Lunes 26 de enero de 2004


 Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes medios:
La Jornada • Milenio Diario • El Sol de México
El Independiente • El Financiero • Reforma



OPINIÓN 

REFLEXIONES ...  ver nota completa....


EL MINIFUNDIO PUEDE SER PRODUCTIVO ...  ver nota completa....


SECTOR AGRARIO 

PRETENDE LA SRA PONER FIN ESTE AÑO A LOS FOCOS ROJOS EN EL AGRO ...  ver nota completa....


COMUNEROS DE TLANEPANTLA AGRADECEN APOYO OFICIAL PARA DOTACIÓN DE TIERRAS ...  ver nota completa....


LAS MORENAS, PARA EL SOBRINO DE UN FOXISTA ...  ver nota completa....


TIMAN A 300 FAMILIAS CON TERRENO ECOLÓGICO ...  ver nota completa....


TRÁFICO DE TERRENOS FEDERALES EN LAS LOMAS ...  ver nota completa....  




OPINIÓN 

REFLEXIONES
Manuel López-Portillo, El Sol de México, página 9A

Violencia en Morelos (2)

¿Tlalnepantla, otro Atenco?

Con la excarcelación por fianza de diecinueve personas, que fueron detenidas desde el pasado 14 del mes en curso por las fuerzas públicas en el Municipio de Tlalnepantla, estado de Morelos, y que son acusadas (ahora sujetas a proceso) de diversos delitos del fuero común y federales, parece ser que se inicia un nueva etapa en el intento de obtener el control de las respuestas comunitarias a este secular conflicto de la tierra a nivel nacional. La rápida utilización de las fuerzas públicas en el desalojo del Consejo Autónomo Indígena y la contención obligada de la disidencia opuesta a esta medida, permitió a las autoridades federales y estatales sentar las bases para la desactivación de un fenómeno sociopolítico nacional que está muy, pero muy lejos de encontrar solución congruente y, sobre todo, justa y social.

En el pasado programa radial del Presidente de la República, Fox Contigo, y con la participación del titular de la Reforma Agraria y la de Asuntos Indígenas, se identifican más de 100 focos rojos, de los cuales se dice 14 de ellos requieren atención inmediata, para continuar así, de esta manera, con el empleo de una política paliativa y no resolutiva de subsidios y de transferencia de soluciones realistas e integrales para mejores tiempos políticos.

Urge una revisión exhaustiva e inventario de los problemas del campo, cumplir las promesas y programas y poner en práctica los Acuerdos de San Andrés, en un contexto acorde con el espíritu constitucionalista, nacional y federal de todos los mexicanos.


EL MINIFUNDIO PUEDE SER PRODUCTIVO
Guillermo Knochenhauer*, El Financiero, página 49

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) iniciará este año un programa con el que se pretende inducir a los ejidatarios y comuneros mayores de 65 años a que cedan sus derechos agrarios sobre tierras agrícolas, ganaderas y forestales a gente más joven.

El subsecretario de Política Sectorial de la SRA, Armando Ríos Piter, considera que con este programa se combatirá el envejecimiento de los posesionarios rurales, como si ése fuera el obstáculo para tecnificar el campo. Es muy obvio que el propósito declarado de sacar a los viejos campesinos de su medio sólo es otra manera ideada por el gobierno para facilitar la integración de unidades agropecuarias de mayor extensión.

La intención de la SRA es poner en circulación mercantil las parcelas ejidales y acelerar la privatización para ayudar a terminar con el minifundio; aunque ésa fue una de las intenciones clave de la reforma al artículo 27 constitucional promovida en 1992. El minifundio sigue siendo la principal característica de la estructura agraria del país, a pesar de su renta y algunas ventas.

Lo que debería entender el gobierno es que el minifundio tiene causas ajenas al medio rural y que existen medidas adecuadas para su progreso. No hay que olvidar que la carencia de tecnologías y servicios adecuados al minifundio agrava la degradación de suelos, la pérdida de fertilidad y la caída de rendimientos.

*Académico FCPS-UNAM.


SECTOR AGRARIO 

PRETENDE LA SRA PONER FIN ESTE AÑO A LOS FOCOS ROJOS EN EL AGRO
Matilde Pérez U., La Jornada, página 8

Dispuesto a recuperar la confianza de los sujetos agrarios para que dejen de dudar de los compromisos y la voluntad política del gobierno federal, el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, dispuso de 481 millones de pesos en ocho meses para resolver definitivamente siete de los 14 focos rojos en el campo.

"No es un gasto, sino una inversión en la paz social del campo, para abrir el camino al desarrollo en esas zonas cuyos habitantes sostuvieron enfrentamientos -algunos de ellos sangrientos- durante medio siglo o más", señaló el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Gilberto Hershberger Reyes.

La solución de la mitad de los 14 focos rojos involucra una superficie de 61 mil 865 hectáreas y cerca de 40 mil sujetos, localizados en 21 municipios de los grupos indígenas zoques, chinantecos, mazatecos, zapotecos, huastecos, nahuas, pames, tepehuanos y tzotziles.

Además, antes de finalizar este año podría concluir la negociación del asunto Acatepec contra Zapotitlán Tablas, Guerrero, abundó.

Hershberger Reyes confió en que la resolución de los restantes seis puntos rojos se alcanzará este año, en que también se atenderán los 140 problemas clasificados como focos amarillos.

Inmerso en las acciones de concertación con los grupos agrarios, el subsecretario señaló que en estas acciones el respaldo político de los gobiernos de los estados ha sido un factor fundamental. “No son soluciones que pendan de un hilo tejido por los recursos económicos, sino suma de voluntades políticas y sociales", dijo.

En 2004 los primeros asuntos que posiblemente tengan una solución definitiva sean los casos de los yaquis, en Sonora; los 12 conflictos agrarios en Hidalgo, y tal vez se logre un fuerte avance en el caso de Montes Azules, en donde no habrá desalojo sino diálogo y concertación para reubicar a las familias, insistió Hershberger.

De acuerdo con la Procuraduría Agraria, en el país hay 22 conflictos agrarios de alto riesgo, de ellos tres están en Chiapas, cuatro en Michoacán, dos en Oaxaca, tres en Veracruz y uno en Baja California, Sonora, Sinaloa y Quintana Roo, respectivamente. La mayoría de ellos son casos que tienen más de tres décadas y que, desde el punto de vista de las autoridades agrarias, requieren de un alto grado de coordinación entre los gobiernos estatales y profundas acciones de conciliación.

A su vez, los 695 asuntos de trascendencia involucran a las comunidades y ejidos, y en su mayoría hay factores religiosos, económicos, jurídicos, políticos, étnicos y ambientales. Su solución -según la Procuraduría Agraria- requiere de la atención de los tres niveles de gobierno y mantener un seguimiento permanente.


COMUNEROS DE TLANEPANTLA AGRADECEN APOYO OFICIAL PARA DOTACIÓN DE TIERRAS
Nota Informativa, La Jornada, página 14

Comuneros del ejido de Tlalnepantla, en el estado de Morelos, agradecieron al presidente Vicente Fox y al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, su apoyo para ejecutar la dotación de tierras de su comunidad, que les fueron otorgadas en resolución presidencial hace 50 años.

El agradecimiento, en las instalaciones del Congreso Agrario Permanente, fue hecho por Constantino Estrada Barrera, quien estuvo acompañado por una comisión de comuneros de la zona, quienes también agradecieron el apoyo.

El ejido de Tlalnepantla, que consta de 6 mil 500 hectáreas y donde habitan mil 200 comuneros, se creó por resolución presidencial hace más de 50 años, pero este acuerdo estaba pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, motivo por el cual no era posible ejecutarlo.

Sin embargo, la Secretaría de la Reforma Agraria logró la publicación de la resolución en agosto de 2003 e inmediatamente procedió a la entrega del plano definitivo del ejido, con lo cual cobró legalidad su existencia.


LAS MORENAS, PARA EL SOBRINO DE UN FOXISTA
Antonio Heras, El Independiente, página 9

En el caso del predio Las Morenas, en el que Marta Sahagún, intercedió para que fuera entregado a un particular a pesar de que era terreno federal, los mayores beneficiados fueron los abogados –ligados a la asociación Amigos de Fox-, asegura Alejandro Ibarra, a quien presuntamente lo timaron los abogados.

Ibarra Sánchez, cuyo nombre fue utilizado para la gestión que hizo Sahagún frente a la Secretaría de la Reforma Agraria, afirma que él no conoce a la esposa del presidente Fox ni le pidió su ayuda para este caso que llevaba en tribunales años y que se resolvió en un par de meses, sino que todos los movimientos los hizo el acaudalado abogado Jorge Perroni, para quien se reconoció la propiedad del predio Las Morenas, era primo y socio de Ascan Lutteroth, quien fuera junto con el ex gobernador de Baba California, Ernesto Ruffo, el encargado de los Amigos de Fox en Tijuana.


TIMAN A 300 FAMILIAS CON TERRENO ECOLÓGICO
Francisco Ortíz, Reforma, página 6B

Destinado a ser un espacio ecológico, el Parque Ignacio Pichardo Pagaza en Cuautitlán Izcalli, una loma integrada por 10 hectáreas, sufre desde 1979 la invasión de 10 por ciento de su territorio.

El lugar, donado por el Instituto Auris al Gobierno municipal en 1988, tiene una vista envidiable del Lago de Tepojaco y la serranía de Monte Alto, que se levanta al poniente del Estado de México.

Desde 1979, 300 familias comenzaron a invadir la zona que tiene un uso de suelo de parque ecológico; se trata de una comunidad que ha buscado constituirse en núcleo ejidal para disputar el terreno de propiedad municipal y señalan que “en la Reforma Agraria existe un expediente que explica cómo está la situación”.


TRÁFICO DE TERRENOS FEDERALES EN LAS LOMAS
Rogelio Hernández, Milenio Diario, página 1-7

En el corazón de las Lomas de Chapultepec, sobre la calle de Sierra Gorda números 15 y 23, terminan de construirse tres lujosos edificios con 200 viviendas tipo “Élite” complementadas con casa club, gimnasio, spa, salón de eventos, alberca, 10 mil metros de jardines y la historia de la venta de los terrenos federales donde ahora se asientan.

Según una investigación, de los 26 mil metros cuadrados que ocupan Residencial “Lomas I” y “Lomas II”, casi 24 mil de ellos eran terrenos federales y además fueron desclasificados intencionalmente como AV (área verde), para que pudieran ser vendidos a particulares en poco más de 90 millones de pesos, unos 147 millones por debajo de su valor comercial.

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) fue la autoridad que realizó la venta final en junio del año 2000, pero no fue la única entidad de gobierno involucrada durante los seis años que tardó el proceso de venta. Participaron la Delegación Miguel Hidalgo, las regencias de Manuel Camacho y Manuel Aguilera; Banobras, Cabin y un sínfin de funcionarios menores.

A la eliminación de las áreas verdes, y al “remate” de predios altamente cotizados, se suma la invasión previa de los constructores y un sinnúmero de procedimientos administrativos irregulares, violación de normas y tramites legales, la participación sucesiva y en cadena de varias empresas privadas, con el fin de erigir esas viviendas cotizadas en dólares sobre terrenos oficialmente baratos.  



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