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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “PLAZA PÚBLICA”...
SECTOR
AGRARIO EL CAP, EN CONTRA DE
QUE SE DEVUELVAN PREDIOS DECOMISADOS A NARCOTRAFICANTES...
REPUDIO PLAN A
GUBERNAMENTAL...
EL GOBIERNO RESPALDARÁ
A LOS VECINOS DEL PARAJE SAN JUAN, DICE LA SRA...
RESTA A SRA REGULACIÓN
DE 17 MIL HECTÁREAS DE TERRENO, EN QUERÉTARO...
UNIMOSS
APOYARÁ A CAMPESINOS PARA QUE VOTEN POR EL PAN: CANTÓN ZETINA...
DENUNCIAN COMUNEROS
GRAVE TALA ILEGAL EN LOS CHIMALAPAS...
CREAN ‘PARLAMENTO’
PARA LOS INDÍGENAS...
SECTOR
AGROPECUARIO MÁS DE 36 MIL
CAMPESINOS, SIN CRÉDITO: SAE...
ESTADOS CHIHUAHUA POR BUROCRATISMO SE
IMPIDE LIBERACIÓN DE INDÍGENAS...
RARÁMURIS RECLUIDOS
TEMEN POR SUS VIDAS...
DISTRITO
FEDERAL RUEGA AL GDF
INDEMNIZACIÓN...
“PLAZA PÚBLICA” Neocorporativismo En
sentido contrario a lo que con justeza tanto tiempo censuró, el
Partido Acción Nacional ha resuelto crear desde arriba, desde el
Gobierno y quizá con recursos públicos, una corporación que le
permita actuar en el campo mexicano Impulsada
por el gobierno foxista, con un líder que inmediatamente antes
trabajaba en la Administración federal (en un cargo que lo aproximó
al sector que ahora encabeza), el 12 de junio surgió el
neocorporativismo panista. Entonces fue creada la Unión Nacional
Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social. Es el
primer intento de Acción Nacional por hacer política en el medio
campesino. Completó el paso al día siguiente, al instalar un nuevo
órgano partidario, el Consejo Nacional del Programa de Acción Rural,
cuya sigla es Plantar. Participaron
en las reuniones iniciales de la Unión y el Consejo varios
Secretarios de Estado. La de Desarrollo Social, Josefina Vázquez
Mota, acudió a ambas. El de Economía, Fernando Canales, sólo a la
primera. El de Agricultura, Javier Usabiaga, no estuvo presente en el
nacimiento de Unimoss, pero se hizo representar por el subsecretario
Antonio Ruiz, y acudió personalmente a la instalación de Plantar.
Forman parte de este consejo los Secretarios del Medio Ambiente,
Alberto Cárdenas, y de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar, así como Luis H. Alvarez, comisionado
para la paz en Chiapas. Allí
está precisamente el cogollo del asunto. Unimoss aparece como una
agrupación creada desde arriba, con patrocinio oficial, con miras a
convertirse en el brazo rural del PAN, que lo manejaría a través de
Plantar. De ser así, en caso de que acciones y funcionarios del
Gobierno hayan sido la causa eficiente en la gestación de la nueva
central, estaríamos volviendo atrás cerca de 70 años, y Acción
Nacional estaría contrariando abiertamente su convicción sobre el
corporativismo, fuente de una de sus denuncias más acertadas y
constantes desde su fundación en 1939. EL CAP, EN CONTRA DE
QUE SE DEVUELVAN PREDIOS DECOMISADOS A NARCOTRAFICANTES El
Congreso Agrario Permanente (CAP) pedirá a la Secretaría de
Gobernación que la Procuraduría General de la República no devuelva
las tierras decomisadas a narcotraficantes, cuyos prestanombres
ganaron los juicios de amparo, sino que proceda a comprarlas. Las
organizaciones estimaron que son poco más de 200 mil hectáreas
localizadas en una decena de estados, las cuales tendrán que ser
adquiridas por el gobierno federal. Han
transcurrido 14 años desde que se inició el reparto de las tierras
que se decomisaron a traficantes de drogas, las cuales se entregaron a
grupos de solicitantes o demandantes de tierras, quienes no están
dispuestos a dejar lo que ya consideran su patrimonio, dijo el
organismo. La
advertencia del problema social que podría generarse a partir de la
devolución de dichas tierras a sus presuntos propietarios será
expuesta hoy por las organizaciones campesinas en la mesa de negociación
instalada en Gobernación para analizar los avances del Acuerdo
Nacional para el Campo. Alvaro
López Ríos, secretario técnico del CAP, comentó que la agrupación
-a la que pertenecen 12 organizaciones- pedirá la intervención de la
Secretaría de la Reforma
Agraria y de la Procuraduría Agraria para que intervengan en este
asunto, que podría derivar en tensión social en zonas específicas
de Michoacán, Chiapas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero, Durango,
Tamaulipas, Veracruz y Jalisco, debido a la determinación de los
jueces. Comentó
que en el caso de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas
(UNTA), de la que es dirigente, se han agudizado las amenazas y
presiones de desalojo en los municipios de Tomás Garrido Canabal,
Tabasco, y en dos regiones del municipio de Palenque, Chiapas. A 17
grupos de la UNTA, dijo, se le entregaron 30 mil hectáreas
decomisadas al narcotráfico. López
Ríos recordó que el presidente del Tribunal Superior Agrario,
Ricardo García Villalobos -al participar en el ciclo de conferencias
El México agrario del siglo XXI- expuso que los decomisos de las
tierras no estuvieron apegados estrictamente a derecho y por ello,
desde el punto de vista legal, procede la restitución de las tierras
a favor de quienes tienen acreditados sus derechos, aunque sean
prestanombres de narcotraficantes. La
coordinadora General Plan de Ayala, Unión General Obrero, Campesina y
Popular, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Unión
Campesina Democrática denunciaron las presiones de grupos de
narcotraficantes en ejidos de las montañas de Guerrero, Oaxaca,
Chiapas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco. En 1996, un
grupo de 40 familias se resistió a ser "despojado" de las
266 hectáreas del predio El Gato, municipio de San Blas, decomisadas
al narcotráfico. Caso similar se presentó entre familias de los
cucapá, kiliwa, pai, cochimíes, quienes fueron despojados de sus
predios por grupos de narcotraficantes para construir pistas
clandestinas de aterrizaje. REPUDIO
PLAN A GUBERNAMENTAL Eliseo
Cruz retrata con precisión la vida en su comunidad, La Cristalina,
"donde no hay energía eléctrica, agua potable, caminos, atención
médica, las mujeres carecen del Programa Oportunidades y los hombres
no tienen ingresos". Como
agente municipal de La Cristalina asistió a la presentación del Plan
Maestro para el Desarrollo Integral de los Chimalapas y no pudo evitar
un gesto de fastidio y escepticismo al escuchar la propuesta
institucional que dejó de lado los problemas agrarios con Chiapas y
Zanatepec, la pobreza y el desarraigo de los jóvenes. La
mayoría de las autoridades de las diferentes congregaciones zoques de
San Miguel y Santa María Chimalapa en Oaxaca cuestionaron la
propuesta gubernamental, que tampoco contempló la construcción de
caminos, proyectos productivos sustentables y programas de empleo
temporal. Durante
el gobierno de Heladio Ramírez López, operó en la región una vocalía
que gastó más de 3 mil millones de pesos en la compra de molinos y
carpinterías para localidades que ni siquiera tienen energía eléctrica.
"Se gastaron el dinero y los chimalapas seguimos más
pobres", dice Marcelino Ríos. El
Plan Maestro de Desarrollo Integral de los Chimalapas fue un
compromiso que el presidente Vicente Fox encargó a Xóchitl Gálvez
desde el 25 de febrero, denuncia Reynaldo Cruz Pérez. Dicho
plan contempla la definición de áreas de conservación, de
aprovechamiento forestal, de financiamiento de proyectos e inspección
y vigilancia de la selva zoque. "Ese plan está hecho a la medida
del gobierno, pero no de los chimalapas", consideran los indígenas.
El
representante de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
Carlos Moreno Derbez, reconoció que es necesaria la participación de
las secretarías de la Reforma Agraria, Comunicaciones y Transportes,
Educación Pública y de Agricultura, en la comisión
interinstitucional encargada de diseñar con los zoques el plan
maestro. EL
GOBIERNO RESPALDARÁ A LOS VECINOS DEL PARAJE SAN JUAN, DICE LA SRA Al
refrendar que el Paraje San Juan es propiedad de la nación, el
subsecretario de Ordenamiento
de la Propiedad de la Reforma
Agraria, Gilberto Hershberger, dejó claro que el patrimonio de
los vecinos del predio, ubicado al oriente del DF, no está en riesgo,
toda vez que cuentan con el respaldo del Gobierno Federal. No
obstante admitió que la última palabra la tendrá el veredicto de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dictaminará en torno a
este caso que ha generado polémica en la opinión pública y entre
las autoridades local y federal. RESTA
A SRA REGULACIÓN DE 17 MIL HECTÁREAS DE TERRENO, EN QUERÉTARO A
la Secretaría de la Reforma Agraria le restan por regularizar en Querétaro
alrededor de 17 mil hectáreas de terreno para que se encuentre con
pleno dominio cerca del 100 por ciento de la superficie ejidal, informó
su titular, Eduardo Nava Bolaños. Manifestó
que del total de los ejidos por regularizar solamente en uno está
prendido el foco de alerta por la posibilidad de que se registre un
conflicto social, en el Ejido La Laborcilla en el municipio de El
Marqués, con superficie de dos mil 500 hectáreas. Nava
Boñalos informó que este año se tiene previsto regularizar seis mil
hectáreas en Querétaro para dejar siete mil el año próximo y
concluir en el 2005 de que tengan dominio pleno todos los ejidos
susceptibles de recibir el dominio pleno. UNIMOSS
APOYARÁ A CAMPESINOS PARA QUE VOTEN POR EL PAN: CANTÓN ZETINA La
Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía
Social (Unimoss), agrupación artificialmente creada por el Partido
Acción Nacional, simulará apoyar la producción agropecuaria, pero sólo
busca asegurar al PAN los votos de 15 millones de campesinos para el
2006. “Esta
corporativa azul que ahora se pretende extender a todo el país,
navega a toda vela”, precisó el senador priísta Óscar Cantón
Zetina. Esta
nueva organización campesina del PAN fue creada para buscar el voto
campesino, insistió el legislador priísta por Tabasco, quien dijo
que no es casual que nacerá junto con el Programa de Acción Rural
“Plantar”, en cuyo consejo nacional figuran titulares de las
secretarías de Desarrollo Social, Agricultura, Reforma Agraria y Medio Ambiente. DENUNCIAN
COMUNEROS GRAVE TALA ILEGAL EN LOS CHIMALAPAS "Aquí
está la prueba de la tala clandestina, del saqueo de los recursos
maderables por parte de los talamontes chiapanecos", acusó el
dirigente de los comuneros zoques, Reynaldo Cruz Pérez. Policías
estatales, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) y comuneros zoques observaron además tablones y
polines listos para la transportación a más de 150 carpinterías de
Cintalapa, Chiapas. "Profepa
nos persigue por dos árboles que tumbamos por día para sobrevivir
porque somos pobres, pero a la gente extraña, a los talamontes los
deja ir", denunció el comunero Marcelino Ríos. El
delegado estatal de la Profepa, Carlos Eduardo Woorlich, primero se
mostró impávido ante la denuncia y después reconoció: "Hemos
encontrado irregularidades en el aprovechamiento forestal". Igual
que en la localidad de José López Portillo, donde hallaron pinos
recién cortados y en el paraje El Jabón, en el resto de las
comunidades de la zona oriente de los Chimalapas, como La Orquídea,
la devastación selvática es incesante. "Tan
sólo en Arroyo Pato más de 100 hectáreas de árboles han sido
derribados. Nos joden a los comuneros, ¿pero a los talamontes qué?",
preguntó airado el presidente de los comuneros de Santa María
Chimalapa, Reynaldo Cruz Pérez. Puntos
críticos En
Oaxaca, la tala clandestina es un problema muy grave, reconoció el
delegado estatal de la Profepa, Carlos Eduardo Woorlich, quien dijo
que en la entidad "están ubicados cuatro puntos críticos por el
saqueo de los recursos maderables". En
la región de los Chimalapas, considerada la más crítica del estado,
el saqueo ocurre en las zonas centro y oriente, con puntos de salida
en la colonia Cuauhtémoc y El Jícaro, de Oaxaca y Cintalapa,
Chiapas. CREAN
‘PARLAMENTO’ PARA LOS INDÍGENAS La
Presidencia de la República instalará el próximo 29 de junio el
Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas con 123 representantes
procedentes de 62 etnias, quienes se reunirán cuatro veces al año
para participar en el diseño de acciones gubernamentales. A
invitación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Los Pueblos
Indígenas, a cargo de Xóchitl Gálvez, líderes, médicos
tradicionales, promotores sociales, maestros y defensores de los
derechos indios tendrían la tarea de formular un sistema de
representación democrática de estas comunidades. El
Consejo Consultivo tendrá un total de 180 integrantes, pues además
de los 123 procedentes de las comunidades indígenas, participarán 32
representantes de los gobiernos de las entidades federativos, seis de
instituciones académicas, 12 legisladores de las mesas directivas de
las comisiones de asuntos indígenas del Congreso de la Unión y 12 de
organizaciones sociales. Presidido
por un indígena, el Consejo tiene su fundamento jurídico en la ley
de la Comisión y su tarea consistirá en analizar políticas,
programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas, y
plantear sus propuestas tanto al director general (Gálvez) como a la
Junta de Gobierno de la Comisión (en la que participan 13 Secretarios
de Estado). El
número de consejeros por etnia fue determinado con base en el tamaño
de la población indígena. MÁS DE 36 MIL
CAMPESINOS, SIN CRÉDITO: SAE El
despegue económico del campo en México se encuentra limitado porque
un importante número de campesinos y productores ''están impedidos
de obtener recursos frescos'' por adeudos vencidos en el sistema
Banrural, actualmente en liquidación, y por ello figuran en el Buró
de Crédito, informó Luis Miguel Alvarez, director general del
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). El
funcionario, responsable del Esquema para la Recuperación de Cartera
Vencida en Apoyo a los Productores del Campo (Sicredi), señaló que
este programa ''puede beneficiar a más de 36 mil productores que
cuentan con más de 47 mil créditos menores a 500 pesos'', que en
conjunto representan una cartera vencida superior a los 7 mil 350
millones de pesos. Para
volver a ser sujetos de crédito de la Financiera Rural es
indispensable que los productores agropecuarios saneen su deuda,
precisó Alvarez Alonso, en un acto en el que la Asociación Mexicana
de Uniones de Crédito del Sector Social A.C. se suscribió al
Sicredi. En este programa, explicó, no hay descuentos generalizados
ni automáticos, pero minimiza los gastos de operación ''vía
litigiosa'', y los costos financieros y administrativos de la gestión
de cobro. CHIHUAHUA POR BUROCRATISMO SE
IMPIDE LIBERACIÓN DE INDÍGENAS Trámites
burocráticos de la PGR impidieron la liberación de los indígenas
rarámuris Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas, al no llegar el
oficio de la “no acusación” después de quedar plenamente probado
que fueron detenidos arbitrariamente por un grupo de agentes
judiciales sin orden de aprehensión ni de cateo, y acusados de
delitos federales con pruebas sembradas. Los
indígenas ecologistas se encuentran en prisión desde el 29 de marzo
de 2003 y su caso fue presentado ante Amnistía Internacional. El
Centro de Derechos Humanos Miguel A. Pro informó que la PGR olvidó
ratificar sus conclusiones de “no acusación”. RARÁMURIS
RECLUIDOS TEMEN POR SUS VIDAS Ante
el temor de que al salir de prisión los indígenas ecologistas Isidro
Baldenegro y Hermenegildo Rivas puedan ser asesinados por los caciques
y narcotraficantes que explotan sus bosques, su abogado pedirá a la
Procuraduría de Justicia del estado que les brinde protección, pues
continuarán luchando por recuperar y defender su tierras. El
abogado de los indígenas, Fausto Salgado, dijo que la petición al
gobierno local la hará este mismo día, en virtud de que la solicitud
de protección que le hicieron originalmente a la Procuraduría
General de la República (PGR) la semana pasada, no les ha sido
contestada y ellos tienen un temor real de que sean atacados al salir
de prisión. Isidro
Baldenegro y Hermenegildo Rivas, junto con otros indígenas
tarahumaras de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en el sureño
municipio de Guadalupe y Calvo, han mantenido desde años atrás una
lucha constante por recuperar sus tierras, que caciques ligados al
narcotráfico se han adjudicado mediante artificios legaloides en
contubernio con autoridades agrarias. Esta
lucha ha ocasionado que los caciques hayan asesinado a cerca de 11 líderes
indígenas que han encabezado anteriormente las protestas en su lucha
por recuperar sus tierras, como fue el caso del padre de Isidro
Baldenegro, muerto en 1992 al parecer por el presunto narcotraficante
Artemio Fontes Lugo. Ese
mismo cacique es quien al parecer pagó a agentes de la Policía
Judicial del estado para que detuvieran a los dos líderes indígenas
citados, fabricándoles cargos de portación de armas y posesión de
semillas de mariguana, explicó el abogado. Sin
embargo, la insistencia de organismos no gubernamentales y defensores
de derechos humanos, quienes alegaron que la detención había sido
arbitraria y los cargos eran falsos, obligó a la Procuraduría local
a iniciar una investigación interna, que derivó en descubrir los
hechos y emitir órdenes de aprehensión contra los agentes estatales,
uno de los cuales se encuentra actualmente bajo proceso penal. RUEGA AL GDF
INDEMNIZACIÓN Durante
dos años y medio, Francisco Ramírez Morán ha esperado que el
Gobierno del Distrito Federal cumpla una orden judicial para
devolverle o pagarle el costo de tres predios expropiados tras los
sismos de 1985. Ramírez
Morán logró revocar los decretos expropiatorios de estos predios
ubicados en la Delegación Venustiano Carranza. Mientras
duró el litigio de inconformidad del particular, la administración
local construyó viviendas para los afectados de los terremotos. Hasta
ahora, el actual Gobierno capitalino acepta que deber resarcir el daño
pero no ha concretado el pago, es más no ha hecho el avalúo para
determinar el monto a pagar. De
esos documentos se desprende que tras los sismo de 1985, el entonces
Departamento del Distrito Federal dispuso ilícitamente de los
predios, demoliendo los edificios, construyendo nuevos y luego
vendiendo los departamentos a las personas afectadas. El
apoderado legal del dueño, Jorge Ramiro Denegare-Vaught, explicó que
desde hace tiempo buscan concretar un convenio de pago sustituto ante
la imposibilidad de cumplir con la resolución de amparo (2442/2000)
del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito y así continuar con el trámite de revocación. Los
predios están ubicados, en las calles de Peluqueros 8 y 32, Colonia
Morelos, y un tercero en calle de Alfarería 33, Colonia Emilio
Carranza. En
una misiva al Jefe de Gobierno, Denegare-Vaught explicó que los trámites
que se llevan a cabo ya habían sido realizados varias veces por las
diferentes autoridades desde la gestión de Óscar Espinoza
Villarreal. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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