Martes 23 de octubre de 2001
Martes 23 de octubre de 2001
Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
La Jornada • El Universal • Reforma • El
Financiero
SE
CONSTRUIRÁ EN TEXCOCO EL NUEVO AEROPUERTO.
Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, página 20, martes 23 de octubre.
El gobierno federal decidió que el nuevo aeropuerto internacional se construirá
en Texcoco, ya que "presenta la mejor viabilidad aeronáutica, ambiental, técnica,
urbana y financiera", anunció ayer el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Pedro Cerisola y Weber.
ANUNCIAN
EXPROPIACIÓN DE 5 MILLONES (SIC) DE HECTÁREAS.
Matilde Pérez U., La Jornada, página 22, martes 23 de octubre.
La construcción del nuevo aeropuerto internacional y el establecimiento de áreas
de recarga de acuíferos y ampliación de obras del lago de Texcoco para
"continuar con el restablecimiento del balance hidrológico del valle de México"
implicó 19 decretos de expropiación por una superficie total de 5 millones 393
mil hectáreas en los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco.
SE
RESISTEN 500 FAMILIAS A DESALOJAR PREDIOS.
Juan Lázaro, El Universal, página 20, martes 23 de octubre del 2001.
Más de 500 familias que viven en los asentamientos irregulares conocidos como
"La Bota" y "El Salado" se resisten a desalojar ese lugar
donde se instalará la infraestructura del nuevo aeropuerto capitalino.
REPUDIAN
EN ATENCO EL FALLO.
Almendra Vázquez, Teresa Montaño y Rebeca Jiménez, El
Universal, página 20, martes 23 de octubre del 2001.
Desesperación y coraje eran los sentimientos comunes entre más de mil
ejidatarios, amas de casa y jóvenes de San Salvador Atenco, quienes armados con
palos, varillas y bombas Molotov bloquearon al mediodía de ayer la carretera
Texcoco-Lechería, en protesta por el anuncio oficial de instalar el aeropuerto
alterno de la ciudad de México en Texcoco.
LOS
EJIDATARIOS DE TEXCOCO NO SE CONVENCERÁN TAN FÁCIL DE LA VIABILIDAD DEL
PROYECTO, ADVIERTEN.
Julián Sánchez, El Universal, página 22, martes 23 de octubre del 2001.
Aún no está dicha la última palabra sobre la sede del aeropuerto
internacional de la Ciudad de México, pues los ejidatarios de Texcoco no serán
convencidos fácilmente, advirtió el dirigente del CAP, Álvaro López Ríos.
IMPUGNARÁ
PRD LA DECISIÓN; PLANTEAN “FRENTE DE RESISTENCIA”.
Lilia Saúl Rodríguez, Julián Sánchez y Arturo Zárate, El Universal, página
22, martes 23 de octubre.
Diversas reacciones generó, entre partidos políticos, la decisión
gubernamental de construir el aeropuerto alterno al de la ciudad de México en
Texcoco, luego de meses de debate. El PRD anunció que apoyará la propuesta del
jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para
impugnar, ya sea ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Poder
Legislativo, esta determinación.
SOLICITARON
EN SEPTIEMBRE EXPROPIACIONES DE TIERRAS.
Víctor Fuentes, Reforma, página 13, martes 23 de octubre.
La decisión para construir el nuevo aeropuerto en Texcoco fue tomada por lo
menos desde el 21 de septiembre, y culminó ayer con 42 decretos con los que el
Presidente Vicente Fox expropió en favor del Gobierno federal alrededor de 54
kilómetros cuadrados de terrenos del Estado de México.
CÁRCEL,
PERSECUCIÓN Y MUERTE.
Rosa Rojas, La Jornada, página 56, martes 23 de octubre.
Cárcel, persecución y muerte es el precio que se paga en esta entidad por
defender los bosques, cuando a decir del presidente de la Organización de
Campesinos Ecologistas de Guerrero (OCEG), Juan Bautista Valle, son los
habitantes de las ciudades los que deberían pagarles por cuidar el bosque para
que ellos tengan oxígeno y agua.
A
DICTAMEN, LOS AJUSTES A LA LEY DE DESARROLLO RURAL.
Martín Román Ortíz, El Financiero, página 23, martes 23 de octubre.
Con el respaldo de todas las fuerzas políticas, la Cámara de Diputados
dictaminará hoy la nueva Ley de Desarrollo Rural Sustentable, poniendo así fin
al reto presidencial que impuso el gobierno foxista al pasado decreto que en la
materia aprobara en diciembre pasado el Congreso de la unión.
SE
CONSTRUIRÁ EN TEXCOCO EL NUEVO AEROPUERTO.
Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, página 20, martes 23 de octubre.
El
gobierno federal decidió que el nuevo aeropuerto internacional se construirá
en Texcoco, ya que "presenta la mejor viabilidad aeronáutica, ambiental, técnica,
urbana y financiera", anunció ayer el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Pedro Cerisola y Weber.
El
proyecto, aseguró, requerirá en su primera fase de una inversión de 18 mil
millones de pesos, "40 por ciento más barato que la otra opción, que era
en Hidalgo", así como la expropiación de 4 mil 500 hectáreas de
terrenos, la mayoría ejidales.
El
decreto expropiatorio se oficializó ayer mismo y se calcula pagar
indemnizaciones a los ejidatarios y pequeños propietarios por 800 millones de
pesos, puntualizó el funcionario, y explicó que el proyecto "nacerá
privatizado", pues se financiará 75 por ciento con capital privado y 25
por ciento será participación gubernamental. Se permitirá, dijo, la entrada
de inversionistas extranjeros "hasta en 49 por ciento en forma directa y
100 por ciento con autorización adicional".
Cerisola
dio el polémico anuncio en conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado
por los especialistas que intervinieron en los estudios, así como por el
director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Ernesto Velasco, y el presidente
de la Cámara Nacional de Aerotransporte, Fernando Flores, entre otros. Habrá
un solo aeropuerto para el valle de México, que será el de Texcoco, pues el
actual desaparecerá. Además, señaló, no se tiene contemplada una tercera
terminal en Tizayuca.
Diálogo
para convencer
A
los opositores de este proyecto se les convencerá a "base de diálogo",
aunque no presentaron argumentos para demostrar que su opción era mejor,
sostuvo el secretario, y añadió que durante cinco sexenios se ha pospuesto la
decisión de construir la nueva terminal y sería más fácil ahora diferir esta
determinación "para evitar la confrontación y la controversia", pero
también sería una irresponsabilidad, pues el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) ya llegó al límite de operaciones, está saturado y
"no se ha colapsado de milagro".
Respecto
al futuro del aeropuerto de la ciudad de México, expuso que se estudiará cómo
aprovechar esta área, pero "no será un elefante blanco". Se
le buscará una opción de uso social y comercial que le convenga a la capital
del país. En este sentido, definió: "Para el rescate de la actual
terminal se buscará un proyecto que sea una mezcla de Bosque de Chapultepec y
Santa Fe, donde se pueda tener una recuperación económica y ambiental para la
ciudad".
En
2002 comenzará la construcción
Al
sostener que según estimaciones la construcción de la nueva terminal comenzará
el próximo año –tercer trimestre de 2002–, y que se prevé terminar la
primera etapa al final del sexenio, Cerisola refirió que la decisión final
sobre la ubicación del puerto aéreo se tomó el pasado domingo, cuando se le
presentaron los resultados al presidente Vicente Fox. En este sentido, precisó:
"Yo estuve realmente seguro (de que la decisión era a favor de Texcoco)
hasta ayer, cuando tuve oportunidad de platicar con el Presidente".
Los
argumentos
Las
conclusiones generales presentadas a Fox fueron las siguientes: primero, que
ambos sitios eran viables, pues ninguno de los dos presentaba problemas sin
solución posible. Segundo, que para una mayor confiabilidad en las operaciones
de vuelo, una mayor economía de escala en el manejo de personal, equipo de
vuelo, programación de itinerarios y conexiones de pasajeros, es mucho mejor
tener una terminal integrada que evite la pérdida de tiempo en conexiones y
consecuentemente la cancelación de vuelos, por lo que la mejor opción era
Texcoco. En tercer lugar, que tanto por inversión inicial como por costos de
operación económica también la mejor opción era Texcoco, reveló el
funcionario.
Desde
su punto de vista, la decisión gubernamental está sustentada en elementos
objetivos y demostrables, no de carácter político, y para ello presentó un
video en el que los varios expertos hablaban de qué opción era mejor en cada
rubro de estudio.
Siguen
los concursos
El
titular de la SCT explicó que ahora la dependencia se abocará a trabajar con
otros grupos de profesionales "en la mejor forma de hacer los concursos de
los proyectos, desde el plan maestro, cada uno de los proyectos arquitectónicos
y los proyectos de ingeniería, de tal forma que se pueda contar con toda la
capacidad nacional e internacional y se pueda no solamente garantizar la mejor
decisión en cuanto a la ubicación, sino el mejor aeropuerto que pueda haber en
el mundo".
De
hecho -agregó-, ya arrancamos y ahora se empezará a trabajar con los colegios
de arquitectos, de ingenieros y de urbanistas, para poder comenzar a ver de qué
forma se pueden conducir los concursos. Se creará, dijo, un comité técnico en
el que estarán representadas las dependencias que trabajaron en el proceso, y
en el que obviamente tendrán una silla la Semarnat, la Sedesol y la Reforma
Agraria, además de todos los sectores involucrados.
De
las licitaciones
Una
vez que se tenga todo el plan maestro -continuó- se van someter a concurso los
proyectos para definir cuál es el mejor para el país, y posteriormente las
obras a través de "licitaciones públicas de tipo internacional, que serán
supervisadas por observadores internacionales que garanticen la transparencia de
las mismas". También tendrán una amplia participación los ingenieros,
urbanistas y arquitectos mexicanos, añadió.
Incluso,
en caso de que el concurso fuera ganado en el aspecto arquitectónico o de
ingeniería por algún despacho extranjero, se buscará que se asocie con
empresarios mexicanos. La licitación de las obras, aseguró, también será de
tipo internacional, pero favoreciendo obviamente a las constructoras nacionales.
Una
vez que esté terminado la primera parte del aeropuerto, se licitará la
administración del mismo. Se van a tener varias concesiones: una será sobre
las terminales de carga, otra sobre las terminales de pasajeros, otra para el área
de aviación general y una más para las de hoteles.
El
cálculo inicial es que la construcción del aeropuerto llevará entre tres y
cinco años, "dependiendo de las complicaciones que pueda haber y de la
disponibilidad presupuestal que pueda existir, pero no se llevará más de cinco
años la inauguración de la terminal, pues se tendrá que analizar qué
aportaciones tendrá el gobierno federal y si parte de estos recursos saldrán
incluso de los flujos generados por el aeropuerto de la ciudad de México".
Los
grupos interesados en el proyecto
Aseguró
que a pesar de los problemas de recesión, hay inversionistas interesados en
participar en el proyecto.
Al
respecto, el subsecretario de Comunicaciones, Aarón Dycther, comentó que entre
los grupos mexicanos interesados en la construcción del nuevo aeropuerto se
encuentran ICA, de Bernardo Quintana; Gutsa, de la familia Gutiérrez Cortina, y
el Grupo Martínez Hermanos. Además, en cuanto a los grupos interesados en
lograr la concesión para la operación aeroportuaria, se encuentran el British
Airport y el aeropuerto de Francfort.
El
funcionario expuso que de las 4 mil 500 hectáreas expropiadas más de 90 por
ciento corresponden a terrenos ejidales, y que las indemnizaciones se empezarán
a pagar "ya" con fondos de las Secretaría de Comunicaciones y de la
Semarnap.
Añadió
que probablemente tendría que haber una ampliación presupuestal para apoyar el
arranque del proyecto y que en éste tendrán que participar diversos organismos
y dependencias, pues se requerirá de obras iniciales de vialidad y drenaje.
Además, aseguró que el proyecto no cancela el del tren suburbano y que las
pistas no se van a hacer sobre las parcelas, sino sobre la zona lacustre, que es
"totalmente impermeable". No es tierra que esté siendo utilizada en
la agricultura. En total, de las más de 14 mil hectáreas de terreno que
conforman la zona, sólo se utilizarán 4 mil 500 para el aeropuerto. En mil 500
hectáreas estarían los edificios, plataformas y en el resto se tendrían las
áreas operacionales.
No
hay conflicto de intereses: ASA
Por
su parte, el director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Ernesto Velasco,
apuntó que no hay conflicto de intereses entre la actual terminal y el nuevo
proyecto, y que se podrán conjuntar la operación normal y la construcción.
Incluso, dijo, se estima que parte de los recursos que genera esta actividad serán
destinados para apoyar el Plan Texcoco.
En
el mismo tono, el presidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte y director
general de Mexicana de Aviación, Fernando Flores, expuso que para la aviación
comercial, que comprende 52 aerolíneas nacionales y extranjeras, la decisión
de que sea un solo aeropuerto en el que se conjunten las operaciones domésticas
e internacionales es la adecuada, ya que de lo contrario "las aerolíneas
se hubieran negado a operar en dos aeropuertos, en función de la duplicación
de gastos en personal, oficinas y otros factores inherentes al manejo de dos
terminales".
ANUNCIAN
EXPROPIACIÓN DE 5 MILLONES (SIC) DE HECTÁREAS.
Matilde Pérez U., La Jornada, página 22, martes 23 de octubre.
La
construcción del nuevo aeropuerto internacional y el establecimiento de áreas
de recarga de acuíferos y ampliación de obras del lago de Texcoco para
"continuar con el restablecimiento del balance hidrológico del valle de México"
implicó 19 decretos de expropiación por una superficie total de 5 millones 393
mil hectáreas en los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco.
Por
esa superficie expropiada el gobierno federal deberá pagar 534 millones 374 mil
391 pesos -la hectárea de temporal se valuó en 72 mil pesos y la de riego en
250 mil-, que deberán ser entregados a más de 4 mil 375 ejidatarios.
De
esas 5.3 millones de hectáreas, 2 millones 63 mil 20 serán destinadas a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 3 millones 328 mil para la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con lo publicado
ayer en el Diario Oficial de la Federación.
En
un comunicado, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) informó que a partir
de la mañana de ayer el personal de la institución procedió a identificar,
deslindar y entregar físicamente a la SCT y a la Semarnat las superficies
correspondientes a cada una de las dependencias federales, para que
"procedan a destinarlas a la satisfacción de las causas de utilidad pública
que motivaron la decisión presidencial".
En
cada uno de los decretos se puntualiza que si los bienes motivo de la expropiación
se destinan a un fin distinto al señalado o transcurrido un plazo de cinco años
no se ha cumplido con las causas de utilidad pública, el Fideicomiso Nacional
de Fomento Ejidal (organismo en el que se depositan los fondos de expropiación
de los ejidos) ejecutará las acciones necesarias para reclamar la reversión
parcial o total, según corresponda, de la acción de expropiación.
Personal
de la SRA estuvo a partir de la segunda semana de septiembre concentrado en sus
oficinas, e incluso se le advirtió que pasaría algunas noches en hoteles
cercanos a la zona ahora expropiada para empezar a entregar las notificaciones a
los ejidatarios.
Información
retrasada
Ayer
la publicación del Diario Oficial se retrasó, e incluso algunas
oficinas del gobierno federal y de partidos políticos no recibieron el
documento; tampoco estuvo disponible por la mañana en la página web. Fue por
la tarde que se pudo consultar la información de los decretos expropiatorios.
La
SRA aseguró que se notificó formalmente del proceso de expropiación a los
presidentes, secretarios y tesoreros de los 13 comisariados de igual número de
ejidos afectados. "Los servidores públicos que desempeñaron las
comisiones de referencia fueron asistidos por notarios públicos del estado de México,
quienes dieron fe de la ejecución de los decretos expropiatorios y de la
notificación de los mismos a los representantes ejidales involucrados."
El
Ejecutivo federal también procedió a "rescatar las concesiones para la
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales" que otorgó la
Comisión Nacional del Agua a las unidades de riego para el desarrollo rural
Gama, Sauce Cieneguillas, San Indalecio (sus dos anexos), Guadalupe II, José López
Portillo, Dios Tláloc, Santa Rosa, La Galera, La Purísima, Segundo Contreras,
Primer Contreras y El Milagro, así como a cuatro particulares. Los bienes,
equipos e instalaciones serán administrados por la Semarnat.
SE
RESISTEN 500 FAMILIAS A DESALOJAR PREDIOS.
Juan Lázaro, El Universal, página 20, martes 23 de octubre del 2001.
Más
de 500 familias que viven en los asentamientos irregulares conocidos como
"La Bota" y "El Salado" se resisten a desalojar ese lugar
donde se instalará la infraestructura del nuevo aeropuerto capitalino.
"Llegamos
cuatro años antes de que fuera asignado para construir el aeropuerto",
dijo Selene Yaquelin Manzano Barretos, dirigente de 135 familias de Antorcha
Popular, que viven en "El Salado" y no quieren dejar sus viviendas.
En
ese lugar no hay energía eléctrica y sus habitantes se tienen que
"colgar" a transformadores de alta tensión para poder llevarla a las
humildes casas construidas con tabicón y láminas de cartón. La dirigente
aseguró que no es su culpa, ya que funcionarios de la Reforma Agraria e incluso
el ex alcalde de San Salvador Atenco, José Luis Medina Navarro, vendieron los
terrenos. "No es que seamos necios, pero nos deben informar bien cómo está
la situación, porque realmente no queremos dejar este lugar", indicó.
El
dirigente de Antorcha Campesina en el estado de México, Omar Carreón Abud,
advirtió que sus compañeros que viven en "El Salado" saldrán del
lugar sólo si son reubicados a algún lugar donde se les garanticen los
servicios públicos y seguridad jurídica.
El
alcalde de San Salvador Atenco, Margarito Yáñez Ramos, informó que 90 por
ciento de las 4 mil hectáreas que se necesitan para construir las pistas aéreas
se ubican en su territorio, el otro 10 por ciento en Ecatepec y Texcoco. Los
ejidos afectados se encuentran en Expayac, y Acuexcomac, Santa Isabel Ixtapa y
Atenco, así como los de Tocuila y San Vicente Riva Palacio en el municipio de
Texcoco.
Para
llegar a Texcoco se necesita cruzar la autopista Peñón-Texcoco, la cual tiene
hundimientos en diferentes áreas, ya que según el investigador de la
Universidad Autónoma de Chapingo, Jorge Moret se debe a que el suelo del ex
lago de Texcoco no es apto para ninguna construcción, debido a que
inmediatamente se hunde.
Además
de que se han encontrado vestigios arqueológicos cerca del lugar conocido como
"El Caracol", en donde se planea hacer las pistas.
Los
ejidatarios de San Miguel Tocuila y La Magdalena Tanoaya dijeron que los
gobiernos federal y estatal hasta el momento no les han informado de la
expropiación de 949 hectáreas para construir el aeropuerto.
Albino
Venegas y Jesús Venegas Bendieta, delegados de San Miguel Tocuila, manifestaron
su preocupación porque no saben qué futuro tendrán, ya que les quieren pagar
las tierras barato, pues dijeron que "nos quieren dar seis pesos por metro
cuadrado, lo que consideramos una burla porque en el mercado inmobiliario el
costo de una hectárea supera los 100 mil pesos". Las opiniones siguen
encontradas en esta región, pero para Emiliano Carrillo Carrasco, presidente
del colegio de Abogados del Valle de México, es positiva la construcción del
aeropuerto internacional de la ciudad de México en el ex lago de Texcoco,
porque tendrían más beneficios que daños.
"Sólo
queremos que el gobernador Arturo Montiel cumpla con los empleos, porque habrá
empresas constructoras transnacionales y no se sabe cómo califiquen al
personal", indicó.
Con
este proyecto habrá un repunte económico, ya que en la actualidad el municipio
de Texcoco sólo se dedica al comercio y la agricultura, además de contar con
algunas bodegas de empresarios españoles, que no han generado empleos.
REPUDIAN
EN ATENCO EL FALLO.
Almendra Vázquez, Teresa Montaño y Rebeca Jiménez,
El Universal, página 20, martes 23 de octubre del 2001.
Desesperación
y coraje eran los sentimientos comunes entre más de mil ejidatarios, amas de
casa y jóvenes de San Salvador Atenco, quienes armados con palos, varillas y
bombas Molotov bloquearon al mediodía de ayer la carretera Texcoco-Lechería,
en protesta por el anuncio oficial de instalar el aeropuerto alterno de la
ciudad de México en Texcoco.
El
objetivo de la manifestación fue defender su patrimonio "con uñas,
dientes y sangre", y denunciar que mil 77 hectáreas ejidales serían
expropiadas por el gobierno.
Al
menos 160 granaderos de la policía estatal permanecían a la expectativa en los
alrededores de la carretera Texcoco-Lechería, pero fue hasta las 18 horas que
se retiró el bloqueo. Entonces los inconformes se congregaron en la explanada
municipal y se presume que tomen en próximas horas las instalaciones del
ayuntamiento.
Se
informó que hay tres órdenes de aprehensión contra los manifestantes, por
obstrucción de una vía federal y la retención de un funcionario.
En
su oportunidad el gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas,
calificó de "responsable" la decisión tomada por el gobierno federal
y en un escueto comunicado, sostuvo que ésta "genera confianza por haber
sido tomada con base en estudios de expertos y científicos".
En
un boletín que se esperaba 10 horas antes, el mandatario refirió que su
gobierno "asume con gran responsabilidad el reto de apoyar este
proyecto".
El
anuncio de la expropiación de terrenos de cultivo del ejido de San Salvador
Atenco llegó a las 8 horas de ayer a la oficina del comisariado ejidal,
mediante el notificador Héctor C. Miralrío Rocha, de la Secretaría de la
Reforma Agraria.
Los
documentos con número de expediente 12697/SCT anunciaban la expropiación de
una superficie de "mil 154 hectáreas, 69 áreas, 35 centiáreas" en
favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; mientras que la
notificación con número 12705/Semarnat informa sobre la expropiación de 23
hectáreas, 79 áreas, 42 centiáreas, en favor de la Semarnat.
En
Texcoco, ejidatarios de San Miguel Tocuila y La Magdalena Panoaya, también
recibieron notificaciones para expropiar en el primero, 503 hectáreas y en el
segundo 384 hectáreas de cultivo.
Los
habitantes de Atenco empezaron a lanzar cohetones, para reunir al pueblo, luego
de que a las 10 horas se diera el anuncio oficial de que el aeropuerto sería
construido en la zona de Texcoco.
Ante
estas manifestaciones, el alcalde de Atenco, Margarito Yánez Ramos, huyó; los
empleados del ayuntamiento se retiraron y el palacio de gobierno fue cerrado.
En
el parque "Los Ahuehuetes", ubicado en avenida Parque Nacional y
Emiliano Zapata, los campesinos desalojaron a personal del gobierno estatal que
laboraba en el lugar y lo resguardaron, toda vez que suponen que esta zona ecológica
también forma parte del proyecto.
A
un kilómetro de distancia se apreciaba el humo negro de las llantas quemadas
por los centenares de habitantes, en su mayoría campesinos, quienes les
prendieron fuego; esto sirvió de retén a la altura del kilómetro 27 de la
carretera Texcoco-Lechería en ambos carriles, y dejó atrapados a decenas de tráileres
y camiones pesados.
Mujeres
como María Trinidad Mendoza de Flores, enérgicas, señalaron: "Con uñas,
dientes y sangre, si es preciso, vamos a defender nuestras tierras",
mientras que alumnos de secundaria también se presentaron con sus varillas y
palos porque dijeron "no queremos aeropuerto, habrá contaminación,
escasez de agua y vandalismo".
Carlos
Iriarte Mercado, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dijo que
los efectivos no podían intervenir para un desalojo porque es vía federal.
Axel
García Aguilera, fiscal especial para combatir los delitos cometidos por
fraccionadores clandestinos, aseguró que existen ya tres órdenes de aprehensión
en contra de los manifestantes, por los delitos de obstrucción a las vías de
comunicación y privación ilegal de la libertad, luego de que el secretario del
ayuntamiento de Atenco, Víctor Hernández Mozo, al parecer fue retenido por los
inconformes.
Fue
hasta las 18 horas de ayer que los habitantes de este lugar retiraron el bloqueo
para congregarse después en la explanada municipal, hasta donde se mantenían
al cierre de esta edición más de 500 personas, con las puertas cerradas del
palacio municipal y que se presume tomarán en próximas horas.
Horacio
Duarte Olivares, presidente municipal de Texcoco, anunció de entrada la
presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y la no autorización para que se cambien los usos de
suelo en las casi cinco mil hectáreas que comprende el proyecto y que
corresponden al municipio que gobierna.
El
4 de marzo se organizó una consulta para que los habitantes de Texcoco
manifestaran su postura respecto al proyecto; participaron cerca de 14 mil
colonos y 71 por ciento lo rechazó; 90 por ciento consideró que la Federación
debería tomar en cuenta la opinión de los vecinos.
LOS
EJIDATARIOS DE TEXCOCO NO SE CONVENCERÁN TAN FÁCIL DE LA VIABILIDAD DEL
PROYECTO,
ADVIERTEN.
Julián Sánchez, El Universal, página 22, martes 23 de octubre del 2001.
IMPUGNARÁ
PRD LA DECISIÓN; PLANTEAN “FRENTE DE RESISTENCIA”.
Lilia Saúl Rodríguez, Julián Sánchez y Arturo Zárate, El Universal, página
22, martes 23 de octubre.
Diversas reacciones generó,
entre partidos políticos, la decisión gubernamental de construir el aeropuerto
alterno al de la ciudad de México en Texcoco, luego de meses de debate. El PRD
anunció que apoyará la propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal,
Andrés Manuel López Obrador, para impugnar, ya sea ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación o ante el Poder Legislativo, esta determinación.
A su
vez, el Partido Verde Ecologista de México llamó al gobierno capitalino,
partidos políticos y sociedad civil a unir acciones para conformar un frente de
resistencia y oponerse a la construcción de un nuevo aeropuerto en el municipio
de Texcoco, estado de México.
En
contraste, Luis Felipe Bravo Mena, líder nacional del PAN, negó que haya
elementos para sospechar que hubo favoritismo en el anuncio de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes que seleccionó al estado de México para construir
el nuevo aeropuerto.
"Se
hicieron todos los estudios, con todo cuidado, tanto ecológico, como de aviación,
como de los impactos que se van a tener en materia de desarrollo urbano. En fin,
creo que la decisión se sopesó, se analizó y se estudió con cuidado",
precisó.
Ante la
necesidad de construir una nueva terminal aérea porque el del aeropuerto
capitalino resulta insuficiente, se presentaron dos propuestas para la
construcción de la sede alterna: Texcoco, en el estado de México y Tizayuca,
en Hidalgo.
Durante
meses hubo un debate sobre cuál sería el destino lo que generó una rivalidad
política y económica, además de protestas de ambientalistas.
Finalmente,
el gobierno federal decidió que por cuestiones técnicas de aeronáutica y de
viabilidad financiera será Texcoco donde se construya.
El
vocero del PRD, Carlos Navarrete, comentó que su partido considera que Vicente
Fox tuvo que optar por el estado de México, "luego de una disputa feroz
entre los grupos de interés" entre Texcoco y Tizayuca.
No fue
por ver cuál era más viable, ya que la competencia al final se decidió por
las alianzas que se lograron entre los inversionistas privados.
Reiteró
que "no fue por ver el mejor proyecto desde el punto de vista técnico. La
decisión del gobierno federal es lamentable, porque optó en favor de un grupo
del estado de México, ya que los terrenos de Texcoco fueron adquiridos por políticos
e inversionistas", afirmó Navarrete Ruiz.
El
vocero perredista señaló que al interior de este instituto político esperarán
la señal de López Obrador para conocer su propuesta en relación con el nuevo
aeropuerto "y poder enfrentar la decisión del gobierno
federal".
Por
separado, el dirigente del PVEM, Jorge González Torres, señaló la decisión
gubernamental como una "medida unilateral y cupular" como
"absurda, incongruente, antidemocrática, insensible e
irresponsable".
En una
conferencia, González Torres dijo que su instituto político recurrirá a todas
las medidas pacíficas y legales para evitar la referida construcción.
Reiteró
que el PVEM y sus legisladores están dispuestos incluso a hacer presencia física
en el lugar para evitar que trabaje la maquinaria que se vaya a poner a
disposición para la edificación de una nueva terminal aérea.
Puso de
relieve que este proyecto tiende no sólo a destruir el ecosistema en esa zona,
sino que también repercutirá negativamente en otros rubros como el social y
económico.
Inconformidades,
actitud normal: Bravo Mena
Luis
Felipe Bravo Mena consideró normal que haya quienes no estén de acuerdo con el
anuncio del gobierno para la construcción del aeropuerto alterno en Texcoco,
porque en una decisión de este tipo siempre habrá unos conformes y otros
desaprobando el resultado.
Las
autoridades se apegaron al análisis técnico para escoger Texcoco, basados en
lo que conviene a la industria de la aviación y de los ciudadanos, dijo.
Comentó
que su partido se mantuvo atento al proceso de selección y nunca observó
elementos o indicios que le hicieran sospechar que habría favoritismo.
SOLICITARON
EN SEPTIEMBRE EXPROPIACIONES DE TIERRAS.
Víctor Fuentes, Reforma, página 13, martes 23 de octubre.
La
decisión para construir el nuevo aeropuerto en Texcoco fue tomada por lo menos
desde el 21 de septiembre, y culminó ayer con 42 decretos con los que el
Presidente Vicente Fox expropió en favor del Gobierno federal alrededor de 54
kilómetros cuadrados de terrenos del Estado de México.
Hace
un mes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó formalmente a
la de Reforma Agraria la expropiación de terrenos ejidales que ocupará la
nueva terminal aérea y los proyectos ecológicos anexos.
En
total, son 19 decretos de este tipo, donde se afectan 5 mil 391 hectáreas que
pertenecen a 4 mil 365 ejidatarios, para quienes habrá una indemnización de
534 millones de pesos que, de hecho, ya pueden pasar a cobrar en SCT o la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según el caso.
Para
el 5 de octubre –cuando ya se esperaba el anuncio que se atrasó dos semanas más–,
la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales ya había efectuado los peritajes
necesarios en los bienes ejidales, asignando un valor promedio de 70 a 80 mil
pesos por hectárea de temporal, y 250 a 300 mil pesos por hectárea de riego.
Otros
22 decretos afectan lotes privados que se ubican en los alrededores del Vaso del
Lago de Texcoco, y abarcan 79 hectáreas. En este caso, la dependencia encargada
de la expropiación es la Semarnat, y los terrenos todavía no han sido valuados
para pagarle a los dueños.
El
último decreto no es en realidad una expropiación, sino una "declaratoria
de rescate de las concesiones para el aprovechamiento de aguas nacionales"
que la Comisión Nacional del Agua otorgó en 1995 a 17 particulares y
productoras agrícolas cercanas al lago.
Aquí
también habrá indemnizaciones, aunque de otro tipo, porque los afectados no
eran propietarios del agua, sino de concesiones paras aprovechar mil 864 hectáreas
que forman parte del vaso.
Ayer,
a las 8 de la mañana, funcionarios de la SRA y notarios públicos del Estado de
México notificaron a los ejidos afectados. En teoría, estos pueden promover
juicio de amparo contra la expropiación, pero sería un litigio largo que, de
entrada, no puede frenar la medida presidencial.
Razones
y decretos
Los
decretos del Presidente Fox –firmados el domingo en la residencia oficial de
Los Pinos– varían según la situación geográfica y el uso que se dará a
cada terreno.
Por
ejemplo, en el caso de seis ejidos que abarcan 2 mil 63 hectáreas, se establece
que sus terrenos serán ocupados por el nuevo aeropuerto.
Entre
las razones se menciona "la cercanía de la nueva terminal aérea con las
zonas urbanas de la Ciudad de México, donde se genera la mayor parte de la
demanda de los servicios de transporte aéreo, facilita aprovechar, sin
necesidad de grandes inversiones la infraestructura del transporte
disponible".
Asimismo
"que el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México será parte integrante
de la vía general de comunicación del espacio aéreo nacional y por su ubicación
ofrecerá mejores condiciones para el tráfico aéreo y operaciones
aeroportuarias; contribuirá a la disminución de la contaminación ambiental de
la Ciudad de México, al reducir el sobrevuelo de aeronaves en la zona urbana;
ofrecerá condiciones favorables para el desarrollo aeroportuario nacional
dentro de los niveles de seguridad, rentabilidad y eficiencia de la red
aeroportuaria del país y para la prestación de los servicios de transporte aéreo
con la construcción de pistas de longitud necesaria y sistemas de rodaje
adecuados Entre los expropiados con estos razonamientos está la propiedad más
grande de todas: el ejido San Salvador Atenco, con más de mil 400 miembros y
mil 54 hectáreas.
Hay
otros predios expropiados que tendrán una relación indirecta con el
aeropuerto, pero son necesarios para los proyectos ambientales y acuáticos que
rodean a la nueva terminal, y abarcan cerca de 3 mil 400 hectáreas.
En
esos casos, el gobierno argumenta que se usarán los predios "para
destinarlos al establecimiento de áreas de recarga de acuíferos y a la
ampliación de obras del Plan Lago de Texcoco para continuar el restablecimiento
del balance hidrológico del Valle de México, el control de la contaminación
de las aguas superficiales y los mantos acuíferos en dicha zona, lo cual
contribuirá al ordenamiento ecológico de la misma".
Cambio
de uso de suelo
Superficie
ejidal expropiada en los 20 decretos de la Secretaría de la Reforma Agraria: 5
mil 591 hectáreas
2
mil 36 hectáreas serán para el aeropuerto
3
mil 328 para proyectos ecológicos y ambientales.
4
mil 365 ejidatarios afectados. Recibirán una indemnización de 534 millones de
pesos, un promedio de 122 mil pesos por familia.
Superficie
particular expropiada en 22 decretos de la Semarnat:
79
hectáreas en el poblado de San Martín, Texcoco, aún sin valuar.
CÁRCEL,
PERSECUCIÓN Y MUERTE.
Rosa Rojas, La Jornada, página 56, martes 23 de octubre.
Cárcel,
persecución y muerte es el precio que se paga en esta entidad por defender los
bosques, cuando a decir del presidente de la Organización de Campesinos
Ecologistas de Guerrero (OCEG), Juan Bautista Valle, son los habitantes de las
ciudades los que deberían pagarles por cuidar el bosque para que ellos tengan
oxígeno y agua.
A
salto de mata, capoteando lo mismo la persecución de la autoridad con órdenes
de aprehensión en su contra que la de taladores clandestinos y grupos armados
que los protegen, los campesinos ecologistas acusan: ni el presidente Vicente
Fox, ni el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), Víctor Lichtinger Waisman, ni el gobernador del estado, René Juárez,
han cumplido sus compromisos y a la sierra de Petatlán y a la Montaña les han
llegado sólo promesas pero nada de recursos.
La
red de complicidades que se armó a partir de 1995, cuando la transnacional
Boise Cascade –una de las empresas forestales más grandes de Estados
Unidos– firmó con el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, en el marco
del Tratado de Libre Comercio (TLC), un acuerdo que le daba el derecho exclusivo
de explotación y compra de madera en 24 ejidos de la Costa Grande de Guerrero,
continúa vigente. Así, pese a la presencia de soldados y policías, sigue la
tala clandestina ante la ineficaz vigilancia de Semarnat y Profepa, subrayan los
campesinos.
Guerrilla,
guardias blancas y narcotráfico persisten y proliferan. La inseguridad,
los homicidios, los secuestros son el pan de cada día, pese a que durante
recorridos en cada región se constató la presencia de patrullas militares, ya
fueran soldados de a pie saliendo de entre las milpas, en convoyes con
judiciales o en retenes.
Siguen
en la cárcel -y en julio les fue ratificada la condena a diez y a seis años de
prisión- los campesinos ecologistas Teodoro Montiel y Rodolfo Cabrera, a pesar
de que el propio Fox, desde marzo pasado, le dijo a Pierre Sane, representante
de Amnistía Internacional: "los queremos fuera"; a pesar de que
Lichtinger se entrevistó con ellos en la cárcel de Iguala el 3 marzo; a pesar
de la recomendación 8/2000 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que
estableció que las "evidencias" de que los cargos por portación
ilegal de armas y cultivo de mariguana les fueron sembradas a Montiel y
Cabrera mientras estaban detenidos; a pesar de las campañas internacionales por
su liberación y de los prestigiados premios internacionales Goldman y Chico Méndez
de ecología que les fueron entregados.
Peor
aún, el pasado 19 de octubre fue asesinada su abogada, Digna Ochoa y Plácido,
quien en su defensa, con el equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro, logró establecer que ambos ecologistas presos habían sido torturados
durante cinco días por los militares que los detuvieron: soldados Artemio
Nazario Carballo, Calixto Rodríguez Salmerón y José C. Calderón Fabiano.
Además
continúan vigentes las órdenes de aprehensión contra otros cinco ecologistas
más: Eutiquio y Roberto Cabrera, Rogelio Carrillo, Jesús Bautista Fuerte y
Servando Bautista Fuerte, sin que en cuatro años se hayan podido conseguir
"con los de derechos humanos amparos para ellos", informó Juan
Bautista. El resultado, dijo, es que estos hombres tienen que andar huyendo,
como él mismo tuvo que hacerlo durante un año, hasta que fue cancelada la
orden de aprehensión que había en su contra.
Impunes
están los homicidios de otros cuatro campesinos ecologistas: Aniceto Martínez,
asesinado, de acuerdo con reportes del Centro Pro, por pistoleros de Bernardino
Bautista, cacique de la sierra de Petatlán; Elena Barajas, ultimada por un
militar que acompañaba a Bautista; Romualdo Gómez García, victimado por el
propio Bernardino Bautista, y Salomé Sánchez Ortiz, muerto por soldados del 40
batallón de Infantería cuando irrumpieron en El Mameyal para detener a Montiel
y a Cabrera.
Los
"delitos" de los campesinos ecologistas fueron oponerse a la tala a
matarrasa que se realizaba para la Boise Cascade; haber parado los camiones que
bajaban los troncos a la planta de la trasnacional en Papanoa y haberse opuesto
a la voluntad del gobernador Figueroa.
En
Vallecitos de Zaragoza culminó la Gira por la defensa de los bosques organizada
por la comisión no gubernamental defensora de derechos humanos La voz de los
sin voz, de Coyuca de Benítez (cuya presidenta es Hilda Navarrete) y por la
OCEG, que llevó a ecologistas -campesinos y clasemedieros-, defensores de
derechos humanos, documentalistas del Proyecto de Medios de Chiapas y
periodistas a efectuar un recorrido de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, a
la comunidad de El Rincón, municipio de Malinaltepec, en La Montaña; a El Paraíso,
en la sierra de Atoyac y finalmente a esta población de la sierra de Petatlán,
ubicada a una hora de Zihuatanejo, sobre la carretera que va a Ciudad
Altamirano.
La
miseria, única opción
En
este recorrido quedó en claro que la marginación y la miseria crónicas en el
campo guerrerense se han acrecentado con la crisis de la agricultura estatal,
dado que ni el café, ni la copra, ni el maíz tienen precio. Que la explotación
de la riqueza maderera no le ha traído bienestar a los campesinos e indígenas,
ni siquiera caminos, dado que las brechas están en pésimo estado e incluso la
carretera de Atoyac a El Paraíso, que fue uno de los logros que le dejó a la
sierra la lucha de Lucio Cabañas, está semidestruida.
Fue
evidente también que lo mismo quienes están a favor que en contra de la
explotación del bosque consideran que los gobiernos federal y estatal han
fallado en ofrecer alternativas que les permitan vivir dignamente a indígenas y
campesinos.
En
cambio, y en ese sentido fueron los testimonios recogidos en todos los sitios
visitados, la tala ha traído escasez de agua, disminución de las lluvias y
cambio de clima, que cada vez es más caluroso. Mientras los ríos se van
secando o convirtiendo durante el estiaje en simples arroyos, la fauna silvestre
-venados, armadillos, faisanes, chachalacas, pericos- va desapareciendo. La
migración va dejando pueblos semivacíos con ancianos, mujeres y niños a la
espera de las remesas que de Acapulco, Ixtapa, Puerto Vallarta, Sinaloa, Baja
California, Ciudad Juárez o de Estados Unidos envían los jornaleros.
La
ganadería -impulsada desde el gobierno de Rubén Figueroa padre- le va ganando
terreno al bosque. En las partes más recónditas de la sierra y la Montaña se
cultivan mariguana y amapola. Ya el propio Lichtinger había señalado que entre
1992 y el 2000 se perdieron, sólo en 18 comunidades de la sierra de Petatlán y
Coyuca de Catalán, 86 mil hectáreas de bosques. En esos lugares la Semarnat
estima que cada año se desforesta casi la mitad de las 23 mil hectáreas de
bosques que se pierden en la entidad.
En
Vallecitos algunos de los campesinos ecologistas participantes en la gira fueron
presa de extremo nerviosismo cuando el chofer de la camioneta equivocó el
camino y fue a dar de repente en medio del patio del aserradero que existe en
las afueras de la población. "Los taladores van a pensar que los estamos
provocando, nos van a alcanzar y nos van a matar", advirtieron.
Ya
en una ocasión anterior gente de los taladores clandestinos había impedido,
con la instalación de un retén, el paso de un reportero que pretendía
realizar un recorrido por la zona deforestada en esa parte de la sierra.
De
que había razón para alarmarse dieron cuenta tanto Avimardo Torres Oregón,
uno de los defensores del bosque en Vallecitos, como el presidente del
comisariado ejidal, Oliver Mondragón Cabrera, entrevistados por separado.
Avimardo
se negó a dar los nombres de los principales taladores -"mañana no
amanezco"-, se excusó e incluso durante la entrevista manifestó que quizá
sería mejor que lo detuvieran y metieran a la cárcel, "aunque sé que sería
en forma ilegal", porque "así por lo menos estaría seguro, comería
aunque fuera mal y podría seguir luchando por la ecología. Me tendieron tres
emboscadas, huí de aquí tres meses... Ahora mi temor es más grande. Quiero
mandarle cartas al presidente Fox y a derechos humanos, que me protejan de
alguna manera porque mi vida peligra".
Mondragón
confirmó lo dicho por Avimardo en el sentido de que desde hace tres años,
cuando la asamblea ejidal decidió imponer una veda forestal por 15 años y no
vender más madera, se desató la tala clandestina, mientras Semarnat y Profepa
"siempre argumentan que no tienen recursos, que no tienen personal para
revisar y por lo tanto le dejan el cuidado a los dueños del bosque, pero no
podemos porque no estamos organizados", indicó el comisariado.
Agregó
que los inspectores de ambas dependencias van de vez en cuando "pero no
hacen nada para que se vea que hay una supervisión de parte de ellos" y
siguen bajando de la sierra camiones cargados de madera, incluso en tiempo de
aguas, ya que cada que hay un "veranito" bajan los camiones.
-¿Hay
narcotráfico por acá?
-Sí,
por dondequiera.
-¿Guerrilla?
-No.
-¿Pero
han oído hablar de ella?
-Se
oye hablar que por aquí, por la sierra de Filo Mayor, hay grupos de
encapuchados que son guerrilleros; vinculan a los guerrilleros con las empresas
madereras, así se ha dicho.
-¿Qué
vínculo?
-Yo
he oído comentarios de que hay ambientalistas que han tenido fricciones con los
madereros y se comenta que han tenido problemas, han balaceado camiones...
-¿Los
que tienen problemas con los madereros se las ven con los guerrilleros?
-De
hecho así es como se ha dicho, o sea, más bien con gente encapuchada que
finalmente no se sabe si son guerrilleros o no.
Mondragón
Cabrera informó que el ejido posee 21 mil hectáreas, de las que unas 18 mil
son forestales, pero "bien reforestadas es muy poco lo que hay, lo demás
ya no tiene árboles", y mencionó que muchos de los ejidatarios están
desmontando para sembrar pastizales para ganadería. La reforestación consiste
en meter cercos vivos en los pastizales. Se ha dejado de sembrar maíz y frijol
para el mercado, sólo se hace para autoconsumo, porque no tienen precio.
Custodio
Rosas, el más anciano de los ejidatarios, con 96 años, y también defensor del
bosque, comentó que una de las trampas del gobierno de Ernesto Zedillo contra
los ejidatarios que han afectado más el bosque fue el Procede. "Les dieron
un documento a cada quien que los hizo dueños de sus parcelas, cada quien
agarra y cerca sus pineras y hace lo que quiere con ellas. Al darle su documento
a cada ejidatario no dejó ejido. Para qué queremos comisariado ejidal: si yo
soy dueño no necesito que otro me diga cómo voy a manejar mi casa. Eso fue una
traición del gobierno porque cada ejidatario está vendiendo la madera",
afirmó.
Los
tres entrevistados en Vallecitos coincidieron en que se requieren proyectos
productivos, como el impulso a la fruticultura, para frenar la tala inmoderada.
Juan
Bautista subrayó que no basta producir, sino que se requiere que haya mercados
para los productos campesinos. Citó lo que pasa con el café y con el coco,
pero también lo que ocurrió el año pasado en la sierra de Petatlán, en el
ejido de Banco Nuevo. Llegaron funcionarios del gobierno estatal, impulsaron la
siembra de jengibre y ofrecieron ayudar a buscarle mercado. Se cosecharon cien
toneladas. "No hubo mercado y todo se perdió."
Mencionó
que desde abril, cuando el titular de la Semarnat hizo una gira por la sierra,
les ofreció llevar proyectos como un venadario, un criadero de iguanas, 50 mil
pesos para un programa de retención del suelo. El titular de Desarrollo Rural
del estado ofreció llevar a cabo proyectos para las mujeres. Nada se ha
cumplido.
Silvestre
Pacheco, asesor de la OCEG y director de SOS Bahía, organización ecologista de
Zihuatanejo, indicó que durante aquella gira le solicitaron a Lichtinger que se
realice una evaluación del impacto ambiental que ocasionó la explotación del
bosque para la Boise Cascade, porque "no queremos que siga la explotación
forestal en tanto no nos entreguen los resultados". Indicó que de acuerdo
con datos de la Semarnat, el año pasado la tala ilegal en Guerrero fue de 800
mil metros cúbicos, es decir, 50 por ciento de los árboles se derriba sin
autorización.
Denuncias
infructuosas y complicidades
En
la población indígena de El Rincón, en la Montaña, a la cual se llega por
Marquelia, en la Costa Chica, se denunció que la tala clandestina se da sobre
todo en las comunidades de Colombia, Espino Blanca y Tlaxcalixtlahuaca. Los
vecinos afirmaron que los comisariados son los que se benefician por la venta de
la madera a una empresa que, además, argumenta que el beneficio para las
comunidades es la apertura de caminos, "cuando ella necesita esos caminos
para bajar la madera".
Ya
en la sierra de Atoyac, en El Paraíso, Jesús Marcelo García y sus hijos
-Federico y Nahum Marcelo González-, denunciaron que en su ejido, El Tambor,
parientes de ellos usurparon la autoridad ejidal, desconociéndolos como
ejidatarios, y se han dedicado a vender la madera a la empresa de Arturo
Figueroa, realizando una tala inmoderada sin que haya ningún beneficio para el
ejido.
Indicaron
que los ejidatarios se dieron cuenta de que con los permisos para el derribo de
3 mil metros cúbicos de madera la empresa ya había sacado más de 2 mil
metros, pero en las guías sólo habían asentado la extracción de 300 metros cúbicos.
"Eso se denunció a Profepa y Semarnat, que venían con los madereros y
dijeron que estaba bien." Por esa razón decidieron parar la extracción de
madera. Ya cuando se detuvieron los camiones, los inspectores de ambas
dependencias reconocieron que habían cortado madera de más.
Sin
embargo, posteriormente la Profepa acusó a Jesús Marcelo García de haber
talado los árboles que se cortaron en 1983, cuando se creó el ejido. Y hay
orden de aprehensión contra sus hijos, a quienes se achaca haber disparado
contra una camioneta de los taladores.
Jesús
Marcelo García y sus hijos señalaron que aunque ha habido complicidad de las
autoridades agrarias y ambientales para proteger a quienes han usurpado la
autoridad del ejido, aun sin vivir ahí, sino en Chilpancingo, y han talado el
monte, tienen ahora la esperanza de que prospere su defensa -que está llevando
un abogado de la Confederación Nacional Campesina-, ya que finalmente lograron
rescatar la documentación de la asamblea del 25 de octubre de 1991, en la que
se reconoció a Jesús Marcelo García y a otros 14 ejidatarios y se desconoció
como autoridades a quienes no viven en el ejido.
A
DICTAMEN, LOS AJUSTES A LA LEY DE DESARROLLO RURAL.
Martín Román Ortíz, El Financiero, página 23, martes 23 de octubre.
Con
el respaldo de todas las fuerzas políticas, la Cámara de Diputados dictaminará
hoy la nueva Ley de Desarrollo Rural Sustentable, poniendo así fin al reto
presidencial que impuso el gobierno foxista al pasado decreto que en la materia
aprobara en diciembre pasado el Congreso de la unión.
El
proyecto de ley satisface los mandatos constitucionales para reglamentar la
fracción 20 del artículo 27, y permite mantener y fortalecer los principios de
soberanía nacional y rectoría del Estado, así como el reconocimiento de los
sectores social y privado.
La
iniciativa prevé desmantelar las estructuras del corporativismo en el campo y
el uso electoral de los programas gubernamentales, y lograr la capitalización
del sector mediante la entrega anticipada de los recursos del Procampo, para que
los productores puedan recibir el monto de ocho años en un solo pago
anticipado.
El
dictamen propone la primera ley macro que organizará la promoción del campo
mexicano, así como asegurar recursos anuales por más de 70 mil millones de
pesos al sector y disminuir paulativamente la importación de productos
agropecuarios.
Para
ello establece un sistema de estructuras e instrumentos de planeación
tendientes a fortalecer el federalismo e incrementar la eficiencia y la eficacia
de las acciones gubernamentales en la materia, sin generar nuevas cargas burocráticas.
Los
tres poderes
La
iniciativa en cuestión prevé por primera vez una ley integral que dará luz a
un programa concurrente donde participarán las dependencias y organizaciones de
los tres poderes de gobierno, responsable de la prestación de servicios y la
construcción de infraestructura básica en materia agropecuaria.
Asimismo,
crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural y sus equivalentes en los órdenes
estatal, municipal y para la ciudad de México.
El
dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Agricultura
de la Cámara baja señala que la producción de alimentos se convertirá en una
actividad estratégica para el país.
Para
el efecto se creará la Comisión Intersecretarial que promoverá la investigación
agropecuaria e impulsará la reconversión productiva y la transferencia de
tecnología al campo.
De
igual manera establece el Sistema Nacional de Capacitación Rural. La Ley de
Desarrollo Rural Sustentable incluirá así un capítulo dedicado a la
capitalización, que es uno de los principales problemas que aquejan al campo
mexicano.
De
acuerdo con la justificación de motivos, el dictamen pretende superar el veto
presidencial impuesto en diciembre pasado, al tiempo que buscará que el
Ejecutivo garantice la entrega puntual de recursos al agro y fomente la
organización del sector con un ágil enfoque productivo.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx