|
Las notas que se
reproducen a continuación SECTOR
AGRARIO ACLARACION
DE FLORENCIO SALAZAR ADAME...
ABANDONA EL GOBIERNO A
12 MIL CHINANTECOS...
TOMAN OFICINAS DE LA
SRA EN CHIHUAHUA...
OVALLE: “YA NOS
CHAMAQUEARON, NO NOS VOLVERÁN A CHAMAQUEAR”...
SOLUCIÓN DE LOS
CHIMALAPAS, TRIUNFO DE LA SOCIEDAD: MENCHÚ...
REVIVIR PROPUESTA
FISCAL Y ENERGÉTICA, PLAN PANISTA...
ESTADOS ESTADO
DE MÉXICO EXIGEN EJIDATARIOS USO
DE 900 HECTÁREAS ”OCIOSAS”...
OAXACA TRES EJIDATARIOS DE SAN
PEDRO YOSOTATU SIGUEN DESAPARECIDOS...
ACLARACION
DE FLORENCIO SALAZAR ADAME Señora directora: En
relación con la nota publicada por Jesús Aranda en su edición del día
2 del presente mes, me permito informarle que: 1.
Obtuve la licenciatura en derecho en la Universidad Abierta de San
Luis Potosí, para lo cual le envío copia certificada por notario público
del título profesional expedido por esa institución y certificado
por Alberto Juan Fernández Morales, director de Gobernación de esa
entidad, con fecha 5 de diciembre de 2001. 2.
Cabe señalar que el examen profesional fue presentado el 29 de
noviembre de 2000, quedando registrado en el libro primero, con número
726, en el área de servicios escolares de esa institución con el
registro profesional 2400069, con el aval de Ana María Aceves
Estrada, secretaria de Educación de San Luis Potosí; Martha Aguilar
Almaraz, responsable de servicios escolares de la Universidad Abierta,
y Eva Arriaga Hernández, jefa de Registro y Certificación de la
Secretaría de Educación de San Luis Potosí. 3.
En razón de no ejercer esta profesión con efectos de patente no
estoy obligado a realizar el trámite correspondiente ante la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; sin
embargo, procederé a realizar dicho trámite ante esta instancia. En
virtud de lo anterior, le solicito atentamente se publique esta
aclaración en el lugar y espacio en que se dio a conocer la nota de
referencia, para que no se siga poniendo en entredicho la
honorabilidad del suscrito. Florencio
Salazar Adame, secretario de Reforma Agraria Respuesta
del reportero Señora directora: La
misiva del señor Florencio Salazar Adame confirma lo publicado en el
sentido de que no tiene la cédula profesional que otorga la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Por
otra parte, es muy loable el hecho de que el actual secretario de
Reforma Agraria haya presentado su examen profesional el 29 de
noviembre de 2000 -apenas un día antes de asumir su cargo en el
gabinete presidencial-, y que sin titularse de licenciado en derecho
haya sido secretario general de Gobierno en Guerrero de abril de 1999
al 15 de marzo de 2000; coordinador de la 55 Legislatura de la Cámara
de Diputados de Guerrero; diputado federal en la 55 Legislatura, en la
cual representó a los legisladores ante el Instituto Federal
Electoral, así como presidente municipal de Chilpancingo. Jesús
Aranda ABANDONA
EL GOBIERNO A 12 MIL CHINANTECOS Cerca
de 12 mil personas que en 1974 fueron reubicadas en 15 poblados en la
región del Uxpanapa, Veracruz -colindante con los Chimalapas,
Oaxaca-, podrían quedarse sin tierras ni alternativa de vida ante las
demandas de restitución de tierras que interpusieron varios ejidos en
los tribunales agrarios y la aplicación del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos. Hoy,
los chinantecos, que perdieron más de 26 mil hectáreas de las
tierras más productivas de Oaxaca por la construcción de la presa
Cerro de Oro y que fueron reubicados en Uxpanapa, están indefensos
legalmente. Abogados de la Procuraduría Agraria les han dicho que la
acción fue ejecutada por gobiernos anteriores y el actual "no
puede hacer nada". Además,
varios cientos de hectáreas de las 260 mil expropiadas del Uxpanapa
para el reacomodo de los indígenas desplazados eran de suelo rocoso;
los proyectos productivos de la Comisión del Papaloapan -instancia
federal para efectuar el reacomodo y encargada de apoyar el desarrollo
de los campesinos- fracasaron, y hasta los 138 millones de pesos
destinados a indemnizar a los indígenas desaparecieron del
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe). Las
copias del Diario Oficial donde se publicó la expropiación y el anuncio de
indemnización; del acta creación de la Unión de Ejidos Colectivos
de Producción y Comercialización Agropecuaria del municipio de
Uxpanapa, y de varios compromisos gubernamentales de apoyo -documentos
presentados por los chinantecos al secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame, y a la coordinadora para la Atención a
Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez-, carecen del peso jurídico para
detener la "orden de desalojo" de los centros urbanos que,
prevén los afectados, dictaminará el Tribunal Unitario Agrario (TUA).
Sobre
la entrega de las indemnizaciones del Fifonafe, Zamora González
comentó que de los 138 millones de pesos de 1974 sólo se entregaron
algunos fondos durante cinco administraciones de las autoridades
ejidales, y en 1995 la institución informó a la Unión de Ejidos que
entregaría montos de mil a 5 mil pesos a cada ejidatario; sin
embargo, no presentó un informe desglosado del número de
beneficiados y del total del dinero entregado. En
2000 indicó que los ejidatarios ya no tenían derecho a ningún fondo
porque la Unión de Ejidos se había gastado 41 millones de pesos en
proyectos de beneficio social, y en 2003 refrendó que no había
dinero, pues la organización se había gastado 100 millones de pesos.
El año pasado las autoridades agrarias prometieron celebrar reuniones
para evaluar el conflicto, mientras la Comisión Nacional del Agua -corresponsable
de la reubicación de los indígenas- asentó que "el reclamo es
cosa del pasado y ya prescribió". "Para
los afectados el asunto no ha prescrito porque la reubicación y los
fracasos fueron actos de gobierno. Lo que pretende el gobierno actual
es romper con un pacto social y eludir responsabilidades; hace 30 años
se cometió un etnocidio contra la cultura chinanteca, actualmente lo
que se está provocando es un derramamiento de sangre entre
ejidatarios", acotó Zamora. TOMAN
OFICINAS DE LA SRA EN CHIHUAHUA Más
de 200 personas del ejido San Carlos, municipio de Balleza, tomaron
ayer las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria, con el
objetivo de exigir la destitución de Miguel Jurado Contreras,
delegado de esta dependencia. En
el interior del edificio se encontraban Aurora Aguirre, presidenta del
comisariado ejidal y Diego Martínez, secretario ejidal y muchas
personas más, expresando su inconformidad al delegado. Otra
de las peticiones era agilizar la certificación del ejido y que haya
personas que los tomen en cuenta, cosa que -dijeron-, ya no será
posible negociar con Miguel Jurado porque advirtieron que no se moverán
del lugar hasta que no se les asigne otra persona con quien se pueda
dialogar y que en vez de amenazas les ayude a solucionar su situación
como ejidatarios. Otro
motivo por el que están pidiendo que se le destituya de su cargo, es
que no ha colaborado en lo más mínimo para resolver los problemas de
ocupación, porque al parecer, el mismo delegado ha dicho a otras
personas que esos terrenos son de otras personas y han padecido
hostigamiento, incluso los ha amenazado con la presencia de fuerzas
policiacas como la Judicial del estado. Al
parecer el problema ya es añejo, no se les ha querido certificar el
ejido y sólo han recibido malos tratos, y es por ello que exigen la
destitución del funcionario porque definitivamente no quieren
negociación alguna con él, ya tuvo tiempo suficiente y no ha
resuelto nada, al contrario, ha complicado más las cosas. OVALLE:
“YA NOS CHAMAQUEARON, NO NOS VOLVERÁN A CHAMAQUEAR” “Ya
nos chamaquearon, no nos volverán a chamaquear”, parafraseó así
el coordinador del Congreso Agrario permanente, Federico Ovalle
Vaquera, al referirse a la esperanza que tenían las organizaciones
campesinas en la aplicación puntual e inmediata del Acuerdo Nacional
para el Campo que firmaron con el gobierno hace casi un año. El
líder campesino sostuvo que 50 por ciento de dicho documento a la
fecha no ha podido aterrizar y ahora demás se suma a dicha problemática
“el interés de la Secretaría de Hacienda de recortar el
presupuesto para el sector pese a que el Congreso de la Unión autorizó
un incremento al mismo”. El
CAP, explicó, rechaza la pretensión de recortar 10 mil 800 millones
de pesos al Programa Especial Concurrente por lo que su coordinador
adelantó que se busca establecer un diálogo con los presidentes de
las Comisiones Unidas del Sector Rural, entre las cuales figura la de
Reforma Agraria, para encontrar los mecanismos de asignación de esos
recursos a los programas del ANC. SOLUCIÓN
DE LOS CHIMALAPAS, TRIUNFO DE LA SOCIEDAD: MENCHÚ La
solución al conflicto de los Chimalapas, se trata sin duda de un
triunfo de la sociedad civil y de sus respectivas organizaciones
sociales, las que han privilegiado el diálogo y la negociación al
enfrentamiento, expresó Rigoberta Menchú en una carta enviada al
Presidente Vicente Fox, con relación a la entrega de tierras a
campesinos de ese lugar. La
Secretaría de la Reforma Agraria proporcionó la información sobre
la carta enviada por Menchú al Primer Mandatario de la Nación el 25
de febrero pasado. REVIVIR
PROPUESTA FISCAL Y ENERGÉTICA, PLAN PANISTA La
bancada panista en San Lázaro arribará al siguiente periodo
ordinario de sesiones con un cúmulo de “prioridades”
legislativas, en las que destaca la discusión de reformas
estructurales en materia fiscal y energética. Presentará una
treintena de temas divididos en tres áreas: social, económica y política. Sobresalen
la nueva Ley de Juegos y Sorteos, Ley de Puertos y Navegación, Ley de
Transporte y reforma al Marco Agrario. ESTADO
DE MÉXICO EXIGEN EJIDATARIOS USO
DE 900 HECTÁREAS ”OCIOSAS” Más
de 250 ejidatarios y pequeños propietarios de 900 hectáreas de la
zona conocida como Los Tlateles y Ampliación del Ejido Santa María
Chimalhuacán Carrizo e Hidalgo, anunciaron que marcharán a la ciudad
de Toluca para exigir al Gobierno del Estado de México les ofrezca
alguna alternativa para el uso de sus tierras que se encuentran
desocupadas y sin uso alguno. Estos
terrenos estaban considerados dentro del proyecto del Aeropuerto
Internacional de México, sin embargo éste se vino abajo, frustrando
la posible compra o expropiación, que hubiera beneficiado económicamente
a los propietarios. Luego
la Comisión Nacional del Agua propuso otro proyecto para la
recuperación del Lago Nabor Carrillo, en el cual se incluían estas
tierras, pero, hasta el momento no se ha visto avance alguno, de tal
forma que los ejidatarios y pequeños propietarios continúan en la
incertidumbre. Ante
esta situación, los afectados, con el apoyo del alcalde de Chimalhuacán,
Miguel Angel Cacique Pérez, han acudido a la Subsecretaría de
Gobierno del Estado de México con sede en Nezahualcóyotl, cuyos
responsables han mostrado negligencia al posponer hasta en tres
ocasiones reuniones previamente concertadas, dejando
"plantados", tanto a autoridades municipales, como a
ejidatarios. Bruno
Avilez, representante de los inconformes, explicó que ni siquiera
como dueños, tienen permitido utilizar o comercializar sus predios,
por lo que de no recibir atención de las autoridades de gobierno
mexiquense, acudirán el próximo jueves cinco de marzo a la capital
del estado para entrevistarse con el director de Desarrollo Urbano y
Vivienda, Francisco Covarrubias y, de no obtener respuesta, se
trasladaran al palacio de gobierno para exigir una solución al
gobernador de la entidad, Arturo Montiel Rojas. TRES EJIDATARIOS DE SAN
PEDRO YOSOTATU SIGUEN DESAPARECIDOS A
casi un mes de plantón frente al palacio de gobierno de Oaxaca,
pobladores de San Pedro Yosotatu lograron que autoridades judiciales
del estado desplegaran un operativo en San Sebastián Nopalera en busca de tres ejidatarios
desaparecidos desde el 24 de noviembre pasado; sin embargo, se les
informó que no encontraron a nadie ni al grupo armado que habían
denunciado que existe en San Sebastián. Fabián López Díaz, Omar López
Díaz y Raymundo Jiménez Hernández, ejidatarios de San Pedro
Yosotatu, desaparecieron luego que un grupo armado de San Sebastián
Nopalera agredió a los habitantes de Yosotatu. Las partes mantienen
una disputa por 50 hectáreas de la zona mixteca.
Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
|
