Domingo 7
de julio
de 2002 Domingo 7
de julio
de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes medios:
Milenio
Diario • La
Jornada
• El
Sol de México
Excélsior
• Diario
de México
• El
Financiero
• El
Heraldo de México
OPINIÓN
“EN
LA LÍNEA”
Félix
Fuentes, El Universal, página 10, domingo 7 de julio
Francisco Barrio, acusado de fraude y despojo
Lucido
está el primer mandatario con algunos de sus colaboradores ...
“MILENIÓPOLIS”
Abelardo
Martín, Milenio Diario, página 6, domingo 7 de julio
El
acuerdo para un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión
estaba a punto de cuajarse ...
“EN
FRONTERA”
Samuel
Schmidt, Milenio Diario, página 15, domingo 7 de julio
El Diamante de la corona
El
sistema bicameral combina la representación de los intereses de un distrito
(diputados) ...
HECHOS
Jesús
Michel Narváez, El Sol de México, página 9, domingo 7 de julio
Sin
negar que Argentina vive una de sus peores crisis y que requiere de la ayuda de
todo mundo ...
DEL
JEFE MÁXIMO AL JEFE DIEGO
Gregorio
Ortega, La Crisis, página 61, domingo 7 de julio
Todo
indica que la búsqueda de la transición no será incruenta ...
“A
LA MITAD DEL FORO”
León
García Soler, Excélsior, página 1-19, domingo 7 de julio
Culpable
de acciones ilegales.
El
abogado queretano, Diego Fernández de Cevallos, le ganó pleito multimillonario
a la SRA ...
SECTOR
AGRARIO
DEMANDA
RELATOR PREVENIR LA VIOLENCIA
Notimex,
Reforma, página 10, domingo 7 de julio
El
Relator Especial de la ONU para los Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen,
advirtió
...
ATIENDE
TRIBUNAL AGRARIO 30 MIL CONFLICTOS DE TIERRAS
Emmanuel
Salazar, Reforma, página 10, domingo 7 de julio
Información también
publicada en Unomásuno, página 7
En
sus 10 años de existencia, el Tribunal Superior Agrario (TSA) ...
LA
SRA HA PERDIDO JUICIOS POR $4 MIL MILLONES
Manuel
Rojas Cruz, Excélsior, página 1/11, domingo 7 de julio
Sobre
el caso Ramos Millán que demandó a la SRA por una expropiación mal realizada ...
ANALIZARÁ
COMISIÓN POLÍTICA PANISTA LOS CASOS LINO KORRODI Y DIEGO FERNÁNDEZ
Venus
Díaz, La Prensa, página 4, domingo 7 de julio
El
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Acción Nacional (PAN)
...
GÓMEZ
VILLANUEVA PROPONE QUE UNA COMISIÓN LEGISLATIVA INDAGUE EL INSÓLITO
FALLO CONTRA LA SRA
Andrea
Becerril, La Jornada, página 1/5, domingo 7 de julio
El
diputado del PRI Augusto Gómez Villanueva propuso la integración de una comisión
legislativa ...
CULPAN
SENADORES A LA SRA DE INESTABILIDAD EN EL CAMPO
Juan
Arvizu Arrioja, El Universal, página 7, domingo 7 de julio
Las
regiones indígenas de México están salpicadas de conflictos por la tierra ...
NEGOCIA
GABINETE GASTOS POR BLOQUE
Anabel
Hernández, El Universal, página 1/6, domingo 7 de julio
En
un hecho inédito, los tres secretarios de Estado del área social conformaron
un bloque ...
ESTADOS
CHIAPAS
INVESTIGADORES
SEÑALAN AUMENTO DEL HOSTIGAMIENTO EN LOS MONTES AZULES
Hermann
Bellinghausen, La Jornada, página 10, domingo 7 de julio
En
los últimos meses se han presentado diversas denuncias sobre hostigamientos y
amenazas ...
INDISPENSABLE,
CUMPLIR LAS TRES SEÑALES PEDIDAS POR EL EZLN
Elio
Henríquez, La Jornada, página 12, domingo 7 de julio
Al
presentar los resultados preliminares del Encuentro Nacional por la Paz con
Justicia y Dignidad ...
COLIMA
INCONFORMIDAD
POR LA CESIÓN DE TERRENOS A TMM
Víctor
Cardoso, La Jornada, página 23, domingo 7 de julio
La
cesión presuntamente ilegal de 12.5 hectáreas a Transportación Marítima
Mexicana ...
“EN
LA LÍNEA”
Félix
Fuentes, El Universal, página 10, domingo 7 de julio
Francisco Barrio, acusado de fraude y despojo
Lucido
está el primer mandatario con algunos de sus colaboradores, a quienes otorga
plena confianza. Uno de ellos, el secretario de Contraloría y Desarrollo
Administrativo, Francisco Barrio, fue acusado en ciudad Juárez por María
Blanca Josefina Franco Carrascoso de un presunto despojo de 2 mil 800 hectáreas.
Manifestó
la denunciante en la agencia sexta del Ministerio Público Federal que cuando
Barrio era gobernador hizo creer a clientes de ella que terrenos de su propiedad
serían destinados para casas de interés social, lo cual no sucedió y exige la
restitución de esa superficie.
Es
de dudarse que la señora Franco Carrascoso corra la misma suerte de la familia
Ramos Millán, salvo si contrata los servicios del senador panista Diego Fernández
de Cevallos, quien por su influencia de legislador puede ganar cuantos juicios
le encomiende su clientela.
El
Jefe Diego quiso evitar que su
conducta de litigante fuese discutida en tribuna de la Comisión Permanente por
el perredista Jesús Ortega. Escuchó la denuncia de que un representante público
no debe utilizar la fuerza de esa condición para favorecerse a sí mismo.
Fernández
de Cevallos no pudo responder al momento porque presidía la mesa directiva de
la Permanente, pero mas tarde, ante periodistas, se burló de Demetrio Sodi y
Miguel Barbosa por haber presentado dos iniciativas para prohibir a diputados y
senadores ejercer actividades lucrativas durante su trabajo parlamentario.
"Me
dan ternura", dijo sonriente el senador barbado, quien a pesar de sus
habilidades en la confrontación verbal ha perdido credibilidad y el respeto que
se le tenía como miembro prominente del Partido Acción Nacional.
Para
Diego no hubo ternura en el seno de su partido donde le fue duramente criticada
su doble personalidad de legislador y abogado litigante. Ofreció una contestación
insólita. Que los fundadores del PAN también practicaban esa clase de
negocios.
El
desempeño de algunos militantes como el Jefe
Diego preocupa a la dirigencia panista, porque la desprestigia. Al controvertido
senador se le calificó de coyote de
angora tras ganar una demanda a la Secretaría de la Reforma Agraria por mil 200
millones de pesos. Y si al contralor de la Federación se le acusa de
defraudador cuando su actuación debe ser de probidad, con ello agravia a su
partido y al régimen presidencial.
“MILENIÓPOLIS”
Abelardo
Martín, Milenio Diario, página 6, domingo 7 de julio
El
acuerdo para un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión
estaba a punto de cuajarse cuando el senador Diego Fernández de Cevallos se declaró entretenido, divertido y
enternecido por las acusaciones que, dentro y fuera del ámbito legislativo, se
le hacen por tráfico de influencias.
El
periodo extraordinario de sesiones del Congreso estaba ya amarrado, pero el
incidente Fernández de Cevallos tensó
las negociaciones y, otra vez, está a punto de no concretarse.
Malosos
Las
fracciones partidistas en la Cámara de Diputados habían logrado el consenso de
algunos puntos de la agenda para el periodo extraordinario de sesiones, que se
descompuso durante los últimos días de esta semana.
El
senador panista rechazó las acusaciones de tráfico de influencia en un escrito
que circuló entre los miembros de la Comisión Permanente. Sus críticos, dice,
buscan “hacer del Poder Legislativo rehén de ignorancias, desequilibrios
sicológicos y perversidades”.
El
coordinador del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, Jesús
Ortega, acusó a Fernández de
Cevallos de usar el cargo de legislador para favorecer asuntos particulares,
con lo que se pervierte al Congreso y se expone al país a una “argentinización
moral”.
El
actual presidente del Senado, Fernández
de Cevallos, dijo que “como litigante y como jurista, me da ternura”.
Se
dijo divertido y entretenido por la polémica que causó el hecho de que haya
ganado un juicio en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria.
El
hecho obligó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Francisco
Gil, a pedir al Congreso de la Unión que determine los rubros en los que
deberá hacerse un recorte presupuestal para pagar dicho adeudo.
Ante
la imposibilidad legal de participar en el debate que originó su caso, el
legislador panista y ex candidato a la Presidencia de la República, se defendió
punto por punto.
–En
todo momento he sujetado mi conducta a mi conciencia y a la ley.
–Si
alguien me imputa haber utilizado el cargo de senador para beneficiarme en
asuntos privados, está obligado a probarlo. De lo contrario, se tratará
simplemente, de una difamación más.
–Si
diputados o senadores estiman que los legisladores no debemos ejercer nuestras
respectivas profesionales, será mejor que legislen al respecto y no opten por
la descalificación injuriosa. Ello denigra a quienes ofenden y a la institución
de la que forman parte.
–El
desempeño profesional respecto del asunto que se me cuestiona, data de muchos años
y, ciertamente, se inicia con anterioridad al cargo de senador. Además, todo
abandono que cometa un profesionista de sus obligaciones como tal, sin causa
legal fundada, conlleva en su contra responsabilidades civiles y penales.
–Las
descalificaciones morales en contra de los adversarios políticos que no se
sustentan en hechos violatorios de la ley, suelen proceder precisamente de la
ignorancia o pobreza moral de los acusadores. Además, se olvidan quienes así
piensan, que todos los jueces, magistrados y ministros de México y de todas
partes del mundo, de ayer y de todos los tiempos, en razón de la naturaleza
misma de sus funciones, se hallan sometidos permanentemente a la presión de las
partes, sus representantes y de todos quienes tengan interés directo o
indirecto en los asuntos por resolver, trátese de gobernantes, legisladores, líderes
sociales, empresarios, dignatarios de Iglesia, periodistas o narcotraficantes.
También
aprovechó para afirmar que las limitaciones del gobierno, producto de torpezas,
despilfarros y saqueos que datan de mucho tiempo, tampoco pueden ser motivo para
hacer del Poder Legislativo rehén de ignorancias, desequilibrios psicológicos
y perversidades. El imperio de la ley y la potestad de los jueces no deben ser
aniquilados por el poder que los crea, si queremos una sociedad protegida por
sus leyes y sus jueces.
“EN
FRONTERA”
Samuel
Schmidt, Milenio Diario, página 15, domingo 7 de julio
El Diamante de la corona
El
sistema bicameral combina la representación de los intereses de un distrito
(diputados) con los intereses del Estado (senadores) y con eso busca garantizar
que el gran interés general prevalezca por encima de los intereses
particulares. Es por eso que los legisladores no deben gestionar negocios
personales cuyo lucro esté en el Estado. Escuchamos hasta el cansancio la
diatriba de los senadores Hamdan y Fernández de Cevallos acusando a otros
legisladores (sin nombrarlos) que hacen lo mismo y que así se ha hecho desde
hace mucho tiempo.
Es
el cinismo de legisladores que repiten que actúan legalmente porque hay una
laguna legal que los protege. De ética ni hablar, para los rapaces que ven a la
política como un medio de enriquecimiento, lo que la ley no prohíbe facilita
la glotonería y la ambición desmedida y si se puede utilizar el fuero y la
posición legislativa para avanzar los negocios personales, ¡aleluya!, fue una
circunstancia fortuita.
No
se puede soslayar la cultura nacional del influyentismo. Imagínese a un juez
decir, “este caso no lo pasamos aunque sea del líder panista en el senado”.
O a las autoridades gubernamentales decirles, “vaya usted a litigar como
cualquier abogado hijo de vecino”. ¿Se imagina a la secretaria de la Reforma
Agraria instruir a su departamento legal para que pelee con todo contra Diego
Fernández?
Estos
legisladores se sienten especiales, no nos los merecemos; Hamdan piensa que el
estatuto de limitación de continuar trabajando en los negocios personales, se
le debe aplicar a los demás menos a los legisladores, porque ellos hacen leyes.
Habrá olvidado que una de las leyes es la de ingresos y egresos, ahí se
comprometen los recursos de la nación y ellos deberán decidir de dónde saldrá
el dinero para pagarles la fortuna que le acaban de ganar a la Reforma Agraria.
Los 600 millones que se va a meter a la bolsa por este caso le hacen un grave daño
a la nación. Aunque suene a pregunta inútil, ¿es ése el humanismo panista,
senador Fernández?
HECHOS
Jesús
Michel Narváez, El Sol de México, página 9, domingo 7 de julio
Sin
negar que Argentina vive una de sus peores crisis y que requiere de la ayuda de
todo mundo, habría que reconocer que México no está en jauja y prueba de ello
es que se busca recortar programas sociales para que la Secretaría de la
Reforma Agraria cubra lo que le ordenó el Poder Judicial de la Federación a la
familia Ramos Millán. Si esos 25 millones de dólares que Vicente Fox decidió
otorgar en calidad de préstamo a Eduardo Duhalde los aplica en el país, el
problema de la SRA sería ya de 900 millones. Pero no. Hay que demostrar afuera
que “somos una economía sólida
y que vamos bien”.
DEL
JEFE MÁXIMO AL JEFE DIEGO
Gregorio
Ortega, La Crisis, página 61, domingo 7 de julio
Todo
indica que la búsqueda de la transición no será incruenta. Siempre vi en
Diego Fernández de Cevallos a un hombre honrado y honesto, a pesar de Punta
Diamante y la presumible asesoría jurídica a hombres fuera de la ley.
Para
mi pesar se han acercado el jefe Diego
y lo peor del priismo. Con este aserto no quiero significar que él y Salvador
Rocha Díaz sean amigos, sino que todo indica que proceden igual, asumen las
mismas actitudes, se benefician en el mismo estilo, del mismo poder que, parece,
no busca reformarse ni caminar hacia la transición. El precio de los terrenos
en litigio ha de ser similar al costo que tuvieron al momento de la expropiación,
no puede ser más, como tampoco será más el asunto en que Vital perdió.
Pensar
que el jefe Diego desconocía el monto
exacto del presupuesto anual de la Secretaría de la Reforma Agraria es absurdo.
Naturalmente conocedor de los entresijos del poder y de las cifras que se
manejan en medio de la crisis, bien pudo adecuar sus pretensiones a lo éticamente
justo.
Ahora
entiendo lo que me negaba a aceptar: el hecho de que Vicente Fox buscara a los
miembros de su gabinete por medio de los head
hunters, y no de entre los militantes de Acción Nacional. Regresó el
caudillo.
“A
LA MITAD DEL FORO”
León
García Soler, Excélsior, página 1-19, domingo 7 de julio
Culpable
de acciones ilegales.
El
abogado queretano, Diego Fernández de Cevallos, le ganó pleito multimillonario
a la Secretaría de la Reforma Agraria. No violó la ley, dice. Los fundadores
del PAN eran abogados litigantes, dijo en reunión del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido de Acción Nacional.
SECTOR
AGRARIO
DEMANDA
RELATOR PREVENIR LA VIOLENCIA
Notimex,
Reforma, página 10, domingo 7 de julio
El
Relator Especial de la ONU para los Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen,
advirtió sobre el riesgo de que se registren en el país nuevos brotes de
violencia relacionados con conflictos agrarios.
En
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el marco del Encuentro Nacional por la
Paz, el experto señaló que las situaciones más alarmante se registran en
Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde vive una numerosa población indígena.
Sin
embargo, no descartó que conflictos parecidos puedan registrarse en estados
como Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Hidalgo y Michoacán.
Señaló
que en las regiones indígenas junto a los problemas agrarios se registran también
añejos conflictos que involucran la violación de los derechos humanos.
ATIENDE
TRIBUNAL AGRARIO 30 MIL CONFLICTOS DE TIERRAS
Emmanuel
Salazar, Reforma, página 10, domingo 7 de julio
Información también
publicada en Unomásuno, página 7
En
sus 10 años de existencia, el Tribunal Superior Agrario (TSA) ha resuelto
alrededor de 300 mil expedientes; sin embargo, aún persisten en el país cerca
de 30 mil conflictos de tenencia de la tierra relacionados con límites entre
entidades federativas, ejidos, comunidades, colonias agrarias y propiedades
privadas que pudieran originar situaciones de violencia, indicó Ricardo García
Villalobos.
De
acuerdo con la agencia Notimex, el magistrado presidente del TSA apuntó
que algunos casos los conflictos tienen hasta cien años de antigüedad.
Consideró
que todos los conflictos agrarios implican un riesgo, por lo que deben manejarse
con cuidado.
Subrayó
que el Tribunal "nunca ha provocado un conflicto ni lo va a provocar,
porque preferimos suspender las ejecuciones antes de enfrentar a los
pobladores".
Señaló
que en Oaxaca se ha resuelto el 35 por ciento de los asuntos delicados, algunos
de ellos con más de un siglo de litigio.
Además
de Oaxaca y Chiapas, apuntó, las zonas más delicadas en materia de conflictos
agrarios se localizan en Veracruz, Puebla, la región de Los altos de Jalisco,
la región limítrofe entre Jalisco y Nayarit, y una parte de la Huasteca donde
colindan Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Interviene CNDH en Bernalejo
Valeriano
Pérez Maldonado, Visitador para Asuntos de los Indígenas de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), realizó una visita al predio que disputan
ejidatarios zacatecanos y comuneros indígenas duranguenses en el municipio de
Bernalejo.
El
funcionario recorrió la comunidad zacatecana de Pajaritos, pero no pudo hacer
lo mismo en los campamentos tepehuanos, porque los indígenas se rehusaron a
recibirlo, informó Cliserio Pinedo, vocero del Congreso de Zacatecas.
Por
su parte, la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, María Teresa
Herrera Tello, aceptó que la incertidumbre en la tenencia de la tierra ha
ocasionado conflictos, pero destacó que hay áreas con certidumbre jurídica.
Señaló
que a través de la Procuraduría Agraria se está utilizando la conciliación
como vía para solucionar los conflictos agrarios, independientemente de si están
o no en los tribunales.
Añadió
que la finalidad de la conciliación es evitar que las resoluciones sobre estos
conflictos agrarios se conviertan en letra muerta por su imposible ejecución,
y, en consecuencia, motivo de nuevas situaciones tensas.
LA
SRA HA PERDIDO JUICIOS POR $4 MIL MILLONES
Manuel
Rojas Cruz, Excélsior, página 1/11, domingo 7 de julio
Sobre
el caso Ramos Millán que demandó a la SRA por una expropiación mal realizada
y donde el senador panista Diego Fernández de Cevallos los defendió hasta
ganar al gobierno un juicio por mil 214 millones de pesos, el diputado
perredista, Tomás Torres Mercado sostuvo que quien litigue contra el Estado
mexicano, contra el interés general, entonces que abandone la función pública,
en este caso el papel de legislador.
En
entrevista telefónica insistió que la Cámara de Diputados no tiene
responsabilidad alguna, ni en parte del litigio de la SRA con Diego Fernández
de Cevallos y por tanto los legisladores no tienen por qué ordenar recortes
presupuestales, el Gobierno Federal y específicamente la Secretaría de
Hacienda es la obligada a hacer economías y pagar.
Tomás
Torres, sin quitar el dedo del renglón, pidió al Gobierno Federal foxista que
revise la forma en que la SRA litigó contra Diego Fernández y si los abogados
del gobierno se dejaron ganar que se embarguen esos derechos por mil 214
millones de pesos hasta en tanto se finquen las responsabilidades
correspondientes. En esta hipótesis el tráfico de influencias asumaría “el
codo, el brazo y la mano”.
ANALIZARÁ
COMISIÓN POLÍTICA PANISTA LOS CASOS LINO KORRODI Y DIEGO FERNÁNDEZ
Venus
Díaz, La Prensa, página 4, domingo 7 de julio
El
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Acción Nacional (PAN) acordó que
sea la comisión política de este partido la que analice en su próxima reunión
el caso del amparo que solicitó Lino Korrodi, ex coordinador de finanzas de la
campaña electoral de Vicente Fox, así como el triunfo de Diego Fernández de
Cevallos sobre la Secretaría de Reforma Agraria y la carencia de presupuesto
para que la dependencia pague la indemnización que ganó el legislador para su
cliente.
GÓMEZ
VILLANUEVA PROPONE QUE UNA COMISIÓN LEGISLATIVA INDAGUE EL INSÓLITO
FALLO CONTRA LA SRA
Andrea
Becerril, La Jornada, página 1/5, domingo 7 de julio
El
diputado del PRI Augusto Gómez Villanueva propuso la integración de una comisión
legislativa encargada de investigar "el insólito fallo judicial" por
el que se condenó a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a pagar una
cifra millonaria, superior a su presupuesto anual, a particulares representados
por el despacho del panista Diego Fernández de Cevallos.
El
secretario de la Reforma Agraria durante el sexenio de Luis Echeverría comentó
que no hay precedente de un fallo como el emitido por la juez décima de
distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, por el que se condenó
a la SRA a pagar a los herederos de Gabriel Ramos Millán más de mil 214
millones de pesos, por daños y perjuicios, por un predio de 33 hectáreas que
se incluyó dentro de la zona expropiada en 1984 en el ejido de Santa Ursula
Coapa.
"Creo
que como representantes populares tenemos que pensar en varias cuestiones.
Advertir que fallos como éstos son insólitos y sólo muestran que algunos
miembros del Poder Judicial han perdido la sensibilidad social y han puesto en
una seria disyuntiva a las autoridades de la SRA, frente a la escasez de
recursos de que dispone para dar prioridad a cuestiones de esta
naturaleza".
Hizo
notar que una resolución de esta magnitud, en la que hay serias dudas y se ha
criticado al senador Fernández de Cevallos por su doble papel de legislador y
litigante, obliga a pedir cuentas al Poder Judicial, que no sólo debe aplicar
la justicia a secas, sino fijarse en las repercusiones.
CULPAN
SENADORES A LA SRA DE INESTABILIDAD EN EL CAMPO
Juan
Arvizu Arrioja, El Universal, página 7, domingo 7 de julio
Las
regiones indígenas de México están salpicadas de conflictos por la tierra a
veces por sólo medio metro, en los que la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) tiene responsabilidades por omisión a lo largo de sexenios, pero en los
últimos tres meses las fricciones tradicionales se han exacerbado, reporta la
senadora Arely Madrid Tovilla, presidenta de la Comisión de Reforma Agraria del
Senado.
Y
advierte: "Los brotes de violencia por la tierra fracturan la paz del
campo, lo que constituye una amenaza a la estabilidad social del país, cuya raíz
está en el agro".
En
tanto, el senador Ismael Hernández Deras, del PRI, urge una solución al
problema entre el ejido Bernalejo de la Sierra y las comunidades tepehuanas de
Santa María Ocotán y Xoconoxtle. Ese conflicto es, dice, "una plataforma
de pólvora a punto de encender".
Los
ejidos tienen el mayor número de problemas, pero los conflictos de extrema
complejidad están en las zonas comunales: Desde luego, Bernalejo de la Sierra,
en los límites de Durango y Zacatecas; Montes Azules, en Chiapas; San Mateo
Atenco, Estado de México, y Los Chimalapas en territorios de Oaxaca y Chiapas.
Se
ha dejado que los problemas "naveguen de muertito", cuando es urgente
más apoyo federal al campo, anota.
Al
filo de la muerte
El
senador duranguense Ismael Hernández Deras señala que es de vida o muerte dar
solución al conflicto entre las comunidades de 17 mil tepehuanos y los 64
ejidatarios de El Bernalejo de la Sierra.
Propone
una indemnización de un millón de pesos a cada uno de los 64 ejidatarios.
Actualmente el pago que se estipula es de 10 millones de pesos, por todo el
ejido.
Acusa
que el gobernador Ricardo Monreal ha exagerado el problema, al darle tintes de
amenaza a la soberanía de su estado, como si se tratara de un tema político,
cuando desde 1956 surgió como un asunto de disputa agraria.
NEGOCIA
GABINETE GASTOS POR BLOQUE
Anabel
Hernández, El Universal, página 1/6, domingo 7 de julio
En
un hecho inédito, los tres secretarios de Estado del área social conformaron
un bloque para decidir qué programas de sus dependencias desaparecerán el próximo
año, las nuevas acciones para el 2003 y elaborar un presupuesto conjunto para
tener más fuerza en las negociaciones ante Hacienda y la Cámara de Diputados.
Josefina
Vázquez Mota, de Desarrollo Social; Julio Frenk, de Salud y Reyes Tamez, de
Educación, aseguran a El Universal que hicieron este "frente
social" apartados de agendas personales y aspiraciones futuristas.
Ellos
mismos denominan a ese bloque como "frente social", en el que, dicen,
definirán acciones comunes para el 2003. De entrada, anuncian que, de común
acuerdo, decidirán qué programas de sus respectivas dependencias desaparecerán
el próximo año.
En
entrevista, los secretarios señalan que fue idea suya la de presentar los
presupuestos por gabinete, y no de manera individual como se hacía.
El
origen del frente social
El
presidente Fox dio la instrucción a todos los secretarios de que entre ellos
mismos se organizaran por ramo y eligieran a un coordinador. El gabinete social
nombró a Vázquez Mota.
Los
titulares de las dependencias que lo integran Salud, Educación, Desarrollo
Social, Trabajo, Reforma Agraria, Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
y las instituciones de salud, entre otras se reúnen con el Presidente para
revisar los avances.
CHIAPAS
INVESTIGADORES
SEÑALAN AUMENTO DEL HOSTIGAMIENTO EN LOS MONTES AZULES
Hermann
Bellinghausen, La Jornada, página 10, domingo 7 de julio
En
los últimos meses se han presentado diversas denuncias sobre hostigamientos y
amenazas de desplazamiento en las comunidades indígenas asentadas en los Montes
Azules. El proyecto de desplazamiento de 49 comunidades, enmarcado en un
conflicto político-militar, puede representar un punto detonante, con serias
consecuencias hacia la población que habita en esas regiones, corriendo el
riesgo de agudizar una escalada de represiones que podrían rebasar el ámbito
estatal.
Dentro
de la región de Montes Azules se encuentra asentado el municipio autónomo
zapatista Ricardo Flores Magón, donde más
operativos militares se han padecido en el último año, a la par del
hostigamiento de grupos paramilitares.
El
debate abierto sobre el desplazamiento de poblaciones indígenas con el
argumento de proteger la reserva de la biosfera Montes Azules representa un
trasfondo mucho más profundo que la mera intención de proteger una reserva
ecológica.
Enviados
de CAPISE
El
Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE)
envió a un grupo de investigadores para realizar un recorrido por la región de
los Montes Azules por espacio de una semana. Los especialistas lograron
entrevistarse con los pobladores directamente amenazados con el desplazamiento.
La
información recabada representó una amplia gama de factores y actores
involucrados en la sistemática violación a los derechos humanos debido a los
proyectos de desplazamiento de comunidades indígenas, en simbiosis con la guerra
de baja intensidad.
Las
comunidades afirman que el programa de microrregiones, llamado también Proyecto
de Desarrollo Sustentable de la Selva, es una de las ramas del Plan Puebla-Panamá.
Declaran que algunas poblaciones son habitadas por lacandones (caribes), y que
éstos dan entrada a extranjeros y al gobierno, así como a sus planes.
INDISPENSABLE,
CUMPLIR LAS TRES SEÑALES PEDIDAS POR EL EZLN
Elio
Henríquez, La Jornada, página 12, domingo 7 de julio
Al
presentar los resultados preliminares del Encuentro Nacional por la Paz con
Justicia y Dignidad, los participantes se manifestaron por el cumplimiento de
las tres señales demandadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) el 2 de diciembre de 2000, como condición "indispensable" para
la reanudación del diálogo y la negociación en Chiapas.
Asimismo,
plantearon luchar por un fallo favorable a las exigencias de los pueblos indígenas
de México respecto de las controversias constitucionales presentadas ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas aprobadas en
abril del año pasado por el Congreso de la Unión.
Las
conclusiones de las tres mesas de trabajo, en las que más de mil asistentes
laboraron hoy, fueron presentadas esta noche en plenaria, pero el sacerdote
Miguel Concha Malo aclaró que no son definitivas y que durante la jornada de
este domingo serán afinadas y matizadas.
En
los resultados presentados esta noche se estableció la necesidad de que se
realice un proceso integral de desmilitarización de las comunidades, el
desmantelamiento y castigo de los grupos paramilitares, crear las condiciones de
retorno para los desplazados -considerando la indemnización correspondiente-,
la liberación de los presos de conciencia, la reconstrucción del tejido social
y el respeto a los derechos humanos, particularmente de las mujeres.
También
convinieron en construir mecanismos de diálogo para evitar que la lógica
de guerra siga dañando a las comunidades, así como luchar por la eliminación
de los planes gubernamentales que dividen y desorganizan a las localidades, y
fortalecer la autonomía, especialmente la de municipios pro zapatistas.
El
ex candidato presidencial perredista, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, destacó
la pluralidad del encuentro y se pronunció porque "pueda constituirse en
una voz que llame al gobierno de la República a tomar conciencia de la
necesidad de actuar" para solucionar el conflicto armado.
INCONFORMIDAD
POR LA CESIÓN DE TERRENOS A TMM
Víctor
Cardoso, La Jornada, página 23, domingo 7 de julio
La
cesión presuntamente ilegal de 12.5 hectáreas a Transportación Marítima
Mexicana (TMM) provocó inconformidad entre empresas operadoras de terminales
portuarias contra la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
Esta
cesión supuestamente ya estaba prevista en la concesión otorgada desde 1995 a
TMM, principal empresa de transporte multimodal en América Latina y que sólo
en Manzanillo moviliza alrededor de 300 mil contenedores al año.
Sin
embargo, la adjudicación otorgada por la Coordinación de Puertos y Marina
Mercante tiene valores comercial y estratégico diferentes: si bien, por un lado
su permiso original incluía las mismas 12.5 hectáreas, éstas se utilizarían
para área de maniobras y se localizarían en una laguna, la de Tepeixtles, que
sería rellenada por la dependencia pero fue declarada como reserva ecológica.
Por cuanto al valor
comercial y estratégico para el desarrollo de negocios, según argumentos de
las empresas competidoras Operadora de la Cuenca del Pacífico (Ocupa), Terminal
Internacional de Manzanillo (TIMSA) y Hutchinson Ports Holding (HPH), no es lo
mismo un terreno para área de maniobras que una propiedad con frente de mar y
con la cual TMM pasará de 2 actualmente a 5 posiciones de atraque en mil 300
metros de muelle.
Para
el director general de Hutchinson Ports Holding (una de las operadoras
portuarias en esta teminal), Jorge Magno Lecona, la cesión otorgada a TMM
"cancela toda posibilidad de competencia"; posiciona a esta empresa
como la principal operadora en los siguientes 10 años y desalienta nuevas
inversiones de empresas interesadas en ingresar a este mercado. "Pero además
no hay ninguna equidad en cuanto a la plusvalía del terreno que le fue cedido,
suponiendo que TMM tuviera legítimamente ese derecho".
En contrapartida, TMM ha defendido su adquisición mediante el argumento de que es una "reposición" del área incluida en su concesión y por tanto no era necesario realizar ningún tipo de licitación adicional. Pero sobre todo, porque "de no haberse solucionado (la adjudicación), la API-Manzanillo pudo verse involucrada en una demanda por incumplimiento, lo que la obligaría a pagar daños y perjuicios a TMM, porque así está especificado en el contrato original, que data de 1995"
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