Viernes 17 de diciembre de 2004 OCHO COLUMNAS
Sector
agrario Firman
la SRA, UNORCA y René Juárez convenio para proyectos productivos ...
Entregan
René y Florencio Recursos para reactivar el área rural de
Chilpancingo y Chilapa ...
Solucionados,
cinco conflictos por tenencia de la tierra: EBV ...
Lanza
SRA programas para rejuvenecer el campo ...
Se
benefician trece grupos de jóvenes michoacanos con recursos de SRA ...
Lamenta
UNORCA que los diputados hayan aprobado la Ley de Bioseguridad ...
El
Procede en Baja California ...
Inicio
del Programa Joven Emprendedor Rural ...
Pretende
la SRA recuperar el rostro joven del campo ...
Crean
mujeres red anticorrupción ...
Organizaciones
campesinas La
visión de Xóchitl Gálvez “es crear nuevos caciques indígenas”.
ANIPA ...
El
campo seguirá perdiendo en 2005: CNA ...
Prensa
Estatal CHIHUAHUA Grupos
indios demandan declarar a la Tarahumara zona libre de transgénicos ...
ESTADO
DE MÉXICO Amenazan
campesinos con cerrar la vía México-Puebla ...
Atienden
demandas de Xalatlaco ...
SAN
LUIS POTOSÍ Solicita
el INAH suspender el uso de explosivos en el Cerro de San Pedro ...
QUINTANA
ROO Se
tuerce la ley para adaptar el país a los proyectos del “gran
turismo” ...
Exigirá
el Congreso de QR investigar venta de manglares ...
Cartones Firman
la SRA, UNORCA y René Juárez convenio para proyectos productivos.
(El
Sur (Guerrero), Zacarías Cervantes, p.web) La
dependencia federal entrega en la capital y Chilapa recursos a los
beneficiarios de ese programa y otro para mujeres indígenas. El
delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes, informa que de
los 28 conflictos agrarios en esta entidad se han resuelto 11 El
secretario de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame,
firmó ayer en Chilapa con la Unión Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y el gobernador René Juárez
Cisneros el finiquito que resuelve 6 mil 146 asuntos agrarios en el país,
para los cuales la dependencia federal destinó 26 millones de pesos. En
la mañana en Casa Guerrero, Salazar Adame y Juárez Cisneros
entregaron recursos a beneficiarios de los programas Fondo de Apoyo a
Proyectos Productivos (FAPPA) y la Mujer del Sector Agrario
(Promusag). El
secretario federal encabezó una reunión de evaluación de solución
a los conflictos agrarios que hay en Guerrero. El
finiquito de los acuerdos agrarios fue firmado por Salazar Adame, el
dirigente nacional de la UNORCA, Alberto Gómez Flores y como
“testigo de honor” Juárez Cisneros, el acto fue en las
instalaciones de la UNORCA. Salazar
Adame informó que con este documento se cumplen 37 acuerdos que se
firmaron con 34 organizaciones agrarias y tres grupos independientes
del país, dentro del programa de la regularización de la tenencia de
la tierra. La
dirigente de la UNORCA, Gómez Flores, dijo que la SRA firmó hace
siete años con el gobierno federal estos acuerdos y por eso se destinó
26 millones de pesos para la adquisición de 2 mil 386 hectáreas de
tierras para resolver los conflictos agrarios. Salazar
Adame y Juárez Cisneros entregaron en Casa Guerrero cheques por 8
millones 768 mil pesos de los programas FAPPA y Promusag para
financiar 99 proyectos productivos, con los cuales se beneficiarán a
mil 294 personas. En
su intervención, el secretario de la SRA exhortó a los beneficiarios
a “hacer crecer” esos recursos y hacer producir la tierra, y pidió
que utilicen el dinero exclusivamente para lo que fue destinado. Advirtió
que aunque esos recursos no se regresarán al gobierno federal, “si
el proyecto fracasa vamos a fincar responsabilidades” e indicó que
ello debido a que en el pasado “hubo mucho dinero perdido”. Por
su parte, Juárez Cisneros manifestó que es la primara vez en la
historia de la SRA “que se abre a la posibilidad de apoyar con
recursos para proyectos productivos”. Pidió a los beneficiarios que
hagan producir el recurso que les entregaron “para que queden bien y
haya la posibilidad de que otros grupos también sean beneficiados”. La
entrega de recursos se hizo en la Palapa de Casa Guerrero y de ahí el
funcionario federal se trasladaron a otro salón de la residencia
oficial en donde encabezaron una reunión de funcionarios federales y
estatales para evaluar la solución de los 28 conflictos agrarios que
hay en el estado y que son considerados por la SRA como “focos
amarillos”. Ahí,
el delegado de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes
Ferrell, informó que de los 28 conflictos agrarios en esta entidad se
han resuelto 11 y que la SRA tiene a disposición 90 millones de pesos
para resolver los casos en donde se concilien los intereses. Salazar
Adame informó que el presidente Vicente Fox ordenó que en 2005 se
deben resolver todos los conflictos agrarios del país y en 2006 se
deben terminar con el programa de Certificación Ejidal (Procede). Ponen
en marcha programa para jóvenes emprendedores En
Chilapa, en el Palacio Municipal y con la presencia del alcalde
Maclovio Ariza Acevedo, Salazar Adame y Juárez Cisneros encabezaron
otro acto en donde pusieron en marcha el plan Programa Fondo de
Tierras e Instalación del Joven emprendedor Rural. Dicho
programa comienza en ocho estados del país y participan 4 mil 600 jóvenes
de entre 18 y 39 años de edad. Los estados en donde funcionará son
en Aguas Calientes Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis
Potosí, Sinaloa y Sonora. Salazar
Adame expuso que en estos ocho estados se entregaron más de 53
millones de pesos, con los cuales los jóvenes podrán adquirir
insumos y trabajar con un asistente técnico para desarrollar un
proyecto escuela. Explicó
que cada uno de estos jóvenes que termine satisfactoriamente este
proceso podrá solicitar financiamientos para compra o renta de
tierras y para un proyecto productivo. Entregan
René y Florencio Recursos para reactivar el área rural de
Chilpancingo y Chilapa.
(Diario
21, Nota Informativa, p.web). CHILPANCINGO,
Gro., diciembre 16 (Boletín).- El gobernador René Juárez Cisneros y
el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame,
entregaron recursos económicos a grupos de guerrerenses para la
ejecución de proyectos productivos en el medio rural y con ello
alentar las capacidades y habilidades de los hombres y las mujeres del
campo. Al
entregar los recursos provenientes del Fondo para el Apoyo a Proyectos
Productivos (FAPPA) y del Programa de la Mujer para el Sector Agrario
(PROMUSAG), Florencio Salazar Adame, explicó que lo que se pretende
con programas como estos, es que haya recursos adicionales en el campo
para hacer más aprovechable la tierra, “para desarrollar las
habilidades y las capacidades productivas de las mujeres y de los
hombres que no tienen tierra y que de esta manera pueda generar un
ingreso”. Asimismo,
dio a conocer que a partir del año 2005, FIRA, la Universidad de
Chapingo y el Colegio de Postgrado de Chapingo, van a hacer una
auditoría social de los proyectos, “van a ver que en efecto el
proyecto se ejecute, si lamentablemente fracasa, porque no hubo lluvia
o inundación o porque no hubo productos en el mercado ni modo, pero
si el proyecto fracasa porque no aplicaron el dinero, les vamos a
fincar responsabilidades a quien no lo haga”. En
este evento realizado en la sala de la República de la residencia
oficial Casa Guerrero, el gobernador René Juárez Cisneros señaló
que es la primera vez en la historia de la Secretaría de la Reforma
Agraria que otorga recursos para proyectos productivos a los
campesinos. Asimismo,
el mandatario estatal hizo un reconocimiento al Gobierno de la República
“porque hacía falta un programa que complementara el trabajo de la
Secretaría de la Reforma Agraria, generalmente encargada de resolver
conflictos, pleitos, confrontaciones y diferencias”. PRESIDEN
JUAREZ CISNEROS Y SALAZAR ADAME REUNION DE EVALUACION DE LA AGENDA
AGRARIA Posteriormente,
el gobernador René Juárez Cisneros y el secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, presidieron la reunión de evaluación
de la Agenda Agraria, en la que se informó que en lo que va de este año
se han concluido 16 de 27 asuntos agrarios considerados como “focos
amarillos” en el estado. Asimismo,
se dijo que con el apoyo del gobierno del estado el PROCEDE en
el presente año ha certificado en Guerrero 619 mil 385 hectáreas de
una meta que se tenía 528 mil 883 hectáreas, y que en lo resta del año
se certificarán 5 mil hectáreas más, lo que será un total de 624
mil 385 hectáreas. Se
informó que en trece años de operación del PROCEDE en Guerrero se
habían regularizado 2 millones y medio de hectáreas, lo que
significa que en el presente año se certificó el 25 por ciento de lo
que se certificó en 12 años de operación del PROCEDE. En
lo que respecta a los avances de los programas FAPPA, PROMUSAG,
Mujeres Indígenas, Jóvenes Campesinos y Joven Emprendedor Rural, en
este 2004 se están financiando 99 proyectos productivas con un monto
de recursos por 21 millones 360 mil pesos, beneficiando a mil 446
personas. PONEN
EN MARCHA RENE JUAREZ Y FLORENCIO SALAZAR EL PROGRAMA JOVEN
EMPRENDEDOR RURAL Y FONDO DE TIERRAS Por
otra parte, en Chilapa, con recursos por más de 7 millones de pesos,
el gobernador René Juárez Cisneros y el secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, arrancaron el programa Joven
Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, que tiene como propósito que
los jóvenes se arraiguen a sus lugares de origen para que sean
beneficiados con proyectos de producción agrícola a favor del campo
guerrerense. Luego
de entregar los recursos en beneficio de un total de 575 jóvenes, Juárez
Cisneros señaló que es un programa viable y solidario “que
permitirá arraigar a nuestra gente a sus lugares de origen para que
puedan potenciar sus capacidades y destrezas en el agro guerrerense y
poder construir con esto un mejor futuro”. Por
su parte, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, dijo
que el estado de Guerrero fue seleccionado junto con otras siete
entidades del país para ejecutar este programa, “gracias al buen
trabajo de sus autoridades, al trabajo coordinado que tenemos con el
gobernador guerrerense y al empeño de sus hombres y mujeres de salir
adelante”. En
este evento se entregaron asimismo recursos económicos para proyectos
de construcción de escuela a presidentes de Comités de Jóvenes
Emprendedores Rurales en presencia del alcalde de este municipio,
autoridades estatal, federales y diputados locales. FIMAN
RENE JUAREZ Y FLORENCIO SALAZAR CONVENIO CON LA ORGANIZACION UNORCA El
gobernador René Juárez Cisneros, el secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame y el coordinador nacional de la Unión
Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA),
Alberto Gómez Flores signaron un convenio mediante el cual se
finiquitarán los acuerdos agrarios con esta organización. Ahí,
Juárez Cisneros reiteró la disposición de su gobierno para poder
continuar trabajando a favor del desahogo de los asuntos agrarios que
benefician y le sirven al pueblo de Guerrero. Por
su parte, Salazar Adame destacó que “con este acuerdo agrario con
UNORCA avanzamos en el cumplimiento de una etapa para seguir
trabajando en los proyectos productivos en el desarrollo rural para el
bienestar del campo guerrerense”. Solucionados,
cinco conflictos por tenencia de la tierra: EBV.
(Mi
Morelia. com, Nota Informativa, p.web). Morelia,
Mich., a 16 de diciembre. (Quadratín).- Ejidatarios, comuneros pequeños
propietarios y empresarios del estado, han empezado a resolver
conflictos por la tenencia de la tierra a partir de los convenios
propuestos por el Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría
de Gobierno. Lo
anterior fue señalado por el secretario Enrique Bautista Villegas, al
realizar un breve recuento de los resultados más importantes de dicha
dependencia en 2004, entre los que destacan la elaboración de al
menos 10 iniciativas de ley que ya han sido aprobadas por el pleno del
Congreso local, así como la atención permanente a las organizaciones
sociales del estado, haciendo énfasis en el sector transporte. Bautista
Villegas menciona que de acuerdo con la Ley Orgánica de la
Administración Pública Estatal, a la Secretaría de Gobierno le
corresponde, entre otras, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
Conducir los asuntos del orden político interno del estado, las
relaciones del Poder Ejecutivo con los demás poderes del Estado y
poderes federales, con los gobiernos de los estados y con los
gobiernos municipales; ser el conducto para presentar al Congreso del
Estado las iniciativas de ley y decreto y realizar la publicación de
leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que deban regir en
la entidad. Así
como ejercer la vigilancia que en materia electoral le señalen las
leyes o los convenios que para este efecto se celebren; coadyuvar con
las autoridades del Gobierno de la República en la vigilancia y
cumplimiento de las leyes y reglamentos federales; coadyuvar con las
autoridades competentes en la atención y solución de los asuntos
agrarios en el Estado; proporcionar el apoyo necesario para la función
de las Juntas Locales y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje;
organizar, dirigir y vigilar la Defensoría de Oficio, vigilar el
desempeño de la función notarial a través de la Dirección del
Notariado y el Archivo General de Notarías. En lo que va de
la actual administración, en el marco de sus responsabilidades, la
Secretaría de Gobierno ha atendido algunas actividades fundamentales
para la estabilidad interna del estado, tales como: la atención
permanente a demandas de diversas organizaciones sociales, construcción
de acuerdos en materia de transporte público, atención especial al
desarrollo de las campañas políticas y la jornada electoral del día
14 del mes y la solución de varios conflictos por la tenencia de la
tierra en coordinación con la Secretaría de la Reforma Agraria,
como en la localidades de Téjaro, Cupuán y San Juan Nuevo. En
lo que respecta a la actualización del marco legal del estado, el
Secretario de Gobierno menciona las iniciativas de ley que han sido
aprobadas por el Congreso local, entre ellas la Ley de Amnistía del
Estado, del Procedimiento Administrativo del Estado; de Servicios de
Seguridad Privada del Estado; Orgánica de la Administración Pública.
Así
como las leyes de Acceso a la Información Pública, de Seguridad Pública,
de Tránsito y Vialidad, de Caminos y Puentes y de Protección y
Conservación de Documentos Administrativos e Históricos. A
decir de Bautista Villegas, en 2005 la Secretaría de Gobierno
trabajará para generar un gran acuerdo estatal para la gobernabilidad
y el desarrollo económico, social y político del estado con la
participación de todos los sectores de la población. Además,
reconoce la importancia estratégica de su responsabilidad para
contribuir a mantener la estabilidad política y a dar solución a los
conflictos en el Puerto de Lázaro Cárdenas y su zona de influencia,
a fin de ofrecer certidumbre a la inversión y generar condiciones
para el desarrollo de la región. También
se buscarán soluciones a los planteamientos realizados por las
organizaciones firmantes del Acuerdo para el Campo, así como de las
diferentes organizaciones, comunidades y ejidos respecto a los
problemas derivados de la tenencia de la tierra. Por
último, seguirá el trabajo coordinado con el gobierno federal para
contribuir a la solución de los conflictos agrarios en el marco de
los programas denominados “Focos Amarillos” y “Focos Rojos”,
finalizó. Lanza
SRA programas para rejuvenecer el campo.
(Hechos Tv (TV Azteca), Nota Informativa, p. web) Chilpancingo,
Guerrero, 16 de diciembre de 2004 (FIA).- La Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA) puso en marcha de manera piloto los
programas Fondo de Tierras y Joven Emprendedor Rural; si funcionan,
serán "el gran programa" con el que se entrará a la
tercera fase de la reforma agraria, afirmó el titular de la
dependencia, Florencio Salazar Adame. Ambos
programas se pusieron en marcha en ocho estados de la República y en
ellos participan más de cuatro mil 600 jóvenes de Aguascalientes,
Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. Con
estos programas se busca que los jóvenes puedan acceder a la tierra y
los adultos mayores puedan descansar, ya que en la actualidad "el
día que dejan de trabajar la tierra dejan de comer". En
el marco de una reunión con el gobernador de la entidad, René Juárez
Cisneros, Salazar Adame adelantó que se hará una auditoría social
de los proyectos productivos entre el Fideicomiso Instituido en Relación
a la Agricultura (FIRA) y la universidad de Chapingo, donde se fincarán
responsabilidades a quienes no hayan cumplido con los proyectos
presentados. Se
benefician trece grupos de jóvenes michoacanos con recursos de SRA.
(Cambio
de Michoacán, Angelina Arredondo, p.web) Poco
más de cuatro millones de pesos entregó la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA), a trece grupos que suman más de 400 jóvenes
michoacanos, a través del Programa Fondo de Tierras e Instalación
del Joven Emprendedor Rural, aunque el monto total en el presente año
será de seis millones de pesos. El 50 por ciento de los beneficiarios
son mujeres de comunidades indígenas. Liliam
Flores Rodríguez, responsable del Programa Fondo de Tierras..., quien
dijo que son diversos proyectos productivos los que se están apoyando
y de diversos giros, destacó que además del recurso económico los jóvenes
reciben capacitación y asesoría técnica a fin de que se vuelva un
proyecto rentable y exitoso. Dio
a conocer que el Programa Fondo de Tierras... inició la entrega de
recursos de forma simultánea en las ocho entidades en las que se
instrumentó: Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Michoacán,
Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, en donde en total se
entregaron más de 53 millones de pesos en beneficio de cuatro mil 600
jóvenes entre 18 y 39 años de edad. Explicó
que es un programa piloto que se aplica en estados con diversos tipos
de tierra y de organización para la producción, pero con la característica
de que los jóvenes dejaban su comunidad para ir en busca de nuevas
oportunidades, tanto migración urbana como a los Estados Unidos,
“con este programa estamos ofreciendo una oportunidad para que los jóvenes
se queden en sus lugares de origen”. Algunos
de los proyectos del país más sobresalientes con características de
sustentabilidad y potencial de generación de riqueza son: en el ejido
de San José de las Flores, municipio de San Juan Mazatlán, Oaxaca,
producción y comercialización de langostinos; en San Luis Potosí,
el núcleo agrario con sede en Estación Catorce, invernadero de
flores; producción de venado en Unidad de Manejo Ambiental, en
Aquila, Michoacán; cría de pato pekinés. Lamenta
UNORCA que los diputados hayan aprobado la Ley de Bioseguridad.
(El
Sur (Guerrero), Zacarías Cervantes, p.web) El
dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesina
Autónomas (UNORCA), Rogelio Alquisiras Burgos, lamentó ayer que los
diputados federales hayan aprobado la nueva Ley de la Bioseguridad,
porque advirtió que con esto se pone en riesgo no sólo a los
productores de maíz si no a los consumidores, por el ingreso del maíz
transgénico al país. Durante
un acto llevado a cabo en Chilapa en donde se firmó el finiquito de
acuerdos agrarios, Alquisiras Burgos reprochó al secretario de la Reforma
Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame y al gobernador Rene Juárez
Cisneros la falta de solución a diversas demandas de esa agrupación. Explicó
que la aprobación de la Ley de la Bioseguridad el martes pasado en la
Cámara de Diputados es “lamentable” porque se trata de una ley a
favor de los transgénicos “y es lamentable que los diputados no
hayan entendido el riesgo”. Advirtió
que esta nueva ley atenta contra la soberanía alimentaria “y contra
nuestro maíz criollo, lo que genera riesgo no sólo para los
productores si no para los propios consumidores y añadió que con
esto a los legisladores “se les olvidó el principio de precaución”,
porque se debieron prevenir qué es lo que consumimos. Alquisiras
Burgos indicó que la Ley de la Bioseguridad se equipara con lo que
significó para los indígenas la Ley de Derechos y Cultura Indígena
que aprobó la Cámara de Diputados. Agregó
que a pesar de esto la UNORCA continuará preservando la cultura del
maíz criollo y la tradición de los campesinos en el país; “la
UNORCA no bajará los brazos a pesar de las condiciones adversas y de
la falta de apoyos”. Alquisiras
Burgos dijo a Salazar Adame y Juárez Cisneros que a pesar de la falta
de apoyos de los gobiernos federales y estatales la UNORCA continuará
enarbolando la lucha campesina “para alcanzar todos los derechos,
vivir dignamente, tener derecho a la vivienda digna y al derecho a la
información”. Denunció
que la Sedesol federal, la SRA y Secretaría de Desarrollo Rural
estatal tienen pendientes la solución de diversas demandas que
presentaron esa organización, y pidió al funcionario federal y al
gobernador que resuelvan estas peticiones ahora que estamos en el
“mes de la fraternidad”. Expuso
a Juárez Cisneros que hay obras que no han concluido como el taller
de artesanías de la UNORCA ahí en Chilapa, y agregó que falta por
terminar la planta tratadora de mezcal y una obra pendiente (no dijo
qué tipo de obra) con la coalición de ejidos. Exigió
al gobernador una audiencia “que no se ha concretado desde el
Acuerdo Nacional para el Campo”. El
Procede en Baja California.
(La
Jornada, Inserción, p.12, /Información también publicada en El
DiarioDF, p.4) *Es
la décima segunda entidad del país que levanta bandera blanca en
materia de certificación. *En
poco más de 11 años de operación del procede, se expidieron 42 mil
575 documentos agrarios. *Se
benefició a 24 mil 661 familias campesinas, que se incorporaron al
programa. *
Los trabajos permitieron la certificación de 4 millones 987 mil 109
hectáreas de propiedad social (84.1%). Inicio
del Programa Joven Emprendedor Rural.
(La
Jornada, Pie de Foto, p.18) El
secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, dio
arranque formal ayer al programa piloto Joven Emprendedor Rural, con
la entrega de 70 millones de pesos en becas a 6 mil 400 jóvenes de
ocho estados del país: Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Michoacán,
Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, después de terminar una
capacitación de tres meses. Este es el mecanismo establecido por el
presidente Vicente Fox para recuperar el rostro joven del campo
mexicano, destacó el titular de la SRA. Pretende
la SRA recuperar el rostro joven del campo.
(Milenio
Diario, Nota Informativa, p.13. /Información también publicada en Crónica
de Hoy, p.12, La Prensa, p.24, El Sol de México, p.8-5B, El
Universal, p.33) Con
la entrega de 70 millones de pesos en becas de 6 mil 400 jóvenes de
ocho estados de la República, el secretario de la Reforma Agraria,
Florencio Salazar Adame, arrancó ayer formalmente el programa
piloto Joven Emprendedor Rural. Estos
jóvnes de Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca,
San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, terminaron su capacitación de
tres meses. En total se formaron 172 grupos de 20 personas en promedio, hombres y
mujeres, que el próximo año accederán a crédito de largo plazo
para arrendar o comprar la tierra y para iniciar proyectos productivos
con posibilidades de comercialización. En
la ciudad de Chilapa, Guerrero, Salazar Adame destacó que éste es el
mecanismo implementado por el presidente Vicente Fox para que los jóvenes
tengan verdaderamente acceso a la tierra y puedan hacerla productiva. Crean
mujeres red anticorrupción.
(El
Universal, Juan Arvizu, p.12) Amealco
, Qro. El secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, apadrinó
aquí a una red de 100 mil mujeres, que serán vigilantes anticorrupción
en los tres niveles de gobierno, mal del que dijeron ya están hartas.
El
funcionario federal dijo que los funcionarios que se hayan corrompido
irán a la cárcel, como castigo de su desvío en el servicio a la
gente. Guadalupe
Ivonne Solís, líder de la organización que tiene seguidoras en las
32 entidades, dijo que hay hartazgo en la gente, porque los
funcionarios secuestran los programas que deben estar al servicio de
quienes necesitan apoyos. A
los partidos políticos, la dirigente de 100 mil mujeres del país les
demandó que respeten al pueblo. Mientras
cumplan con su deber, serán respetados por la población que será
vigilante permanente de que el gasto público se ejerza con limpieza,
dijo. Las
mujeres vigilantes reportarán los casos de abusos de autoridades de
los tres niveles de gobierno de manera directa a la Secretaría de
Gobernación. En las oficinas de Bucareli se recibirán las denuncias,
a las cuales se les dará seguimiento. Quienes
señalen a responsables de deshonestidad en la función pública,
quedarán en el anonimato. La
Red Nacional de Mujeres Vigilantes agrupa a campesinas y colonas que
impulsan proyectos productivos en sus comunidades. En
tanto en Chilpancingo, Guerrero, el secretario de la Reforma
Agraria, Florencio Salazar Adame, anunció que el gobierno federal
aplicará auditorías a beneficiarios de programas sociales, a fin de
detectar desvíos de recursos públicos y corrupción entre líderes
campesinos, ejidatarios y gestores. Dijo
que debido a que en muchas ocasiones los recursos económicos que se
asignan a campesinos, a través de programas productivos, no se
destinan para concretar los proyectos y quedan "en los
bolsillos" de "líderes campesinos o gestores". Advirtió
Salazar Adame que en el 2005 se fincarán responsabilidades a quien no
haya aplicado correctamente los recursos económicos que se dieron a
diversos programas productivos solicitados por campesinos, o
promovidos por dirigentes agrarios o gestores. El
anuncio se dio durante una gira de trabajo realizada por Florencio
Salazar Adame y el gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, en
la que se hizo entrega de recursos correspondientes a los programas
FAPPA y Promusag, y el arranque de Fondo de Tierras y Jóvenes
Emprendedores La
visión de Xóchitl Gálvez “es crear nuevos caciques indígenas”.
ANIPA. (La
Jornada, Rosa Rojas, p.18). Delegados
de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) de
Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas, Chihuahua y el DF
criticaron la forma de trabajo de la Comisión Nacional de Desarrollo
de los Pueblos Indios (Conadepi), que encabeza Xóchitl Gálvez, señalando
que "su visión es crear nuevos caciques indígenas en los
estados, entregándoles proyectos" con un manejo discrecional del
presupuesto destinado a las comunidades. Durante
el encuentro nacional de delegados de la ANIPA, Martha Sánchez,
coordinadora general de la organización, apuntó a su vez que deben
revisarse las funciones y la forma en que se integró el consejo
consultivo de la Conadepi, porque es "hecho a modo para ir
avalando las políticas que Xóchitl Gálvez está aplicando y es una
estructura alejada de los procesos organizativos del movimiento indígena".
El
delegado de San Luis Potosí reclamó a su vez mayor atención por
parte de la directiva de la ANIPA a los procesos de movilización que
se están dando en las regiones. En el mismo sentido fue el reclamo de
los delegados chiapanecos de las regiones autónomas pluriétnicas
(RAP). Estos
criticaron también que el delegado de la Conadepi en la entidad,
Margarito Ruiz, quien antes fue dirigente de dicha organización,
ahora, "al integrarse al gobierno de (Vicente) Fox, pretende
manipular grupos y crear incondicionales entregándoles proyectos como
un parador, un hotel, y otros, bajo los lineamientos de los intereses
del gobierno". Comentaron que Ruiz ha creado 25 grupos "para
aterrizar proyectos productivos a través de la organización Tierra
Viva, donde están parientes suyos, y para aterrizar un proyecto que
quiera un compa les tiene que pagar un diezmo". Afirmaron
también que Ruiz pretende desalojarlos de las instalaciones de lo que
fue el Centro Coordinador Indigenista en San Cristóbal de las Casas,
"porque quieren invertir 5 millones en hacer un centro artesanal,
pero no nos vamos a dejar". El
campo seguirá perdiendo en 2005: CNA.
(La
Jornada, Matilde Pérez U, p. 17) El
sector agropecuario prevé que 2005 sea un año "plano",
pues no se esperan grandes cambios: el campo seguirá como el perdedor
y la inversión privada se mantendrá en niveles que no llegan ni al
medio punto porcentual, dijo el presidente del Consejo Nacional
Agropecuario (CNA), Jaime Yesaki Cavazos, y destacó que se requerirán
mayores recursos para garantizar niveles moderados de rentabilidad ya
que México continuará importando 50 por ciento de su demanda
agroalimentaria. Respecto
de la disputa que mantienen el Ejecutivo y el Legislativo en cuanto al
presupuesto para el próximo año, Yesaki Cavazos pidió que "ya
dejen de pelearse porque el único perdedor es el sector agropecuario.
Somos respetuosos de las decisiones de los diputados y en esta ocasión
fueron precisos en la asignación del presupuesto; hay que entender
que un campo sin ganancias, crédito ni productividad no tendrá
inversionistas". El
próximo año, abundó el también productor avícola, será "político,
no habrá cambios estructurales" y ambos factores incidirán en
la limitación del crecimiento de la economía. En 2004, la inversión
extranjera directa destinada a la agroindustria será cercana a los
mil 300 millones de dólares. Adelantó
que el PIB agropecuario de este año cerrará con un crecimiento de 3
a 3.5 por ciento, es decir subirá más del doble en comparación con
2003 y con ello se revertirá la tendencia decreciente que se presentó
desde 1999. Sin
embargo, las importaciones agroalimentarias crecieron este año a un
ritmo mayor al de las exportaciones, por lo que el déficit de la
balanza comercial agroalimentaria fue de 416 millones de dólares a
septiembre con respecto del mismo periodo del año pasado y se espera
que cierre con un déficit de 3 mil 500 millones de dólares. Para el
próximo año, todo apunta que se mantengan niveles de déficit arriba
de los 3 mil millones de dólares. Los
precios tampoco tendrán cambios, a nivel internacional se pronostica
que sigan relativamente bajos particularmente para granos básicos -maíz
y sorgo- y oleaginosas -frijol soya y pasta de soya-, debido a la
producción e inventarios en Estados Unidos. En el caso de los granos
forrajeros, la tendencia es un incremento de 15 por ciento en la
producción y de 81 por ciento en los inventarios, lo que frenará el
incremento de los precios; para las oleaginosas se prevé un aumento
de 27 por ciento en la producción y de 231 por ciento en los
inventarios. Para
Yesaki, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido
favorable, aunque no para todos, por eso no es necesario hacer
adecuaciones ya que contiene mecanismos para realizar ajustes. CHIHUAHUA Grupos
indios demandan declarar a la Tarahumara zona libre de transgénicos.
(La
Jornada, Miroslava Breach, p.4) Representantes
de más de mil 800 pobladores de comunidades indígenas de Chihuahua
solicitaron al Congreso local declarar a la Sierra Tarahumara zona
libre de transgénicos, para asegurar la pureza de la semilla de maíz
y otros granos que consumen las etnias locales. Pedro
Turusuachi, miembro de la organización no gubernamental Asesoría
Comunitaria, que participó en un estudio sobre el maíz transgénico
en comunidades de la Tarahumara, indicó que en 11 municipios de la
región se detectó el uso de granos alterados genéticamente, por lo
que se hace necesario que el gobierno del estado y el Poder
Legislativo local tomen medidas para preservar la zona libre de
variedades de granos modificados. La
solicitud fue apoyada por organizaciones como el Frente Democrático
Campesino, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos
Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural, además de
la firma de organizaciones de Estados Unidos y Europa que han apoyado
los esfuerzos ecologistas en la región. Los
indígenas entregaron la solicitud en la oficina del gobernador José
Reyes Baeza y a la presidencia del Congreso estatal. En ella piden
acciones concretas para evitar que en la zona serrana de Chihuahua,
donde habitan rarámuris, tepehuanos, pimas y guarojíes, que utilizan
el maíz como alimento básico, se extienda la contaminación de los
granos transgénicos. Reprueban
nueva ley de biodiversidad En
Puebla, organizaciones sociales y campesinas calificaron de
"grave retroceso" la determinación de los diputados
federales de PRI y PAN de aprobar la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados, la cual, dijeron, atenta contra la salud
humana, el medio ambiente, la biodiversidad y varios tratados
internacionales signados por México. Dicha
norma, denunciaron, fue elaborada sin la participación de la sociedad
civil, pasó por alto el principio precautorio y las recomendaciones
que la Comisión de Cooperación Ambiental, creada a raíz del Tratado
de Libre Comercio, hizo al gobierno federal para evitar la introducción
de los transgénicos y puso en manos de trasnacionales la soberanía
alimentaria del país. Integrantes
de la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive, Red Ciudad de Apoyo
Mutuo, Frente Zapatista de Liberación Nacional, Mujeres por la
Esperanza Zapatista y de la Asociación de Arquitectos Ecologistas
alertaron que la aprobación de esa ley demostró que las
trasnacionales son quienes realmente gobiernan el país, pues los
legisladores y autoridades federales actúan como sus
"empleados" sin importarles las afectaciones que sufra la
población, sobre todo los campesinos. Idolina
Velásquez Soto, integrante de la Red Ciudadana de Apoyo Mutuo, dio a
conocer que junto con otras organizaciones buscarán mecanismos
legales, como el amparo o la controversia constitucional para echar
abajo la decisión de los legisladores. Julio
Glockner Rossainz, de la Red Ciudadana, acusó a los legisladores de
favorecer los intereses de compañías trasnacionales y de avalar
"una afectación brutal" al campo mexicano, pues detrás
existen negocios en los que están involucrados todos. "No es sólo
(Vicente) Fox o el PAN, sino que se tuvo que cumplir con los intereses
y compromisos", apuntó. "Solamente
alguien que no tenga información o sufra debilidad mental, sólo así
se puede pensar que grandes consorcios internacionales están
preocupados por el hambre del mundo. ¡Por favor, eso es humor
negro!", aseveró el también investigador del Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla.
Roberto
Rincón, integrante del FZLN en Puebla, manifestó que la ley de
bioseguridad viola el Protocolo de Cartagena. Se trata de una
normatividad, agregó, que no es producto del consenso, hubo muy poca
claridad y los legisladores respondieron a un interés económico, lo
cual elimina cualquier posibilidad de caminar hacia un desarrollo
sustentable como nación. Amenazan
campesinos con cerrar la vía México-Puebla.
(La Jornada,
Nota Informativa, p. 36). Puebla,
Pue., 16 de diciembre. Más de 500 integrantes de la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se manifestaron afuera de las
oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) para
exigir al gobierno del estado el cumplimiento de los convenios
signados desde 2000, con el fin de apoyar a campesinos de diversos
municipios con empleo temporal y proyectos productivos. Los
quejosos reclamaron a las autoridades que en estos años no han
atendido sus demandas, por lo que advirtieron que cerrarán la
autopista Puebla-México y tomarán las casetas de peaje de
Amozoc y San Martín Texmelucan, en caso de que la SFA no les libere
21.5 millones de pesos antes de que finalice la gestión del
mandatario estatal, Melquiades Morales Flores, la cual concluye el último
día de enero de 2005. "Ya
estamos cansados de que las autoridades se burlen de nosotros los
campesi nos", dijo el dirigente estatal de la UNTA, Magdaleno Ríos
Pérez, quien señaló que la agrupación también está dispuesta a tomar
diversas dependencias estatales como medida de presión para que les
entreguen los recursos mencionados. En
entrevista, el líder de los labriegos precisó que la administración
estatal aún adeuda 7 millones de pesos del programa de empleo
temporal, 2.5 millones del fondo de garantías 2004 y 12 millones para
la creación de proyectos productivos, que suman 21.5 millones. "Si
no exigimos que nos cumplan los acuerdos antes de que termine este año,
después ya no podremos reclamar, porque ya se van", expresó. Ríos
Pérez lamentó que las autoridades estatales y federales no hayan
cumplido con los convenios que la UNTA signó en el Acuerdo Nacional
para el Campo, pues dijo que la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedeso) también les adeuda una partida adicional del programa de
adultos mayores. El
representante de la agrupación campesina cuestionó la postura
asumida por los titulares de la SFA y de la Sedeso en el estado,
Francisco Bárcena Compeán y Alberto Amador Leal, respectivamente,
pues señaló que en los últimos dos años han regresado entre 20 y
24 millones de pesos a la Federación por no haberlos aplicado en el
sector agrícola en el periodo establecido. Cabe
señalar que en esta semana, el mandatario poblano reconoció que al
final de su gestión no podrá atender todas las necesidades de
organizaciones como la UNTA, la Unión Campesina Emiliano Zapata y
Antorcha Campesina, por falta de recursos, por lo que sólo se
programarán algunas obras de manera conjunta con su sucesor, para que
se puedan echar a andar en el transcurso de 2005. Atienden
demandas de Xalatlaco.
(El Universal, Lourdes Martínez, p.C6). Xalatlaco
, Méx.- Autoridades de la Reforma Agraria acordaron emitir la
convocatoria correspondiente para que los habitantes de este municipio
elijan al comisariado de bienes comunales, que les permita defender de
manera legal sus tierras. Fernando
Mejía Reza explicó que luego de que pobladores de este municipio
acudieron al Distrito Federal para exigir a las autoridades federales
la elección del comisariado de bienes comunales, se les informó que
el próximo lunes se convocará a la primera reunión para designar a
quien los habrá de representar legalmente en los juicios agrarios. Después
de esta reunión se celebrará la primera asamblea, donde buscarán
designar a sus autoridades de bienes comunales entre 169 comuneros. Mejía
Reza señaló que los habitantes tienen mucho interés en que se
nombre un comisariado, puesto que la carencia de esta figura jurídica
ha ocasionado que pierdan juicios agrarios, pues no acreditan
personalidad legal desde hace más de 50 años. Solicita
el INAH suspender el uso de explosivos en el Cerro de San Pedro.
(La Jornada, Ángeles Cruz, p. 45). El
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) solicitó a los
propietarios de la Minera San Xavier suspender las explosiones en
Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, toda vez que aún no concluye el
estudio para garantizar la seguridad y protección del poblado y de
los monumentos históricos que se encuentran en el lugar. En
tanto, los ejidatarios de Cerro de San Pedro continuaron con el
"cordón de resistencia" permanente frente al principal
acceso a la minera, con el fin de bloquear el paso de los camiones que
transportan los explosivos, e impidir, así, que continúen las
detonaciones iniciadas el martes pasado en el predio conocido como La
Zapatilla. Los
inconformes, integrantes del Frente Amplio Opositor a la minera,
resaltaron el desacato judicial en que incurrieron los gobiernos
federal, estatal y municipal, pues tuvieron conocimiento de que la
empresa trasnacional iniciaría las voladuras con tres días de
anticipación, y "no sólo lo permitieron, sino que lo
apoyaron", a pesar de las sentencias y ejecutorias que lo prohíben.
La
notificación del INAH fue entregada a Metallica Resources la tarde de
ayer, por Juan Manuel Frausto, director del organismo en San Luis
Potosí, quien en entrevista con La Jornada aseguró que ni la
empresa trasnacional ni Protección Civil le informaron al instituto
sobre el inicio de las voladuras, por lo que "no sabemos cómo lo
están haciendo, si instalaron sismógrafos para medir la intensidad
de los movimientos y, en todo caso, en qué medida estarían
impactando al poblado y los monumentos". En
cualquier caso, la Minera San Xavier tendrá que esperar a que el INAH
termine su dictamen técnico y emita la autorización correspondiente
con base en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,
Artísticos e Históricos, apuntó. Frausto
dijo que la tarea de protección y conservación del INAH no se limita
a los monumentos, sino al poblado de Cerro de San Pedro en su
conjunto, en el que se ubican alrededor de 115 fincas. Comentó que
los estudios son realizados por expertos en diversas áreas y debido a
que "no tenemos ningún compromiso para cumplir con fechas
fatales tampoco podemos decir cuándo estará listo el dictamen".
Aseguró que la minera podrá continuar con las detonaciones sólo
después de que el INAH libere la autorización. Respecto
a las voladuras que la trasnacional llevó a cabo el martes y miércoles
pasados, Carlos Covarrubias, asesor legal de los ejidatarios de Cerro
de San Pedro, explicó que el permiso otorgado por la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) -y sobre el cual existe una suspensión
de plano otorgada por el juez segundo de distrito de San Luis Potosí-
abarca la compra y el uso de dinamita, en tanto que el traslado tendría
que estar a cargo de un transporte especializado autorizado por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El
permiso de Sedena también establece que personal militar tiene que
supervisar las actividades relacionadas con el uso de los explosivos,
lo cual significa, aseguró Covarrubias, que esta dependencia participó
en las acciones llevadas a cabo por la empresa Metallica Resources,
propietaria de la minera. En
tanto, el secretario general de gobierno del estado, las autoridades
municipales y de Protección Civil informaron el miércoles que
supieron desde tres días antes que la trasnacional iniciaría las
detonaciones en la zona aledaña al Cerro de San Pedro, lo cual también
"comprueba la complicidad gubernamental en la violación de las
sentencias judiciales vigentes", y sobre las cuales no existe
todavía ningún recurso de apelación por parte de la empresa, señaló
el abogado. Ante
los hechos ocurridos, los ejidatarios presentaron su inconformidad
ante el juzgado segundo de distrito, donde se sigue su demanda de
amparo, a fin de evitar que se diera permiso a la Minera San Xavier
para el uso de explosivos. Ayer, el juez, quien el 9 de agosto concedió
la suspensión de plano para que la Sedena no liberara la autorización,
emitió un acuerdo por el que requiere a esa dependencia informe en un
plazo de 24 horas sobre su participación en las detonaciones
realizadas en la zona aledaña a Cerro de San Pedro. Las
explosiones iniciadas el martes se efectuaron en el predio conocido
como La Zapatilla, de unas 45 hectáreas, a no más de un kilómetro
de distancia de la zona habitada de Cerro de San Pedro, colindante con
los municipios La Soledad y San Luis Potosí. Hasta hace tres años ahí
había un pueblo en el que vivían unas 70 familias, explicó
Covarrubias. Al
menos dos escenarios prevén los opositores al proyecto de la minera.
Uno es que la empresa pretenda "acumular capital político y económico"
con el inicio de sus trabajos, para luego poder interponer una
controversia jurisdiccional prevista en el apartado 11 del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte y luego exigir una indemnización
por no habérsele permitido trabajar. Otra
vía posible es la de continuar con sus actividades hasta que el
gobierno los detenga, lo cual sólo podría hacerse si se acataran las
resoluciones judiciales que existen en contra de la minera,
principalmente la ejecutoria del Tribunal Unitario Agrario que ratificó
la invalidez de los contratos de arrendamiento suscritos entre
Metallica Resources y falsos ejidatarios, así como la sentencia del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se
tuerce la ley para adaptar el país a los proyectos del “gran
turismo”.
(La Jornada, Mireya Cuellar, p.23). Casas,
terrenos de playa -muchos de ellos expropiados a los ejidatarios en 10
pesos-, manglares, reservas ecológicas... todo en liquidación y
siempre la oferta de Fonatur a los "desarrolladores" es
"un negocio redondo". La historia de la operación realizada
entre el llamado Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Golf &
Resorts, mediante la cual se les regaló a un grupo de empresarios 150
hectáreas de manglares en Cancún, se repite por todo el país. En
esa estrategia de la Secretaría de Turismo, que dirige Rodolfo
Elizondo, de adaptar al país para que sirva al gran turismo -en México
sólo hay "megaproyectos" como Riviera Cancún o la Escalera
Náutica- se le ha dado la vuelta a la normatividad; se ha expropiado
la tierra a los ejidatarios para construir grandes hoteles -ahí está
Ixtapa- y se han puesto a la venta, bajo un novedoso esquema de
franquicias, casi 4 mil kilómetros de bahías nacionales y 300 mil
kilómetros cuadrados de terrenos costeños en los estados de Baja
California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, para desarrollar el
megaproyecto Escalera Náutica de la Región del Mar de Cortés. "No
importa de dónde venga el dinero, sea de John Smith o de Juan Pérez,
si no está especulando y nos genera trabajo, riqueza y bienestar; el
enfoque será netamente empresarial, de negocios, sin ponerle
nacionalidad a los capitales", dijo el director general de
Fonatur, John McCarthy, cuando en junio pasado se presentó
formalmente el proyecto turístico del sexenio, el del Mar de
Cortés. A
raíz de este programa, decenas de pueblos del país incluidos en la
Escalera cambiarán su fisonomía -cosa que no sería mala si
siguieran en manos de sus pobladores originales- para adaptarse al
reordenamiento turístico. Pero
lo mismo es en el norte que en el sur. Un promocional de la página
electronica de Fonatur: "¡ Atención desarrolladores, aprovechen
ahora! El último tesoro de Fonatur para usted en Cancún. Haga un
negocio redondo en Cancún y adquiera los mejores lotes con frente a
la laguna". Para
la filosofía gubernamental el business incluye -en el caso de
la Escalera Náutica- "la operación de marinas sólo para
socios; las franquicias se encargarán no solamente de controlar
visitas y la importación de embarcaciones y personas, sino hasta de
decidir las sanciones contra quienes violen las disposiciones
legales..." En
el caso de la Riviera Cancún hay garantías (fijadas por el precio)
de que los hoteles, las viviendas -sólo cuatro por hectárea- serán
para el gran turismo, ese que, dicen, deja una derrama económica
importante, porque el atractivo principal del lugar será su enorme
campo de golf de 36 hoyos. La
entrega de costas en esta política foxista de Mexico for sale
ha llevado a la actual administración a poner en marcha un Programa
Nacional de Atención a Zonas con Litorales, el cual promoverá, entre
otras cosas, "las adecuaciones legales y reglamentarias para
actualizar las políticas agrarias de asentamientos humanos y de
inversión foránea", en palabras del propio Presidente. El mismo
día que Alberto Cárdenas Jiménez tomó posesión de la Semarnat, en
público, el Presidente le indicó que estaba ahí para hacerles la
vida fácil a los empresarios del turismo, y es que la normatividad en
materia de ecología fue los primeros años de la administración un
"obstáculo" para los desarrolladores. Hace
un par de meses, un lector de La Jornada nos envío desde Baja
California Sur una serie de datos sobre lo que estaba ocurriendo a raíz
del proyecto Escalera Náutica y el Programa Nacional de Atención a
Zonas con Litorales. Cuando el 27 de julio pasado el Presidente estuvo
allá para oficializar el programa, ya había en el municipio de Mulegé
anuncios de una empresa estadunidense Baja Properties que tenía en
venta 25 mil 500 hectáreas con playa al módico precio de 77 millones
de dólares. Y se preguntaba el lector, ¿cuánto les pagaron a los
campesinos que les expropiaron esos terrenos? Frente
a Bahía Concepción, 65 kilometros al norte de Loreto, Baja
Properties ofrecía cuatro lotes -refirió el mismo lector- que suman
más de 25 mil hectáreas con "títulos de propiedad libres de
problemas". Pero, además, adelantaba que ya había todas las
autorizaciones necesarias (uso del suelo) para "desarrollos
hoteleros, habitacional residencial, residencial campestre,
condominal..." A
raíz de la publicación del caso Cancún que hizo esta semana La
Jornada, decenas de lectores han aportado datos de cómo Fonatur
está, dicen, "haciendo lo mismo" en Huatulco, Ixtapa, Baja
California Sur, Nayarit y otras entidades de la República a cuyos
atractivos naturales no se resiste el gran capital, sobre todo si la
institución encargada de fomentar el turismo en el país les ofrece
"un negocio redondo". Exigirá
el Congreso de QR investigar venta de manglares.
(La Jornada,
Javier Chávez, p.23). Chetumal,
QR, 16 de diciembre. El Congreso de Quintana Roo ya intervino en el
caso de la irregular venta de terrenos consumada por el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur) en la zona hotelera de Cancún,
operación que ha puesto bajo la lupa al director del fondo, John
McCarthy. Por
lo pronto -según el presidente de la Gran Comisión, Javier Díaz
Carvajal-, "ya tenemos en nuestras manos el avalúo del predio,
enviado precisamente por funcionarios del Fonatur. Y vamos a integrar
un expediente para llegar al fondo del asunto, a fin de que "se
clarifique esa operación polémica". El
diputado priísta confirmó que el Congreso fijará una postura a más
tardar en enero próximo, y mediante un punto de acuerdo o un exhorto
pedirá que se abra una investigación para el deslinde de
responsabilidades, en caso de que su investigación determine acciones
irregulares que pueden incluir el tráfico de influencias y el uso de
información privilegiada por parte de funcionarios federales y
municipales. El
coordinador de la mayoría priísta señaló que la diputación
permanente -integrada por cuatro del PRI y uno del PRD, PAN y
Convergencia- recabará la información relacionada con el caso de la
venta irregular. Añadió:
"Independientemente de filiaciones partidistas, el Congreso local
va a proceder con responsabilidad, ya que no podemos permitir que se
rematen los bienes del estado con la mano en la cintura. Pero antes
vamos a recabar toda la información de instancias federales y
municipales". Destacó
que la operación implicó un cambio en el uso del suelo que fue
autorizado en el periodo en el que estuvo Juan Ignacio García
Zalvidea -candidato de la coalición PRD-PT a la gubernatura- al
frente del ayuntamiento de Benito Juárez (donde está el centro turístico
Cancún). "A
más tardar en enero emitiremos un punto de acuerdo o un exhorto para
que se vaya al fondo del asunto en caso de que detectemos acciones
irregulares. Vamos a revisar bien la información, fríamente, y
entonces fijaremos nuestra postura como poder legislativo, contando
con el respaldo de todas o la mayor parte de las bancadas",
concluyó.
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