Domingo 26 de mayo
de 2002 Domingo 26 de mayo
de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes medios:
Revista
Impacto
• Revista Vértigo
• El Universal
TIERRA
DE CONFLICTO
Liliana Mendieta Jiménez,
Revista Impacto, página 50, domingo 26 de mayo
Isaías
Rivera Rodríguez, procurador agrario,
reconoció que el Programa Procede ...
ESPECULACIÓN
DE TIERRAS POR EL NUEVO AEROPUERTO
Ángel
Hernández, Revista Vértigo, página 22-24, domingo 26 de mayo
En
medio de los surcos de los que brotan milpas tiernas y hojas de calabaza, don
Jacinto ...
ATENCO,
ENTRE DILEMAS Y ANTAGONISMOS
Francisco Ortíz
Pinchetti . El Universal, página 1/10, domingo 26 de mayo.
La
construcción de una terminal aérea en la zona oriente del estado de México ha
dividido a los pobladores ...
TIERRA
DE CONFLICTO
Liliana Mendieta Jiménez,
Revista Impacto, página 50, domingo 26 de mayo
Isaías
Rivera Rodríguez, procurador agrario,
reconoció que el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares
Urbanos (Procede) tiene un gran rezago de más de 40 millones de hectáreas
comunales y ejidales. Agregó que estas tierras en muchos casos enfrentan
“complicaciones legales”, es decir, conflictos de todo tipo.
Rivera
Rodríguez aclaró a este semanario que la certificación es un proceso
voluntario, sin embargo, el actual gobierno aspira a concluir el sexenio con el
Procede finiquitado.
Para
ello, explicó, “tenemos la intención de establecer diversas líneas para que
los que han quedado fuera (del programa) se integren, ya sea proporcionándoles
apoyo para solucionar sus conflictos internos o asesorándolos para que se
resuelvan complicaciones judiciales que pudieran existir”.
También
el sector agrario “buscará la manera de dar apoyos adicionales” a esos
campesinos hoy ajenos al Procede para proyectos productivos, a fin de que “se
convenzan de las bondades el programa”.
En
Pachuca, Hidalgo, en donde se realizó este Encuentro Sobre la Tierra, del 19 al
22 de mayo, el procurador agrario rechazó tajantemente que la discusión con el
BM sobre políticas agrarias esté buscando la privatización.
Aclaró
Rivera Rodríguez que si los núcleos agrarios regularizados en el Procede,
pretendieran titular su tierra, pueden hacerlo, pero eso es algo que ellos
deciden.
Incluso,
afirmó que hoy en día menos del uno por ciento de las tierras en el Procede
han optado por el “derecho pleno” y esto no es privatización.
Por
lo pronto, en el encuentro se dijo que el Banco Mundial realiza consultas sobre
políticas de la tierra en las diversas regiones del mundo y en el próximo otoño
contará con un documento de conclusiones.
Por
su parte, Oliver Lafourcade afirmó que en muchos países clientes del BM la
tierra ha sido fuente tradicional de conflicto y la adquisición especulativa de
predios y transacciones dudosas, especialmente en zonas periurbanas, constituyen
una fuente importante de corrupción.
De
ahí que los gobiernos deben avanzar en un catastro transparente y aquí se
inserta además la posibilidad de generar mecanismos de cobro de impuestos
prediales de estas tierras para que sirvan de fuentes de ingresos de los
gobiernos locales.
Durante
la inauguración, en su mensaje de bienvenida, el gobernador Manuel Ángel Núñez
Soto, subrayó la importancia de la seguridad jurídica en el proceso de
regularización de la tenencia de la tierra, como factor de certeza para la
plena utilización de este potencial básico para los países.
Acompañado
de María Teresa Herrera Tello, secretaria de la Reforma Agraria y representante
personal del presidente Vicente Fox Quesada para esta ceremonia, el Ejecutivo
estatal destacó que durante los tres próximos días, integrantes de los países
de la región, catedráticos y miembros de organizaciones no gubernamentales,
intercambiarán experiencias en un dígalo abierto y franco.
Solo
así —agregó— será posible contar con los instrumentos adecuados que
conduzcan al aprovechamiento óptimo de la tierra, a fin de dar el uso que
representan más ingresos a sus propietarios en un proceso de desarrollo
integral para América Latina.
Por
su parte, Herrera Tello explicó el proceso que vive México en la regularización
de la tenencia de la tierra, por lo que añadió que el Procede, programa
avalado por el Banco Mundial, permite que cada vez más productores agrícolas
tengan la certeza de la tenencia de la tierra.
Al
respecto, durante la ceremonia a la que asistió Javier Usabiaga Arroyo, titular
de la Sagarpa, afirmó que al inicio de la presente administración federal
existían 45 millones de hectáreas que no contaban con su respectiva
documentación legal pues esta tierra pertenece a 7 mil 855 núcleos agrarios
del país.
A
la fecha —aseguró— 3 millones 976 mil hectáreas ya cuentan con la
certificación necesaria, lo que es resultado de la emisión de mil 224
resoluciones en 577 documentos que benefician a 297 mil sujetos agrarios.
Más
adelante explicó que con la intención de que sean las personas las principales
beneficiadas de estas acciones, el gobierno federal instrumenta acciones con
sentido humanístico que permitan el desarrollo de los núcleos agrícolas.
Por
ello, también es valioso que dentro del proceso de globalización que vive el
mundo, la seguridad jurídica en la tierra permita que las regiones, como es el
caso de América Latina, estén en mejores condiciones de enfrentar los retos
del comercio sin fronteras.
Por último, a la ceremonia inaugural asistió Xóchitl Gálvez Ruiz, representante de la Oficina de la Presidencia de la República para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otros servidores públicos.
ESPECULACIÓN
DE TIERRAS POR EL NUEVO AEROPUERTO
Ángel
Hernández, Revista Vértigo, página 22-24, domingo 26 de mayo
En
medio de los surcos de los que brotan milpas tiernas y hojas de calabaza, don
Jacinto, un ejidatario de San Salvador Atenco, se afana, bajo un sol quemante,
en quitar la hierba de la hectárea que sembró hace dos meses en esta buena
tierra que, afirma, da tomate, lechuga, jitomate, pepino, elotes, frijol y otras
verduras. “Es mentira que este terreno sea salitroso, es una mentira más del
gobierno que pretende despojarnos de nuestro patrimonio”, dice con una mueca
de coraje que refleja el sentir de la mayoría de los integrantes de los 13
ejidos afectados, quienes desde hace siete meses se oponen a la expropiación de
sus tierras y a la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México
aquí, donde, de acuerdo con sus moradores, es zona de vestigios arqueológicos.
Los
ejidatarios afectados mantienen su rechazo a la venta de sus tierras, a pesar de
que el secretario de gobierno del Estado de México, Manuel Cadena Morales, pidió
a la Federación el pago de 86 pesos por metro cuadrado —cuando en el decreto
expropiatorio se fijó en 7.2 pesos para la tierra de temporal y 20 pesos de
riego— en un intento por destrabar el conflicto que pone en peligro uno de los
proyectos más importantes del sexenio del presidente Vicente Fox. Esta
propuesta divide aún más a los campesinos, pues hay quienes están dispuestos
a aceptarla resignados a que la obra finalmente se realizará.
Mientras
el litigio es resuelto por jueces federales y la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, problemas como la especulación de tierras en las inmediaciones de los
terrenos expropiados, conflictos intermunicipales y la división entre quienes
están a favor y en contra del aeropuerto, son factores de inestabilidad y
enfrentamiento que complican la situación, que cada vez se hace más tensa.
El
procurador agrario Isaías Rivera Rodríguez está dispuesto a intervenir para
buscar una solución negociada entre los ejidatarios —que se oponen a la venta
de sus tierras— y las autoridades para evitar que el conflicto se tense aún más.
“Lo
deseable es que haya una solución conciliada entre las partes y se pueda
encontrar un punto de equilibrio para no tener que llegar al fondo en la
resolución de los amparos promovidos. Si esto se logra, necesariamente tendrá
que ser por la vía judicial”.
—¿Tiene
confianza en que el conflicto pueda superarse para que den inicio los trabajos
del aeropuerto?
—Confío
en que pueda haber contacto entre las partes para buscar una solución
conciliada. La Procuraduría Agraria, como representante de los núcleos
agrarios involucrados, está en la mejor disposición de interponer nuestros
oficios y buscar una solución.
Rivera
Rodríguez insiste en que la atención de los derechos de los núcleos agrarios
afectados por la expropiación es un asunto prioritario para la institución a
su cargo, que implica la defensa de sus derechos por la vía del juicio de
amparo y la disposición de coadyuvar a una solución negociada.
El
gobierno esta imposibilitado para iniciar los trabajos de construcción del
aeropuerto mientras no sean resueltas las suspensiones provisionales ganadas por
la Procuraduría Agraria y abogados
particulares a favor de los afectados, y tres controversias constitucionales
presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto no sean
resueltos los amparos interpuestos contra la expropiación ante jueces federales
y la Suprema Corte.
La
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
ya dio por terminado el proceso de expropiación de las 5 mil 391 hectáreas de
13 ejidos, que afecta a poco más de 4 mil 500 propietarios de tierras ejidales
de Texcoco, al cumplir con las disposiciones legales para declarar causa de
utilidad pública la expropiación de esa superficie.
El presidente de la Suprema Corte, ministro Genaro Góngora Pimentel, reiteró que ni marchas ni plantones influirán en la decisión de la máxima instancia de justicia del país, para lo cual no hay fecha para resolver el asunto, y mientras no se solucione, advierte, ninguna autoridad podrá tomar decisiones para comenzar los trabajos, además de que los campesinos afectados tampoco deben dar por hecho que el fallo les será favorable. El máximo órgano de justicia del país fijó para el 12 de julio la primera audiencia de la controversia contra la terminal aérea.
ATENCO,
ENTRE DILEMAS Y ANTAGONISMOS
Francisco Ortíz
Pinchetti . El Universal, página 1/10, domingo 26 de mayo.
La
construcción de una terminal aérea en la zona oriente del estado de México ha
dividido a los pobladores. Ha provocado la ambición de algunos y el orgullo de
otros. Los viejos no están dispuestos a ceder sus tierras bajo ningún precio;
mientras los más jóvenes están en favor de una negociación económica. Al
margen de esto, dicen, la sombra de la manipulación sigue latente en el
conflicto.
Éste,
San Salvador Atenco, es un pueblo sin autoridades. Exiliado el alcalde Margarito
Yánez Ramos en otro poblado del municipio, Santa Isabel Ixtapan, aquí están
suspendidos los servicios municipales. Está cerrado el Registro Civil, la
Tesorería, la junta de aguas, la oficina de Planeación y la del catastro.
Tampoco hay policías: los 36 elementos de la corporación municipal no pueden
entrar al pueblo, y permanecen acantonados en Ixtapan. Tres camionetas patrulla
han sido decomisadas por los
inconformes, que las utilizan para sus desplazamientos. Todas las obras están
paradas. No se permite la introducción de materiales de construcción para
otros pueblos vecinos.
San
Salvador es un poblado chaparro, polvoriento y bicicletero, de unos 18 mil
habitantes, ubicado en lo que fue la ribera del hoy desecado lago de Texcoco, en
la zona oriente del estado de México. Es la cuna, el centro del conflicto
surgido a raíz de la decisión de construir aquí la nueva terminal aérea
internacional de la ciudad de México, que implica la expropiación de más de 5
mil hectáreas de terrenos ejidales.
El
plantón de los insurgentes se
mantiene de día y de noche desde hace seis meses en el auditorio municipal
junto al palacio clausurado, que sirve a la vez para reuniones que como refugio
y dormitorio. Ahí se juntan los campesinos rebeldes cada vez que son convocados
por los cohetones, cuyo estallido es la señal de alarma. Fuera del auditorio
hay un templete de unos 20 metros cuadrados, usado como presídium durante los mítines. Ahí está permanentemente
instalado un potente equipo de sonido. En un extremo hay una suerte de altar con
imágenes de la Virgen de Guadalupe y de San Cristóbal, San Judas Tadeo y otros
santos venerados en la región. También hay un tablero donde se informa
puntualmente y a detalle sobre los ingresos y egresos del movimiento, y un periódico
mural con cartelones y recortes de periódico. Y un pizarrón destartalado en el
que se escribe el rol de guardias ejidales
, encargados de vigilar durante las noches los terrenos del pueblo.
El
rostro de Emiliano Zapata, centro de un gran mural, se repite en las mantas y en
las pintas, donde el revolucionario de Chinameca alterna con figuras como el Che
Guevara o el subcomandante Marcos. Las leyendas pintadas en las
bardas y en las mantas amalgaman todo tipo de consignas: “Si nadie trabaja por
ti, que nadie decida por ti”, pone una. Otra: “Progreso, ¿para quién?” o
“Zapata vive, la lucha sigue”. Por todas partes hay pegados carteles con una
fotografía del presidente Vicente Fox, bajo el letrero de “Se busca”.
“Aquí
no se trata de negociaciones”, advierte rotundo Ignacio del Valle, uno de los
principales dirigentes. Y que lo tomen muy en serio: “Ese aeropuerto sólo
podrán construirlo sobre nuestros cadáveres”.
El
movimiento La eventual construcción de un aeropuerto en la zona del ex vaso de
Texcoco fue durante más de 30 años una amenaza latente para los ejidatarios de
estas tierras, sobre todo, los más viejos. Una y otra vez el temor se disipó.
Hasta que el 22 de octubre pasado la noticia llegó como un hecho consumado.
Ante
ello, entre la población de este municipio en el que se da una compleja
interacción de grupos políticos locales se expresaron dos corrientes: una en
favor de valorar el proyecto y buscar una negociación favorable con el
gobierno, y la otra, radical, de rechazo absoluto.
Un
antecedente importante fue el cambio de autoridades del ejido de San Salvador
Atenco, ocurrido en agosto del año pasado. Contrariamente a lo que ocurría en
las épocas de plena hegemonía priísta, esta vez se confrontaron diversas
fuerzas políticas por el dominio del comisariado ejidal. A la planilla oficial
se opuso una planilla "de los que nunca hemos tenido el poder",
respaldada por el grupo Atenco Unido que reúne un liderazgo más intelectual,
encabezado por José Gil García, ligado al PRD, partido que en las pasadas
elecciones municipales logró por primera vez el segundo lugar, abajo del PRI,
mientras el PAN que ya una vez ganó la alcaldía quedaba tercero.
Esta
planilla, encabezada por José Elías Martínez, basó su campaña en el
compromiso de defender la tierra, ante la amenaza aeroportuaria. Acusó a sus
contrincantes de estar "coludidos con el proyecto", y ofrecieron
"dar nuestra sangre" en la lucha; y ganó la elección.
Cuando
se emite el decreto expropiatorio, el grupo del que Martínez era cabeza
visible, enfrentó un problema serio: cumplir la palabra. Y encabezó
inicialmente el movimiento de resistencia con abierto apoyo perredista.
Había,
sin embargo, otro grupo, el Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra, no
partidista, fundado hace más de 20 años, que peleó de inmediato la dirigencia
del movimiento. Ellos tenían una experiencia larga de organización, cierta
estructura y evidente cohesión, y habían mantenido alguna relación con el
Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN). La disputa se resolvió con un
acuerdo: el comisariado se ocuparía de los aspectos legales de la lucha y el
Frente de la presión social. A la fecha, sin embargo, persisten recelos entre
ambos grupos, pero la hegemonía del Frente es evidente, lo que ha dado al
movimiento un cariz mucho más popular que político.
Relegado,
el PRI buscó la captación de campesinos a través de la Procuraduría Agraria,
con el señuelo de una negociación en favor de mejorar el precio de la
indemnización contenida en los decretos expropiatorios.
El
alcalde priísta Margarito Yánez Ramos fue primero repudiado por su actitud
indolente y cerrada, y luego acusado de haber traicionado al pueblo. Injuriado,
amenazado, optó por irse para despachar en otros poblados del municipio de
manera itinerante, el problema político se complicó. Un intento de llegar a un
consenso sobre la problemática agudizada, a raíz del anuncio oficial sobre el
aeropuerto, fracasó. El alcalde se negó a pedir disculpas públicas por su
actitud y finalmente no hubo acuerdo. La dirigencia visible del movimiento, a la
que se atribuyen misteriosas asesorías externas que nadie atina a identificar,
ha sido hábil para mantener activa la participación ciudadana. Su lucha ha
sido adoptada por agrupaciones populares diversas, que se han apoyado y se han
sumado a sus movilizaciones. Son frecuentes las visitas de contingentes de
campesinos, obreros y colonos venidos de otros estados, de Guerrero, de Morelos,
de Chiapas, o del Distrito Federal. Estuvo también un grupo de estadounidenses,
cuya participación en una marcha provocó su expulsión del país.
Los
machetes con los que algunos salieron de sus casas, la mañana en que se conoció
la expropiación del ejido se han convertido en símbolo de los ejidatarios de
Atenco en lucha. Con ellos en las manos van en sus marchas, con ellos aparecen
en los medios de comunicación, con ellos fueron hasta Monterrey para protestar
al lado de los globalifóbicos contra
la cumbre de la ONU. "Eso de los machetes ha dado al pueblo una imagen de
violencia que no es justa", se queja el sacerdote Salvador Ramos, ex párroco
de San Salvador. "La gente de Atenco siempre ha sido pacífica".
Para
los partidos políticos, el conflicto se convierte en atractivo botín y tratan
de sacar raja en su favor. La tentación es grande: el año próximo hay
elecciones municipales en el estado de México. Por eso los dirigentes del
movimiento que ellos mismos definen como un movimiento "sin líderes"
se han esforzado por quitar todo tinte partidista a su lucha.
No
permiten, por ejemplo, la colocación de banderolas o insignias de ningún
partido en el plantón . Tampoco el
reparto de propaganda partidista en las marchas y mítines. Invitados a un acto
de apoyo en la Casa de la Mujer de Papalotla, decidieron retirarse, cuando al
llegar encontraron que se trataba de un acto perredista, las mantas y los
carteles con el emblema negroamarillo del sol azteca. El jueves 25 de abril
pasado, un centenar de campesinos rebeldes llevó una planta de soldadura eléctrica
hasta las oficinas del PRI municipal en San Salvador y las clausuró:
soldaron puertas y cerraduras. "¡Aquí no queremos partidos!",
gritaban las mujeres.
En
el fragor de la contienda también la relación entre el movimiento y la Iglesia
local se ha deteriorado. Al párroco Cuario Bautista reclaman los dirigentes
falta de apoyo a la lucha del pueblo. El hecho es que el sacerdote, como otros
de la diócesis, se mantiene al margen del conflicto, neutral , por instrucciones del obispo de Texcoco, Carlos Aguilar.
La postura del párroco ante los ejidatarios ha sido: "Defiendan sus
derechos, pero no destruyan su comunidad".
Lo
curioso es que entre los activistas del movimiento destacan numerosos
catequistas de la parroquia. "Sí, muchos son gente nuestra", confirma
el padre Ramos.
La
desconfianza
Hay
tensión en Atenco. La gente teme la llegada de la fuerza pública en cualquier
momento. Son frecuentes los roces entre integrantes de los diversos bandos de la
población. Y cunden la desconfianza, la sospecha, el rumor.
Los
activistas del movimiento desconfían del comisariado ejidal, del párroco, de
los partidos, de todo aquel que no manifieste hacia ellos un apoyo
incondicional. También de los reporteros y fotógrafos que llegan en busca de
información. Aquí todo fuereño es sospechoso.
A
ese clima contribuyen las versiones sobre inminentes acciones judiciales contra
los dirigentes del movimiento. Según declaraciones atribuidas al procurador
mexiquense Alfonso Navarrete Prida, contra seis de ellos habrían ya giradas órdenes
de aprehensión, acusados de encabezar los bloqueos: Ignacio del Valle, Jesús
Adán Espinosa, Felipe Hernández Álvarez, Felipe Alvarado Ibarra, José Elías
Martínez Robles y el pintor Javier Campos El Cienfuegos.
La
desconfianza mayor, generalizada, es hacia el
gobierno, entendido como un ente abstracto, metidos en un mismo costal
autoridades federales, estatales y municipales, judiciales, agrarias, militares;
de antes y de ahora. Una desconfianza, por cierto, nada gratuita: décadas de
abandono han sufrido estos pueblos del oriente mexiquense, dejados a su suerte.
"La
gente tiene razón en no creer en el gobierno", justifica el historiador
Ramón Cruces Carvajal. "Los campesinos han sido engañados siempre. Las
escasas siembras actuales, el abandono de las tierras no es imputable a ellos,
sino a las autoridades que nunca apoyaron la producción agrícola y, en cambio,
corrompieron a los comisariados ejidales, convertidos en instrumentos de control
para fines partidistas, electorales".
Aquí
confluyen ineficacia, corrupción, engaño, manipulación, impunidad, características
del viejo sistema político mexicano. "Es grave que el nuevo gobierno de
Vicente Fox muestre una absoluta insensibilidad ante la problemática social en
el caso del aeropuerto. Parecen no importar derechos humanos elementales como el
respeto a las tradiciones, a la historia, a las creencias religiosas. El impacto
será devastador".
El
dilema
Mientras
la vida cotidiana de los campesinos de los pueblos ribereños continúa y
empieza ya el barbecho de las tierras en preparación de las siembras, la
batalla legal está en curso. Se han interpuesto no menos de 10 controversias
constitucionales y demandas de amparo. Entre las primeras, ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, está una del gobierno del Distrito Federal, por el
presunto perjuicio que el proyecto acarrearía a la ciudad capital en materia de
desarrollo urbano y ambiente. El ayuntamiento de Texcoco alega que los decretos
expropiatorios contravienen el artículo 115 constitucional, al violar la
autonomía municipal. Las demandas de amparo, a su vez, han sido interpuestas
por ocho de los 13 ejidos afectados.
El
tema del aeropuerto, aunque no lo acepten los dirigentes, divide a la comunidad.
Si bien es general la decisión de oponerse a los decretos expropiatorios tal
como están y en buscar su derogación, no son pocos los que quieren negociar un
pago justo por sus terrenos, valuados a razón de 7.20 pesos el metro cuadrado.
Esta corriente, sin embargo, no se manifiesta abiertamente.
"Yo
diría que en general la gente está dividida a 50 y 50 por ciento ", dice
el alcalde itinerante Yánez Ramos, en su refugio de Santa Isabel Ixtapan.
"Lo que pasa es que nadie se atreve a enfrentar a los líderes
radicales".
Esa
división es también percibida "clarísimamente" por el historiador
Cruces Carvajal, cronista de la región de Atenco: "Para muchos, la llegada
del aeropuerto es una posibilidad de salir de pobres", dice. "Una
posibilidad por supuesto ficticia, ilusoria. El hecho es que se han despertado
ambiciones que por acá no se conocían y la gente hace cuentas alegres sobre su
inminente riqueza. Los viejos no están dispuestos a ceder sus tierras por ningún
precio, pero hay muchos, sobre todo jóvenes, los hijos o los nietos, que
definitivamente están en favor de una negociación. Quieren el dinero".
El dilema, dice el padre Jorge Cuario Bautista renuente a tomar partido alguno, es entre dos visiones: "Una visión al pasado frente a una visión al futuro".
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx