Viernes 30 de mayo de 2003 Las notas que se
reproducen a continuación SECTOR AGRARIO NECESARIO, DESALOJAR A
VARIOS GRUPOS DE MONTES AZULES: PROFEPA ...
VIGILARÁ LA CNC QUE EL ACUERDO PARA EL CAMPO RESPONDA A LA REALIDAD ...
GLOBALIZACIÓN GOLPEA A LAS ZONAS INDÍGENAS ...
ESTADOS CHIAPAS APLICAN LOS GOBIERNOS
FEDERAL Y ESTATAL CONTRAINSURGENTE EN CHIAPAS ...
NO AL DESALOJO DE
MONTES AZULES ...
ADVIERTEN VIOLENCIA EN
MONTES AZULES ...
PROYECTAN REGULARIZAR
SITUACIÓN DE 22 POBLADOS ...
DEMANDAN SOLUCIÓN
VIABLE PARA CONFLICTO ...
ESTADO DE MÉXICO HABRÁ COMICIOS
EXTRAORDINARIOS EN ATENCO, CONFIRMA EL TEPJF ...
MICHOACÁN RESCATAN A COMUNEROS A
PUNTO DE SER LINCHADOS ...
NECESARIO, DESALOJAR A
VARIOS GRUPOS DE MONTES AZULES: PROFEPA Hernán Alfonso León, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas, sostuvo que en Montes Azules hay grupos asentados "que no tienen ningún derecho agrario", por lo cual "deben ser desalojados y atendidos en otros términos, pero no tienen por qué estar presionando a las autoridades". Entre las propuestas emitidas en la llamada mesa ambiental para atender la problemática de Montes Azules -integrada por autoridades estatales y federales-, la Profepa ha sugerido el desalojo inmediato de los núcleos poblacionales asentados en la zona después de que se emitió la resolución presidencial de 1971, que otorga todos los derechos agrarios a la comunidad lacandona. Puntualizó que hay acuerdo entre Profepa y gobierno estatal de respetar los derechos agrarios de los asentamientos consolidados antes de la resolución de 1971. Por su parte, luego de una reunión con autoridades federales de Medio Ambiente y Reforma Agraria, efectuada el miércoles pasado, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía dijo que algunos grupos han manifestado disposición a ser reubicados, "pero esa vía está relacionada con recursos económicos, cuya estimación es de más de mil millones de pesos". Indicó
que ese dinero no necesariamente debe salir del presupuesto, y deben
acudir a la cooperación internacional.
VIGILARÁ LA CNC QUE EL ACUERDO PARA EL CAMPO RESPONDA A LA REALIDAD El presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez López, advirtió que su agrupación no va a permitir que el Acuerdo Nacional para el Campo sea sólo “papel y letra muerta” como tantos compromisos y promesas. Heladio Ramírez López dijo a los cenecistas de Jalisco que el pacto con el Gobierno federal crea condiciones para encarar con seriedad y justicia los numerosos conflictos agrarios que se agudizan en todo el territorio nacional.
Asimismo, ante el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar
Adame, y el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, el
dirigente de la CNC manifestó que es el momento de movilizar a favor
del campo todos los programas de gobierno, a fin de hacer producir la
tierra a través de alianzas estatales y con los ayuntamientos.
GLOBALIZACIÓN
GOLPEA A LAS ZONAS INDÍGENAS La globalización ha impactado los territorios indígenas; en México continúan las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y un hecho evidente es la aprobación de la ley sobre derechos y cultura indígenas sin tomar en cuenta los acuerdos de San Andrés, lo que está trastocando la personalidad jurídica de las comunidades, se expuso en el segundo día de actividades de las Jornadas Latinoamericanas Movimiento Indígena, Resistencia y Proyecto Alternativo. Al
abordar el tema Los movimientos indígenas y los procesos de
globalización económica, Ana Esther Ceceña, catedrática de la
UNAM, advirtió que en el mundo se está construyendo la legalidad
supranacional que rompe con la soberanía de las naciones. Puntualizó
que Estados Unidos está imponiendo la redefinición de las reglas
generales del mundo. CHIAPAS APLICAN LOS GOBIERNOS
FEDERAL Y ESTATAL CONTRAINSURGENTE EN CHIAPAS Onésimo Hidalgo, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), reveló hoy que documentos filtrados a algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) revelan que los gobiernos federal y estatal desarrollan una estrategia contrainsurgente. El plan gubernamental representa "todo un proceso de contrainsurgencia, coordinado y operado por diversas instancias federales y estatales, que coincide con hechos que se están suscitando actualmente en diversas comunidades de la zona con presencia del EZLN y que han sido denunciados por los municipios autónomos". Para el analista, "lo planteado en el desarrollo de la contrainsurgencia coincide con las confrontaciones actuales en diversos lugares de la zona con presencia zapatista". Afirma que las autoridades pretenden provocar choques entre lancandones y bases de apoyo zapatista, para que el gobierno y el Ejército puedan erigirse como los pacificadores, "cuando son los verdaderos responsables de lo que ahí ocurre". Señala
que en el caso de Montes Azules, los funcionarios "tampoco presentan
un alternativa viable y, dada su ilegitimidad, pretenden usar a
organismos no gubernamentales como sus mediadores, cosa errónea y
absurda".
NO AL DESALOJO DE MONTES
AZULES Quince organizaciones civiles y de derechos humanos manifestaron su rechazo a que sean desalojados los poblados asentados en la reserva de la biósfera de Montes Azules. En un comunicado de prensa divulgado esta noche, manifestaron su certeza de que el desalojo que pretenden realizar los gobiernos federal y estatal "no es para restituir las tierras ocupadas a la comunidad lacandona ni para proteger la biodiversidad", sino "para cumplir las exigencias del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y satisfacer a empresas trasnacionales interesadas en explotar" los recursos naturales de la zona. "Cada
día es más claro que los gobiernos federal y estatal coinciden en su
postura de conservación sin los pueblos indígenas, pero sí a favor de
empresas trasnacionales, lo que contraviene el discurso de las
autoridades en cuanto a su política hacia los pueblos indígenas",
agregaron las organizaciones, entre las cuales se encuentra el Centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que preside el obispo
emérito Samuel Ruiz García.
ADVIERTEN VIOLENCIA EN
MONTES AZULES Conservación Internacional advirtió riesgos de violencia y enfrentamientos entre lacandones e invasores de la selva, luego del retorno a la región de un grupo de 27 choles, obligados por la falta de reubicación. El organismo internacional indicó que en los últimos cuatro años los asentamientos irregulares y los incendios provocaron la destrucción de más de 2 mil hectáreas de bosques y selvas. Ignacio March, de Conservación Internacional, acusó a los gobiernos federal y estatal de falta de voluntad política para resolver el conflicto de los 42 poblados irregulares en la región de Montes Azules. Explicó que el retorno de un grupo de choles a la selva, en protesta por la falta de reubicación ofrecida, confirmó la apatía de la Semarnat para resolver el conflicto de tierras. En su último reporte, Conservación Internacional asegura que las invasiones en la Lacandona constituyen violaciones a los derechos humanos de los auténticos propietarios. Significan además un atentado contra el resto de la población, pues se trata de zonas forestales protegidas como patrimonio de la humanidad.
Establece que tanto el gobierno estatal de Pablo Salazar como el
federal se resisten a restablecer el estado de derecho en la selva,
por el temor de las implicaciones políticas.
PROYECTAN
REGULARIZAR SITUACIÓN DE 22 POBLADOS Los mil millones de pesos requeridos para atender la problemática de Montes Azules se destinarían a regularizar los 22 poblados asentados en la biósfera desde hace más de 30 años y a proyectos productivos y ecoturísticos, informó el director del Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE), Pablo Muench Navarro. Al primer programa (regularizar tierras, indemnizar a afectados y comprar predios para legalizar a 22 núcleos poblacionales que ocupan unas 30 mil hectáreas dentro y fuera de esa reserva) se planea canalizar 500 millones, explicó. Este programa iniciará la próxima semana, como parte de la primera reunión entre funcionarios del gobierno del estado y habitantes de comunidades de las zonas norte y sur de esa área, dijo Muench Navarro. Desde hace dos años, a través del Registro Agrario Nacional, el gobierno estatal revisa los casos de los 22 núcleos, para conocer con exactitud el número de hectáreas que ocupan, familias y lugar donde están asentados, dijo.
Informó que el gobierno del estado gestiona ante la Unión Europea y el
Fondo de Población de la ONU, 15 millones de euros para fortalecer los
programas de desarrollo en las comunidades que se queden dentro de la
reserva y las que decidan su reubicación.
DEMANDAN SOLUCIÓN
VIABLE PARA CONFLICTO El director ejecutivo del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Lorenzo Rosenzweig, consideró que no se debe supeditar la conservación de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, en la Selva Lacandona, al ambicioso programa de desarrollo rural regional que se propone emprender el Gobierno de Chiapas. "El monto de recursos enfocados a resolver Montes Azules puede ser del orden de 150 ó 200 millones de pesos. El orden de magnitud para un programa de desarrollo regional sería de miles de millones de pesos", agregó. Subrayó que Montes Azules debe ser conservado como un patrimonio natural estratégico para México y el mundo y no debe concebirse como el espacio donde se pueda resolver la pobreza de los campesinos que llegan ahí a asentarse. En un documento en el que planteó su postura sobre las invasiones en Montes Azules, el ingeniero bioquímico señaló que la tolerancia gubernamental hacia los asentamientos irregulares ha estimulado un mayor flujo de invasiones en la reserva. Y éstos nuevos poblados, dijo, sólo reproducen la pobreza a costa de la destrucción del patrimonio natural.
Criticó también que la Mesa Agrario-Ambiental, instalada en 1999 por
los gobiernos estatal y el federal para analizar y solucionar cada
invasión, "se fue politizando y hoy día su utilidad es limitada con
tiempos de respuesta muy largos".
URGEN FRENAR INVASIONES Para poner fin a la problemática en Montes Azules, Chiapas, las autoridades federales y estatales deben evitar que sigan llegando nuevas familias a invadir la selva, consideró Ernesto Enkerlin, titular de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas. Pese a la destrucción que ocasionaron algunas familias que entraron a la selva hace más de una década, destacó, la mayoría se ha sedentarizado y ya han aprendido a explotar los recursos de manera sustentable. Según
estimaciones de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, en
los últimos cinco años fueron afectadas alrededor de 3 mil hectáreas,
pero en los dos años pasados sólo se dañaron 200 hectáreas y no se
registraron pérdidas significativas de especies prioritarias.
HABRÁ COMICIOS
EXTRAORDINARIOS EN ATENCO, CONFIRMA EL TEPJF El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la realización de comicios extraordinarios en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, para elegir nuevas autoridades municipales. Sin embargo, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), María Luisa Farrera Paniagua, señaló que por cuestiones operativas estos comicios no podrán realizarse el 6 de julio entrante, como pretendía el Congreso local. Marchan atenquenses Los campesinos de San Salvador Atenco, integrados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), acusaron al IEEM de ser instrumento del gobierno mexiquense con el que se pretende generar un clima de división entre los habitantes del municipio, tras la ratificación del instituto de que habrá elecciones extraordinarias aún con el conflicto que se vive. Este
jueves, los ejidatarios marcharon del Zócalo capitalino hacia Los
Pinos, junto con los profesores de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación, para advertir que mientras los gobiernos
federal y mexiquense no muestren disposición de reanudar el diálogo y
se les cancelen los procesos penales y las órdenes de aprehensión para
garantizar su libertad plena, no permitirán la realización de
elecciones federales y locales y no entregarán el palacio municipal y
los vehículos en su poder. RESCATAN A COMUNEROS A
PUNTO DE SER LINCHADOS Por haber denunciado la tala clandestina, el comisario y el secretario de bienes comunales de El Chaparro, Raymundo Marín Pérez y Atilano Moreno Rosales, respectivamente, estuvieron a punto de ser linchados por unos 70 comuneros del ejido de San Bartolo Cuitareo, de la región de Ciudad Hidalgo, pero policías municipales los rescataron. Para consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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