Miércoles 25 de junio de 2003


 Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes medios:
La Jornada • Reforma • El Universal
Milenio Diario • El Financiero • El Economista
El Heraldo de México • El Independiente • Excélsior
El Financiero • Unomásuno • El Día


OPINIÓN 

TEMPLO MAYOR ...  ver nota completa....  


VIDA NACIONAL ...  ver nota completa....  


SECTOR AGRARIO

INDÍGENAS TOMAN UNA COMUNIDAD DE MICHOACÁN ...  ver nota completa....  


GRUPOS LIGADOS A CACIQUES PRETENDEN DAÑAR EL DESARROLLO DE OAXACA: MURAT ...  ver nota completa....  


RECHAZAN QUE BERNALEJO SE CONVIERTA EN RESERVA ...  ver nota completa....  


LA CONAFOR, RESPONSABLE DEL CONFLICTO EN LOS CHIMALAPAS: PVEM ...  ver nota completa....  


ESTADOS

CHIAPAS

SUSPENDE LA CRUZ ROJA LA AYUDA A DESPLAZADOS POR VIOLENCIA EN CHIAPAS ...  ver nota completa....  


ESTADO DE MÉXICO 

ATENQUENSES INSISTEN EN BOICOTEAR LAS ELECCIONES ...  ver nota completa....  


HIDALGO 

CAMPESINOS CIERRAN LA MÉXICO-LAREDO ...  ver nota completa....  


MICHOACÁN 

DESMONTAN PREDIO EN LITIGO ...  ver nota completa....  


MORELOS 

ESTANCADO, CONFLICTO AGRARIO DE SORIANA Y COMUNEROS DE OCOTEPEC ...  ver nota completa....  




OPINIÓN 

TEMPLO MAYOR
F. Bartolomé, Reforma, página 22

FINALMENTE, el activista ambiental Luis Bustamante Valencia logró hacer contacto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde el lugar donde se encuentra escondido.

ANTE LA AMENAZA legal que existe en contra de Bustamante de parte del gobernador José Murat, el ombudsman José Luis Soberanes tomó providencias e incluso despachó a un par de visitadores a la región de Los Chimalapas que es donde está la cuna del problema.

SIN EMBARGO, los enviados de la CNDH están enfrentado condiciones difíciles dada la tensión que se registra en la zona, donde una chispa política podría provocar un incendio social.


VIDA NACIONAL
Ángel Soriano, Excélsior, página 21

El delegado de la SRA en Guerrero, Jorge Carvajal García, rechazó las acusaciones del gobierno de San Luis Potosí, en el sentido de que esa dependencia es la causante de los problemas agrarios en la huasteca potosina, e indicó que una comisión enviada directamente de la ciudad de México, mediará en el problema que enfrenta el Movimiento Huasteco Democrático...


SECTOR AGRARIO

INDÍGENAS TOMAN UNA COMUNIDAD DE MICHOACÁN
Francisco García, Milenio Diario, página 20

Un clima de tensión persiste en la región Sierra-Costa del estado de Michoacán, donde aproximadamente dos mil indígenas nahuas armados con machetes mantienen ocupada la comunidad de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, en demanda de que les restituyan 800 hectáreas que presuntamente les arrebataron pequeños propietarios, pese a que aquellos gozan de un decreto presidencial que los protege.

José María Garibay Navarro, director de Organización Agraria del gobierno estatal, reveló que la crisis en la citada localidad se agudizó el pasado 17 de junio, y cuatro días después unos 400 comuneros rodearon, con sus utensilios de trabajo en la mano, a una comisión oficial que fue en busca de una solución al diferendo.

Explicó que el martes antepasado, el alcalde de Aquila, Martín Santos Luna, se comunicó por teléfono con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel para expresarle su preocupación porque los indígenas armados pretendían tomar por la fuerza unas 800 de 19 mil 32 hectáreas que les pertenecen, pero que al parecer ya les fueron invadidas por un grupo de 27 pequeños propietarios.

Ante ello, desde las siete de la noche del viernes hasta las dos de la madrugada del sábado pasado hubo una reunión conciliatoria entre funcionarios del gobierno estatal, la Procuraduría Federal(sic) Agraria y los indígenas nahuas, y tras de un receso volvieron a dialogar de las 12 del día a las cinco de la tarde, en un ambiente de zozobra porque los comuneros llegaron armados con machetes.

Fue hasta el domingo cuando en la localidad El Duín se acordó integrar una comisión conformada por autoridades estatales y federales y 48 labriegos, la cual sesionará el próximo lunes en la alcaldía de Aquila para buscar una salida definitiva al problema. A tal encuentro acudirá asimismo una representación de los 27 parvifundistas acusados de despojo.

Versiones extraoficiales señalan que si no obtienen la restitución de las 800 hectáreas, la comunidad de Santa María Ostula buscará separarse de Aquila y crear un territorio autónomo, independientemente de que seguirán su lucha por la recuperación de las tierras que supuestamente les dotó un decreto presidencial.


GRUPOS LIGADOS A CACIQUES PRETENDEN DAÑAR EL DESARROLLO DE OAXACA: MURAT
Rosa Rojas, La Jornada, página 15

El gobernador José Murat Casab negó enfáticamente que sea un represor, como han denunciado varias organizaciones indígenas y sindicales. En entrevista, al preguntarle sobre sus declaraciones acerca de la existencia de agrupamientos que buscan desestabilizar la entidad, afirmó que hay "grupos con interés político, eventualmente con intereses económicos", que tienen que ver con los "cacicazgos económicos o políticos del pueblo" que buscan hacer daño al desarrollo estatal.

Acerca de su crítica a la responsable de la Oficina de la Presidencia para el Desarrollo de los Pueblos Indios, Xóchitl Gálvez, de que otorgó un millón y medio de pesos a la Coordinadora de Defensa Ciudadana (Codeci), organización que ha creado problemas al gobierno estatal con sus movilizaciones, a la cual Gálvez respondió que seguramente habían "mal informado" al gobernador, porque ella "no financia desestabilizadores", sino que entregó esa cantidad al Fondo Regional de la Chinantla, y que si había alguna irregularidad que la denunciara ante la Contraloría.

Al comentarle que en el conflicto en los Chimalapas los indígenas zoques de Santa María aseguran que hay un grupo con armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército y preguntarle a quién corresponde actuar, Murat respondió que el caso compete al gobierno federal, e informó que durante cuatro años ha solicitado la intervención de la Policía Federal Preventiva y del Ejército para emprender una campaña de despistolización en los Chimalapas. Dijo también que por séptima ocasión ha solicitado una mesa de negociación que propicie el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y convoque a los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, a los titulares de las secretarías de la Reforma Agraria y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para encontrar solución estructural, no coyuntural, tanto al conflicto de Santa María con la colonia Cuauhtémoc como al agrario y al de límites.


RECHAZAN QUE BERNALEJO SE CONVIERTA EN RESERVA
Mónica Hernández, El Universal, página 25
Información también publicada en El Economista, página 44, Unomásuno, página 3 y El Día, página 4

El gobernador de Durango, Ángel Sergio Guerrero Mier, rechazó que Bernalejo pueda convertirse en área natural protegida, "quien sostiene eso no conoce a fondo el problema suscitado".

Al responder sobre las declaraciones hechas por el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger, al respecto, el mandatario estatal sostuvo que el pasado viernes se reunió con el secretario de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, quien le dio a conocer que "para la entrega de tierras a indígenas tepehuanos, sólo falta que el acuerdo de la indemnización lo integre el Tribunal Agrario, a fin de darle cumplimiento al aspecto legal".

Insistió en que en cuanto se dé el resolutivo del Tribunal Agrario, el asunto estará finiquitado.

Guerrero Mier estableció que si bien Florencio Salazar Adame no le mencionó un plazo para hacer entrega de las 5 mil 465 hectáreas del ejido Bernalejo de la Sierra a los indígenas de Santa María de Ocotán y Xoconostle, esto podría darse en un plazo de dos meses.

El ejido de Bernalejo, ubicado en el municipio zacatecano de Valparaíso, estaba en pugna entre ejidatarios de Zacatecas y tepehuanos de Durango.

El predio consta de 5 mil 465 hectáreas y, hoy en día, sus dos comunidades son "pueblos fantasmas" luego de que el 10 de marzo pasado los indígenas expulsaran a los ejidatarios.


LA CONAFOR, RESPONSABLE DEL CONFLICTO EN LOS CHIMALAPAS: PVEM
Felipe Sánchez, Excélsior, página 21

Los responsables directos del conflicto en Los Chimalapas son la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), pues el año pasado se asignaron a dichas instancias 15 y 35 millones de pesos, respectivamente, para que dieran fin al conflicto territorial entre la colonia Cuahtémoc y Los Chimalapas, pero no lo hicieron, señaló en la ciudad de Oaxaca, el coordinador de la bancada del PVEM en la Cámara Baja, Bernardo de la Garza,

El legislador argumentó que “resulta vergonzoso que en lo que va del año aún no se sepa el destino que tuvieron esos recursos”, lo más grave es que ni la anterior titular de la SRA, María Teresa Herrera, ni su sustituto, Florencio Salazar Adame, tenían conocimiento de la existencia de esta partida de 50 millones de pesos.

Sin embargo, Teresa Herrera prometió investigar en dónde quedó este dinero, no obstante, se fue (de la SRA) sin dar respuesta a esto y a la fecha Salazar Adame no ha sido capaz de concluir con la investigación, por lo que “cabría cualquier especulación, incluido el desvío de recursos”, por apartarse del destino que determinó el decreto presupuestal, explicó Bernardo de la Garza.


ESTADOS

CHIAPAS

SUSPENDE LA CRUZ ROJA LA AYUDA A DESPLAZADOS POR VIOLENCIA EN CHIAPAS
Hermann Bellinghausen, La Jornada, página 16

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció ayer que, a partir de 2004, suspenderá la ayuda alimentaria que ha venido otorgando a los desplazados por la violencia paramilitar en Polhó y Acteal. De cualquier manera, el organismo ya venía disminuyendo drásticamente su aporte a los refugiados de Chenalhó, si bien las condiciones de vida de éstos no han mejorado ni han podido retornar a sus tierras y comunidades.

Estos tzotziles siguen sufriendo cotidianamente la violación de sus derechos humanos y el despojo impune de sus bienes a la vista de todos. Miembros de Las Abejas han retornado a sus lugares de origen, sin que esto signifique garantía. La mayoría de refugiados, bases de apoyo zapatistas, siguen sin hacerlo..

La militarización en Chenalhó es abrumadora. Desde 1997 sólo aumenta; en ningún momento ha disminuido. En tanto, la Cruz Roja va de salida, disminuye a la mitad el número de personas que atiende en los campamentos. Eran 4 mil 447 en 2002; en 2003 son 2 mil 474, y a éstos les redujo la despensa hasta en 75 por ciento (Informe enero-marzo de 2003 del CICR, 6 de junio).

Llegada a la región en 1998, a raíz de la masacre de Acteal, la Cruz Roja Internacional encontró más de 8 mil desplazados. Nunca atendió a todos, pero prestó servicios médicos y distribuyó alimentos. Hacia 2001 aún atendía las necesidades mínimas de alimentación de cerca de 5 mil personas.

Por conducto de Adolfo Beteta, responsable de la oficina en Chiapas, el CICR aduce ahora no tener recursos y, además, que pretende "no crear dependencia" en los indígenas.


ESTADO DE MÉXICO 

ATENQUENSES INSISTEN EN BOICOTEAR LAS ELECCIONES
Heriberto Santos, Milenio Diario, página 20

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Estado de México aseguró que en este municipio no existen las condiciones para llevar a cabo las elecciones federales del próximo 6 de julio, ya que los gobiernos federal y estatal aún no han dado respuesta a sus demandas, por lo que advirtieron que impedirán la realización de los comicios, igual que sucedió el pasado 9 de marzo.

A diez días de que se efectúen las votaciones para elegir diputados federales en el país, integrantes del FPDT subrayaron que si el gobierno de la República despliega elementos del Ejército mexicano en San Salvador Atenco el próximo 6 de julio, empuñarán de nueva cuenta sus machetes para impedir la jornada electoral.

América del Valle, líder de los ejidatarios que desde hace un año y ocho meses se mantienen en resistencia en el centro de la localidad, explicó que hasta que no tengan la garantía de libertad absoluta de sus compañeros y se indemnice a los familiares de José Enrique Espinoza Juárez, además de que cesen las amenazas por parte del gobierno estatal, no habrá paz en San Salvador Atenco.

Refirió que el lunes pasado sostuvieron un diálogo informal con representantes de los gobiernos estatal y federal con la intención de reestablecer las negociaciones en busca de una solución al conflicto que se vive en esta demarcación.

Sin embargo, destacó que los habitantes de Atenco no conocen a ninguno de los candidatos de los diversos partidos políticos que participan en la actual contienda electoral, ya que hasta el momento no se han acercado a la población, por lo que adelantó un gran abstencionismo en caso de que se efectúen los comicios.

América del Valle señaló que el gobierno federal amenaza con desplegar al Ejército el día de las votaciones, por lo que resaltó que responderán como en junio del año pasado, ya que, dijo, no pueden haber condiciones para una elección cuando el pueblo es perseguido.


HIDALGO 

CAMPESINOS CIERRAN LA MÉXICO-LAREDO
Verónica Jiménez, Milenio Diario, página 20
Información también publicada en El Independiente, página 14 y El Día, página 9

Cientos de indígenas de la comunidad Patria Nueva mantienen bloqueada la carretera federal México-Laredo, a la altura del kilómetro 50, para exigir al gobierno de Hidalgo la solución definitiva a un añejo conflicto agrario que mantienen con vecinos del poblado de Yolotepec, Hidalgo, ambos pertenecientes al Valle del Mezquital.

Con troncos de árbol, llantas y piedras han implementado las barricadas que impiden el paso de miles de autotransportistas que se dirigen hacia el norte del país.

Los inconformes que portan sus machetes, amenazaron con mantener el bloqueo carretero hasta encontrar una solución al conflicto por la tenencia de la tierra.

Aurelio Marín Huaso, secretario de gobierno, expuso que si bien la intervención del Poder Ejecutivo estatal es con el firme propósito de mantener el orden público y la paz social, la solución a esta problemática agraria compete a las autoridades del ramo.

Explicó que las tierras en disputa son de uso común y forman parte de un cerro que nadie trabajaba, pero debido a la situación económica hoy son terrenos valiosos.

Indicó que Yolotepec tiene un ejido con 223 personas registradas y Patria Nueva 109, por lo que los primeros se rehusan a ceder parte de sus terrenos. La petición de Patria Nueva es que se repartan el terreno de uso común.


MICHOACÁN 

DESMONTAN PREDIO EN LITIGO
Nota informativa, El Independiente, página 14

Pese a que indígenas nahuas con machete en mano desmontan un área de 800 hectáreas en Aquila, que invadieron el pasado domingo y que aún se encuentra en litigio con pequeños propietarios, el gobierno michoacano descarta que sea un foco rojo o caso similar a Montes Azules o San Salvador Atenco. Samuel Salgado Arriaga, director de Gobernación, explicó que se busca una conciliación entre los involucrados y así evitar la confrontación entre habitantes de Santa María Ostula contra pequeños propietarios de La Placita.


MORELOS 

ESTANCADO, CONFLICTO AGRARIO DE SORIANA Y COMUNEROS DE OCOTEPEC
Jorge Espíndola, El Financiero, página 29

Sin visos de solución continúa el conflicto agrario entre la cadena norteña de centros comerciales Soriana y comuneros de Ocotepec, comunidad ubicada al norte de la ciudad de Cuernavaca, por la disputa de un predio de 37 mil metros cuadrados en dónde el grupo empresarial tenía previsto realizar una inversión de 40 millones de dólares para la construcción de una de sus megatiendas.

En el pleito que desde hace más de dos años se libra en el Tribunal Agrario Unitario, aún no hay vencedores ni vencidos, a pesar de que en la audiencia de descargo de testigos comparecerán a favor de la firma norteña el gobernador del estado Sergio Estrada Cajigal y el líder local del PAN, Sergio Hernández Benítez, quienes en su calidad de autoridades municipales, en su momento, autorizaron la compra-venta presuntamente fraudulenta del predio considerado del régimen comunal.

Por su parte, comuneros de Ocotepec, exigieron a las autoridades agrarias apliquen las leyes con un alto grado de responsabilidad, honestidad y transparencia, y no permitan ningún tipo de presiones del gobierno estatal para que la sentencia sea a favor del grupo inversionista.

 



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