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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “SAINETES”...
“LA
LEY Y EL 2006”...
“CÚPULA
EMPRESARIAL”...
EL PRESIDENTE VICENTE
FOX NO DESACATA RESOLUCIONES JUDICIALES...
SECTOR
AGRARIO SACAR A LOS INDÍGENAS
DE MONTES AZULES, OBSESIÓN DEL GOBIERNO Y CONSERVACIONISTAS...
PLÁTICAS SELECTIVAS...
ACUSAN A VISITADOR DE
LA SRA DE DESATENDER CONFLICTOS EN ACAPULCO...
BURGOA CONFIRMA QUE FOX
SÍ DESOBEDECIÓ EL AMPARO...
LAS RESOLUCIONES SON
“FIRMES Y DEFINITIVAS”: SG...
INVESTIGAR A VICENTE
FOX, EXIGE EL PRD...
HAY 4,688 DESACATOS Y
SE FIJARON EN MÍ, SE QUEJA AMLO...
DESLINDA LA SRA A FOX
DE DESACATO...
POR FALTA DE RECURSOS
INCUMPLEN LA ORDEN DEL JUEZ...
LA SRA NO DESAPARECERÁ,
ADVIERTEN DIPUTADOS...
LA SCJN NO HA
MODIFICADO LA SITUACIÓN DEL PARAJE SAN JUAN...
GOBERNADOR Y SRA
ANALIZAN LÍOS AGRARIOS EN GUERRERO...
DIFÍCIL QUE EL
CONGRESO REVISE LA LEY INDÍGENA...
EXISTEN MÁS CASOS EN
QUE NO SE ACATA LA LEY: GODOY...
“SAINETES” No
es asunto menor que el mismo día que el PAN y el PRI aprobaron en la
Cámara de Diputados dar trámite a la solicitud de la PGR para privar
al Jefe de Gobierno del fueron constitucional, por el litigio sobre el
predio El Encino, el secretario de la Reforma
Agraria entregó las pruebas para liquidar el litigio sobre otro
predio, el denominado San Juan, cuyo reclamante está formalmente
preso. La Suprema Corte de Justicia debería preguntar por qué no le
fueron aportadas antes las pruebas que ahora exhibe el gobierno
federal, y si respecto al predio El Encino el gobierno tiene guardadas
pruebas semejantes. “LA
LEY Y EL 2006” Los
pleitos de Andrés Manuel López Obrador con la justicia se han
interpretado, sobre todo, como evidencia del poco respeto que éste
tiene por la ley. Hay mucho de ello, pero no lo es todo. Hay al menos
dos elementos más que no se han discutido lo suficiente, y que son
mucho más importantes, porque trascienden a la persona. Por un lado,
es también evidente que el marco jurídico en México no es como para
presumirse, y la impartición y administración de justicia están por
el estilo. Concentrar
todo el problema en AMLO es un error. No me refiero únicamente a los
asuntos de los predios, súmele el manejo de la Asamblea, de la
Procuraduría del DF, el caso del consejo de transparencia. AMLO no se
va a detener en detalles, lo suyo es la redención. Pero
no es él el único problema. Lo grave es que efectivamente la ley no
funciona. En este país no tenemos garantías sobre los derechos de
propiedad. Y en materia de propiedad de la tierra, la Secretaría
de la Reforma Agraria nos regala un ejemplo del caos en que
vivimos: ahora resulta que el famoso predio San Juan, ése por el que
el gobierno del DF debía pagar una indemnización de mil 800
millones, ese predio es terreno nacional. Es decir, no tiene dueño.
Efectivamente un señor Arcipreste inició la compra pero, dice el
secretario, no la terminó. Sin embargo, el pleito por ese terreno
lleva 15 años, así que el dicho del secretario sólo se suma a los
miles de fojas que tendrá la disputa. Recuerde que no importa mucho
lo que diga la Secretaría de la Reforma Agraria, el asunto se
resuelve en tribunales. Y
si este caso toma este nuevo giro, el de El Encino, por el que se
solicita el desafuero de AMLO, es todavía más endeble. Todo indica
que efectivamente el gobierno del DF hizo caso omiso de una suspensión
definitiva dictada por un tribunal, y que éste inició el proceso que
obligó a la PGR a actuar contra AMLO. El golpe viene más de la Corte
que de cualquier otro lado. Director de
Investigación, ITESM CCM. “CÚPULA
EMPRESARIAL” DEL
PARAJE SAN JUAN El
secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar, contribuyó a que se distendiera el ambiente
político con el hallazgo del Paraje San Juan. Al
descubrir que ese predio es de la Nación y que López Obrador no
tiene que pagar mil 800 millones de pesos a vivales que lo reclamaban
como suyo, destensó la relación de los Gobiernos Federal y del DF. Con
ese referente, no se descarta que el caso de El Encino pueda derivar
en una salida similar, dicen quienes estudian minuciosamente el
expediente de esa propiedad. La
respuesta de los afectados en el primer caso puede ser muy dura; en el
segundo, podría ser absurda y demencial. EL
PRESIDENTE VICENTE FOX NO DESACATA RESOLUCIONES JUDICIALES Se
señala que el caso de Nicolás Bravo y El Encino son situaciones jurídicas,
manifestando que en el caso de El Encino se trata de la violación a
una suspensión y en el caso de Nicolás Bravo se está en vías de
cumplimiento. SACAR A LOS INDÍGENAS
DE MONTES AZULES, OBSESIÓN DEL GOBIERNO Y CONSERVACIONISTAS Desalojar
a buena parte de los pobladores indígenas de Montes Azules parece una
asignatura pendiente del gobierno federal. Y una obsesión de los
''conservacionistas'' internacionales, de los sucesivos titulares de
Semarnat y Profepa, del denominado (y silencioso) Grupo Chiapas, que
conforman diversas entidades públicas federales y estatales. Según
las versiones oficiales, los moradores indígenas son la principal (en
sus palabras, casi la única) amenaza para ese tesoro natural tan
codiciado. Muchos
otros ojos observan lo que ocurre en Montes Azules. Para diversos
organismos civiles independientes de la región (de derechos humanos,
ambientalistas, promotores de alternativas educativas o de salud), la
verdadera amenaza no son los asentamientos indígenas dentro y en el
perímetro mencionado, sino lo que vendría tras ellos una vez que los
desalojos se consumaran. Ante
las lagunas legales que dificultan el desalojo de los indígenas, el
partido gobernante busca el aval del Congreso de la Unión para
realizarlo. En la Cámara de Diputados, la iniciativa fue del PVEM
(ver La Jornada, 27 de
mayo). La de los senadores, ya firmada por todos los miembros de la
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, se dio a
conocer el 6 de abril. El operador fue Rubén Nordhausen González,
senador de Campeche por el PAN, quien anunció que, de aceptar el
punto, el Senado exhortaría a las autoridades correspondientes ''a
continuar con las acciones tendientes a restaurar el orden y la
legalidad en la Reserva de la Biosfera Montes Azules''. ''Primero.
Se exhorta a que el gobierno del estado de Chiapas, la Secretaría
de la Reforma Agraria, la Secretaría de Marina, la Secretaría de
la Defensa Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente continúen los desalojos y demás acciones tendientes a
restaurar el orden y la legalidad en la Reserva de la Biosfera Montes
Azules, con la finalidad de garantizar que en ella se protejan y se
conserven los ecosistemas y recursos naturales que comprenden parte
del patrimonio natural de todos los mexicanos. ''Segundo.
Se exhorta a que, en la ejecución de las acciones contenidas en el
resolutivo anterior, se incluyan soluciones integrales a la problemática
social de los grupos de invasores, observando las condiciones
particulares de marginación y pobreza extrema de los mismos, con la
finalidad de prevenir que en el futuro vuelvan a invadir áreas
naturales protegidas.'' (18 de marzo de 2004) PLÁTICAS
SELECTIVAS Maderas
del Pueblo del Sureste apuntó que la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) no sostiene un diálogo con todos los
grupos asentados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Xi
Nich, Aric Independiente y Democrática (Aric ID) y los grupos del
EZLN están fuera de las pláticas de conciliación a las que se
refirió la delegada de la institución en Chiapas, Martha Cecilia Díaz
Gordillo. Miguel
Angel García, integrante de Maderas del Pueblo del Sureste, aseguró
que desde hace mes y medio Xi Nich rompió el diálogo con la SRA y no
ha aceptado regresar a la mesa de negociación; mientras que la Aric
ID aceptó participar en las pláticas para exigir la regularización
de los poblados. ''Los únicos que han aceptado la propuesta de
reubicación son las familias de 13 pueblos organizadas en Socama,
pero están en la zona sur, colindante con Guatemala y fuera de la
reserva de la biosfera'', abundó García. Respecto
a las reuniones que según las autoridades agrarias de Chiapas se
efectuaron durante el último semestre del año pasado, García expuso
que los encuentros de la SRA y los lacandones con los representantes
de la Aric ID y Xi Nich, se realizaron en Frontera Corozal y Crucero
San Javier. Los lacandones, afirmó, se han reunido directamente con
los grupos de Socama, pero para ''pedirles 4 mil pesos a cada familia
y no volver a tocar el asunto agrario''. ACUSAN
A VISITADOR DE LA SRA DE DESATENDER CONFLICTOS EN ACAPULCO Campesinos
y ejidatarios de la ciudad de Acapulco, Guerrero, denunciaron que el
visitador de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Alfonso Galindo Becerra,
pasó tres días "de placer" en este puerto, durante su
visita para supervisar el caso de la magistrada Luz Mercedes del
Carmen López Díaz, a quien los comuneros acusan de
"favorecer" a empresarios en resolutivos agrarios. Humberto
Sevilla, asesor jurídico de diversos ejidos, afirmó que el
funcionario federal "se olvidó por completo" del encargo
del titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, de resolver el
conflicto agrario. Informó que a partir de este lunes se trasladarán
a la ciudad de México para instalar un plantón
en la Cámara de Senadores y el Tribunal Superior Agrario, donde
esperan respuesta satisfactoria a su demanda de destituir a la
magistrada. BURGOA
CONFIRMA QUE FOX SÍ DESOBEDECIÓ EL AMPARO La
violación al amparo otorgado a comuneros de San Andrés Tuxtla es
cosa juzgada y los responsables de este delito deben ser sancionados
conforme a la ley, sin importar que se trate del Presidente de la República,
aseguraron juristas universitarios. Ignacio
Burgoa, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México
y especialista en Derecho Constitucional, dijo
que al haberse dictado sentencia, el juez que en primera
instancia conoció de este caso contó con los elementos suficientes
para poder determinar que las autoridades federales violaron las
garantías individuales de comuneros veracruzanos. “Lo
anterior, de acuerdo con la información publicada, fue ratificado por
un tribunal colegiado de distrito, lo que confirma que la suspensión
definitiva sí fue violada, atentando con ello en contra de la Ley de
Amparo”, dijo. Este
diario dio a conocer que el presidente Vicente Fox y el titular de la Secretaría
de la Reforma Agraria, entre otros funcionarios federales,
desacataron el fallo del Tercer Tribunal Colegiado de Distrito en
Materia Administrativa al negarse a respetar un amparo concedido a
comuneros de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Dicho
amparo se dio a raíz de que después de un acomodo de tierras basado
en el Código Agrario y la Ley Federal de la Reforma Agraria un grupo
de comuneros, luego de varios años, no ha adquirido ningún derecho
sobre las tres mil 711 hectáreas reclamadas de un predio denominado
“Nicolás Bravo”, en aquel municipio veracruzano, ni tampoco les
ha sido liquidado. Actualmente, el expediente de este caso se
encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde, de
acuerdo con Burgoa Orihuela, ya no se determinará si el amparo fue
violado, sino que los magistrados de la Corte únicamente determinarán
la forma en la que los funcionarios señalados deberán cumplir con lo
ordenado por las autoridades judiciales. “Evidentemente,
la Corte no tiene facultades para destituir al Presidente, así que lo
único que van a determinar es la forma en que se le obligará a
cumplir la sentencia de amparo otorgado a los comuneros”, señaló. LAS
RESOLUCIONES SON “FIRMES Y DEFINITIVAS”: SG Las
resoluciones judiciales “firmes y definitivas” son inobjetables y
aunque se vale no estar de acuerdo con ellas, “lo que no se vale es
desacatarlas”, reconoció Armando Salinas, subsecretario de
Gobernación, quien, sin embargo, dijo desconocer los detalles del
desacato en que incurrieron Vicente Fox y Florencio
Salazar. Al
respecto, la legisladora priista Arely Madrid, presidenta de la Comisión
de Reforma Agraria del Senado, dijo que dicha instancia se mantendrá
muy pendiente y dará seguimiento al desahogo de la resolución
referida, pues el acatamiento a los mandatos judiciales no está
sujeto a consideraciones políticas. INVESTIGAR
A VICENTE FOX, EXIGE EL PRD El
Partido de la Revolución Democrática anunció que solicitará se
abra una investigación a los expedientes de la Secretaría
de la Reforma Agraria para determinar en cuántos casos el
Ejecutivo federal ha incurrido en desacato, como ocurrió con la
resolución de un juez en torno a un predio en Veracruz. Además,
los perredistas analizan promover una demanda ante la PGR para que
investigue el caso de desacato en que incurrió Vicente Fox y que ya
se tiene documentado respecto al amparo promovido por comuneros del
predio Nicolás Bravo, de San Andrés Tuxtla, Veracruz. A
decir del diputado perredista Arturo Nahle, quien investigó en los
archivos de la Reforma Agraria este y “otros casos de desacato”,
es necesario que la PGR proceda en los mismos términos y con la misma
diligencia con que actuó para promover el desafuero de Andrés Manuel
López Obrador. Indicó
que al tabasqueño se le acusa de incumplir una suspensión, mientras
que el presidente Fox se ha negado a cumplir con una sentencia
definitiva, lo cual es más grave. HAY
4,688 DESACATOS Y SE FIJARON EN MÍ, SE QUEJA AMLO El
jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, aseguró:
“Cómo es posible que de cuatro mil 688 denuncias judiciales que
existen actualmente contra autoridades que son acusadas de incumplir
sentencias de amparo se hayan fijado en nosotros para actuar
penalmente; o sea, sacamos bola negra”. Luego
rectificó: “no estoy diciendo con esto que hayamos violado una
suspensión, que se entienda bien, nunca violamos ninguna ley, pero de
todas estas denuncias, de todos estos juicios, resulta que nos
escogieron a nosotros, entonces todo esto es muy extraño, es muy
raro, nunca se ha sometido a juicio a un servidor público, como lo
están haciendo con nosotros. Así,
al abordar el caso de El Encino, un reportero mencionó que la Secretaría
de la Reforma Agraria ya había iniciado, desde el pasado jueves,
una investigación similar a la del Paraje San Juan, en la que resultó
que ese predio es propiedad federal, con lo que se evitó una
indemnización por mil 810 millones de pesos. En
este sentido, López Obrador mencionó que “ojalá que no se tarden
tanto, porque en el caso del Paraje se tardaron un poco, que no vayan
a tardar mucho tiempo en El Encino, para que nos de tiempo de... DESLINDA
LA SRA A FOX DE DESACATO Gilberto
Hershberger Reyes, subsecretario de Ordenamiento dela Propiedad Rural
de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), deslindó al presidente
Vicente Fox del desacato a la resolución de un tribunal de distrito. “El
juicio de amparo al que se refiere la información publicada en
MILENIO es el expediente número 388/95, en el que tres personas,
ostentándose como representantes del Comité Particular Ejecutivo del
Nuevo centro de población Nicolás Bravo, promovieron un juicio de
amparo en el que no señalaron al Presidente de la República como
autoridad responsable”, dijo el subsecretario. Agregó
el funcionario que, “en otras palabras, no puede tener la calidad de
responsable o de desacato a una sentencia aquella persona que no fue
señalada como autoridad responsable, entonces el Presidente de la República
no tuvo la calidad de autoridad responsable en este juicio de
amparo”. “El
único señalamiento que se hace al presidente de la República en el
juicio correspondiente, es que en su calidad de superior jerárquico
de las autoridades responsables, les ordene acatar el fallo ordenado
por el juez de distrito, pero a él en ningún momento se le involucra
con el cumplimiento de la sentencia, porque no fue señalado como
autoridad responsable”. En
entrevista, el funcionario dijo que “la SRA se ha distinguido por
cumplir con los fallos de los jueces, pero también por hacer valer
todos los medios de defensa a su alcance para defender los intereses
de la federación”. Así,
explicó que en el caso concreto de esta sentencia, fue una resolución
de 1962, en la cual se determinó que no procedía la creación de un
nuevo centro de población llamado Nicolás Bravo allá en Veracruz. “En
la resolución presidencial dice que se crea el nuevo centro de
población y a los 62 campesinos solicitantes de tierra se les acomode
en el ejido Chacalapa, en el municipio de Hueyapán de Ocampo, en
Veracruz”. Asimismo,
dijo que “al momento en que la Reforma Agraria lleva a cabo el
cumplimiento de la sentencia, que fue el 17 de agosto el 2000, resulta
que el ejido Chacalapa dice ’momento, yo no puedo aceptar nuevos
ejidatarios, porque en primer lugar éramos 131 ejidatarios y ahora ya
somos 272 y nos faltan por reconocer 25 del núcleo agrario’,
entonces ya no hay superficie para poderlos acomodar”. Así,
agregó el funcionario, la SRA le informa al juez de que existe una
imposibilidad jurídica y material para poder cumplir con la resolución
presidencial de 1962, de tal forma que se le solicitó realizar el
pago sustituto. Tras
el análisis del expediente, el juez de distrito determinó que se debían
pagar alrededor de 49 millones de pesos a estas 62 personas. Ante
esta sentencia, mencionó Hershberger, “la SRA hizo valer ante el
juez varias cuestiones: primero, que sí estaba en la disposición de
cumplir la sentencia, pero que se tenía que pagar en partes
proporcionales a cada uno de los 62 campesinos y no únicamente a tres
que se ostentaron como representantes sustitutos del Comité
Particular Ejecutivo. POR
FALTA DE RECURSOS INCUMPLEN LA ORDEN DEL JUEZ La
falta de recursos para hacer frente al pago de indemnización a los
comuneros de San Andrés Tuxtla, en Veracruz, y la imposibilidad de
entregarles las tierras demandadas porque éstas se encuentran en
posesión de otro núcleo ejidatario, fue la respuesta que la Secretaría
de la Reforma Agraria dio al Poder Judicial, que determinó que el
presidente Vicente Fox y el titular de la SRA no han dado cumplimiento
a la ejecutoria de amparo otorgada a los campesinos de esa zona. En
su defensa, la Reforma Agraria señala que se está negociando con los
comuneros de San Andrés Tuxtla para que acepten un pago menor de
indemnización, “que se logre un descuento” al cual se le podrá
hacer frente sólo si la Cámara de Diputados aprueba un otorgamiento
de recursos extras a esa dependencia, para proceder en los términos
que señala la ejecutoria. El
conflicto que dejó sin tierra a los comuneros veracruzanos, alega la
secretaría, se viene arrastrando desde hace dos décadas, por lo cual
se está procediendo a la revisión del caso de las tres mil 700 hectáreas
reclamadas y a la búsqueda de una salida a través de un acuerdo con
los campesinos para la asignación de unas nuevas tierras o una
indemnización. Los
comuneros ganaron hace nueve años el amparo 388/195, que les otorgaba
derecho a las tierras del predio Nicolás Bravo, ubicado en San Andrés
Tuxtla, Veracruz, sin que hasta la fecha fueran restituidos sus
derechos, como determinó el juez primero de Distrito en Materia
Administrativa del Distrito Federal. El
caso que siguió a ese trámite, hasta la actual administración,
provocó que el año pasado el presidente de la República
interpusiera dos quejas, la 139/2003 y la 149/2003, las cuales las
perdió, cuando la autoridad judicial determinó que la SRA debía
proceder a la entrega de las tierras demandadas, debido a que el
gobierno federal no acató la resolución judicial. Los
campesinos interpusieron un recurso de inejecución, es decir, una
apelación ante un juez superior, y fue cuando por unanimidad los
magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
fallaron en contra del presidente Vicente Fox y del secretario de la
Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame. LA
SRA NO DESAPARECERÁ, ADVIERTEN DIPUTADOS De
inaceptable fue calificada la posible desaparición de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), sobre todo cuando existen catorce
focos rojos en el campo mexicano que pueden provocar enfrentamientos y
derramamiento de sangre. Manuel García Corpus, presidente de la
Comisión de la Reforma Agraria en la Cámara de Diputados, dijo que
no se va a permitir que el Gobierno foxista "termine de
desmantelar las de por sí pocas y débiles instituciones que para
atender al campo se conservan. No se puede afirmar que los conflictos
en el país se reducen a catorce focos rojos, ya que hay conflictos
que reproducen, y que están focalizados en la mayoría del territorio
nacional". Y es que de acuerdo con la citada Comisión, siguen
conflictos latentes por la tenencia de la tierra en Oaxaca, Sonora,
San Luis Potosí, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Durango,
Zacatecas y Michoacán. Sin embargo, para el panista Joaquín Montaño,
secretario de la Comisión de Reforma Agraria del Senado, es viable la
propuesta del cierre de la dependencia y propuso que sus funciones se
reasignen a la Sagarpa y a la Sedesol; y que los tribunales agrarios
pasen a formar parte de los tribunales judiciales. LA
SCJN NO HA MODIFICADO LA SITUACIÓN DEL PARAJE SAN JUAN Ni
la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA) han notificado por escrito al pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que las 298 hectáreas
que constituyen el denominado Paraje San Juan, de Iztapalapa, son
terrenos nacionales. La
SCJN confirmó que la Oficialía de Partes no ha recibido, hasta
ahora, ningún tipo de notificación de parte del gobierno federal de
que las 298 hectáreas del Paraje San Juan forman parte del patrimonio
de la nación, por lo que el proceso de revisión y análisis del caso
sigue su curso. El
ministro Juan Silva Meza, presidente de la Primera Sala, fue designado
por el pleno para conocer del asunto, en tanto que para la Corte
-mientras no se le notifique por escrito- las cosas se mantienen en
estudio y revisión de por lo menos 13 tomos que constituyen el
expediente. Consultada
al respecto, la Secretaría de la Reforma Agraria informó que debe
ser la Procuraduría General de la República la que, en nombre de la
federación, ejerza "las acciones legales correspondientes con la
finalidad de acreditar que los terrenos en cuestión son propiedad de
la nación y, en consecuencia, que no le asiste al señor Enrique
Arcipreste del Ábrego ningún derecho para reclamar el pago de la
indemnización respecto a una superficie que legalmente nunca se
incorporó a su patrimonio". GOBERNADOR
Y SRA ANALIZAN LÍOS AGRARIOS EN GUERRERO En
Guerrero prevalecen 34 conflictos agrarios, derivados de relimitación
de tierras, lo que se ha ido generando de padres a hijos ejidatarios
desde hace poco más de 40 años a los cuales se busca una solución
mediante el diálogo y no la violencia, dijo el subsecretario general
de Gobierno para Asuntos Indígenas Ezaú Tapia Abarca. Explicó
que el gobernador René Juárez Cisneros y el secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, trabajan afanosamente para que todo
se solucione conforme a derecho. En
ocasiones estos líos no son llevados ante los tribunales agrarios,
donde los campesinos e indígenas son asesorados por quienes conocen
la ley, a efecto de que nada se haga y se viole el derecho. DIFÍCIL
QUE EL CONGRESO REVISE LA LEY INDÍGENA Felipe
Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, afirmó que
difícilmente los legisladores verán la necesidad de replantear la
ley indígena, porque “en estos momentos el Congreso está ocupado
en otras cosas y hay tantas diferencias entre los partidos políticos”. Mientras
esa decisión se retarda, algunas comunidades chiapanecas se
encuentran divididas y se confrontan, porque responden a dos marcos
jurídicos diferentes. Esta
situación, explicó el prelado, ha creado recientemente problemas en
el municipio de Zinacantán, lugar en donde presuntamente existe un
grupo de paramilitares perredistas. Sin embargo, el obispo aclaró que
“no todos pueden ser calificados de paramilitares, más bien son
personas que no han llegado a un acuerdo con los zapatistas, porque
las comunidades zapatistas no han querido pagar sus impuestos a sus
municipios”. Algunos
del municipio de Zinacantán, comentó, los pagan en sus propios
municipios autónomos, en la junta de Oventic, por ello consideró que
son más bien diferencias entre ellos, en donde a veces no se llega a
conciliar la ley constitucional con la ley indígena. Son
los resultados, puntualizó, de no haber llegado a un consenso en
cuanto a la legislación en las cuestiones indígenas, porque la ley
federal dio unos pasos que no han satisfecho a los zapatistas y ellos
quieren aplicar sus propios acuerdos de San Andrés, eso ha generado
una confrontación muy peligrosa en las comunidades, porque unos
tienen un marco jurídico diferente y eso los confronta. EXISTEN
MÁS CASOS EN QUE NO SE ACATA LA LEY: GODOY El
caso del predio de Nicolás Bravo ubicado en Veracruz “no es el
primero ni el único en que el Presidente de la República y algunos
gobernadores no acatan resoluciones de la Corte”, aseguró Leonel
Godoy, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática.
Como
ejemplo citó lo ocurrido con la disposición en la que se prohibió
transportar agua de la cuenca del Río Lerma al Lago de Chapala, la
cual, afirmó, no fue acatada por el presidente Vicente Fox durante
varias semanas. Al
preguntarle si era equiparable el caso de El Encino con lo ocurrido
con los comuneros de San Andrés Tuxtla, Veracruz, Leonel Godoy dijo
que “es equiparable con ese y con varios, tanto como el de la Cuenca
del Río Lerma, como otros que ya han señalado otros medios”. Dijo
que ambos casos evidencian que “hace una falta una profunda reforma
electoral-judicial para que las resoluciones sean prontas y expeditas
y tomen en cuenta también el interés público, no sólo el
privado”. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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