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OCHO COLUMNAS
Sector
agrario Autoridades
agrarias entregan documentos en Coahuila ...
Coahuila,
noveno estado con cierre del Procede ...
Reclaman
solución a la tenencia de la tierra ...
Otorgan
recursos a programas de apoyo a mujeres del campo ...
El
Procede en Zacatecas ...
Viene
mañana a Zacatecas titular de la Reforma Agraria ...
Recupera
180 hectáreas la Sierra de Morones ...
Quedan
pendientes siete “focos amarillos” ...
Toman
indígenas de Acatepec el Palacio Municipal; detienen a un dirigente
del PRD ...
En
Cancún hubo arreglos inconfesables: legisladores ...
Denuncian
ante Coddehum al alcalde de Ometepec ...
Interpondrá
Fox 10 observaciones sobre el gasto ante la SCJN ...
Organizaciones
campesinas Busca
el CAP promover reforma al Artículo 27 ...
Prensa
Estatal COAHUILA En
riesgo el Megabastos La Jolla ...
GUERRERO Amenazan
de muerte a líder contrario a presa La Parota ...
HIDALGO Núñez
Soto destinó al agro de Hidalgo casi 6,000 mdp ...
SAN
LUIS POTOSI Ofensiva
de Mienra San Xavier para explotar el Cerro de San Pedro ...
QUINTANA
ROO El
predio en Cancún no fue licitado por Fonatur ...
No
es la idea de Fonatur regalar terrenos, señala Rodolfo Elizondo ...
Investigar
a Sectur por el casi regalo de terrenos en Cancún, demanda el
PRI ...
Demandan
senadores a la Permanente indagar venta de predio a Golf & Resorts ...
Todo
con el beneplácito del presidente Vicente Fox ...
PRD:
la SFP debe investigar “la irregular privatización de tierras” ...
Cartones
Autoridades
agrarias entregan documentos en Coahuila.
(La Jornada, Pie de Foto, p.
49). Los
titulares de la Procuraduría Agraria, Isaías Rivera Rodríguez,
y del Registro Agrario Nacional, Abelardo Escobar Prieto, entregaron
carpetas y certificados agrarios del Procede a ejidatarios de
Coahuila, con los que se garantiza el patrimonio de 90 mil familias
campesinas que se incorporaron libre, voluntaria y gratuitamente a
este programa. El acto se enmarcó dentro del cierre operativo del
procede en Coahuila, que ambos funcionarios encabezaron junto con el
secretario de Gobierno de la entidad, Raúl Sifuentes Guerrero. Coahuila,
noveno estado con cierre del Procede.
(El
Universal, Pie de Foto, p. 33). El
procurador agrario Isaías Rivera Rodríguez, el director en
jefe del Registro Agrario Nacional, Abelardo Escobar Prieto, y el
secretario de Gobierno del estado de Coahuila, Raúl Sifuentes
Guerrero, formalizaron el cierre operativo del procede, programa que
otorgó seguridad jurídica y documental a 95% de los 879 ejidos y
comunidades que se incorporaron libre y voluntariamente a este
programa en beneficio de 90 mil familias campesinas. Reclaman
solución a la tenencia de la tierra.
(Vanguardia
(Coahuila), Edgar González p. web). SALTILLO,
COAH., DIC. 14, 2004 .-Un grupo de 30 campesinos de los ejidos Agua
Nueva y San Francisco protestó durante un evento de cierre de un
programa de regularización de la tierra encabezado por el director
del Registro Agrario Nacional, Abelardo Escobar Prieto. Cuando
el director del Registro Agrario se disponía a tomar la palabra,
Isaac Montenegro Herrera, quien se dijo representante de los
campesinos, gritó “¡solución, solución!” para llamar la atención
de las autoridades y los medios. Montenegro
denunció que los campesinos de estos ejidos quedaron fuera de dos
programas de apoyos y regularización de las tierras por parte de la Secretaría
de la Reforma Agraria. Afirmó
que son casi 100 los campesinos afectados, quienes tienen una resolución
del Tribunal Superior Agrario para ser incluidos en los programas de
regularización de la tierra. “Los
campesinos están en peligro de ser desalojados porque Reforma Agraria
no aplica la Ley, nada más a los campesinos sí les quieren aplicar
la Ley para sacarlos de sus tierras”, explicó Montenegro. Denunció
que los ejidatarios de Agua Nueva y San Francisco también resultaron
afectados con casi mil 500 hectáreas sin cultivar porque no pudieron
ingresar a los programas. “A
nivel federal se sigue dando una gran corrupción debido a que se
siguen entregando grandes cantidades de recursos, hay millones que se
les entregan a grupos de campesinos y no producen un solo kilo de
frijol”, dijo. En
el evento, al cual asistieron casi 500 campesinos de diferentes ejidos
de Saltillo y otros municipios, se celebró el cierre operativo del
programa Procede, dedicado a la certificación de la tierra. En
Coahuila se ha regularizado el 95 por ciento de la tierra con la
inclusión a la legalidad a 830 de los 879 núcleos agrarios
existentes, beneficiando a 88 mil 849 familias del campo. En
el acto también se firmó el convenio de cierre del programa Procede
para la regularización de la tierra, por parte de la Reforma Agraria
y el Gobierno de Coahuila, representando por Raúl Sifuentes,
secretario de Gobierno. Otorgan
recursos a programas de apoyo a mujeres del campo.
(El
Siglo de Torreón, María Elena Holguín, p. web). Torreón,
Coah.- Recursos por más de cuatro millones de pesos fueron entregados
ayer por parte de la Coordinación de Programas de la Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA),
de programas de apoyo a las mujeres del campo. Laura
Gurza Jaidar, directora general de dicha Coordinación informó que
los recursos corresponden al Programa de la Mujer en el Sector Agrario
(Promusag) y el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios
(FAPPA) que la SRA lleva a cabo en todo el país. Los
apoyos se canalizan a las mujeres que habitan en las comunidades
rurales y que requieren de un ingreso económico, por lo que se
realiza todo un proceso de selección de las candidatas idóneas para
la incorporación a estos programas. Los
proyectos que reciben el apoyo son de carácter agropecuario, los
cuales pueden ser financiados con un monto máximo de hasta 180 mil
pesos, a grupos que son conformados desde tres hasta 12 mujeres. En
el primer semestre del año, la dependencia aportó recursos por el
orden de los 2.3 millones de pesos, por lo que sumados a los
entregados el día de ayer, son casi siete millones de pesos los
ejercidos en la Comarca Lagunera en 2004. Para
el próximo año, la Coordinación de estos programas contempla
ejercer un presupuesto por el orden de los 450 millones de pesos en
todo el país, aunque todavía no se determina la forma en que se habrán
de distribuir estos recursos en las diferentes regiones. La
entrega de los apoyos se llevó a cabo en el auditorio de la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, donde se tenía
contemplada la firma de un convenio de colaboración con la SRA, pero
se suspendió hasta nuevo aviso. El
Procede en Zacatecas.
(Milenio
Diario, Inserción, p.14). *Es
la décima entidad del país que levanta la bandera blanca en materia
de certificación. *En
poco más de 11 años de operación del procede, se expidieron 397 mil
681 documentos agrarios. *Se
benefició a 132 mil 628 familias campesinas, que se incorporaron al
programa. *Los
trabajos permitieron la certificación de 3 millones 190 mil 850 hectáreas
de propiedad social (84.9%). Viene
mañana a Zacatecas titular de la Reforma Agraria.
(El Sol de Zacatecas, Nota
Informativa, Foto, p. web). Florencio
Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria,
arribará a Zacatecas hoy a las 9:00 horas; desayunará con
funcionarios del ramo para la revisión de la agenda graria de
Zacatecas; asimismo, participará en la firma de convenio de finiquito
del Acuerdo Agrario con CIOAC; a las 12:00 horas tendrá lugar el
cierre del PROCEDE en el Estado de Zacatecas, donde se entregan
títulos ejidales a Ciénega, La Purísima, simbólicamente, Tanques
de Guadalupe y San José de Carbonerillas, Mazapil, San José de la
Isla, Genaro Codina y Francisco I. Madero, Fresnillo. Salazar
Adame entregará 11 millones de pesos para la solución de focos
amarillos y el Acuerdo Nacional para el Campo. Se entregarán también
1 millón 393 mil pesos para el financiamiento de proyectos
productivos de organizaciones de mujeres. Además, entregará casi un
millón de pesos para financiar proyectos de FAPPA. Recupera
180 hectáreas la Sierra de Morones.
(Imagen
de Zacatecas, Marlene Luna, p. web). Comuneros
de la Sierra de Morones recuperaron 180 hectáreas que estaban en
poder de pequeños propietarios de Huanusco. Los
predios denominados Los Bancos y Los Coyahutes, ambos propiedades de
Ramón Muñoz Guerrero, serán incorporados a los bienes comunales. Ubaldo
Pérez García, presidente de Bienes Comunales de Tlaltenango, Tocatic
y Cicacalco, dijo que afortunadamente este problema ya se solucionó,
“ya que era de muchos años, de generación en generación”. Destacó
que el logro fue gracias a la intervención del Registro Agrario
Nacional (RAN), para llegar a un acuerdo entre los comuneros y el
pequeño propietario. Pérez
García dijo que se realizarán las mismas gestiones para recuperar
400 hectáreas que están “en manos” de pequeños propietarios que
viven al norte de Huanusco. Esta
extensión se anexa a las 30 mil 250 hectáreas que tienen los
comuneros que hasta la fecha son 1 mil 293 legalmente reconocidos. Aunque
sin precisar, dijo que se tienen proyectos para estas tierras que serán
de beneficio para los comuneros. Quedan
pendientes siete “focos amarillos”.
(Imagen
de Zacatecas, Saúl Ortega, p. web). Florencio
Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria,
entregará 11 millones de pesos para solucionar cuatro de los 11
conflictos ejidales en el estado, considerados como “focos
amarillos”. Los
siete restantes deberán solucionarse en un lapso no mayor a dos
meses, “sin embargo empezaremos a trabajar en ellos hasta enero del
2005”. Con
esto se posterga nuevamente el hizamiento de la “bandera blanca”
en Zacatecas, que se había anunciado para el 10 de septiembre. Carlos
Luna Salas, delegado del Registro Agrario Nacional (RAN),
informó que sólo estarán resueltos los casos de Villanueva, Los
Haro, en Jerez, Tlacotes en Ojocaliente y San Nicolás en Apozol. En
ese paquete está contemplado integrar a los “focos amarillos” el
conflicto del rancho El Mirador, donde en agosto los ejidatarios
impidieron con violencia una ejecutoria para reintegrar un predio a su
dueño original y secuestraron por varias horas al representante del
RAN, Manuel Solís Villa. Asimismo,
durante el cierre del Procede, el titular de la Reforma Agraria
entregará hoy certificados de títulos de este programa a ejidos
ubicados en Ciénega de la Purísima, en Valparaíso; Tanques, de
Guadalupe; y San José de Carbonerillas, en Mazapil; así como los
ejidos de San José de la Isla, Genaro Codina y Francisco I. Madero,
en Fresnillo. Toman
indígenas de Acatepec el Palacio Municipal; detienen a un dirigente
del PRD.
(El
Sur (Guerrero), Zacarías Cervantes, p.web). Los
campesinos protestan porque el alcalde firmó un convenio donde cede
500 hectáreas a la comunidad de Teocuitlapa, y ellos aseguran que
tienen una resolución presidencial de 1956 que los acredita como legítimos
dueños de esas tierras. Encarcelan al líder perredista acusado de
golpear a un comunero Unos
500 indígenas del municipio de Acatepec tomaron la tarde de ayer el
Palacio Municipal y detuvieron al dirigente del PRD, Rodrigo Leobardo
Morales, a quien acusan de golpear a un campesino durante la ocupación
del inmueble y lo mantenían encerrado en la cárcel. Los
campesinos protestaron porque el presidente municipal, Raymundo García
Gutiérrez, quien llegó a la alcaldía en una coalición entre el PRD
y el PT, firmó un convenio con el alcalde de filiación priísta de
Atlixtac, donde cede 500 hectáreas de tierras a campesinos de la
comunidad de Teocuitlapa. Los
dirigentes del movimiento, Alfonso Candia Espinabarros y Felipe González,
informaron que el lunes pasado tenían programada una reunión, en la
cual pedirían a García Gutiérrez que se desistiera de ese convenio
con el alcalde priísta de Atlixtac, Raúl Aguilar Muñoz, pero no
llegó y acordaron la toma del ayuntamiento. Explicaron
que Leobardo Morales fue detenido porque en el momento de la toma de
las instalaciones golpeó al campesino Celso García Dircio. Candia
Espinobarros informó que el Palacio Municipal fue ocupado por más de
500 comuneros, quienes exigen a las autoridades estatales que acudan
al lugar e intervengan para que el Ayuntamiento resuelva sus demandas,
de lo contrario, advirtió que seguirán a cargo de las instalaciones
y del dirigente perredista. Los
campesinos denunciaron que el alcalde García Gutiérrez firmó el
convenio, donde cede 500 hectáreas de tierras de Acatepec a la
comunidad de Teocuitlapa, del municipio de Atlixtac. Por
su parte, el campesino Felipe González dijo que hay una versión que
indica que García Gutiérrez recibió 180 mil pesos de los campesinos
de Teocuitlapa a cambio de la firma del convenio. Indicó
que las autoridades municipales argumentan que el documento se signó
para resolver un conflicto agrario “añejo” entre los comuneros de
Acatepec y de Atlixtac, sin embargo, dijo que las tres comunidades de
Acatepec tienen una resolución presidencial de 1956 que los acredita
como legítimos dueños de esas tierras. Los
campesinos denunciaron que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
ha incumplido con el compromiso de impulsar proyectos productivos en
la región. Los
comuneros, la mayoría de los pueblos indígenas tlapanecos de Loma
Tuza, Ocote Capulín y El Chirimoyo, señalaron que no desalojarán el
ayuntamiento de Acatepec hasta que el Congreso destituya al alcalde
perredista, García Gutiérrez. Candia
Espinobarros y Felipe González que fueron entrevistados ayer en esta
capital esperaban la tarde de ayer que los recibiera el secretario de
Gobierno, Luis León Aponte, a quien demandarían la intervención del
gobierno estatal para resolver el conflicto. En
Cancún hubo arreglos inconfesables: legisladores.
(La
Jornada, Roberto Garduño, p.3). El
presidente Vicente Fox está obligado a derogar el contrato de compra
venta de terrenos propiedad de la nación en Cancún, porque se
fundamenta en actos de ''corrupción y arreglos inconfesables'' que
deben desprender una investigación sobre responsabilidades penales y
administrativas por los probables delitos de tráfico de influencias,
peculado, conflicto de interés y fraude a la cuenta pública. La
información publicada en este diario provocó irritación entre
legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la
Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), que al unísono se
manifestaron por echar abajo el contrato firmado entre el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la empresa Golf &
Resorts. Salvador
Sánchez Vázquez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara
de Diputados, anunció que espera la denuncia en torno a la venta de
los terrenos nacionales en Quintana Roo: ''Estamos en alerta y de
inmediato aguardaremos a que esté sobre mi escritorio este delicado
tema''. El
encargado de la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), Sánchez Vázquez, refirió que no se cerrará la puerta al
asunto, ''ni quiero hacerme de ojos cerrados u oídos sordos a esta
denuncia que se está planteando en el caso de La Jornada,
porque me ronda la sospecha''. -¿Ordenará
a la ASF iniciar una revisión del trámite? -se le preguntó. -Cualquier
asunto que sea de interés ciudadano, nacional, debe ser del interés
de la Cámara y del órgano fiscalizador. Hay que hacer la investigación
necesaria correspondiente, y sumar a la denuncia pública de medios de
comunicación denuncias específicas de ciudadanos, de representantes
populares. Corrupción
''a todas luces'' La
vocera de la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro, Marcela
Guerra, reprochó a las autoridades federales: ''A todas luces aquí
hay corrupción y arreglos inconfesables; hay una empresa favorita,
como Golf & Resorts, que está en el ánimo de este señor John
McCarthy, quien se dedica a dilapidar el patrimonio nacional. Vamos a
solicitar una auditoría que contemple estudios de precios de bienes
raíces reales, porque es ridículo el precio de 70 pesos el metro
cuadrado en una zona tan exclusiva''. Al
referirle que Fonatur justificó tal avalúo, elaborado por Nacional
Financiera, la legisladora del Revolucionario Institucional sonrió y
remató con una advertencia: ''Por ningún motivo puede hablarse de 70
pesos; eso no cuesta ni en la sierra Tarahumara, donde no hay
condiciones climatológicas ni para construcción y que no es área
prioritaria como para construir hoteles. Exigimos al gobierno federal
rescindir el contrato de inmediato por sospechas de tráfico de
influencias, peculado, conflicto de intereses y fraude a la cuenta pública.
Habrá que dar marcha atrás a la transacción, suspenderla por
inequitativa y hacer una investigación del presunto contubernio entre
autoridades turísticas y empresarios. Me parece grave y delicado,
porque no es una transacción transparente ni equitativa; no se licitó
y es completamente ilegal. Vamos a buscar que se audite esta transacción
específicamente y ver la ilegalidad de la misma''. Por
su parte, Alejandro González Yáñez, coordinador de la bancada del
Partido del Trabajo, refirió que ocurre una privatización de
facto e ilegal de las playas mexicanas, ''y el grupo foxista en el
poder muestra sin miramientos que tiene un concepto de que México les
pertenece como botín faccioso de la pandilla que gobierna''. Al
comentar las atribuciones de la Cámara de Diputados, el legislador
dijo que sí es posible fincar responsabilidades a quien resulte
responsable. ''Lo que primero tiene que proceder es que se cite a
comparecencia al secretario de Turismo y a las dependencias
involucradas. La Auditoría Superior de la Federación, como órgano técnico
de la Cámara con funciones propias, estará obligada a investigar a
John McCarthy y fincar las responsabilidades que amerite el caso.'' Conservar
el patrimonio nacional Su
compañero de bancada Pedro Vázquez llamó a las autoridades foxistas
a revertir el contrato de compra venta, porque ''lo más adecuado será
seguir preservando y conservando el patrimonio nacional. Las empresas
están en su derecho de invertir, pero que paguen un precio comercial
justo y que no se dañe el patrimonio de la nación; en ese sentido,
nos pronunciaremos por la rescisión de ese contrato (signado) en
contra de los intereses de la nación''. A
su vez, el perredista Gilberto Ensástiga se sumó a la postura de los
demás legisladores al pronunciarse por una investigación exhaustiva.
''Si Fonatur promueve de esta forma el turismo, vendiendo nuestro
patrimonio, pues más valdría que cambie la política. El turismo no
puede fomentarse vendiendo nuestras riquezas, poniéndoles en charola
de plata a los capitales extranjeros nuestro territorio; creo que el
fondo está errando el tiro. Habría que investigar al director del
organismo, John McCarthy, para saber qué beneficios en lo personal
está adquiriendo, porque seguramente él se ha de estar beneficiando
en lo individual cuando se pone una zona de manglares para un
desarrollo turístico''. El
abogado zacatecano e integrante de la bancada del sol azteca, Arturo
Nalhe, refirió que gran parte de las costas mexicanas, sobre todo las
del Caribe, fueron terrenos nacionales que, de forma poco trasparente,
la Secretaría de la Reforma Agraria fue enajenando en favor de
empresas trasnacionales. ''Parte de esos predios fueron adjudicados a
Fonatur para su desarrollo. El organismo ha adoptado una nueva
modalidad de desarrollar los inmuebles que forman parte de su
patrimonio, y es cediéndolos a particulares para que sean ellos
quienes desarrollen; es parte del proceso privatizador que ha vivido
nuestro país en las últimas décadas y es parte de la política
neoliberal de ésta y otras administraciones.'' -La
enajenación de terrenos en Cancún se dio en términos leoninos -se
le refirió. -Deben
hacerse con avalúos comerciales, a través de licitaciones públicas;
deben trasparentarse las operaciones. De pronto nos encontramos con
que enajenan su patrimonio a precios irrisorios, con avalúos
sospechosos y a destinatarios previamente seleccionados en los que no
sabemos qué intereses hay de por medio; creo que la Secretaría de la
Función Pública no está haciendo su trabajo; estos organismos
tienen un comisario designado por el secretario del ramo, de tal
suerte que hay corresponsabilidad si los comisarios de estos
fideicomisos no están vigilando que estas operaciones se hagan con
total y absoluta transparencia; hay una corresponsabilidad de esos
comisarios que dependen del secretario de la Función Pública. Deben
hacerse las investigaciones, fincarse responsabilidades e inclusive
pueden anularse esas operaciones por tener vicios de origen. Denuncian
ante Coddehum al alcalde de Ometepec.
(Novedades
de Acapulco, p.web). MARQUELIA,
Gro., 13 de diciembre.- El matrimonio conformado por Tomás Morales Díaz
y Nereyda Miranda López, esta última ejidataria, denunciaron ante la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum) de Ometepec, al
presidente municipal, René González Justo, así como a sus más
cercanos colaboradores por haber despojado e invadido parte de su
propiedad para hacer un camino, pese a contar con la documentación
que los ampara como los legítimos propietarios de ese predio. Según
la queja con número CODDEHUM-CRCCH/107/2004-I, interpuesta por los ya
mencionados, el alcalde acompañado de su tesorero, Angel García García
y de su secretario, de apellido Gatica, así como de los ciudadanos,
Sidronio García Arredondo, Eleazar Justo Aguilar, René Justo Zamora,
Roberto López Clemente, Nicolás Garán y Hermilo Bustos Soto, se
introdujeron a su terreno ubicado en la comunidad de La Bocana sin su
consentimiento, destrozando la cerca del predio. El
escrito añade que el argumento que recibieron los quejosos por parte
del alcalde y sus acompañantes fue que se iba a hacer una calle, pues
según el primer edil este poder se lo confiere un artículo de la
Constitución, aunque no especificó cuál. Agregan
que en el destrozo de su barda e invasión a su propiedad hubo
agresiones por parte de los elementos de la Policía Preventiva
Municipal al mando de una persona de apellido Duque que resguardaban
al munícipe y a sus acompañantes. Incluso,
refieren que fueron amenazados con ser detenidos si se oponían a que
se abriera esa calle, pese a que originalmente este acceso debería
estar en un lugar que previamente ya fue invadido con una gran
construcción por el señor Hermilo Bustos Soto, allegado al alcalde. Al
ser entrevistado por este medio, Tomás Morales abundó que el terreno
despojado por González Justo es de ocho metros y medio de ancho por
258 de longitud, lo cual da un total de dos mil 193 metros cuadrados. Asimismo,
exhibió los documentos expedidos por la Secretaría de la Reforma
Agraria que amparan a su esposa como propietaria de dicho predio. Explicó
que este camino no conduce a ninguna comunidad y sólo beneficia a
restauranteros, por lo que dejó entrever que el primer edil pudiera
tener intereses personales en ese lugar. Por
lo anterior, hoy pondrá su respectiva denuncia ante el Ministerio Público
por los delitos que resulten en contra del edil y sus acompañantes, a
quienes además responsabiliza de cualquier daño que le llegara a
sufrir. Finalmente,
mencionó que el día de la invasión, los que encabezaban el despojo
fueron Antonio Bustos Gatica y Angel Febrero Ramos. Interpondrá
Fox 10 observaciones sobre el gasto ante la SCJN.
(El Financiero, Víctor Chávez, p. web) El
presidente Vicente Fox expondrá personalmente, hoy, a los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al menos diez
observaciones sobre las reasignaciones que la Cámara de Diputados
realizó al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
2005. En
una comida privada que, con motivo de fin de año, sostendrá con el
Poder Judicial, Fox Quesada explicará sus "dudas y
objeciones" en materia jurídica en torno a la decisión de los
diputados federales de refutar la petición del Ejecutivo federal de
"corregir" el decreto aprobado en la Cámara baja. En
la Presidencia de la República se reveló también que el primer
mandatario insistirá ante el ministro presidente de la Suprema Corte,
Mariano Azuela Güitrón, sobre la "grave injerencia" de los
diputados en el desarrollo de las políticas públicas del Ejecutivo
federal. A
pesar de las duras críticas que recibió Vicente Fox, cuando se reunió
en privado en la residencia oficial de Los Pinos con el presidente de
la Corte, Mariano Azuela, para preguntarle sobre la viabilidad del
desafuero del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López
Obrador, hoy nuevamente pedirá a los ministros un adelanto de la
prosperidad de su recurso de controversia constitucional. Sobre
la mesa Aunque
se trata de una comida informal, como cada fin de año, sin duda
"habrá tiempo para conversar del tema", reconocieron en la
casa presidencial. En
este marco, funcionarios de Los Pinos también aclararon que difícilmente
se podría enviar hoy el recurso de controversia a la Corte, puesto
que primero el decreto debe ser publicado en el Diario Oficial de la
Federación y, después, revisado y estudiado por la Secretaría de
Gobernación, el Jurídico de la Presidencia de la República, entre
muchas otras instancias. Aunque
ayer el presidente Fox sostuvo encuentros privados con diversos
integrantes de su gabinete, como el titular de Gobernación, Santiago
Creel; de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, y su primer
equipo de asesores -antes de partir a la República de El Salvador-,
se informó que aún están en espera del documento aprobado por la Cámara
de Diputados. Aunque
se dijo también que en la Secretaría de Gobernación todo está
listo para publicar de inmediato el decreto, insistieron en que
primero deberá ser objeto de un riguroso análisis, a pesar de saber
ya que los diputados federales no aceptaron ninguna de las 66
observaciones que envió el Ejecutivo. A
pesar de todo, el presidente se dio tiempo ayer para grabar ya el
mensaje navideño y el mensaje de fin de año para la comunidad de
migrantes mexicanos. Busca
el CAP promover reforma al Artículo 27.
(El Sol de México, Liliana Padilla, p. 5A). El
Congreso Agrario Permanente (CAP) buscará promover la reforma al artículo
27 Constitucional, a fin de que se precise el carácter específico
protector de la legislación agraria en contra
de la tenencia a disolver los derechos agrarios colectivos. A
través de un documento, el secretario general del CAP, Margarito
Montes Parra, reveló que la intención es transparentar y delimitar
las capacidades y operaciones de las sociedades mercantiles para
combatir las formas de latifundio abierto y simulado. COAHUILA En
riesgo el Megabastos La Jolla.
(El Siglo de Torreón, Yolanda Ríos, p. web). TORREÓN,
COAH. - La construcción de la central de abastos denominada
Megabastos La Jolla así como la terminal para camiones suburbanos
proyectada en ese mismo predio, están en riesgo de no realizarse como
resultado de la demanda de amparo interpuesta contra el Ayuntamiento
de Torreón ante el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna y que
ayer fue admitida, bajo el acuerdo o resolución de que haya una
suspensión definitiva de los actos reclamados. Lo
anterior, por tratarse de materia agraria, explican los abogados, Luis
Guillermo Talamantes y Jorge Andrés Zarzosa Garza, al presentar los
documentos entregados ante el Juzgado Federal y señalan que mientras
que en otro tipo de demandas se otorga la suspensión provisional de
actos reclamados, en ésta que se refiere a Despojo y Ocupación
Ilegal, el ordenamiento es con carácter definitivo. Explican
que el hecho de que a tantos años de la expropiación de tierras y el
no pago de las mismas se promueva un amparo es a raíz del proyecto de
un grupo empresarial apoyado por la administración del alcalde,
Guillermo Anaya, para construir ahí una central de abastos que
incluye una terminal de camiones suburbanos. Los
representantes jurídicos expresan además que no saben quién les
vendió estas tierras a los empresarios y lo que pagaron por ellas. Jesús
Gurrola Muñoz, con domicilio conocido en el ejido La Joya de este
municipio, es el quejoso en esta demanda de garantías que promovió
en calidad de representante sustituto del Núcleo de Población Ejidal
La Joya, a nombre de quien se emitió por causa de utilidad pública,
el decreto de expropiación de 145 hectáreas de riego, de “uso común”
el 22 de agosto de 1996. Conforme
a la demanda de amparo, los actos reclamados son contra el
Ayuntamiento de Torreón, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario
del Distrito Seis, el Congreso del Estado y el Registro Público de la
Propiedad de esta ciudad. El
Ayuntamiento, en esta demanda de garantías, es señalado como
responsable “del despojo y la ocupación ilegal que realiza sobre
145 hectáreas situadas en terrenos ejidales del poblado La Joya,
efectuados mediante actos jurídicos de afectación de dominio a través
de la resolución del Cabildo en sesión celebrada el 11 de septiembre
de 1997 sin que haya pagado previamente la indemnización
correspondiente tal y como lo condiciona el decreto expropiatorio del
22 de agosto de 1996. El
demandante, explica que de acuerdo con el Decreto de expropiación
publicado en el Diario Oficial de la Federación, se autorizó la
expropiación de esas hectáreas en el ejido de referencia y en ese
entonces cuando estaba como alcalde interino, Salvador Jalife, quedó
el Ayuntamiento como responsable de pagar por concepto de indemnización
a los 270 ejidatarios que integran este Núcleo, la suma de 11
millones 667 mil 456 pesos al valor de ese tiempo y en la inteligencia
de que los bienes, objeto de la expropiación, sólo podrían ser
afectados u ocupados mediante el referido pago que no se ha realizado
hasta ahora. Conforme
al artículo 20 de la Ley de Expropiación en vigor: “La indemnización
deberá pagarse dentro del término de un año a partir de la
declaratoria de expropiación en moneda nacional, lo cual no se hizo
durante los tres años del Gobierno de Jorge Zermeño Infante”. En
la demanda de amparo se señala como terceros perjudicados a Obeso
Construcciones, Desarro-llos Habitacionales de México y el Coproder
de Torreón. El
abogado, Luis Guillermo Talamantes, explica por lo tanto que aunque ya
hizo dos cambios de uso de suelo en este año en marzo de 2004 por la
administración de Guillermo Anaya para pasar de rango de densidad
habitacional alta a uso comercial, no se puede construir nada debido a
que no se ha cubierto la indemnización a los ejidatarios. Argumenta
que actualmente un 90 por ciento de las 145 hectáreas expropiadas ya
tiene uso de suelo comercial. El
ejidatario promovente afirma que Jesús Gurrola Muñoz tiene
representatividad jurídica para hacer esta demanda, ya que la “Ley
de Amparo indica que cuando el Comisariado Ejidal a pesar de las
violaciones a las leyes ejidales no quiere interponer la demanda de
amparo, puede hacerlo cualquier ejidatario”. La
demanda de amparo por despojo y ocupación ilegal fue admitida y
publicada ayer por el Juzgado Segundo de Distrito “B” en La
Laguna. Otro
elemento se peleará en esta demanda de amparo, ya que dice el
abogado, Luis Guillermo Talamantes Sánchez, que el monto de la
indemnización que se solicita para los ejidatarios que integran el Núcleo
se hará a valores actuales. ANTECEDENTES
De
acuerdo al Diario Oficial de la Federación del jueves 22 de agosto de
1996, se autorizó la expropiación por causa de utilidad pública de
145 hectáreas de riego “de uso común en terrenos ejidales del
poblado La Joya”. Este
ordenamiento fue a favor del Ayuntamiento de Torreón. Como
propietario de esta área de terreno el Gobierno Municipal de entonces
pagaría 11 millones 667 mil 456 pesos a favor de 270 ejidatarios que
integran el Núcleo de Población Ejidal La Joya. Este
convenio fue en 1999 y de acuerdo con la Ley de Expropiación hay un
plazo de un año para cubrir el monto de los bienes expropiados. Transcurrió
el gobierno de Jorge Zermeño, el de Salomón Juan Marcos y no se pagó
a los ejidatarios. El
asunto se reactivó ahora que un grupo empresarial proyecta la
construcción de una central de abastos que incluye una terminal
suburbana de camiones. Amenazan
de muerte a líder contrario a presa La Parota. (La Jornada,
Rosa Rojas, p. 48). Integrantes
del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota
(CECOP), que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende
construir en tierras de la comunidad de Cacahuatepec, municipio de
Acapulco, Guerrero, denunciaron que su dirigente, Marco Antonio Suástegui
Muñoz, ha recibido amenazas de muerte "por seguir firmes en la
defensa de nuestras tierras, del agua, del ambiente", y porque
han demostrado firmeza y honestidad ante la CFE, "empeñada en
sacarnos de nuestras tierras, desplazarnos y dejarnos sin tierra y sin
trabajo". Demandaron
a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
que les entregue toda la documentación que la CFE haya presentado
para responder sobre las "carencias e inconsistencias"
expuestas en su proyecto de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
sobre la citada presa, para hacer pública su respuesta sobre lo que
presente la CFE "como conclusión de estudios que, en campo, no
realizó, y sobre omisiones que la Semarnat dejó fuera de la
información adicional solicitada". En
sendos comunicados, informaron que el pasado 2 de diciembre, poco
antes de las 6 de la tarde, Marco Antonio Suástegui Muñoz recibió
una llamada telefónica en la que mediante insultos, un desconocido le
dijo: "hijo de tu puta madre, bájale de huevos porque tú y
todos los que andan al frente van a valer v...". Al preguntarle
quién era, el individuo dijo "están advertidos" y cortó.
A los cinco minutos entró otra llamada y ya no fue contestada. Al
rastrear el telefonema vía celular, éste sólo registró la leyenda
"no disponible". Los comuneros responsabilizaron a la CFE
"por las amenazas recibidas, y la responsabilizamos de lo que
pueda atentar contra nuestra vida y la de nuestras familias". Denunciaron
"que la CFE se mueve en la ilegalidad" desde que entró a
sus tierras "sin permiso alguno. Primero corrompió autoridades,
comisariados y líderes ya corruptos de por sí. Después pagó a
comuneros y gente de otros ejidos para obtener firmas -en el
restaurante Trani de San Pedro de las Playas, fuera de Cacahuatepec-,
y así pretender sustentar la asamblea fraudulenta celebrada en 12
minutos el 25 de abril" para decir que la asamblea comunal ya había
autorizado su entrada en las tierras. Después, "sobre delitos
fabricados, encarceló a Marco Antonio Suástegui y a don Francisco
Hernández. Ahora nos amenaza de muerte". Respecto
al escrito enviado a la Semarnat, con base en la Ley sobre Información
de la Administración Pública y como amenazados con ser desplazados
de tierras por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) "por su
cuestionado proyecto de presa La Parota", aseveraron que "la
CFE y quienes elaboraron su proyecto, no podrán presentar ningún
estudio complementario a sus prefabricados estudios de impacto, porque
no han podido entrar a la zona en conflicto, en tanto que los
opositores a la presa estamos presentes en todos los accesos, haciendo
valer nuestro derecho a defender nuestras tierras". Indicaron
que harán pública su respuesta sobre lo que presente la CFE como
conclusión de estudios que, en campo, "no realizó, y sobre
omisiones que la Semarnat dejó fuera de la información adicional
solicitada". Exigieron
que la dependencia haga de su conocimiento, de inmediato, el Estudio Técnico
Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo en terrenos forestales
para la apertura de camino de acceso Cacahuatepec -Boquilla- Los
Mayos. Igualmente, que la Semarnat les entregue por escrito su
respuesta a la CFE "en la que ésta solicita una prórroga a la
autorización para cambio de uso de suelo en el área arriba
descrita". El
CECOP, cuya lucha contra la construcción de la presa La Parota inició
en enero de 2003, aunque formalmente se creó la organización hasta
el 15 de agosto de 2004, celebrará su próxima asamblea el 18 de
diciembre en el ejido Los Huajes, municipio de Acapulco, para buscar
fortalecer la unidad del movimiento y conocer los resultados de las
gestiones hechas ante la Semarnat y el Tribunal Unitario Agrario, ante
el cual mil 590 comuneros de Cacahuatepec, demandaron la nulidad de la
asamblea del 25 de abril pasado, a la que califican de
"fraudulenta", y durante la cual presuntamente se autorizó
a la CFE a iniciar los trabajos para la construcción de la presa en
la citada comunidad. Núñez
Soto destinó al agro de Hidalgo casi 6,000 mdp.
(La Crónica de
Hoy, Carlos Naciff, p. web). En
casi seis años de trabajo el gobierno que encabeza Manuel Angel Nuñez
Soto, ha canalizado al campo más de cinco mil 796 millones de pesos,
en acciones y programas, lo que equivale a un promedio de 3.17
millones por dia, en apoyos a las actividades agropecuarias de
Hidalgo. Durante
un recuento de estas acciones que encabezó el gobernador Nuñez Soto,
el secretario estatal de Agricultura, Omar Fayad Meneses, agregó que
la producción en este rubro creció prácticamente en un 50 por
ciento, resultado del trabajo de los campesinos de la entidad, junto
con el apoyo de sus autoridades. Señaló
que ahora Hidalgo ostenta el segundo lugar nacional en ganado ovino,
al incrementarse la producción en un 14 por ciento y al pasar de 97
mil 532 toneladas a 114 mil 337, en tanto que la comercialización de
la carne y sus derivados creció un 24 por ciento. El
funcionario, en el marco de la Semana Estatal de Agricultura, dijo que
el gobierno hidalguense logró, en el mismo lapso se generaran 6.2
millones de jornales dentro del Empleo Temporal, para beneficio de 229
productores, lo que significó multiplicar por seis los resultados
obtenidos antes de esta administración. Se
han entregado 20 mil 470 implementos agrícolas, como tractores,
sembradoras, cultivadoras y otras herramientas, al tiempo que se
construyeron o rehabilitaron mil 70 obras hidroagrícolas, lo que
equivale a cuatro por semana, para beneficio de 87 mil productores y
89 mil hectáreas tecnificadas con 295 millones de pesos. En
este punto, el gobernador Núñez afirmó que estos resultados sin
duda serán aumentados en los más de 100 días de trabajo que restan
a su administración y reiteró su compromiso de no bajar la guardia
hasta el final. Ofensiva
de Mienra San Xavier para explotar el Cerro de San Pedro.
(La
Jornada, Ángeles Cruz, p.48). En
nuevo intento jurídico por llevar adelante el proyecto de explotación
Minera en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, los propietarios de la
minera San Xavier promovieron un juicio de amparo ante el juzgado
primero de distrito en el estado contra el decreto de planeación que
desde 1993 otorgó al lugar el carácter de zona de reserva ecológica
y área natural protegida. Para
Miguel Angel Montoya, integrante del Frente Amplio Opositor, que
aglutina a las organizaciones civiles que se oponen a la apertura de
la minera, esta estrategia no es más que "una chicanada jurídica"
porque la demanda debió ser interpuesta ante un tribunal en materia
administrativa para apelar del fallo del Tribunal de Justicia Fiscal y
Administrativa que declaró la invalidez del permiso de operación
liberado por el Instituto Nacional de Ecología (INE) en febrero de
1999. En
cambio, la trasnacional optó por iniciar un amparo indirecto, es
decir, no ataca la sentencia emitida por la sala Superior del Tribunal
de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando en diversas ocasiones
tanto la minera como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) han señalado que ésta es atacable e impugnable,
explicó Montoya Así,
en los hechos, con la demanda de amparo indirecto se asume que la
sentencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa "es
firme", apuntó, y más todavía porque el juez primero de
distrito de San Luis Potosí se declaró incompetente para conocer de
la demanda de garantías promovida por Minera San Xavier. El
pasado 6 de diciembre, esa autoridad emitió el acuerdo número
1332/2004, en la que notifica a la parte quejosa que el juzgador
"es legalmente incompetente" para llevar el caso, por lo que
determinó turnarlo al tribunal colegiado en materia administrativa
del primer circuito, en turno, con residencia en la ciudad de México.
Con
esta resolución continúa detenida legalmente la entrada en operación
de la Minera San Xavier, al seguir firme la ejecutoria del Tribunal de
Justicia Fiscal y Administrativa y la sentencia del Tribunal Unitario
Agrario que declaró la nulidad de los contratos de arrendamiento
obtenidos por la trasnacional. A
decir de Carlos Covarrubias, asesor legal de los ejidatarios de Cerro
de San Pedro, los propietarios de la minera pretendían que el juez de
distrito de San Luis Potosí turnara el expediente al tribunal
colegiado en aquella entidad, donde anteriormente se concedió un
amparo a quienes ostentaron ilegalmente la propiedad de los predios
donde se pretende reiniciar la búsqueda de oro y plata. A
la Minera San Xavier, dijo, "sólo le salió la mitad del
plan", porque el juez se declaró incompetente, pero envió el
expediente a la ciudad de México, donde hay varias alternativas,
entre ellas que la demanda sea desechada por notoriamente
improcedente, o bien se remita al noveno Tribunal Colegiado del Primer
Circuito en Materia Administrativa. Ante
estos hechos, el Frente Amplio Opositor hizo un llamado a la sociedad
civil nacional a solidarizarse con los ejidatarios y a éstos a
mantenerse alertas ante la posibilidad de que la minera intente
"brincarse la ley e inicie las detonaciones durante la temporada
de fin de año". La
agrupación anunció que en los próximos días llevará a cabo una
movilización e instalará una guardia permanente frente a las
instalaciones de la empresa a fin de evitar una "sorpresa navideña"
que pudiera dar la Minera San Xavier. El
predio en Cancún no fue licitado por Fonatur.
(La Jornada, Mireya Cuéllar, p. 3). El
predio de 377.8 hectáreas ubicado en la tercera sección de la zona
hotelera de Cancún, vendido al grupo Golf & Resorts para
desarrollar ahí el proyecto Riviera Cancún -incluye dos campos de
golf y hoteles para gran turismo-, no fue licitado públicamente por
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como ocurre con
otros terrenos y propiedades que dicha institución tiene a la venta. El
director de Fonatur, John McCarthy, confirmó a La Jornada que
la operación fue aprobada por el Comité Técnico de Fonatur y no
estuvo sujeta a subasta. ''Precisamente por eso opera la aprobación
del Comité Técnico... porque es un contrato donde se negocia con el
adquirente en base al avalúo, en base al proyecto que plantea y lo
que necesita Fonatur; eso es lo que aprueba el Comité Técnico. Si
fuera como la Casa de Visitas -que el fondo tiene a la venta en Cancún-,
ni siquiera necesita presentarse al comité'', dijo durante una visita
a esta casa editorial, el pasado lunes. -¿Cómo
se decide cuándo una propiedad de la nación que está en manos de
Fonatur se pone a la venta vía una licitación pública, y cuándo
no? -La
política de ventas de Fonatur establece que la mayoría de los
terrenos serán vendidos por licitación, y aquellos que por no tener
una condición especial de venta, aunque sea muy atractiva la operación
por los componentes que tiene el desarrollo y por el tamaño de la
operación, se puede presentar al Comité Técnico y dicha instancia
tiene la facultad de aprobarlo. Este es el caso. -¿Cuál
es la característica especial de esta operación? -¿Le
parecen pocos 24 millones de dólares, dos campos de golf, una zona
inundable complicada, debajo de un polígono de un aeropuerto? No
olvidemos que, en este terreno, tiene 10 años que Fonatur había
querido armar una operación y no había podido. Y ahora se logra. Es
un buen negocio, claro que es un buen negocio. ''En
este proyecto se dieron las condiciones que requirió Fonatur: está
el avalúo, y el Comité Técnico (que es como el consejo de
administración del fondo, definió el funcionario) cuida que se
cumpla la labor de fomento al turismo. Este grupo empresarial va a
construir lo que nosotros creemos que hace falta en Cancún, dos
nuevos campos de golf de clase mundial, porque hemos visto cómo el
golf ha mejorado en forma importante la calidad del turismo. ''Cancún
es un centro turístico que ya está cumpliendo 30 años y necesita
revitalizarse; Riviera Cancún cumple con esa condición por el golf,
por la clase de producto turístico que se va a generar, por la bajísima
densidad de población. Diez cuartos por hectárea con un esquema de
conversión que permite que, si en vez de hotel hacen vivienda, sea
una por cada 2.5 llaves-cuarto, es decir, cuatro casas por hectárea. ''Somos
un desarrollador con una visión de sustentabilidad completa; no somos
un urbanizador más. Creamos ciudades con una visión social y
tratamos de ganar un poco más de dinero para continuar con nuestros
propios proyectos. Estamos haciendo un nuevo proyecto en Nayarit, otro
cerca de Chetumal... dicho de otra forma, le estamos volviendo a dar
vida a Fonatur gracias a que hemos sido capaces de generar operaciones
de este tamaño. Esta no es la única de 25 millones de dólares, pero
hacía muchos años que no se hacían operaciones de este tamaño.
Este año es muy factible que tengamos ingresos superiores a los mil
millones de pesos''. Cuando
el fondo nació se financió con recursos fiscales y del Banco
Interamericano de Desarrollo. Hoy día lo hace con recursos propios (vía
créditos de Banobras, que paga con sus ingresos). ''Los únicos
recursos fiscales que continuamos recibiendo son 180, 190 millones de
pesos que sirven para pagar los intereses de un crédito del BID, del
cual ya no estamos disponiendo, simplemente le estamos dando servicio
a la deuda''. Durante
su visita a La Jornada, el pasado lunes, McCarthy se hizo
acompañar por un grupo de ocho funcionarios de Fonatur, entre ellos
el director jurídico, Juan Manuel Gutiérrez, y Ricardo Alvarado,
este último titular del fondo en Cancún, quien reconoció que mil
750 pesos es ''el valor catastral, eso está claro'', del metro
cuadrado del terreno que vendieron a Golf & Resorts, pero apuntó
que ''es un tipo de valor relativo, de referencia''. Juan
Manuel Gutiérrez explicó que ''el valor catastral es un tipo de
valor que debe estar sustentado y ello se hace a través de avalúos...
porque no se puede decir que determinada sección vale tanto sin
considerar los elementos que se tengan para ese terreno. En otras
palabras, no se puede valorar un terreno en breña sin servicios,
igual a uno que ya tiene servicios. El hecho de que estos terrenos estén
en breña y que no se vayan a utilizar, como es el caso de un pantano,
dan los elementos al valuador, en este caso Nacional Financiera, para
determinar cuál es el valor del terreno. La Gaceta Oficial del
estado plantea un precio de referencia para determinar el impuesto
predial... el hecho de determinar una base para un impuesto predial
puede no estar sustentado, es impugnable''. -Pero
ahí está el valor catastral publicado en el periódico oficial del
estado de Quitana Roo, y el predio correspondiente a la manzana 60
-que es la correspondiente al lote 15, donde se desarrollará el
proyecto de gran turismo- dice que su valor es de mil 750 pesos. -Sí,
ese es su valor catastral, eso está claro -intervino Ricardo
Alvarado. Pareciera que hay una gran confusión porque estamos
hablando de un gran lote que mide 377 hectáreas, y que cuando se
incorpora a la parte urbana -con una reforma que hizo el cabildo el 15
de julio de 2003- queda decretado en el periódico oficial, pero antes
no existía como zona urbana; antes tenía un uso forestal y se cambió
para ser congruentes con todas las autorizaciones (que requería Golf
& Resorts para echar a andar el proyecto). Lo
que no refirió el funcionario es que la operación de compra venta se
formalizó el 10 de noviembre de 2004, cuando ya estaba en vigor el
nuevo valor catastral del terreno, ya con permiso para uso urbano. Aquí
-y ahora el que interviene es McCarthy- ''hay una situación tácita
del municipio, que por cierto estaba muy necesitado de recursos, que
no nos hubiera hecho un descuento importante si no reconociera tácitamente
que el valor es el que se establece en la boleta de cobro que nos
hizo''. Dicho esto, el titular de Fonatur rectificó y dijo que no
hubo tal descuento. No
es la idea de Fonatur regalar terrenos, señala Rodolfo Elizondo. (La
Jornada, Miriam Posada, p.5 ). El
secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, aseguró que el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo no está fuera de la ley ni tiene nada
que esconder en relación con la venta de terrenos. ''No estamos
regalando terrenos ni es la idea de Fonatur'', sino desarrollar la
industria turística nacional e internacional, crear empleos, promover
el desarrollo y oportunidades.'' Al
respecto, el director del fondo, John McCarthy, explicó que el
terreno en el que se desarrolla el proyecto Riviera Cancún se compone
de ''377 hectáreas por las que pagaron 25 millones de dólares; los
terrenos donde sea se venden con base en su densidad, a la capacidad
de hacer y la infraestructura que tengan''. Este
predio es uno de los de más baja densidad que hay en Cancún, ''sólo
se pueden construir 10 cuartos por hectárea, lo cual limita lo que se
puede hacer''. Precisó que es un terreno en el que las dos terceras
partes son pantano o mangle, y que además no tiene infraestructura,
por lo que se tendrán que invertir alrededor de 740 millones de pesos
antes de salir a vender. Señaló
que la publicación en el Diario Oficial es ''una simple
referencia para valores catastrales'', y consideró que lo importante
es que el desarrollador que compró el terreno pagó el impuesto
predial el primero de diciembre, con una base de 71 pesos por metro
cuadrado, ''no los 6 mil millones, que serían algo así como 15 mil
pesos por metro cuadrado. Entonces hay una aceptación tácita por
parte de las autoridades del valor catastral del terreno en el simple
hecho de que emiten un certificado de no adeudo al nuevo
propietario''. McCarthy
aseguró que esta operación fue buena para Fonatur en muchos
sentidos, ya que generó utilidades, permitió detonar una sección
del desarrollo que no se había podido lograr debido a la complejidad
de la zona conocida como Sección 3, y resumió que las propiedades
del organismo no se están malbaratando. Investigar
a Sectur por el casi regalo de terrenos en Cancún, demanda el
PRI.
(La Jornada, Ciro Pérez, p.5). Debe
iniciarse una investigación para determinar si existe responsabilidad
por parte de la Secretaría de Turismo (Sectur) en la venta, ''a
precios de regalo'', de terrenos en Cancún, advirtió la dirigencia
nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de señalar
que, de confirmarse la información publicada por La Jornada,
se estaría frente a un fraude oficial ''de magnitudes
extraordinarias''. Al
referirse al hecho de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) haya vendido a 71 pesos el metro cuadrado de un terreno de
377.8 hectáreas con frente de playa, que era propiedad de la nación,
la dirigencia del tricolor enfatizó que los negocios ''en el
gobierno del cambio'' llegan a sorprender a cualquiera, no sólo por
la magnitud, como es el caso del terreno ubicado en la tercera etapa
de la zona hotelera de ese centro turístico, cuyo valor catastral es
de mil 750 pesos el metro cuadrado, y el precio comercial está por
arriba de los 8 mil, sino porque quienes realizan estos negocios al
amparo del gobierno foxista lo hacen sin el menor rubor, a pesar de
sus ofertas de transparencia y de erradicación de la corrupción. El
secretario técnico del Consejo Político Nacional (CPN) del partido tricolor,
David Penchyna Grub, lamentó que en el balance oficial sobre los
primeros años de gobierno del presidente Vicente Fox haya estado
ausente la autocrítica sobre temas como el de la venta de terrenos
propiedad de la nación a precios ridículos, mientras responsabiliza
a los partidos de oposición y al Congreso de todos los males. ''El
Presidente tiene una característica que lo define: es capaz de ver la
paja en el ojo ajeno, por pequeña que ésta sea, pero no alcanza a
ver la inmensa viga que tiene en el propio'', dijo. Mencionó
que las 377 hectáreas vendidas por Fonatur, que tienen valor
catastral de 6 mil 612 millones de pesos, pero que fueron adquiridas
por particulares en apenas 268 millones 375 mil pesos, son un claro
indicio de que en la administración foxista no hay interés por
preservar los bienes de la nación, sino privilegiar a personas o
grupos. ''Como antaño, vende tesoros por espejitos'', apuntó. Penchyna
Grub recordó que existen instrumentos como la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) -órgano que depende de la Cámara de Diputados-,
para deslindar responsabilidades sobre éste y otros ''negocios'' que
pudieran haberse llevado a cabo al amparo de la amistad con el
presidente Fox. ''Lo importante es que se esclarezca esta venta y se
castigue conforme a la ley a los responsables'', dijo, aunque admitió
que cuando se trata de amigos cercanos al Ejecutivo, la justicia es
blanda, como lo demuestra la reciente defensa del secretario de
Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, a quien no se le tocó ''ni
con el pétalo de una rosa'' por el caso Tláhuac. ''Así están las
cosas en el gobierno del cambio'', señaló. Demandan
senadores a la Permanente indagar venta de predio a Golf &
Resorts.
(La Jornada,
Andrea Becerril, p.5). Senadoras
de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista
de México (PVEM) manifestaron que exigirán información puntual en
torno a la venta por debajo de su precio de un predio en Cancún,
Quintana Roo, a una empresa extranjera, ya que no basta con el señalamiento
del director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur),
Arthur Edward John McCarthy, de que fue una operación "razonable
y perfectamente legal". Debido
a que el periodo de sesiones concluyó en el Senado, la Comisión
Permanente tendrá que investigar el asunto, sobre todo porque el
Fonatur no se manda solo, sino que responde a la política del sector
turístico y, sobe todo, a la normatividad de los organismos
paraestatales, señaló la priísta Dulce María Sauri. Por
su parte, la senadora del PVEM Emilia Patricia Gómez Bravo precisó
que desde ayer la Comisión de Turismo del Senado comenzó a analizar
esa operación "llena de ilegalidades", toda vez que ni el
Fonatur ni el cabildo de Benito Juárez, en Cancún, tienen facultades
para cambiar el uso de suelo. Gómez
Bravo rechazó además el argumento de McCarthy, de que el consorcio
Golf & Resorts, grupo que desarrolla el proyecto Riviera Cancún,
recibió gratis 40 por ciento del terreno por tratarse de una zona de
manglar a la que no se reconoce valor económico. "Ello
demuestra ignorancia o mala fe, porque el manglar es uno de los
sistemas más valiosos para el desarrollo del planeta, toda vez que se
trata de un humedal de tipo pantanoso-salobre, afectado por las
mareas, que marca la transición entre el mar y la tierra." La
legisladora del Verde Ecologista agregó que los manglares son
ecosistemas irremplazables, el equivalente costero del bosque selvático.
Hizo
notar, asimismo, que el proyecto Riviera Cancún había sido rechazado
el 29 de marzo del 2000 por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, pero ahora resulta que lo aprobó en este sexenio
el municipio de Benito Juárez mediante un cabildo que cambió a
urbano el uso del suelo. "Esto
es a todas luces violatorio de las disposiciones vigentes en materia
de protección al medio ambiente, en las que se especifica que la
competencia para la determinación de los usos del suelo y para dar
autorizaciones que afecten a los manglares es federal." Gómez
Bravo precisó que, por conducto de la Comisión de Turismo del
Senado, demandarán que la secretaría del ramo y el Fonatur informen
a los legisladores sobre esta controvertida operación, que sólo
beneficia a una empresa extranjera en perjuicio del medio ambiente y
de los empresarios mexicanos. Debe
informarse con claridad sobre la operación A
su vez, Dulce María Sauri Riancho hizo notar que no se está hablando
de unos cuantos metros cuadrados ni de un terreno en el monte, sino de
más de 300 hectáreas en Cancún, la región con mayor dinamismo turístico
del país, por lo que es necesario que las autoridades informen con
claridad sobre esa operación. El
Fonatur tiene mucho qué explicar, insistió, ya que de acuerdo con el
plan maestro de Cancún la zona enajenada era para uso habitacional.
Es muy importante, recalcó Sauri, conocer quiénes son los
inversionistas, los integrantes del consejo de administración de Golf
& Resorts, "no nos vayamos a llevar una sorpresa". Todo
con el beneplácito del presidente Vicente Fox.
(La Jornada, Rosa Elvira Vargas, p. 5). Aquel
día, junto al mar Caribe, una enorme carpa cobijó los sueños
cumplidos de los empresarios de Golf & Resort. Ensalada, salmón y
helado se ofrecieron en elegantes mesas para celebrar, con el
presidente Vicente Fox Quesada como testigo, el sueño realizado de
esa empresa, para hacerse de 377.8 hectáreas sobre las que edificarán
uno de los proyectos de gran turismo más ambiciosos de los últimos años:
Riviera Cancún, "un lugar mágico y diferente". Y
con ellos, el presidente Fox lucía igualmente feliz. Cumplía, así
se los dijo, uno los objetivos que distinguen a su gobierno: conocer,
saber qué busca y sumarse a la inversión privada. Era
el 28 de octubre. El mismo día en que el mandatario, durante esa gira
por Cancún, daba gracias a Dios y al ex presidente Ernesto Zedillo
por la estabilidad que vive el país desde hace una década. Ofrecía
entonces "mi respeto, mis felicitaciones y mi compromiso'' para
los inversionistas de la Riviera Cancún, donde, aseguraba Fox,
"todos debemos estar tranquilos de que aquí se respeta la
naturaleza, de que aquí hay talento y hay capital". Su
dicha era total porque, además de lo anterior, decía Fox, "aquí
habrá muchas fuentes de empleo de la fuerza de trabajo más capaz que
hay a nivel mundial, que es la fuerza de trabajo mexicana". Quedaba
sellado, de ese modo, el respaldo para un proyecto en un medio
"pletórico de biodiversidad, de flora y de fauna" del
Caribe, como lo describió el director del proyecto, Adolfo Fastlicht
Kurian, presidente de Riviera Cancún, quien pasó a describir aquello
que materializará sus sueños: macrolotes de hoteles, residencias,
condominios y tiempos compartidos. Dos
campos de golf de 18 hoyos, proyectados por Jack Nicklaus; una moderna
casa club, "equipada al más alto nivel"; una zona comercial
de altas especificaciones para cafés y restaurantes especializados;
un club hípico "único en su género", clubes de playa,
instalaciones de entrenimiento costero. Todo "en armonía con la
belleza natural de este lugar". PRD:
la SFP debe investigar “la irregular privatización de tierras”.
(La Jornada, Renato Dávalos p.5 ). El
Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) pidió la intervención de la Secretaría de la Función Pública
(SFP), inclusive de la Cámara de Diputados, para investigar la venta
y cesión de terrenos que hizo el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur)
en Quintana Roo, que no es otra cosa que una "irregular
privatización silenciosa de tierras nacionales". Sin
embargo, el comité perredista estableció que no es el primer caso de
un presunto ilícito de esa naturaleza con terrenos nacionales en que
incurre un gobierno. "Lo grave es que ahora una administración
panista haga eco de prácticas que criticó y censuró durante años
en los regímenes priístas." Las
denuncias en ese sentido han sido "históricas", recordó.
Los señalamientos de comunidades y ejidatarios, según el caso, se
hicieron en su momento lo mismo en Baja California Sur que en costas
oaxaqueñas. Con antelación ya se había hecho en territorio
quintanarroense. Aunque
la Secretaría de la Función Pública "no se ha distinguido por
su imparcialidad", tendrá que abrir, al menos, un expediente
para aclarar ese asunto, pues se trata de un delito que tiene que ver
con la soberanía nacional y con recursos públicos federales. Durante
el actual gobierno priísta de Quintana Roo, indicó, ha habido
denuncias numerosas en torno a la Riviera Maya, donde se han instalado
complejos turísticos en terrenos que no fueron comercializados con la
debida claridad jurídica. Igualmente,
añadió el comité perredista, sería conveniente que la Cámara de
Diputados estableciera un grupo de trabajo para abocarse a la
indagatoria del tráfico de terrenos en este y otros expedientes que
para muchos "ya están cerrados, pero no así para el erario público".
Sabemos
que la suerte de esta investigación en la SFP podría ser la misma
que la de otros expedientes del gobierno panista, como los casos
Amigos de Fox y Lotería Nacional, a los que se les ha dado carpetazo.
De
ahí, resumió, que la participación de la Cámara baja sea
indispensable en el esclarecimiento de este nuevo presunto ilícito
del Fonatur.
EL
RETORNO
DEBATE
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CONTROVERSIA
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Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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