Lunes 1 de octubre de 2001


 

Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Diario de México • Reforma • La Prensa 
• Excélsior • La Jornada • El Universal


PERSONAJE DE LA SEMANA: MARÍA TERESA HERRERA TELLO. 
Diario de México, página 11, lunes 1 de octubre del 2001.

Dar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, es el principal propósito de la Secretaría de la Reforma Agraria, quien puso en marcha La Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica en el Campo, aseguró María Teresa Herrera Tello, titular de la dependencia quien dijo que el sector agrario trabaja a favor de los ejidos y comunidades, además  defiende sus derechos con estricto apego a la ley.
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SALARIOS DE CONTRASTES. 
Víctor Fuentes, Reforma, página 6, lunes 01 de octubre.

Aunque bien pagado para los altos funcionarios, el sector paraestatal y descentralizado del Gobierno federal es también de grandes contrastes en materia salarial, tanto al interior como en relación con la Iniciativa Privada.
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MOLESTA A PARTIDOS Y CAMPESINOS LA DESAPARICIÓN DE BANRURAL
Abel López, La Prensa, página 27, lunes 1 de octubre del 2001.
Legisladores del PRI, PRD y PVEM, junto con productores agrícolas, están muy molestos porque el gobierno foxista pretende a toda costa desaparecer al Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), en lugar de generar un sistema crediticio que permita sacar del atraso en que están sumidos los trabajadores del campo que, en el caso de los ejidatarios, se ven obligados a rentar o vender sus parcelas para sobrevivir, manifestó el senador Lauro Díaz Castro.
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DESEQUILIBRIOS CONVIERTEN EL CAMPO EN UN DESASTRE: HELADIO
Luis Suárez, Excélsior, página 4, lunes 1 de octubre. II y último - 

El campo mexicano padece grandes desequilibrios, con una profunda crisis de rentabilidad, que en estos momentos "es un desastre", y que enfrenta un gobierno "lleno de voluntarismo". Sin embargo, al hacer esta dura calificación, precisamente el día en que el Presidente Fox decreta la expropiación de 27 ingenios azucareros, Heladio Ramírez López, presidente de la CNC, también lo califica como "acto de elemental responsabilidad" y como un primer paso para solucionar los grandes adeudos a los cañeros.
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UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES - CONGRESO AGRARIO PERMANENTE
Desplegado, La Jornada, página 46, lunes 1 de octubre del 2001.

El Congreso Agrario Permanente y la Unión Nacional de Trabajadores en desplegado, dicen que ante los recientes acontecimientos en Estados Unidos, consideran que es falso que el terrorismo sea la principal amenaza a la estabilidad mundial, antes del 11 de septiembre; la pobreza, el narcotráfico, el crimen organizado o el Sida se encontraban como los grandes problemas a resolver por el mundo, incluso la posible recesión de Estados Unidos planteaba una condición delicada con efecto para todo el orbe; no hay duda de que esto sigue siendo así.
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NO ACEPTAREMOS SER DESALOJADOS ,DICEN HABITANTES DE MONTES AZULES. 
Matilde Pérez, La Jornada, página 18, lunes 01 de octubre.
Las comunidades indígenas tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales asentadas en la reserva de la biosfera Montes Azules advirtieron a los gobiernos federal y de Chiapas que no aceptarán ningún desalojo o acción que los prive de sus derechos agrarios. Además, manifestaron su preocupación por el compromiso del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía con la comunidad lacandona para reactivar las denuncias penales en contra de los habitantes de las 21 poblaciones localizadas en esa zona natural protegida.
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COMPRÓ AYUNTAMIENTO DE TORREÓN TERRENOS EN LITIGIO. 
Enrique Proa Villarreal, El Universal, página 12, lunes 01 de octubre.
El ayuntamiento de Torreón compró ilegalmente unos terrenos que se encuentran en litigio en el ejido San Antonio de los Bravos para construir las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyo caso se encuentra radicado en el Tribunal Agrario con el expediente 322-2000.
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OFICIO DE PAPEL. 
Miguel Badillo, El Universal, página 30, lunes 01 de octubre.

Cuando todos creían que la administración foxista sería distinta a los gobiernos corruptos del PRI, apareció un día la noticia del toallagate en el diario Milenio , en donde se comprobaban los malos manejos administrativos que involucraban desde empleados de Los Pinos hasta a la propia familia presidencial. Esto ocasionó la intervención de la Secretaría de la Contraloría para imponer sanciones menores a funcionarios medios cercanos a Fox.
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NOTICIAS DEL SECTOR 

PERSONAJE DE LA SEMANA: MARÍA TERESA HERRERA TELLO. 
Diario de México, página 11, lunes 1 de octubre del 2001.

Dar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, es el principal propósito de la Secretaría de la Reforma Agraria, quien puso en marcha La Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica en el Campo, aseguró María Teresa Herrera Tello, titular de la dependencia quien dijo que el sector agrario trabaja a favor de los ejidos y comunidades, además  defiende sus derechos con estricto apego a la ley.

Aseveró que el ordenamiento y la regularización de la propiedad rural es una labor den la SRA para dar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Dijo a quienes han recibido su documentación agraria que los certificados de derechos sobre sus parcelas se traduce en seguridad sobre su patrimonio, lo cual es la base del desarrollo del campo y un elemento esencial para impulsar su capitalización. También entregó carpetas agrarias que contienen la documentación básica de otros tanto núcleos, que significan un acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras y el plano general del ejido. Así como la entrega de discos magnéticos con la información del Procede.

“Con ello se sientan las bases para que los predios rurales cuenten con una historia registral completa que brinde seguridad y trasparencia a toda transacción que se practique sobre ellos”.

Herrera Tello exhortó a los campesinos a que cuando requieran alguna información acudan a las dependencias del sector agrario.

La funcionaria federal señaló que la política agraria es humanista y vinculada a la política social del campo, tienen como objetivo esencial que los 25 millones de habitantes rurales se incorporen a las actividades productivas y al desarrollo nacional.

La redención agraria es también un reparto de tierra, una devolución de parcelas a sus propietarios originales, eso y no otra cosa, que en sí tiene el valor de la certeza jurídica en el campo, es lo que la Secretaría de la Reforma Agraria ha hecho. Cuando alguien piensa en las múltiples aristas que es menester atacar para mantener la paz en la base superficie agraria del país, no suele detenerse a analizar lo que significa devolver 24 hectáreas al ejido Higuera Blanca, menos si se considera que el horizonte de la propiedad social en el país suma más de 140 millones de hectáreas.

La reintegración de esas 24 hectáreas se fundamentó en el proceso de reinversión a favor del Fifonafe, porque tras haber sido expropiadas hace algunos años, ni se había cumplido con el pago de indemnización a los ejidatarios ni tampoco se había cumplido con la causa de utilidad pública invocada en el decreto expropiatorio.

Podrá decirse que nunca es tarde para enderezar entuertos y quien esto argumente, tendrá razón porque Herrera Tello sostuvo, en el acto reivindicatorio en cuestión que el ordenamiento en la regularización de la propiedad rural es una labor que realiza la SRA, para cumplir el compromiso del Presidente de la República de dar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra.

SALARIOS DE CONTRASTES. 
Víctor Fuentes, Reforma, página 6, lunes 01 de octubre.

Aunque bien pagado para los altos funcionarios, el sector paraestatal y descentralizado del Gobierno federal es también de grandes contrastes en materia salarial, tanto al interior como en relación con la Iniciativa Privada.

Por lo menos 361 ejecutivos de mando de empresas y organismos públicos ocupan plazas que, nominalmente, valen más de 100 mil pesos al mes. El promedio del salario bruto de este grupo es de poco más de 130 mil pesos.

En cambio, el promedio de ingresos mensuales brutos de 348 altos ejecutivos de 14 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores fue de 268 mil pesos el año pasado, según los reportes anuales de las compañías, elegidas al azar.

Sólo 118 de las 219 entidades del sector paraestatal y descentralizado tienen alguna plaza de más de 100 mil pesos; en 84, sólo el titular de la dependencia tiene ese salario; sólo hay 44 personas que, una vez descontados los impuestos, realmente reciben más de 100 mil pesos sin necesidad de un bono de productividad, y hay 124 que ni con el bono llegan a esa cifra.

De este universo de ejecutivos -que legalmente no son considerados burócratas, pues ese término sólo aplica a los empleados de las Secretarías de Estado-, sólo el 7 por ciento son mujeres; el 12 por ciento es o ha sido militante del PRI, a cambio del 1.5 por ciento del PAN.

La gran mayoría son especialistas que repiten en sus cargos o vienen de otras dependencias del mismo sector. Sólo un grupo selecto de alrededor de 20 personas son recién llegados, básicamente de empresas privadas o de la militancia panista.

Raúl Muñoz Leos, director general de Pemex -la empresa más grande del país, con ventas anuales de más de 50 mil millones de dólares-, tiene la plaza mejor pagada, con 187 mil pesos nominales al mes, unos 127 mil netos, sin contar los bonos y beneficios propios del puesto, como membresías a los clubes de Banqueros e Industriales, préstamo para vehículo, etcétera.

La situación de Muñoz Leos es excepcional. Pemex vende cuatro veces más que la segunda empresa mexicana, Carso Global Telecomm de Carlos Slim, y está en el rango de una transnacional como Texaco. Si Muñoz encabezara esa compañía -que tiene seis veces menos empleados que Pemex-, ganaría alrededor de 2.7 millones de dólares anuales, más de 2 millones de pesos mensuales.

A Muñoz Leos le sigue Dionisio Pérez-Jacome Friscione, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, cuya plaza vale 174 mil pesos. Después de él están seis directivos en el rango de 170 mil pesos brutos mensuales, entre ellos María Eugenia Bracho González, procuradora Federal del Consumidor y la mujer mejor pagada de la administración descentralizada.

Pero funcionarios con cargos de mayor perfil público aparecen más abajo en la lista, que REFORMA recopiló con base en la relación de percepciones publicada el pasado 31 de agosto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por ejemplo, Santiago Levy del IMSS maneja el presupuesto particular más grande de todo el Gobierno federal, 144 mil millones de pesos, pero sólo gana 159 mil pesos nominales, y nadie más en el Instituto tiene una plaza que valga más de 100 mil pesos.

Benjamín González Roaro, del ISSSTE, maneja por su parte 43 mil millones de pesos, más que 18 de las 19 Secretarías de Estado, pero los 142 mil pesos de su plaza también los ganan directores de entidades minúsculas como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales o el Servicio de Sanidad, Calidad e Inocuidad Agroalimentaria.

De hecho, González Roaro gana 10 mil pesos menos que cualquiera de los cuatro comisionados de la CRE, y lo mismo que los de la Comisión Federal de Competencia o los vicepresidentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Estas tres comisiones, sumadas a la Cofetel, la de Seguros y Fianzas, la Condusef, la Consar y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, concentran a 102 de los 361 funcionarios, el 28 por ciento del total.

Las plazas más comunes son las de mando de alta gerencia de 135 mil 73 pesos y 142 mil 169 pesos brutos mensuales, o sea, unos 92 mil y 97 mil pesos netos, luego de descontar retenciones del ISR y cuota al ISSSTE o al IMSS.

En total, 102 funcionarios tienen el nivel de 135 mil pesos, y otros 52 el de 142 mil pesos, y constituyen el grupo que cada mes aspira a recibir más de 100 mil pesos netos, siempre y cuando obtengan el estímulo de productividad y desempeño en el trabajo —otorgado por su superior jerárquico—, que para su categoría es de unos 10 mil pesos.

Parecidos, no idénticos

Aunque existen 24 categorías salariales que aplican a este grupo de funcionarios —desde 100 mil 435 pesos hasta los 187 mil de Muñoz Leos—, dentro de éstas existe un mecanismo que permite que, a fin de cuentas, no todos ganen lo mismo: se trata del aguinaldo y las vacaciones.

El salario de cada funcionario se divide en dos partes: el sueldo base y la compensación garantizada. Usualmente, el primero es bastante más reducido que la segunda, y es el que sirve para calcular las prestaciones sociales.

La mayoría de los funcionarios que están en la misma categoría salarial tiene distintos sueldos base, por lo que sus percepciones anuales reales no son iguales.

Un ejemplo: los directores del Fonacot y el Fonahpo tienen el mismo salario integrado, 135 mil 73 al mes. Pero Arsenio Díaz Escalante, del Fonacot, tiene uno de los sueldos base más bajos de todo el grupo analizado, con apenas 14 mil 705 pesos, mientras que el de Alberto Walker, del Fonahpo, es de 26 mil 304 pesos.

Cada dependencia tiene diferentes maneras de calcular aguinaldo y prima vacacional. Pero el hecho es que, una vez sumado todo y descontados impuestos, Díaz Escalante termina recibiendo alrededor de 1 millón 170 mil pesos al año, mientras que Walker López recibe cerca de 1 millón 247 mil.

¿Y el jefe último de los 361, y de todos los Secretarios de Estado y demás funcionarios federales? Nominalmente, la plaza que ocupa Vicente Fox Quesada vale 232 mil 431 pesos. Pero por disposición del Congreso, el Presidente de la República no puede percibir más de 117 mil pesos netos mensuales, sin importar el salario nominal.

Así, recibiendo sólo la mitad de lo que vale su plaza, en la gran empresa que es el Gobierno mexicano, el jefe es el ejecutivo peor pagado.

El club de los cien mil

Otros 35 funcionarios que, sin necesidad de estímulo o bono de productividad, reciben más de 100 mil pesos netos (el mínimo de salario bruto para aspirar a este ingreso es de 148 mil pesos).

$160 mil 517 Francisco Mayorga Castañeda Director de Apoyos y Servicios a Comercialización Agropecuaria (Aserca); José Campillo García Procurador Federal de Protección al Ambiente; Joaquín Contreras Cantú Director del Registro Agrario Nacional.

$159 mil 744 Santiago Levy Director del IMSS; Carlos Ruiz-Galindo Terrazas Director del Sistema Banrural; Fausto Alzati Director de Aseguradora Hidalgo; Jonathan Davis Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

 Vicente Corta Fernández Presidente de la Consar; Luis Miguel Alvarez Alonso Director del Fideliq; Ana Teresa Aranda Directora del DIF Nacional

 Eduardo Medina Mora Director del Cisen; Celina Oseguera Comisionada de Prevención y Readaptación Social; Carlos Arce Macías Presidente de la Cofemer

 Nelson Vargas Presidente de la Comisión Nacional del Deporte; Sari Bermúdez Presidenta del CONACULTA; Julio César Méndez Rubio Secretario Ejecutivo del IPAB; Alejandro Creel Cobian Vocal del IPAB; Carlos Isoard y Viesca Vocal del IPAB; Humberto Murrieta Necoechea Vocal del IPAB; Adalberto Palma Gómez Vocal del IPAB; Valdemar Martínez Garza Procurador Agrario; Alfredo Barquet Rodríguez Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

$153 mil 944 Javier Gavito Mohar Director del PAHNAL.

$152 mil 178 Jaime Parada Avila Director del Conacyt.

$152 mil 121 Gloria Abella Directora del Instituto Matías Romero; Ángel Aceves Saucedo Presidente de la Condusef; Rosalba Ojeda Directora Ejecutiva del Instituto de Cooperación Internacional; Raúl Nocedal Moncada Comisionado de la CRE; Rubén Flores Comisionado de la CRE; Raúl Monteforte Comisionado de la CRE; Javier Estrada Comisionado de la CRE.

$150 mil 121 Basilio González Núñez Presidente de la Comisión de los Salarios Mínimos.

$148 mil 463 Arthur John McCarthy Director del Fonatur; Gabriel Manuell Lee Subcomisionado de Arbitraje Médico; Agustín Ramírez Ramírez Subcomisionado de Arbitraje Médico.

PARTIDOS POLÍTICOS 

MOLESTA A PARTIDOS Y CAMPESINOS LA DESAPARICIÓN DE BANRURAL
Abel López, La Prensa, página 27, lunes 1 de octubre del 2001.

Legisladores del PRI, PRD y PVEM, junto con productores agrícolas, están muy molestos porque el gobierno foxista pretende a toda costa desaparecer al Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), en lugar de generar un sistema crediticio que permita sacar del atraso en que están sumidos los trabajadores del campo que, en el caso de los ejidatarios, se ven obligados a rentar o vender sus parcelas para sobrevivir, manifestó el senador Lauro Díaz Castro.

Lo que en este momento se requiere con urgencia, dijo, es de la parte oficial un sistema financiero que permita el desarrollo crediticio de los hombres del campo, “y eso lo vamos a exigir y a defender, si es mejor su propuesta de desaparecer al Banrural por una nueva estructura de financiamiento, pues la analizaremos y se verá qué tan viable es”.

El legislador por el PRI declaró en entrevista que no se debe olvidar que a través del desaparecido FIRA la banca privada obtenía recursos para apoyar al campo, y curiosamente los primeros que retiraron el c rédito al agro fueron precisamente las instituciones privadas.

DE esa forma el Banrural se quedó prácticamente sólo y no ha podido apoyar a los productores, porque no cuenta con los recursos suficientes para reforzar el vacío que dejó la banca privada, sistema que en la actualidad tienen una demanda mayor, pero tal parece que el sistema de crédito es “una especie en extinción”.

LO grave de la situación, abundó, es que muchísimos productores se ven en la necesidad de rentar o vender sus parcelas, porque no tienen ninguna posibilidad de trabajarlas.

Díaz Castro puso como ejemplo lo que está sucediendo en su Estado natal Sinaloa, donde 800,000 hectáreas de tierra cultivable, dos terceras partes son ejidales y más de 50 por ciento sus propietarios las están rentando por falta de apoyo crediticio.

ORGANIZACIONES CAMPESINAS 

DESEQUILIBRIOS CONVIERTEN EL CAMPO EN UN DESASTRE: HELADIO
Luis Suárez, Excélsior, página 4, lunes 1 de octubre. II y último -

El campo mexicano padece grandes desequilibrios, con una profunda crisis de rentabilidad, que en estos momentos "es un desastre", y que enfrenta un gobierno "lleno de voluntarismo". Sin embargo, al hacer esta dura calificación, precisamente el día en que el Presidente Fox decreta la expropiación de 27 ingenios azucareros, Heladio Ramírez López, presidente de la CNC, también lo califica como "acto de elemental responsabilidad" y como un primer paso para solucionar los grandes adeudos a los cañeros.

Profundizando en el aspecto general, el líder campesino pide una revisión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLC) en el capítulo agropecuario porque "descobija al campo" y anuncia la disposición de la organización campesina de sentarse en la mesa de discusión con el gobierno -como ya lo ha hecho con varios secretarios de Estado- porque "la CNC no confronta por confrontar", aunque "no claudicará en su defensa de los campesinos". Invoca a reflexionar sobre cómo la pobreza y las condiciones sociales, que "no pueden solucionarse con políticas asistenciales ni caritativas" son las que generan insurrecciones como las del EZLN y otras.

Justificando las reuniones durante el reciente congreso constitutivo de la nueva CNC, con los secretarios de Agricultura, Economía y otros funcionarios, dice que el gobierno de Fox y sus colaboradores empezaron por minimizar a las organizaciones y a sus líderes, y que el veto del Presidente a la ley de Desarrollo real -que fue aprobada con el consenso de todos los partidos, menos por los senadores del PAN, aunque en la Cámara de Diputados por todos- "no sólo contrarió sino que alejó cualquier posibilidad de diálogo real", pero "los problemas del campo se han ido acumulando y nosotros somos una organización seria, muy responsable, que tiene principios y una historia, cuyo camino es claro: Servir a los campesinos".

-¿Cómo se proponen hacerlo?

"Ya demostrarnos que podamos hacerlo con movilizaciones". Cita lo hecho: En Morelos encabezados por la diputada del PRI -ahora presidenta estatal de ese partido- Marisela Sánchez, y su líder Albino, al frente de los cañeros, exigiendo simplemente que se les pagaran las preliquidaciones y liquidaciones. Lo mismo en Jalisco y otras partes, como con los maiceros en Sinaloa. Pero enseguida, Heladio Ramírez se quita de encima lo que pudiera mostrarlo como un simple agitador.

"Estamos demostrando que tenemos capacidad de movilización. Pero esto no es el leiv motiv de nuestra estrategia. Respetamos las leyes, tenemos capacidad de diálogo y propuestas. Nosotros no fuimos a extender la mano para que nos diera una dádiva el gobierno de Fox. Nunca lo hemos hecho ni nunca lo haremos. Le presentamos una propuesta concreta, nuestro diagnóstico del campo y lo que queremos".

-¿Cuál es la receta ante el diagnóstico?

"Primero, que en su gobierno el campo tenga una prioridad política, que el Estado plantee sus programas y vea que el campo tiene una debilidad estructural, que es necesario que el Estado retome. Priorizarlo significa no sólo solucionar los problemas de urgencia sino hacer una planeación de mediano y de largo alcance para que el campo pueda otra vez florecer. Si como dice Fox quiere hacer grande al país, no lo podrá hacer con un campo miserable, lleno de pobreza y de problemas, desolado, porque se está abandonando".

-Eso por la parte de Fox, ¿y por parte de ustedes?

"Nosotros queremos adoptar permanentemente una actitud propositiva y constructiva. No queremos que le vaya mal al gobierno, pero mucho menos esperamos que el gobierno se cruce de brazos ante lo mal que les está yendo a los campesinos. Defendemos con todo a los campesinos. Ahí no tenemos ninguna duda y no claudicaremos. No somos una organización que confronte por confrontar. Tenemos nuestras razones para exigirle al gobierno cumplimiento de sus programas. Pero también tenemos la otra capacidad, estamos despertando, somos una organización fuerte y vamos hacer valer esa fuerza".

-¿Cuál fue el diagnóstico que le entregaron al gobierno de Fox y cuál la salud del campo?

"Los males se ven. El campo tiene una profunda crisis de rentabilidad, en estos instantes es un desastre. No hay un sistema-producto que esté sano, todos están en crisis: El maíz, el arroz, la piña, la copra, el cacao, la caña de azúcar, el hule. Hay un problema de descapitalización, no hay financiamiento, no hay crédito. Padecemos un atraso tecnológico excepcional. Ya no hay obras de infraestructura que lleguen para ampliar, por ejemplo, nuestras zonas y distritos de riego. Los productores no tienen adecuada y ágilmente la asistencia de los técnicos para ser más productivos. Los insumos son caros y los precios de los productos que se le pagan al productor son baratos. Y como si no fuera bastante tenemos encima, como espada de Damocles, el TLC, la apertura de las fronteras, que no es un fantasma sino una realidad".

-¿Cree usted que habría de revisarse el TLC en el capítulo agropecuario?

"No sólo lo creo, lo estamos planteando y lo hemos exigido. Se lo pedimos públicamente al secretario de Economía en su presentación ante la CNC el pasado 27 de agosto, porque nos afecta grandemente, porque estamos descobijados ante el poderío productivo de un país como Estados Unidos que produce millones de toneladas de maíz en sus zonas a costa de la improductividad de las nuestras. Nuestros campesinos saben producir pero nuestros costos son muy elevados. Nos negamos a que se abran las fronteras, a que se autoricen sobrecupos para la importación del maíz en pleno tiempo de las cosechas de los productores mexicanos".

-¿Piden ustedes que se aumenten los aranceles de importación?

"Cuando pedimos que se eleven los aranceles no lo estamos haciendo sólo por molestar. Simplemente queremos que el Estado ponga por lo menos algunas barreras a esa importación indiscriminada que nos coloca en la desprotección. Antes, el Estado incluso sobreprotegía a los productores, y de pronto nos quita la cobija. No nos dice: Pues fíjate que el tiempo ya está listo para soportar el clima. Nos dejó inermes, y esto no puede ser. Quiere que participemos en el mercado. Muy bien. ¿Quién se niega a participar en el mercado? Nosotros no".

-¿Entonces..?

"Queremos hacerlo, pero ¿cuáles son las condiciones de la competencia? No estamos plenamente organizados, mucho menos capacitados, pero mucho menos tenemos los apoyos y subsidios del gobierno para competir con otros productores que sí tienen todas las consideraciones de sus gobiernos. Hay una desigualdad en la competencia y a eso nos resistimos, eso es lo que no queremos, por eso pedimos la revisión del TLC".

Se detiene el presidente de la CNC en la situación contrastada del campo mexicano, entre la sequía y las intensas lluvias, de Chihuahua al Sureste, e insiste ante el gobierno:

"Tenemos que reunirnos con el gobierno para decirle: A ver, tú tienes el informe meteorológico, cómo vienen las lluvias, qué vamos a sembrar aquí. ¿Quieres que reconvirtamos los cultivos? Pero cuáles son las condiciones para la reconversión, yo sólo sé sembrar maíz y tuuguieres que siembre hortalizas; pero para sembrar hortalizas necesito una capacitación, no puedo hacerlo de la noche a la mañana, si no otra vez voy a fracasar. Y mientras esto se da, de qué voy a vivir. Porque son muchas las cuestiones que tienen que solucionarse, de sobrevivencia, condiciones de los productores, muy reales en la práctica. No es concebir una idea y aventarla y hasta que el aire la destruya. El campo es mucho más serio de lo que algunos se imaginan".

-El gobierno no se ha eximido, creo yo, al punto que usted señala. Por ejemplo tiene el Plan Puebla-Panamá. ¿Quiere decir que queremos resolver nuestros problemas llegando hasta el Istmo, el nuestro y el Centroamericano?

"Diríamos que el gobierno está lleno de voluntarismo. Quiere hacer muchas cosas, y está bien, pero tiene que ser muy realista. Ese Plan, que por cierto surgió del Plan del Sureste, concebido antes, trata justamente, en primer término, de nuestra infraestructura. Obviamente hay resistencias".

-¿Por qué?

"En primer lugar porque ha faltado que se difunda bien de qué se trata. Cuando nos dicen vamos a hacer esas carreteras de maravilla, pues quien no quiere esas vías de comunicación, básicas para el desarrollo de toda la región, conectar el Sureste con el Norte para trasladar los productos, que es sueño de cualquier gobernante. Esto es plausible. Pero tenemos que hacer las cosas con inteligencia, porque el Sureste tiene complejísimos problemas: De tenencia de la tierra, religiosos -pues hay muchas sectas- de narcotráfico, de profunda pobreza, de injusticia, de saqueo de los recursos, y en medio de todo ello, una maravillosa cultura que es el signo distintivo, pues en el Sureste están prácticamente todas las etnias del país, el mayor número de las de México. En primer término queremos que se respete ese valor de pueblos diferenciados que son los indígenas, que no se trastoque ese sentido de modernidad y desarrollo que ya se tiene, sino a partir de eso.

"Cuando se piensa en la posibilidad de que el Istmo se transforme y que del Golfo al Pacífico se puedan transportar rápidamente las mercancías, si no hay una plena información, los pueblos zapotecos del Istmo, para empezar, dudan, sospechan de que eso los pueda aplastar; sospechan de que haya planes diferentes sólo para saquear sus recursos naturales, su petróleo, nuestras minas, nuestra agua, nuestros bosques, todo lo que ya tenemos y requiere un desarrollo adecuado. Queremos el desarrollo del Sureste, por supuesto".

-¿Y de Centroamérica?

"Tiene su influencia en Centroamérica, pero yo me preocuparía por el país mientas tanto. Vayamos a la conquista del Sureste, influyamos hasta Centroamérica, pero hagámoslo con el cuidado necesario para no trastocar lo que tenemos".

-La situación crítica y de conjunto que usted ha señalado, ¿no dará por resultado un fortalecimiento del grito del EZLN y posiblemente de otros grupos armados como los que están aflorando?

"El surgimiento de muchos grupos y el fortalecimiento de otros lo dan las condiciones sociales. En el país hay muchas insuficiencias, y esencialmente se dan en el campo, adonde no llega el apoyo del gobierno. Los campesinos no pueden entender que de pronto, porque hay sospechas de un partido con otro, se les niegue hasta eso. Hay insurrecciones porque no vamos a las causas, que es la pobreza. No podemos solucionar la pobreza con políticas asistenciales, con programas caritativos que humillan. Tenemos que ir al fondo, y el fondo significa el desarrollo, y el desarrollo significa hacer participar a la gente y que el Estado esté aliado a la gente, no que el Estado decida, sino que apoye las acciones de la gente".

Finalmente se refiere Heladio Ramírez López al problema de la emigración a Estados Unidos, "que está dejando en la soledad muchas comunidades, porque la gente se sale y busca su sobrevivencia en las ciudades del país y muchos en Estados Unidos, incluso sin importarle que en ello les vaya la vida", porque ante las barreras levantadas por ese país en la frontera, buscan otros sitios más peligrosos, incluso a cazadores de seres humanos. Comenta que al presidente Bush se le pidió una amnistía y la negó. Opina que "la emigración en sí misma no es mala si va a desarrollar nuestras regiones, pero cuando hay un saqueo de nuestras inteligencias, una sangría de ideas y de nuestros cerebros; cuando nuestra mano de obra se va a otras partes y no desarrolla los nuestros, estamos en un profundo drama, estamos desarrollando otras economías en detrimento de las nuestras. En consecuencia -concluye- hay que replanteamos nuestro proyecto de nación".

UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES - CONGRESO AGRARIO PERMANENTE
Desplegado, La Jornada, página 46, lunes 1 de octubre del 2001.

El Congreso Agrario Permanente y la Unión Nacional de Trabajadores en desplegado, dicen que ante los recientes acontecimientos en Estados Unidos, consideran que es falso que el terrorismo sea la principal amenaza a la estabilidad mundial, antes del 11 de septiembre; la pobreza, el narcotráfico, el crimen organizado o el Sida se encontraban como los grandes problemas a resolver por el mundo, incluso la posible recesión de Estados Unidos planteaba una condición delicada con efecto para todo el orbe; no hay duda de que esto sigue siendo así.

Hablar por tanto de una gran guerra o más aún de una guerra mundial, parece alejado de la realidad, lo que si es posible es que Estados Unidos aproveche la situación no sólo para resarcir su imagen y su economía sino para replantearse su hegemonía mundial, definiendo nuevas reglas en la relación internacional y planteando nuevas prioridades y acciones para este proceso.

La UNT y el CAP reiteran que seguir en el camino de insistir en que la las prioridades del gobierno son las prioridades del país puede nulificar las opciones de cambio y de fortalecimiento de la nación. Por ello, y con pleno convencimiento de la necesidad de participación de todas las fuerzas progresistas del país en la definición del rumbo a seguir, la UNT y el CAP proponen lo siguiente:

1.       Dar inicio al diálogo nacional para el Acuerdo Social en el ámbito del Poder Legislativo y definir el método, la estructura, el proceso, los contenidos, así como los actores participantes del acuerdo.

2.       En este mismo diálogo, definir los elementos que deben de estar presentes tanto en nuestra posición externa como interna.

3.       Plantear ante la comunidad mundial el apoyo de México a la lucha contra todo terrorismo, pero también contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, la tolerancia y contra la pobreza, por el riesgo que éstos representan para la estabilidad y el desarrollo del mundo. Asimismo promover que se integren los derechos laborales y sociales en los acuerdos comerciales.

4.       Demandar a la comunidad internacional la paz y respeto estricto a los derechos humanos y civiles en todos los países y sostener los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias; prescripción de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Considerar como prioridades de la agenda nacional la participación de la sociedad civil y los trabajadores en particular en la definición de las políticas públicas, la creación de condiciones para la viabilidad económica, política y social del país en la defensa de la soberanía así como impulsar la paz y la estabilidad mundiales.

CHIAPAS 

NO ACEPTAREMOS SER DESALOJADOS ,DICEN HABITANTES DE MONTES AZULES. 
Matilde Pérez, La Jornada, página 18, lunes 01 de octubre.

Las comunidades indígenas tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales asentadas en la reserva de la biosfera Montes Azules advirtieron a los gobiernos federal y de Chiapas que no aceptarán ningún desalojo o acción que los prive de sus derechos agrarios. Además, manifestaron su preocupación por el compromiso del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía con la comunidad lacandona para reactivar las denuncias penales en contra de los habitantes de las 21 poblaciones localizadas en esa zona natural protegida.

Los habitantes de esas comunidades exigieron que la búsqueda de solución al añejo conflicto que nuevamente agudizó las tensiones en esa región selvática en Ocosingo, sea mediante el diálogo y la negociación en el marco de la mesa agrario-ambiental que se instaló hace cinco años, además de crear un fideicomiso para atender las justas demandas de los grupos en posesión de la tierra.

''La única salida inteligente es a través del diálogo, la negociación y la conciliación entre las partes, y nunca a través de desalojos violentos, violatorios de todo derecho indígena y humano'', dijeron. Propusieron regularizar la tenencia de la tierra o la reubicación y un programa de manejo y el aprovechamiento sustentable de la selva; estas acciones deben ser parte de la solución, abundaron en una carta que enviaron al gobernador Salazar Mendiguchía.

Recordaron que desde 1950, y hasta mediados de la década de los 80, hubo un proceso de colonización desordenada de la selva Lacandona, y fue en 1971 que mediante un decreto presidencial se entregó a la comunidad lacandona una superficie de 614 mil 321 hectáreas. En 1978 se decretó que 331 mil 200 hectáreas, la mayoría dentro de la comunidad lacandona, formaban parte de la reserva de la biosfera de Montes Azules.

La declaración de esa zona natural protegida y la entrega de tierras a los lacandones perjudicó a otras comunidades asentadas en la región entre 1934 y la década de los años 70. A pesar de que a lo largo de los años pidieron su regularización agraria, nunca fueron escuchados. La selva Lacandona es parte de las regiones prioritarias localizadas en 312 municipios de 18 estados, ocupa una superficie total de 215 mil 997 kilómetros cuadrados y en ellas se asientan 9.8 millones de personas.

''Hoy, quienes piden el desalojo violento y la reactivación de órdenes de aprehensión son grandes corporaciones multinacionales interesadas en saquear los secretos de la selva Lacandona para patentarlos; empresas interesadas en construir gigantescas hidroeléctricas en los caudalosos ríos de la selva y empresas de ecoturismo'', abundaron.

En la pasada administración, el gobierno federal incrementó en más de cinco veces el presupuesto original destinado a esa región; de un presupuesto menor a los 5 millones de pesos en 1998, en 2000 se destinaron 22 millones de pesos presuntamente para impulsar un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.

COAHUILA 

COMPRÓ AYUNTAMIENTO DE TORREÓN TERRENOS EN LITIGIO. 
Enrique Proa Villarreal, El Universal, página 12, lunes 01 de octubre.

El ayuntamiento de Torreón compró ilegalmente unos terrenos que se encuentran en litigio en el ejido San Antonio de los Bravos para construir las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyo caso se encuentra radicado en el Tribunal Agrario con el expediente 322-2000.

El alcalde Salomón Juan Marcos compró un problema y por eso utilizó la fuerza pública el pasado fin de semana para desalojar a los ejidatarios que se oponen a que la empresa Ciudad Nazas inicie la urbanización en 79 hectáreas, que aseguran son de su propiedad, dijo la representante legal de los afectados, Elizabeth Estrada Macías.

La superficie en conflicto tiene una extensión de 79 hectáreas y su valor comercial total es de 79 millones de pesos. Responsabiliza del despojo a los empresarios de Ciudad Nazas quienes vendieron las tierras a la presidencia municipal.

Calificó de indignante la actuación del alcalde, porque empleó a casi la mitad de los elementos de la policía preventiva para impedir que bloquearan el bulevar Periférico a la altura de la calle Bravo.

Se actuó con abuso de autoridad, y de esto, es el culpable.

El pasado viernes los campesinos fueron desalojados con lujo de violencia por más de dos centenares de policías municipales. Cuidaban que la Empresa Ciudad Nazas no empezara los trabajos de urbanización en tierras que dicen son de su propiedad y que están en litigio, dejando como saldo cinco personas lesionadas.

Estrada Macías dijo que miente el alcalde Salomón Juan Marcos al decir que se utilizó la fuerza pública a solicitud de la Comisión Federal de Electricidad y Telmex.

Existen testimonios de que el operativo de desalojo estaba preparado desde el pasado miércoles.

Los ejidatarios de San Antonio de los Bravos sostendrán una reunión con funcionarios del Tribunal Superior Agrario en la ciudad de México, para plantearles la forma en que fueron atropellados sus derechos.

OPINIÓN 

OFICIO DE PAPEL. 
Miguel Badillo, El Universal, página 30, lunes 01 de octubre.

Cuando todos creían que la administración foxista sería distinta a los gobiernos corruptos del PRI, apareció un día la noticia del toallagate en el diario Milenio , en donde se comprobaban los malos manejos administrativos que involucraban desde empleados de Los Pinos hasta a la propia familia presidencial. Esto ocasionó la intervención de la Secretaría de la Contraloría para imponer sanciones menores a funcionarios medios cercanos a Fox.

Entre ese y otros antecedentes de corrupción investigados por acuciosos reporteros, se presenta un nuevo caso que recuerda el viejo estilo priísta del trato con la prensa. Esta vez apunta a la Secretaría de Agricultura, en donde su titular Javier Usabiaga está muy nervioso por lo ocurrido: Después de la comparecencia del secretario de Agricultura ante la Cámara de Diputados, su nuevo jefe de prensa Óscar Ramírez, quien apenas el pasado 3 de septiembre asumió el cargo, invitó a los reporteros que cubren la fuente del Congreso a comer y beber en el restaurante La Hacienda San Lázaro, ubicado precisamente enfrente del recinto legislativo.

Durante el convivio para celebrar la exitosa comparecencia del secretario, su responsable de prensa dio todo tipo de atenciones a los presentes, claro está que no todos los reporteros asistieron ni todos los que asistieron aceptaron las atenciones ; pero lo que sí se dice es que Óscar Ramírez, para asegurar una buen trato de la prensa hacia su jefe, entregó supuestamente sobres cargados con 15 mil y 20 mil pesos dependiendo del medio de que se trataba.

Sin embargo, como es costumbre en este espacio darle voz a los involucrados, se pidió la versión del coordinador de giras de Usabiaga, Fernando Macías, quien como uno de los asistentes a la comida confirmó que ésta sí se llevó a cabo, pero de inmediato precisó que la enorme cuenta del consumo de los casi 80 reporteros (los dos pisos del restaurante se llenaron) "corrió a cuenta del secretario y no del erario", con el fin de evitar alguna sanción por parte de la Contraloría ante las nuevas disposiciones de restricción al gasto público.

Por conducto del mismo Macías, éste ofreció mediar ante Usabiaga para que explicara los motivos de esa comida y las atenciones a los reporteros, pero en lugar del secretario quien se reportó fue precisamente su coordinador de Comunicación Social, Óscar Ramírez, quien enfatizó que eran falsos los señalamientos y alertó: "Te quieren embarcar". Según Ramírez, su trayectoria profesional como jefe de prensa "siempre ha sido servir con veracidad y profesionalismo". De los motivos de dicha comida, Ramírez se deslindó y dijo que "se trató sólo de una atención del secretario con los reporteros".

Con ambas versiones, la Secretaría de la Contraloría podrá investigar si el convivio se pagó con fondos del erario o es un simple gasto a cargo de la cuenta personal de Usabiaga, pero lo más grave sería que se llegara a comprobar que en la Sagarpa continúan las viejas prácticas de corrupción entre la prensa y el gobierno, como aquellas a las que estaban acostumbrados los priístas.

No hay "chayo" en Procampo

Hace unas semanas leímos en la revista Proceso una investigación de los reporteros Rodolfo Montes y Sandra Rodríguez Nieto sobre las generosidades del Procampo, al beneficiar sin límite a un hermano del presidente Vicente Fox y a los hijos del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga. También se publicó el despido de varios funcionarios de ese sector que fueron heredados de administraciones priístas y a quienes se les descubrió actos de corrupción, como el desvío de fondos que debieron ser destinados para apoyar a ejidatarios y campesinos.

Para contrarrestar esas informaciones reveladoras de la corrupción como se ha movido el Procampo, en varios diarios capitalinos aparecieron días después inserciones pagadas en donde se hablaba de las bondades de dicho programa de apoyo al campo, y se aseguraba que su administración ha sido transparente, por lo cual se había hecho pública la lista de los beneficiarios de Procampo en donde aparecían los hijos de Usabiaga y el hermano de Fox.

Otra vez el olor a rancio de las formas priístas para resolver los problemas de imagen del foxismo volvió a aparecer en el sector agropecuario, y para no equivocarnos del responsable de esa costosa campaña publicitaria a cargo del erario federal, se solicitó la opinión del coordinador nacional de Procampo, Juan Antonio Fernández, quien rechazó que de esa dependencia hubiera salido la orden para el pago de gacetillas, pues aseguró que "aquí no hay fondos para eso, nosotros practicamos una política de puertas abiertas con la prensa y cualquier cosa que se publica es por interés de los medios de comunicación. Además —dijo categórico Fernández—, aquí no damos chayo ".

Ante la negativa de Fernández de ser el responsable de promover con publicidad a Procampo, la investigación vuelve a apuntar a la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Agricultura, a cargo a Óscar Ramírez. Pero quién es este nuevo comunicador del foxismo: hace casi un mes sustituyó en el cargo a Félix Arredondo, un empresario que vive en Guanajuato y que nunca entendió el manejo de la prensa. Ramírez llegó por recomendaciones del oficial mayor de la Secretaría de Agricultura, Javier Ponce de León, funcionario cercano al priísta Enrique Jackson, con quien también mantiene una buena relación el actual jefe de prensa de Usabiaga.

   fechas atras... Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx