|
Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “TRASCENDIÓ”...
SECTOR
AGRARIO CABALGAN
EN APOYO AL PAN...
CONFÍA
LA PGR EN QUE SE DESAFORE A LÓPEZ OBRADOR...
CONFABULADOS,
EMPRESARIOS Y ONG LUCRAN CON LOS RECURSOS FORESTALES...
EXISTEN
SÓLO 20 DEFENSORES PARA INDÍGENAS...
ESTADOS ESTADO
DE MÉXICO PROPONE
EDIL REPARTIR ZONA EN DISPUTA...
GUERRERO ENGAÑOS
E IMPOSICIÓN EN LA PRESA LA PAROTA...
MICHOACÁN PODRÍA
DUPLICAR PADRÓN DE CIUDADANOS EN MICHOACÁN LA REGULARIZACIÓN DE
TENENCIA DE LA TIERRA EN LOS EJIDOS...
“TRASCENDIÓ” Que
el PRI se declaró en estado de alerta por “la mano del gobierno
federal en las elecciones de Veracruz”. En
vísperas de los comicios para renovar la gubernatura, el Congreso
local y las 212 presidencias municipales, estuvo en esa entidad el
secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar. El
funcionario se reunió el fin de semana con Gerardo Buganza, candidato
del PAN al gobierno veracruzano, y con los líderes panistas en el
estado con el propósito, según los priístas, de “afinar la última
fase” de la estrategia electoral. La
preocupación de los tricolores no es gratuita, pues el guerrerense
fue operador electoral del PRI en infinidad de procesos, antes de
renunciar al partido y sumarse al equipo de Vicente Fox. CABALGAN
EN APOYO AL PAN El
PAN designó ayer a 14 funcionarios públicos de Nuevo León como
integrantes del Consejo Plantar, un órgano interno del partido que
delineará estrategias para estrechar su vinculación con las zonas
rurales y combatir los cacicazgos. Durante
un acto en el Municipio de Los Ramones, la instancia panista quedó
conformada por 28 personas, a quienes el líder nacional de Acción
Nacional, Luis Felipe Bravo Mena les tomó protesta para empezar a
trabajar. Entre
los 14 funcionarios públicos que participarán en el órgano albiazul
están los delegados de la CNA, Sedesol, Semarnat, Registro Agrario
Nacional y la Secretaría de la Reforma Agraria. En
el listado también están incluidos los Alcaldes de Linares, Los
Ramones, China, Bustamante, Doctor Coss; el Secretario del
Ayuntamiento de Lampazos, un empleado de Sedesol, un subdelegado de la
Sagarpa y el Diputado local Serafín Parra. El
dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo, justificó la
participación de los funcionarios con el argumento de que ellos
conocen la problemática del campo y que con su experiencia propondrán
la mejor forma de atacar los problemas que existen. "Plantar
no es una organización. Plantar no es la CNC del PAN, no es una más
de las organizaciones corporativistas, clientelares y estragadores de
las gentes del campo; no es una de esas nada más vestida de
azul". CONFÍA
LA PGR EN QUE SE DESAFORE A LÓPEZ OBRADOR Elías
Tenorio, titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra el
Medio Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría
General de la República, declaró que en el caso de El Encino “está
plenamente acreditado el delito y la probable responsabilidad del jefe
de Gobierno del Distrito Federal”. Responsable
de la solicitud de desafuero ante la Sección Instructora de la Cámara
de Diputados, Tenorio aseguró que “está muy claro que hay una
violación a una suspensión definitiva de amparo otorgada a un
particular, para ello se cuenta, dentro de la averiguación previa
correspondiente, con elementos probatorios suficientes, tanto gráficos
(fotografías), como documentales y testimoniales de que la violación
se dio y la probable responsabilidad en la que incurrió el jefe de
gobierno”. Casos
semejantes Hace
unos días, MILENIO publicó un caso similar al del jefe de gobierno
en el que, el propio Ministerio Público Federal, alegando exactamente
lo mismo que hoy alega la defensa del jefe de gobierno, en el sentido
de que al no haber una sanción específica para quien viole una
suspensión de amparo, determinó el no ejercicio de la acción penal. En
aquel caso, el presidente municipal de Jalpan de Serra, Querétaro, se
apropió ilegalmente de un predio propiedad de una particular para
edificar ahí un centro de diversiones, con albercas y toboganes. Como
sucedió en el caso de El Encino, el juez acreditó la violación a la
suspensión otorgada por aquel gobernante y decidió dar vista a la
PGR. No
obstante, después de revisar el caso, la instancia federal determinó
que “al no estar contenido en el artículo 215 del Código Penal
Federal el delito de violación a una suspensión y tampoco la
penalidad exacta que se debía de aplicar, se determinaba el no
ejercicio de la acción penal”. Más
aún: en aquella resolución, el titular de la agencia investigadora
federal dejó en claro que “en este caso no existe delito y mucho
menos delincuente”. “Creo
que aquí es importante precisar que cuando alguien presenta una
denuncia, el Ministerio Público tiene, por principio de cuentas, que
abocarse a la tarea de determinar si se acredita o no el cuerpo del
delito. En el caso de Jalisco y Querétaro no se acreditó y, por
tanto, no se podía ejercer la acción penal. En el caso de El Encino
es totalmente distinto, está acreditado el cuerpo del delito y la
probable responsabilidad”, aseguró. CONFABULADOS,
EMPRESARIOS Y ONG LUCRAN CON LOS RECURSOS FORESTALES El
Programa de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales
(Procymaf), financiado por el Banco Mundial (BM) en comunidades
campesinas de al menos seis estados, promueve el negocio internacional
de certificación de madera y el ingreso del sector privado a las
propiedades comunales de los bosques, ya que 80 por ciento de ellos
está en manos de ejidatarios, y se hace a un lado el desarrollo
social, sostuvo Gian Carlo Delgado Ramos, investigador de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En
un análisis sobre el trabajo del Procymaf, explica que la finalidad
planteada por el BM es mejorar la gestión de los recursos naturales y
la conservación por parte de comunidades y ejidos forestales, así
como incrementar los ingresos económicos generados por la explotación
de los recursos naturales.
Sin
embargo, la primera fase del programa ha estimulado el negocio privado
forestal con esquemas de mercado, ya que México es uno de los países
con mayor extensión de tierra bajo propiedad comunal y ejidal.
Las
reformas al artículo 27 constitucional, donde quedó establecida la
posibilidad de la compra y venta de tierras ejidales, no han extendido
la comercialización de éstas, y por ello la negociación directa con
las comunidades es fundamental y una de las líneas a las que se ha
enfocado el Procymaf.
Indicó
que el "toque verde" lo da el negocio de la certificación
de madera, ya que de esa forma se hacen rentables las ganancias, pues
se trabaja con Forest Stuwardship Council, que tiene su sede en
Oaxaca. Entre los socios de las certificadoras que dan el sello smartwood
a los bosques, cuya explotación se hace bajo parámetros
sustentables, están papeleras y fabricantes de muebles. En México se
estima que hay alrededor de 20 mil hectáreas certificadas.
Mencionó
que los socios minoritarios son las organizaciones no gubernamentales
(ONG), las cuales "enganchan a ejidatarios y comunidades
forestales en un marco de actores privados locales, que negocian los
recursos nacionales con el aval de los primeros y, desde luego, de
funcionarios gubernamentales domésticos".
En
el fondo, lo que hace el Procymaf es lanzar al mercado a productores
con cierta cantidad de tierras y algún grado de organización para la
venta de sus recursos. Además, quienes obtienen el grueso de las
ganancias no son los campesinos, sino los que certifican, procesan y
exportan, señaló Delgado.
EXISTEN
SÓLO 20 DEFENSORES PARA INDÍGENAS El
Poder Judicial de la Federación sólo cuenta con 20 defensores públicos
que hablan y conocen las lenguas de las principales comunidades indígenas
del país. Pero
los 20 abogados que se supone que se encargan de defender a todos los
indígenas del país que no hablan español y que han sido acusados de
un delito federal, no se dedican exclusivamente a esta labor. De
acuerdo con el último informe anual de labores del director del
instituto, el magistrado César Esquinca Muñoa, los 20 abogados son
contratados de manera ocasional, a través de un sistema de pago de
honorarios por cada asunto que atienden. En
el apartado destinado a la "defensa de indígenas", el
magistrado César Esquinca Muñoa recordó que a partir de una reforma
penal que entró en vigor desde el 19 de diciembre de 2002 se
estableció que: "... cuando se trate de personas pertenecientes
a pueblos o comunidades indígenas, deberán ser atendidos por
defensores que tengan pleno conocimiento de su lengua y cultura,
comprendiendo el supuesto de que la designación pudiera recaer en un
defensor público federal". "Con
estos datos agrega se planteó al consejo la posibilidad de incorporar
a 20 licenciados en Derecho que conocen las lenguas y culturas más
importantes, a través de contratación con el sistema de pago de
honorarios por asunto o mediante la liberación de plazas de defensor
público". Servicio social La
intención es que primero realicen su servicio social en la institución,
después su pasantía remunerada con los recursos aportados por los
europeos y el gobierno mexicano, y finalmente se analice la
posibilidad de que ingresen como defensores públicos federales. Piden contratar 73 abogados más Contratar
a 73 abogados que se sumen a la tarea de defender a la población de
escasos recursos que enfrenta juicios penales por delitos federales
puede significar la diferencia entre que los defensores públicos
federales brinden un servicio de buena o de mala calidad. ESTADO
DE MÉXICO PROPONE
EDIL REPARTIR ZONA EN DISPUTA El
alcalde de este municipio, Luis Sánchez Jiménez, presentó una
propuesta para solucionar el problema de límites con Chimalhuacán
para dividirse la zona, asignándole las colonias Los Olivos e Israel
a la segunda comunidad, y que San Agustín se quede dentro de su
jurisdicción. Con
ello, dijo, se solucionaría un conflicto que por décadas ha
prevalecido entre ambos municipios y afecta principalmente a los
habitantes de esta zona por la falta de servicios. Estableció
que han solicitado la intervención del gobierno del Estado de México
y de la Cámara de Diputados local para dar solución al conflicto
territorial que tiene con el municipio de Chimalhuacán por el predio
conocido como San Agustín Atlapulco. Comentó
que incluso se han tenido acercamientos con autoridades estatales, así
como con la administración de Chimalhuacán, pero hasta la fecha no
han llegado a ningún acuerdo sobre la posesión de dicha zona. Ante
ello, apuntó que el cabildo de Nezahualcóyotl tiene la propuesta de
ajustar el límite territorial, de tal manera que la colonia San Agustín
Atlapulco se quede como parte de Nezahualcóyotl y las colonias Los
Olivos e Israel formen parte de Chimalhuacán. ENGAÑOS
E IMPOSICIÓN EN LA PRESA LA PAROTA La
buena noticia: con la llegada del proyecto hidroeléctrico La Parota,
del Plan Puebla-Panamá (PPP), los alcanzó el progreso. La mala: no
será para ellos, pues les van a afectar directamente 14 mil 213 hectáreas.
"La mayor parte son suelos aptos para la agricultura de 20 núcleos
agrarios, y una parte considerable de los terrenos que se usan para
cultivos mediante el sistema de roza, tumba y quema", según
reconoce la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en su Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA).
La
buena noticia: la CFE dice que va pagar la reubicación de 24
poblados, en los cuales habitan más de 3 mil personas,
"garantizando condiciones que sean satisfactorias para los
habitantes", todo "mediante un proceso de planeación
participativa". La mala: comuneros y ejidatarios dicen que
"la tierra no se vende", además de que la paraestatal les
quiere pagar a 70 centavos el metro cuadrado.
La
buena noticia: el gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, dice
que no se hará la hidroeléctrica si hay oposición de los comuneros
y ejidatarios. La mala: metieron en la cárcel a dos de los líderes
de los campesinos opositores, con el argumento del "estado de
derecho", aunque ni Marco Antonio Suástegui ni Francisco Hernández
hayan estado en el lugar de los hechos el día en que supuestamente
privaron ilegalmente de la libertad a un funcionario de CFE.
La
buena noticia: ambos detenidos salieron de prisión -estuvieron
encarcelados 10 días-, ya que la CFE pagó la fianza de 10 mil pesos
después de varias protestas de los campesinos. La mala: siguen bajo
proceso, hay otras cuatro órdenes de aprehensión contra opositores a
La Parota y "la condición para que CFE se desista de las
acusaciones es que levantemos los cuatro plantones que tenemos para
evitar que pase la maquinaria de la CFE" y se permita la entrada
de ésta, según señalaron inconformes.
PODRÍA
DUPLICAR PADRÓN DE CIUDADANOS EN MICHOACÁN LA REGULARIZACIÓN DE
TENENCIA DE LA TIERRA EN LOS EJIDOS Con
la regularización de la tenencia de la tierra en los ejidos se podría
duplicar el padrón de ciudadanos que deberá atender la delegación
estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). De
acuerdo con el titular de la dependencia en el estado, Luis Mejía
Guzmán, dicha situación obligará a la Sedesol a ampliar sus metas
presupuestales para el próximo año, pues indicó que cuando se
entregan resultados positivos en programas como el que aplica la
Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett), también se
espera que la comprensión de los diputados federales para ampliar los
presupuestos de atención social para los beneficiarios. Con
su regularización, obviamente se espera que aumente el padrón en
Michoacán, especialmente por la eficiencia de la Corett en cumplir
las metas programas para la regularización de la tierra en zonas
conurbadas de las cabeceras municipales. El
éxito en la aplicación de los programas de la instancia
descentralizada de la Sedesol como lo es la Corett, también obliga a
replantear la solicitud de recursos ante el Congreso de la Unión, en
razón de cómo se recordará, la regularización en la tenencia de la
tierra se lleva a cabo en todo el país. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
|
