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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN TLC:
PROMESAS INCUMPLIDAS ...
SECTOR
AGRARIO FAVORECE A CHENALHÓ
FALLO DEL TSA SOBRE DISPUTA TERRITORIAL ...
REGULARIZARÁ SRA 16
EJIDOS EN ZONA DE CONFLICTO DE CHIAPAS ...
MESAS DE DIÁLOGO,
RECURSO DE SG PARA ATENDER CONFLICTOS ...
NUEVO MAPA DEL PODER
FOXISTA ...
SECTOR
AGROPECUARIO PROMUEVEN DIPUTADOS MÁS
RECURSOS PARA EL AGRO ...
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS ORGANIZACIONES OBRERAS
Y CAMPESINAS EVALUARÁN MOVILIZACIONES PARA 2004 ...
ESTADOS ESTADO
DE MÉXICO HEREDAN CONFLICTO DE
TIERRAS ...
ES FUNDADA LA QUEJA DE
LOS AFECTADOS EN TECAMACHALCO ...
TLC:
PROMESAS INCUMPLIDAS A
un mes de cumplirse una década de que entró en vigor el Tratado de
Libre Comercio, el TLC, entre México, Estados Unidos y Canadá,
abundan los análisis en torno a los efectos que ha tenido para
nuestro país. La inmensa mayoría de las opiniones versan sobre el
aspecto económico, dejando a un lado otros asuntos igualmente
importantes, como medio ambiente. Una primera conclusión de los
especialistas es que si bien se triplicaron las exportaciones no
petroleras y aumentó el producto interno bruto en cerca de 25 por
ciento en dicho lapso, se arrastran serios desajustes que en algunos
casos agravan añejos problemas: desde empleo y salarios hasta el
abatimiento de los indicadores de bienestar de la población. Los únicos
que salen en defensa del tratado tal como está suscrito son los
funcionarios y los empresarios que lo negociaron y apoyaron. Alguien
que tenga la paciencia de leer las abundantes promesas hechas hace una
década para convencernos de los beneficios que traería el TLC hallará
repetidas menciones de que pronto lograríamos el desarrollo
sustentable. Falso: el país crece a costa de utilizar irracionalmente
sus recursos naturales, de destruir el patrimonio de las futuras
generaciones. FAVORECE A CHENALHÓ
FALLO DEL TSA SOBRE DISPUTA TERRITORIAL El
Tribunal Superior Agrario (TSA) emitió una resolución favorable al
municipio de Chenalhó en una disputa sobre límites territoriales que
sostiene con su vecino Chalchihuitán. El
presidente de Bienes Comunales de Chenalhó, Pedro Mariano Arias Pérez,
dijo que se espera que con este resolutivo concluya el viejo conflicto
por 800 hectáreas y disminuyan las tensiones entre ambos pueblos de
los Altos de Chiapas. En
1988 la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) trazó de manera errónea
límites entre ambos municipios, sin acudir directamente a los
terrenos en disputa y a la zona que tradicionalmente han respetado
ambas poblaciones indígenas. Esa línea de deslinde afectó 800 hectáreas
que supuestamente correspondían a Chenalhó. En
consecuencia, el municipio inició gestiones para que por la vía del
diálogo se corrigiera el error. Ante la imposibilidad de llegar a un
acuerdo mediante la concertación, acudió a la vía legal y el 3 de
junio anterior el TSA resolvió en su favor, al reconocer los viejos límites
que había entre ambos municipios. Mientras,
Chalchihuitán se inconformó ante dicha resolución y el 3 de julio
anterior interpuso un recurso de revisión ante el TSA, cuya respuesta
fue notificada a las partes el pasado viernes 28 de noviembre, en la
cual se establece la improcedencia del reclamo de Chalchihuitán. Arias
Pérez dijo que los indígenas de Chenalhó respetarán las vías
legales para resolver en definitiva el conflicto y esperarán a saber
si sus vecinos recurren al recurso de amparo para exigir a la SRA que
vuelva a trazar los límites. La
resolución fue aprobada por los cinco magistrados del TSA, cuyo
presidente, Ricardo García Villalobos Gálvez, ordenó distribuir las
notificaciones. El recurso de amparo contra esta resolución es el último
paso legal al que pueden recurrir las partes. El
también ex alcalde de Chenalhó aseguró que la defensa de las
tierras la han basado en un acuerdo que los alcaldes y comisariados
ejidales de ambas localidades signaron el 6 de agosto de 1976 en el
que las partes reconocen los límites tradicionales. Los
límites entre Chenalhó y Chalchihuitán están marcados por el río
Mashiló y sus afluentes Balumpí y Chisteal, además de las
delimitaciones de las propiedades que los habitantes detentan
legalmente desde hace muchos años. Arias
Pérez manifestó que las actuales autoridades municipales de Chenalhó
y Chalchihuitán firmaron un acuerdo el 5 de septiembre de 2002 en el
que se comprometen a respetar la resolución de las autoridades
agrarias, y aseguró que como testigo de honor firmó el gobernador
chiapaneco, Pablo Salazar Mendiguchía. REGULARIZARÁ
SRA 16 EJIDOS EN ZONA DE CONFLICTO DE CHIAPAS La
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) anunció la regularización de
16 ejidos en la zona de conflicto chiapaneco, ubicados en los
municipios de Las Margaritas, La Trinitaria, La Independencia,
Frontera Comalapa y Comitán de Domínguez, con lo cual se esclareció
la propiedad jurídica de más de 3 mil 600 hectáreas de 998
campesinos. A
través del Programa de la Regularización de la Propiedad
Fideicomitiva, esa secretaría anunció el avance de 74 por ciento en
la normalización de la propiedad social, lo que significa la
reglamentación sobre 40 mil hectáreas de un total de 54 mil. Jorge
Gómez de Silva Cano entregó a campesinos afiliados a la Central
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) los
documentos de la constitución de los 16 nuevos ejidos en la zona
fronteriza chiapaneca. Al
mismo tiempo afirmó que, derivado de los acuerdos agrarios con las
organizaciones campesinas, se obtuvieron con el Programa de Adquisición
de Terrenos Rústicos 215 mil hectáreas de 220 mil comprometidas, lo
que permitió beneficiar a 58 mil 853 familias. MESAS
DE DIÁLOGO,RECURSO DE SG PARA ATENDER CONFLICTOS La
Secretaría de Gobernación ha instalado durante la primera mitad del
sexenio más de 200 mesas de diálogo y negociación en promedio seis
por mes para atender diversos conflictos en el país, lo mismo en
materia electoral que agraria, social, religiosa, de derechos humanos
o para las reformas estructurales. En
esas mesas el gobierno federal ha buscado desactivar los conflictos
que le han estallado al presidente Vicente Fox en su administración.
Así ha intentado solucionar, desde el conflicto con los campesinos,
el rechazo de los ejidatarios de Atenco al proyecto del aeropuerto,
hasta la muerte de Digna Ochoa. Un
primer recuento de estas mesas reveló que, desde el 1 de diciembre de
2000 hasta el 18 de junio de 2003, esa dependencia había establecido
183 mesas de diálogo y solución de conflictos. En
suma en la sede de Gobernación, se han instalado en promedio seis
mesas de negociación cada mes desde que inició el gobierno para
atender conflictos de diversa índole. Atenco
gana partida Uno
de los conflictos sociales más importantes que debió enfrentar el
gobierno federal, y que finalmente no pudo resolver conforme a lo
planeado originalmente, fue la resistencia de los habitantes de San
Salvador Atenco, en el Estado de México, al proyecto del nuevo
aeropuerto de la ciudad de México. Tras
decretar la expropiación de más de 5 mil hectáreas de los
municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, el 2 de octubre de 2001,
el gobierno federal se vio obligado a instalar una mesa de diálogo
con los ejidatarios para tratar de convencerlos de vender sus tierras,
por las cuales pretendió pagar entre 7 y 25 pesos el metro cuadrado. Cuando
el representante gubernamental negociaba con los ejidatarios una
solución al conflicto, que incluía un significativo aumento a las
indemnizaciones y programas de apoyo a los ejidatarios, el gobierno
anunció el 1 de agosto de 2002 que cancelaba el proyecto
aeroportuario. Con
el cerco encima Uno
de los principales conflictos sociales por problemas limítrofes que
ha tenido que enfrentar el gobierno federal es el de Bernalejo de la
Sierra, en el municipio de Valparaíso, Zacatecas. Con
antecedentes que se remontan a casi medio siglo, la disputa se
recrudeció en marzo de 2002 cuando indígenas tepehuanos de Durango
amenazaron con desalojar por la fuerza a los ejidatarios de Bernalejo
de la Sierra, pese a que estos últimos contaban con un amparo contra
la expropiación de las tierras decretada en 1997 por el entonces
presidente Ernesto Zedillo. Tras
un cerco dispuesto por los tepehuanos, que impedía incluso el
traslado de alimentos a los ejidatarios, el gobernador de Zacatecas
Ricardo Monreal acudió directamente con el secretario de Gobernación,
Santiago Creel, para demandar una rápida y directa intervención del
gobierno federal para evitar un enfrentamiento violento. Al
mismo tiempo se llamó al gobernador de Durango, Sergio Ángel
Guerrero Mier, a las oficinas de Bucareli para instalar una mesa de
concertación con autoridades federales en materia agraria, el
gobierno federal envió a elementos de la Policía Federal Preventiva
para evitar una confrontación. El
26 de agosto, la Secretaría de la Reforma Agraria anunció el fin del
conflicto con el pago de 51 millones de pesos por la indemnización de
los terrenos expropiados. NUEVO
MAPA DEL PODER FOXISTA A
la mitad del sexenio de Vicente Fox, los diferentes grupos de interés
que llegaron junto con el guanajuatense a Los Pinos han sufrido
reacomodos y hoy, en buena medida por los cambios en el gabinete,
presentan una rostro diferente El
presidente Vicente Fox no había cumplido 12 meses en la residencia
oficial de Los Pinos y afrontaba el errático manejo político de
cinco grupos de poder identificados al interior del gabinete, cinco
pequeñas tropas que se disputaban el control gubernamental, la
conducción de las políticas públicas y las simpatías del primer
jefe del Ejecutivo surgido de la oposición. Hacia
finales de 2001 los grupos de interés en la administración foxista
mostraban sus rostros a la opinión pública. La
gestación de los grupos de poder tuvo lugar gracias a las nuevas
alianzas que tejieron los personajes de la política foxista o
simplemente porque se fueron acomodando a la partida integrada en los
tiempos de Fox en la gubernatura de Guanajuato, el otrora poderoso
Grupo Guanajuato. –Grupo
Guanajuato: Ramón Muñoz Gutiérrez, jefe de la Oficina de la
Presidencia para la Innovación Gubernamental; Eduardo Sojo,
coordinador de asesores de Políticas Públicas; Javier Usabiaga,
secretario de Agricultura; Luis Ernesto Derbez, titular de la Secretaría
de Relaciones Exteriores; Florencio Salazar Adame, secretario de la
Reforma Agraria; Francisco Javier Becerra Gómez, oficial mayor de la
Reforma Agraria; Ramón Martín Huerta, subsecretario de Gobierno de
la Secretaría de Gobernación, y Juan Antonio Fernández Ortiz,
coordinador general de Apoyos Directos al Campo (Procampo). PROMUEVEN DIPUTADOS MÁS
RECURSOS PARA EL AGRO Ante
el bajo proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo federal a la Cámara
de Diputados para el sector agropecuario en el 2004, se propuso un
incremento sustancial que permita "apagar los focos rojos" y
tener los recursos mínimos para que se cumpla con el Acuerdo Nacional
para el Campo (ANC), determinó la Comisión de Agricultura. El
secretario de esta instancia legislativa, Antonio Mejía Haro, expuso
que se busca aprobar para el sector un presupuesto para el próximo año
de 147 mil 864 millones de pesos, que es 31 por ciento superior al
proyecto enviado por la Secretaría de Hacienda que es sólo de 108
mil 841 millones. El
legislador federal del PRD lamentó que la Secretaría de Agricultura
no se haya inconformado con el recorte al presupuesto del sector con
relación a este año, ya de los 117 mil 96 millones ahora sólo se
proponen para el 2004, 108 mil 841 millones. ORGANIZACIONES OBRERAS
Y CAMPESINAS EVALUARÁN MOVILIZACIONES PARA 2004 Las
organizaciones que convocaron a la megamarcha tendrán el próximo 10
de diciembre una reunión en la que determinarán las próximas
acciones para frenar las reformas estructurales, elaborarán un plan
de acción para 2004 y evaluarán la posibilidad de un paro nacional. Los
dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Frente
Sindical Mexicano, El Barzón, El campo no aguanta más y la Promotora
Nacional Contra el Neoliberalismo acordaron realizar la próxima
semana esta sesión plenaria, en la que también analizarán el
impacto de la movilización del pasado 27 de noviembre. De
esta reunión surgirá una agenda conjunta y se fortalecerán las
alianzas, indicaron líderes del movimiento. ESTADO
DE MÉXICO HEREDAN CONFLICTO DE
TIERRAS El
21 de septiembre de 1878, nueve días antes de morir, Mateo González
Segura, natural de Cuajimalpa y dueño del rancho Jesús del Monte
-que abarcaba una parte del municipio de Huixquilucan-, dictó su
testamento al notario público José Villela. Nombró albacea a su
esposa Joaquina Gutiérrez, con quien procreó cinco hijos: tres
hombres y dos mujeres. Huixquilucan,
poblado entonces por otomíes, formaba parte del distrito de
Tlalnepantla. En el país regía la Constitución de 1857 y gobernaba
Porfirio Díaz. Hasta
agosto de 1894 fue autorizado el inventario de los bienes de Mateo por
parte del juzgado quinto civil del Distrito Federal. Para entonces,
Secundino y Beatriz eran los únicos hijos que seguían con vida. Fue
hasta mayo de 1971 que los terrenos del viejo rancho ya habían sido
vendidos y revendidos a terceros. El empresario Gaspar Rivera Torres,
por ejemplo, compró una parte en la década de los 50, y otros, como
la familia Flores Márquez, adquirieron minas en lo que ahora es la
zona de Interlomas. En
teoría, Beatriz González autorizó las primeras ventas en 1927, pero
en enero pasado, 76 años después, la Procuraduría del Estado de México
determinó que la firma de González fue falsificada y que esas ventas
no son válidas. La
sentencia judicial clave en este caso fue dictada en mayo de 1995 por
un tribunal federal de la capital del país, el cual resolvió que la
escritura de 1900 es todavía válida y acredita la propiedad sobre
los bienes que ahí se describen. ES
FUNDADA LA QUEJA DE LOS AFECTADOS EN TECAMACHALCO La
queja interpuesta por la empresa Parques Conmemorativos en contra de
la resolución dictada el 4 de noviembre por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación está fundada de manera admirable y
procede de acuerdo con el artículo 95 fracción X de la Ley de
Amparo, afirmó el destacado constitucionalista Raúl Carrancá y
Rivas. Es
más, puntualizó que es algo insólito que el más alto tribunal del
país analice una queja de tal naturaleza, pero los planteamientos de
la misma impresionaron a la Suprema Corte y se decidió turnarla al
Pleno. Si se resuelve que es procedente, se podrá modificar el
acuerdo del 4 de noviembre. En
esa fecha, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió el pago de 82 millones 825 mil 50 pesos como indemnización
por 50 hectáreas expropiadas hace casi 70 años a la empresa Parques
Conmemorativos, que se ubican en la zona de Tecamachalco y que los
afectados consideran que tiene un valor de entre cuatro y cinco mil
millones de pesos. El
apoderado general de la empresa, Jorge Humberto Pazos Chávez,
interpuso un recurso de queja en contra de esa resolución de la SCJN
porque en aras de justificar el "cumplimiento substituto",
el Pleno invadió la esfera de competencia y atribuciones del Juez de
Distrito y de los Tribunales Colegiados. Para
consultar fechas atrás >>> Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx
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