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Las notas que se
reproducen a continuación OPINIÓN “GALAXIA POLÍTICA”...
SECTOR AGRARIO EL
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO SÓLO RECONOCE 153 HECTÁREAS A CAMPESINOS DE
COYOLILLO, VERACRUZ...
PRONTA REACTIVACIÓN CON EL ACUERDO PARA EL CAMPO: SRA...
CABILDEOS DE UNORCA
CONTRA LA REFORMA AGRARIA SALINISTA...
ADVIERTEN QUE LA LUCHA
CAMPESINA NO HA TERMINADO...
DARÁN ÚLTIMOS DETALLES
AL ACUERDO DEL CAMPO...
DETECTAN CAMPESINOS GRAVES LAGUNAS EN EL BORRADOR DEL DENOMINADO
ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO...
ENCABEZARÍA XÓCHITL GÁLVEZ NUEVA COMISIÓN INDÍGENA...
PRESENTARÁN NUEVA LEY DE ALMACENAJE RURAL...
ESTADOS CHIAPAS EN ALERTA, ZAPATISTAS
DE NUEVO SAN ISIDRO; TEMEN AGRESIÓN DE INDÍGENAS LACANDONES...
OAXACA 400 CAMPESINOS VIGILAN
LOS CHIMALAPAS ANTE RIESGO DE ENFRENTAMIENTOS...
LA ZONA DE LOS
CHIMILAPAS SE VUELVE INGOBERNABLE...
“COMPLICADA Y CANDENTE
LA SITUACIÓN”...
NADA NOS ASUSTA; SIGUE
EL BRECHEO, DICEN ZOQUES...
“GALAXIA POLÍTICA” Aunque
poco se habla de su existencia, el Tribunal Agrario tiene en sus manos
la decisión de todos los conflictos que se generan en el campo
nacional. Allí Ricardo García Villalobos, su presidente, tiene trabajo
en grande y lo está haciendo con la oportunidad debida, aunque haya
quienes no lo reconozcan. EL
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO SÓLO RECONOCE 153 HECTÁREAS A CAMPESINOS DE
COYOLILLO, VERACRUZ El Tribunal Unitario Agrario, con sede en la ciudad de Jalapa, emitió una resolución en torno del conflicto por tierras que enfrentan ejidatarios del municipio de Alto Lucero con campesinos de Coyolillo, municipio de Actopan. En el fallo, la instancia judicial sólo reconoció a los agricultores de Coyolillo 153 hectáreas de las aproximadamente 500 que reclaman, y concedió el derecho de las tierras restantes a los ejidatarios. Josué García Casas, asesor de los labriegos de Coyolillo, quienes reclaman tierras que aseguran les pertenecen "por prescripción positiva" y porque además "las compraron", afirmó que sus representados aceptan las 153 hectáreas que les reconoce el TUA. Anunció que, sin embargo, "seguirán peleando por la vía legal el resto de esas tierras, por lo cual ya apelaron la citada resolución y si este recurso nuevamente no les favorece, recurrirán al amparo". Añadió
que "ante lo añejo del problema -data de 1951- buscando que se
resuelva en los mejores términos y no con enfrentamientos", los
labriegos propusieron a la delegación estatal de la Secretaría de la
Reforma Agraria que les otorguen otras 47 hectáreas, para que se
completen 200. De acuerdo con García Casas, con base en el dictamen
que emitió Cuauhtémoc Reynoso García, perito nombrado por la
Procuraduría Agraria para hacer el levantamiento topográfico del
terreno en discordia, la superficie que reclaman los propietarios de
Coyolillo es un polígono que "se sobrepone" con terrenos del ejido
Alto Lucero. PRONTA
REACTIVACIÓN CON EL ACUERDO PARA EL CAMPO: SRA El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, hizo hincapié en que el Acuerdo Nacional por el Campo constituirá un parteaguas en los mecanismos de gestión pública, ya que permitirá la reactivación de este sector a mediano plazo. El funcionario resaltó que en el desarrollo del campo las formaciones políticas nacionales buscan por diferentes medios el mismo objetivo, por lo que es necesario limar las asperezas a fin de eliminar políticas paternalistas de antaño que en nada beneficiaban a este sector. Agregó que en el corto plazo serán diseñadas estrategias para que el campesinado pueda aproximarse a los instrumentos financieros y técnicos que los hagan más productivos. Por
otra parte, el titular de SRA indicó que se continuará con la
aplicación de políticas de certeza jurídica a través de programas como
el de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
(Procede) y los que lleva a cabo el Registro Agrario Nacional.
CABILDEOS DE UNORCA CONTRA LA REFORMA AGRARIA SALINISTA Aún cuando la firma del Acuerdo Nacional para el Campo es ya un hecho irreversible, hay un tema con el cual aún las organizaciones campesinas no han quedado satisfechas, el de la reforma agraria. Durante el diálogo para el campo, realizado en febrero como paso previo a la redacción del Acuerdo, varias de las ponencias plantearon la propuesta de que las tierras ejidales y comunales sean consideradas como “propiedad social” y “patrimonio familiar” y por tanto queden exentas de ser enajenadas a sociedades mercantiles. Las ponencias en particular de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), propusieron cambios al artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria, para integrar esa consideración, lo cual, de proceder, en los hechos sería dar marcha atrás parcialmente a la reforma salinista de 1992, que abrió caminos para la renta y venta de tierras ejidales y comunales. Sin embargo, la propuesta de UNORCA no fue considerada en el texto del Acuerdo, y hoy está negociando con el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, la forma en que puede integrarse. Otro
asunto que están negociando las agrupaciones con el titular de la SRA
es la forma en que se aplicarán 300 millones de pesos destinados para
la resolución de conflictos agrarios. Este monto será integrado al
presupuesto total que la dependencia tiene etiquetado para conciliar
conflictos agrarios, con lo cual la bolsa total ascenderá a mil 190
millones de pesos.
ADVIERTEN QUE LA LUCHA CAMPESINA NO HA TERMINADO La lucha campesina no concluirá con la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, pues las organizaciones agrarias acudirán a la Cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC), aseguró el dirigente del sector Rafael Galindo Jaime. El coordinador Nacional del Congreso Agrario Permanente (CAP) explicó que en la OMC, las organizaciones campesinas de México y de muchos países afectados por los subsidios de Estados Unidos a sus productores acudirán “para hacer prevalecer nuestra voz y exigiremos la mayor equidad para los campesinos”. Entrevistado por Notimex, el también dirigente de la central Campesina Independiente (CCI) destacó mientras tanto que hoy se reunirán con el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame.
También se reunirán con el procurador agrario, Isaías Rivera
Rodríguez, y con el director del Registro Agrario Nacional, Joaquín
Contreras Cantú, con quienes las agrupaciones precisarán aspectos en
la materia que se incluirán en el convenio. DARÁN
ÚLTIMOS DETALLES AL ACUERDO DEL CAMPO Los líderes de las ocho organizaciones campesinas y los secretarios de Gobernación, Agricultura y Economía se reunirán este día para realizar las últimas precisiones del Acuerdo Nacional para el Campo, relacionadas con el rezago en la atención de alrededor de 200 conflictos agrarios, principalmente asuntos como el de Bernalejo y los Chimalapas. Las reuniones de las comisiones de redacción del Acuerdo se centraron en la Secretaría de la Reforma Agraria en donde se abordaron los temas del rezago agrario, se propuso de qué manera se tendrán que transformar las funciones de la SRA al concluir el reparto de la tierra, además de cambios en la propia Procuraduría Agraria y el Tribunal. En sus propuestas, las organizaciones campesinas respaldan la continuidad de la SRA; pero sí hacen un llamado para que sus funciones sean transformadas bajo las necesidades de los agricultores y jornaleros del país. En las
reuniones los dirigentes campesinos y los funcionarios de la SRA
analizaron la forma en que se aplicarán los más de 300 millones de
pesos que el presupuesto del año 2003 asignó para resolver los
conflictos agrarios, en Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Sonora, San Luis
Potosí, Veracruz y Puebla, explicó Rafael Galindo, presidente del CAP. DETECTAN
CAMPESINOS GRAVES LAGUNAS EN EL BORRADOR DEL DENOMINADO ACUERDO
NACIONAL PARA EL CAMPO Aunque todo indica que el 28 de abril se firmará el Acuerdo Nacional para el Campo, todavía falta en el documento la definición acerca de la reforma al artículo 27 constitucional, la solución a los 300 severos conflictos agrarios y la garantía de la propiedad ejidal, por lo que se espera que este martes se presente la nueva redacción en la que se incluyan estos temas. Ayer
se reunió la directiva de la Unión Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) -integrante de El campo no
aguanta más- con el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA),
Florencio Salazar Adame, ante quien expusieron que el texto actual del
apartado agrario no recoge las propuestas que surgieron de las mesas
de diálogo y que era necesaria una nueva redacción del borrador para
incluir las demandas.
ENCABEZARÍA XÓCHITL GÁLVEZ NUEVA COMISIÓN INDÍGENA Con un presupuesto de 2 mil 700 millones de pesos comenzaría su operación la nueva Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que de ser aprobaba por la Cámara de Diputados estaría encabezada por Xóchitl Gálvez, actual encargada de la Oficina para la Atención de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República. Esta comisión contará con una autonomía financiera y no dependerá de ninguna secretaría de Estado, y tendrá como una de sus responsabilidades coordinar las políticas públicas que en materia indígena existan en las diferentes dependencias federales. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas. La
Comisión contará con una Junta de Gobierno integrada por las
secretarías de Gobernación, Hacienda, Economía, Desarrollo Social,
Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes,
Contraloría, Educación Pública, Salud, Trabajo, Turismo, Reforma
Agraria, y el director general de la Comisión, en este caso Xóchitl
Gálvez y un Consejo Consultivo, conformado por representantes de las
distintas étnias del país. PRESENTARÁN
NUEVA LEY DE ALMACENAJE RURAL La Cámara de Diputados prepara una iniciativa para crear una nueva Ley de Almacenamiento Rural, que tiene como objetivo contribuir a reactivación del campo. Sistema financiero rural El consejo directivo de la nueva Financiera Rural, aprobó el estatuto orgánico de la nueva institución que sustituirá a Banrural. El consejo presidido por el secretario de Hacienda, Francisco Gil, resolvió contar con un nuevo sistema financiero rural para el ejercicio de sus atribuciones. El consejo directivo que tendrá voz y voto está integrado por el secretario y subsecretario de Hacienda, el titular de la Sagarpa, la Reforma Agraria, el gobernador del Banxico, el subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la secretaría de Agricultura, el director de Banca de Desarrollo de Hacienda, el director de Agroasemex y el director del Fira.
También habrá dos representantes de la CNC y uno de la Confederación
Nacional de Propietarios Rurales y uno del Consejo Nacional
Agropecuario y otro del Congreso Agrario Permanente así como un
consejero independiente designado por el ejecutivo por medio de
Hacienda. CHIAPAS EN ALERTA, ZAPATISTAS
DE NUEVO SAN ISIDRO; TEMEN AGRESIÓN DE INDÍGENAS LACANDONES Simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) vecinos del poblado Nuevo San Isidro, ubicado en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, dieron a conocer que este lunes se mantuvieron "en alerta" al cumplirse el plazo que les dieron indígenas lacandones para que abandonaran la región, bajo la amenaza de que serían desalojados. La amenaza fue hecha de viva voz el pasado 12 de abril, cuando líderes lacandones, quienes se autoconsideran guardianes de la selva de Chiapas, acompañados de autoridades de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), amenazaron a los habitantes de Nuevo San Isidro con desalojarlos. El obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi Esquivel, pidió a las autoridades estatales y federales, así como a los indígenas lacandones, "que se evite la violencia y el desalojo por la fuerza" de los poblados asentados en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Felipe
Arizmendi sostuvo que "la mayoría de la gente no fue allá (a Montes
Azules) por gusto ni por turismo, sino por necesidad, algunos
desplazados o expulsados de sus comunidades". 400 CAMPESINOS VIGILAN
LOS CHIMALAPAS ANTE RIESGO DE ENFRENTAMIENTOS Alrededor de 400 elementos de diversas organizaciones policiacas fueron enviados a vigilar la comunidad indígena Santa María Chimalapa y la colonia agrícola Cuauhtémoc, informó Wilfrido Almaraz Santibáñez, subprocurador regional con sede en Tehuantepec. El funcionario indicó que las fricciones continúan entre ambas poblaciones; no obstante, los vecinos de Cuauhtémoc liberaron el domingo a comuneros de Santa María Chimalapa a quienes sorprendieron la noche del sábado, cuando sin el consentimiento de las autoridades agrarias abrían una brecha en la zona que divide a ambas comunidades. De acuerdo con Almaraz Santibáñez, los vecinos de Cuauhtémoc y Santa María poseen armas de fuego, con las que podrían disputarse predios que comprenden unas 13 mil hectáreas, cuya propiedad reclaman las dos comunidades desde hace más de 40 años. Santa
María Chimalapa no sólo tiene problemas agrarios con la colonia
Cuauhtémoc, sino también con ganaderos de Chiapas, con quienes se
disputan varios miles de hectáreas. LA
ZONA DE LOS CHIMILAPAS SE VUELVE INGOBERNABLE Como en otros años, como en otras décadas, como en otros sexenios, la tensión en la zona de Los Chimalapas amaga con salirse de control. La disputa de tierras ha alcanzado en días recientes otro de sus picos más altos. Por ello, Los Chimalapas es considerada por el gobierno federal una de las nueve zonas de "alta ingobernabilidad" del país, donde los conflictos han rebasado los límites jurídicos. "El conflicto por la posesión de tierras entre indígenas zoques y ejidatarios es un problema de tintes políticos", valora José Ignacio Campillo García, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Desde
el año pasado la Profepa elaboró una lista de zonas ingobernables. Se
determinó trabajar en cinco, de las que Los Chimalapas y la selva
Lacandona quedaron fuera, por falta de recursos. “COMPLICADA
Y CANDENTE LA SITUACIÓN” Si los grupos que se disputan las tierras en Los Chimalapas quieren vivir en paz y ponerse a trabajar, deben sentarse a platicar sus diferencias, señaló Xóchitl Gálvez, titular de la oficina de la Presidencia para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Reconoció que la situación es "complicada y candente" y que el gobierno federal no ha podido presentar alternativas de solución al conflicto de posesión de tierras porque las partes "simplemente no quieren sentarse a discutir".
Expresó que una solución sería el pago de tierras a alguna de las
partes o la vía jurídica; pero dijo que esta última es más tardada y
lo más viable sería que los zoques y los ganaderos accedieran a
dirimir sus diferencias por ellos mismos. NADA
NOS ASUSTA; SIGUE EL BRECHEO, DICEN ZOQUES "El brecheo (para establecer nuevos límites con la colonia agrícola Cuauhtémoc) nadie lo para y va a continuar", dijo tajante el dirigente de los comuneros zoques de este poblado, Reynaldo Cruz Pérez, en referencia a la advertencia de los habitantes de la vecina comunidad de que si continúan con esa actividad "los vendrán a levantar muertos". El conflicto agrario que desde hace 46 años enfrentan los habitantes de Cuauhtémoc y Santa María Chimalapa, por la disputa de 13 mil hectáreas, subió de nivel el lunes de la semana pasada cuando unos 200 comuneros ingresaron a la colonia agrícola para establecer con brechas un nuevo límite, de acuerdo a sus demandas.
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