el
primer paso que necesita darse en el campo para atraer las inversiones
e iniciar una nueva etapa de desarrollo" en México. En
la visita a Nayarit, Escobar Prieto entregó 2 mil 800 documentos
agrarios en el ejido Quimichis a campesinos beneficiarios del norte
del estado e informó que en esta entidad el Procede registra un
avance del 78.6 por ciento. REIMPULSO
AL PROCEDE El
Gobierno Federal dará un nuevo impulso al Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (Procede) con el objeto de
lograr la medición de la tercera parte de los 18 millones de hectáreas
de la propiedad social que faltan por regularizar y certificar en todo
el país, según dio a conocer ayer, en Nayarit, el director en jefe
del Registro Agrario Nacional, Abelardo Escobar Prieto. DEMANDA
JUEZ A SALAZAR ADAME RESPETAR AMPARO El
secretario de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, fue
apercibido por el juzgado séptimo de distrito en materia
administrativa que, de continuar con su actitud omisa y de
incumplimiento de un amparo en favor de ejidatarios de San Pedro
Tultepec, se solicitará ante la Suprema Corte que obligue al
funcionario a acatar el fallo judicial, o se iniciará un proceso para
destituirlo y consignarlo penalmente por el delito de abuso de
autoridad. Hasta
la fecha se mantiene incumplida la resolución presidencial de octubre
de 1929 -ratificada en segunda instancia por el décimo tribunal
colegiado en materia administrativa el 8 de enero de 2003-, en el que
se ordena a la SRA la entrega total de mil 936 hectáreas previstas en
el documento presidencial, en lugar de las 510 hectáreas que fueron
entregadas parcialmente en 1930. Sin
embargo, éste no sería el único ilícito relacionado con la SRA que
encabeza Salazar Adame. En un escrito dirigido el 25 de febrero pasado
por el presidente del comisariado ejidal de San Pedro Tultepec,
municipio de Lerma, estado de México, Remigio Gutiérrez Morales
dirigido al director general de asuntos jurídicos de la dependencia,
Jorge Gómez de Silva Cano, se denuncia que el delegado de la SRA con
sede en Toluca, Sergio Romero, consideró en un documento oficial que
parte de la superficie que corresponde a los barrios de San Diego y
Llano de Perea, ubicados en el municipio de Lerma, "no son
susceptibles" de ser afectados por el decreto presidencial del 26
de octubre de 1926 en favor de los ejidatarios de San Pedro Tultepec. El
funcionario de Reforma Agraria fue acusado por los representantes de
San Pedro Tultepec de actuar ilegalmente al contravenir
"gravemente" el sentido de la ejecutoria presencial y del
amparo definitivo otorgado en favor de los ejidatarios. En
el documento enviado al director de asuntos jurídicos, subordinado de
Salazar Adame, se precisa que el funcionario con sede el Toluca no
tiene facultades para modificar una resolución presidencial. ‘CALIENTA’
DESINTERÉS CONFLICTO TERRITORIAL Los
ejidatarios de Temoac, al oriente de Morelos, enfrentan una lucha con
los de Puebla por mil 500 hectáreas de tierras cerriles, que reclaman
como su patrimonio. Mientras
los campesinos poblanos cuentan con el respaldo político y la asesoría
jurídica del Gobierno del Estado, los de Morelos se hallan en
desventaja debido a la desatención y a la falta de voluntad política
del gobernador Sergio Estrada Cajigal por resolver el conflicto. Para
reclamar la atención del gobierno de Morelos, los ejidatarios de
Temoac, que es el municipio más joven de Morelos, han realizado desde
hace más de un año acciones de resistencia, como cerrar un camino de
San Mateo Acteopan, el municipio poblano vecino, retener vehículos y
funcionarios y cortar la luz hasta por ocho días. Los
campesinos de Morelos reconocen que no se trata de tierra productiva
porque son terrenos pedregozos que apenas les dan para comer a los
ejidatarios que sólo pueden sembrar maíz o frijol por el calor y la
sequía. Sin
embargo, afirman que es su único patrimonio y además desde hace
varios años se ha logrado organizar una producción colectiva de
palanquetas y dulces de amaranto que comercializan no sólo en Morelos
sino en ferias y plazas de pueblos cercanos de los estados vecinos. Santos
Romero Cerezo, ejidatario de Morelos, recuerda que después del cierre
del camino poblano, que afectó a 7 mil 500 habitantes de Acteopan, se
estableció una mesa de diálogo a la que asistieron funcionarios y
ejidatarios de Puebla y campesinos de Morelos. Luego
de esta reunión, ambos Gobiernos firmaron, el 28 de febrero del 2003,
un acuerdo de civilidad y buena voluntad para analizar y solucionar el
problema. Aunque
los ejidatarios de los municipios de Temoac y Jantetelco tuvieron un
encuentro con autoridades de Morelos y Puebla el 3 de marzo pasado,
para ellos todavía está en duda si puede existir un arreglo, porque
la autoridad local asegura que no hay elementos jurídicos ni técnicos
para reclamar al estado vecino esas tierras. PROMOVERÁN
APOYO PARA INDÍGENAS La
Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados adelantó
que sus prioridades para el periodo de sesiones que inicia hoy se
incluye modificar la Ley General de Asentamientos Humanos, con lo que
se concretará la Ley de Derechos y Cultura Indígena y reformar la
distribución y operación de los fondos relativos al desarrollo
social. La
presidenta de la Comisión, Beatriz Zavala Peniche, consideró que con
los cambios en la Ley de Asentamientos Humanos se plantea establecer
que son de interés público los programas para mejorar las
condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la
convivencia y recreación. Programas
especiales Agregó
que también se establece la atribución de las entidades federativas
de convenir con la Federación y los municipios la formulación y
ejecución de programas especiales de mejoramiento y desarrollo urbano
en estas comunidades. La
comisión tratará de facultar a los municipios a suscribir, con las
comunidades integrantes de un pueblo indígena, convenios y acuerdos
de concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en
los planes sobre asentamientos humanos, y que en estos programas se
incluyan los especiales de mejoramiento urbano en dichos pueblos indígenas.
“CENTRALES CAMPESINAS
DAÑAN AL AGRO” El
debilitamiento de las organizaciones campesinas ha destruido al ejido
y a la comunidad agraria, ha eliminado el crédito en el campo y
suprimido ramas enteras de la producción primaria y agroindustrial,
dijo Margarito Montes Parra, secretario técnico del Congreso Agrario
Permanente (CAP).. El
también dirigente de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (OGOCP),
admitió que esta debilidad ha dejado sin opciones a la población
rural golpeada por la crisis globalizadora. ESTADO
DE MÉXICO SATURAN CONFLICTOS LOS
TRIBUNALES Con
mil 466 conflictos recibidos durante 2003 el Distrito Nueve del
Tribunal Agrario, con sede en la ciudad de Toluca, presenta carga
excesiva de trabajo que impide la solución expedita de los casos. Luis
Ponce de León, magistrado del Tribunal, asegura que el trabajo se ha
triplicado, por lo que es necesaria la creación de una nueva sede. Comentó
que se envío una propuesta al Congreso de la Unión, para crear un
nuevo tribunal unitario que atienda 17 de los 58 municipios que
actualmente integran el noveno tribunal. Ponce
de león explicó que actualmente los problemas se resuelven en un
tiempo promedio de tres meses, aunque puede ser menor cuando se trata
de asuntos sucesorios entre familias o cuando son necesarios
peritajes externos. Mencionó
que entre las diputas que han dejado de ser agrarias para convertirse
en enfrentamientos sociales se encuentran la de San Jerónimo Acazulco
y Santa María Tepezoyuca, en el municipio de Ocoyoacac. FRENAN EN OAXACA
AUTOPISTA Engañados
hace 43 años para que dejaran sus mejores tierras sepultadas por las
aguas de la presa Benito Juárez, los habitantes de Guiechiquero se oponen ahora a que
la supercarretera Oaxaca-Istmo y su ramal a Huatulco pasen sobre los
áridos sembradíos que aún les quedan, aunque aseguran "apenas
dan para comer". Reunidos
en una pequeña planicie rodeada por cerros cubiertos de espinos, los
campesinos de Guiechiquero, municipio istmeño de Santa María Jalapa
del Marqués, decidieron detener la obra desde el 19 de enero pasado.
"Paramos los trabajos topográficos de la Constructora Peninsular
y frenamos el paso de las maquinarias", admitió el agente
municipal de la comunidad, Ageo Vásquez Olivera. Desde
entonces, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
"pierde 2 millones de pesos cada día por el pago de la
maquinaria inactiva", aseguró el coordinador del Derecho de Vía
de Carreteras Federales en Oaxaca, Homero Ambriz Báez, tras advertir
que "se pueden perder los recursos si persiste el retraso de la
obra". La
supercarretera forma parte de un proyecto gubernamental de construcción
y modernización de vías de comunicación en la región del Istmo
para enlazar la costa del Pacífico con el Golfo de México. "Nadie
nos ha informado qué beneficios tendremos", comentó el comunero
Joaquín Martínez, mientras vigila un grupo de vacas flacas pastando
junto a un maizal achaparrado y seco. "Sólo sabemos que el día
que pasemos por la autopista vamos a pagar", añadió. Según
los planos mostrados a los campesinos, el tramo carretero se convertirá
en una autopista de cuota de 60 metros de ancho, cercada por ambos
lados y con varias casetas de cobro. Ambriz
Báez indicó que la obra afectará 120 hectáreas de tierras de
cultivo, por las que la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales (Cabin)
podría "sugerir" el pago de 7 mil pesos por hectárea. Destrucción
del medio ambiente Los
campesinos consideran que, además de que "parcelará" la
mayoría de sus tierras de cultivo, la obra provocará la tala de 180
mil árboles y destruirá el único manantial que proporciona agua
potable a la población de la región debido al uso indiscriminado de
dinamita, cinco toneladas diarias, que ha causado fisuras subterráneas.
Los
agricultores exigen que las autoridades les expliquen qué utilidades
tendrán con la construcción de la autopista, ya que hasta ahora sólo
saben que perderán sus tierras a cambio de unos pocos pesos. Además,
demandan a las autoridades que se comprometan a dotar a la población
de un sistema de riego para sus cultivos. "No
vamos a negociar nada hasta que nos digan qué beneficios
tendremos", reitera Ageo Vásquez Olivera. "Sin tierras, ¿dónde
vamos a sembrar? ¿Dónde meteríamos nuestras vaquitas?",
pregunta otro de los comuneros que lo acompañan. Desde
que los comuneros detuvieron la maquinaria y obligaron a parar la
obra, funcionarios medios de la SCT y de Caminos y Aeropistas de
Oaxaca han tratado de convencer a los campesinos de que la
supercarretera llevará el desarrollo a la región. "Todos
los funcionarios que vienen nos dicen que la supercarretera nos traerá
beneficios; hasta el presidente municipal de Santa María Jalapa,
Jorge González Matus, que es del PRD, nos presiona para aceptar la
obra, pero ya no le creemos a nadie", dijo el campesino David
Garrido. "¿Cómo
no van dudar si en 1961 engañaron a nuestros viejos y el año pasado
el anterior presidente de los comuneros, Luis Altamirano, cobró medio
millón de pesos a la SCT para autorizar el derecho de vía y no
informó nada?", advierte Vásquez Olivera para justificar el
recelo campesino. PRESENTAN DENUNCIA
CAMPESINOS POBLANOS La
subsecretaría de Gobernación en Puebla, Benita Villa Huerta, informó
que los campesinos poblanos de San Mateo Acteopan están presentando
sus denuncias penales para evitar que los ejidatarios de Morelos los
despojen de sus tierras. A
través de un documento por escrito, la funcionaria dio respuesta a
esta problemática que se vive entre ejidatarios de Acteopan y
campesinos de los municipios de Temoac y Jantetelco, que pertenecen a
Morelos y que ha generado un conflicto de límites interestatales. Recordó
que los ejidatarios morelenses tuvieron un tiempo razonable para
presentar las pruebas que los acreditan como los dueños de estas hectáreas
y nunca lo hicieron, por lo que no pueden despojar a campesinos de
Puebla sin ninguna causa, fundamento u orden judicial. Aseguró
que tanto el gobierno de Morelos, como el de Puebla, cuentan con los
dictámenes técnicos y jurídicos que permiten establecer la
inexistencia de tal conflicto limítrofe. Agregó
que el gobierno de Sergio Estrada Cajigal informó el 16 de enero
pasado al líder de los campesinos de Temoac, los resultados negativos
de los estudios que se realizaron. Sin
embargo, los campesinos inconformes insisten en tomar las tierras por
la fuerza, y por ello los ejidatarios de Puebla se vieron obligados a
presentar denuncias. TIERRA
ADENTRO De
acuerdo con la Constitución de 1858, el territorio de Morelos se
conformó al dividir una porción del Estado de México. Sin embargo,
las mil 500 hectáreas que disputan Puebla y Morelos no fueron
consideradas. La
Constitución de 1917 considera que las hectáreas olvidadas en el
documento de 1858 pertenecen a Puebla. En
1974, los ejidatarios de Morelos han tratado de que se les reconozca
la propiedad de esas mil 500 hectáreas de tierra, que desde hace unos
años no han sido sembradas ni usadas por los pobladores de San Marcos
Acteopan por la disputa con los morelenses. Funcionarios
de ambos estados realizaron un deslinde de tierras en 1978, pero no se
apoyaron con mapas de tiempos coloniales ni el decreto de población
de esa entidad. El
último convenio oficial lo firmaron en 1989 los entonces gobernadores
Melquiades Morales, por Puebla, y Jorge Morales Barud, por Morelos,
donde se comprometen a deslindar las áreas. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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