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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN
“SAN LUNES” ...
“COMENTARIOS” ...
SECTOR AGRARIO LA SRA: LA RECUPERACIÓN
DEL CAMPO, EN 45 AÑOS ...
ALARMA CONFLICTO EN AGRO ...
OPTAN COLONOS POR
VIOLENCIA ...
SECTOR AGROPECUARIO
EXPLOTAN EN EL CAMPO A 5 MILLONES DE MENORES ...
AGRUPACIONES CAMPESINAS TEMEN CAMPESINOS QUE EL
GOBIERNO NO PAGUE RECURSOS DEL ACUERDO AGRARIO ...
ESTADOS CHIAPAS AMENAZA VIOLENCIA EN
MONTES AZULES ...
AMENAZAN LACANDONES CON
RECUPERAR SU SELVA ...
PRESIONAN A BASES DEL
EZLN PARA QUE ACEPTEN OBRA VIAL ...
ESTADO DE MÉXICO REFUERZAN CAMPESINOS DE
ATENCO VIGILANCIA EN PREDIOS ...
OAXACA
CRECE EN OAXACA PELEA POR LA TIERRA ...
TEMEN OTRA AGRESIÓN EN XOCHILTEPEC ...
“SAN LUNES” El
titular de la Procuraduría Agraria, Isaías Rivera Rodríguez, informó
que existen más de 20 mil juicios, de los cuales 90% son por
conflictos de derechos agrarios individuales y sólo en 10% están
involucrados núcleos colectivos...
“COMENTARIOS” Rompen diálogo De
nueva cuenta se ve entorpecido el diálogo entre los integrantes del
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco,
autoridades estatales y federales, por lo que persiste la amenaza de
que no se lleven a cabo las elecciones del 6 de julio, ni tampoco las
extraordinarias para elegir el nuevo Ayuntamiento que deberá entrar en
funciones a partir del 18 de agosto. LA SRA: LA RECUPERACIÓN
DEL CAMPO, EN 45 AÑOS Es de tal magnitud el atraso en el campo que tendrán que pasar al menos tres generaciones; es decir, entre 30 y 45 años, para lograr un verdadero cambio en él, advierte Florencio Salazar Adame, secretario de la Reforma Agraria. Hasta la década de los 50, el campo pudo crecer y desarrollarse, dice, pero luego se privilegió la urbanización y la industrialización a costa del campo. "El país se modernizó, sí, pero se olvidó que también los campesinos requerían de alternativas para desarrollarse. Y las consecuencias están a la vista: un campo pulverizado (25 millones de productores tienen parcelas de apenas dos a cinco hectáreas); altos grados de marginación, incapacidad del campo para dar oportunidades a quienes viven de él; fuertes corrientes migratorias, envejecimiento de usuarios y poseedores de la tierra; jóvenes sin expectativas en el medio rural; mayor participación de mujeres, toda vez que los varones abandonan las comunidades, y una situación crítica de los indígenas, que son los más pobres de los pobres del país". Salazar Adame, admite que a diez años de distancia de las reformas constitucionales promovidas por el gobierno de Carlos Salinas, el campesinado no se ha podido asociar con el sector privado, ni han llegado al agro todos los beneficios anunciados, como tecnología y financiamiento. La razón: no ha habido inversión porque a nadie le interesa hacer cultivos o asociarse con quien sólo tiene dos o tres hectáreas. Y también por cuestiones culturales: los campesinos, al no tener una vida futura aparte de poseer y cultivar la tierra, tienen a ésta como su principal identidad y patrimonio, por lo que es difícil que se desprendan de ella. La pobreza en el campo, dice, lleva a otro problema que está tomando dimensiones de desastre: la deforestación. Cada año se pierden, por esa causa, miles de hectáreas. Salazar Adame asumió el cargo de secretario de la Reforma Agraria el 4 de abril pasado. Desde entonces, su principal tarea a ella lo urgió el presidente Fox, dice ha sido poner fin a los 14 conflictos agrarios de más alto riesgo en el país: Cuatro en Chiapas; cinco en Oaxaca, uno en Michoacán, otro en Sonora, dos en Jalisco (en sus límites con Nayarit y Zacatecas) y otro más en Durango (límites con Zacatecas). Salazar Adame acepta que para cumplir con la encomienda presidencial de acabar con los conflictos por tierras, se ha recurrido a la labor de los organismos de inteligencia, incluido el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); pero sobre todo, de información interna de la propia dependencia a su cargo. Con esa información y 213 millones de pesos destinados al pago de tierras para las partes en conflicto, esos focos de potencial violencia extrema tendrán que estar resueltos este mismo año. Violencia latente Explica la urgencia que hay por acabar con esos conflictos: "Si abandonamos a estos campesinos y los desatendemos, puede haber más problemas de violencia. Digamos que hay un ciclo que es evidente: la falta de oportunidades lleva a la pobreza; de la pobreza se pasa a la marginación y ésta se convierte en inconformidades que pueden tornarse en situaciones de violencia social. Y si ese círculo se cierra, se afloja el tejido social y luego surgen conflictos de diversa índole: desde movimientos subversivos, hasta conflictos intercomunitarios y confrontaciones entre campesinos, sean ejidatarios, comuneros o incluso pequeños propietarios". Salazar Adame sostiene que para impedir que eso suceda "se ha tomado la decisión de ubicar muy bien los llamados `focos rojos` del país para darles una atención especializada de manera permanente, superar los procesos burocráticos con el fin de evitar que la gente se vea tentada a hacerse justicia por su propia mano". Campesinos armados e ilegalidad El funcionario reconoce que estas zonas no están exentas de intereses de todo tipo e, incluso, de actividades ilícitas que tendrían alguna relación con los ataques armados que llegan a darse en muchos de esos sitios. En referencia a los 90 días para resolver los conflictos agrarios, Salazar Adme afirmó que se aspira a que antes de que termine el año, estén resueltos todos. El viernes último quedaron conformados los 14 grupos de trabajo que atenderán cada uno de los llamados "focos rojos". Y permanecerán en los sitios hasta que los resuelvan. Florencio Salazar refiere que una vez superada la etapa del conflicto, deben involucrarse inmediatamente las secretarías de Agricultura y la de Desarrollo Social para promover actividades productivas y establecer paralelamente el programa de Microrregiones (que promueve la implantación de servicios básicos, educativos y de salud) para que la gente aproveche adecuadamente sus tierras, las vuelva productivas y tenga mejores ingresos. El nuevo campo mexicano La gran apuesta del gobierno –indica-, es rescatar a un campo mexicano sobrepoblado, pulverizado (con 25 millones de productores en pobreza extrema que difícilmente pueden insertarse en el mercado, pues no cuentan más que con dos o tres hectáreas de cultivos de sobrevivencia); problemas de aridez, sequía, y carencia de financiamientos. Para lograr el objetivo, se plantea en primer término promover una compactación de tierras para atraer el interés de los capitalistas privados, nacionales y extranjeros; promover mecanismos de financiamiento, capacitar a los campesinos para que aprendan a organizarse, asociarse y a hacerse más responsables de sus decisiones, y atraer a ejidatarios más jóvenes. Sobre
el futuro de la SRA, apunta su desaparición, pero lo dice de manera
elíptica: como se acabó el reparto agrario "no tiene razón de seguir
siendo Secretaría de la Reforma Agraria, pero deben prevalecer algunos
instrumentos institucionales que sigan atendiendo los conflictos
agrarios, que mantengan la relación con las organizaciones campesinas
y le den continuidad a los programas de certeza jurídica”.
ALARMA CONFLICTO EN AGRO La Secretaría de la Reforma Agraria identificó 14 "focos rojos" entre los conflictos agrarios que prevalecen en el país, mismos que proyecta resolver a lo largo de este año para evitar enfrentamientos violentos entre diversas comunidades. Catalogados como "asuntos de trascendencia de alto riesgo", los conflictos están ubicados en los estados de Chiapas, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Durango, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Sonora. La Secretaría, encabezada por Florencio Salazar Adame, conformará equipos de negociación especializada y permanente, que acudirán a cada punto para propiciar la conciliación y dirigir la negociación entre las partes confrontadas. Salazar Adame señaló que la solución de problemas agrarios por la vía de la negociación, es además un compromiso del Acuerdo Nacional para el Campo. En Chiapas, la disputa por la tierra se centra en cuatro regiones y comunidades: Venustiano Carranza, Nicolás Ruiz y Zona Lacandona, además San Pedro Chenalhó y San Pablo Calchihuitán. En Jalisco, la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, Mezquitic, está enfrentada con los posesionarios de Puente de Camotlán, Nayarit. También hay conflicto entre San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco, y El Refugio, Valparaíso, Zacatecas. Otro "foco rojo" que en los últimos meses se agravó, pero que ya fue resuelto hace 10 días, es el de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, Mezquital, Durango, y Bernalejo de la Sierra, Valparaíso, Zacatecas. Información de la Secretaría destaca que en Michoacán hay un permanente conflicto entre los indígenas de la Meseta Purépecha, mientras que en Sonora la disputa de tierras se centra en la comunidad Yaqui. Oaxaca concentra diversos conflictos por tierras: Santo Domingo Teojomulco y Santiago Xochiltepec; San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán; San Juan Lalana y pequeños propietarios de Playa Vicente, Veracruz; Santa María Chimalapa contra la colonia agrícola Cuauhtémoc, del municipio de Matías Romero y, finalmente, comunidades Chimalapas y poblados del noroeste de Cintalapa, Chiapas. Para la solución inmediata de estos conflictos agrarios, la dependencia cuenta con un presupuesto de 449 millones de pesos, más otros 136 millones que para tal fin Hacienda transfirió de la Secretaría de Gobernación. Estos recursos, que suman 585 millones de pesos, tendrán un incremento de 300 millones de pesos más, como una partida extra convenida en el Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito el 28 de abril pasado. El funcionario manifestó que los grupos tendrán un coordinador con capacidad de negociación, que pueda tomar decisiones en el lugar de los hechos, que conozca el origen y el desarrollo del problema, y que sepa además de las costumbres y la tradición de las comunidades indígenas. Casos prioritarios La atención especializada y permanente del conflicto Bernalejo, en Zacatecas, ya dio resultados. El pasado 16 de mayo, la mayoría de los ejidatarios acordaron firmar un convenio-finiquito para acabar con la disputa de tierras con tepehuanos de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle, municipio de Mezquital, Durango. En ese documento, los ejidatarios aceptan el pago indemnizatorio de 5 mil 465 hectáreas por 51 millones de pesos, mismas que reclamaban los indígenas. Una vez concluido el conflicto agrario en Bernalejo, el siguiente "foco rojo" a resolver por el Gobierno federal es el de los Chimalapas. Se
espera que, si progresan las negociaciones, en los próximos días se dé
la firma del acuerdo entre los comuneros de Santa María Chimalapa y
los pobladores de la colonia agrícola Cuauhtémoc, luego de 46 años de
disputas por la posesión de 13 mil hectáreas.
OPTAN COLONOS POR VIOLENCIA La asamblea celebrada ayer domingo en la colonia Cuauhtémoc acordó retirar las garantías de libre tránsito a los habitantes del poblado de Chalchijapa, ubicado en la zona del conflicto, e impedir el acceso de las corporaciones policiales a esa zona. La asamblea, en la que algunos pidieron la renuncia de los integrantes del consejo de administración "porque aparentemente no hacen mucho para desalojar a los comuneros", acordó que ningún representante de ese órgano de gobierno asista a la reunión programada para este lunes en la capital oaxaqueña, donde representantes de colonos y de indígenas chimalapas fueron citados para analizar, con funcionarios estatales y federales del sector agrario, la solución definitiva del conflicto derivado de la disputa de 13 mil hectáreas. Los colonos, que dijeron estar molestos porque los chimalapas rompieron un pacto de civilidad al ingresar a la zona en disputa para continuar el brecheo, también reiteraron su rechazo a una propuesta de la Secretaría de la Reforma Agraria de comprar las 13 mil hectáreas en disputa y convertirlas en una reserva ecológica. "La
colonia Cuauhtémoc no está en venta", reiteraron.
EXPLOTAN EN EL CAMPO A 5 MILLONES DE MENORES La Cámara de Diputados reveló que al menos 5 millones de niños y niñas, principalmente indígenas, trabajan en el sector agrícola mexicano, la mayoría de las veces en condiciones de explotación extrema. Informes de la Comisión de Desarrollo Rural apuntan que los menores son empleados sobre todo por las grandes empresas agrícolas del ramo exportador en los estados de Guanajuato, Sinaloa, Sonora y Baja California, y perciben salarios por debajo de lo que se paga a un adulto. El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Alfonso Elías Cardona (PRD), dijo que más de la mitad de esos menores forman parte de la mano de obra de las parcelas familiares, quienes contribuyen sólo a subsistir en situación de pobreza extrema. Empero, el legislador agregó que al menos 2 millones más son trabajadores migrantes sometidos a jornadas de más de ocho horas de labores, contratados en paquete, junto con sus padres y hermanos mayores. Secuelas físicas y mentales En entrevista, el diputado refirió que los menores "están expuestos a plaguicidas, fertilizantes y jornadas agotadoras que los excluye de la escuela y les ocasiona secuelas físicas y mentales graves por su alta desnutrición". Muchos
de estos niños, dijo, laboran desde que empiezan prácticamente a
caminar en sus parcelas familiares e incluso en las zonas más pobres
del sureste mexicano en cultivos como el café. TEMEN CAMPESINOS QUE EL
GOBIERNO NO PAGUE RECURSOS DEL ACUERDO AGRARIO Dirigentes de organizaciones campesinas expresaron incertidumbre de que el gobierno cumpla con hacer la distribución de los 2 mil 800 millones de pesos de presupuesto para el sector a partir del próximo mes. En los últimos días, técnicos y dirigentes del Congreso Agrario Permanente, Barzón y el movimiento El campo no aguanta más aceleraron los trabajos de elaboración de los reglamentos de 47 programas sociales, agrarios y mercados y comercialización, financiamiento e infraestructura rural. Casi 10 millones de campesinos tienen un ingreso, en promedio, de 8.30 pesos diarios para satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido y vivienda. Su competitividad económica y tecnológica no puede compararse con la de los socios comerciales de Norteamérica y Europa. El
reclamo campesino consiste en rechazar una política rural centrada en
la caridad o en la atención exclusiva de sus necesidades prioritarias,
y busca el impulso de acciones que contemplen la agricultura como
actividad económica y social, aclaró Heladio Ramírez López, presidente
de la Confederación Nacional Campesina. CHIAPAS AMENAZA VIOLENCIA EN
MONTES AZULES La Reserva de la Biosfera de Montes Azules, en Chiapas, tiene riesgo "inminente" de violencia entre las comunidades que la habitan. Así se advirtió desde principios de este año al Presidente de la República, Vicente Fox, y al Gobernador chiapaneco, Pablo Salazar, conforme un diagnóstico de autoridades ecológicas federales. Pero lo que hay es parálisis. Apenas en tres años del actual Gobierno federal, han crecido 10 nuevos asentamientos irregulares que amenazan a la etnia lacandona, propietaria legal de las tierras. "Existe un riesgo inminente de violencia intercomunitaria, por la intención de la comunidad lacandona de hacer justicia por propia mano, y un escalamiento del conflicto con participación de grupos armados con intereses ajenos a los problemas agrarios y ambientales", señala el diagnóstico sobre la reserva de la Biosfera de Montes Azules. En un recorrido por la zona, es evidente la destrucción del área debido a las invasiones, los incendios forestales, la introducción de ganado, la siembra de milpas, la extracción de madera, el crecimiento demográfico y la presión de las comunidades establecidas legalmente, que ganan terreno dentro de la reserva. En el documento federal que conocen distintas autoridades federales y estatales, se advierte que la falta de acción ante el problema no sólo propiciaría mayores invasiones, sino que se perdería también la selva tropical húmeda con más diversidad biológica que hay en México y en América de Norte, con sus especies de plantas y animales. Los
Gobiernos federal y estatal reconocen 42 poblados establecidos
ilegalmente en esta área natural protegida, de 331 mil hectáreas,
localizada dentro de la selva lacandona, aunque, según las cuentas de
la comunidad lacandona, son 106 ejidos.
AMENAZAN
LACANDONES CON RECUPERAR SU SELVA Con sus rifles en la mano, un par de marinos hacen guardia nocturna a la entrada de su campamento temporal, a orillas del río Lacantún, lugar preferido por cocodrilos y tapires. En la otra orilla, bajo el concierto de monos aulladores y de insectos, seis jóvenes lacandones se preparan para el que será, al siguiente día, su primer patrullaje por los parajes invadidos de la Reserva Montes Azules. Los ocho jóvenes comparten una sola misión: evitar las invasiones que, al día de hoy, se pueden ver en más de 40 poblados establecidos ilegalmente. Ser "guarda" de esta selva tropical húmeda, no será la única misión de estos indígenas en los próximos 45 días. De su comunidad traen otra encomienda: "Ver a los invasores, investigar cuántos son y cómo se pueden sacar", confía el lacandón Eugenio Chankayum. Su tarea no se ve fácil. En 1978, el Presidente José López Portillo decretó la creación de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, precisamente sobre el 70 por ciento de las tierras que, un sexenio atrás, la Comunidad Lacandona había recibido. Desde entonces, la reserva se convirtió en zona de conflicto. La estrategia: repartirse la tierra El enojo de la Comunidad Lacandona se palpa en las asambleas comunales. En el acta de la asamblea del 25 de abril, celebrada en Frontera Corazal, se menciona que la estrategia a seguir para recuperar la reserva, será enviar a los hijos por delante para "fraccionar" de una vez por todas Montes Azules. La tarea de desalojar a los invasores y "fraccionar" la reserva, no será pacífica. El
líder lacandón Sansores reconoce que puede culminar violentamente,
según experiencias que ha vivido cuando ha tratado de supervisar las
áreas invadidas.
PRESIONAN A BASES DEL EZLN PARA QUE ACEPTEN OBRA VIAL Bases de apoyo del EZLN sacaron de tierras del municipio autónomo 1° de enero maquinaria con la que el gobierno pretende abrir un camino, y condujeron el pesado vehículo a la ciudad de Ocosingo. El
camino, según tiene proyectado el gobierno, iría del paraje El Naranjo
2 (en tierra "recuperada" después de 1994) al ejido Nazareth, el cual
ya cuenta con una vía de acceso desde Cuxuljá, todo esto en el
municipio oficial de Ocosingo. Pobladores del municipio rebelde
Primero de Enero aseguraron hoy que no permitirán que se lleve a cabo
la obra. REFUERZAN CAMPESINOS DE
ATENCO VIGILANCIA EN PREDIOS Debido a que en tres ocasiones integrantes de la Confederación Agrarista Mexicana (CAM) han pretendido invadir el predio La Oreja, en el ex lago de Texcoco, colindante con los ejidos del municipio de San Salvador Atenco, campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) reforzaron la vigilancia en tierras de su propiedad, para evitar alguna ocupación ilegal. A su
vez, David Pájaro, dirigente del FPDT, señaló que sus compañeros han
detectado "marcas" para notificación urbana en los ejidos Ixtapan y
Nexquipayac, por lo que consideraron en riesgo de ser invadidas más de
mil 400 hectáreas del primero y 800 del segundo por parte de
integrantes del CAM.
CRECE EN OAXACA PELEA POR LA TIERRA La pugna por la tierra en Oaxaca, que las autoridades del estado traducen en un total de 380 conflictos entre diferentes comunidades, ha dejado 48 personas muertas en los últimos cinco años. Para el Gobernador José Murat, el problema agrario -que igual prende focos rojos en la zona de La Cañada, La Costa, El Istmo, La Mixteca, la Sierra Mixe y la Sierra Sur, que en el Papaloapan y los Valles Centrales- podría resolverse con una inversión federal de 3 mil millones de pesos. Para el Secretario General de Gobierno, Héctor Mafud, la pelea por la tierra es el pan de cada día en el estado. El funcionario afirma que a la semana atiende por lo menos tres casos en mesas de conciliación, y que el problema puede "quebrar" en cualquier momento la gobernabilidad del estado. Hace casi un año, el País recordó la existencia de este problema en Oaxaca, y que en algunos casos tiene hasta 200 años de antigüedad: El 31 de mayo, 27 campesinos fueron acribillados durante una emboscada en el paraje Agua Fría, municipio de Santiago Textitlán. Urgencia nacional El problema agrario constituye una de las principales prioridades del estado, según el Gobernador José Murat, aunque asegura que constitucionalmente estos asuntos competen a las autoridades federales. De hecho, afirma que la administración foxista tendría que aportar 3 mil millones de pesos para dar una solución integral al problema.
Detalla que estos montos servirían para la compra de tierras, y
prestaciones para las comunidades que las ceden, como escuelas,
tractores, proyectos productivos, indemnizaciones, clínicas y caminos.
TEMEN OTRA AGRESIÓN EN
XOCHILTEPEC A una semana de cumplirse un año de la masacre de 26 indígenas de esta comunidad, las autoridades estatales reforzaron las medidas de seguridad, pues de acuerdo con pobladores del lugar, existe el temor de una nueva agresión. El próximo 31 de mayo se cumple el primer aniversario del enfrentamiento entre pobladores de Xochiltepec y Santo Domingo Teojomulco, que derivó en la muerte de 26 habitantes de la primera comunidad. Durante un recorrido por este lugar, enclavado en la sierra sur de Oaxaca, se pudo constatar que existe preocupación entre sus habitantes.
Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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