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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN VIDA
NACIONAL ...
SECTOR
AGRARIO OTRO FOCO ROJO MENOS EN
EL CAMPO ...
OPOSITORES AL EZ TAMBIÉN
EXIGEN QUE SALGA EL EJÉRCITO ...
LA GESTIÓN SOCIAL DE
MARTA, DE “BUENA FE” ...
ESTADOS GUERRERO MUEREN CUATRO NIÑOS
INTOXICADOS POR PESTICIDAS ...
VIDA
NACIONAL Gracias
al intenso trabajo de negociación y operación política del
secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, quedo
totalmente finiquitado el conflicto agrario que durante poco más de
96 años mantuvo confrontadas a las comunidades de Acatepec y Zapotitlán,
en la región de la Montaña de Guerrero, hasta donde llego por
primera vez un titular de la SRA para apagar otro foco rojo. OTRO FOCO ROJO MENOS EN
EL CAMPO En
un acto desarrollado en Zapotitlán Tablas, el secretario de la
Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, acompañado por el
gobernador René Juárez Cisneros y el Procurador Agrario, Isaías
Rivera Rodríguez, se dio solución al conflicto en mantenía a esta
comunidad con sus vecinos de Acatepec desde hace 96 años y que provocó
55 muertos. La SRA otorgó un pago compensatorio de 18 millones de
pesos. OPOSITORES
AL EZ TAMBIÉN EXIGEN QUE SALGA EL EJÉRCITO Francisco
era autoridad ejidal cuando se instaló el campamento militar que hoy
es Base de Operaciones (BO) del Agrupamiento García de la 39 Zona
Militar, en 1995. Conoce bien la historia. Apenas separado por una
barricada de alambre cortante del general Morales y dos tenientes
coroneles que lo flanquean, el campesino chol del ejido Emiliano
Zapara, Chiapas, dice: "En
ese tiempo yo era autoridad. Solicitamos al Ejército en nuestro
ejido, éramos 46 personas de Paz y Justicia. Yo mismo vine a hacerles
la casa a ustedes, esa que tienen allí. Trajimos las tablas, las láminas.
Tuvimos asambleas con el gobierno en Tuxtla, en Palenque. Ahora,
nosotros mismos les decimos que se vayan. No los queremos aquí. Ya no
los necesitamos". El
general Morales trata de ser cordial al expresar sus discrepancias con
los interlocutores indígenas que lo apelan, sin encontrar respuesta
en el mando castrense. Pero los ejidatarios vienen decididos. "Yo
estoy mirando cómo se van destruyendo el pueblo y nuestra
cultura". "La asamblea está preocupada por la parcela. Es
de todos los ejidatarios. No tiene dueño ni está en Procede. Los
ejidatarios tenemos el derecho de decidir. Estamos destruidos todos.
Seguimos esperando que se salgan". dice un ejidatario. Interviene
Juan Díaz Montejo: "Oficio tras oficio, y nada. Esta es la
segunda manifestación (la primera fue el día 8). Venimos por el
acuerdo de cuándo se van a ir ustedes. Queremos entrar a medir cuántos
metros le tocan a cada poblador". Los
indígenas insisten en la solución pronta: "Lo de los tribunales
es para hacer tiempo", opinan. "No necesitamos de ningún
tribunal agrario para que ustedes llegaran, ¿por qué necesitan ahora
sus órdenes para irse?" Un
decálogo de exigencias: "1, fuera Ejército de la comunidad; 2,
respeto a las tierras del ejido; 3, rechazo a la presencia de 'los ejércitos';
4, fuera 'ejércitos mariguanos'; 5, fuera soldados borrachos; 6,
respeto a las mujeres de la comunidad; 7, respeto a nuestra tierra; 8,
drogas y trago llegan con el Ejército; 9, no queremos militares; 10,
respeto a la libertad del pueblo". LA
GESTIÓN SOCIAL DE MARTA, DE “BUENA FE” Florencio
Salazar, secretario de la Reforma Agraria, afirmó que las gestiones
que realizó Marta Sahagún ante esa dependencia para beneficiar a
particulares en Tijuana no son un acto de corrupción ni de tráfico
de influencias, “este –dijo– es un acto de buena fe de la señora”.
Señaló
que si hubiera algo que ocultar en el caso, la primera dama pudo haber
tomado el teléfono rojo del Presidente para solicitar el favor y así no
dejar huella. El
funcionario se sumó a la defensa que desde el gobierno federal se
hace de Sahagún, luego que este diario publicó su intervención en
el caso del predio Las Morenas. Salazar
señaló que en el supuesto caso de que Marta Sahagún hubiera
realizado la gestión que se le imputa, “lo que decidió el juez fue
en el ámbito estricto de sus funciones y lo que él creyó
conveniente, y nada tiene que ver con cómo se están manejando las
cosas”. Agregó
que en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRA no hay
antecedentes de ningún juicio de amparo o de carácter agrario en el
que hubiera intervenido Marta Sahagún en relación con las
pretensiones de Alejandro Ibarra Sánchez, quien solicitó la titulación
del predio. Salazar
sostuvo que tampoco existe documentación relativa al predio Los
Barrancos, solicitado por Sonia Jesús Hidalgo Echeverría, también
en Tijuana. “Conviene
precisar que la participación de la Reforma Agraria se limitó a
integrar los expedientes relativos a la solicitud de enajenación de
terrenos nacionales y, en su oportunidad, a través de la Dirección
de Ordenamiento y Regularización acordó negar la expedición de los
títulos solicitados, basándose en que los terrenos se encontraban
ubicados en zona federal”, mencionó. GUERRERO MUEREN CUATRO NIÑOS
INTOXICADOS POR PESTICIDAS Cuatro
niños indígenas mixtecos de la comunidad de Laguna Seca, municipio
de Tlacoapa, de la región de la Montaña de Guerrero, murieron
envenenados y tres más se encuentran graves en el hospital de Tlapa.
Los menores comieron galletas que tenían pesticida y que les regaló
un desconocido al salir de la escuela, la tarde del miércoles pasado. Asimismo,
se encuentran graves en el Hospital General de Tlapa otros tres niños,
y es que en el centro de salud de Tlacoapa y la comunidad de Laguna
Seca no hay médicos, enfermeras y tampoco se cuenta con medicamentos,
según denunciaron las autoridades municipales. Los
familiares de los menores de edad acompañados por el dirigente del
Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Amador Cortés
Robledo, demandaron ayer que el envenenamiento de los siete menores de
edad se investigue por parte de la Procuraduría General de la República. Ello
por que un individuo desconocido esperó la tarde del miércoles
pasado a que los menores salieran de la escuela primaria y de un jardín
de niños para repartirles galletas que tenían residuos de pesticida. El
dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena,
Amador Cortés Robledo, dijo que el móvil del envenenamiento de los
menores indígenas podría tener dos causas; en primer lugar señaló
que es posible que esté relacionado con el conflicto agrario entre
comuneros de Zapotitlán Tablas y Acatepec. Ello porque la comunidad
de Laguna Seca se encuentra en el área que se están disputando los
comuneros de los dos municipios, y agregó que aunque la localidad
municipalmente corresponde a Tlacoapa, comunalmente pertenece a los
Bienes Comunales de Acatepec. Cortés
Robledo señaló que otro de los móviles podría ser de índole política,
ello porque los habitantes de Laguna Seca se han declarado
abiertamente zapatistas y que han participado abiertamente en las dos
consultas zapatistas que ha convocado el EZLN. Un
añejo conflicto La
localidad de Laguna Seca, la región más marginada de Guerrero, se
había mantenido al margen del conflicto agrario por la posesión de
las mil 700 hectáreas de tierras comunales entre los comuneros de
Zapotitlán Tablas y Acatepec. Ello
debido a que sus habitantes pertenecen a un municipio diferente al de
los dos en conflicto. Sin embargo, las tierras en donde se encuentran
asentadas las familias es un anexo del ejido de Acatepec y la
localidad se encuentra en las tierras en disputa. El
conflicto agrario cumplió 90 años; las mil 700 hectáreas las han
reclamado los comuneros de Zapotitlán porque aseguran que cuentan con
planos “virreinales” y que además pertenecen a su municipio.Sin
embargo, los comuneros de Acatepec argumentan que las tierras
pertenecen a sus Bienes Comunales. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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