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EJIDATARIOS ARMADOS INTENTARON QUITAR A HUICHOLES DE JALISCO 2 MIL 700 HECTÁREAS ...

SEGÚN EMPRESARIOS MEXIQUENSES, TOLUCA ESTÁ CONSIDERADA PARA CONSTRUIR EL NUEVO AEROPUERTO ...

PIDEN EMPRESARIOS DESTITUIR A CERISOLA, JAVIER USABIAGA Y FRANCISCO GIL DÍAZ ...

HAY EN LA CIUDAD 804 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN SUELOS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA:CORENA ...

EJIDOS Y MACHETES
Editorial, Revista Época, página 3, viernes 16 de agosto

La anulación de las expropiaciones ejidales vinculadas con el proyecto Gran Texcoco, no fue suficiente para cancelar la discusión pública y los sobresaltos derivados de la oposición campesina encabezada por los pobladores de San Salvador Atenco.

Todo lo contrario. El tema está vigente, enrareciendo el ambiente político dentro y fuera del gabinete presidencial, con extensiones de todo tipo tanto en el país como en el extranjero, particularmente en el mundo financiero.

Aguerridos autóctonos, los atenquenses hicieron del machete un ícono que dio la vuelta al mundo a través de la televisión y las fotografías transmitidas por las agencias internacionales. Símbolo de lucha y defensa, a la vez herramienta de trabajo, fue adoptado con tanta rapidez como efectividad por comunidades campesinas del país.

El caso más llamativo, por todo cuanto implica desde su origen y desarrollo hasta la situación actual es el de Punta Diamante y Tres Vidas, desarrollos residenciales de alta inversión y plusvalía en Acapulco, asentados en tierras ejidales cuyo traslado de dominio de propiedad social a privada no fue del todo transparente, al menos en una superficie de 79.5 hectáreas.

La confirmación de actos ilegales presuntamente cometidos por el entonces gobernador de Guerrero, Francisco Ruíz Massieu, y un grupo de inversionistas regiomontanos encabezados por Alberto Santos, provino del Tribunal Agrario mediante fallos encaminados a la restitución de tierras a los ejidatarios o a una jugosa indemnización económica.

Como no se ha dado una cosa ni la otra, émulos de sus compañeros de clase y condición, los campesinos guerrerenses se instalaron en la zona residencial de Tres Vidas, machete en mano. En tanto la autoridad agraria les reconoce su derecho a la recuperación de su propiedad, los inversionistas elevan su queja de ser víctimas de invasión territorial y de violentar el Estado de derecho.

A todo esto, retomo el asunto de Gran Texcoco. Algo me dice que revertir la expropiación del 22 de octubre de 2001, abre posibilidades para la construcción del aeropuerto metropolitano. Los campesinos se rebelaron ante las humillaciones y desatención política padecida por ellos desde las esferas gubernamentales.

La ridícula suma fijada para la indemnización, fue uno de tantos agravantes. Ahora es bueno recordar las reformas constitucionales impulsadas por Salinas de Gortari, a cuya vera los ejidatarios son dueños de la tierra antes amparada en el régimen de propiedad social.

Quiero decirlo de manera más sencilla. Están en libertad de vender las parcelas para el aeropuerto o cualquier otro proyecto, a valor de mercado.

El mecanismo de tijera que se cierne sobre el sector agropecuario mexicano, conformado por la Farm Sucurity and Rural Investment Act of 2002 que incrementa significativamente los subsidios a los granjeros estadounidenses; y por la liberalización de todas nuestras importaciones agroalimentarias (con excepción del maíz, el frijol y la leche en polvo), que se realizará el próximo año en el marco del TLCAN, ha despertado justificadas inquietudes entre los productores rurales mexicanos. Desde luego, el "blindaje agroalimentario" anunciado por los secretarios de Agricultura y Economía no ha logrado desactivar dichas inquietudes. Como ha señalado el Consejo Nacional Agropecuario: "Se requiere de un plan más amplio e integral que enfrente las desventajas estructurales que el campo mexicano ha acumulado por décadas".

Ciertamente, la crítica situación que padecen millones de productores rurales debería motivar una concienzuda revaloración del campo mexicano. La sociedad mexicana debe cobrar plena conciencia de que ningún proyecto de crecimiento económico sostenido con equidad es viable si no se sustenta en un campo bonancible. En otras palabras: en vez de considerar al sector agropecuario como una carga o como un problema, la sociedad y los poderes públicos debe considerar al campo como parte de la solución de los grandes problemas nacionales.

EJIDATARIOS ARMADOS INTENTARON QUITAR A HUICHOLES DE JALISCO 2 MIL 700 HECTÁREAS
Matilde Pérez, La Jornada, página 33, viernes 16 de agosto

Un grupo armado de ejidatarios de San José del Refugio, encabezados por un presunto agente del Ministerio Público de Valparaíso, Zacatecas, pretendieron ocupar por la fuerza 2 mil 700 hectáreas que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) entregó en 1994 a los huicholes. La situación se mantiene tensa, ya que, según versión de las autoridades indígenas de San Andrés Cohamiata, Jalisco, el secretario de Gobierno zacatecano, Arturo Nahle, es quien está provocando las agresiones.

Florencio López Carrillo y Juan Carrillo, comisariado y secretario de bienes comunales, respectivamente, informaron que el pasado 7 de agosto se introdujeron a sus tierras 27 ejidatarios. Recordaron que desde la década de los 50 tuvieron conflictos de límites con sus vecinos del ejido El Refugio, del municipio Valparaíso. "Esos problemas provocaron una cantidad muy grande de fricciones e injusticias, situación que la Secretaría de la Reforma Agraria nunca atinó a solucionar."

En septiembre de 1993 la comunidad interpuso una demanda en el TUA por conflicto de sobreposición de planos en la ampliación del ejido, por la que se abrió el expediente Z232/93, y en agosto de 1994 el tribunal dictaminó en favor de los indígenas. Los ejidatarios continuaron el procedimiento jurídico de protesta, sin embargo, la solicitud de amparo que interpusieron se sobreseyó porque no agotaron la instancia de revisión ante el Tribunal Superior Agrario.

Inconformes por el resultado, los ejidatarios continuaron buscando una solución que los favoreciera, y por ello recurrieron al juez segundo de distrito en Zacatecas y abrieron el expediente 428/95; el juzgado decidió enviar al perito Víctor Manuel Chávez Nájar para verificar la ejecución, quien concluyó que la línea trazada en cumplimiento de la ejecución de la sentencia del TUA era la misma hecha en campo. Por ello, el asunto quedó concluido desde el punto de vista legal, pues -afirman las autoridades huicholas- no existe ningún otro recurso legal al que nuestros vecinos de El Refugio puedan acudir.

"La razón y el derecho nos asiste, no obstante, los ejidatarios se han negado en los hechos a respetar el fallo, y constantemente rompen los cercos para introducir ganado, sin importarles el daño que provocan a nuestras siembras. Esa actitud ha sido alentada por Arturo Nahle al dar falsas expectativas a sus paisanos".

La tarde de ayer, los representantes de los huicholes llegaron a la ciudad de México para tratar de reunirse con las autoridades agrarias y exponerles la situación; informaron que el pasado 9 de julio los ejidatarios acordaron –en presencia de representantes de los gobiernos de Jalisco y Zacatecas– no seguir dañando el cerco ni meter su ganado a las parcelas de los huicholes.

Los conflictos limítrofes entre comunidades, y la impunidad prevaleciente ante la falta del esclarecimiento de crímenes entre labriegos, denunciados con anterioridad, fueron las causas de la masacre de 26 campesinos perpetrada el 31 de mayo en Agua Fría, Oaxaca, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En un informe de 84 cuartillas, aseveró que dicha matanza estuvo enmarcada por resoluciones y juicios de amparo resueltos recientemente, que acrecentaron la tensión en la zona.

El ombdusman nacional, José Luis Soberanes, explicó que en el escenario donde ocurrieron los hechos se conjuntaron factores crónicos propicios para ocasionar situaciones más graves que los ocurridos en Agua Fría. Entre dichos elementos figuran el atraso social, la insuficiente seguridad pública e impunidad, las pugnas intercomunitarias, la explotación forestal y los litigios agrarios.

Por otra parte, alertó al gobierno que, en caso de no avanzarse en el respeto a los derechos humanos de los indígenas, se irán configurando y consolidando situaciones con una elevada explosividad social.

En el informe, dirigido al presidente de la República, Vicente Fox; a los secretarios de Gobernación, Medio Ambiente, Reforma Agraria (SRA) y Seguridad Pública; al procurador general de la República y al gobernador de Oaxaca, Soberanes aseguró que la autoridad estatal responsable de la seguridad pública "conocía la existencia de los conflictos de manera previa a la matanza de Agua Fría, pues era público que se produciría un acto de violencia contra los habitantes de la comunidad de Santiago Xochiltepec, pero la actuación de las autoridades encargadas de brindar seguridad fue insuficiente".

La advertencia está hecha: en el campo mexicano hay un "grave riesgo" de que estallen brotes de violencia.

Para analizar esa situación, el 24 de agosto en Tlaxcala, por primera vez se realizará una Conferencia Nacional de Gobernadores que pondrá énfasis en el asunto agrario, la crisis que atraviesa y el desempleo en el país, tras lo cual, los mandatarios convocarán al presidente Vicente Fox a un diálogo, toda vez que "se está combinando gravemente el narcotráfico con la guerrilla y con la pobreza del campo, y eso es una bomba explosiva de dimensiones desconocidas", de acuerdo con la versión del gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal Avila.

El tema de los "focos rojos" volverá a ponerse en el primer plano nacional, aunque de antemano este es otro punto en discordia dentro del gabinete. Las visiones son encontradas, pues mientras que los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social sostienen que no hay por qué alarmarse, la encargada de la Oficina Presidencial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, advierte –al igual que lo hizo el 6 de agosto, en reunión con senadores y diputados de las comisiones unidas de Reforma Agraria-- que en el país hay 382 conflictos de los cuales 18 afectan en forma severa a zonas indígenas, que podrían derivar en hechos violentos, y cuya atención requerirá, en 2003 de un presupuesto, de por lo menos mil millones de pesos.

Su punto de vista lo comparte Monreal, quien asegura que el agro nacional atraviesa por su más severa crisis al grado que "se encuentra en quiebra", por lo que "el país corre el riego de ver surgir otros Atenco".

El planteamiento opuesto lo sostiene el subsecretario de Planeación de la secretaría de Desarrollo Social, Miguel Székely, quien desecha que la crisis de las regiones indígenas esté a punto de derivar en brotes de violencia.

En torno a los "focos rojos", Xóchitl Gálvez considera que éstos ya están encendidos en 11 entidades: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Puebla, Durango, Jalisco y Nayarit. Su solución, añade, debe basarse más en el diálogo, que en fallos judiciales.

Refiere que la oficina a su cargo ha recibido dos centenares de demandas de comunidades indígenas, la mayoría relacionadas con problemas de tenencia de la tierra y comenta que el gobierno federal no puede intervenir en la resolución de los tribunales agrarios, pero que desde el punto de vista social ha tratado de privilegiar la conciliación a través de un equipo interinstitucional de seis Secretarías y otras dependencias, para encontrar alternativas diferentes a los fallos judiciales.

Gálvez apuntó que una de las opciones para resolver los conflictos, es que los tribunales agrarios den validez a los acuerdos de concertación.

Zonas con riesgo de violencia
Oaxaca	Santa María San Miguel Chimalapa San Juan Lalana y sus anexos San Francisco del Mar Sola de Vega San Vicente Coatlán Santo Domingo Teojomulco Santiago Xochiltepec
Chiapas	Venustiano Carranza Ocosingo Nicolás Ruiz
Guerrero	Tlacoachistlahuaca
Hidalgo	Tephé Tepathé
Chihuahua	Ejido Pino Gordo
Jalisco	San Andrés Cohamiata Bolaños San Sebastián Teponahuaxtlán
Baja California	Rancho Cañón Buenavista (en Ensenada)
Zacatecas	Tepehuanos
Durango	Ejido Bernalejo
Michoacán	Región Purépecha
Sonora	Cajeme Guaymas Bacum

SEGÚN EMPRESARIOS MEXIQUENSES, TOLUCA ESTÁ CONSIDERADA PARA CONSTRUIR EL NUEVO AEROPUERTO
Juan Manuel Venegas, La Jornada, página 13, viernes 16 de agosto

El presidente Vicente Fox Quesada recibió en Los Pinos a un grupo de empresarios de la Asociación de Industriales del Estado de México (AIEM). Les dio una amplia explicación de los motivos por los que canceló el proyecto aeroportuario de Texcoco; los mexiquenses se manifestaron satisfechos, primero, porque salieron con la idea de que Toluca será considerada como opción para construir ahí la terminal aérea para el Distrito Federal y, segundo, porque el mandatario los convenció –según dijeron– de que este es un gobierno empresarial.

Fueron más de 50 empresarios, acompañados por el gobernador Arturo Montiel Rojas, los que asistieron ayer a la residencia oficial.

Ejidatarios y pequeños propietarios de este municipio rechazaron la construcción de un aeropuerto en sus terrenos y entre gritos y consignas de repudio despidieron a Horacio Ríos Cano, representante del gobierno de Hidalgo en el Distrito Federal, al diputado federal Omar Fayad Meneses y al alcalde Saúl Pérez Pérez, quienes intentaron convencer a los inconformes de las bondades del proyecto del corredor Pachuca-Tizayuca, en el que se invertirían 15 mil millones de dólares para un complejo habitacional, industrial y de desarrollo, para dar servicio a un millón 250 mil personas.

DESTINAN AHORROS A BLINDAJE AGRÍCOLA
Yolanda Cevallos, Reforma, página 1, viernes 16 de agosto

La disminución en las tasas de interés, el ajuste en el tipo de cambio peso-dólar y el incremento en los precios internacionales de los granos, a niveles que no se veían desde 1996, permitirán al Gobierno federal ahorrar el 50 por ciento del presupuesto para comercialización y reorientarlo al blindaje agropecuario.

Francisco Mayorga Castañeda, director en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), señaló que este ahorro en el programa de comercialización podría significar alrededor de 2 mil 500 millones de pesos.

Estados Unidos estableció un monto adicional de 18 mil millones de dólares anuales para apoyar a sus productores durante la próxima década.

De no cambiar la propuesta del gobierno federal sobre el blindaje al campo mexicano por un plan más integral y de largo alcance, en los estados marginados del país se seguirán produciendo grandes tensiones que podrían terminar en conflictos sociales tan graves como los de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, advierten especialistas universitarios.

A la fecha sostienen que sólo se ha copiado el discurso del programa Alianza para el Campo y no hay cambios sustanciales en la política agraria, lo que podría provocar una crisis de grandes magnitudes en ese sector.

De acuerdo con el investigador de Estudios Latinoamericanos y Ciencia Política, Gregorio Vidal, el problema principal es que no existe una política integral de largo alcance para el desarrollo del campo, ésta debería incluir la promoción, investigación científica, mejores redes de comunicación, distribución y comercialización de la producción, en el marco de un buen sistema de financiamiento.

Tras los deficientes resultados que ha arrojado el “gabinetazo” federal, la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme) instó al presidente Vicente Fox a que sustituya de sus cargos a los secretarios Pedro Cerisola, Javier Usabiaga y Francisco Gil, de Comunicaciones y Transportes, de Agricultura y de Hacienda, respectivamente, porque han sido incompetentes durante este año y medio de gobierno.

Por lo anterior Pedro Salcedo, presidente del organismo, dijo que el titular de Hacienda, Francisco Gil, está incurriendo en arbitrariedades en cuanto a la recaudación de impuestos; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, porque la cancelación del aeropuerto en Texcoco denota que el estudio del proyecto fue muy pobre, y por parte del responsable de Agricultura, Javier Usabiaga, porque la política a favor del campo ha sido deficiente, lo cual ha impulsado la pobreza en el país.

NIEGA PRIISTA NEPOTISMO EN PROCAMPO
Daniel Pensamiento, Reforma, página 27, viernes 16 de agosto

El legislador local del PRI, Felipe de Jesús Velasco Aguilar, admitió ayer estar incluido, junto con otros familiares, en los apoyos que otorga Procampo, como cualquier otro productor, desde que inició el programa, en la década de los 90 en Chiapas.

Señaló que las acusaciones del PRD municipal de Jitotol carecerían de fundamento legal y sería una forma de hacer política "barata", que busca desacreditar a los contrarios por las siglas de partido.

Ratificó que cobra el apoyo por 26 hectáreas que inscribió al programa de Procampo desde hace más de 12 años.

Enfatizó que no tendría miedo como legislador admitir públicamente que a través de una organización ganadera inscribió al Procampo 26 hectáreas de pastizales y siembra de maíz, además explotar un permiso por un aserradero en la cabecera municipal de Jitotol.

Invitó al Partido de la Revolución Democrática a trabajar de manera propositiva para sacar adelante a las comunidades indígenas inmersas en la pobreza extrema en el municipio de Jitotol.

HAY EN LA CIUDAD 804 ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN SUELOS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA:CORENA
Gabriela Romero Sánchez, La Jornada, página 38, viernes 16 de agosto

Luis Meneses Murillo, encargado de despacho de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corena), precisó que en el DF existen 804 asentamientos irregulares, en los que viven entre 12 mil y 15 mil familias, de los cuales 580 se concentran en las delegaciones Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa y Milpa Alta.

Al participar en la mesa de diálogo que organizó el presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa del DF, el diputado pevemista Arnold Ricalde Jager, el funcionario explicó que estas invasiones en zonas de conservación ecológica son del tipo hormiga, por desdoblamiento o promovidas por líderes de partidos que llevan gente a esos lugares.

Meneses Murillo comentó que en las zonas invadidas se ha encontrado que, a pesar de lo irregular de su situación, se les proporcionan servicios, desde electricidad hasta líneas telefónicas.

EN PUNTA DIAMANTE, CUNDE EL EJEMPLO DE ATENCO
Leopoldo Nieto Aranda, Revista Época, página 11, viernes 16 de agosto

La ley del machete se instauró en el exclusivo fraccionamiento residencial Punta Diamante.

Campesinos de los ejidos Plan de los Amates y El Podrido desenvainaron sus herramientas de trabajo para reclamar sus derechos sobre 79.5 hectáreas -35 correspondientes al primero y 44.5 al segundo- vendidas en 1992 por el gobierno guerrerense al consorcio "Tres Vidas", formado por empresarios de Monterrey.

En julio, más de 150 campesinos, en su mayoría mujeres, se apoderaron de terrenos que hoy forman parte de la Casa Club del complejo turístico "Tres Vidas", después de que un fallo del Tribunal Unitario Agrario consideró procedente la devolución de sus tierras.

Ante la negativa de los empresarios de entregar la propiedad, al puro estilo atenquense, los campesinos guerrerenses aseguraron estar dispuestos a recuperar sus tierras, si fuera necesario con la vida.

Ante la nula respuesta de las autoridades locales de restituirles sus tierras, los ejidatarios decidieron tomarlas por mano propia, y el 1 de agosto, invadieron su propiedad para formar una colonia, a la que ya bautizaron como "13 de Diciembre".

El gobernador René Juárez Cisneros afirmó que le apuesta al diálogo: "Esta –dijo– es una disputa heredada de una administración anterior; nadie es culpable: ni mi gobierno, ni los empresarios, ni mucho menos los campesinos".

En un papel de mediador, el mandatario descartó que vaya usar la fuerza pública para desalojar a los campesinos. "Ya dialogamos con las dos partes, tanto con los ejidatarios como con los empresarios y confío en que llegaremos a un arreglo", subrayó. Sin embargo, el director de Protección y Vialidad de Guerrero, Luis León, aseguró que "se aplicará la ley" contra los infractores de la ley.

El gobernador priísta añadió que en ningún momento la intención haya sido afectar a los ejidatarios; "Se ha actuado con estricto apego a la ley y con toda transparencia". Y aclaró que de no haber acuerdo entre empresarios y ejidatarios, el gobierno local tendrá que desembolsar 100 millones de dólares, a precio comercial. "Imagínense en qué situación nos ubicaríamos, ya que la administración presupuestal que tenemos es de 300 millones de pesos al año para obra pública".

Otro es el caso de El Podrido: los ejidatarios afirman que jamás recibieron indemnización por las 44.5 hectáreas que les fueron expropiadas en 1992. A su vez, la empresa "Tres Vidas" asegura que en su momento pagó al gobierno estatal la suma pactada –cuyo monto aún se mantiene en secreto.

Pese a que el litigio permanece abierto en los tribunales, los ejidatarios decidieron tomar posesión de sus tierras la tercera semana de julio.

En este caso, los labriegos están dispuestos al diálogo e incluso a vender sus tierras, por las que exigen "una indemnización justa", equivalente a 100 dólares por metro cuadrado, "por tratarse de un lugar turístico".

La decisión final se encuentra en manos del Tribunal Superior Agrario (TSA). Por unanimidad, los magistrados del TSA decidieron -el martes 6 de agosto- devolver el expediente al Tribunal Unitario Agrario de Acapulco para que se realice un estudio topográfico del lugar, que pueda detallar la situación en que se encuentran las 44.5 hectáreas en disputa y otorgar así su fallo.

Ante ello, el asesor jurídico de los ejidatarios, Humberto Sevilla García, anunció que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del presidente del TSA, Ricardo García Villalobos y otros magistrados, por postergar su fallo en el proceso agrario.

Un día después, los labriegos comenzaron la construcción de sus viviendas en las hectáreas en disputa.

En respuesta, García Villalobos aseguró que el TSA no aceptará presiones de ningún tipo y señaló que la resolución demoró porque se trata de "un asunto complejo, que requiere de un estudio y claridad jurídica".

La extensión de tierra en disputa corresponde al 36 por ciento del predio ocupado por el megaproyecto turístico, cuyo desarrollo fue puesto en riesgo y con ello, los capitales invertidos.

Punta Diamante tiene una ubicación privilegiada entre la bahía de Puerto Marqués y la playa Revolcadero. Se localiza a diez minutos del Aeropuerto Internacional de Acapulco, a 15 minutos del puerto y a tres horas y media de la ciudad de México.

La paz y tranquilidad del eslogan: "Tenemos el terreno que usted siempre ha soñado" se violentó con el pleito y el triunfo jurídico de los lugareños.

La solidaridad se hizo patente, cuando vecinos de otros ejidos –no involucrados en el conflicto– manifestaron su apoyo a "la prolongada batalla" por las tierras. Ese es el caso de los ejidatarios de La Sabana, El Cayaco, Lomas de Chapultepec, La Estación, Icacos, Piedra Imán y Ometepec, quienes acordaron la creación del Frente de Defensa de los Campesinos de Acapulco.

Incluso ya llegaron aquí representantes de San Salvador Atenco, entre ellos abogados y dirigentes ejidales.

Talamontes de los estados de Michoacán, Oaxaca y Guerrero continúan cortando árboles inmoderadamente en municipios de la región de La Montaña y en complicidad de las autoridades de los estados mencionados, denunció, en conferencia de prensa, el dirigente estatal de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata” (LARSEZ), Raymundo Velásquez Flores.

Durante la conferencia, los campesinos indígenas anunciaron la realización de un Congreso interno con el objetivo de analizar la problemática de los núcleos ejidales, la pobreza que enfrentan las comunidades, la elaboración de una ley de amnistía, y el plan de acción para defender sus tierras y exigir mejores condiciones de vida para los indígenas guerrerenses.

Cuestionado sobre los conflictos agrarios, el profesor dijo que estos existen en los municipios de Ometepec, Malinaltepec, Atlixtac, Tlapa, Heliodoro Castillo y Marquelia, entre otros, por lo que urgió al Tribunal Unitario Agrario de circuito número 11 en Chilpancingo, Guerrero, a resolver los conflictos agrarios y evitar manifestaciones violentas en un futuro.

Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx