Domingo 24 de febrero de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
La Jornada • Unomásuno • Reforma • Excélsior
INSISTEN
EN ATENCO EN DESAPARICIÓN DE PODERES.
Ángeles Cruz y René Ramón Alvarado, La Jornada, páginas 1-16, domingo 24 de
febrero.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la controversia
constitucional presentada por el ayuntamiento de San Salvador Atenco, y con ello
dio un plazo de 30 días hábiles a cinco secretarías y al Ejecutivo federal
para que den respuesta a la demanda. Por su parte, habitantes de dicha localidad
solicitaron la desaparición de poderes en el municipio, así como el
nombramiento de un consejo que recupere la gobernabilidad en la zona. De lo
contrario, advirtieron, podrían ocurrir enfrentamientos entre los pueblos.
PATOS,
MACHETES Y UN NUEVO AEROPUERTO.
César Aguilar García, Reportaje, Unomásuno, página 7, domingo 24 de febrero.
Están dispuestos a morir, a salir con “los pies por delante” y convertir su
resistencia en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México
en una “nueva revolución”, al sentirse víctimas de una confabulación por
parte de los gobiernos federal y estatal.
COMUNEROS
DE DURANGO EXPULSAN DE 2 POBLADOS ZACATECANOS A 200 EJIDATARIOS.
Alfredo Valadez Rodríguez, La Jornada, página 1, domingo 24 de febrero.
Alrededor de 350 comuneros tepehuanos de Durango, armados con machetes y
presuntamente con armas de fuego, desplazaron a más de 200 ejidatarios de las
comunidades zacatecanas de Pajaritos y Bernalejo de la Sierra, y amagaron con
sacar por la fuerza a otros 180 pobladores. Los ocupantes exigen la entrega de 5
mil 400 hectáreas de bosque que desde hace 40 años se encuentran en disputa
agraria en la zona limítrofe entre Zacatecas y Durango.
RECLAMAN
TIERRAS.
(Pie de foto). Reforma, página 22, domingo 24 de febrero.
Poco más de 350 indígenas tepehuanos invadieron territorio zacatecano al
reclamar la posesión de 5 mil hectáreas del ejido Bernalejo, ubicado en los límites
con Durango. Los terrenos fueron expropiados en 1997 por el ex Presidente
Ernesto Zedillo para resolver un conflicto agrario.
DENUNCIA
EL DESPOJO A UN CAMPESINO EN TEPIC.
Excélsior, página 15, domingo 24 de febrero.
Señor Director: Le solicito su apoyo para publicar este comentario en donde se
da a conocer a toda la ciudadanía una injusticia cometida en contra de un
humilde campesino de la población de Amatlán de las Cañas, Nayarit, que
responde al nombre de J. Félix Curiel Rivera y quienes le han despojado de su
parcela de aproximadamente 13-50-00 has. de la manera más cruel, según por la
autoridad que “dignamente” representa a nivel federal, son los magistrados
del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito con sede en la
ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit.
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
INSISTEN
EN ATENCO EN DESAPARICIÓN DE PODERES.
Ángeles Cruz y René Ramón Alvarado, La Jornada, páginas 1-16, domingo 24 de
febrero.
La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la controversia
constitucional presentada por el ayuntamiento de San Salvador Atenco, y con ello
dio un plazo de 30 días hábiles a cinco secretarías y al Ejecutivo federal
para que den respuesta a la demanda. Por su parte, habitantes de dicha localidad
solicitaron la desaparición de poderes en el municipio, así como el
nombramiento de un consejo que recupere la gobernabilidad en la zona. De lo
contrario, advirtieron, podrían ocurrir enfrentamientos entre los pueblos.
En
una carta enviada al gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, los
ejidatarios plantearon que el presidente municipal, Margarito Yáñez Ramos, ya
no representa a nadie en Atenco porque no supo defender los intereses del pueblo
frente a la pretensión del gobierno federal de expropiar sus terrenos para la
construcción del nuevo aeropuerto.
Incluso,
refirieron que Yáñez Ramos admitió que él nunca tuvo conocimiento de la
posibilidad de que la nueva terminal aérea se edificara en esa zona del estado
de México, por lo que, afirmaron los habitantes de Atenco, es un inepto. No
respondió a las necesidades de la gente que lo eligió como presidente
municipal.
Los
decretos expropiatorios violaron tres artículos constitucionales, argumentan
Respecto
a la decisión de la SCJN, dio como válida la demanda presentada por las
autoridades locales, mismas que argumentan que con los decretos presidenciales
de expropiación se violaron los artículos 16, 115, 26 y cuarto de la Carta
Magna.
Por
ello, el Poder Judicial de la Federación solicitó un informe sobre el decreto
a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos
Naturales, de la Reforma Agraria, de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
y de Hacienda y Crédito Público, así como al presidente Vicente Fox, quien
podrá responder "por conducto del consejero jurídico del Ejecutivo
federal".
De
igual forma, la SCJN solicitó la documentación correspondiente a quienes
fueron señalados como terceros afectados, en total 10 municipios, que son:
Texcoco, Acolman, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Tezoyuca, San Vicente
Chicoloapan, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla y Tepetlaoxtoc; también fue
notificado el gobierno capitalino.
Como
terceros interesados, se avisó al gobernador Arturo Montiel, al Poder Judicial
y al Congreso del estado de México.
En
relación con los ejidatarios, éstos también dirigieron una carta al Congreso
del estado para cuestionar la validez de un bando municipal de policía y buen
gobierno del 5 de febrero de 2002, en el que se informa del cambio temporal de
la cabecera municipal de Atenco al ejido de Santa Isabel Ixtapa.
De
acuerdo con ese bando, este cambio se dio por acuerdo del Congreso, por lo que
los campesinos piden información por escrito sobre la veracidad de estos
hechos.
Ambas
cartas fueron entregadas el pasado martes en las oficinas de Montiel Rojas, así
como en el Congreso local. En la dirigida al gobernador, los de San Salvador
Atenco detallaron que las personas que se mantienen en plantón en el palacio
municipal de ninguna manera tienen tomadas esas oficinas, por lo cual es
falsa la afirmación de Yáñez Ramos.
Es
urgente, dice la misiva, que el Poder Ejecutivo del estado tome cartas en el
asunto y solicite al Congreso local la desaparición de poderes en Atenco. Si
por el contrario, ambas autoridades aceptan trasladar la sede de la cabecera
municipal, "se convertirían en copartícipes de provocar un enfrentamiento
entre los pueblos de Atenco, con graves consecuencias para todos".
De
hecho, ya hay indicios de la violencia que podría generarse. En semanas
pasadas, Yáñez Ramos convocó a una marcha "por la paz", en la que
participaron personas de municipios vecinos, quienes portaban armas de fuego.
Convocan
a marcha
Este
sábado, los ejidatarios que mantienen un plantón en protesta por los decretos
expropiatorios del pasado 22 de octubre, se dividieron en comisiones para
participar en diversos foros en la ciudad de México, en los que convocaron a
varias organizaciones sociales y civiles a tomar parte en la marcha del próximo
27, la cual se realizará del Ángel de la Independencia a Los Pinos, donde
entregarán una invitación al presidente Vicente Fox, a fin de que debata con
los campesinos el próximo 4 de marzo, a las 10 de la mañana, en las
instalaciones del Auditorio Nacional.
PATOS,
MACHETES Y UN NUEVO AEROPUERTO.
César Aguilar García, Reportaje, Unomásuno, página 7, domingo 24 de
febrero.
Están
dispuestos a morir, a salir con “los pies por delante” y convertir su
resistencia en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México
en una “nueva revolución”, al sentirse víctimas de una confabulación por
parte de los gobiernos federal y estatal.
Con
machetes y guadañas en mano, que se han convertido en un icono, los 800
ejidatarios y 400 pequeños propietarios de los municipios de Texcoco,
Chimalhuacán y Atenco, Estado de México, que se ven afectados por el decreto
expropiatorio de cuatro mil 500 hectáreas de terreno, han pensado hasta en la cárcel.
Y
mientras el secretario de Comunicación y Transportes (SCT), Pedro Cerisola,
hablaba con los patos y los gansos, las constructoras del país inician alianzas
para ser favorecidas en la construcción de la terminal aérea y hacer frente a
las licitaciones que, en este caso, tendrán carácter internacional.
La
mañana del miércoles 14 de noviembre pasado, con machete en mano, Ignacio del
Valle, uno de los líderes más conocidos del movimiento opositor, llamó a la
población de San Salvador Atenco a asumir la defensa de su territorio,
entendiendo éste como tierras, bosques y agua para su sobrevivencia y
desarrollo.
Con
la firme consigna de “no vender a ningún precio”, la caravana de casi cinco
mil ejidatarios partió en una marcha a la ciudad de México que derivó en un
zafarrancho a machetazos contra granaderos que pretendieron detenerlos en su
camino al Zócalo, en la calle Francisco Morazán, en la delegación Venustiano
Carranza.
En
ese lugar, con machetes, guadañas, trinches y caballos, los ejidatarios de
Texcoco, San Salvador Atenco, Santa Isabel Ixtapa, Nexquipayac, El Salado, San
Pablito Chiconcuac, La Magdalena Panoaya, San Miguel Tocuila y San Felipe
Santa-Cruz llamaron poderosamente la atención de los chilangos, quienes
acostumbrados a las marchas, mítines y “plantones”, no alcanzaban a digerir
la presencia de un contingente armado por las calles de la capital.
El
20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, fue ocasión para que
los representantes de los más de cuatro mil 800 ejidatarios afectados por el
decreto expropiatorio manifestaran que la “lucha contra las injusticias y los
abusos de poder”, así como por la defensa de la tierra está en marcha.
Y
es que a decir del secretario del Comisariado Ejidal de Atenco, Eduardo Martínez
Castillo, los campesinos mexiquenses “fueron los paganos de intereses
oscuros”.De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el
actual aeropuerto internacional de la ciudad de México está muy cerca de
llegar a superar su capacidad operativa, ya que máximo en cinco años estará
en su límite de 320 mil operaciones anuales, por lo que puede haber mayores
“inconvenientes” de operación y retrasos ante su incapacidad para atender
la demanda.
La
dependencia argumentó que como gobierno tiene “la obligación de tomar
decisiones difíciles y superar los rezagos e indefiniciones del pasado,” de
manera que la decisión de construir la nueva terminal aérea en terrenos del ex
Lago de Texcoco se apegó a “criterios rigurosamente técnicos”, buscando
que las necesidades de los usuarios sean plenamente satisfechas en el largo
plazo –50 años–, que sea viable para las aerolíneas, económicamente
rentable, con un impacto positivo en el desarrollo de la zona y el menor impacto
ambiental.
El
Proyecto Ambiental Nuevo Texcoco, promovido por el gobernador del Estado de México
señala que el centro del Valle de México, y a unos cuantos kilómetros del Zócalo
capitalino, se ubica el área ribereña de lo que fue el Lago de Texcoco, “un
extenso territorio que puede convertirse en el sitio de la más ambiciosa
estrategia de desarrollo que esta región jamás haya visto”.
Y es que para alcanzar que con su construcción se logre una cercanía con los centros de demanda, disponibilidad de infraestructura, no separación de vuelos y seguridad aérea, para el nuevo aeropuerto se calcula una inversión de los dos mil 863 millones de dólares sólo para infraestructura aeroportuaria.
DURANGO-ZACATECAS
COMUNEROS
DE DURANGO EXPULSAN DE 2 POBLADOS ZACATECANOS A 200 EJIDATARIOS.
Alfredo Valadez Rodríguez, La Jornada, página 1, domingo 24 de febrero.
Alrededor
de 350 comuneros tepehuanos de Durango, armados con machetes y presuntamente con
armas de fuego, desplazaron a más de 200 ejidatarios de las comunidades
zacatecanas de Pajaritos y Bernalejo de la Sierra, y amagaron con sacar por la
fuerza a otros 180 pobladores. Los ocupantes exigen la entrega de 5 mil 400 hectáreas
de bosque que desde hace 40 años se encuentran en disputa agraria en la zona
limítrofe entre Zacatecas y Durango.
De
las 64 familias de ejidatarios zacatecanos que habitaban hasta hace unas semanas
en esta región serrana, ubicada en una zona de difícil acceso, a ocho horas
desde la capital de Zacatecas, sólo 35 permanecen en el lugar, mientras policías
ministeriales de ambas entidades vigilan a los indígenas tepehuanos para evitar
un enfrentamiento.
La
policía de Zacatecas aseguró que los tepehuanos no sólo cuentan con machetes,
sino que además tendrían rifles AK-47. "No hombre, ¿usted cree
que nos los van a enseñar?, por eso tenemos precaución, porque sabemos que
traen mejores armas que nosotros", dijo uno de los judiciales. Se afirma
que los ejidatarios zacatecanos "también tienen cuete (armas), pero
no lo sacan".
Aunado
a la tensa calma que se vive en estas montañas (a más de tres mil metros sobre
el nivel del mar y a una hora en helicóptero desde la capital de Zacatecas),
los indígenas informaron que otros mil tepehuanos, procedentes del municipio
duranguense de Santa María Ocotán llegarán la noche de este sábado o el
domingo para "reforzar" la invasión de tierras.
El
origen del conflicto
La
noche del jueves, alrededor de 350 tepehuanos, entre hombres, mujeres y niños,
procedentes de las comunidades de Santa María Ocotán y Xoconoxtle, Durango,
invadieron el ejido Pajaritos, Zacatecas, armados con machetes y palos,
exigiendo la restitución de tierras que dicen les pertenecen.
La
incursión obligó el envío de medio centenar de policías ministeriales de
Zacatecas, y el gobierno de esta entidad solicitó la presencia del Ejército
Mexicano adscrito al municipio de Valparaíso, para evitar enfrentamientos entre
los indígenas y los ejidatarios, quienes fueron forzados a replegarse a sus
casas.
Arturo
Nahle García, secretario de Gobierno de Zacatecas, quien se trasladó hasta
Pajaritos para mediar entre las partes en conflicto y evitar un choque, calificó
la situación como "muy tensa".
La
demanda de los indígenas de Durango, indicó, es que se acate el decreto
emitido el 25 de junio de 1997 por el entonces presidente Ernesto Zedillo, quien
dotó a los tepehuanos de las tierras de Pajaritos y las del ejido adjunto,
Bernalejo de la Sierra, ambas localidades zacatecanas del municipio de Valparaíso,
y con una extensión de 5 mil 400 hectáreas.
"Pero
eso significa un despojo para los ejidatarios zacatecanos, quienes a su vez
recibieron esos predios en los años 50 -también por decreto presidencial-, por
lo cual este asunto agrario se destraba en las instancias agrarias sin que hasta
el momento haya un fallo definitivo", dijo el funcionario.
En
aquel entonces, el gobierno federal firmó en el decreto una retribución de 9
millones de pesos a los ejidatarios de Zacatecas por la afectación, para que
con este dinero pudieran comprar tierras en otro lugar del estado. No aceptaron
los ejidatarios. Una segunda propuesta de las autoridades agrarias fue donarles
un predio de más de 10 mil hectáreas (el doble de lo dotado a los indígenas),
pero entre los municipios zacatecanos de Nieves y El Salvador, en pleno
semidesierto. Tampoco accedieron.
"Ante
la gravedad de los hechos", el secretario de Gobierno de Zacatecas entabló
comunicación con el subprocurador agrario, Gilberto Hertz, en la ciudad de México,
quien acordó entrevistarse en la capital del país con autoridades de gobierno
de ambas entidades y representantes de los grupos en conflicto, el próximo
jueves 28 de febrero "para conocer cómo se encuentra el expediente".
El
funcionario local informó además que entre los "invasores"
tepehuanos se encuentran pobladores de otras comunidades indígenas de Durango,
como Canoas, Ciénega, Tonalapa, San Simitrio y La Soledad.
El
gobierno federal, responsable si hay violencia: indígenas
A
unos 200 metros del caserío de Pajaritos se encuentran pertrechados, entre árboles
de pino, cedro y encino, más de 350 tepehuanos, quienes son vigilados a
distancia por policías ministeriales de Durango y Zacatecas.
Los
"invasores" aseguran: "ya estamos cansados de tanta política y
esta vez no vamos a retroceder". Sus voceros son vitoreados por un numeroso
grupo que les acompaña cada que dialogan con la prensa, al coro de "¡Así
es!", "¡Así es!"
"Si
hay un enfrentamiento con los de aquí -¡porque los vamos a sacar aunque sea
por la fuerza!- es por culpa de las autoridades, porque el gobierno de Zacatecas
y el federal no han querido ayudarnos a resolver este problema", acusó
Faustino Reyes Flores, uno de los tepehuanos.
"Creo
que entre nosotros hay buena disposición para que se resuelva bien el asunto.
Si a los (ejidatarios) de Bernalejo y Pajaritos en lugar de decirles están los
9 millones, les damos el doble, creo que hay la posibilidad de que los compañeros
en ese caso acepten lo que está dentro del documento."
Reynaldo
Mendoza Soto, otro de los comuneros, afirmó que si el gobierno federal no
interviene pronto, pues tenemos que "invitar a nuevas organizaciones indígenas
que existen en el país para sacar a estas gentes de aquí".
?¿Está
descartada la violencia física, el derramamiento de sangre?
?Bueno,
si intervienen pronto, sí. Pero si no, ya es responsabilidad del gobierno
federal. Porque de alguna manera ya hemos esperado más de cinco años y este es
el tiempo de una respuesta.
Pero
además, rechazaron la posibilidad de acudir a negociar de nuevo con las
autoridades agrarias a la ciudad de México, porque aseguraron, ya "estamos
cansados de tantas vueltas y tantas políticas y no hacen nada".
No
cederemos ni un centímetro, advierte Monreal
Del
lado contrario, Marcelino Santoyo Bautista, comisariado ejidal de Pajaritos,
aseveró que "este conflicto nosotros no lo hicimos, porque no somos
paracaidistas, lo hizo el alto gobierno, nosotros tenemos documentos donde
consta que somos dueños del terreno desde 1949".
El
representante de los ejidatarios zacatecanos señaló que desde el gobierno de
Arturo Romo y ahora el de Ricardo Monreal se les ha asegurado que Bernalejo de
la Sierra y Pajaritos son territorio zacatecano.
Ayer,
el gobernador zacatecano, Ricardo Monreal, aseguró que la batalla legal
continuará y reiteró que "no vamos a cederles a los de Durango ni un centímetro".
Sin
embargo, según el decreto presidencial de dotación a los tepehuanos (25 de
junio de 1997, Secretaría de la Reforma Agraria), el ejido de Pajaritos y
Bernalejo de la Sierra está enclavado en el municipio de El Mezquital, Durango,
mientras que el gobierno de Zacatecas asegura que está en el municipio de
Valparaíso de esta entidad.
RECLAMAN
TIERRAS.
(Pie de foto). Reforma, página 22, domingo 24 de febrero.
Poco
más de 350 indígenas tepehuanos invadieron territorio zacatecano al reclamar
la posesión de 5 mil hectáreas del ejido Bernalejo, ubicado en los límites
con Durango. Los terrenos fueron expropiados en 1997 por el ex Presidente
Ernesto Zedillo para resolver un conflicto agrario.
NAYARIT
DENUNCIA
EL DESPOJO A UN CAMPESINO EN TEPIC.
Excélsior, página 15, domingo 24 de febrero.
Señor
Director: Le solicito su apoyo para publicar este comentario en donde se da a
conocer a toda la ciudadanía una injusticia cometida en contra de un humilde
campesino de la población de Amatlán de las Cañas, Nayarit, que responde al
nombre de J. Félix Curiel Rivera y quienes le han despojado de su parcela de
aproximadamente 13-50-00 has. de la manera más cruel, según por la autoridad
que “dignamente” representa a nivel federal, son los magistrados del Segundo
Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito con sede en la ciudad de Tepic,
capital del estado de Nayarit.
Es
mi deseo que personas como ustedes, con ese gran corazón, nos apoyen, ya que
nosotros en estos lugares tan apartados en donde vivimos, sólo conocemos las
leyes en los libros, las escuchamos en los discursos y las vivimos de acuerdo
con los personales “criterios” de estos magistrados de los cuales les hago
mención.
Honestamente
dudo que el que tenga que perder en este asunto sea el campesino, ya que él sólo
ha sido una víctima de la corrupción, en la cual se encuentran dentro los
magistrados señalados.
Les
envío un escrito en donde solicito la intervención del señor Genaro Góngora
Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dios Nuestro
Señor le permita por medio del conducto de los medios que representan (si está
en sus manos ayudarnos) preste atención a esa grandísima injusticia hecha a un
campesino y nos apoye en resolver, haciendo valer la justicia en el Recurso de
Revisión que ya le hemos presentado.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx