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Las notas que se
reproducen a continuación SECTOR
AGRARIO ASPIRA LA PROCURADURÍA
AGRARIA ERIGIRSE EN OMBUDSMAN...
SECTOR
AGROPECUARIO RECHAZO TAJANTE DE
HACIENDA A REASIGNAR $10 MIL 800 MILLONES PARA EL CAMPO...
ESTADOS DISTRITO
FEDERAL EXHIBE EL GDF NUEVA
PRUEBA DEL FRAUDE SOBE EL PARAJE SAN JUAN...
ESTADO
DE MÉXICO ACUSAN A ALCALDESA DE
NAUCALPAN DE SOLAPAR A INVASORES DE ZONA PROTEGIDA...
ASPIRA LA PROCURADURÍA
AGRARIA ERIGIRSE EN OMBUDSMAN Con
un proyecto de modificación legislativa, la Procuraduría Agraria
(PA) pretende consolidar el papel de Ombudsman y trasladar sus operaciones sustantivas (correspondientes
a Procede, Programas de Certificación de Derechos Agrarios) hacia el
Registro Agrario Nacional. En
entrevista, el titular de la PA, Isaías Rivera Rodríguez, señaló
que este proyecto busca que la dependencia enfoque sus baterías hacia
el “arbitraje” y hacia la defensa de los derechos humanos de los
sujetos agrarios y, con la primera tarea, acelerar la resolución de
los conflictos por la tierra, que hoy representan seis “focos
rojos” y más de cien ‘focos amarillos’. La
intención es que para 2006, que es la fecha de término de Procede,
no haya más ‘focos rojos’ ni ‘amarillos’ en este
país. Habrá conflictos, algunos importantes, pero cuya
definición y solución será más clara y contundente en la vía
conciliatoria o judicial”. Señaló
que el proyecto de cambio a la Ley Agraria está en proceso, y se prevé
que este mismo año pueda entrar al Congreso, pues es un compromiso
del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) que la PA se fortalezca como ombudsman. Recordó
que al inicio de la gestión de Florencio Salazar al frente de la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), habían 14 “focos rojos”,
que implican núcleos agrarios con poblaciones numerosas, con
conflictividad de más de 30 años, donde ha habido muertos y heridos,
y con una explosividad social, latente, y 180 “amarillos”. Los
“focos amarillos” tienen ingredientes similares; “no podríamos
decir que están a punto de la violencia, pero sí en ellos ha habido
enfrentamientos y hay problemas latentes”. “Focos
rojos” apagados Ya
la SRA, con la participación de la PA, ha resuelto ocho de los
“focos rojos” y aspira a agilizar este trabajo, para lo cual se
prevé una asignación de 400 millones de pesos en el presupuesto de
2004 (cifra que no está clara porque el Ejecutivo y el Congreso no se
han puesto de acuerdo en los montos de los programas para el campo). El
funcionario destacó que la PA tiene dos responsabilidades: ser
abogado de los sujetos agrarios y ser defensor de los derechos
humanos. Sin embargo desde que nació, en 1992, el ejercicio de estas
funciones ha sido limitado, la PA ha orientado sus mayores esfuerzos a
operar el Procede –programa que busca dar seguridad jurídica al
campo- y otras tareas que en estricto sentido no le corresponden, como
la organización y la capacitación a sujetos agrarios. Respecto
de su labor de abogado, la PA ha actuado como conciliadora o con
servicios de asesoría en los juicios agrarios. Pero “una tercera vía
es el arbitraje; éste es un mecanismo para resolver conflictos de una
manera mucho más flexible que los juicios agrarios, y la PA debe
cumplir este papel”. Se
debe fortalecer el arbitraje porque el juicio agrario es muy rígido;
siempre hay una parte que gana y otra que pierde. Dado el riesgo de
que los perdedores generen violencia, muchas sentencias de los
tribunales agrarios no logran ejecutarse, y si se ejecutan provocan
enfrentamientos. El arbitraje ofrece resoluciones donde no hay
perdedores o ganadores absolutos. En
su responsabilidad de ombudsman,
dijo, “la PA no se ha desarrollado como debiera. Y ahora debe
hacerlo porque, como resultado de la seguridad jurídica que da el
Procede, los conflictos estrictamente técnico-jurídicos serán los
menos en el futuro, y la PA tendrá que atender conflictos que
impliquen consideraciones como el derecho de los sujetos agrarios a la
paz, la alimentación, la vivienda, a un ambiente sano”. RECHAZO TAJANTE DE
HACIENDA A REASIGNAR $10 MIL 800 MILLONES PARA EL CAMPO En
una ríspida reunión de más de dos horas con legisladores de las
siete comisiones unidas del sector rural de la Cámara de Diputados,
el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Carlos Hurtado, rechazó tajantemente la reasignación de 10 mil 800
millones de pesos para el campo, ya autorizados por el Congreso en el
proyecto de Presupuesto de Egresos para 2004. Con
el apoyo del coordinador adjunto de la bancada panista, Juan Molinar
Horcasitas, el funcionario de Hacienda argumentó que los legisladores
no tienen la facultad de modificar ninguno de los programas y el monto
que se les asignen desde el Ejecutivo. El
diputado perredista Víctor Suárez Carrera, presente en dicha reunión,
informó que ante la actitud "cerrada y autoritaria" de la
Secretaría de Hacienda y de Acción Nacional, el dictamen que
contiene la resignación de los recursos será enviado al pleno de la
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para que se vote
la próxima semana y el Ejecutivo decida definitivamente si acata la
disposición o recurre, inclusive, a una controversia constitucional. A
la reunión "sospechosamente" no asistió el presidente de
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara, el priísta
Francisco Rojas. El diputado del PRD también criticó la postura del
panista Molinar, pues asumió una defensa extrema de la posición de
Hacienda, cuando se reconoce públicamente que el Legislativo
efectivamente cuenta con la facultad de reasignar el presupuesto del
Ejecutivo. DISTRITO
FEDERAL EXHIBE EL GDF NUEVA
PRUEBA DEL FRAUDE SOBE EL PARAJE SAN JUAN Los
abogados de Arcipreste del Ábrego, llamaron a Andrés Manuel López
Obrador mentiroso y loco. Cristina
Padilla Hernández y Arturo Vázquez Ayala, representantes legales de
Enrique Arcipreste del Ábrego, presentaron un peritaje de la
escritura de compra-venta, que supuestamente lo acredita como
propietario del Paraje San Juan. El
documento, firmado en noviembre de 1947 por Fernando Arcipreste
Pimentel, supuestamente lo acredita como propietario del predio
ubicado en la delegación Iztapalapa, y por el cual pretenden cobrar
al gobierno capitalino mil 810 millones de pesos por concepto de
indemnización. Los
abogados de Arcipreste del Ábrego, quienes dijeron ser los “únicos”
representantes legales de Enrique Arcipreste, exhibieron siete pruebas
documentales entre las que se encuentran el peritaje en documentos
copia de las escrituras, actas de defunción y registros notariales. ACUSAN A ALCALDESA DE
NAUCALPAN DE SOLAPAR A INVASORES DE ZONA PROTEGIDA La
presidenta municipal de Naucalpan, Angélica Moya Marín “está
dejando que vecinos del municipio de Lerma nos invadan y que la zona
de preservación ecológica que debe ser protegida esté siendo
erosionada”, afirmó el presidente del comisariado de tierras
comunales de San Francisco Chimalpa, Aurelio Clemente de Jesús. Cientos
de invasores han construido casas en tierras que forman parte del área
natural protegida, amparados por los conflictos de límites
territoriales y de propiedad agraria de 303 hectáreas de tierras
comunales que se disputan comuneros de San Francisco Chimalpa, San
Lorenzo Huitzizilapan, municipio de Lerma y San Francisco Ayotuxco,
municipio de Huixquiluca. Este
conflicto agrario se ha prolongado casi 60 años, luego de que en 1957
el Presidente Miguel Alemán emitió una resolución que señala como
propietarios de 303 hectáreas en la zona conocida como La Unidad, a
los comuneros de San Lorenzo, apuntó el presidente de este
comisariado, Saúl García González. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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