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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “JAQUE
MATE”...
¿“SE
DEBE O NO CERRAR LA SRA?”...
“HOMBRES DEL PODER”...
“EL ENCINO: LA
DESOBEDIENCIA INEXISTENTE”...
SECTOR
AGRARIO LA CRUZ, CRECE
CONFLICTO EJIDAL...
RESUELVEN CONFLICTO
AGRARIO DE 45 AÑOS...
FIN A PUGNA AGRARIA
ENTRE PUEBLA Y MORELOS...
INDAGARON A LÓPEZ
OBRADOR ANTES DE DECRETARSE LA VIOLACIÓN AL AMPARO...
SECTOR
AGROPECUARIO MÉXICO ES EL
“PERDEDOR NETO” DEL TRATADO CON EU Y CANADÁ...
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS EL FRACASO DEL
NEOLIBERALISMO EN EL CAMPO OBLIGA A REVISAR EL TLCAN...
ESTADOS CHIAPAS LA PERSISTENCIA DE
CACICAZGOS EN CHIAPAS, EVIDENTE ANTE LA PRÓXIMA BATALLA ELECTORAL...
DISTRITO
FEDERAL DENUNCIA DE HECHOS DE
MAYOLO SOTO POR EL PREDIO EL ENCINO...
EN ENCINO, UN ESLABÓN
DE LA CADENA DE ATAQUES: AMLO...
“JAQUE
MATE” Expropiaciones "Lo
que es de todos no es de nadie". Anónimo ¿Qué
tienen en común los pleitos sobre el predio de San Juan, El Encino y
San Salvador Atenco? Los tres, como muchos otros más en el país, son
producto de expropiaciones. La
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en
su artículo 27 que "la propiedad de las tierras y aguas...
corresponde originariamente a la nación". La propiedad privada
se define, así, como una "graciosa concesión" que el
Gobierno otorga a los particulares. Por
eso la Constitución le da al Gobierno la facultad de despojar a
individuos y empresas de sus propiedades por medio de la expropiación.
En
el caso de San Salvador Atenco el Gobierno trató de despojar de sus
terrenos a un grupo de campesinos fijándoles, de manera unilateral,
un precio por sus terrenos que ellos consideraron -y que era-
insuficiente. En
el paraje San Juan el Gobierno capitalino expropió en 1989 una zona
de la Ciudad de México sin nunca indemnizar a sus propietarios (hoy
nos dice la Secretaría de la Reforma Agraria que la Federación era la dueña
de ese predio pero que no se había dado cuenta). En
El Encino el Gobierno del Distrito Federal expropió un terreno para
hacer un camino de acceso a un hospital privado, pero los tribunales
echaron para atrás la expropiación porque no se justificó la
"utilidad pública" de la acción. Yo
entiendo que puede haber razones muy especiales que hagan
imprescindible una expropiación. La construcción de un bordo que
evite inundaciones que dejen pérdidas económicas o de vidas a una
población puede ser un motivo fundamentado para una acción de esta
naturaleza. Pero en México, no hay duda, se ha abusado de las
expropiaciones. Si un hospital privado necesita un acceso adecuado
para funcionar, como es el caso del ABC y El Encino, la compra del
terreno debe ser un acuerdo entre particulares. Si un aeropuerto es
realmente necesario, el precio que el Gobierno y los constructores estén
dispuestos a pagar debe ser congruente con el proyecto que se desea
construir. Es
risible que el Gobierno federal se haya tardado 15 años en darse
cuenta de que es propietario del paraje San Juan. Pero
otra decisión importante sería limitar las facultades de expropiación
del Gobierno. Y quizá esto sería tan simple como definir con
claridad qué significa la "utilidad pública" en una
expropiación -que no puede ser simplemente evitarle la molestia a una
empresa de negociar un precio justo por un terreno- y hacer que las
indemnizaciones se paguen de verdad, a un precio de mercado y de forma
inmediata. ¿“SE
DEBE O NO CERRAR LA SRA?” En
entrevista, el titular de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar, declaró que ya
prepara el inminente cierre de esa Secretaría, creando con sus
palabras, una predecible controversia. Pero más allá de la confusión
ideológica y la politiquería desatada, es necesario dar razones
valederas por las que sea pertinente o no cerrar la SRA. En mi opinión,
las tareas para las que fue creada se han agotado y por eso debe
cerrarse. La SRA fue creada primordialmente para dispensar justicia
agraria, uno de los reclamos más antiguos y sentidos de México y en
el siglo pasado, causa fundamental de la Revolución Mexicana. La
reforma agraria se llevó a cabo durante la mayor parte del siglo XX,
sobre todo en el periodo de Lázaro Cárdenas y, con interés
decreciente, los ocho sexenios que le siguieron. El proceso de reforma
se cumplió hasta agotarse y, después, se continuó demagógicamente
hasta el exceso. En un principio, la Reforma Agraria fue justa y
conveniente; repartió masivamente tierra a campesinos despojados o
sin acceso a la misma. Se
dotaron miles de ejidos, se movilizaron recursos y se creó
masivamente empleo en el campo. Es por eso que la agricultura mexicana
creció mucho en la fase ascendente de la Reforma Agraria (1940 a
1960). Pero con el paso del tiempo, el propio éxito del reparto y el
enorme aumento de la población, llevaron la Reforma Agraria más allá
de sus límites: Pero
además, la burocracia agraria abrió un dilatado compás de espera
antes de poder entregar tierra a los campesinos que lograban acceso a
las mismas, y por eso, los hacían cada vez más viejos. Así, la
Reforma Agraria agotó sus propósitos y se convirtió en una enorme fábrica
de empobrecidos minifundios. Carlos Salinas decidió asumir las nuevas
realidades y acertadamente reforma el Artículo 27 de la Constitución.
Se dio por terminado el reparto agrario y la SRA perdió su razón de
ser. Sólo le quedó la urgente y necesaria tarea de culminar la
titulación privada de derechos de propiedad parcelarios (a través
del programa “Procede”). No es que se terminase con los 30 mil
ejidos del país y que ocupan más de la mitad del territorio
nacional, sino que las parcelas individuales que los constituyen,
ahora pueden cambiar legalmente de propietario. Afortunadamente, esta
tarea ha quedado concluida. Pero el secretario Salazar habla, sin
embargo, de cerrar la SRA para sustituirla por un nuevo organismo de
“Desarrollo Rural” y argumenta para ello que todavía existen
numerosos “focos rojos” de conflictos agrarios que deberá
resolver dicho organismo. Eso
no es correcto. Para el desarrollo rural productivo, está la Sagarpa
y para el aspecto social y combate a la pobreza en el campo, existen
los programas de Sedesol. Para los conflictos agrarios y de tenencia,
están la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios
ad- hoc. Sencillamente no es necesaria una burocracia adicional. Pero
existen nuevos desafíos, derivados del ordenamiento de la propiedad y
del uso productivo del territorio nacional que deben atenderse sin
dilación. Es
lo que en otros países llaman la planeación “física”. Una
Comisión Federal del Ordenamiento Territorial, es lo que hace falta
en realidad y no burocracias redundantes y de cara al pasado. “HOMBRES
DEL PODER” Reforma
Eléctrica muerta Aunque
Felipe Calderón llegó a la Secretaría de Energía sin la
experiencia debida en el sector energético ya había avanzado en el
cabildeo legislativo que requería el caso. Lo
mismo sucedió con el Plan Puebla-Panamá que desde el principio del
sexenio despertó grandes expectativas y que a raíz del relevo de
Florencio Salazar que se fue a la Secretaría
de la Reforma Agraria, hoy a ciencia cierta no se sabe en que
etapa se encuentra este programa. “EL
ENCINO: LA DESOBEDIENCIA INEXISTENTE” El
gobierno federal ha insistido en que el gobierno de la ciudad
desobedeció las resoluciones del Poder Judicial en el caso del predio
El Encino. Sin embargo, una revisión acuciosa lleva a la conclusión
contraria. Para empezar, no fue el gobierno actual el que tomó la
decisión impugnada. El 12 de septiembre de 2000 la administración
anterior publicó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona
Santa Fe, en el cual ordena construir las vialidades Vasco de Quiroga
y Carlos Graef Fernández. Por eso, los días 10 y 14 de noviembre de
2000, la administración anterior expropió dos fracciones de El
Encino. El
4 de diciembre de 2000, Promotora Internacional Santa Fe solicitó el
amparo en contra de dicha expropiación ante el juez noveno de
distrito en materia administrativa. En otras palabras, al comenzar la
administración actual ya existía el acto de autoridad, motivo de
impugnación, y había iniciado el procedimiento judicial en su
contra. No fue decisión de López Obrador tal acto. La
orden del juez obligaba al Gobierno del Distrito Federal (GDF) a
paralizar los trabajos de apertura de vialidades sólo en la parte de
las fracciones expropiadas que servían de acceso al predio, y nada más.
La
inspección ocular del predio demuestra de manera contundente que la
suspensión no fue violada, que el GDF sí obedeció la resolución
del juez, pues los accesos al predio El Encino no se encontraban
bloqueados ni se realizaban trabajos en ellos, en virtud de que el
propio actuario judicial tuvo acceso al predio y constató que
permanecían las condiciones naturales del camino para acceder al
predio. En
consecuencia, el 20 de agosto del 2002 el GDF publicó el decreto por
el que se dejó sin efectos por cuanto hace a Promotora Internacional
Santa Fe el decreto expropiatorio de noviembre del 2000, en
acatamiento a la orden del Poder Judicial de la Federación. Sí
hay accesos al predio. No hay calle alguna construida. El decreto
expropiatorio fue revertido. ¿Dónde está la desobediencia del
gobierno capitalino? LA CRUZ, CRECE
CONFLICTO EJIDAL El
alcalde de La Cruz, Rafael Loya Salcido, anunció a la comunidad el
fallo a favor que otorgó el Tribunal
Superior Agrario, con el cual le restituye 26 mil 560 hectáreas a
la población. Esta resolución generó la molestia de los
ejidatarios, quienes no permitirán les quiten sus tierras. Ayer,
en la plaza principal, el presidente municipal acompañado por el
diputado, Arturo Zubía; el asesor de la fracción panista en el
Congreso del Estado, Jesús Díaz; el abogado Guillermo Villalobos
Madero; así como miembros del Comité de Vecinos para rescatar las
tierras, anunció lo que consideró un gran logro para la población
de La Cruz. Al
respecto, Tomás Uranga, presidente del Comisariado Ejidal de La Cruz,
a quien se le retiran estas tierras, dijo no estar de acuerdo en este
fallo, al contar con documentos que les conceden la posesión legítima
de los terrenos, que ahora el alcalde quiere entregar a unos cuantos,
refirió. Por
ello, adviritió, ninguno de los ejidatarios permitirá que se les
quiten estas propiedades que por generaciones han sido del ejido.
Incluso, habló de enfrentamientos, sangre y muertos, en caso de que
el alcalde insista en esta extraña actitud. Mientras
tanto, en la plaza los asesores y el alcalde dieron cuenta del asunto
que desde el 2000 se enfrenta con el ejido, pero que cobró carácter
legal a partir de febrero del 2003, cuando se entabló una demanda,
resuelta en una primera instancia, como es el Tribunal Unitario, a
favor del ejido. A
partir de esta resolución se promovió un amparo de revisión y se
llegó al Tribunal Superior Agrario, el cual falló el pasado 6 de
mayo del 2004 a favor del pueblo de La Cruz. Para
esta sentencia valió el exponer el error de interpretación en que
incurrió la Procuraduría Agraria, al otorgar Certificados de
Derechos a los ejidatarios contemplando las 26 mil 560 hectáreas que
se reclaman, más las 180 concedidas en una primera dotación en 1937
y una ampliación de 756 hectáreas en 1986. A
partir del 2000 sobrevino un conflicto cuando los ejidatarios no
permitieron ni la coseha de orégano, ni el pastar animales en esos
terrenos, por lo que se determinó a interponer una demanda, con el
resultado favorable anunciado ayer a la comunidad. Ayer
mismo, un grupo de ejidatarios expectantes de la situación se
encontraban afuera de la casa de Tomás Uranga, quien señaló que
ningún miembro del ejido se va a dejar que le quiten sus terrenos.
Lamentaron la posición del alcalde, a quien calificaron de cerrado y
de no aceptar los documentos expedidos por decreto presidencial en que
se les otorga las tierras que son de ellos, insistieron los
entrevistados. Con
esta resolución se buscará una medida legal para evitarla, sino se
evitará con el enfrentamiento, que es el propósito del presidente
municipal, dijo Tomás Uranga. Declaró
además que ni el jefe de Averiguaciones Previas en Camargo, el
licenciado Arizpe, ni Gobernación del Estado, ha puesto oídos sordos
a este conflicto que puede derivar en un hecho sangriento, al referir
que se trata de un pleito agrario. RESUELVEN
CONFLICTO AGRARIO DE 45 AÑOS La
Secretaría de la Reforma
Agraria informó que se resolvió un conflicto de 45 años entre
comuneros de San Agustín Tepexco, Puebla, y el ejido “Marcelino
Rodríguez”, de Morelos, al lograrse un convenio para que este ejido
reconociera derechos agrarios a 140 campesinos de Tepexco, sobre una
superficie de mil 418 hectáreas. La dependencia entregó los recursos
convenidos al comisariado de Morelos ante el Tribunal Agrario del
Distrito 49, con lo cual se resolvió en definitiva el conflicto, al
ser elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada. FIN
A PUGNA AGRARIA ENTRE PUEBLA Y MORELOS Luego
de destacar el apoyo del titular de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar, para la resolución del conflicto
agrario entre campesinos de Puebla y Morelos, que databa desde 1959,
el gobernador del estado de Puebla, Melquiades Morales Flores,
reconoció la buena fe y honestidad de los interesados para llegar a
un acuerdo satisfactorio. Al
entregar mil 418 hectáreas que conformarán el nuevo ejido La
Campana, el mandatario poblano subrayó que los problemas por difíciles
que sean, siempre tienen solución a través del diálogo y la
concertación que han sido una característica de su administración,
como sucedió en este caso y finiquitar mediante convenio las
diferencias que tenían vecinos de Tepexco con el pueblo Marcelino
Rodríguez, que pertenece al vecino estado de Morelos. De
igual forma, hizo el compromiso para que el secretario de la Reforma
Agraria, cuyo respaldo económico fue determinante para resolver este
viejo problema agrario, se reúna en fecha próxima en este nuevo núcleo
ejidal con los 140 campesinos beneficiados. Señaló que mediante
convenio con esa dependencia se hizo un esfuerzo económico para
comprar ese volumen de hectáreas, y reiteró su satisfacción
por la disposición que mostraron los ejidatarios para sentarse a
dialogar y encontrar un punto de acuerdo que les permitirá vivir con
tranquilidad. INDAGARON
A LÓPEZ OBRADOR ANTES DE DECRETARSE LA VIOLACIÓN AL AMPARO En
el caso del predio El Encino, el Ministerio Público Federal inició
la averiguación previa contra el jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Andrés Manuel López Obrador, que culminó con la solicitud
de juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados, tres meses
antes de que el juez decretara que éste había violado el amparo
concedido a los propietarios del inmueble. El
juez noveno de Distrito en materia Administrativa, Álvaro Tovilla,
decidió, luego de encontrar “elementos suficientes”, dictar su
sentencia condenatoria el 23 de enero de 2002; no obstante, desde el 6
de octubre de 2001, más de tres meses antes, el Ministerio Público
Federal ya había iniciado la averiguación previa correspondiente. Más
aún, los propietarios del predio presentaron un incidente de violación
del amparo que se les había concedido, en el que denunciaron que esta
violación se había dado entre el 19 de marzo y el 30 de abril de
2001, pero el Ministerio Público todavía realizó diligencias sobre
ese incidente durante los primeros meses de este año; es decir, tres
años después de la violación al amparo Niegan
copia del expediente Además,
invocando artículos de su ley orgánica, la PGR decidió no entregar
a la administración capitalina una copia del expediente investigado
por el Ministerio Público Federal, pese a que el entonces secretario
de Gobierno, Agustín Ortiz Pinchetti, había ganado un amparo,
respondiendo que los abogados del gobierno capitalino podían acudir
cuantas veces consideraran necesario a ver este expediente dentro de
las oficinas de la propia PGR. La
lista de irregularidades continúa: durante el juicio de El Encino, ni
el Ministerio Público ni el propio juez ordenaron un peritaje para
delimitar el área exacta de este predio, dando por buenos documentos
presentados por los propietarios en los que se establece que la
superficie total es de 100 mil metros cuadrados. Consultados
al respecto, Martí Batres, subsecretario de Gobierno y Alvaro Arceo
Corcuera, asesor del jefe de gobierno manifestaron que “es evidente
que las autoridades federales “torcieron todo este caso para
quitarse estorbos rumbo al 2006”. Batres
Guadarrama mencionó, además, que “todas estas irregularidades
demuestran que se actúa con un doble rasero en asuntos similares,
pues mientras que por un lado el presidente de la República y el
titular de la Secretaría de la
Reforma Agraria negocian con la Suprema Corte de Justicia de la
Nación la forma en la que han de cumplir con una sentencia de amparo,
al jefe de gobierno se le inicia una averiguación previa con graves
irregularidades”. MÉXICO ES EL
“PERDEDOR NETO” DEL TRATADO CON EU Y CANADÁ México
es el ''perdedor neto'' del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), particularmente por la ''ganancia decepcionantemente
baja'' en materia de empleo y la pérdida de puestos de trabajo en la
industria manufacturera y en la agricultura, señaló el Carnegie
Endowment for International Peace. En
el amplio análisis del organismo que fue consultado por la Organización
de Naciones Unidas (ONU) para hacer un balance de los acuerdos
comerciales en la región, se detalla que el resultado para México es
negativo, a pesar de que los tres países integrantes del TLCAN han
aumentado los niveles de producción. A
su vez, los salarios reales ''para la mayoría de los mexicanos son más
bajos hoy que cuando el TLCAN entró en vigor'', escribió Sandra
Polaski, investigadora de la consultora. Ese revés es atribuible
principalmente a la crisis de 1995; sin embargo, en los 10 años de
vigencia del acuerdo ''el aumento de la productividad no se tradujo en
un incremento salarial'', como sí había ocurrido en periodos
anteriores. Otra
de las consecuencias de la apertura comercial en América del Norte es
el aumento de la desigualdad de ingresos en México, donde 90 por
ciento de la población ha retrocedido en su participación del
ingreso nacional o, por lo menos, no han experimentado ningún
beneficio. El
estudio presentado en el capítulo ''La promesa y la realidad del
TLCAN'' (difundido en www.ceip.org) fue consultado por la ONU para
redactar el documento que servirá de base a la próxima Conferencia
sobre Comercio y Desarrollo a celebrarse en Sao Paulo, Brasil, del 13
al 20 de junio. EL FRACASO DEL
NEOLIBERALISMO EN EL CAMPO OBLIGA A REVISAR EL TLCAN El
fracaso de la apertura comercial, cuyo costo han afrontado los pobres
del campo, como señaló la Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), confirma las denuncias de las
organizaciones campesinas y refuerza su exigencia de que se revise el
capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN). De lo contrario, la pobreza, el desaliento y la
desesperanza podrían llevar a los campesinos a ''tomar medidas
radicales'', aseveraron integrantes del Congreso Agrario Permanente
(CAP) y del movimiento El campo no aguanta más. Jaime
Castillo, de la comisión ejecutiva de la Unión Nacional de
Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas; Alvaro López Ríos,
de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas; Federico Ovalle
Vaquera, coordinador en turno del CAP, y Max Correa, de la Central
Campesina Cardenista, apuntaron que los señalamientos de la UNCTAD
son un llamado de atención el gobierno mexicano, el cual debe
discutir con las diversas organizaciones campesinas una nueva agenda
para el agro. Comentaron
que el TLCAN repercutió negativamente no sólo en los productores de
granos y oleaginosas -como habían previsto analistas- sino también
en los de frutas y hortalizas; las ganancias que tanto se anunciaron
nunca llegaron al campo. Ahora, ''en el medio rural se camina sin brújula;
los integrantes del gabinete presidencial presionan para que
desaparezcan las pocas instituciones que hay en el agro en aras de la
pretendida modernidad'', asentó Federico Ovalle Vaquera. El
fracaso del modelo neoliberal y de la política para el campo es
evidente, es urgente un nuevo desarrollo rural para evitar la
inestabilidad social, consideró López Ríos, quien también encabeza
la Comisión Nacional de Seguridad Agroalimentaria y Comercio. El
evidente fracaso del TLCAN, ahora reconocido por un organismo
internacional, es una ''alerta roja'' para que el gobierno haga un
giro en política económica y tenga mayor cuidado en la firma de
otros tratados comerciales. CHIAPAS LA PERSISTENCIA DE
CACICAZGOS EN CHIAPAS, EVIDENTE ANTE LA PRÓXIMA BATALLA ELECTORAL Paramilitares
priístas de Chenalhó que se vuelven perredistas para ganar la alcaldía
y seguir amenazando a las bases de apoyo zapatistas de Polhó.
Panistas que expresan nostalgia por Pinochet y exigen
"orden". Ex priístas hoy perredistas, armados y listos para
enfrentarse en Zinacantán contra los priístas, también armados. Las
identidades partidarias se diluyen en una entidad donde el mismo
gobierno estatal está compuesto en importante medida por ex priístas
confesos y priístas que de momento minimizan la cruz de su parroquia.
Lo que en cambio no se diluye son las estructuras de poder y los
cacicazgos regionales que quedan. Ante
los próximos comicios estatales, el 3 de octubre, la lucha por las
candidaturas, y por la elección misma, de los grupos interesados,
refleja zonas significativas del escenario político en la entidad más
militarizada de la República, donde sigue su curso una guerra de baja
intensidad, cambiante, pero sostenida. La entidad donde se desarrolla
también una amplia rebeldía indígena que construye, pacíficamente,
formas autónomas de gobierno dentro y fuera de la denominada
"zona de conflicto". De
momento, la principal bomba de tiempo asoma en Zinacantán, donde las
pugnas entre los grupos caciquiles han generado la siguiente situación:
el gobierno municipal (perredista) en pleno se ha trasladado a la
vecina ciudad de San Cristóbal ante la "falta de
condiciones" en su propia cabecera municipal, mientras los priístas
de Zinacantán dicen temer una inminente agresión de los grupos
armados y encapuchados que respaldan al edil Martín Sánchez Hernández.
DENUNCIA DE HECHOS DE
MAYOLO SOTO POR EL PREDIO EL ENCINO Mayolo
Soto Segura, quien junto con su primo Luis Sánchez Segura se ostenta
como propietario de un terreno de 2 millones 748 mil metros cuadrados
en la delegación Cuajimalpa, que incluye el predio El Encino, presentó
ayer una denuncia de hechos en la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal (PGJDF) contra quienes resulten responsables de
haberse ostentado como dueños sin tener las escrituras
correspondientes, o se hayan posesionado y construido de manera
indebida. Por
su extensión, el predio reclamado equivale a 3 por ciento de las 8
mil 95 hectáreas que conforman el territorio de Cuajimalpa, y es
apenas 20 hectáreas menor al Paraje San Juan, en Iztapalapa, cuya
propiedad de 298 hectáreas decía tener Enrique Arcipreste del
Abrego. Con
la denuncia de hechos presentada ayer al mediodía ante la Fiscalía
para Delitos Financieros de la PGJDF, por los probables ilícitos de
despojo y uso de documentos no autorizados, se ''ha dado inicio a una
serie de actos reivindicatorios de los derechos y propiedades (de
Mayolo Segura) que no sólo contemplan el asunto de El Encino'',
informó el abogado Ricardo Briseño. Debido
a que la zona en disputa se encuentra fraccionada y urbanizada, el
abogado Briseño manifestó que ''se procederá a estudiar y evaluar
la situación de cada predio, y con detenimiento se sopesará la
situación jurídica de aquellos en los que se encuentren aposentados
terceros, como es el caso del terreno donde se ubica el hospital ABC,
entre otros''. EN
ENCINO, UN ESLABÓN DE LA CADENA DE ATAQUES: AMLO El
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador,
defendió ayer al proyecto alternativo de nación al que pertenece, y
aseguró que el asunto de El Encino es un eslabón más en la cadena
de ataques a la administración capitalina, cuyo fondo “es pararnos
a como dé lugar”. En
el primer día de su taller sobre El Encino –en el cual sólo dio
una introducción al tema–, el tabasqueño reiteró que ningún
miembro de su administración es culpable, al igual que él, de haber
violado la ley. Dijo
que en el caso de paraje San Juan él nunca aceptó componendas ya que
“ni siquiera la aspiración al cargo más elevado de la República,
podría justificar el hacer a un lado la dignidad y los principios”. Reiteró
su postura de que el caso El Encino no es un asunto legal sino político,
en el cual “es evidente que la ley y las instituciones están siendo
utilizadas como instrumentos de acoso y de descalificación política”. Coincidencias
con el Paraje San Juan Durante
el primer día de su “taller”, al cual nombró La manipulación de
la ley con propósitos políticos; caso El Encino, López Obrador dijo
que en los próximos días dará a conocer las similitudes que existen
entre este caso y el de Paraje San Juan, donde de al final se determinó
que el predio es propiedad de la nación. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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