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FRACASAN REFORMAS AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL; HAY 22 MIL 295 CONFLICTOS POR LA TIERRA: ANIPA ...

RESPONZABILIZAN COMUNEROS DE TLAXIACO AL GOBIERNO DE OAXACA POR LA VIOLENCIA ...

LA SENADORA MADRID TOVILLA AFIRMA EN CHIAPAS QUE EL BANRURAL NO DESAPARECE ...

MUEREN AL AÑO UNOS 300 NIÑOS ILEGALES QUE TRABAJAN EN EL CAMPO ESTADUNIDENSE ...

FRACASAN REFORMAS AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL; HAY 22 MIL 295 CONFLICTOS POR LA TIERRA: ANIPA
Matilde Pérez, La Jornada, página 14/15, martes 15 de octubre

Ha pasado una década y las reformas al artículo 27 constitucional no trajeron consigo el esperado "mercado de tierras" ni lograron neutralizar la lucha por los territorios en las comunidades indígenas y campesinas. Ambas, con sus respectivos matices, continúan su movimiento de resistencia. Mientras que para las autoridades federales sólo existen 22 conflictos agrarios de "alto riesgo", la mayoría en zonas indígenas que abarcan 610 mil 437 hectáreas, y hay 695 asuntos de trascendencia, para la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) prevalecen 22 mil 296 diferendos que involucran a 51 pueblos indios.

Por diversos medios, los pueblos indios tratan de enfrentar las complejas estrategias del Estado para frenar despojos y expropiaciones, evitar la entrega de sus tierras y recursos naturales a empresas farmacéuticas trasnacionales, mimetizadas con grupos ecologistas, que han recurrido a recursos legales invocado acuerdos, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para ello han hecho uso de la resistencia pasiva y llegaron hasta el levantamiento armado.

El asunto -que no es privativo de México- preocupa ya también al Banco Mundial, el cual este año ha realizado diversos encuentros sobre políticas de tierra en todos los continentes.

Roque Roldán Ortega, del Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin) de Colombia, aseveró en el Encuentro de políticas de tierra en América Latina y el Caribe: "La defensa y apego a la posesión y propiedades colectivas de la tierra, manifestados por los indígenas, se apoya en las ventajas que representa el modelo colectivo territorial frente al individual".

México, expuso, al igual que 13 países más, ha acogido regímenes de alta jerarquía jurídica sobre derechos especiales de los pueblos indios, pero no ha hecho un desarrollo legal de las normas constitucionales ni de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT para definir en normas ordinarias las opciones concretas de las que dispondrán las comunidades para acceder al dominio de la tierra. "En México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Argentina no existe una clara voluntad gubernamental de ejecutar los ordenamientos adoptados."

Roque Roldán advirtió que se responde de manera limitada a la demanda de tierra de los pueblos indios, al aplicar los procedimientos legales utilizados para los campesinos. "En la práctica, las titulaciones no contribuyen ni a la seguridad en el dominio territorial ni al mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades indígenas. Es necesario el cambio de los ordenamientos legales para brindar a los pueblos indios los espacios apropiados de tierra, para reconstruir su vida comunitaria tradicional y apoyarlos con programas especiales".

Sin embargo, para las autoridades agrarias del país la prioridad es acelerar el proceso de certificación y titulación de los 29 mil 942 núcleos agrarios, de los cuales 7 mil 652 tienen población indígena y de éstos 5 mil 248 -68.5 por ciento- ya concluyeron su regularización.

Y como el último informe en torno de los avances en la regularización de los derechos de propiedad establecen que sólo 78 por ciento de los 29 mil 942 núcleos agrarios y 59.5 por ciento de las 103.5 millones de hectáreas de superficie ejidal y comunal se han inscrito al Programa de Certificación de Derechos y Titulación de Solares Urbanos (Procede), la Procuraduría Agraria (PA) determinó aplicar el Programa para el Redimensionamiento de la Estructura Territorial, con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica en el campo.

Ricardo Cruz Rodríguez, director general de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales de la PA, aseguró que con esa herramienta la institución podrá actuar con más eficacia en la atención de casos altamente conflictivos, ya que el personal tendrá conocimiento preciso de la naturaleza jurídica, social y política de los conflictos. "El avance de la certificación de los núcleos agrarios se ve cada vez más limitado, en la medida en que los conflictos agrarios que viven los ejidos y comunidades del país son más graves, pues involucran a colectividades. Muchas veces, en los hechos, se complican más cuando las tierras se ubican en territorios que incluyen dos o más entidades federativas, a pesar de que eso, jurídicamente, no tenga relevancia. Esos son los casos de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas".

De acuerdo con la PA, en el país hay 22 conflictos agrarios de alto riesgo, de ellos tres están en Chiapas; cuatro en Michoacán; dos en Oaxaca; tres en Veracruz, y uno en Baja California, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo; uno corresponde a Zacatecas y Durango, y otro a Oaxaca y Chiapas. La mayoría son casos que tienen más de tres décadas y que, desde el punto de vista de las autoridades agrarias, requieren de un alto grado de coordinación entre los gobiernos estatales y profundas acciones de conciliación.

El caso Oaxaca-Chiapas es un pleito que mantienen las comunidades zoques de Santa María y San Miguel Chimalapas con habitantes de Cintalapa, Chiapas, para cuya solución se estableció, desde la administración anterior, una mesa de conciliación agraria. El asunto de Zacatecas-Durango corresponde a la disputa que mantiene la comunidad tepehuana de Santa María de Ocotán y Xoconostle (a la que se le reconocieron 452 mil 364 hectáreas, pero sólo entregaron 31 mil 225) con ejidatarios de Bermalejo de la Sierra, Zacatecas, que se opusieron a la expropiación de 5 mil 465 hectáreas para entregarlas a los indígenas.

Entre los casos de Chiapas está el que involucra a las comunidades tzeltales y choles asentadas en parte de las 501 mil 106 hectáreas que se entregaron a los lacandones, que forman parte de la reserva de la biosfera de Montes Azules. Es un asunto complejo, ya que a la demanda de desalojo interpuesta por los lacandones se han sumado algunos grupos ecologistas y hasta el director de la reserva, quien depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De los cuatro casos de Michoacán, localizados en Santa Ana Zirosto, Uruapan; la Barra, Ario de Rosales; Jauja, Queréndaro, y meseta purépecha, éste es el que sobresale, ya que involucra a 17 municipios, 62 comunidades y abarca 246 mil hectáreas. Del total 45 mil 675 hectáreas están sin ejecutar, a pesar de tener resoluciones favorables del Tribunal Unitario Agrario y 11 mil 639 están en proceso de titulación.

En Oaxaca, las comunidades de San Francisco del Mar y San Francisco Ixhuatán -región del istmo- mantienen una disputa por 21 mil 822 hectáreas, mientras que en los límites con Veracruz los habitantes de San Juan Lalana mantienen una pelea con pequeños propietarios y con otros núcleos agrarios por 8 mil 512 hectáreas.

Las construcciones de las presas Luis Donaldo Colosio, Sinaloa, y Cerro de Oro y Miguel Alemán, Oaxaca, dejaron saldos negativos. La comunidad mayo de Huites fue obligada a dejar su lugar de origen y comprar 180 hectáreas al ejido Canutillo, al cual aún no pagan 80 hectáreas de temporal. Los indígenas chinantecos, reubicados en Uxpanapa por la construcción de embalses en Oaxaca, formaron 12 poblados, y ahora son acusados de invasión por los indios zoques de Los Chimalapas.

Otras historias están tejidas alrededor de los indios yaquis, huicholes (Jalisco), tarahumaras, mazahuas y nahuas. La que excluye a los indígenas, pero que incluyó la reserva de la biosfera de Sian Ka'an, es la del corredor turístico de la costa maya. Según las autoridades, inicialmente se cedieron 38 mil 206 hectáreas para dicho corredor, pero en ellas iban las 8 mil 457 de la reserva. Ahora la autoridad rectifica, y asegura que sólo 29 mil 749 hectáreas son susceptibles de ser entregadas al gobierno de Quintana Roo.

A su vez, los 695 asuntos de trascendencia involucran a comunidades y ejidos; en su mayoría hay factores religiosos, económicos, jurídicos, políticos, étnicos y ambientales, principalmente. Su solución, según la PA, requiere la atención de los tres niveles de gobierno y mantener un seguimiento permanente. Chiapas, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Campeche y Durango son las entidades que tienen el mayor número de casos, mientras que los estados que registran menos de una decena son: Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Tlaxcala.

Para el director de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales de la PA, es urgente llevar a cabo un gran esfuerzo de concertación entre los habitantes de los 6 mil 478 núcleos agrarios para certificar las 41 millones 734 mil 517 hectáreas que no han sido regularizadas. "La institución se ha erigido como la gran conciliadora en el campo. Así lo demuestran los 239 mil 732 asuntos que ha resuelto por esa vía, evitado igual número de juicios. En muchos casos, las autoridades jurisdiccionales han pronunciado sentencias que si bien resuelven el conflicto con absoluto apego a derecho, no son aceptadas por las partes, por lo que en su aspecto social, económico y político esas controversias se complican más".

Esa es la situación -según el Tribunal Superior Agrario- de 78 asuntos trascendentes, que se refieren a dotaciones de tierra, ampliaciones y restituciones que no se han ejecutado, porque hacerlo generaría brotes de inquietud y actos de violencia.

A la fecha, la PA mantiene 14 mil 242 juicios agrarios, para los que sólo cuenta con 212 abogados. En Oaxaca y Veracruz es donde se lleva el mayor número de casos ante los tribunales agrarios.

ENTIDAD	No. ASUNTOS
Aguascalientes	5
Baja California	14
Baja California Sur	8
Campeche	22
Coahuila	6
Colima	4
Chiapas	96
Chihuahua	15
Distrito Federal	15
Durango	20
Guanajuato	41
Guerrero	28
Hidalgo	10
Jalisco	19
México	47
Michoacán	60
Morelos	25
Nayarit	16
Nuevo León	13
Oaxaca	54
Puebla	12
Querétaro	6
Quintana Roo	2
San Luis Potosí	24
Sinaloa	11
Sonora	17
Tabasco	6
Tamaulipas	11
Tlaxcala	7
Veracruz	49
Yucatán	17
Zacatecas	15
Total	695

Comuneros de San Pedro Yosotatu, municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, advirtieron de la violencia que está a punto de desatarse en su ejido que desde 1998 fuera invadido por la comunidad de San Sebastián Nopalera. El comisariado de bienes ejidales y el agente municipal, José López Santiago, respectivamente, responsabilizaron al gobierno estatal, por su indiferencia ante las denuncias, y al diputado perredista Salomón Jara Cruz, quien ha “puesto en guerra a los campesinos en busca de votos”, de los hechos que ahí se susciten.

Indicaron, que operan los intereses del delegado del gobierno de Tlaxiaco, Bertín Aragón Gallardo, del grupo priísta lidereado por la diputada Irma Piñeiro, quienes por medio del grupo de la OOCEZ están metiendo la mano para que el conflicto no tenga una solución jurídica por los causes legales e institucionales correspondientes.

Demandaron, así una solución inmediata al problema. Exigimos, dijeron, la ejecución de la sentencia del Tribunal Agrario que reconoce la propiedad de nuestro ejido sobre las tierras invadidas, indemnización por los daños causados, castigo a los invasores y sus instigadores intelectuales y seguridad para que los ejidatarios puedan trabajar sus tierras y de esta manera sus familias tengan donde vivir y de que mantenerse.

EL CAMPO NO TIENE QUIEN LO TRABAJE
Claudia Salazar, Reforma, página 10, martes 15 de octubre

Productores y jornaleros agrícolas serán un sector en extinción en pocos años, por la incapacidad de México para competir con Estados Unidos en el sector agroalimentario.

La recurrente migración de los trabajadores del campo hace prever que el país está por perder a la generación de reemplazo de los actuales campesinos.

Legisladores y representantes de productores estiman que México no está en condiciones de hacer frente al incremento de los subsidios e importaciones estadounidenses en cárnicos, granos y lácteos, lo que originará en pocos años la caída de la producción nacional y el colapso del mercado interno.

Con ello también se avecina una "explosiva" migración a EU y las zonas urbanas del país, en especial de los jóvenes de 20 a 34 años, que deberían ser los campesinos que sustituirán a los que tienen entre 40 y 60 años.

Datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) indican que en las localidades de menos de 100 mil habitantes, donde se concentra la población rural y las actividades agropecuarias, el número de hombres de entre 20 y 59 años es menor que en las ciudades.

El Banco Rural del Istmo (Banrural) no desaparecerá como lo dio a conocer en días pasados el presidente de México, Vicente Fox, dijo categóricamente la senadora Arely Madrid Tovilla, quien dejó en claro que se seguirá apoyando a los trabajadores de la tierra.

Ante campesinos militantes el PRI, y comisariados ejidales de Ocuilapa y Aquiles Serdán, así como de la Alianza de Organizaciones Campesinas, Obrero y Popular, la senadora chiapaneca plasmó que Banrural no desaparece, ya que nació por ley y por lo tanto no es facultad de Fox el cerrarlo o desaparecerlo.

LA CNC DEMANDA DESTINAR AL AGRO $7 MIL MILLONES EN 2003
Matilde Pérez U., La Jornada, página 42, martes 15 de octubre
Información también publicada en El Heraldo de México, página 2/7

La Confederación Nacional Campesina propuso que el presupuesto de 2003 para el campo no sea menor a 70 mil millones de pesos y que los pequeños y medianos productores no queden fuera del blindaje agropecuario. Apremió a las autoridades federales a revisar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a definir una política de Estado que considere el financiamiento del campo y su modernización, así como la comercialización y un gran impulso hacia el bienestar de las familias campesinas.

EJIDATARIOS DE BCS RENUNCIAN A LA MILITANCIA EN LA CNC DEL PRI
Pedro Juárez, Agenda, La Jornada, página 33, martes 15 de octubre

Cientos de ejidatarios del terreno La Purísima, uno de los más grandes del país, acordaron este lunes separarse del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Confederación Nacional Campesina (CNC), bajo el argumento de que no han tenido apoyo suficiente de parte del tricolor y de la central campesina, durante el proceso de certificación de sus tierras.

AMALACACHICO FUE INVADIDO CON LA ANUENCIA DEL DELEGADO
Francisco Mejía, La Crónica de Hoy, página 43, martes 15 de octubre

Todos lo sabían, incluso el Jefe Delegacional en Xochimilco, Juan González Romero: sus amigas las Pantoja, del PRD, estaban invadiendo el predio Amalacachico y eso se ve en un video que el Comisariado del Ejido de Xochimilco entregó el pasado viernes 4 al subsecretario de Gobierno, Alejandro Encinas. Ella fue la primera en invadir el lugar: sobre una canoa trasladó sus cosas.

En ese video sin audio, filmado por el presidente del Consejo de Vigilancia de ese comisariado, Sergio Miranda Ayala, el 7 de febrero del 2001, se ve el acarreo de sus enseres y cuando, una semana después, ella misma ayudó a trasladar a sus compradores de lotes.

Alejada ya de su antiguo compañero de partido, el Revolucionario Institucional, Antonio Rosas Santana, ese día ambos y su gente se enfrentaron con violencia. Y es que la Pantoja, ya en el PRD, quería para ella sólita el negocio.

Pero Amalacachico no es el único punto invadido. Hay muchos y por lo menos en la zona natural protegida hay por lo menos veinte puntos de los 240 asentamientos irregulares que cubren gran parte de todo Xochimilco, según el vocero de la delegación, Alvaro Cedillo.

Exime a su jefe: “la mayoría de esos asentamientos ya estaban antes del actual delegado, en esta administración sólo ha habido crecimiento hormiga”. Afirmó que las Pantoja se aliaron con el vaquero y éste las metió al PRD.

La zona de mayores invasiones es la parte montañosa de Xochimilco y sur oriente del centro de la delegación.

Y esas invasiones están acabando con el ejido. Recientemente estuvieron en la zona representantes de la UNESCO en México, quienes comprobaron la situación de la zona lacustre: deterioro de la zona chinampera, abandono de la actividad agrícola, baja calidad del agua y asentamientos irregulares, entre otros.

Juan González Romero, jefe delegacional en Xochimilco, denunció que líderes invasores, principalmente del PRI, están tratando de movilizar a los asentados de las zona de los cerros, bajo el rumor de que serán desalojados en los próximos días.

Según dijo, durante el fin de semana estos dirigentes amenazaban con tomar la delegación si no se ponía fin a los desalojos. Empero, el funcionario delegacional indicó que en esta área no se prevé ninguna movilización policiaca, y sólo se trata de rumores que buscan desestabilizar a las autoridades.

DEFIENDEN SUS REJAS
Jesús Alberto Hernández, Reforma, página 4-B, martes 15 de octubre

Vecinos de las Lomas se oponen a que el Gobierno del DF retire vallas o rejas en la colonia Lomas Altas, en los límites con la tercera sección de Chapultepec, que para ellos representan una manera de protegerse de la delincuencia.

El subsecretario de Gobierno, Alejandro Encinas, confirmó que todo obstáculo que impida el paso o que invada el suelo de conservación será retirado.

Al respecto, los vecinos aseguraron que si el GDF les garantizará la seguridad en su colonia, estarían dispuestos a retirar las plumas y vallas que se colocaron en algunas calles.

La presidenta del Partido Verde Ecologista de México en el DF, Guadalupe García Noriega, llamó ayer a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades correspondientes todos aquellos asentamientos irregulares que están terminando con las zonas ecológicas de la ciudad.

La coordinadora del PVEM en la Asamblea Legislativa informó que su partido analiza la posibilidad de presentar una denuncia, de carácter penal, por la invasión de tierras de conservación que hay en cinco delegaciones.

La diputada señaló que la mayor parte del suelo ecológico de los cinco parques principales del DF es ocupado actualmente por asentamientos irregulares.

García señaló que en los cerca de 840 asentamientos irregulares que se tienen ubicados, habitan 45 mil familias que tendrán que ser reubicadas.

OFRECEN NEGOCIAR TIERRAS
Iván Ventura, Reforma, página 10-Suplemento Estado, martes 15 de octubre

Los comuneros de Atizapán estarían dispuestos a ceder las tierras que actualmente están ocupadas por casas particulares si el Ayuntamiento genera condiciones para una mejor calidad de vida, fuentes de empleo y desarrollo sustentable a los habitantes de la demarcación, aseveró Javier Rosas, líder de los ejidatarios atizapenses.

El 2 de abril de 1998, el Tribunal Agrario reconoció a los comuneros de Atizapán la posesión de mil 600 hectáreas, que los convierte en dueños de parte de la Zona Esmeralda, el Parque de los Ciervos, el aeropuerto municipal y el circuito T-Adatiz.

Rosas aseveró que aunque el dictamen precisa que las pequeñas propiedades particulares que estén dentro de los terrenos quedan excluidas de la titulación si reúnen los requisitos establecidos por la Legislación Agraria, ninguna de las comunidades cumplen con ellos.

El líder agrario consideró que aunque las autoridades no tenían clara la titularidad de las tierras comunales, siguieron otorgando las licencias de construcción, y las constructoras que trabajaban en la zona no dejaron de desarrollar fraccionamientos en todo Atizapán, principalmente Frisa e Inmobiliaria Vallescondido y Plazas del Condado.

SALGADO MACEDONIO RATIFICA SU DENUNCIA CONTRA DIEGO FERNÁNDEZ
Misael Habana de los Santos, La Jornada, página 14, martes 15 de octubre

El diputado federal perredista Félix Salgado Macedonio pidió al Ministerio Público de la Federación que cite a declarar al gobernador René Juárez Cisneros y a los ex mandatarios estatales Rubén Figueroa Alcocer y Angel Aguirre Rivero por "mala administración en relación al uso dado a los terrenos expropiados en Punta Diamante".

Salgado ratificó aquí su denuncia contra el senador panista Diego Fernández de Cevallos ante el agente del Ministerio Público de la Federación para Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Betzabé María Rello Alba. Asimismo ratificó su querella contra el director de Promotora Turística (Protur), Virgilio Gómez Moharro, por malos manejos, y contra el notario público número 15, Sergio Fidel Olvera de la Cruz, quien escrituró las cinco hectáreas de tierras otorgadas en dación al senador panista.

Ante el agente del MP el legislador perredista dijo que Protur (órgano del gobierno del estado para enajenar terrenos expropiados con vocación turística) "ha hecho y está haciendo mal uso de los recursos de la misma, toda vez que se ha violado la normatividad de la expropiación federal en virtud de que no se cumple con el objetivo principal, que es la utilidad pública, y no la dación, como es el caso".

Conforme a su testimonio, las escrituras de los terrenos de Fernández de Cevallos en Punta Diamante "contradicen el propio sentido del decreto expropiatorio, en virtud de que no se ajusta a la causa utilidad publica, y que el beneficiario no presentó en tiempo y forma proyectos de desarrollo turístico alguno y es la fecha en que el terreno sigue ocioso".

MUEREN AL AÑO UNOS 300 NIÑOS ILEGALES QUE TRABAJAN EN EL CAMPO ESTADUNIDENSE
Natalia Gómez Quintero, El Heraldo de México, página 6, martes 15 de octubre

Unos 300 niños mexicanos, que son trabajadores agrícolas indocumentados en California, mueren cada año por enfermedades y accidentes relacionados con la agricultura, y más de 20 mil sufren lesiones en los campos de trabajo, reveló la directora de la organización Iniciativa de Salud México-California, Xóchitl Castañeda.

Estudios llevados a cabo por este organismo, revelan que los niños mexicanos corresponden al sector más vulnerable de la población jornalera, pues sufren un promedio de 104 casos de percances mortales cada año y quedan aún más expuestos, porque en la legislación no existe límite al número de horas diarias o semanales que se permite trabajar a los niños en labores agrícolas.

TEMEN VIOLENCIA HABITANTES DE SAN PEDRO YOSOTATO, OAXACA
Matilde Pérez U., La Jornada, página 16, martes 15 de octubre

Habitantes de San Pedro Yosotato, Oaxaca, apremiaron al Presidente Vicente Fox a intervenir para evitar confrontaciones violentas en esa región de la Mixteca, ubicada entre los distritos de Putla y Tlaxiaco, debido a que esa comunidad y ejidatarios de San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas sostienen una disputa por la tierra.

José Cenobio López, presidente del comisariado de bienes ejidales, y Juan López Santiago, agente municipal de San Pedro Yosotato, acusaron al diputado perredista Salomón Jara Cruz de alentar la confrontación y el despojo de sus tierras.

Agregaron que el problema de San Pedro con San Sebastián se agravó a partir de 1993, cuando las autoridades agrarias iniciaron el programa de titulación y certificación de los derechos ejidales; en 1995, San Pedro interpuso ante el Tribunal Unitario Agrario una demanda para puntualizar las colindancias, que en 1997 se dictaminó a su favor, pero en 1998 los habitantes de San Sebastián y de Zimatlán invadieron su ejido, destruyeron viviendas y los despojaron de sus pertenencias.

La situación, abundaron, es conocida por las autoridades estatales y federales, pero no han frenado las acciones ilegales de San Sebastián y Zimatlán.

"El Tribunal Unitario Agrario, con sede en Huajuapan de León, también ha contribuido a que el conflicto y el peligro en el ejido aumente, ya que a pesar de haber emitido una sentencia que reconoce a San Pedro las 48 hectáreas que se disputan, se niega a ejecutar la resolución, bajo el argumento de que no hay condiciones de seguridad".

De acuerdo con las autoridades de San Sebastián y Zimatlán, las tierras del ahora ejido y comunidad de San Pedro Yosotato son producto del reparto de la ex hacienda de Jicaltepec. "Andrés Castro, guerrillero zapatista (del revolucionario Emiliano Zapata) trajo a esos extraños, que ni siquiera son auténticos indígenas mixtecos".

MELQUIADES MORALES ADMITE QUE EL PLAN MILENIUM ESTÁ PARALIZADO
Notimex, La Crónica de Hoy, página 15, martes 15 de octubre

En Puebla, cualquier persona o grupo político que intente o viole la ley será castigado sin que las autoridades titubeen. Así lo aseguró el gobernador Melquiades Morales Flores al ser cuestionado acerca de las acciones de la Unión Campesina "Emiliano Zapata Vive" (UCEZ), cuyos miembros cerraron el pasado sábado la carretera al municipio de Tecamachalco, y resaltó que su gobierno siempre se ha caracterizado por la tolerancia y el diálogo.

Por otra parte, rechazó haber entregado 400 mil pesos al líder de la UCEZ, Concepción Colotla, para dar fin a las manifestaciones pues dijo, las autoridades estatales corrigen las inconformidades mediante el diálogo y no con violencia o dinero.

Destacó que el proyecto carretero Milenium, ha sido suspendido debido a las confrontaciones entre el gobierno y la UCEZ, pues aseguró, que no se obligará a los ejidatarios del municipio de Tepeaca a aceptarlo.

EXIGEN CAMPESINOS DE SINALOA APOYO DEL GOBIERNO PARA EL FRIJOL
Matilde Pérez U., La Jornada, página 16, martes 15 de octubre

Campesinos del sur de Sinaloa claman por apoyos al gobierno, tanto federal como estatal, para la comercialización de las cosechas de frijol y, además, exigen propuestas sobre alternativas de cultivos, en virtud de que no tienen muchas opciones y el frijol –aseguran- ya no les resulta redituable. Ante autoridades de la Reforma Agraria, del Congreso del estado y de la Liga de Comunidades Agrarias, los campesinos critican el olvido en el que los mantienes las autoridades, porque no pueden tener acceso a ningún tipo de beneficio de esos que otorga el Gobierno federal y tampoco hay mucho acercamiento de las autoridades estatales para hacer ofrecimientos al sector.

LA INEPTITUD Y EL CONTRABANDO DESTROZAN EL CAMPO
Pablo Marentes, El Universal, página 27, martes 15 de octubre

Con la aprobación del Congreso federal al gobierno del presidente estadounidense, George Bush para encauzar 118 mil millones de dólares en subsidios a la agricultura y a los agricultores de Estados Unidos, el Farm Bill ya se promulgó. Bush cumple así la promesa que les hiciera a sus agricultores y sus ganaderos: abrir los mercados de otras naciones para sus productos.

La tragedia que vive el campo mexicano no tiene su origen en productividad ni competitividad. Lo tiene en el tamaño de la tesorería de Estados Unidos y en la torpeza de las autoridades mexicanas.

El intercambio de productos agropecuarios dentro del TLC está plagado de prácticas desleales, contrabando y subsidios. Y el gobierno mexicano ha decidido favorecer a los intermediarios comerciales a costa de los productores.

A menos que el Congreso Federal declare una moratoria en el cumplimiento del apartado agropecuario del TLC, 2003 será trágico para la economía agropecuaria nacional. Y para la seguridad interna. México dependerá entonces de la caridad de Estados Unidos para alimentar a su población.

El sector rural en México aporta menos de 5% del Producto Interno Bruto con un contingente de trabajadores que representa más de 20% de su Población Económicamente Activa (PEA). En estas atroces cifras, se resume la desdicha del nuestro campo: su bajísima productividad.

Con motivo del llamado "blindaje" agropecuario y ante la apertura pactada en el marco del TLCAN de un número creciente de sectores rurales que ocurrirá en años próximos, empiezan a presentarse ante la opinión pública los problemas que aquejan al campo.

Sin una salida masiva y pronta de trabajadores agropecuarios a otros sectores productivos, conforme nos acerquemos a la fecha ineludible del 1 de enero de 2008 en la que se acaba de abrir el sector a la competencia de nuestro socios del TLCAN, la situación se tornará crítica.

La grandes cuestiones sin respuesta son, ¿dónde están las fuentes de trabajo alternativas para la quinta parte de los trabajadores de México que hay que sacar del sector agropecuario? ¿Qué hará el gobierno al respecto?

Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx