Martes 22 de enero de 2002 Martes 22 de enero de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
La Jornada • Reforma
• El Universal
• El Sol de México • Milenio Diario • Excélsior
“SESGO
MASCULINO” EN LAS REFORMAS AGRARIAS.
Karina Avilés, La Jornada, página 17, martes 22 de enero.
En México, al igual que en muchos países de Latinoamérica, para que una mujer
campesina tenga acceso a la tierra tiene que heredarla. Apenas 21.7 por ciento
de las mujeres rurales contra 78.3 por ciento de los hombres son propietarias de
un terreno en el país. Pese a ello, las reformas agrarias realizadas en los últimos
años en varias de las naciones todavía guardan "un fuerte sesgo
masculino", expresó la investigadora Carmen Diana Deere.
DESCARTA
LA SRA SE FRENE PROYECTO.
Benito Jiménez, Reforma, página 2, martes 22 de enero.
La Secretaría de la Reforma Agraria aceptó ayer la posibilidad de
"imprecisiones" en la expropiación de tierras a la empresa Alcin, en
Santiago Cuautlalpan, pero descartó que el proyecto ecológico anexo al futuro
aeropuerto de Texcoco resulte afectado en caso de que la firma gane la demanda
de amparo que interpuso contra la dependencia federal.
NEGOCIA
COMPENSACIONES GOBIERNO CON EJIDATARIOS.
Ramón Sevilla, Reforma, página A8, martes 22 de enero.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera las
controversias constitucionales promovidas por los Gobiernos del DF y Texcoco en
contra de la construcción del aeropuerto, autoridades federales y del Estado de
México negocian con campesinos la aprobación de medidas que complementen el
costo por la expropiación de tierras.
DESCARTAN
RIESGOS AMBIENTALES EN TEXCOCO.
Redacción, Reforma, página A8, martes 22 de enero.
El premio Nobel de Química 1995, Mario Molina, aseguró que la operación del
nuevo aeropuerto en Texcoco no pone en riesgo las metas del Programa para
Mejorar la Calidad del Aire (Proaire) en la región.
APRUEBAN
REUBICAR LA ALCALDÍA DE ATENCO.
Juan Lázaro y Teresa Montaño, El Universal, página 15, martes 22 de enero.
El gobierno del estado de México consideró legal la solicitud presentada por
el cabildo de este lugar, para cambiar la sede municipal a la comunidad de Santa
Isabel Ixtapan, ante la suspensión de actividades del ayuntamiento por la
resistencia de los ejidatarios a la construcción del aeropuerto.
ECOLOGISTAS
DEMANDARÁN AL GOBIERNO FEDERAL POR EL IMPACTO AMBIENTAL DEL AEROPUERTO EN
TEXCOCO.
Javier Salinas Cesáreo, René Ramón Alvarado e Isabel Dávila, La Jornada, página
41, martes 22 de enero. Información relacionada con el tema se publicó en
Reforma, página 2.
Grupos ecologistas de Estados Unidos, Canadá y México presentarán ante el
panel de la comisión ecológica del Tratado de Libre Comercio (TLC) una demanda
en contra del gobierno federal mexicano por violar el apartado que se refiere a
la cooperación para proteger el medio ambiente, ya que la construcción del
nuevo aeropuerto en Texcoco afectaría el hábitat de aves migratorias y otras
especies que existen en el área.
EXHORTAN
AL GOBIERNO CHIAPANECO Y A LA CEDH A ENTABLAR “MAYOR COMUNICACIÓN”.
Elio Hernández, Ángeles Mariscal y Juan Balboa, La Jornada, página 32, martes
22 de enero.
El obispo Felipe Arizmendi Esquivel exhortó al gobierno de Chiapas y al
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López
Hernández, a entablar entre sí una mayor comunicación "para evitar malos
entendidos o conflictos que pueden resolverse por medio del diálogo".
EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO NO REGULARIZARÁ PREDIOS INVADIDOS.
Jorge Velásquez, El Sol de México, página 7M, martes 22 de enero.
Ante el grave problema de tenencia de la tierra que prevalece en el Estado de México,
lo que ha llevado a organizaciones y grupos políticos a invadir terrenos en
diversos municipios de la entidad, el director general del Registro Público de
la Propiedad, Ismael Velasco advirtió que no se subsanarán anomalías. Quienes
sean invasores no entrarán a la legalidad. Sentenció.
OBLIGARAN
TLAXCALA A REGRESAR TERRENOS.
Francisco Gómez, El Universal, página 12, martes 22 de enero.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá en breve los
mecanismos para obligar al gobierno de Tlaxcala y autoridades municipales de esa
entidad a cumplir con una sentencia dictada por un tribunal agrario, la cual
inhabilita a las autoridades estatales y municipales a disponer de terrenos
ejidales del poblado de San Bernabé Amajac de Guerrero.
AGRO
COMPETITIVO Y RENTABLE, RETO DE SAGARPA: USABIAGA.
Matilde Pérez, La Jornada, página 15, martes 22 de enero.
Los programas oficiales para el campo se han quedado cortos y se han
distorsionado por razones de "clientelismo político", dijo el
secretario de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo, situación que, dijo,
concluirá con el actual plan que trasciende el periodo sexenal y enfoca sus
acciones a la competitividad y rentabilidad.
“MANO
NEGRA” EN GRAVAMEN A FRUCTUOSA: MAICEROS.
Salvador Y. Maldonado, Milenio Diario, página 31, martes 22 de enero.
Agricultores maiceros y trigueros insisten en que el gobierno instrumente un
marco de apoyos equilibrados para diversos productos agrícolas, dado que la
medida fiscal que gravó a las bebidas endulzadas con fructosa de maíz supuso
“una mano negra” a favor de los industriales azucareros, con un costo para
las empresas que consumen el maíz amarillo producido en el país, expresaron el
secretario estatal de comercialización de la Confederación Nacional Campesina
(CNC), Ricardo Ron Siordia, y el presidente de la Unión de Maiceros de Jalisco,
René López Ruelas.
LA
POLÍTICA FISCAL, NEGATIVA PARA 25 MILLONES DE CAMPESINOS.
Mario Peralta, Excélsior, página 5,
martes 22 de enero.
El retrato de la política fiscal foxista de cobrar menos al que menos tiene, se
pretende enmarcar en la política agraria del país para beneficiar a los
latifundistas, terratenientes y rentistas en agravio de 25 millones de
campesinos empobrecidos, afirmaron ayer en conferencia de prensa dirigentes de
las principales organizaciones agrarias, al denunciar una campaña de
desprestigio proveniente de algunos integrantes del gabinete presidencial e
importantes empresarios en contra de diputados y senadores de la LVIII
Legislatura que aprobaron la reforma fiscal, recientemente.
CLASE
POLÍTICA.
Miguel Ángel Rivera, La Jornada, página 4, martes 22 de enero.
Superada la intensa fase de polémica y de inquietud en torno al
presupuesto federal, una revisión más detallada del mismo permite encontrar
aspectos positivos poco comentados, como el aumento autorizado por los diputados
a proyectos productivos y acuerdos agrarios, a cargo de la Secretaría de la
Reforma Agraria. Para las organizaciones campesinas, tal vez no sea suficiente,
pero en medios del gobierno federal se interpreta como un tácito reconocimiento
a la labor de la secretaria María Teresa Herrera Tello.
SECTOR
AGRARIO
“SESGO
MASCULINO” EN LAS REFORMAS AGRARIAS.
Karina Avilés, La Jornada, página 17, martes 22 de enero.
En
México, al igual que en muchos países de Latinoamérica, para que una mujer
campesina tenga acceso a la tierra tiene que heredarla. Apenas 21.7 por ciento
de las mujeres rurales contra 78.3 por ciento de los hombres son propietarias de
un terreno en el país. Pese a ello, las reformas agrarias realizadas en los últimos
años en varias de las naciones todavía guardan "un fuerte sesgo
masculino", expresó la investigadora Carmen Diana Deere.
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
DESCARTA
LA SRA SE FRENE PROYECTO.
Benito Jiménez, Reforma, página 2, martes 22 de enero.
La
Secretaría de la Reforma Agraria aceptó ayer la posibilidad de
"imprecisiones" en la expropiación de tierras a la empresa Alcin, en
Santiago Cuautlalpan, pero descartó que el proyecto ecológico anexo al futuro
aeropuerto de Texcoco resulte afectado en caso de que la firma gane la demanda
de amparo que interpuso contra la dependencia federal.
Joaquín
Contreras Cantú, director del Registro Agrario Nacional (RAN), organismo de la
SRA, confirmó que a la empresa Alcin, SA, le fueron aportadas tierras de uso
común del ejido Santiago Cuautlalpan, en Texcoco.
REFORMA
publicó el lunes la denuncia de Alcin ante la Secodam, por lo que considera el
despojo de más de 54 hectáreas como si éstas todavía fueran parte del ejido,
cuando desde 1997 salieron de ese régimen de propiedad.
"Parte
de su superficie, o la totalidad, de sus tierras de uso común no parcelarias
son objeto de esa aportación", dijo Contreras, pero "será la
autoridad judicial que está conociendo de este asunto y de los que se refieren
al aeropuerto, la que habrá de resolver sobre su procedencia".
Más
allá de lo que suceda con el litigio, el funcionario consideró que no se
afectará a las obras ecológicas anexas al nuevo aeropuerto, fin al que
oficialmente se dedicarían las tierras expropiadas.
En
el expediente expropiatorio, que se integró con datos del RAN, nunca se
menciona la cesión de tierras a Alcin.
A
este respecto Contreras dijo: "realmente lo ignoro, yo creo que como no
afectaba al proyecto pues no fue considerado. No entiendo. Pero ya la empresa
por eso metió su amparo", dijo.
En
cuanto a la medición de los terrenos, donde se observó un excedente de más de
seis hectáreas entre el plano elaborado en 1997 por el INEGI y el decreto
expropiatorio, Contreras aclaró que se basaron en el plano de la dotación
original de tierras al ejido.
NEGOCIA
COMPENSACIONES GOBIERNO CON EJIDATARIOS.
Ramón Sevilla, Reforma, página A8, martes 22 de enero.
Luego
de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera las controversias
constitucionales promovidas por los Gobiernos del DF y Texcoco en contra de la
construcción del aeropuerto, autoridades federales y del Estado de México
negocian con campesinos la aprobación de medidas que complementen el costo por
la expropiación de tierras.
Entre
los beneficios se encuentran un incremento en el pago por los terrenos,
servicios de salud públicos "permanentes" para las familias
afectadas, becas educativas para menores de edad y creación de empleos.
Alfredo
Martínez González, subsecretario de Seguridad Pública del Edomex, aseguró
que con este paquete, las autoridades buscan terminar con las protestas que
generó la decisión presidencial.
Las
negociaciones son encabezadas por el Secretario de Gobernación, Santiago Creel,
y el Gobernador del Estado de México, Arturo Montiel.
De
manera paralela, agregó el funcionario mexiquense, se efectúan reuniones
semanales con representantes federales y estatales de las Secretarías de
Comunicaciones y Transportes, del Medio Ambiente, la Reforma Agraria y la
Contraloría, con la finalidad de destrabar jurídica y políticamente el
problema.
Martínez
abundó que en estas negociaciones también participa el secretario general del
Gobierno del Edomex, Manuel Cadena, quien se reúne "casi a diario"
con representantes de los 13 ejidos afectados por los decretos de expropiación
de tierras.
El
pasado 10 de diciembre, la SCJN admitió a trámite las controversias
constitucionales presentadas por el DF y Texcoco en contra de la construcción
del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, que el Gobierno planea construir
en este último municipio.
De
acuerdo con los tiempos de resolución de una controversia constitucional, el
proceso tomará por lo menos seis meses, aunque por la complejidad técnica del
caso, la sentencia podría estar lista hasta finales del 2002 o en el primer
semestre del 2003.
Martínez
González señaló que el incremento en el pago por los terrenos podría
otorgarse como una "compensación especial" para no contradecir el
avalúo federal.
De
acuerdo con el subsecretario estatal, se plantea además dotar de servicios de
salud públicos "permanentes" para todas las familias afectadas, las
cuales podrán registrarse tanto en el régimen del IMSS como del ISSSTE.
Además
se negocia otorgar becas educativas para menores de edad, cuyos montos, partidas
y destinatarios son analizados.
El
funcionario afirmó que el Gobierno federal y estatal evalúan generar fuentes
de empleo para los campesinos durante el tiempo que agoten las obras de
construcción del nuevo aeropuerto.
"En
este tiempo, los ejidatarios afectados podrían trabajar en las obras y al final
de las mismas, los equipos de trabajo podrían ser donados para ellos con la
finalidad de ser utilizados como instrumentos de trabajo", expresó.
Además,
se encuentra en análisis un sistema para otorgar facilidades a los afectados
por la expropiación de tierras para la adquisición de viviendas o terrenos,
dentro del mismo Estado de México.
En
este sentido, Ernesto Velasco León, director general de ASA, informó el pasado
10 de enero que el Gobierno federal reubicará a 171 familias, que tenían un
inmueble dentro de los terrenos expropiados, en una zona conocida como El
Caracol, ubicada en el mismo sitio de Texcoco.
"Actualmente,
las autoridades realizan una valuación de todos los bienes no propios de la
tierra, como pueden ser pequeñas viviendas, para lo cual se tiene un
presupuesto de 15 millones de pesos, que serán utilizados para reubicar a las
familias y entregarles un pie de casa", explicó.
Descartan
violencia
Al
tiempo que rechazó el uso de la fuerza pública para ejecutar las
expropiaciones en Texcoco, el subsecretario estatal de Seguridad Pública confió
en que la negociación que realizan autoridades y campesinos resuelva el
conflicto.
"De
acuerdo con lo informado por Manuel Cadena, secretario general de Gobierno, las
negociaciones con los ejidatarios van por buen camino, ya que representantes de
12 de los 13 ejidos afectados ya han aceptado reubicarse en otro sitio del mismo
estado y únicamente se encuentran negociando mejores condiciones para su
retiro", explicó.
Martínez
González informó que únicamente el ejido de Atenco es el que se opone al
desarrollo de la zona con la construcción del nuevo aeropuerto.
"El
Gobierno estatal continuará en su esfuerzo de encontrar soluciones por la vía
del diálogo y en su momento acatará la resolución de la Suprema Corte
respecto a las controversias constitucionales presentadas por el Distrito
Federal y el municipio de Texcoco.
"Y
quiero reiterar que el Gobierno estatal o federal no va a tomar por asalto estos
terrenos, hay una trámite legal que tiene que concluir; finalizado éste, las
autoridades correspondientes determinarán qué es lo que habrá de
realizarse", expresó.
Entre
protestas y amparos
Campesinos
de Texcoco y San Salvador Atenco afectados por la expropiación de tierras para
la terminal aérea han recurrido a marchas y demandas de amparo para anular la
decisión.
Octubre
22 del 2001
El
Gobierno federal decide que el nuevo aeropuerto internacional sea en Texcoco.
Este mismo día, el Diario Oficial de la Federación publica la expropiación de
5 mil 300 hectáreas de cultivo por las cuales se pagará poco más de 534
millones 289 mil pesos.
Octubre
22
Alrededor
de 150 vecinos de Texcoco bloquean el acceso al municipio sobre la carretera
Lechería-Texcoco, en protesta por el anuncio.
Octubre
26
Campesinos
de San Salvador Atenco y otras localidades bloquean por casi dos horas la
carretera México-Texcoco, en demanda de que se revoque la expropiación de
terrenos.
Noviembre
14 Ejidatarios del Edomex se enfrentan con agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública del DF cuando se dirigían al Zócalo capitalino para
protestar por la expropiación de tierras. Once personas resultan lesionadas.
Los
ejidos Huexotla, Chimalhuacán y San Bernardino, de Texcoco, asesorados por la
Procuraduría Agraria, promueven demandas de amparo para revertir el decreto
presidencial.
Noviembre
20
Alrededor
de 3 mil ejidatarios de Atenco y Texcoco se manifiestan ante la Subprocuraduría
de Justicia del Edomex para exigir el cese del supuesto hostigamiento policiaco.
Noviembre
28
El
Juez Sexto de Distrito en Ciudad Nezahualcóyotl, José Antonio Sánchez
Carrillo, determina suspender la ejecución del decreto presidencial que expropió
128 hectáreas del ejido San Miguel Teocuila.
Con
palos y machetes, en caballos y tractores, los campesinos de Texcoco y Atenco
marchan de nueva cuenta a la capital del país para demandar la suspensión del
decreto de expropiación.
Diciembre
01
El
Juzgado Sexto de Distrito otorga una segunda suspensión provisional al decreto
expropiatorio en favor de Nexquipayac, municipio de Atenco.
Diciembre
4
El
Gobierno del DF y los municipios de Texcoco y Acolman, Estado de México,
interponen ante la SCJN sendas controversias constitucionales para revocar la
construcción del nuevo aeropuerto y anular la expropiación de tierras.
Diciembre
10
La
SCJN da entrada a las controversias constitucionales promovidas por los
Gobiernos del DF y Texcoco.
Diciembre
27
Para
impedir el inicio de las obras, campesinos colocan 30 costales llenos de tierra
en las calles que dan acceso a las comunidades de Atenco, donde se pretende
construir el aeropuerto.
Enero
3 del 2002
Luego
de la instalación de barricadas en los accesos de la carretera Texcoco-Lechería
al ejido de San Miguel Tocuila, campesinos del lugar cavan zanjas sobre caminos
vecinales con el propósito de impedir el ingreso de máquina a las tierras
expropiadas.
Area
en disputa
El
nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se ubicará sobre
terrenos ejidales del Estado de México. En dos mil 36 hectáreas se construirá
la terminal aérea mientras que tres mil 328 hectáreas se destinarán proyectos
ecológicos y ambientales
Terrenos
expropiados
El
Gobierno federal expropió 5 mil 391 hectáreas de cultivo de trece ejidos de
Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, por los que pagará 534
millones 374 mil 391 pesos.
Núcleo
ejidal San Salvador Atenco
Superficie
expropiada 1,096.61 has
Superficie
a favor de SCT 1, 054.74 has
$
119'453,351.60
Superficie
a favor de Semarnat 23.79 has
$
5'876,335.40
Indemnización
$125'329,687.00
Afectados
SCT /Semarnat 1,435/ 47
Núcleo
ejidal Santa Isabel Ixtapan
Superficie
expropiada 1,267.15 has
Superficie
a favor de SCT 208 has
$14'979,535.20
Superficie
a favor de Semarnat 1,044.09 has
$75'174,638.40
Indemnización
$90'154,173.60
Afectados
SCT /Semarnat 71/530
Núcleo
ejidal Colonia Francisco I. Madero
Superficie
expropiada 290.80 has
Superficie
a favor de SCT 187.17 has
$13'476,722.40
Superficie
a favor de Semarnat 103.62 has
$7'461,280.80
Indemnización
$20'938,003.20
Afectados
SCT /Semarnat 194/132
Núcleo
ejidal Tocuila
Superficie
expropiada 611.55 has
Superficie
a favor de SCT 128.28 has
$9'236,822.40
Superficie
a favor de Semarnat 471.18 has
$33'925,305.60
Indemnización
$43'162,128.00
Afectados
SCT /Semarnat 83/315
Núcleo
ejidal San Felipe y Santa Cruz de Abajo
Superficie
expropiada 243.38 has
Superficie
a favor de SCT 0
Superficie
a favor de Semarnat 243.38 has
Indemnización
$17'523,928.00
Afectados
SCT /Semarnat 83/315
Núcleo
ejidal San Francisco Acuescomac
Superficie
expropiada 247.26 has
Superficie
a favor de SCT 103.07 has
$25'767,975.00
Superficie
a favor de Semarnat 127.76 has
$31'941,825.00
Indemnización
$57'709,800.00
Afectados
SCT /Semarnat 150/50
Núcleo
ejidal Nexquipayac
Superficie
expropiada 900.23 has
Superficie
a favor de SCT 381.81 has
$27'521,374.60
Superficie
a favor de Semarnat 506.87 has
$50'496,643.40
Indemnización
$78'018,018.00
Afectados
SCT /Semarnat 145/532
Núcleo
ejidal La Magdalena Panoaya
Superficie
expropiada 37.42 has
Superficie
a favor de SCT 0
Superficie
a favor de Semarnat 23.73 has
Indemnización
$5'724,097.60
Afectados
SCT /Semarnat 0/24
Núcleo
ejidal San Bernardino
Superficie
expropiada 308.49 has
Superficie
a favor de SCT 0
Superficie
a favor de Semarnat 101.08 has
Indemnización
$25'271,125.00
Afectados
SCT /Semarnat 0/0
Núcleo
ejidal Santiago Cuautlalpan
Superficie
expropiada 136.74 has
Superficie
a favor de SCT 0
Superficie
a favor de Semarnat 133.79 has
Indemnización
$21,525,648.00
Afectados
SCT /Semarnat 0/78
Núcleo
ejidal Huexotla
Superficie
expropiada 91.82 has
Superficie
a favor de SCT 0
Superficie
a favor de Semarnat 91.82 has
Indemnización
$16' 122,572.80
Afectados
SCT /Semarnat 0/57
Núcleo
ejidal San Martín
Superficie
expropiada 176.72 has
Superficie
a favor de SCT 0
Superficie
a favor de Semarnat 14.15 has
Indemnización
$10'451,368.80
Afectados
SCT /Semarnat 0/38
Núcleo
ejidal Chimalhuacán
Superficie
expropiada 470.65 has
Superficie
a favor de SCT 0
Superficie
a favor de Semarnat 311.72 has
Indemnización
$22'443,840.00
Afectados
SCT /Semarnat 0/398
Fuente:
Decreto expropiatorio
Sobre
la mesa
Entre
los beneficios adicionales que las autoridades federales y del Estado de México
han propuesto a los campesinos para complementar el costo por la expropiación
de tierras destacan:
Incremento
en el pago por los terrenos, que podría otorgarse como una "compensación
especial" para no contradecir el avalúo federal.
Dotar
de servicios de salud públicos "permanentes" a las familias
afectadas, las cuales podrán registrarse tanto en el régimen del IMSS como del
ISSSTE.
Otorgar
becas educativas para menores de edad; los montos, partidas y destinatarios aún
son analizados.
Lo
que se analiza por parte del Gobierno
Generar
fuentes de empleo para los campesinos durante el tiempo que agoten las obras de
construcción del nuevo aeropuerto.
Un
sistema para otorgar facilidades a los afectados por la expropiación de tierras
para la adquisición de viviendas o terrenos, dentro del mismo Estado de México.
Quiénes
intervienen en la negociación
Santiago
Creel, Secretario de Gobernación
Arturo
Montiel, Gobernador del Estado de México
Representantes
federales y estatales de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, del
Medio Ambiente, la Reforma Agraria y la Contraloría
Manuel
Cadena, secretario general del Gobierno del Edomex
DESCARTAN
RIESGOS AMBIENTALES EN TEXCOCO.
Redacción, Reforma, página A8, martes 22 de enero.
El
premio Nobel de Química 1995, Mario Molina, aseguró que la operación del
nuevo aeropuerto en Texcoco no pone en riesgo las metas del Programa para
Mejorar la Calidad del Aire (Proaire) en la región.
En
el marco de la inauguración de los trabajos del Quinto Workshop sobre Calidad
de Aire, el químico argumentó lo anterior con base en los trabajos que realiza
junto con su equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de
Massachusetts, informó la agencia Notimex.
Aunque
consideró que el proyecto de la nueva terminal aeroportuaria es viable desde el
punto de vista ambiental, el investigador recomendó considerar los impactos que
traerá el proyecto, sobre todo en materia de transportes y servicios terrestes.
Mario
Molina dijo que a pesar de que en los últimos años han disminuido los índices
de contaminación en la zona, es necesario considerar la posibilidad de
implementar programas para controlar la emisión de tóxicos.
En
el evento, la secretaria estatal de Ecología, Martha Hilda González, reiteró
el compromiso del Gobierno mexiquense de mejorar las condiciones del medio
ambiente y en especial de la zona metropolitana del Valle de México.
Piden
cambiar sede de Alcaldía
El
Cabildo de San Salvador Atenco solicitó al Congreso del Estado de México
cambiar la sede del municipio a otra localidad, dado que la actual permanece
tomada por los ejidatarios que se oponen a la construcción del aeropuerto
alterno de la Ciudad de México.
El
subsecretario de Asuntos Jurídicos, Luis Miranda Nava, consideró que el
Alcalde y el Cabildo no se apegaron al artículo 26 de la Ley Orgánica
Municipal, ya que en dicha solicitud se pide ratificar a la comunidad de Santa
Isabel Ixtapan como nueva cabecera municipal, por lo que no procederá la petición.
Desde
el inicio del conflicto el 22 de octubre del año pasado, el edil no ha podido
trabajar en sus oficinas, al tiempo que más de 700 policías se encargan de la
vigilancia en el municipio.
El
alcalde Margarito Yáñez reconoció que el municipio atraviesa por una situación
problemática ante las constantes manifestaciones de los campesinos.
APRUEBAN
REUBICAR LA ALCALDÍA DE ATENCO.
Juan Lázaro y Teresa Montaño, El Universal, página 15, martes 22 de
enero.
El
gobierno del estado de México consideró legal la solicitud presentada por el
cabildo de este lugar, para cambiar la sede municipal a la comunidad de Santa
Isabel Ixtapan, ante la suspensión de actividades del ayuntamiento por la
resistencia de los ejidatarios a la construcción del aeropuerto.
En
tanto que en la primera quincena de febrero se vence el plazo que dio la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el presidente Vicente Fox
Quesada y cinco secretarios de estado, entreguen al ministro Juventino Castro y
Castro sus argumentos legales y justificación para que el nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM) se construya en el ex lago de
Texcoco.
Esto
para que se resuelvan las controversias constitucionales que solicitaron los
gobiernos del Distrito Federal y de Texcoco el pasado 7 de diciembre y a su vez
la del municipio de Acolman, la cual fue aceptada el 8 de enero en la Unidad de
Controversias Constitucionales de la SCJN.
Mientras
el alcalde de San Salvador Atenco, Margarito Yáñez Ramos, su cabildo y
personal administrativo iniciaron labores en la delegación municipal de Santa
Isabel Ixtapan, donde se habilitó el lugar para que fuera sede de los poderes
municipales ya que la alcaldía está tomada desde el pasado 22 de
octubre por ejidatarios inconformes con la construcción del aeropuerto.
El
secretario general de Gobierno, Manuel Cadena Morales, avaló en entrevista la
posibilidad de que la sede de las actividades del alcalde Yáñez Ramos se
transfiera a otra población cercana, para que el cabildo pueda retomar sus
actividades normales suspendidas desde octubre del año pasado.
Por
su parte, el gobernador Arturo Montiel Rojas consideró poco probable que la
Policía Federal Preventiva (PFP) entre a San Salvador Atenco. El subsecretario
de Seguridad Pública, Alfredo Martínez, aseguró que por el momento las
labores de vigilancia están a cargo de sólo 780 elementos de la corporación,
quien patrullan la zona en conflicto para evitar cualquier enfrentamiento que
pudiera darse entre grupos antagónicos.
Hoy,
habitantes de los ocho pueblos de San Salvador Atenco y cuatro colonias harán
una marcha para pedir paz y diálogo, ya que según Misael Carreño Álvarez es
insoportable la inestabilidad social.
José
Gil Gottás, síndico procurador de Texcoco, dijo que es obligación del
presidente Fox y los secretario de estado dar a conocer sus motivos para
construir el aeropuerto en esta región y justificar que no afectan el entorno
ecológico y los planes de desarrollo municipales.
ECOLOGISTAS
DEMANDARÁN AL GOBIERNO FEDERAL POR EL IMPACTO AMBIENTAL DEL AEROPUERTO
EN TEXCOCO.
Javier Salinas Cesáreo, René Ramón Alvarado e Isabel Dávila, La Jornada, página
41, martes 22 de enero. Información relacionada con el tema se publicó en
Reforma, página 2.
Grupos
ecologistas de Estados Unidos, Canadá y México presentarán ante el panel de
la comisión ecológica del Tratado de Libre Comercio (TLC) una demanda en
contra del gobierno federal mexicano por violar el apartado que se refiere a la
cooperación para proteger el medio ambiente, ya que la construcción del nuevo
aeropuerto en Texcoco afectaría el hábitat de aves migratorias y otras
especies que existen en el área.
La
demanda se presentará a más tardar en un mes, informaron integrantes del grupo
ecologista estadunidense The Humane Society of the US durante un recorrido por
el ex lago de Texcoco y las lagunas El Xalapango y Las Charcas. Participaron
también una representante del Worldwatch Institute (organismo privado que
estudia los problemas ecológicos) y los campesinos de las comunidades de San
Francisco Acuexcomac y San Salvador Atenco.
Randy
Belcher Torres, de The Humane Society of the US, señaló que ecologistas de los
tres países elaboran la demanda que interpondrán el próximo mes contra el
gobierno federal. "No se puede esperar hasta que el aeropuerto esté
construido para ver qué va a pasar con el hábitat de aves y otras especies en
la zona; tenemos que actuar antes", dijo.
Por
la mañana, los ecologistas llegaron al poblado de San Francisco Acuexcomac,
invitados por los campesinos que se mantienen en resistencia contra la
expropiación de tierras y la construcción del nuevo aeropuerto.
Posteriormente
se dirigieron a la zona federal, donde solicitaron permiso para entrar al vaso
Nabor Carrillo, a fin de constatar "la riqueza del lago". Sin embargo,
personal de la Comisión Nacional de Agua (CNA) les negó el acceso. El
recorrido duró varias horas.
Los
ecologistas expresaron que les interesa saber qué está pasando con los
pobladores de las comunidades de la zona y la protección del hábitat de
diversas especies, "vemos con agrado que la comunidad no sólo es dueña de
la tierra, sino también protectora de las aves migratorias que vienen de
Estados Unidos y Canadá. Estamos impresionados por la fuerza y claridad de visión
que tienen en este asunto".
Randy
Belcher Torres informó que se entrevistarán con funcionarios involucrados en
el proyecto para conocer mejor la situación, "porque no nada más es venir
y protestar, sino que hay que conocer todos los puntos de vista".
Reveló
que se está trabajando con otras organizaciones ecologistas de los tres países.
Explicaron que "hay implicaciones y violaciones muy serias con respecto al
TLC en el apartado de cooperación para proteger el medio ambiente".
Los
campesinos ratificaron que a pesar del hostigamiento policiaco y las agresiones
que han sufrido no cederán en la lucha por la defensa de sus tierras, que son
su único patrimonio. Anunciaron que comenzarán el próximo mes con su ciclo de
cosecha, porque "trabajando y arando nuestras tierras demostraremos al
gobierno que son productivas".
Preparan
una marcha que partirá el próximo miércoles por la mañana rumbo a Toluca,
donde protestarán contra del gobernador Arturo Montiel por el hostigamiento, el
"despojo" que pretende consumar junto con el gobierno federal y contra
el proyecto aeroportuario.
En
tanto, el alcalde de San Salvador Atenco, Margarito Yáñez Ramos, instaló hoy
una oficina en el poblado de Santa Isabel Ixtapa, donde ahora despacha. Los
campesinos preparan el desmantelamiento de la oficina, en protesta por las
agresiones que dicen haber sufrido por parte de los familiares del edil y de un
grupo de golpeadores. Además continúan con la recolección de firmas para
solicitar la desaparición de poderes y la creación de un concejo municipal.
Piden
cambio de la sede de poderes
Por
su lado, el cabildo de San Salvador Atenco solicitó al gobierno del estado el
cambio de la sede de los poderes, para que la cabecera municipal se establezca
en la comunidad de Santa Isabel Ixtapan.
El
secretario general de Gobierno de la entidad, Manuel Cadena Morales, afirmó que
el fin de semana pasado se reunió con el alcalde Margarito Yáñez y la
totalidad del cuerpo edilicio de este ayuntamiento.
Señaló
que el acta de cabildo establece que por las condiciones en que se encuentra el
municipio es necesario cambiar la cabecera, ya que desde el 23 de octubre el
palacio municipal se encuentra tomado por los ejidatarios inconformes con
la instalación del nuevo aeropuerto.
"La
ciudadanía no aguanta más que este municipio siga sin trabajar", dijo el
funcionario, quien agregó que es necesario brindar todo el apoyo al
ayuntamiento para que vuelva a trabajar normalmente y reúna condiciones idóneas
para hacerlo.
El
presidente municipal de Atenco, Margarito Yáñez, informó que las pérdidas
del municipio en cuestión de recaudación son considerables.
"Voy
a platicar con el presidente del Congreso local para solicitar su participación
y buscar que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales", apuntó.
El
artículo 26 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece
"que el ayuntamiento funcionará y residirá en la cabecera municipal, y
solamente con aprobación del Congreso del estado podrá ubicar su residencia en
forma permanente o temporal en otro lugar del municipio".
CHIAPAS
EXHORTAN
AL GOBIERNO CHIAPANECO Y A LA CEDH A ENTABLAR “MAYOR COMUNICACIÓN”.
Elio Hernández, Ángeles Mariscal y Juan Balboa, La Jornada, página 32,
martes 22 de enero.
El
obispo Felipe Arizmendi Esquivel exhortó al gobierno de Chiapas y al presidente
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López Hernández,
a entablar entre sí una mayor comunicación "para evitar malos entendidos
o conflictos que pueden resolverse por medio del diálogo".
De
acuerdo con el prelado, "muchas veces el enfrentamiento entre poderes se da
por la falta de comunicación, porque uno puede interpretar mal lo que otro dice
o piensa, y podemos perjudicarnos más o perjudicar más al estado".
Igualmente, aseveró: "La voz que nosotros elevamos es de que se busquen
medios, en que los diferentes poderes o servicios estén en mayor comunicación
para buscar la verdad y la paz".
Entrevistado
después de la misa que ofició en la catedral de San Cristóbal la noche del
domingo, Arizmendi Esquivel manifestó su esperanza en que pronto vendrá
"una nueva etapa de aceptación, respeto, tolerancia, en la que podamos
convivir más pacíficamente todos".
El
obispo lamentó el atentado a balazos que sufrió hace una semana el ombudsman
chiapaneco en su domicilio, del cual salió ileso, y dijo que es "muy
aventurado acusar a alguien (de los hechos) mientras no se tengan pruebas
adecuadas, y en este sentido tenemos que ser muy cautos y prudentes, porque de
lo contrario se pueden suscitar altercados -incluso públicos- que no benefician
a nadie".
Aseveró
que hechos como la agresión en contra de López Hernández "dañan la
imagen" de Chiapas en el exterior, porque el tema de los derechos humanos
"es muy sensible".
Arizmendi
Esquivel sostuvo que los responsables del atentado "tienen que entregar
cuentas ante Dios, porque están dañando mucho a la sociedad chiapaneca",
y les pidió: "Eviten ese tipo de acciones violentas porque dañan mucho a
Chiapas. Si ellos quieren de alguna forma beneficiarse a sí mismos o a otros
grupos o intereses, nos están haciendo mucho mal a todos".
De
igual forma, exhortó a las autoridades judiciales a que "se dediquen con
particular empeño a esclarecer el atentado, que no se fabriquen culpables, sino
que se encuentre a los responsables para que no hagan más daño a la sociedad
chiapaneca".
Resguardan
la alcaldía de Zinacantán
Decenas
de policías estatales resguardan la alcaldía de Zinacantán, cuyo presidente
municipal, el perredista Domingo de la Cruz Pérez, no ha podido tomar posesión
del inmueble y despacha en su domicilio particular, informó la Secretaría de
Pueblos Indios (Sepi).
De
acuerdo con la dependencia, desde el domingo de la semana pasada 60 policías
estatales custodian el edificio para evitar que lo tomen priístas inconformes
con el edil. Durante las primeras dos semanas de este año la alcaldía estuvo
en poder de militantes del PRI, quienes aseguraron que De la Cruz Pérez se negó
a integrar al cabildo tres regidores plurinominales del tricolor.
La
Sepi dijo que las autoridades salientes priístas no han hecho la entrega
oficial de las oficinas, lo cual se espera ocurra en los próximos días, pues
el proceso de entrega-recepción está en marcha.
Intentan
desalojar a ex peones
Ex
peones de la finca San Isidro Chichiuistán, municipio de Teopisca, dieron a
conocer que el ex propietario del inmueble, Antonio Ricardo Suárez González,
intentó desalojarlos del lugar, el cual tomaron hace meses, luego que el
anterior dueño se negó a darles la hacienda, a pesar de que la Secretaría de
la Reforma Agraria (SRA) le depositó el pago acordado.
Amado
Hernández Jiménez, titular del comisariado ejidal de San Isidro, afirmó en
entrevista que 44 familias que durante 110 años fueron peones, negociaron en
septiembre de 2000 con Suárez González la compra de 77 hectáreas de terreno,
incluido "el casco de la casa grande".
ESTADO
DE MÉXICO
EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO NO REGULARIZARÁ PREDIOS INVADIDOS.
Jorge Velásquez, El Sol de México, página 7M, martes 22 de enero.
Ante
el grave problema de tenencia de la tierra que prevalece en el Estado de México,
lo que ha llevado a organizaciones y grupos políticos a invadir terrenos en
diversos municipios de la entidad, el director general del Registro Público de
la Propiedad, Ismael Velasco advirtió que no se subsanarán anomalías. Quienes
sean invasores no entrarán a la legalidad. Sentenció.
En
funcionario de la dirección general, dependiente de la Secretaría de Gobierno
del Estado de México, anunció que está en marcha todo un cambio de esa
dependencia entre los que resaltan la introducción de todo un sistema
automatizado que sustituirá paulatinamente a los viejos libros y fojas.
De
acuerdo a la ley, añadió el registro Público de la Propiedad y del Comercio,
es la institución del Estado encargada de otorgar seguridad jurídica a los
derechos de tenencia de la tierra, por lo que todo acto de transmisión de
propiedad e un inmueble debe inscribirse en él para ser susceptible de oponerse
u ofertarse a terceras personas.
TLAXCALA
OBLIGARAN
TLAXCALA A REGRESAR TERRENOS.
Francisco Gómez, El Universal, página 12, martes 22 de enero.
La
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá en breve los mecanismos
para obligar al gobierno de Tlaxcala y autoridades municipales de esa entidad a
cumplir con una sentencia dictada por un tribunal agrario, la cual inhabilita a
las autoridades estatales y municipales a disponer de terrenos ejidales del
poblado de San Bernabé Amajac de Guerrero.
Campesinos
de ese lugar, encabezados por Francisco Hernández, dijeron que desde 1996 el
gobierno estatal se ha negado a cumplir con el decreto presidencial que dotó de
más de 800 hectáreas a campesinos del lugar, no obstante la sentencia
definitiva en materia agraria que dictó el Primer Tribunal Colegiado de Puebla
en 1996.
De
acuerdo con los ejidatarios, en 1973 se les dotó por decreto presidencial de
dichas tierras pero las autoridades estatales y municipales se negaron a acatar
dicho decreto, por lo cual se tramitó ante los tribunales agrarios un amparo,
que fue resuelto favorablemente para los campesinos en todas las instancias.
SECTOR
AGROPECUARIO
AGRO
COMPETITIVO Y RENTABLE, RETO DE SAGARPA; USABIAGA.
Matilde Pérez, La Jornada, página 15, martes 22 de enero.
“MANO
NEGRA” EN GRAVAMEN A FRUCTUOSA: MAICEROS.
Salvador Y. Maldonado,
Milenio Diario, página 31, martes 22 de enero.
Agricultores
maiceros y trigueros insisten en que el gobierno instrumente un marco de apoyos
equilibrados para diversos productos agrícolas, dado que la medida fiscal que
gravó a las bebidas endulzadas con fructosa de maíz supuso “una mano
negra” a favor de los industriales azucareros, con un costo para las empresas
que consumen el maíz amarillo producido en el país, expresaron el secretario
estatal de comercialización de la Confederación Nacional Campesina (CNC),
Ricardo Ron Siordia, y el presidente de la Unión de Maiceros de Jalisco, René
López Ruelas.
Precisaron
que la situación adversa propiciada por el gravamen a las bebidas con fructosa
“ha sido abrir un hoyo para tapar otro”, dado que esta medida de apoyo a los
productores azucareros ha puesto en duda la concreción del convenio de una
siembra de 42 mil hectáreas para cultivar maíz amarillo, en una concertación
de alrededor de 60 mil productores con la Industria de Derivados Alimenticios y
Químicos del Maíz (Idaquim), la que demanda grano amarillo para elaborar
fructosa y otros productos generados a partir de este cereal.
En
el caso del trigo, el agricultor de La Barca, Benjamín Rodríguez Carmona,
sostuvo que para la cosecha de este grano que se tendrá dentro de unos meses en
la Ciénega de Chapala, todavía no hay indicios de que haya apoyos para su
comercialización, mientras que el año pasado el subsidio para la compra-venta
del cereal fue de 150 pesos por tonelada, lo que compensó la caída de su
precio.
Los
líderes campesinos insistieron que la medida fiscal contra las bebidas con
fructosa es un golpe duro contra los esfuerzos de los productores de maíz de
vincularse como cadena con los industriales almidoneros.
Doble
impacto
Ron
Siordia y López Ruelas abundaron en que la medida decretada por los
legisladores federales dentro de la Ley de Ingresos 2002 lesiona también el
mercado del maíz blanco, porque al desalentarse la producción del grano
amarillo se propiciará un aumento de la sobreoferta del cereal.
En
este punto, indicaron que la producción nacional maicera implica 18 millones de
toneladas, de las cuales sólo un poco más de 300 mil son de grano amarillo, lo
que implica un volumen deficitario ante la demanda de casi seis millones de
cereal amarillo de la industria almidonera en conjunto y del sector pecuario,
que necesita el grano para la producción de carne, leche y huevo.
La
sobreoferta de grano blanco, explicaron, se debe al hecho de que la industria de
la masa y la tortilla consume menos de 14 millones de toneladas de este cereal,
por lo que la siembra de grano amarillo debe estimularse.
Entre
las alternativas que se han planteado a las autoridades para apoyar a los
productores de maíz, señalaron que una vez que ya hay un subsidio federal
autorizado en 123 pesos por tonelada comercializable en un volumen de 631 mil
unidades de la cosecha jalisciense, tal apoyo se complete con una aportación
del gobierno estatal.
En
esta cosecha el maíz blanco se ha vendido a un precio de entre mil 350 y mil
400 pesos la tonelada, acotaron los entrevistados quienes indicaron que si se
concretan los subsidios federales y estatales a la comercialización esto podría
propiciar un precio final de mil 600 pesos la tonelada.
LA
POLÍTICA FISCAL, NEGATIVA PARA 25 MILLONES DE CAMPESINOS.
Mario Peralta, Excélsior, página
5, martes 22 de enero.
El
retrato de la política fiscal foxista de cobrar menos al que menos tiene, se
pretende enmarcar en la política agraria del país para beneficiar a los
latifundistas, terratenientes y rentistas en agravio de 25 millones de
campesinos empobrecidos, afirmaron ayer en conferencia de prensa dirigentes de
las principales organizaciones agrarias, al denunciar una campaña de
desprestigio proveniente de algunos integrantes del gabinete presidencial e
importantes empresarios en contra de diputados y senadores de la LVIII
Legislatura que aprobaron la reforma fiscal, recientemente.
Antes
los dirigentes campesinos habían demandado a la Sagarpa “la continuación
explícita” del Programa de Fomento a Empresas Comercializadoras Agropecuarias
(Profeca) durante el año 2002 como un componente del Programa de
Fortalecimiento de las Empresas Rurales, debido a que: “Es uno de los
programas reconocidos como más exitosos de la Sagarpa, por todas las
organizaciones de productores del país”.
En
la conferencia de prensa hubo representantes de la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras del Campo (ANECC), Consejo Agrario Permanente (CAP),
Confederación Nacional Campesina (CNC), Confederación Nacional de propietarios
Rurales (CNPR), Coordinadora nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Unión
Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), la Red
Forestal Mocaf y la Asociación Mexicana de Unión de Crédito del Sector Social
(AMUCSS) entre otras.
También
explicaron que el aumento de 13.9% representa 4 mil 331.4 millones de pesos
considerado el mejor presupuesto rural del presupuesto de egresos 2002 a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
se logró en gran medida a las ininterrumpidas demandas de las organizaciones
rurales, que con base en propuestas consiguieron junto con el Congreso de la Unión
un mejor presupuesto rural 2002.
Señalaron
que en ámbito forestal el presupuesto para el año 2002 presenta un incremento
de aproximadamente mil millones de pesos, respecto a lo que consideraba el
proyecto de presupuesto enviado por la SHyCP al poder legislativo.
Abundaron
en que “estamos hablando de subsidios públicos” resultado de las
contribuciones de los ciudadanos que tienen el objetivo de apoyar más a quien más
tiene, “aunque la política foxista pretenda lo contrario”
–insistieron–, pero la lucha en contra de esa intención empobrecedora“ la
habremos de ganar con el apoyo de los diputados y los senadores”.
Así
dieron a conocer que a propuesta de las organizaciones campesinas los
legisladores “imponen un tope de apoyos par la producción hasta de 100 hectáreas
de riego o sus equivalentes” y de esa manera ya tenemos varios logros del
Congreso de la Unión.
Mencionaron
otro logro importante para el sector de producción de granos como es el
establecimiento del Artículo IV Transitorio de la Ley de Ingresos que establece
“candados” a la política promovida por las secretarías de Economía y de
Agricultura de dejar todas las importaciones libres sin control alguno o alguna
medida restrictiva.
Posteriormente
mencionaron la necesidad de reformar el artículo IV Transitorio que establece
criterios desde la Ley de Ingresos, para que las importaciones que rebasen cupos
de importación contenidas en el TLCAN se haga de la mejor manera.
Por
lo anterior consideran los representantes de productores del campo, que la
aprobación de la referida reforma fiscal ha sido positiva, pues también “por
primera vez se aprobó un fondo para la estabilización de precios de café”
por 1,400 millones de pesos, que era una demanda prioritaria de las
organizaciones cafetaleras.
Y
mientras dijeron que las organizaciones rurales hacen un reconocimiento explícito
al Congreso de la Unión, particularmente a las comisiones de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Cámara baja y el Senado de la República por su trabajo
respecto al agro mexicano, demandan al Ejecutivo Federal y a los empresarios a
que cese su campaña de histeria, de chantaje y de desinformación contra el
Congreso de a Unión.
Las
organizaciones confiaron en que la sociedad reconozca el trabajo del Congreso
que por primera vez ha retomado iniciativas y propuestas que benefician a los
mexicanos más desprotegidos económicamente y recordaron el rechazo de los
legisladores a la necesidad del Ejecutivo de que se gravara con IVA, alimentos y
medicamentos.
Hicieron
un llamado al Ejecutivo Federal, principalmente al secretario de Agricultura a
que retome el cambio del diálogo y la concertación APRA la que la ejecución
de los programas y de los presupuestos ”sea de conformidad a un consenso de
reglas de operación con las organizaciones de productores”.
Finalmente
dijeron que les llama extremadamente la atención y que les parece una
incongruencia que el reciente programa sectorial anunciado por el secretario de
Agricultura en Los Pinos, no tenga referencia alguna a la nueva Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, aprobada ya en el Congreso durante diciembre
pasado.
OPINIÓN
CLASE
POLÍTICA.
Miguel Ángel Rivera, La
Jornada, página 4, martes 22 de enero.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx