Martes 13 de noviembre de 2001
Martes 13 de noviembre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Reforma • La Jornada • Novedades •
Diario de México
• El Universal • El Economista • El Sol de México
PROMUEVEN
AMPARO EJIDATARIOS DE ATENCO.
Víctor Fuentes, Reforma, página 14-A, martes 13 de noviembre.
Un grupo de ejidatarios del municipio de Atenco, Estado de México, promovió
ayer la primera demanda de amparo con
la que se busca revertir la expropiación de tierras decretada el 22 de octubre
por el presidente Vicente Fox para la construcción del nuevo aeropuerto
capitalino.
PRESENTAN
AMPARO DOS NÚCLEOS EJIDALES CONTRA EXPROPIACIÓN DE TIERRAS PARA EL NUEVO
AEROPUERTO.
René Ramón Alvarado, Javier Salinas Cesáreo, Matilde Pérez U., La Jornada, página
24, martes 13 de noviembre.
Los abogados de los núcleos ejidales de San Salvador Atenco y Santa Isabel
Ixtapa interpusieron el juicio de amparo ante la oficialía de partes común del
Poder Judicial de la Federación, en el distrito de Nezahualcóyotl, contra el
decreto de expropiación del pasado 22 de octubre para destinar 5 mil 384 hectáreas
a la construcción del nuevo aeropuerto internacional y para obras de protección
ecológica en el ex lago de Texcoco.
ENTREGARÁ
INEGI INFORME "DETALLADO" SOBRE TEXCOCO.
Karina Avilés, La Jornada, página 24, martes 13 de noviembre.
Decidida la ubicación del nuevo aeropuerto, el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI) enviará una carpeta al titular de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, con la información
"detallada" de las características del área de Texcoco donde se
asentará la terminal aérea.
ACUSA
SECRETARIO INTERÉS POLÍTICO.
Humberto Padgett León, Reforma, tomada de la
página de Internet del diario, martes 13 de noviembre.
Durante un recorrido por la zona de expropiación en la comunidad de San Miguel
Tocuila, donde se hará el aeropuerto alterno, el secretario estatal de
Gobierno, Manuel Cadena, instó ayer a los campesinos a permanecer bajo la vía
jurídica y a cuestionar a quienes les invitaran a participar en marchas y
plantones.
COMUNEROS
BLOQUEARON LA PROCURADURÍA AGRARIA.
Héctor A. Chávez Maya, Novedades, página 12, martes 13 de noviembre.
Unos 200 comuneros pertenecientes a la Confederación Agrarista Mexicana (CAM) y
encabezados por el presidente, el Diputado Humberto Serrano Pérez, bloquearon
por espacio de seis horas la Procuraduría Agraria en demanda del respeto
integro a las resoluciones presidenciales sobre bienes comunales en delegaciones
del Distrito Federal y el estado de Morelos.
EJIDATARIOS
DE TEXCOCO DEFENDERÁN SUS DERECHOS.
Nota informativa, Diario de México, página 12, martes 13 de noviembre.
Los ejidatarios de la zona oriente del estado de México tienen claro que su
lucha para impedir que se construya ahí el aeropuerto alterno al de la ciudad
de México es suya y contra el gobierno, por lo que ellos decidirán las
acciones que deberán tomar para impedirlo, por lo que ningún partido político
y menos el PRD tienen las manos metidas en este asunto, señaló el presidente
del Comité Directivo Estatal del Partido del Sol Azteca en la entidad Rosendo
Marín.
SOLICITAN
AMPARO CONTRA AFECTACIÓN DE ÁREA EN ATENCO.
Javier Salinas Cesáreo, La Jornada, página 13, martes 13 de noviembre.
El nieto del constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela, Roberto Orduña Burgoa,
entregó ayer la solicitud de amparo en el Juzgado Sexto de Distrito del estado
de México, contra la expropiación de mil 534 hectáreas del ejido de San
Salvador Atenco, en las que el gobierno federal planea la construcción del
aeropuerto alterno.
PRETENDE
GOBIERNO ELEVAR SUS GASTOS.
Jorge Teherán, El Universal, página 6, martes 13 de noviembre.
El gobierno federal espera ejercer el próximo año un presupuesto de un billón
410 mil 654.4 millones de pesos, lo que representa una disminución en el gasto
de 0.4 puntos porcentuales respecto al Producto Interno Bruto del cierre del año.
ENGRANE.
Adrián Trejo, El Economista, página 36, martes 13 de noviembre.
En el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) se encuentran
depositados los 534. 3 millones de pesos destinados al pago de la indemnización
a los ejidatarios de Atenco, Chimalhuacán y Texcoco, hasta ahora, nadie ha
cobrado un peso a la espera de que se les pague más por sus tierras.
TEMPLO
MAYOR.
F. Bartolomé, Reforma, página 12-A, martes 13 de noviembre.
MAS ALLÁ de la decisión de llevar el nuevo aeropuerto internacional a Texcoco-San
Salvador Atenco, el gobernador Manuel Ángel Núñez asegura que va a construir
una terminal aérea de carga en Tizayuca.
SOCIEDAD ABIERTA, PROBLEMAS AGRARIOS.
Enrique A. Salazar, El Sol de México, página 13-sup., martes 13 de noviembre.
AEROPUERTO
ALTERNO AL DE LA CD. DE MÉXICO
PROMUEVEN
AMPARO EJIDATARIOS DE ATENCO.
Víctor Fuentes, Reforma, página 14-A, martes 13 de noviembre.
Un grupo de ejidatarios del
municipio de Atenco, Estado de México, promovió ayer la primera demanda de
amparo con la que se busca revertir
la expropiación de tierras decretada el 22 de octubre por el presidente Vicente
Fox para la construcción del nuevo aeropuerto capitalino.
La demanda fue presentada ante
el juez sexto de distrito en Ciudad Nezahualcóyotl, Juan Antonio Sánchez
Castillo, quien deberá estudiar la legalidad del decreto presidencial y la
constitucionalidad de diversos artículos de la Ley Agraria que permiten este
tipo de expropiaciones.
Específicamente, los quejosos
pertenecen al núcleo ejidal de Santa Isabel Ixtapan, donde 530 pequeños
propietarios perdieron un total de mil 44 hectáreas, mismas que quedaron a
disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para obras
acuíferas relacionadas con el nuevo aeropuerto.
Santa Isabel Ixtapan representa
el 19 por ciento de las tierras ejidales expropiadas para el nuevo aeropuerto.
Los 19 decretos presidenciales abarcaron 5 mil 391 hectáreas, de las cuales 2
mil 36 serán para la terminal aérea y tres mil 328 para proyectos ecológicos
y ambientales.
En total, la expropiación de
tierras afectó a 4 mil 365 ejidatarios, quienes ya pueden cobrar 534 millones
de pesos de indemnización, un promedio de 122 mil pesos por familia.
Los 530 de Santa Isabel Ixtapan
tienen derecho -según el avalúo oficial- a 75 millones 174 mil pesos, 141 mil
pesos por familia, más lo que se acumule cuando se valúen las construcciones
que están sobre los terrenos.
Alejandro Anda, abogado de los
campesinos, afirmó que el Gobierno "violó el artículo 14 de la
Constitución, pues no consultó a los afectados ni respetó su garantía de
audiencia".
Cabe anotar que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación repetidamente ha sostenido que la garantía de
audiencia previa no opera en casos de expropiación. Sin embargo, en 1996, última
vez que la Corte analizó el tema, se presentó una votación dividida de seis
ministros contra cinco, por lo que el criterio podría cambiar.
La demanda de amparo también
impugna el valor que se ha dado a las tierras ejidales por parte de la Comisión
de Avalúos y Bienes Nacionales, y controvierte el argumento de que la
construcción de un aeropuerto es de utilidad pública, requisito para
justificar una expropiación.
PRESENTAN
AMPARO DOS NÚCLEOS EJIDALES CONTRA EXPROPIACIÓN DE TIERRAS PARA EL NUEVO
AEROPUERTO.
René Ramón Alvarado, Javier Salinas Cesáreo, Matilde Pérez U., La Jornada, página
24, martes 13 de noviembre.
Los
abogados de los núcleos ejidales de San Salvador Atenco y Santa Isabel Ixtapa
interpusieron el juicio de amparo ante la oficialía de partes común del Poder
Judicial de la Federación, en el distrito de Nezahualcóyotl, contra el decreto
de expropiación del pasado 22 de octubre para destinar 5 mil 384 hectáreas a
la construcción del nuevo aeropuerto internacional y para obras de protección
ecológica en el ex lago de Texcoco.
Al
mediodía de ayer, los integrantes del bufete jurídico de Ignacio Burgoa
Orihuela, entre los que se encontraba el nieto del constitucionalista, Roberto
Orduña Burgoa, entregaron el recurso de amparo compuesto por 15 fojas y un
anexo con los expedientes que ostentan la personalidad del comisariado ejidal de
San Salvador Atenco, José Elías Martínez Robles; el acta de asamblea, copias
de los decretos y resoluciones presidenciales con las que se dotó al ejido de
Atenco en 1920 y 1926; copias certificadas y el original del Diario Oficial
del 22 de octubre de este año.
Dos
horas antes, el mismo trámite de amparo fue presentado por los representantes
legales del núcleo ejidal de Santa Isabel Ixtapa, encabezados por el abogado
Alejandro de Anda Ohm. Ambos grupos de abogados expresaron su confianza en que
se hará justicia a los campesinos y en que prevalezca el derecho por encima de
los intereses políticos y económicos.
En
Tocuila, Texcoco, el director de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales
de la Procuraduría Agraria, Ricardo Cruz Rodríguez, dijo que la institución
estudia la estrategia de amparo. "No puedo revelar cuál será porque somos
ya defensores de los núcleos agrarios de San Bernardino, Nexquipayac, Tocuila,
Chimalhuacán, Huexotla y Nezahualcóyotl (sic), 211 personas de San
Salvador Atenco y 100 ejidatarios de Santa Isabel Ixtapa".
"Fundamento
de nuestra idiosincrasia"
José
Antonio Morales Domínguez, en representación del jurista Ignacio Burgoa
Orihuela, explicó que el amparo es para defender a los campesinos de San
Salvador Atenco "contra de las injusticias que se han cometido".
Puntualizó que el argumento central se basa en la inconstitucionalidad de la
Ley Agraria y el derecho que tienen los ejidatarios como garantía social para
que se reconozcan sus necesidades como pueblos.
Agregó
que el amparo también busca la no desaparición del núcleo ejidal "figura
jurídica tan apreciada", porque los ejidos -explicó- "son fundamento
de nuestra idiosincrasia". También que prospere la garantía de audiencia
que debió aceptárseles para defender sus derechos.
La
demanda de amparo, que fue turnada al juzgado sexto de distrito con sede en
Nezahualcóyotl, buscará proteger a los ejidatarios para que "las
autoridades no puedan hacer atropellos tomando las tierras de los
campesinos", abundó.
Alejandro
de Anda Ohm, representante de la defensa del ejido de Santa Isabel Ixtapa,
destacó que el juicio integra a 330 de los 601 afectados de este comisariado
ejidal y a quienes les expropiaron mil 300 hectáreas.
Acompañado
del presidente del comisariado ejidal, Adrián Pineda Sánchez, el abogado
explicó que el gobierno federal violó la ley al no consultar y buscar el diálogo
con los campesinos antes de imponer el decreto, aunque también existe violación
en el avalúo de las tierras.
Destacó
que, de acuerdo con el artículo 14 Constitucional, la autoridad debió tomar en
cuenta a los ejidatarios y notificarles sobre la necesidad de expropiar los
terrenos. El avalúo se hizo de manera unilateral, pues no se dio oportunidad a
los afectados para demostrar que sus parcelas son productivas y que el valor de
esos terrenos tiene un costo mayor. Señaló que el juicio de amparo fue
asignado al juzgado quinto de distrito y ahora esperarán el resolutivo se dé
en el transcurso de los próximos dos meses.
Por
separado, el abogado José Antonio Morales Domínguez, representante del bufete
jurídico de Burgoa Orihuela, consideró que habrá que esperar entre cuatro y
cinco meses para conocer del resolutivo. Durante ese periodo el juez tendrá que
hacerse de los medios probatorios, como los estudios ecológicos, sociales, políticos
que debe tener la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT); y se
practicarán estudios periciales.
Agregó
que del ejido de Atenco se defenderán las mil 78 hectáreas expropiadas y aclaró
que este amparo no se propone mejorar el precio de la tierra, sino para anular
en definitiva el decreto presidencial que afecta a los cerca de mil 500
campesinos.
Señaló
que al despacho del catedrático de la UNAM se han presentado los representantes
de otros ocho núcleos ejidales quienes están buscando el apoyo del jurista,
aunque dijo no recordar cuáles son. Al respecto, José Gil García,
representante del Grupo Atenco Unido, puntualizó que los núcleos agrarios de
Acuexcomac, Francisco I. Madero y la Magdalena Panoaya son algunos de los que
buscan la misma defensa.
José
Antonio Morales Domínguez, mencionó que en caso de existir un acuerdo, en los
próximos días se interpondrán otros ocho juicios de amparo, para pedir en su
momento la acumulación y sea un solo juez de distrito quien resuelva en
conjunto las demandas de amparo. De esta manera se buscará la legalidad de
audiencia y constitucionalidad de la Ley Agraria.
En
Tocuila, poco más de un centenar de ejidatarios exigieron al secretario general
de Gobierno del estado de México, Manuel Cadena Morales, que presente los
planos del proyecto del nuevo aeropuerto internacional para verificar que sus
casas -varios cientos de ellas están dentro de las parcelas- no estén
incluidas en el decreto de expropiación. "Ningún núcleo urbano va a
desaparecer; el decreto no afecta a ninguna vivienda. Tocuila seguirá
existiendo", expuso Cadena.
No
es cierto, respondió uno de los ejidatarios: "Las casas de la colonia
Francisco I. Madero y parte de las de Santa Isabel Ixtapa sí serán
derrumbadas. No nos venga a engañar y dígale a Montiel (Arturo, gobernador
mexiquense) que si tiene ganas de ayudarnos que se presente en los ejidos".
Los
ánimos se exacerbaron, los gritos de hombres y mujeres acallaban a Cadena
Morales, quien tuvo que deslindarse del PRI, partido en el que milita, y
resaltar su origen texcocano para apaciguar los reclamos. Para los ejidatarios
fue insuficiente la presentación de un croquis iluminado representando las 519
hectáreas expropiadas al ejido. Reunidos en la orilla de una de las cientos de
hectáreas de su propiedad, los ejidatarios una y otra vez decían: "Esta
es una tierra fértil, mire aquí está el maíz, alfalfa, pasto
forrajero".
Poco
faltó para que le pusieran en sus brazos uno de los borregos del rebaño que
pastaba en el lugar. "No vengo como priísta, sino como funcionario del
gobierno del estado a escucharlos con respeto". Para sacudirse los
reclamos, Cadena culpó a los medios de comunicación de "mal
informar" y de exagerar el rechazo popular al proyecto aeroportuario.
Cadena
Morales extendió su brazo derecho para apagar las grabadoras de algunos de los
reporteros presentes. "Ustedes no están invitados. Es más, ni apunten lo
que voy a decir", ordenó. De inmediato aseguró a los ejidatarios que
algunos de sus compañeros "ya vendieron sus parcelas y de forma irregular;
vendieron a un precio bajísimo y por necesidad. Ustedes no vendan".
También
exhortó a los ejidatarios a no dejarse manipular por grupos que con marchas y
manifestaciones se inconforman. Sin embargo -dijo- "tienen todo el derecho
de hacerlo, pero sin violencia porque quien use la violencia le caerá todo el
peso de la ley. La vía jurídica es la mejor defensa".
ENTREGARÁ
INEGI INFORME "DETALLADO" SOBRE TEXCOCO.
Karina Avilés, La Jornada, página 24, martes 13 de noviembre.
Decidida
la ubicación del nuevo aeropuerto, el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI) enviará una carpeta al titular de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, con la información
"detallada" de las características del área de Texcoco donde se
asentará la terminal aérea.
El
presidente del INEGI, Gilberto Calvillo Vives, señaló lo anterior y, agregó
que la carpeta contendrá información cartográfica de la zona, de los ejidos,
las características del suelo y una serie de estadísticas sociodemográficas.
Al
funcionario se le preguntaron los contenidos "detallados" del
documento, pero rechazó proporcionar mayores datos al señalar que el INEGI
informa "pero no damos opiniones".
-¿Cómo
es posible que ya se haya dado la determinación del aeropuerto si ustedes todavía
no han entregado esos estudios? -preguntó una de las reporteras.
-Nosotros
les dimos información desde antes. Ahora, lo que estamos haciendo es dar
información más detallada, ya que se tomó la decisión -respondió.
Entrevistado
en el marco de la inauguración de la Semana del INEGI en la UNAM, se le preguntó
sobre los últimos datos del instituto sobre la situación económica del país.
Al respecto, señaló: "En opinión de algunos analistas estamos en una
recesión. Técnicamente una recesión se define como un par de trimestres
consecutivos con crecimiento negativo y eso ya lo hemos vivido".
"Entonces,
es claro que estamos en una etapa de desaceleración económica muy importante
que tiene un gran componente de causas ajenas al país. Bueno, no ajenas al país
pero no controlables por el país", apuntó.
ACUSA
SECRETARIO INTERÉS POLÍTICO.
Humberto Padgett León, Reforma, tomada de
la página de Internet del diario, martes 13 de noviembre.
Durante
un recorrido por la zona de expropiación en la comunidad de San Miguel Tocuila,
donde se hará el aeropuerto alterno, el secretario estatal de Gobierno, Manuel
Cadena, instó ayer a los campesinos a permanecer bajo la vía jurídica y a
cuestionar a quienes les invitaran a participar en marchas y plantones.
Un
día después de que ejidatarios inconformes de Atenco asistieran a la comunidad
para invitar a los campesinos a unirse a la protestas, Cadena señaló que en
torno a ese movimiento existen intereses políticos, aunque se negó a mencionar
agrupaciones que se beneficiarían.
"Ahora
muchas organizaciones, por ganar posicionamientos políticos, participan en los
proyectos, pero creo que hay que ver, en el fondo, los beneficios para el país,
no a los partidos o a los grupos políticos.
"Creo
que debemos ser muy precisos. Esto no es un asunto político, sino que es un
proyecto de desarrollo económico y social que la gente acepta o no. Nosotros no
tenemos por qué obligar a nadie, pero por alguna razón una entidad hermana lo
quería, ¿por qué?", cuestionó.
De
acuerdo con el decreto, 888.93 hectáreas de Tocuila serán expropiadas, de las
cuales 128.28 corresponden a ala Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
471.18 a Semarnat.
Los
cuentan
Cadena
aseguró que hay ejidatarios en Atenco que ya confiaron su defensa a la
Procuraduría Agraria, a diferencia de quienes lo hicieron al jurista Ignacio
Burgoa Orihuela.
Ricardo
Cruz, director de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales de la
Procuraduría Agraria, estimó que en los amparos de quienes optaron la
representación de la dependencia serán entregados en breve.
"Las
comunidades que serán defendidas como grupo son Tocuila, Chimalhuacán, San
Bernardino, Nexquipayac, Nezahualcóyotl y Ahuizotla, así 211 personas de San
Salvador Atenco y 100 de Santa Isabel Ixtapa; la gestoría es gratuita",
aseguró Cruz.
El
encuentro fue el tercero que Cadena efectúa en Tocuila; los otros fueron en una
casa particular y en el restaurante La Mancha del Quijote, ambas sostenidas con
representantes ejidales.
Al
término de la reunión, autoridades y campesinos efectuaron un recorrido por
algunos sembradíos.
"Estoy
para escucharlos y luego trabajar con un grupo de ustedes para ver lo que les
preocupa, ver con toda precisión la información, porque si no, estamos
hablando de cosas diferentes.
"No
vengo como miembro del PRI, sino como funcionario; sé que han estado haciendo
reuniones partidarias y las respeto, nomás les he dicho: no vayan a provocar
violencia, porque al que provoque violencia se apega a la ley. La vía jurídica
debe seguir, por eso digo que quienes quieran hacer marchas, que lo hagan, pero
que no los usen", invitó.
Una
mujer, interrumpió al funcionario para decirle que es el gobierno quien los ha
usado.
"Vienen
a pedirnos los votos y luego ya no se aparecen por aquí, usted parece que nomás
vino a marearnos y si el señor Montiel de veras tiene intención en hacer algo,
¿por qué no se ha venido a parar aquí?", cuestionó.
Divididos
Adolfo
Velásquez Ruiz, presidente del comisariado ejidal de Tocuila, indicó que por
parte de su representación existe completa confianza en la defensa que hará la
Procuraduría.
"Vemos
la situación bastante difícil, porque vamos contra un gobierno que ha
demostrado que no toma en cuenta al campesino a pesar de ser la base de la
sociedad; resultarían afectados unos 400 ejidatarios que serán defendidos por
la Procuraduría Agraria a nivel federal", expuso.
El
líder campesino señaló que el recurso legal pretende revocar el decreto de
expropiación, aunque, a diferencia de lo manifestado por los campesinos de
Atenco, vio en la negociación el último recurso.
Sin
embargo, otros ejidatarios se dijeron desconfiados por la defensa de la
Procuraduría, y aseguraron que se unirán a las protestas de Atenco.
COMUNEROS
BLOQUEARON LA PROCURADURÍA AGRARIA.
Héctor A. Chávez Maya, Novedades, página 12, martes 13 de noviembre.
Unos
200 comuneros pertenecientes a la Confederación Agrarista Mexicana (CAM) y
encabezados por el presidente, el Diputado Humberto Serrano Pérez, bloquearon
por espacio de seis horas la Procuraduría Agraria en demanda del respeto
integro a las resoluciones presidenciales sobre bienes comunales en delegaciones
del Distrito Federal y el estado de Morelos.
En
entrevista el dirigente de los comuneros señaló que es necesario que la
Secretaría de la Reforma Agraria de una vez por todas reconozca y admita el
valor de la ley constitucional a favor de las comunidades, en el sentido de que
deben respetarse íntegramente sus territorios como lo determina el artículo
27 constitucional en su fracción 7 párrafo segundo.
Los
manifestantes pidieron a la Procuraduría Agraria comprometerse a que con la
presencia de las judicaturas de Morelos y el Distrito Federal se realizarán
mesas de trabajo para liberar a los campesinos que han sido encarcelados por la
lucha de sus tierras y solucionar los problemas agrarios en sus comunidades.
Al
mantener cerradas las instalaciones de la Procuraduría Agraria y no permitir la
entrada y salida de los trabajadores y usuarios de la institución, exigieron a
Valdemar Martínez Garza, titular de la dependencia, se respete la aplicación
de la Ley Federal de Reforma Agraria y no sólo la Ley Agraria, pues en esta última
se favorece en demasía a los ricos y se afecta a los más desprotegidos.
Luego
de acordar que será el próximo viernes cuando se instalen las mesas de
trabajo, Humberto Serrano advirtió que si los funcionarios de la Procuraduría
violan los acuerdos, los comuneros tomarán día y noche estas oficinas hasta
que no “corran a los funcionarios mañosos”.
El
dirigente campesino manifestó que por su buena calidad los terratenientes y
empresarios han hecho pactos con el gobierno Federal y estatales para quedarse
con las tierras de calidad.
Explicó
que el Gobierno lejos de defender a los campesinos mexicanos en Morelos,
defiende a los extranjeros y a los grandes terratenientes como el señor Luis Yánez
de la Barrera, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
EJIDATARIOS
DE TEXCOCO DEFENDERÁN SUS DERECHOS.
Nota informativa, Diario de México, página 12, martes 13 de noviembre.
Los
ejidatarios de la zona oriente del estado de México tienen claro que su lucha
para impedir que se construya ahí el aeropuerto alterno al de la ciudad de México
es suya y contra el gobierno, por lo que ellos decidirán las acciones que deberán
tomar para impedirlo, por lo que ningún partido político y menos el PRD tienen
las manos metidas en este asunto, señaló el presidente del Comité Directivo
Estatal del Partido del Sol Azteca en la entidad Rosendo Marín.
El
líder perredista, dijo que los ejidatarios de varios poblados cercanos al lugar
donde se pretende construir el aeropuerto, son gente que se está organizando
para defender sus derechos, y que el Partido de la Revolución Democrática sólo
se ha solidarizado en su lucha, por considerar que es una injusticia los que se
les pretende hacer a los campesinos, “de principio es ilegal que se expropie
una tierra que ya había sido expropiada en el año de 1939”.
En
conferencia de prensa, Rosendo Marín, líder estatal del PRD, señaló que en
caso del municipio perredista de Texcoco que preside Horacio Duarte, sólo
espera que se publique el decreto de la expropiación de los predios en esta
zona para actuar de manera legal, para conseguir ampararse ante esta determinación,
para lo cual al parecer ya solicitó el apoyo del constitucionalista Ignacio
Burgoa Orihuela.
Finalmente,
al responder a las declaraciones de regidores panistas de Chimalhuacán y Neza,
en el sentido de que el precio de 7 pesos por hectárea que se pretende pagar a
los ejidatarios es un precio justo, el perredista señaló “habría que
expropiarle sus casas a estos señores y pagárselas al mismo precio para ver si
siguen pensando lo mismo”.
SOLICITAN
AMPARO CONTRA AFECTACIÓN DE ÁREA EN ATENCO.
Javier Salinas Cesáreo, La Jornada, página 13, martes 13 de noviembre.
El nieto del constitucionalista
Ignacio Burgoa Orihuela, Roberto Orduña Burgoa, entregó ayer la solicitud de
amparo en el Juzgado Sexto de Distrito del estado de México, contra la
expropiación de mil 534 hectáreas del ejido de San Salvador Atenco, en las que
el gobierno federal planea la construcción del aeropuerto alterno.
Antes de
que los abogados de Burgoa Orihuela llegaran a la oficialía de partes, ya el
grupo de ejidatarios de Santa Isabel Ixtapa con su abogado Alejandro de Anda Ohm
habían interpuesto el primer amparo en el Juzgado Quinto de Distrito por la
expropiación de tierras ejidales, sin que se consultara a los campesinos y
darles derecho de audiencia.
En tanto
que siete de los 13 núcleos agrarios expropiados por la federación también
interpusieron amparos en contra de los avalúos hechos por la Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA).
De
acuerdo con el subsecretario de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado de México,
Luis Miranda, la Procuraduría Agraria (PA) litiga en favor de siete ejidos
inconformes con los avalúos y que mediante los amparos en contra de éstos,
pretenden llegar a una revalorización de sus terrenos para obtener precios
comerciales más justos.
Los
siete núcleos agrarios que son asesorados por la PA en la interposición de
amparos contra los avalúos son: Chimalhuacán, San Martín, Huexzotla, Tocuilan,
Cuautlalpan, San Bernardino y Nexquipayac. Por el momento sólo dos núcleos
ejidales San Salvador Atenco y Santa Isabel Ixtapa iniciaron el proceso de
amparo.
Juan
Antonio Morales Domínguez, abogado del bufete de Ignacio Burgoa, informó que aún
están pendientes siete núcleos ejidales más de realizar este trámite.
Mientras
que lugareños de Atenco señalaban que desde temprana hora se registró un
fuerte despliegue de policías judiciales, en una veintena de vehículos,
quienes se apostaron a lo largo de la carretera Lechería-Texcoco, Roberto Orduña
Burgoa depositaba en la ventanilla de la oficialía de 14 a 15 fojas, en las
cuales el constitucionalista Ignacio Burgoa defiende con argumentos legales las
tierras ejidales.
Por su
parte, el representante legal de Santa Isabel Ixtapa, Alejandro de Anda Ohm,
informó que el primer amparo que se interpuso en contra de la expropiación
protege a 330 ejidatarios de ese lugar, y la defensa se hará conforme a derecho
y no político como se hace en San Salvador Atenco.
En el
municipio de Texcoco, más de un centenar de pobladores de Tocuilan advirtieron
a Manuel Cadena Morales, secretario general de Gobierno mexiquense, que "si
no nos van a ayudar entregaremos la vida si es preciso pero nuestros terrenos,
el gobierno no se los va a llevar".
Después,
Cadena Morales acudió a un recorrido con los ejidatarios por la zona expropiada
"para que vea que son tierras de cultivo y no ociosas". Trató de
ganarse a los pobladores: "Quítense una preocupación, nadie va a venir a
arrebatarles sus tierras".
GOBIERNO FEDERAL
PRETENDE
GOBIERNO ELEVAR SUS GASTOS.
Jorge Teherán, El Universal, página 6, martes 13 de noviembre.
El gobierno federal espera
ejercer el próximo año un presupuesto de un billón 410 mil 654.4 millones de
pesos, lo que representa una disminución en el gasto de 0.4 puntos porcentuales
respecto al Producto Interno Bruto del cierre del año.
El gasto
programable, es decir, el que se ejerce con recursos de no deuda, con impuestos,
derechos y tarifas, alcanzará la cifra de 980 mil 095.7 millones de pesos, lo
que significa una reducción real de 1 por ciento respecto al cierre esperado
para el presente año.
En el
presupuesto de Egresos del próximo año, entregado ayer por la Secretaría de
Hacienda a la Cámara de Diputados, se plantea una disminución de 20.4 por
ciento en el gasto destinado a inversión física y, por primera vez en 11 años,
el porcentaje del gasto social no crece respecto al año anterior.
Los
Criterios Generales de Política Económica confirman que en 2002 se anticipa un
crecimiento económico de 1.7 por ciento, una inflación de 4.5 por ciento, un
tipo de cambio promedio de 10.1 y un precio de 17 dólares por barril de petróleo.
Asimismo,
el gobierno pronosticó una plataforma de exportación de crudo de mil 825
millones de barriles diarios; un déficit en cuenta corriente de 21 mil 113.4
millones de dólares, que significa 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), en tanto que el déficit público se ubicaría en 0.65 por ciento del PIB
y la tasa de interés nominal llegará a 10.7 por ciento, mientras que la real
se ubicará en 6.5 por ciento.
Para
2002 se mantendrá el actual régimen cambiario de libre flotación, y detalló
que el nuevo gasto de inversión impulsado a través de Pidiregas se incrementará
de 1 por ciento a 2 por ciento del PIB.
Sube
gasto corriente
En
contraparte, el gobierno federal propone incrementar el gasto corriente, esto
es, servicios personales, sueldos, gastos de representación y bonos, en 3.4 por
ciento. El monto a ejercer por este concepto es de 851 mil 672 millones de
pesos, lo que representa 86.9 por ciento del gasto programable.
Aquí,
el Ejecutivo propone ejercer para servicios personales 460 mil 195.3 millones de
pesos, contra los 435 mil 676.3 millones de este año, lo que representa un
aumento de 24 mil 519 millones de pesos, mientras las pensiones pasan de 114 mil
662.9 a 119 mil 613.8 millones de pesos, es decir, 4 mil 950.9 millones de
incremento.
El monto
del pago de servicios personales, explica el documento, "representa 47.0
por ciento del gasto programable y son superiores en un 5.6 por ciento en términos
reales respecto al año anterior".
Además,
para el Presidente de la República y sus secretarios de Estado se proponen
incrementos salariales que van de 11 mil a 20 mil pesos mensuales, además de un
bono anual que incluiría tres meses de salario bruto.
En la
exposición del motivo el presidente Vicente Fox refiere que la reforma fiscal
que propuso al Legislativo permitirá superar rezagos y debilidades
estructurales, a pesar del entorno recesivo que se vive.
"La
iniciativa de reforma hacendaria se puede modificar, pero no se puede perder,
con la reforma hacendaria ponemos los cimientos de un México justo y exitoso;
sin ella, arriesgamos el presente y comprometemos el futuro", apunta.
Además,
explica que con la eliminación de la tasa cero de alimentos y medicinas se podrían
invertir 35 mil millones de pesos adicionales en educación, salud y combate a
la pobreza; 15 mil millones a la generación de empleos, al campo, construcción
de carreteras y de viviendas, micro, pequeña y mediana empresas, y turismo; más
de 5 mil millones a la seguridad de los mexicanos y su patrimonio.
Asimismo,
los estados y municipios podrían destinar inversión hasta 38 mil millones de
pesos.
El gasto
del Ejecutivo es el que mayor porcentaje representa del gasto (67.2 por ciento)
con 948 mil 255 millones de pesos; el costo financiero de la deuda acapara 211
mil 411.3 millones de pesos (15 por ciento); las participaciones a estados y
municipios 207 mil 087.6 millones (14.7 por ciento); los ramos autónomos, es
decir los poderes Legislativo y Judicial, IFE y CNDH, 31 mil 840.7 millones de
pesos (2.3 por ciento) y los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 12 mil
059.8 millones (0.9 por ciento).
En la
iniciativa de decreto, el Ejecutivo propone siete políticas generales de gasto:
1) Reducir el costo financiero de la deuda del gobierno federal.
2)
Promover que todo programa, proceso o proyecto opere más eficazmente, tenga
claros tanto sus fines como su población objetivo, establezca sus resultados,
rinda cuentas, utilice criterios transparentes y aplique esquemas de ejecución
adecuados.
3)
Modernizar el marco jurídico y normativo que regula el proceso presupuestario,
haciéndolo más eficiente.
4)
Apoyar la recuperación del empleo y el desarrollo de la infraestructura energética.
5)
Mantener los niveles del gasto descentralizados e introducir mecanismos que
hagan más eficiente el uso de los recursos federalizados.
6)
Favorecer las asignaciones de recursos para la atención de la educación, la
salud, la vivienda, la equidad y el combate a la pobreza.
7)
Fortalecer las acciones de política interior y exterior, en especial las
relacionadas con la seguridad de los ciudadanos y el combate al tráfico de
personas y estupefacientes.
Los números
De
acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos, sólo seguridad pública (7.7
por ciento), Desarrollo Social (4.4 por ciento), Procuraduría General de la República
(4.1 por ciento), Trabajo y Previsión Social (2.7 por ciento), Salud (0.9 por
ciento) y Educación Pública (0.4 por ciento) muestran crecimientos, el resto
de las dependencias del Ejecutivo tienen una variación negativa.
Incluso,
las aportaciones a la seguridad social disminuyen 12.7 por ciento, y las
aportaciones federales a estados y municipios lo hacen en un 5.5 por ciento.
De las
dependencias del Ejecutivo, la que mayor caída muestra es Relaciones Exteriores
con 10.2 por ciento, seguida de Comunicaciones y Transportes con 9.2 por ciento,
Medio Ambiente con 8.9 por ciento, Marina con 8.5 por ciento, Turismo con 8.1
por ciento y Reforma Agraria con 7.9 por ciento.
Ante
este panorama restrictivo, los órganos autónomos plantean, en conjunto, un
incremento de 26.1 por ciento de su gasto para el próximo año.
OPINIÓN
ENGRANE.
Adrián Trejo, El Economista, página 36, martes 13 de noviembre.
EL
PA DESPLAZA A BURGOA.
En
el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) se encuentran
depositados los 534. 3 millones de pesos destinados al pago de la indemnización
a los ejidatarios de Atenco, Chimalhuacán y Texcoco, hasta ahora, nadie ha
cobrado un peso a la espera de que se les pague más por sus tierras.
El
precio de las tierras, fijado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales
(Cabin) en 72 mil pesos para la hectárea de temporal y 250 mil pesos para la de
riego –7.20 pesos por metro cuadrado y 25 pesos por metro cuadrado,
respectivamente–, es materia de negociaciones entre las autoridades federales
y los ejidatarios expropiados.
Lo
interesante del asunto es que de los 19 ejidos expropiados, la mayoría, entre
15 y 17, aceptaron ser representados por la Procuraduría Agraria y sólo uno o
dos por el constitucionalista Burgoa Orihuela.
La
negociación parece que avanza y en ella está involucrada también el
gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, quien decidió jugar,
obviamente, del lado de los ejidatarios expropiados.
Mañana
miércoles se anuncia una mega manifestación en contra de la construcción del
aeropuerto en Texcoco que debe ser vista más bien como una medida de presión
para lograr mejores precios de las tierras afectadas.
Los
ejidatarios están en su derecho de protestar y reclamar un pago justo pero es
inevitable que en las protestas se cuelen vividores de la marcha y la
manifestación, una industria que ha dado buenos dividendos políticos y de los
otros. Bueno, cómo estará el asunto que la Procuraduría Agraria y el gobierno
del estado de México asesoran a muchos de los ejidatarios que serán afectados
a conseguir los títulos de propiedad que no tuvieron o extraviaron para hacer válido
su derecho a la indemnización.
TEMPLO
MAYOR.
F. Bartolomé, Reforma, página 12-A, martes 13 de noviembre.
MAS
ALLÁ de la decisión de llevar el nuevo aeropuerto internacional a Texcoco-San
Salvador Atenco, el gobernador Manuel Ángel Núñez asegura que va a construir
una terminal aérea de carga en Tizayuca.
SIN
ENTRAR a especular qué hay detrás de esa decisión, hay dos detalles curiosos.
UNO.
Si el gobierno federal es el que tiene la facultad de autorizar o no la
construcción de aeropuertos, la pregunta obligada es si Manuel Ángel Núñez
cuenta con el permiso.
Si
no lo tiene, el anuncio suena a un ardid que, en frase resumida, diría:
mientras que en Texcoco-San Salvador Atenco tienen problemas con los campesinos,
en Tizayuca la pista está más que despejada.
De
contar con él, nomás no se entendería que habiendo decidido construir el
nuevo aeropuerto en Texcoco, se permitiera edificar otro en Tizayuca.
DOS.
Una razón por la que se descartó Tizayuca como sede de la nueva terminal aérea,
estaba en que el espacio no daba para tener ese aeropuerto y la base militar de
Santa Lucía.
Ahí
aflora la otra cuestión. ¿Es que Manuel Ángel Núñez ya negoció con la
Fuerza Aérea Mexicana el cierre de Santa Lucía?
EN
TODO ESO, no faltan quienes ven en el anuncio del gobernador hidalguense la
intención de ponerle piedritas a la terminal en Texcoco-San Salvador Atenco.
COINCIDENTEMENTE
está el que mañana se proyecta realizar otra marcha de los campesinos de San
Salvador Atenco que supuestamente será más fuerte que la anterior.
Y,
COMO AÑADIDO, se dice que sectores radicales de lo que fue el CGH de la UNAM
"asesoran" a los campesinos de San Salvador Atenco.
SOCIEDAD
ABIERTA, PROBLEMAS AGRARIOS.
Enrique
A. Salazar, El Sol de México, página 13-sup., martes 13 de noviembre.
1.-
La realidad contradice a diario nacionalmente las declaraciones de algunas
autoridades, las cuales desde los tiempos de Miguel de la Madrid, continuando
con los de Salinas y Zedillo, proclamaron a diestra y siniestra, que el problema
agrario en México había concluido. Las comunidades indígenas del país y
Chiapas los desmintieron rotundamente; los litigios territoriales entre estados
también; y ya no se diga las viejas peticiones de dotaciones de tierras
enredadas y heredadas por la corrupción.
2.-
En el Estado de Colima se repitió el eco de la presidencia y resultaron como últimos
ejemplos los del municipio de
Minatitlán, la comunidad de Suchitlán y su solución radical a la tenencia del
fundo legal, lotificación y problemas de tráfico privado y público de
parcelas; sin embargo y tal como se ha visto, todavía van a pasar algunos años
para llegar a la normalidad en los conflictos nuevos y antiguos, los cuales se
dan como venganzas y rencores históricos entre familias, vecinos y
lotificadores; aunque es de reconocerse avances y esfuerzos sustanciales para
solucionar parte de los problemas de esta comunidad.
3.-
Zacualpan, comunidad indígena de Comala también tiene litigios y viejas y
nuevas cuentas que reclamar sobre afectaciones, y el injusto trato de las
autoridades estatales y municipales en cuanto haber hecho obras para surtir de
agua a los municipios de Colima y Villa de Álvarez, sin atender y solucionar el
problema de sed del vital líquido para los habitantes de la tierra de Hepitacia
y Vicente Evangelista y en cuanto a litigios agrarios actualmente existe una
resolución del Tribunal Agrario, el cual favorece a la comunidad de Zacualpan y
afecta propiedades mal adquiridas por José Ocampo Verdugo: Resolución que
afecta a los ahorradores defraudados en todo el país por JOV y su inicial
protector Fernando Moreno Peña.
4.-
Por eso no es de extrañar, la desconfianza de los habitantes de la Hierbabuena,
ejido de San Antonio de ser reubicados; y más cuando algunos de ellos son
descendientes directos de personas que vivieron la erupción volcánica de 1913,
y a la par, fueron fundadores en 1967 del ejido de San Antonio en Comala en el
municipio de Comala y en las mismísimas faldas del volcán.
5.-
Ellos decían tener seguridad para su vida, sus actuales propiedades y posibles
futuros derechos; no quieren ser sorprendidos por una expropiación justificada
en su reubicación; o por la ocupación de manera pacífica y continúa de sus
actuales viviendas y propiedades por dependencias federales, estatales,
municipales o por otras personas. Solicitan un dictamen de la UNAM y del IPN;
pues a la U de C le tiene desconfianza pues el rector sigue siendo el actual
gobernador.
6.-
Quieren plenas garantías y seguridad de sus propiedades, pues ven en el
presente y más a futuro, inversiones turísticas, por la ecología, medio
ambiente y paisaje circundante al volcán. No es solamente el arraigo a la
tierra y a sus actuales pisos y viviendas;
es la previsión de futuras inversiones, las cuales están dispuestas a
esperar y darles la bienvenida, como posibles socios, copropietarios,
arrendatarios o vendedores.
7.-
Ya vivieron toda su vida allí; con el volcán y los vulcanólogos; con su
precario bienestar, bien pueden, dicen, aguantar más tiempo. Y que el gobierno
los apoye con más recursos técnicos, científicos y créditos para la
explotación turística y agrícola. Ellos reconocen la construcción del Puente
del Cordobán, y las reuniones internacionales sobre vulcanología, las cuales
les han dejado beneficios: Esperan una declaración pública y escrita de las
autoridades federales, estatales y municipales reafirmando su derecho a la
propiedad en el presente, en el futuro y para el futuro de sus hijos.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx