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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN
VANGUARDIA POLÍTICA SECTOR AGRARIO FOCOS ROJOS EN LA MESETA PURÉPECHA
POR LA DISPUTA DE TIERRAS: PROCURADURÍA AGRARIA PRETENDEN DEJAR SIN TIERRAS A NO
CREYENTES AEROPUERTO, ERROR DEL TRIENIO DE
FOX ORGANIZACIONES CAMPESINAS SURGIRÁN
LUCHAS ARMADAS EN EL CAMPO MEXICANO, ALERTAN LÍDERES CAMPESINOS ESTADOS CHIAPAS PRIÍSTAS CHIAPANECOS EXPULSAN EN
FORMA VIOLENTA A 6 FAMILIAS DE UNA COMUNIDAD DISTRITO FEDERAL RETIENEN HABITANTES DE XALATLACO
A NUEVE GRANADEROS Y A UN CIVIL QUINTANA ROO EN SEPTIEMBRE, VEREDICTO SOBRE DIFERENDO Q.ROO-CAMPECHE SAN LUIS POTOSÍ REPRIMEN INVASIÓN EN SAN LUIS
POTOSÍ
VANGUARDIA POLÍTICA EN TAQUIGRAFIA El secretario de la
Reforma Agraria Florencio Salazar Adame y el presidente del INEGI Gilberto
Calvillo Vives, instalarán hoy el Comité Técnico de Estadística y de Información
Geográfica del Sector Agrario, que tendrá como objetivo principal elaborar y
vigilar la ejecución del programa de desarrollo del ramo... FOCOS ROJOS EN LA MESETA PURÉPECHA
POR LA DISPUTA DE TIERRAS: PROCURADURÍA AGRARIA Debido a que Michoacán es considerado por las autoridades federales como un “asunto prioritario” en materia de conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, ayer arribó a la ciudad de Morelia, Isaías Rivera Rodríguez, titular de la Procuraduría Agraria (PA), quien afirmó que esa entidad y en especial la meseta Purépecha está considerada uno de los “focos rojos” de la nación. De acuerdo con información proporcionada por la delegación de la Procuraduría Agraria en ese estado, son al menos 18 comunidades de la meseta Purépecha identificadas como “asuntos prioritarios”, pues estos asentamientos sostienen serios problemas por la tenencia de la tierra que en muchas ocasiones han derivado en hechos violentos. El titular de la
Procuraduría Agraria, señaló que la atención hacia los pueblos en conflicto de
la meseta Purépecha, debe ser especializada y orientada para lograr
atender estas comunidades
PRETENDEN DEJAR SIN TIERRAS
A NO CREYENTES Los representantes ejidales de Mitzitón, municipio de San Cristóbal, no sólo pidieron a las autoridades agrarias y al gobierno del estado de Chiapas que suspenda los derechos agrarios de 14 familias que profesan una religión distinta a la católica tradicional. La petición fue hecha desde el 7 de enero pasado, producto de un acuerdo de asamblea tomado el 28 de noviembre de 2002. El oficio fue recibido ese mismo día en la Coordinación de Atención Ciudadana del gobierno de Chiapas, en la Secretaría de la Reforma Agraria, en la Procuraduría Agraria y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Derivado de esta solicitud, los católicos tradicionalistas pidieron que se suspendiera la entrega de Procampo a los ejidatarios evangélicos. La práctica de la expulsión por motivos
católicos es común en los Altos de Chiapas, y se sigue practicando a pesar de
que ha sido condenada por el obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel.
AEROPUERTO, ERROR DEL TRIENIO DE
FOX Analistas y legisladores consideraron que en el sector de transportes, el error del trienio que afectó al actual Gobierno federal, fue el fallido anuncio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la región de Texcoco y que se consideró que iba a ser la mayor obra de infraestructura de la actual administración gubernamental. El anunció de la obra el
22 de octubre del 2001 fue espectacular, y desde esa fecha la Secretaría de la
Reforma Agraria, con base al decreto expropiatorio de los terrenos ejidales
donde sería levantado el nuevo aeropuerto, que fue dado a conocer ese mismo día,
comenzó a ejecutar y notificar a los afectados sobre esa determinación
gubernamental que afectaba a 13 ejidos, entre ellos el de San Salvador Atenco,
en el Estado de México. Se iba a pagar siete pesos por metro cuadrado de terreno
en zonas de temporal y 25 pesos por metro en zonas de riego, originando una
violenta protesta de los afectados. SURGIRÁN
LUCHAS ARMADAS EN EL CAMPO MEXICANO, ALERTAN LÍDERES CAMPESINOS Ante las movilizaciones regionales que iniciaron en diversos estados del país, líderes campesinos advirtieron que de continuar la apatía y el olvido del Gobierno hacia las comunidades rurales e indígenas, se podría ocasionar el surgimiento de luchas armadas en el campo mexicano. En este
tenor, el dirigente de la Central Independiente de Obreros y Campesinos (CIOAC),
Federico Ovalle Vaquera, insistió en que la falta de atención de las autoridades
hacia estas comunidades, constituye un riesgo latente para que surjan luchas
armadas en diversas entidades del país. CHIAPAS PRIÍSTAS CHIAPANECOS EXPULSAN EN
FORMA VIOLENTA A 6 FAMILIAS DE UNA COMUNIDAD Priístas de Pozo, municipio de San Juan Cancuc, expulsaron anoche violentamente de la comunidad a ocho familias, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Esto, a raíz de los conflictos suscitados el pasado 6 de julio entre integrantes de ambos grupos en ese recóndito municipio tzeltal de los Altos. Los representantes de las bases de apoyo del EZLN en San Juan Cancuc dieron a conocer hoy su versión de lo ocurrido antes, durante y después de la jornada electoral del pasado domingo en las comunidades Tzajaluk'um y Pozo, donde resultaron heridas varias personas. En ambos casos, las autoridades judiciales y electorales han señalado a los zapatistas como los presuntos agresores. En un comunicado de
prensa, los representantes rebeldes declaran: "El 6 de julio, en la comunidad de
Tzajaluk'um, como las 8:30 horas, los priístas y perredistas, hombres y mujeres,
se armaron con palos, varillas, piedras y tubos para atacar a las bases de apoyo
del EZLN, y hubo un herido de las bases zapatistas”. RETIENEN HABITANTES DE XALATLACO
A NUEVE GRANADEROS Y A UN CIVIL Unos 2 mil 500 habitantes de Xalatlaco, localidad mexiquense mantienen retenidos a nueve granaderos del Distrito Federal y a un habitante de San Miguel Ajusco, quienes fueron capturados cuando rondaban la tarde de hoy un predio de mil 500 hectáreas, perteneciente a este municipio y que "fue invadido" por el gobierno capitalino. Los habitantes demandan la presencia del delegado de Tlalpan, Gilberto López y Rivas, para liberar a los policías, siempre y cuando se comprometa a respetar una resolución del Poder Judicial, de 1999, mediante la cual se les otorga la propiedad de esas tierras a los ejidatarios de Agua Grande, de este municipio. De acuerdo con los vecinos, las autoridades capitalinas "invadieron" el predio a pesar de la sentencia del juzgado tercero de distrito en materia administrativa; acusaron que el martes pasado el delegado de Tlalpan ordenó a un grupo de trabajadores de esa demarcación cercar el predio y destruir 35 cabañas pertenecientes a comuneros de Xalatlaco. Por medio de un altavoz y mediante el repique de las campanas de la iglesia, los campesinos de Agua Grande convocaron a toda la comunidad a la plaza pública, donde por la noche exigían la presencia del delegado a cambio de la liberación de los elementos de seguridad. Advirtieron que si en un
"tiempo prudente" no hay respuesta a sus demandas, prenderán fuego al autobús en
el que se encuentran los ocho policías. EN SEPTIEMBRE, VEREDICTO SOBRE DIFERENDO Q.ROO-CAMPECHE La presidenta del TSJE, Lizbeth Loy Song Encalada, informó que en septiembre puede ser emitido el veredicto final sobre la demanda de controversia constitucional en contra de las autoridades del estado de Campeche La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) confió en que el veredicto final sea favorable para el estado de Quintana Roo. Reiteró que las autoridades campechanas desde 1999 han creado un conflicto con el estado para ocupar estas tierras y extenderse territorialmente; sin embargo, se ha integrado un expediente que asegura la legitima legalidad de que éstas pertenecen a Quintana Roo. Las tierras en disputa son
10 mil 700 hectáreas, las cuales corresponden a una tercera parte de Quintana
Roo y en donde se ubican alrededor de 15 poblaciones de la zona limítrofe de la
entidad y el estado de Campeche, así como las que colindan con Yucatán. REPRIMEN INVASIÓN EN SAN LUIS
POTOSÍ Efectivos de la Policía Ministerial reprimieron a campesinos del poblado de San Juan de Guadalupe, ubicado al norte de la capital, cuando intentaban apoderarse de un predio en disputa con las autoridades estatales, con un saldo de 25 detenidos y 11 lesionados, entre ellos varios niños y ancianos. De acuerdo con un informe de Protección Civil del Estado, el enfrentamiento se registró el martes en un predio conocido como La Ladrillera, en donde cinco policías resultaron heridos. El choque entre policías y campesinos inició cuando los habitantes de San Juan de Guadalupe cortaron la cerca de alambre del predio e intentaron tomar posesión del terreno, a pesar de la vigilancia de agentes de Protección Civil. Al final, las autoridades detuvieron a 25 de los campesinos, quienes podrían enfrentar cargos de invasión de propiedad pública. Silvia Valentinotti, asesora legal de los lugareños, explicó que el terreno de La Ladrillera pertenece a los comuneros de San Juan de Guadalupe, de acuerdo con un título de reparto agrario firmado por el ex Presidente Adolfo Ruiz Cortínez en 1953 y ratificado a fines de los 80 por Miguel de la Madrid. La comunidad de San Juan de Guadalupe, explicó la representante, ocupa una extensión de 14 mil 860 hectáreas, incluido el predio de 70 hectáreas denominado La Ladrillera, según un plano certificado en el 2002 por Leticia Díaz de León, delegada del Registro Agrario Nacional. De acuerdo con la fuente, el Gobernador de San Luis Potosí, Fernando Silva Nieto, al inicio de su sexenio adquirió el lote en 70 millones de pesos a dos presuntos pequeños propietarios, y lo mandó cercar a fin de promover proyectos comerciales y residenciales. "Aquí no iba a ser un colegio, hasta ahora, últimamente, dijeron que iban a hacer una escuela, pero aquí van a hacer una zona residencial con un centro comercial muy grande", aseguró Valentinotti.
Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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