Martes 5 de marzo de 2002 Martes 5 de marzo de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
La Jornada • El Financiero
El Universal • Novedades
SECTOR
AGRARIO
HA
SIDO EFICAZ LA DEFENSA DE LOS NÚCLEOS AFECTADOS POR LAS EXPROPIACIONES PARA EL
NUEVO AEROPUERTO.
Matilde Pérez U., La Jornada, página 10, martes 05 de febrero.
La
Procuraduría Agraria no ha bajado la guardia en la defensa de los ejidatarios
de los siete núcleos agrarios de los municipios de Texcoco, San Salvador Atenco
y Chimalhuacán ... 
DIARIO
OFICIAL.
El Financiero, página 2, martes 05 de enero.
SRA.-
La Secretaría de la Reforma Agraria publica el decreto por el que se aprueba el
Programa Sectorial Agrario 2001-2006.
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
SE
SOLIDARIZAN OBREROS DE EUZKADI Y FORD CON CAMPESINOS DE ATENCO; MARCHARÁN AL ZÓCALO.
René Ramón, Javier Salinas Cesáreo e Israel Dávila, La Jornada, página 11,
martes 05 de febrero.
Obreros
de la llantera Euzkadi y de la automotriz Ford se solidarizaron con el
movimiento campesino de San Salvador Atenco ...
MARCHAN
CAMPESINOS DE TEXCOCO HASTA TOLUCA.
Ma. Teresa Montaño Delgado y Almendra Vázquez Bravo, El Universal, página 9,
martes 05 de febrero.
Campesinos
procedentes de tres ejidos de Texcoco, afectados también por el decreto
expropiatorio del gobierno federal para construir el nuevo aeropuerto, marcharon
hasta la capital mexiquense ...
DIPUTADO
MEXIQUENSE RECIBIÓ A LOS EJIDATARIOS DE ATENCO.
Nota informativa, Novedades, página A13, miércoles 06 de febrero.
El
presidente de la Gran Comisión de la LIV Legislatura mexiquense, diputado
Valentín González Bautista, se reunió con campesinos ...
NAYARIT
ACEPTAN
EJIDATARIOS PAGOS POR TIERRAS EXPROPIADAS EN NAYARIT.
Jesús Narváez, La Jornada, página 27, martes 05 de febrero.
Ejidatarios
cuyas tierras fueron expropiadas por el gobierno de Nayarit para la realización
de obras de canalización aceptaron recibir ....
TAMAULIPAS
EJIDATARIOS
Y PETROLEROS DISPUTAN PREDIO DE 10 MIL HECTÁREAS EN TAMAULIPAS.
Martín Sánchez Treviño, La Jornada, página 27, martes 05 de febrero.
Ejidatarios
del municipio de Aldama y trabajadores de Petróleos Mexicanos se disputan un
predio ...
HA
SIDO EFICAZ LA DEFENSA DE LOS NÚCLEOS AFECTADOS POR LAS EXPROPIACIONES PARA EL
NUEVO AEROPUERTO.
Matilde Pérez U., La Jornada, página 10, martes 05 de febrero.
La
Procuraduría Agraria no ha bajado la guardia en la defensa de los ejidatarios
de los siete núcleos agrarios de los municipios de Texcoco, San Salvador Atenco
y Chimalhuacán que buscaron apoyo ante el decreto expropiatorio del 22 de
octubre de 2001 para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la
ciudad de México, asienta Jorge Edmundo Bello (sic), director de Justicia (sic)
de la institución.
Ganó
los amparos para los ejidos de Nexquipayac y Tocuila y, para los núcleos de San
Bernardino, Santiago Cuautlalpan, Huexotla, San Martín y Chimalhuacán, promovió
siete recursos de revisión en los tribunales colegiados del segundo circuito de
amparo, con sede en Toluca. Es posible que en dos o tres semanas se dictamine al
respecto. "Esperamos que sea en favor de los campesinos."
Bello
explica a La Jornada que representa jurídicamente a 40 por ciento de los
4 mil 375 ejidatarios afectados por la expropiación y atiende a 54 por ciento
de los 13 núcleos ejidales, así como a 250 ejidatarios de San Salvador Atenco.
Asegura que en la demanda de amparo la institución ha sido la única que
promovió ante el juez una prueba pericial que requería de la información de
un perito en topografía y valuatorio para "traer a valor presente" el
pago de las tierras.
La
Procuraduría Agraria espera ganar
La
PA promovió nueve juicios de amparo en defensa de siete núcleos ejidales
afectados, los cuales fueron radicados en los juzgados quinto A, quinto B y
sexto de distrito en Nezahualcóyotl. Los quejosos están haciendo valer la
violación a la garantía de legalidad que consagra el artículo 16
constitucional referente a la valuación hecha por la Comisión de Avalúos de
Bienes Nacionales de los terrenos afectados a los núcleos agrarios. La queja de
los ejidatarios fundamentalmente era la incorrecta valuación de sus tierras, es
la parte medular de estas demandas de amparo. Aquí la entrevista.
-¿La
PA promovió un amparo contra el decreto de expropiación?
-No,
sólo se promovió el amparo en cuanto a la indemnización. Los decretos
precisan la necesidad de un nuevo aeropuerto de la ciudad de México. Pero el
juez de distrito podrá verificar la existencia o inexistencia de la causa de
utilidad pública de conformidad con los estudios técnicos que obren en autos y
los cuales también fueron ofrecidos por la PA como una de las pruebas
documentales en favor de quejosos.
-Son
nueve juicios, pero sólo dos obtuvieron el amparo; ¿qué pasó?
-En
el caso de los juicios de amparo agrario, el artículo 233 de la Ley de Amparo
establece que si el quejoso es un núcleo ejidal y el amparo está enderezado a
combatir actos que pudieran traducirse en la privación o sustracción de
tierras del régimen ejidal, el juez de distrito está obligado a conceder la
suspensión de plano -y de manera oficiosa, incluso sin necesidad de que lo
solicite el comisariado ejidal- de los actos reclamados. En los casos de Tocuila
y Nexquipayac -así como en el de San Salvador Atenco, caso a cargo del
constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela- se obtuvo esa protección. Cuando
advertimos el sentido en que estaban resolviendo los jueces de distrito,
demandamos a Fifonafe (Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal) que nos
entregara una copia de los comprobantes de los montos indemnizatorios y con eso
le dijimos al juez que sí existía el peligro inminente de que las dependencias
beneficiarias de los decretos pretendieran ejecutar las obras correspondientes.
"Respecto
de los siete casos restantes, fuimos al recurso de revisión, que está en trámite
ante los tribunales colegiados del segundo circuito de amparo con sede en
Toluca; ya están debidamente radicados en los tribunales colegiados de
circuito, ya se designó a los magistrados ponentes. Esperamos que en una o dos
semanas tengamos noticias del sentido en que se pronunció el tribunal;
probablemente el caso se discuta la segunda semana de febrero."
-¿Qué
espera la PA?
-¡Ganar!
-¿Qué
implican los amparos con suspensión de plano?
-El
juez determinó que las cosas se mantengan igual en tanto se toma una decisión
respecto al juicio.
-¿A
qué atribuye que no se dictaminó en los siete casos una suspensión de plano?
¿Faltó documentación?
-No.
Fue por las diferencias de criterio que hay entre cada juzgador. En los casos en
que nos fue negada la suspensión se habla de que si se suspende la ejecución
del acto reclamado puede traer aparejado un perjuicio del interés público; los
jueces de basaron en tesis jurisprudenciales que señalan que contra
expropiaciones que persiguen el equilibrio ecológico no cabe la suspensión del
acto reclamado.
"Nosotros
decimos al juez que en términos del artículo 233 de la Ley de Amparo no
distingue, que es un mandamiento plano, liso, total, y que donde la ley no
distingue no se debe distinguir operando la misma razón de derecho. En materia
agraria, tratándose de núcleos que son privados de su tierra, la suspensión
debe concederse con independencia de si la expropiación es para construir una
carretera, regularizar la tierra, para preservar el equilibrio ecológico, entre
otros."
-El
juez dictaminó que no cambie la situación en nada; ¿qué pueden hacer los
campesinos?
-Pueden
seguir trabajando su tierra, no pueden ser desposeídos de ella.
-¿Puede
entrar maquinaria de algún contratista para efectuar alguna obra del nuevo
aeropuerto?
-Ese
es el concepto que nosotros tenemos de la suspensión de los actos reclamados.
-¿Un
operador político ayudará a distender la situación?
-Se
menciona a Kuri Pérez como posible operador, pero no es oficial. Será sano que
exista un operador político de enlace con el gobierno del estado y los
ejidatarios afectados. Podría ayudar a propiciar que las tensiones disminuyan y
la calma retorne totalmente a los tres municipios afectados; a que se exploren vías
de solución alternas a la defensa judicial de los ciudadanos.
-A
la resistencia de San Salvador Atenco se han sumado los ejidatarios de los núcleos
defendidos por la PA, ¿perdieron confianza en la institución?
-Consideramos
que la defensa que se ha hecho de los núcleos agrarios ha resultado eficaz,
pero lo sabremos cuando los juicios de amparo se resuelvan de manera definitiva.
La eficacia de la defensa la dará, en última instancia, la resolución del
Poder Judicial de la Federación. Confiamos en el profesionalismo y seriedad con
que planteamos nuestras demandas.
"Hicimos
un estudio jurídico de los decretos en cuanto a las causas de utilidad pública
esgrimidas, de su apego a las disposiciones de la ley agraria y de ordenamiento
de la propiedad rural y planteamos demandas que consideramos serias. El juez de
distrito, el Poder Judicial de la Federación, resolverá si los decretos fueron
constitucionales y en su momento tendrá que señalar en su resolución los
alcances del amparo que se conceda a los quejosos. El juez ponderará si la
causa de utilidad pública es justificada; si es indispensable el aeropuerto cuánto
se debe pagar, ese es el punto central."
-¿Ha
hablado la PA de montos?
-No,
esa decisión le corresponde al juez. Nosotros promovimos una prueba pericial en
términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, es decir, cinco días antes de
la audiencia constitucional presentamos nuestro cuestionario, en el que decimos
al juez que necesitamos que venga un perito que tenga título profesional en
materia topográfica o valuatoria para recorrer físicamente la tierra, darse
cuenta de sus condiciones agrológicas si es de riego, de temporal, cuáles son
sus rendimientos por hectárea, la precipitación pluvial anual, cercanía o
alejamiento de las vías de comunicación?, de los elementos que influyen en el
valor de la tierra.
"Le
señalamos al juez que tiene que allegarse de los criterios de un experto para
que le diga si estuvo bien valuada la tierra. El juez pidió a la Procuraduría
General de la República peritos en topografía, en valuación de bienes
inmuebles para seleccionar alguno, en otros casos pidió lo mismo a la
Universidad Autónoma de Chapingo. Las secretarías de Reforma Agraria,
Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca
nombraron su perito especial. El juez recibirá dos peritajes."
"Solución
más o menos rápida"
-La
SRA hace su propio peritaje.
-Sí,
como autoridad responsable. También ofrecimos al juez, además de la prueba
topográfica valuatoria, la pericial de agronomía y de agrimensura, porque en
algunos núcleos ejidales no hay coincidencia exacta entre la superficie que
apareció en el decreto y la real. En esos aspectos la PA es la única que los
toma en los juicios de amparo interpuestos. Para tutelar o proteger a cada
ejidatario se promovió esta prueba pericial de agronomía y agrimensura para
que se diga la extensión exacta de la parcela y que coincida con la realidad,
porque en una expropiación tan amplia sí se fueron errores en cuanto a la
extensión de las parcelas, aunque eso es lo menos.
"También
promovimos una prueba econométrica para que el juez traiga a valor presente las
indemnizaciones pagadas en otros tiempos respecto de la tierra; eso es muy
interesante. Las pruebas se rinden en la audiencia constitucional, todavía no
se desarrollan las audiencias, la PA es el único organismo que planteó este
tipo de defensa."
-¿Esa
defensa sienta precedentes?
-Sí.
Es para decirle a Cavin que analice el comportamiento histórico de sus avalúos
para que no valúe a 10 pesos y dos años después a 7 u 8 pesos, por ejemplo,
esto permitirá a la propia autoridad valuadora del gobierno federal sentar el
precedente.
-Esta
es una situación polémica y difícil, puede llevarse mucho tiempo. La lucha
jurídica es difícil y compleja. ¿Prevén que la discusión sea ágil y menos
tormentosa para quienes defienden su propiedad?
-A
nadie conviene estar en la inseguridad, la Constitución habla de justicia rápida
y expedita; la idea es que los tribunales concluyan su tarea de decir quién
tiene el derecho, la razón, a la brevedad posible. Los juicios de amparo y sus
recursos tienen tiempos de tramitación; sin embargo estos tiempos de tramitación
siempre se dilatan, bien porque las partes ofrecen más pruebas, o por las
cargas de trabajo del Poder Judicial. Pero celebrada una audiencia
constitucional, creo que un juez de distrito puede estar dictando su resolución
en tres o cuatro semanas y de allí la parte que pierda puede solicitar revisión.
Nosotros promovimos el recurso de revisión de siete casos a mediados de
diciembre y ya están a punto de ser resueltos. Avizoro una solución más o
menos rápida, eso es lo más benéfico para todas las partes para terminar con
esta incertidumbre, inseguridad jurídica. Por lo menos en ese 40 por ciento de
los ejidatarios, y aparte cada juicio tiene su vida autónoma, en causa y
tiempo, pero irán más o menos acompasados. 
SE
SOLIDARIZAN OBREROS DE EUZKADI Y FORD CON CAMPESINOS DE ATENCO; MARCHARÁN AL ZÓCALO.
René Ramón, Javier Salinas Cesáreo e Israel Dávila, La Jornada, página 11,
martes 05 de febrero.
Obreros
de la llantera Euzkadi y de la automotriz Ford se solidarizaron con el
movimiento campesino de San Salvador Atenco y anunciaron una marcha conjunta
para este martes al Zócalo capitalino, donde exigirán al presidente Vicente
Fox cumplir sus promesas de campaña y apoyar a los más desprotegidos.
Los
habitantes de Atenco recibieron a los contingentes y acordaron que saldrán el 5
de febrero a las 10 de la mañana hacia el Distrito Federal, donde se unirán a
los grupos obreros en el Ángel de la Independencia, lugar del que partirán
rumbo al Zócalo después de las 11:30 de la mañana.
Luego
del mediodía los pobladores recibieron a unos trescientos trabajadores de la
llantera, quienes llegaron a bordo de seis autobuses a la explanada principal
del municipio provenientes de Puebla. De manera inmediata encabezaron un mitin
para informar de la caravana, que partió hace cinco días de El Alto, Jalisco,
donde se ubica la fábrica de la empresa alemana que cerró sus puertas hace 50
días.
El
secretario general del Sindicato de Trabajadores de Euzkadi, Jesús Torres Nuño,
habló de la negativa de los empresarios alemanes a reabrir las plantas de
Jalisco y Tultitlán, y exigió al gobierno de la República "expropiar la
empresa y reabrir sus puertas, a fin de que más de mil 600 trabajadores podamos
recuperar nuestra fuente de empleo".
Insistió
en que es obligación del gobierno, en particular de la Secretaría del Trabajo,
velar por los intereses de los obreros. "Si los empresarios no quieren, que
el gobierno de Fox reabra la empresa", expresó.
Hasta
la explanada donde se concentra el plantón de los campesinos que se oponen a la
expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto, arribó una
comisión de los obreros despedidos de la automotriz Ford.
Despidos
en la Ford Cuautitlán
En
voz de Ernesto Gómez Hernández, indicaron que de junio a diciembre de 2001
fueron despedidos mil 200 obreros y sólo quedan mil 300 trabajadores en la
planta de Cuautitlán, estado de México. Pese a que existe una demanda laboral
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, expresaron, no se ha hecho justicia.
"Existe el riesgo de que esta fábrica sea la próxima que cierre sus
puertas", advirtió.
Los
trabajadores sostuvieron que sus patrones sólo representan la miseria, el
hambre, la marginación y el desempleo en el país. Decenas de mantas que
expresaban "Ford, primer lugar en conflictos laborales", "El
Sindicato Mexicano de Electricistas apoya a los campesinos" y "Educación
primero al hijo del obrero", entre otras, fueron colocadas en la explanada.
Ignacio
del Valle Medina, dirigente del movimiento agrario, indicó que con la unidad
obrera, campesina y popular, mañana 5 de febrero, fecha en que se celebra el 85
aniversario de la promulgación de la Constitución, se trasladarán al Zócalo
capitalino para manifestarse en contra de las acciones que el gobierno federal
"ha emprendido contra las clases populares en los últimos meses".
Por
su parte, Daniel Portugués encabezó una comisión de presidentes de los
comisariados ejidales de Texcoco, quienes arribaron a la capital del estado para
solicitar una audiencia con el gobernador Arturo Montiel Rojas.
Los
representantes ejidales que acudieron a la ciudad de Toluca se han manifestado
contra las acciones que realizan los campesinos representados por Ignacio del
Valle. Portugués indicó que se oponen a la construcción del aeropuerto y
advirtió que no permitirán que la máxima autoridad, que es la asamblea
ejidal, sea ignorada por la gente que mantiene el plantón en la cabecera de San
Salvador Atenco.
En
Toluca, representantes de los ejidos de Vicente Rivapalacio, Magdalena Panoaya y
San Miguel Tocuila, en Texcoco, solicitaron la intercesión del presidente de la
Gran Comisión del Congreso local, Valentín González, ante el gobernador del
estado, con el fin de revocar el decreto expropiatorio de sus tierras para la
instalación del aeropuerto.
Señalaron
que aunque no es facultad del Ejecutivo estatal dar marcha atrás a este
decreto, sí puede exigir al gobierno federal su revocación, ya que afecta a
sus gobernados y el territorio
MARCHAN
CAMPESINOS DE TEXCOCO HASTA TOLUCA.
Ma. Teresa Montaño Delgado y Almendra Vázquez Bravo, El Universal, página 9,
martes 05 de febrero.
Campesinos
procedentes de tres ejidos de Texcoco, afectados también por el decreto
expropiatorio del gobierno federal para construir el nuevo aeropuerto, marcharon
hasta la capital mexiquense para exigir al Congreso local levantar la voz en
contra de lo que consideran un despojo arbitrario y "sumarse a la defensa
territorial que ha emprendido su gente".
Los
ejidatarios de San Felipe Santa Cruz, Magdalena Panoaya y Tocuila se plantaron
frente al palacio del Poder Legislativo y más tarde se entrevistaron con
diputados de distintas fracciones, a quienes pidieron "utilizar su
investidura" y mediante iniciativas revertir o detener la expropiación de
sus terrenos.
Desesperados
ante la contestación pasiva del legislador Valentín González Bautista,
presidente de la Gran Comisión, los ejidatarios aseguraron que no son sólo los
campesinos de San Salvador Atenco los que están en contra del decreto, como ha
hecho creer el gobierno estatal, sino que diversos sectores campesinos de
Texcoco también son afectados.
Pese
a ello, diputados como Esiquio López, Arturo Osornio y Arturo Hernández Tapia
aclararon a los ejidatarios que revertir el proyecto del aeropuerto no les
compete a ellos, sino al gobierno federal.
En
este sentido señalaron que en todo caso tiene que ser el Congreso de la Unión
y el gobierno federal los que reviertan la decisión.
Después
de un encuentro con diputados y funcionarios estatales, que sostuvieron la misma
postura, los ejidatarios regresaron sin solución o propuesta a sus lugares de
origen.
Reciben
apoyo de ex obreros de Euzkadi
Por
otra parte, casi 300 obreros del Sindicato Nacional Revolucionario de
Trabajadores de Euzkadi (SNTRE), quienes fueron despedidos por el cierre de la
empresa ubicada en Jalisco, llegaron a San Salvador Atenco, luego de recorrer en
caravana seis estados del país.
Aquí
brindaron su solidaridad a los ejidatarios de Atenco, en su lucha contra la
expropiación de más de 3 mil hectáreas ejidales y continuar su marcha a la
ciudad de México, para exigir la reapertura de la fábrica. Cinco autobuses
llegaron después de las 13 horas. Antes, visitaron Aguascalientes, Zacatecas,
San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo y Puebla, y parten hoy para la ciudad de México,
donde realizarán movilizaciones en demanda de la reapertura de la empresa, como
parte de la "Marcha Nacional por la Defensa y la Dignidad de México y el
Empleo". En la explanada, los ejidatarios de Atenco recibieron a los
obreros con más de 10 cañonazos, en medio de aplausos y porras. Ignacio del
Valle, uno de los dirigentes de la resistencia contra el aeropuerto, agradeció
el apoyo de los trabajadores y los motivó a continuar con su movimiento
"los derechos se ganan luchando, con valentía, con trabajo y sacrificios.
A pesar del cansancio, decimos, ¡No a la rendición!".
DIPUTADO
MEXIQUENSE RECIBIÓ A LOS EJIDATARIOS DE ATENCO.
Nota informativa, Novedades, página A13, miércoles 06 de febrero.
El
presidente de la Gran Comisión de la LIV Legislatura mexiquense, diputado
Valentín González Bautista, se reunió con campesinos de comunidades de
Texcoco, opositores al proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad
de México, a quienes expresó su respaldo para resolver, por la vía legal, su
inconformidad por las expropiaciones de sus terrenos y el precio de compra
ofrecido por las autoridades federales.
Reunidos
en la sala de juntas de la Presidencia de la Gran Comisión, el congresista
solicitó a los inconformes “no alejarse de la legalidad”, de llevar a cabo
sus demandas en forma ordenada, toda vez que el Poder Legislativo apoyará sus
demandas, “justas, para lograr mejores remuneraciones por la venta de sus
propiedades”.
González
bautista reconoció que los ejidos y las comunidades han sufrido un trato
discriminatorio al haberse fijado un monto de indemnización muy por debajo de
lo que puede ser, por lo que ofreció el apoyo de la LIV Legislatura local para
promover una reunión con los representantes del Poder Ejecutivo, a fin de que
sean escuchadas sus demandas, “pero siempre regidas sus manifestaciones por un
marco de legalidad”.
Posteriormente,
los cerca de 50 habitantes de Texcoco se reunieron con los diputados Esiquio López
Trevilla, de la fracción legislativa independiente; Arturo Hernández Tapia,
coordinador del grupo parlamentario del PRD, y Arturo Osornio Sánchez, del PRI,
a quienes reiteraron sus demandas y dejaron en claro que “el Gobierno Federal
no puede dejar sin hogar a los mexiquenses por un proyecto que no es suyo”.
ACEPTAN
EJIDATARIOS PAGOS POR TIERRAS EXPROPIADAS EN NAYARIT.
Jesús Narváez, La Jornada, página 27, martes 05 de febrero.
Ejidatarios
cuyas tierras fueron expropiadas por el gobierno de Nayarit para la realización
de obras de canalización aceptaron recibir 25 mil pesos por hectárea, informó
el diputado local Benito Madera de la Paz, quien fungió como interlocutor de
los inconformes. Indicó que "finalmente se arregló el problema, derivado
luego de que los ejidatarios de El Tambor, Corral de Piedra y Vado del Coral habían
realizado plantones".
EJIDATARIOS
Y PETROLEROS DISPUTAN PREDIO DE 10 MIL HECTÁREAS EN TAMAULIPAS.
Martín Sánchez Treviño, La Jornada, página 27, martes 05 de febrero.
Ejidatarios
del municipio de Aldama y trabajadores de Petróleos Mexicanos se disputan un
predio de 10 mil hectáreas que adquirió el sindicato petrolero cuando lo dirigía
Joaquín Hernández Galicia, La Quina.
Representantes
de nueve poblados pidieron al juzgado de distrito con sede en Tampico,
Tamaulipas, la suspensión provisional de una orden judicial para despojar del
inmueble a sus ocupantes, ya que se ignoró la versión de los campesinos en
cuanto a la propiedad del mismo.
Indicaron
que los actuales ocupantes se constituyeron en comités particulares acreditados
como tales ante la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria,
dependencia que a su vez les otorgó la posesión de la superficie.
El
predio, subdividido en nueve partes, se entregó a 279 ejidatarios el 9 de abril
de 1990, mientras que la orden judicial reconoce derechos de los petroleros a
partir del 16 de marzo del mismo año, día en que los campesinos recibieron la
posesión.
Los
comités particulares, identificados como 20 de Enero, Águila Real, Jarcias,
Emiliano Zapata, Laguna Verde, Nombre de Dios, Los Ángeles, Mártires de la
Revolución Mexicana y 10 de Octubre, argumentaron y "demostraron"
ante un visitador judicial tener la posesión de la superficie.
Por
el lado de los petroleros, la sección uno del sindicato del gremio, que
encabeza Jesús Olvera Méndez, habilitó con personalidad jurídica a
representantes de nueve sociedades de solidaridad social creadas en los tiempos
en que La Quina era el dirigente nacional de la institución.
Olvera
Méndez sostuvo que el gremio petrolero apoya a las empresas denominadas Emilio
Portes Gil, Brígido Villasana, Antonio Hernández Ábrego, Guillermo Navarrete,
Francisco Javier Martínez, Simón Castro y Armando Barragán Camacho, al frente
de las cuales se designó como representante legal a Víctor Manuel Saldierna
Salazar, quien exige el cumplimiento de un mandato judicial de hace diez años.
El líder
petrolero comentó que el sindicato le da seguimiento al caso porque se trata de
un patrimonio del mismo, pero que "no se pretende despojar" del mismo
a los campesinos.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx