Viernes 20 de Diciembre
de 2002 Viernes 20 de Diciembre
de 2002
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes medios:
El
Financiero • Excélsior
• Ovaciones
Reforma
• Milenio
Diario
• La Jornada
El
Heraldo de México
• La
Crónica de Hoy
El Economista
• Novedades
• Revista
Encuesta
SECTOR
AGRARIO
DISPONE
LA SRA DE 200 MDP PARA ATENDER OBLIGACIONES JURÍDICAS ...
LA
SRA ADEUDA 3 MIL MDP, PERO NO LOS PAGARÁ EN EL 2003 ...
LA
SRA SIN RECURSOS PARA PAGAR SUS DEUDAS ...
LA
SRA RECIBIRÁ $780 MILLONES ADICIONALES EN 2003: HERRERA TELLO ...
HERRERA
TELLO DESCARTA ESTALLIDOS SOCIALES POR LA APERTURA AGRÍCOLA ...
ESTÁN
LOCALIZADOS 600 CONFLICTOS AGRARIOS EN 3 ESTADOS: HERRERA T. ...
QUE
PARTIDOS NO CONTAMINEN LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO ...
LEY DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, 2003 ...
RECONOCIMIENTO A INICIATIVAS DE
INNOVACIÓN Y CALIDAD DEL SECTOR AGRARIO ...
SECTOR
AGROPECUARIO
ENFRENTA
EL MÉXICO RURAL RIESGO DE SER ABRUMADO ...
ESTADOS
CHIAPAS
DESALOJAN EN FORMA PACÍFICA A
CHOLES DE LUCIO CABAÑAS, EN MONTES AZULES ...
EL DESPLAZAMIENTO GENERARÁ
CONFLICTOS, AFIRMA LA UNORCA ...
PROFEPA Y SEMARNAT BUSCAN GOLPEAR
AL EZLN, AFIRMAN EN IGNACIO ALLENDE ...
ATENCIÓN A CAMPESINOS SI NO SE
QUIEREN CONFLICTOS: CEPS ...
GUERRERO
CAMPESINOS DE COMUNIDAD
GUERRERENSE PIDEN QUE LES SOLUCIONEN CONFLICTOS AGRARIOS ...
OPINIÓN
CORREO
ILUSTRADO ...
“RAZONES” ...
“SOCIEDAD Y PODER” ...
POLÍTICA Y MONTES AZULES ...
LA OCUPACIÓN ...
USURPACIÓN
EN LA SELVA LACANDONA ...
DISPONE
LA SRA DE 200 MDP PARA ATENDER OBLIGACIONES JURÍDICAS
Lourdes Edith Rudiño, El Financiero, página 2/16,
viernes 20 de diciembre
La
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) contará en 2003 con un presupuesto de
poco más de mil 780 millones de pesos, esto es 680 millones más que en 2002,
afirmó la titular de la dependencia, María Teresa Herrera Tello.
No
obstante la funcionaria descartó que el recurso —que implica una reorientación
de 780 millones de pesos decidida por la Cámara de Diputados— vaya a servir
para cubrir la obligación jurídica que tiene la dependencia en el caso de
Santa Úrsula Coapa.
Este
asunto —de un amparo ganado contra una expropiación añeja en esa colonia, al
sur de la ciudad de México— demanda una indemnización de la SRA por mil 215
millones de pesos, y ha generado polémica porque el presidente del Senado,
Diego Fernández de Cevallos, es el abogado de los demandantes, junto con el
también panista Antonio Lozano Gracia.
Herrera
Tello comentó que el Congreso de la Unión tiene el caso en sus manos y será
el que decida, en un momento dado, si se gira una línea presupuestaria para
atenderlo.
En
paralelo, la SRA está en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) determine si Herrera Tello ha actuado con contumacia para que no se
realice el pago de la indemnización.
“Tenía
entendido que el fallo sería este diciembre, pero parece que no va a ser así;
yo estoy tranquila porque la SRA ha hecho todo lo que tenía que hacer en este
caso, y confío en que la SCJN considere esto”.
Precisó
que la SRA ha solicitado en estos dos últimos años recursos para cubrir sus
obligaciones jurídicas, incluyendo el relativo a Santa Úrsula, pero las
decisiones finales las toma el Poder Legislativo.
La
petición presupuestaria original de la SRA para 2003 —para todos sus
programas y para cubrir las obligaciones jurídicas— fue de alrededor de tres
mil millones de pesos, dijo.
–¿El
fallo de la SCJN podría dictar cárcel para usted?
–Si,
precisamente esa es la consignación, pero confío en que no será así.
Acuerdos agrarios
En
conferencia de prensa, la funcionaria afirmó el incremento en el presupuesto de
la SRA en 2003 respecto de 2002 se destinará principalmente así:
1)
Alrededor de 300 millones de pesos a compra de tierras para atender acuerdos
agrarios heredados de administraciones pasadas.
Este
tema había estado pendiente de atención durante los dos años de gobierno
foxista por insuficiencia presupuestaria de la SRA.
La
funcionaria explicó que “cuando se concluyó el reparto de tierras en el país
(con los cambios a la Ley Agraria de 1992), las autoridades de la SRA firmaron
acuerdos agrarios con organizaciones campesinas en materia de organización y
fomento –proyectos productivos– y en materia de compra de tierras.
“La
asignación hoy para compra de tierras para estos acuerdos muestra que los
legisladores fueron concientes y responsables. Ésta es una obligación que hay
que cumplir con las organizaciones. Son recursos que van a la gente del campo y
que generan empleo”.
2)
Otros cien millones de pesos serán para atender conflictos sociales y jurídicos
donde debe intervenir la dependencia.
3)
Unos 150 millones más serán para programas de apoyos y créditos destinados a
las mujeres y jóvenes de los núcleos agrarios.
4)
“Otra cantidad importante del presupuesto irá a proyectos productivos.”
Señaló
que para atender las obligaciones jurídicas de la SRA —esto es de fallos
judiciales donde la dependencia es demandada–— sólo se dispondrá de 200
millones de pesos en 2003.
Las
obligaciones jurídicas suman 113 casos que implican indemnizaciones y pagos por
caso dos mil millones de pesos.
Consultada
respecto a las advertencias de violencia y conflicto en el medio rural derivadas
de la caída de ingresos de los agroproductores y de la competencia con
importaciones, la funcionaria indicó que el reto de la SRA en este tema es
“avanzar lo más posible en dar certeza documental en la seguridad jurídica
en la tenencia de la tierra.
“En
estos dos años de administración hemos regularizado 6.5 millones de hectáreas;
se han beneficiado más de 400 mil familias. En la medida que avancemos en esto,
avanzaremos en la solución de los conflictos, pero sobre todo evitamos que se
generen más conflictos.
“Tenemos
poco más de 600 conflictos agrarios en el país, pero no necesariamente están
dentro de la competencia de la SRA, intervienen diversos factores políticos,
religiosos, de dotación de recursos. Desgraciadamente se conciben como
conflictos que debe atender la SRA...”
Cabe
mencionar que de un total de 103 millones de hectáreas de propiedad social
(ejidos y comunidades) están pendientes de regularizar 37 millones de hectáreas,
y la SRA prevé que para 2003 la cifra baje a sólo 27 millones.
La regularización se hace a través del Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos).
LA
SRA ADEUDA 3 MIL MDP, PERO NO LOS PAGARÁ EN EL 2003
Diana Teresa Pérez, La Crónica de Hoy, página 7,
viernes 20 de diciembre
A
tres mil millones de pesos ascienden los adeudos que tiene la Secretaría de la
Reforma Agraria por conflictos legales y no podrá cubrirlos el próximo año,
debido a que para el 2003 sólo recibirá un presupuesto de mil 700 millones de
pesos.
María
Teresa Herrera Tello, titular de la dependencia, indicó que entre los adeudos
se encuentran los mil 214 millones de pesos que tienen con el senador Diego Fernández
de Cevallos, por el litigio ganado en Santa Úrsula, Tlalpan.
Sin
embargo, dijo que en éste, como otros casos, la Secretaría no podrá cubrirlos
por la insuficiencia de recursos.
Indicó
que sólo cuentan con un fondo de 200 millones de pesos para pagos legales, por
lo que el Congreso de la Unión debe, en todo caso, analizar de dónde saldrán
los recursos para pagar a Fernández de Cevallos.
El
pleito ganado por el hoy coordinador del PAN en el Senado de la República data
de 1985, año en que el ahora senador interpuso una demanda contra la
dependencia que un año antes había determinado la expropiación de 33 hectáreas
en esa zona del sur de la ciudad.
Fue
hasta el 2001 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón a
Fernández de Cevallos y ordenó el pago inmediato de los mil 214 millones de
pesos.
Sin
embargo, dado el limitado presupuesto de la SRA que en el 2002 fue de mil 100
millones de pesos en total, se declaró incompetente y turnó la orden a la
Secretaría de Hacienda que a su vez planteó en el Congreso la problemática.
Herrera
Tello indicó que ahora el Poder Legislativo es el que tiene en sus manos la
solución, pues ni aún destinando el total de recursos asignados a la
dependencia agraria en el 2003 (mil 700 millones de pesos) se lograría cubrir
los adeudos que tiene por concepto de pleitos legales que en total suman tres
mil millones de pesos.
Por
otra parte, la funcionaria descartó estallidos sociales para el próximo año
debido a la crítica situación de los campesinos por la liberación de
aranceles de algunos productos agropecuarios, aún cuando reconoció que esa
situación influye en la problemática que atiende su dependencia.
En
este sentido, indicó que existen 600 conflictos agrarios localizados en el país,
de los cuales 114 son competencia de la SRA, 140 de los tribunales agrarios, 120
de la Procuraduría Agraria y el resto de gobiernos estatales.
Todos
estos abarcan una superficie de dos millones de hectáreas que representan
"un porcentaje no muy grande, tomando en cuenta que la superficie social
asciende a 103 millones de hectáreas".
Asimismo,
recordó que está en proceso de aprobación la iniciativa de modificación de
la Ley Agraria en materia de expropiaciones, que pretende facilitar y agilizar
audiencias para que prevalezca el consenso en la solución de conflictos y
evitar de este modo futuros atencos.
En este sentido, Herrera Tello dijo que aún cuando la obra del aeropuerto representaba una oportunidad de desarrollo para los habitantes de ese lugar, imperó la democracia.
LA
SRA SIN RECURSOS PARA PAGAR SUS DEUDAS
Norma Pensamiento, El Heraldo de México, página 2,
viernes 20 de diciembre
La
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), no podrá saldar la deuda que tiene con
los propietarios de predio de Santa Úrsula, Coapa, de mil 200 millones de
pesos, caso que llevaba el senador Diego Fernández de Cevallos y será el
Congreso de la Unión el que tenga que destinar recursos para pagar ese adeudo
que tiene la Federación.
Así
lo expresó la titular de esa dependencia federal, María Teresa Herrera Tello,
durante un encuentro con los reporteros de la fuente en el tradicional brindis
de fin de año, en el que agregó que el presupuesto para 2003, destinado a ese
tipo de compensaciones es de apenas 200 mil pesos, recurso insuficiente para
saldar no sólo ese caso, sino los 121 problemas similares.
Dijo
que esa dependencia federal ya no tiene la responsabilidad de saldar el adeudo,
porque no cuenta con el monto necesario, para ello, por ello los legisladores
tienen que asignar una partida especial para tal efecto.
También
se refirió al presupuesto general para la dependencia, dijo que se aumentó en
600 millones, por ello tendrá un monto total de mil 700 millones, el cual
destinará principalmente para impulsar los proyectos productivos para mujeres y
jóvenes rurales.
Herrera
Tello descartó que se generen estallidos sociales en 2003, por la desgravación
arancelaria a 20 productos agropecuarios. Explicó que el Gobierno de la República,
a través de la diferentes dependencias, pondrá en marcha los mecanismos de
protección necesarios para evitar cualquier efecto nocivo del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte.
Al
referirse al tema de los conflictos sociales existentes en el país, dijo que
113 son de competencia de la dependencia a su cargo, pero se trabaja, a través
de la Procuraduría Agraria para llegar a una conciliación consensuada que
evite la violencia entre las comunidades.
Gran
parte de los conflictos son por cuestiones políticas, aseveró, y se está
luchando para que cada uno de los programas cumpla con el propósito para el que
fue creado, desterrando preferencias partidistas, porque los beneficiarios tiene
que ser los verdaderos ejidatarios y comuneros del país, independientemente de
las siglas que representen.
Finalmente, dijo que se espera que se modernice la Ley Agraria, y espera que sea analizada por las comisiones de Agricultura en la Cámara de Diputados y de Senadores, para que las reformas sean hechas durante 2003.
LA
SRA RECIBIRÁ $780 MILLONES ADICIONALES EN 2003: HERRERA TELLO
Lucía Casas, Novedades, página 12, viernes 20 de
diciembre
La
secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, informó que este
año la dependencia a su cargo recibirá un aumento adicional de 780 millones de
pesos a su presupuesto que se distribuirán para resolver el acuerdo agrario en
materia de compra de tierras, para proyectos productivos, conflictos sociales,
que también son jurídicos así como para el programa de la mujer y jóvenes
campesinos. En total recibirá mil 700 millones de pesos.
Dijo
que esto es muy importante para la Secretaría porque en estos dos años de su
administración no había salido presupuesto para atender el acuerdo agrario en
materia de compra de tierras.
Este
año que está por concluir, gracias a la buena disposición de las
organizaciones campesinas, a la responsabilidad con que han actuado para con la
Secretaría pudimos concluir el acuerdo agrario en materia de organización y
fomento, señaló.
Este
año logramos que todas las organizaciones firmaran el finiquito de acuerdo
agrario, están muy concientes de que hay que llevar proyectos productivos al
campo, de que hay que generar empleos, incorporar a la gente del campo al
desarrollo, manifestó.
El
programa de la mujer indígena y los jóvenes campesinos opera a través de créditos.
Ese recurso que se les entrega ellos lo regresan y eso permite generar más
proyectos productivos.
Por otra parte, indicó que en el campo tenemos más de 600 conflictos agrarios, pero no necesariamente están dentro de la competencia de la Secretaría. En los conflictos en el campo intervienen muchos factores.
HERRERA
TELLO DESCARTA ESTALLIDOS SOCIALES POR LA APERTURA AGRÍCOLA
Renato Dávalos, La Jornada, página 12, viernes 20 de
diciembre
La
secretaria de la Reforma Agraria, Teresa Herrera Tello, descartó que el próximo
1º de enero, cuando se abran las puertas comerciales para 19 productos agrícolas
en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), estallen
conflictos sociales. El gobierno "está tomando medidas para que no haya
problemas", pero tiene que privilegiarse el diálogo, pues la
"violencia no soluciona" nada.
En
la comida de fin de año con representantes de los medios de comunicación, la
funcionaria dijo que en el caso del predio de Santa Ursula, en el que se
encuentra vinculado el senador panista Diego Fernández de Cevallos, quien
pretende cobrarle a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) más de mil 200
millones de pesos, la futura resolución depende en buena medida del Congreso.
En el presupuesto del próximo año, a la dependencia se le asignaron apenas 200
millones de pesos para cubrir todas las "obligaciones jurídicas" en
2003.
La
secretaría, precisó, tiene en litigio 114 conflictos agrarios de los 600 que
hay en el país y entre los que figuran 120 de las distintas entidades
federativas.
Dijo
que el próximo año la SRA dispondrá de 780 millones de pesos adicionales a
los planteados en el proyecto original del presupuesto que el Ejecutivo planteó
al Congreso. El gasto total será de 2 mil 800 millones de pesos, de los que más
de 300 se utilizarán para la resolución de conflictos agrarios, incluida la
adquisición de tierras. Otros cien millones se destinarán al desarrollo de
proyectos productivos y 150 millones más para programas vinculados con las
mujeres campesinas, entre otros rubros.
El
próximo año será el primero en esta administración en el que la Secretaría
disponga de recursos específicos para la resolución de los conflictos agrarios
cuya solución se busca por la vía de la conciliación, añadió.
Cuando
le preguntaron si prevé conflictos por la entrada en vigor del capítulo
agropecuario del TLCAN, contestó que la violencia no es una vía para
solucionar los problemas. "Tiene que haber corresponsabilidad y, sobre
todo, no olvidar que se trata de asuntos muy antiguos", expresó.
El
gobierno, sostuvo, está tomando medidas para que no haya conflictos, pero también
tiene que señalarse que durante años anteriores se debió haber preparado
productivamente al agro. Por ello, abundó, no debe culparse a este gobierno y
hay responsabilidades por la falta de atención en administraciones anteriores.
Admitió que el proceso electoral del próximo año influirá en todo el escenario nacional y que los partidos no deben politizar los conflictos agrarios. La lección de Atenco, resumió, fue que el gobierno privilegia el diálogo.
ESTÁN
LOCALIZADOS 600 CONFLICTOS AGRARIOS EN 3 ESTADOS: HERRERA T.
Luis
Navarro Pérez, Excélsior, página 14, viernes 20 de diciembre.
Además
de los problemas derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
para los productores agropecuarios, en México están localizados 600 conflictos
agrarios latentes, sobre todo en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero,
confirmó la titular de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, quien
pese al aumento del presupuesto que autorizó el Congreso para el sector aseguró
que “ningún dinero alcanzará, si antes no hay diálogo y disponibilidad para
la solución de los problemas agrarios”.
En
la reasignación del presupuesto federal la dependencia a su cargo fue de las más
privilegiadas con 700 millones, sin embargo cabe hacer mención que la Reforma
Agraria afronta 113 juicios por expropiaciones mal elaboradas.
Tan
sólo el juicio promovido y ganado
por la familia Ramos Millán que contó con la asistencia del bufete de abogados
del actual senador Diego Fernández de Cevallos y el ex procurador de la República
Antonio Lozano Gracia —por expropiación indebida de predios en Santa Úrsula,
Coyoacán— ponen en jaque a esa dependencia pues se determinó una indemnización
de poco más de mil 214 millones de pesos.
En
este proceso, que fue turnado a la Suprema Corte de Justicia para su resolución,
se espera la determinación de improcedencia debido a que la SRA no contaría
con recursos suficientes para pagar la indemnización respectiva.
A
este respecto Herrera Tello detalló que la propuesta de presupuesto que su
equipo elaboró para 2003 no previó la suma requerida por ese sonado juicio, ya
que la responsabilidad quedó en manos de la Secretaría de Hacienda y del
propio Congreso de la Unión.
Durante
un encuentro con reporteros de la fuente, la funcionaria federal señaló que su
compromiso es cumplir cabalmente con la resolución que determinen los
tribunales agrarios, por lo que se determinó un presupuesto de 200 millones de
pesos para obligaciones jurídicas.
Actualmente
–reconoció– la dependencia afronta 113 juicios en los cuales se trabaja
para su resolución y se eficientan los recursos evitando dispendios.
Al
referirse a la distribución de los recursos adicionales que el Congreso de la
Unión asignó al sector rural, precisó que se asignarán 300 millones para
acuerdos agrarios y proyectos productivos; 100 millones para resolver los
conflictos sociales jurídicos contemplados en el artículo 219 y 309 de la Ley
Agraria; y 150 millones más para Promujer (programa que atiende los proyectos
productivos encabezados por mujeres rurales).
En
este sentido la funcionaria insistió que por medio de este último programa en
el año que finaliza, se logró generar más de 16 mil empleos.
Paralelamente
–aseguró–, se espera que en el próximo periodo legislativo se aprueben las
modificaciones enviadas por SRA y por legisladores para permitir la participación
de los actores sociales afectados en un juicio de expropiación, ya que pese a
elaborarse legalmente los estudios para la indemnización en un juicio
expropiatorio, no siempre es la solución más idónea desde el punto de vista
social, hecho que engrosó el cúmulo de juicios agrarios promovidos en contra
de las dependencia.
El
caso de San Salvador Atenco aleccionó a las autoridades, y pese a que se le
proveía beneficios a los ejidatarios de los terrenos que eran considerados para
la construcción del aeropuerto, el Presidente decidió dar marcha atrás para
no lastimar ese delicado asunto.
Por
ello, desde el punto de vista Herrera Tello, en México estamos lejos de un
conflicto social pues el Gobierno Federal le apuesta al diálogo más que a la
imposición, dijo.
Sobre
los problemas agrarios que el gobierno tiene detectado en el territorio como
conflictivos, participan diferentes elementos, desde aquellos que son generados
entre comunidades por el derecho de explotación de recursos naturales, hasta
los de carácter religioso y político.
Por ello hizo énfasis en que pese haber heredado de otras administraciones un cúmulo de conflictos y juicios latentes, la SRA ha resuelto favorablemente 90% de ellos y regularizado en lo que va de esta administración 6.5 millones de hectáreas.
QUE
PARTIDOS NO CONTAMINEN LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO
Leticia Muñoz Barrera, Ovaciones, página 3, viernes
20 de diciembre
Al
descartar que gran parte de los conflictos agrarios tienen que ver con
cuestiones políticas, la secretaria de la Reforma Agraria (SRA), María Teresa
Herrera Tello, dijo que el año entrante es eminentemente electoral por lo que
llamó a los diferentes partidos políticos a actuar con responsabilidad y no
contaminar politizando los programas de gobierno.
En
el marco de la comida con motivo de las fiestas navideñas, la titular de la SRA
también descartó que el próximo 1 de enero pueda ser escenario de un
estallido social en el campo mexicano. Dijo que el gobierno federal ha actuado
con responsabilidad atendiendo todos los problemas en los 103 millones de hectáreas
que tenemos de superficie forestal (sic). De esta cantidad, anotó la
funcionaria, dos millones de hectáreas se encuentran en conflicto, “pero el
gobierno está haciendo lo que le corresponde en la medida de sus
posibilidades”.
La
verdad, añadió, “todos quisiéramos más recursos porque no son
suficientes”, pero descartó que esto pueda ser motivo de un levantamiento
social.
En el jardín de sus oficinas, Herrera Tello admitió sin embargo que es urgente la capacitación y la organización para poder hacer frente al compromiso del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Dijo que desafortunadamente muchos pretenden ver lo negativo de este acuerdo en lugar de pensar que con él se abren oportunidades.
LEY
DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, 2003
Juan Andrés García, El Sol de México, página F3,
viernes 20 de diciembre
El
pasado día 14 y 15 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la Ley de
Ingresos para el 2003 y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
mismo año.
Presupuesto
de Egresos
El
destino de los 47.6 millones de pesos que se reasignaron básicamente
incrementará los recursos destinados a la educación, al campo, a la salud, el
combate a la pobreza, la inversión en infraestructura, el fomento al empleo y a
las entidades federativas y municipios.
En el Campo: a través de mayores recursos a la infraestructura hidráulica, Sagarpa, SRA y a las microempresas rurales, por 13.1 mil millones de pesos, se apoyará el gasto destinado al campo que inicialmente planteó el Ejecutivo en 102.6 mil millones de pesos.
RECONOCIMIENTO
A INICIATIVAS DE INNOVACIÓN Y CALIDAD DEL SECTOR AGRARIO
Revista Encuesta, página 9, viernes 20 de diciembre
La
Secretaría de la Reforma Agraria, que encabeza María Teresa Herrera Tello, y
las instituciones del Sector Agrario, recibieron el Presidente Vicente Fox, tres
reconocimientos “INNOVA” a otras tantas iniciativas aplicadas en
materia de innovación y calidad durante la inauguración del 2°
Foro de Innovación y Calidad en la Administración Pública Federal.
Los reconocimientos “INNOVA”, otorgados por la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, premiaron los logros y avances obtenidos en tres ámbitos del sector agrario:
La
certificación de cinco procesos sustantivos de la SRA, con base en la Norma
Internacional de Calidad ISO 9000 y 9001, versión 2000.
Los
Programas de Financiamiento para el
Desarrollo Agrario.
Programa Nacional de Testamento Agrario HEREDA.
ENFRENTA
EL MÉXICO RURAL RIESGO DE SER ABRUMADO
Ginger Thompson, Reforma, página 13, (The New York Times), viernes 20 de diciembre
Un
decenio de conmoción económica en el hemisferio finalmente puso de cabeza la
vida de Eugenio Guerrero el sábado pasado. Esa mañana, trató de subastar la
granja porcina, en Irapuato, que ha mantenido a su familia, además de a
aproximadamente otras 50 personas, a lo largo de dos generaciones.
De
ahora en adelante, Guerrero, de 41 años, se dedicará a vender pintura.
Los
cambios que ha sido obligado a confrontar se están sintiendo por todo México,
a medida que el país lucha por mantener su equilibrio, con un pie en la pobreza
y el otro buscando asidero en la prosperidad a través del Tratado de Libre
Comercio de Norteamérica (TLC).
La
inminencia de la fecha ha consumido la atención de un país donde una cuarta
parte de la población vive en áreas rurales, además de haber dado origen a
advertencias con respecto a la probabilidad de (crear) intranquilidad y un
aumento en la emigración a través del campo mexicano hasta llegar a Estados
Unidos, conforme millones de campesinos son obligados a ir dejando sus diminutas
parcelas.
El
Gobierno del Presidente Vicente Fox está corto de efectivo y ha ofrecido poco más
que apoyo moral. "En el mundo actual, todos los sectores tienen que
adaptarse a las nuevas condiciones de competitividad", dijo el Mandatario.
"La agricultura no puede ser la excepción".
En tanto, algunos productores, como Guerrero, buscan formas de aferrarse a un estilo de vida en la clase media, si no es que a sus granjas.
CHIAPAS
DESALOJAN EN FORMA PACÍFICA A
CHOLES DE LUCIO CABAÑAS, EN MONTES AZULES
Alonso Urrutia, La Jornada, página 1, viernes 20 de
diciembre
Con
el hijo y la resignación a cuestas, Ana comenzó a recoger sus escasas
pertenencias. Silencioso, el pequeño grupo asentado en este paraje levantaba el
campamento enclavado en Montes Azules.
Otra
vez a rodar en pos de la tierra, como en los últimos cuatro años que han
andado errantes buscando dónde sembrar. Quizá sólo hay una diferencia: la
promesa del procurador ambiental, José Ignacio Campillo, de gestionarles, hasta
lograrlo, 20 hectáreas de tierra.
Ana
tiene 17 años y su hijo apenas cumplió un mes. Nació en plena selva, cuando
su grupo llegó a este lugar, ubicado en la zona de reserva de la biosfera. Una
acción que le valió a su marido y los hombres que encabezan a 27 personas
—niños en su mayoría—, órdenes de aprehensión por delincuencia ambiental
y la ira de la comunidad lacandona por representar, a decir de Chambor Kin,
dirigente lacandón, una nueva invasión a sus tierras que terminó por
reventarles la paciencia.
Hasta
acá se presentó hoy Campillo y su gente de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) a gestionar, en el último intento de hacerlo
por la vía pacífica, el desalojo de esta pequeña comunidad chol, cuya
permanencia en la zona se ha tragado —en sólo dos meses— cuatro hectáreas
de bosque para abrir espacio a la siembra de maíz y frijol.
Satisfecho por la gestión que impidió un desalojo violento, Campillo reivindicó la defensa de la reserva, pulmón fundamental del país, y adelantó que en enero comenzará el desplazamiento de otras siete comunidades que se asentaron en Montes Azules de 2000 a la fecha.
EL
DESPLAZAMIENTO GENERARÁ CONFLICTOS, AFIRMA LA UNORCA
Matilde Pérez U., La Jornada, página 6, viernes
20 de diciembre
Un
desalojo, agresión o despojo hacia las comunidades ubicadas en Montes Azules
será una embestida contra la Unión Nacional de Organizaciones Regionales
Campesinas Autónomas, con presencia en 22 estados, manifestó el coordinador
ejecutivo de la UNORCA, Alberto Gómez Flores.
Denunció
que las organizaciones ecologistas Conservación Internacional y Ceiba, Grupo
Pulsar, Comisión Nacional de Biodiversidad, Instituto Nacional de Ecología de
la UNAM y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tienen interés
en esa región de 331 mil 200 hectáreas, decretada en enero de 1978 como
reserva de la biosfera.
Este grupo "articula y garantiza la consolidación del proyecto del corredor biológico Mesoamericano financiado por el Banco Mundial, puente del Plan Puebla-Panamá", y pretende impulsar, promover y fomentar proyectos de investigación científica de bioprospección —es decir, de biopiratería—, servicios ecoturísticos de lujo, comercio de especies y de madera", afirmó Gómez.
PROFEPA
Y SEMARNAT BUSCAN GOLPEAR AL EZLN, AFIRMAN EN IGNACIO ALLENDE
Rosa Rojas, La Jornada, página 10, viernes 20 de
diciembre
"Si
el gobierno nos quiere sacar de aquí, van a tener que derramar nuestra
sangre", afirmó el representante del poblado de Ignacio Allende, municipio
de Ixcan, asentado en la reserva de la biosfera de Montes Azules, que hasta hace
poco se llamaba Nuevo San Rafael.
El
representante del poblado, quien no dio su nombre, señaló que ellos no se
conforman con cinco hectáreas de tierra, Zapata dijo que deben ser 20 y
"no queremos mala tierra, porque esta gente está acostumbrada a trabajar
agroecología, sin venenos ni contaminantes, no queremos tierra maltratada ni
envenenada".
Informó
que personal de la Profepa y la Semarnat ha venido, hasta en cinco ocasiones,
con elementos del Ejército Mexicano "queriendo dar un golpe al Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para provocar una guerra. Fui a
reportarlo al municipio autónomo y nos dijeron que aquí hay que morirse
defendiendo la tierra.
Señaló que entre los funcionarios que han llegado estuvieron Héctor Trujillo Gómez, de la Profepa, y Rubén Madariaga, subsecretario de Gobierno del estado, pero sólo vinieron a insultar, porque traían al Ejército, "queremos que vengan civiles no armados".
ATENCIÓN
A CAMPESINOS SI NO SE QUIEREN CONFLICTOS: CEPS
Eugenia Jiménez, Milenio Diario, página 4,
viernes 20 de diciembre
Las
aperturas comerciales son un reto para el Gobierno Federal y los legisladores,
que deberán aportar programas y estructuras que den un apoyo significativo a
los sectores afectados por la entrada de productos de otras naciones, afirmó la
Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS).
José
Antonio Sandoval, secretario ejecutivo de la CEPS, indicó que si no se quiere
un estallido social en el campo, se deberán contar con instrumentos apropiados
que den respuesta a las demandas de los campesinos.
Al
anunciar que el próximo mes de marzo se realizará en México el XV Congreso
Latinoamericano y del Caribe de Caritas y el II Encuentro Continental de
Pastoral Social de Caritas en donde el tema central será estudiar los efectos
de la globalización en la región, indicó que los programas a implementar en
el campo deberán estructurarse con y desde las comunidades para atacar
directamente la problemática, si se quiere realmente fortalecer al agro
nacional.
En el documento “Los desafíos a la nueva evangelización en América Latina y el Caribe, en el Contexto de la Globalización Mundial, elaborado por el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), señala que la responsabilidad social del Estado se reduce a paliar la miseria sin atacar sus causas profundas. Y no se valora la acción política que potencia la naturaleza social de las personas y los esfuerzos de nuevas formas de participación ciudadana.
CAMPESINOS DE COMUNIDAD
GUERRERENSE PIDEN QUE LES SOLUCIONEN CONFLICTOS AGRARIOS
Jesús Saavedra, La Jornada, página 16, viernes 20 de
diciembre
Un
centenar de campesinos de la comunidad Jaleaca de Catalán, cercana a
Chilpancingo, se manifestaron en el primer cuadro de la ciudad para exigir la
intervención "urgente" de autoridades federales y estatales en un
conflicto agrario entre "un grupo de caciques priístas" que, a decir
de los agricultores, "podría desencadenar enfrentamientos", pues los
involucrados pretenden explotar los recursos naturales con fines personales,
dijeron.
El
comisario ejidal Félix Adame Manzano y Martín Almazán Arcos, integrante del
Consejo de Vigilancia de la Comisaría Ejidal de Jaleaca de Catalán, indicaron
a nombre de los labriegos que en los últimos días "se agudizaron"
las pugnas que mantienen con comuneros vecinos suyos, con quienes se disputan más
de 200 hectáreas de bosque de oyamel, ocote, pino y cedro.
Señalaron
que 300 campesinos, simpatizantes de Rogelio Arcos Arcos, mantienen tomado
desde mayo pasado el inmueble que alberga a la citada delegación agraria.
Adame
Manzano y Almazán Arcos dijeron que hace tres meses solicitaron al
subsecretario estatal de Asuntos Agrarios, Esaud Tapia Abarca, que interviniera
para determinar la propiedad de las tierras, pero "no se ha ido a
parar" a Jaleaca de Catalán como lo prometió, para entablar mesas de
trabajo resolutivas con ambas partes.
Los
dirigentes agrarios indicaron que las pugnas se iniciaron a principios de mayo,
cuando se realizaron elecciones por usos y costumbres en Jaleaca de Catalán
para designar al comisario municipal, votaciones que ganó Adame Manzano.
Añadieron que el candidato perdedor, Arcos Arcos, inició diversas movilizaciones para impedirle al edil electo ejercer su mandato.
CORREO
ILUSTRADO
La Jornada, página 2, viernes 20 de diciembre
Les preocupan posibles desalojos violentos en la Lacandona
Señora
directora: Como
ambientalistas internacionales, estamos preocupados por las noticias del peligro
de desalojos violentos de campesinos asentados en las áreas protegidas en la
selva Lacandona. El artículo de Hermann Bellinghausen en La
Jornada del pasado 15 de diciembre cita un documento oficial que identifica
a las conservacionalistas como un grupo que probablemente apoye la política de
desalojos.
Quisiéramos
comunicar claramente que nosotros como ambientalistas nos oponemos a actos de
violencia en nombre de la conservación de los recursos naturales. Afirmamos la
importancia de mantener la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas
de la selva Lacandona.
Reconocemos
que los intereses para mantener la calidad del ambiente en esa zona están
compartidos por gente de diversos sectores sociales, y que el avance hacia metas
ambientales requiere la cooperación entre los actores locales.
Estamos
preocupados porque el éxito a largo plazo de la protección ambiental de la
selva Lacandona esté siendo amenazada por la violencia en nombre de la
conservación. Creemos que existen soluciones pacíficas.
La protección ambiental exitosa requiere un análisis de los factores sociales y económicos que resultan en la destrucción de los ecosistemas.
“RAZONES”
Jorge
Fernández Menéndez, Milenio Diario, página 8, viernes 20 de diciembre
Montes
Azules o Las Cosechas Selectivas
No
es un secreto que la zona de los Montes Azules se ha convertido en una base de
operación de grupos zapatistas, pero tampoco lo es que la destrucción de la
reserva ecológica no puede estar en el programa o la lógica política de
ninguna organización que se diga progresista.
La superficie de la reserva de los Montes Azules es de poco más de 331 mil hectáreas. Allí se viven una gran cantidad de especies en peligro de extinción: se concentran allí el 48 por ciento de las aves, el 40 por ciento de las mariposas, el 35 por ciento de los mamíferos y el 10 por ciento de toda la flora de nuestro país. Además, es la base de la cuenca hidrológica Lacantum-Usumacinta desde la que se distribuye el agua para toda la región. Lo que llama la atención es cómo se confunde concientemente estos desalojos en los Montes Azules, con una nueva, supuesta, escalada militar en la zona de conflicto en Chiapas. Evidentemente, los desalojos nada tienen que ver con que esos campesinos sean o no zapatistas, o de cualquier otra fuerza política o fe religiosa. Se trata de una medida para la preservación de una zona ecológica que ha sido respaldada por todas las organizaciones ecologistas o políticas serias. Lo paradójico es cómo para ciertos sectores algunas invasiones rurales o urbanas son condenables y otras no, dependiendo, por supuesto de la ideología o las alianzas políticas del invasor. En este sentido, la defensa de los invasores de los Montes Azules no deja de ser desconcertante, pero esa es la lógica de buena parte de nuestros mundo político.
“SOCIEDAD
Y PODER”
Raúl
Trejo Delarbre, La Crónica de Hoy, página 12, viernes 20 de diciembre
Montes
Azules
Mermada
por incendios frecuentes, afectada por el descuido de los gobiernos federal y
estatal y sin embargo considerada como uno de los espacios naturales más
importantes en el mundo, la Selva Lacandona ahora se encuentra amenazada por la
demagogia y la ilegalidad.
Cuidar
la Reserva de Montes Azules tendría que ser de alta prioridad para México y
desde luego, lo es para el mundo. Además de la flora y la fauna que allí se
encuentran, el carbono que se produce en la reserva contribuye para que el
cambio climático que padece la Tierra sea menos drástico. Ese reservorio de
recursos naturales es patrimonio de los mexicanos de hoy y de los de mañana.
Sin
embargo no estamos preservando a la Reserva de Montes Azules. Desde hace varios
años allí se han instalado grupos de campesinos cuya presencia es dañina para
la selva.
Los
campesinos que se establecen dentro de la Reserva dicen que no han tenido otro
recurso que ése para contar con tierras en donde sembrar y vivir.
Sin
embargo, pretender que esos campesinos se queden allí implica consentir el
deterioro del patrimonio natural que hay en Montes Azules. El gobierno federal
tiene obligación de cuidar la Reserva de cualquier tipo de invasión, tanto de
campesinos que la deforestan como de cualquier empresa que quisiera tomar
provecho de la riqueza que allí existe. Además la Selva y prácticamente toda
la Reserva de la Biósfera son propiedad de los indios lacandones que siempre
han vivido allí y saben cuidarlas.
No debiera haber contradicción entre el derecho de los campesinos mexicanos a tener en donde vivir y trabajar y el derecho de la nación a preservar la Reserva de la Biósfera. Los gobiernos estatal y federal tendrían que resolver las carencias más apremiantes de esos grupos para evitar, de paso, que sean manipulados con fines de enfrentamiento político.
POLÍTICA
Y MONTES AZULES
Horacio Labastida, La Jornada, página 16, viernes
20 de diciembre
La
noticia sobre el desalojo de las comunidades que hoy habitan en la zona ecológica
de Montes Azules, Chiapas, fue percibida como una agresión más contra los indígenas
y campesinos abrigados en esa exuberante región, que se vieron acosados poco
antes por fuerzas policiacas y paramilitares al servicio de los poderosos
intereses que concentran en sus manos los múltiples recursos de las antiguas
tierras lacandonas, privilegiadas con abundancia por la naturaleza y fuerzas de
trabajo tan explotadas como oprimidas. Cierto es que decretos acordados en el
pasado permitieron integrar la Lacandona y defenderla del capitalismo depredador
que la rodea y devasta desde tiempos lejanos, a fin de ofrecer cobijo a los
lacandones en coexistencia pacífica con etnias de distintas estirpes.
La
situación del sureste es bien conocida. Igual que en la época de la conquista
española y la colonización. ¿Cómo puede interpretarse el despojo de las
pobres comunidades de Montes Azules? Todos pensamos en la misma respuesta: el
Plan Puebla-Panamá y la espada de Damocles llamada ALCA (Área de Libre
Comercio con las Américas), proyectos que ponen en marcha el supercapitalismo
que representa la alta burocracia de la Casa Blanca.
No estamos ante el fin de la historia y posiblemente sí frente a la zozobra de un capitalismo que busca retonificarse a costa de la miseria de las mayorías. ¿No es esto lo que pasa hoy en los Montes Azules chiapanecos?
LA
OCUPACIÓN
Luis Javier Garrido, La Jornada, página 17,
viernes 20 de diciembre
El
desalojo que pretende hacer el gobierno de Vicente Fox de los Montes Azules para
entregarlos a los intereses trasnacionales, no sólo es un nuevo error político
suyo y del reducido grupo de colaboradores que le ayuda a tomar decisiones, sino
una iniciativa que viola gravemente el orden jurídico mexicano.
1. La decisión del gobierno foxista de lanzar operativos para desalojar a las comunidades indígenas establecidas en Montes Azules y sus alrededores muestra que el grupo de empresarios que gobierna México no tiene más programas que aquellos que le permitan servir a los intereses del exterior, y que de manera más clara que sus predecesores del PRI ven a las comunidades zapatistas como un obstáculo para que su gobierno entregue a Washington el control de esa área estratégica de la reserva de la biosfera y que comprende toda la frontera sur, donde las trasnacionales sienten llegar la posibilidad de saciar su ambición al disponer de recursos naturales únicos para múltiples industrias y crear hoteles, campos de golf y casinos.
USURPACIÓN
EN LA SELVA LACANDONA
Gabriel Quadri de la Torre, El Economista, página 59,
viernes 20 de diciembre
La
Selva Lacandona y en particular la Reserva
de la Biosfera de Montes Azules, representan en sí mismas el patrimonio biótico
más importante de la Nación, y un acervo invaluable de biodiversidad de
significado global bajo custodia de México. En los últimos treinta o cuarenta
años la superficie de la selva se ha reducido de aproximadamente 2 millones de
hectáreas, a menos de la quinta parte. Ello como resultado, fundamentalmente,
de la ocupación irregular del territorio y de desmontes sistemáticos con fines
agropecuarios, en el contexto de grandes presiones políticas, colonización
espontánea o inducida, conflictos agrarios, presiones demográficas extremas,
propiedad colectiva de la mayor parte de la tierra, y, sobre todo, ausencia
de estado de derecho.
A
pesar de decretos presidenciales, de declaraciones y de "mesas de
concertación" repetidas ad nauseam,
el Estado, simplemente, ha sido incapaz de actuar. Aunque las invasiones son un
hecho histórico en la región, desde 1995 se han multiplicado ante la resignación
gubernamental y el reconocimiento de su impotencia, y en el escenario de una
rebelión zapatista que causa veneración y golpes de pecho entre nuestra
comunidad políticamente correcta, y una parálisis de condescendencia e
ineptitud en los gobernantes. Entre 1995 y el 2000 se indujeron 21 nuevas
invasiones, y entre ese año y el 2002, 8 más. En total, al interior de la
Reserva de la Biosfera de Montes Azules se han acumulado 42 invasiones con 1,300
familias que han destruido casi 2,500 hectáreas.
Lo
más curioso (o perverso) es que los invasores, más que enfrentar el peso de la
Ley, encuentran apoyos, consideración, comprensión, contriciones, y,
finalmente logran quedarse en el sitio, o en pocos casos, obtienen nuevas
tierras como compensación. La invasión de la selva sólo ha reproducido y
extendido territorialmente el alcance de la miseria, creando un siniestro círculo
vicioso de pobreza y devastación ecológica; además claro, de nuevas áreas
"liberadas" o de influencia para las "bases zapatistas".
En buena parte, el área de selva compacta que aún sobrevive en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, es propiedad de la Comunidad Lacandona. Su invasión implica un atropello triple: por un lado, el despojo de la propiedad legítima de la Comunidad Lacandona; por otro lado, la destrucción de los últimos reductos mexicanos de Selva Tropical Húmeda dentro de un Área Natural Protegida por la Ley. Y finalmente, el aniquilamiento de bienes públicos estratégicos para la Nación, como son la biodiversidad y lo bienes y servicios ecológicos que ésta ofrece. En la Selva Lacandona no sólo está en juego uno de nuestros más preciados símbolos de identidad y de riqueza ecológica, sino el propio Estado de Derecho.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx