Viernes 9 de noviembre de 2001
Viernes 9 de noviembre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
La Jornada • El Universal • Excélsior •
Milenio Diario
• El Sol de México
• La Crónica de Hoy • Novedades
"EL
AVALÚO DE $7.20 SE DEBE A LA MALA CALIDAD DE LA TIERRA”.
Angélica Enciso, La Jornada, página 28, viernes 9 de noviembre.
Las 5 mil 300 hectáreas expropiadas en Texcoco para la construcción de la
nueva terminal aérea, calculadas en 7.20 pesos por metro cuadrado, fueron
valuadas de acuerdo con el valor comercial y por encima del precio de tierras
similares en otras zonas, las cuales llegan a costar un peso el metro cuadrado,
sostiene Juan Pablo Gómez Morín Rivera, presidente de la Comisión de Avalúos
de Bienes Nacionales (Cabin).
NO
TEMO UN JUICIO: LICHTINGER.
Xóchitl Álvarez, El Universal, página 21, viernes 9 de noviembre.
Víctor Lichtinger, secretario de Medio Ambiente, señaló que en la oposición
del gobierno del Distrito Federal al aeropuerto de Texcoco hay un interés
"por seguir tirando la basura en ese lugar", y dijo que no le preocupa
el juicio político que pretenden en su contra el Partido Verde Ecologista de México
y ejidatarios del estado de México por la expropiación de tierras. "Ellos
tienen derecho a pedir eso, pero nosotros actuamos muy bien", indicó al término
de la firma de un convenio para la protección de la fauna silvestre con el
gobierno de Guanajuato.
LA
CRISIS DEL CAMPO MEXICANO, TAN GRAVE COMO LA QUE PADECE EL PRI: NABOR OJEDA.
Mario Peralta, Excélsior, página
15, viernes 9 de noviembre.
La crisis del campo es mucho más grave de lo que reconocen los dirigentes
campesinos y el secretario de Agricultura: “es tan grave, diría yo, como la
que vive el PRI, que está a punto de desaparecer”, afirmó Nabor Ojeda,
secretario general de la Confederación Nacional Campesina en el exilio, cuando
exigió a Heladio Ramírez López que deje de simular y actuar al margen de la
ley.
EL
EJECUTIVO PRESENTARÁ SÓLO UN PRESUPUESTO DE GASTO.
Mónica Pérez, Milenio Diario, página 31, viernes 9 de noviembre.
No hay dos presupuestos, sólo uno y sin Reforma Fiscal. Fuentes de Hacienda
revelaron que si acaso existe un Plan B es sólo de la Presidencia de la República
y no tiene que ver con la elaboración de dos presupuestos.
VANGUARDIA
POLÍTICA.
Columna de Aurora Berdejo, El Sol de México, página 15, viernes 9 de noviembre.
Por lo visto la decisión de la ubicación del Aeropuerto Internacional de México
en Texcoco ya ocasionó una contradicción interna más en el gobierno foxista,
pues el procurador Agrario, Valdemar Martínez, declaró que no se justifica la
causa de utilidad pública del decreto expropiatorio y adicionalmente que el
precio de los terrenos ha sido fijado en forma inadecuada, pues su valor es muy
superior.
TEXCOCO:
LA ÚLTIMA CARTA.
Jorge Santa Cruz, Novedades, página 17, viernes 9 de noviembre.
La construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco podría retrasarse tanto como
lo que le resta al gobierno del presidente Fox, si no es que de plano se cancela
definitivamente. Al menos eso se traduce de la entrevista concedida a Radio 13
por el maestro en Derecho, Ignacio Burgoa Orihuela.
SERPIENTES
Y ESCALERAS.
Columna de Salvador García Soto, La
Crónica de Hoy, página 10, viernes 9 de noviembre.
La nobleza del Procampo no está a discusión. Pero al amparo de esa nobleza,
los funcionarios que manejan ese programa han incurrido en irregularidades
graves en la normatividad interna y han realizado pagos por más de 1 millón
600 mil pesos fuera de norma.
AEROPUERTO
ALTERNO AL DE LA CD. DE MÉXICO
"EL
AVALÚO DE $7.20 SE DEBE A LA MALA CALIDAD DE LA TIERRA”.
Angélica Enciso, La Jornada, página 28, viernes 9 de noviembre.
Las
5 mil 300 hectáreas expropiadas en Texcoco para la construcción de la nueva
terminal aérea, calculadas en 7.20 pesos por metro cuadrado, fueron valuadas de
acuerdo con el valor comercial y por encima del precio de tierras similares en
otras zonas, las cuales llegan a costar un peso el metro cuadrado, sostiene Juan
Pablo Gómez Morín Rivera, presidente de la Comisión de Avalúos de Bienes
Nacionales (Cabin).
En
entrevista, precisa que la mala calidad del suelo agrícola, su salinidad y su
baja productividad, así como su cercanía con el Distrito Federal y las zonas
urbanas de Texcoco, fueron aspectos que determinaron el precio. No se tomó en
cuenta el fin para el cual la superficie ejidal fue expropiada, ya que la Ley
Agraria de 1994 no lo considera, y esas tierras no tienen valor catastral porque
son ejidales.
Defiende
que la valuación está fundamentada "en datos reales del mercado" y
tenemos "todas las justificaciones y los elementos para argumentar ese
valor". Esta valuación no es la definitiva, porque todavía falta por
hacerse la relacionada con los bienes muebles con que cuentan las parcelas, y es
un proceso que llevará tiempo, indica el funcionario del organismo
desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Los
criterios del avalúo
-¿Cuál
fue el procedimiento para la valuación de los terrenos de Texcoco?
-La
valuación de los terrenos para el proyecto del aeropuerto en los 13 ejidos de
Texcoco se hizo con las técnicas que se usan para terrenos agrícolas como
esos, con base en los valores de terrenos similares en la zona y en otras áreas
del valle de México. Se tomó en cuenta el precio en que se ofrecen terrenos
similares y con condiciones no tan malas como las que tiene la superficie
expropiada. Difícilmente en el valle hay terrenos de tan baja calidad agrícola
como los de Texcoco, que fueron el fondo del lago; la salinidad es altísima y
la productividad de la tierra es baja.
''Tenemos
todas las justificaciones y los elementos para argumentar el valor. Se tomó con
base en referencias de mercado, como siempre ocurre en los avalúos de los
terrenos; se hacen ajustes particulares y se llega al valor mediante la técnica
de homologación. Cuando son terrenos agrícolas también se debe tomar en
cuenta la productividad, la cual aquí es muy baja. Todo esto fue en contra de
los terrenos''.
-¿No
se tomó en cuenta el valor catastral de las tierras y además el que la Ley
Agraria establece que se debe partir del valor comercial?
-Investigamos
el valor catastral para el avalúo y encontramos que no existe, porque la mayor
parte son tierras ejidales; 98 por ciento está bajo ese régimen. Además ese
valor ya no se toma en cuenta porque la Ley Agraria de 1994 dice que las
expropiaciones se deben pagar a valor comercial, no catastral, como antes.
-Para
la valuación, ¿se consideró el fin para el que fueron expropiados los
terrenos?
-Hasta
1992 la Ley Agraria si mencionaba que se tenía que tomar en cuenta el destino
final de las tierras, pero con la nueva ley no. Antes el destino final podía
subir o bajar los valores. La ley cambió hace siete años y ya no se toma en
cuenta el fin. En este caso, de las 5 mil 400 hectáreas expropiadas, alrededor
de 2 mil 60 se dedicarán al aeropuerto y el resto a la zona de conservación
ecológica.
-¿Hay
otras tierras del país que sean equivalentes a estos terrenos en su calidad y
precio?
-Tierras
similares de tan mala calidad tienen valores de 10 mil pesos o menos por hectárea,
lo cual puede ser un peso el metro o menos. Son tierras que para la agricultura
no valen nada. Recalco que son tierras agrícolas, porque el Plan de Desarrollo
Urbano para el Estado de México y el Valle de México designa que estas tierras
son de uso agrícola. No son de uso habitacional o comercial, lo cual sería
otro asunto; tienen uso agrícola. Tierras agrícolas de mejor calidad valen
tres, cuatro o hasta 15 pesos la hectárea. Otras expropiaciones que se han
hecho de terrenos de temporal, como esos, han tenido estos precios.
-¿Recuerda
algún caso en particular?
-Están
los terrenos de la carretera México-Tuxpan que están en zonas colindantes de
los estados de México e Hidalgo. Las expropiaciones de esos tramos carreteros
se pagaron en 30 mil o 40 mil pesos la hectárea -tres o cuatro pesos el metro-.
La valuación que hasta hoy hemos hecho incluye sólo el valor de la tierra. El
proceso completo de expropiación y de indemnización a los expropiados incluye
pagarles la superficie más todos los bienes distintos que haya en los terrenos.
''Faltan
bienes como las obras para mejorar la tierra. Hay gente que ha quitado la
salinidad, que tiene instalaciones de riego y todas las construcciones que van
desde cercos hasta casas. Todo esto falta. Es la segunda fase del proceso. Una
vez que se hizo la expropiación, las secretarías de Comunicaciones y
Transportes y de Medio Ambiente tienen que solicitar la valuación de los bienes
distintos a la tierra para proceder con toda la indemnización."
-Frente
a los cuestionamientos sobre el precio de las tierras, ¿cuál es la defensa que
usted haría de esta valuación?
-Sobre
la parte técnica de la valuación tenemos que defender que está fundamentada
en datos reales del mercado por las condiciones de los terrenos. El reporte que
hasta ahora se ha hecho, que sólo incluye el valor de la tierra, se hizo con
las técnicas reconocidas de valuación. Los bienes distintos a la tierra también
se valuarán. Esta es la defensa técnica del asunto.
''La
parte social corresponde a otras áreas del gobierno federal. Y nosotros cuando
más podremos aportar algunos elementos que se deban tomar en cuenta, como la
experiencia de otras expropiaciones en otras obras de gobierno. Nosotros tenemos
todas las justificaciones, el expediente con todos los elementos y las encuestas
que se hicieron para ver los valores de la tierra. Tenemos los planos y los
estudios así como los planes de desarrollo. Tendremos que aportar todos los
elementos para argumentar ese valor''.
-¿Están
seguros de que el avalúo es correcto?
-En
este momento no puedo decir sí o no, porque el avalúo todavía no termina.
Faltan los bienes distintos a la tierra y algunos otros elementos. Entonces, si
me pregunta si no se les va a aumentar nada, le diría que todavía falta. En el
monto de la indemnización faltan bienes a considerar aparte de la tierra. El
proceso no ha terminado.
-¿Cuáles
son los parámetros de mercado para ubicar el precio de las tierras?
-Los
rangos que se manejan son: terrenos de pobre calidad, como estos de Texcoco,
tienen un valor por hectárea de entre 5 y 15 mil pesos -1.50 pesos el metro
cuadrado-. Los terrenos de agostadero o temporal, no tan malos, tienen valores
que van de 15 a 50 mil pesos la hectárea -1.50 a 5 pesos el metro cuadrado-.
Los terrenos de riego de alta productividad, dependiendo de las zonas, andan de
50 mil a 150 mil pesos la hectárea -5 a 15 pesos el metro cuadrado-. Estos serían
rangos de la tierra agrícola en el país.
-De
acuerdo con estos rangos, en Texcoco se estaría pagando más.
-Sí,
porque estas tierras, a pesar de que son muy malas y tienen un uso restringido
agrícola, están entre la ciudad de México y Texcoco. Tuvimos que tomar en
cuenta una influencia urbana en ella. Esa tierra aunque sea mala queda a 10 o 15
kilómetros de Texcoco; queda en la zona noreste de la ciudad de México. Todo
eso tiene un valor que se tomó en cuenta para darles el sobreprecio.
-¿En
cuánto se comercializan los terrenos privados en esa zona?
-Las
referencias son desde 15 mil pesos la hectárea hasta 500 mil pesos, según el
uso y dónde estén. El papel de Cabin es la parte técnica y quizá haya más
elementos que se deban tomar en cuenta en la indemnización, algo que nos toca a
nosotros, y otra es la reubicación de la gente. Esto va más allá de Cabin.
Tratamos de establecer el valor que consideramos más preciso, más adecuado.
NO
TEMO UN JUICIO: LICHTINGER.
Xóchitl Álvarez, El Universal, página 21, viernes 9 de noviembre.
Víctor Lichtinger, secretario
de Medio Ambiente, señaló que en la oposición del gobierno del Distrito
Federal al aeropuerto de Texcoco hay un interés "por seguir tirando la
basura en ese lugar", y dijo que no le preocupa el juicio político que
pretenden en su contra el Partido Verde Ecologista de México y ejidatarios del
estado de México por la expropiación de tierras. "Ellos tienen derecho a
pedir eso, pero nosotros actuamos muy bien", indicó al término de la
firma de un convenio para la protección de la fauna silvestre con el gobierno
de Guanajuato.
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS
LA
CRISIS DEL CAMPO MEXICANO, TAN GRAVE COMO LA QUE PADECE EL PRI: NABOR OJEDA.
Mario Peralta, Excélsior,
página 15, viernes 9 de noviembre.
La
crisis del campo es mucho más grave de lo que reconocen los dirigentes
campesinos y el secretario de Agricultura: “es tan grave, diría yo, como la
que vive el PRI, que está a punto de desaparecer”, afirmó Nabor Ojeda,
secretario general de la Confederación Nacional Campesina en el exilio, cuando
exigió a Heladio Ramírez López que deje de simular y actuar al margen de la
ley.
El
diputado Nabor Ojeda aseguró que él fue electo en tiempo y forma, y en
condiciones de legalidad, secretario general de la CNC, mientras que Heladio
“simuló un congreso extraordinario y en la clandestinidad emergió como
presidente de la CNC, además de que el periodo que era de tres años en la
dirigencia lo alargó seis”.
El
legislador sostuvo que el caso de la CNC no es tan grave como el del PRI, en el
que Ramírez también tiene mucho que ver, pero en lo mal que le ha ido al
partido.
“El
campo vive una etapa difícil como producto de los tiempos en los que lo que
manda es el capital, y en México los capitalistas no invierten en el campo,
sino al contrario; hombres como Heladio, cuando pudieron, acabaron con la
Aseguradora Nacional Agrícola, el Banco de Crédito Agrícola y el Banco de Crédito
Ejidal y están pugnando por desaparecer Banrural.
Los
créditos llegan tardíamente y los campesinos pobres que son la mayoría, no
encuentran solución a sus problemas; el campo está descapitalizado y la
recomendación que el Gobierno Federal (Sagarpa y Reforma Agraria) hace a los
campesinos es que lo mejor es vender la tierra, pues las importaciones, aunque
atentan contra la soberanía nacional, implican menos inversión que el trabajo
para producir en el agro, que enfrenta otro grave problema: la falta de mercado.
Nabor
Ojeda aludió a lo establecido en el, Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá, referente a que Estados Unidos nos tiene que abastecer de
granos, situación que afecta a nuestros productores, y eso ha llevado a un
decaimiento en el campo, obligando a muchos productores a “tocar nichos” que
antes no se tocaban, como es la floricultura, algunas hortalizas que no se dan
en los países del norte y así ajustamos más a la economía de los
“gringos” para que la agricultura sea un factor de peso político cuando
durante mucho tiempo fue el sostén de la economía mexicana, que además cabe
decir, nos permitiría vivir mucho tiempo mejor esta época de la petrolización,
aunque cabe señalar, dijo el entrevistado, que “nuestro petróleo ya casi es
de ellos”, y ahora van por la mano de obra más barata, que es la del
campesino.
Los
estrategas de la política agrícola del país no se han desvelado buscando qué
es lo que se quiere y a dónde queremos llevar las cosas.
Parece
que se han quedado con lo que se encontró hace 20 años: “querer organizar a
la gente del campo, y hay que reconocer que ha habido ejidos con alta
productividad, pero la real organización nunca llegó, los campesinos están
dispersos y solamente son tomados en cuenta en periodos de elecciones, pues le
representaban al partido seis o siete millones de votos y lo que se necesita
como es la modernización, la tecnificación, nadie nunca se la ha dado.
Algo
que hay que destacar, dice Nabor Ojeda, es que del campo, con todos los
problemas que han existido, proviene la cuarta parte de los profesionistas que
hay en el país.
Y
antes de continuar, ataja el diputado: “En teoría sabemos mucho, se habla
mucho, pero no se hace algo urgente; se habla de la cadena productiva, ya que
hasta el momento el agroproductor no se lleva ni cinco por ciento de lo que
produce; el que más gana es el que comercializa, el que tiene la forma de
ponerlo directamente al consumidor, ese es el que gana.
“Actualmente
ni siquiera se ha puesto a disposición de los hombres del campo técnicas
adecuadas; la mayoría emplea los químicos que nos imponen los países
desarrollados, pero nadie hace algo para evitarlo, aunque cuando se tiene el
ejemplo de los cafeticultores de Chiapas que producen “ café orgánico” y
han encontrado un gran mercado en Europa, pues como no emplean fertilizantes,
sino que lo cultivan a la antigua, con desechos orgánicos, no expone a los
consumidores a contraer el cáncer.
Lo
anterior es una demostración de que nos conviene redinamizar estrategias u
hacer uso óptimo del agua.
Al
campo no se lo han podido acabar a pesar de tanta agresión y uno de los
atentados más graves fueron las reformas al 27 Constitucional por Salinas de
Gortari en 1992.
GOBIERNO
FEDERAL
EL
EJECUTIVO PRESENTARÁ SÓLO UN PRESUPUESTO DE GASTO.
Mónica Pérez, Milenio Diario, página 31, viernes 9 de noviembre.
No
hay dos presupuestos, sólo uno y sin Reforma Fiscal. Fuentes de Hacienda
revelaron que si acaso existe un Plan B es sólo de la Presidencia de la República
y no tiene que ver con la elaboración de dos presupuestos.
Así,
el Paquete Económico que se presenta hoy a los diputados contempla un Proyecto
de Presupuesto con un piso presupuestal de un billón 400 mil millones de pesos.
Todavía
ayer y aún por la tarde, la gente de programación aún estaba dándole
“pinceladas finales” y afinando detalles del presupuesto que se presenta
–según lo prometió el presidente, hoy a los legisladores.
Fuentes
de Hacienda, revelaron que en particular el gasto programable y las
participaciones a los Estados y municipios será de entre aproximadamente 62% de
todo el gasto total para el 2002, de donde las participaciones a las entidades
federativas sumarán 207 mil millones de pesos.
Las
fuentes consultadas destacaron que el presupuesto para el segundo año de
Vicente Fox es tan austero que el gasto programable –que considera sólo el
gasto de la administración pública descentralizada, organismos y empresas y
poderes y entes públicos autónomos, como Legislativo, Judicial, IFE y CNDH–
como proporción del PIB será uno de los más bajos de toda la historia.
“Por
ejemplo, el IFE presentó un proyecto de presupuesto con cero por ciento de
aumento en poco más de 5 mil millones de pesos, pese a que tienen en el cierre
del año procesos electorales”.
El
gasto programado para la Presidencia es de mil 700 millones de pesos, casi igual
y “entonces menor en términos reales al del presente año una vez tomando en
cuenta el efecto inflacionario”.
Pero
la austeridad va más allá. Sostienen que pese a que hay un esfuerzo para
apoyar la inversión en infraestructura como Pemex, CFE y comunicaciones, casi
la mitad se financia con Pidiregas.
El
total de inversión es de alrededor de 220 mil millones de pesos de donde la
mitad será física y la otra de Pidiregas.
El
gasto social se verá “seriamente” afectado. Sedesol, que en el presente año
tiene un presupuesto de 14 mil millones de pesos, tendrá para el 2002 un gasto
de 15 mil millones, sin embargo, si se considera todo el gasto en inversión
social, en el segundo año de Vicente Fox ésta caerá poco más de 60%.
Medio
Ambiente se queda con un presupuesto de 13 mil millones de pesos, Reforma
Agraria casi con 2 mil millones, por poner algunos ejemplos, señalaron.
Una
característica adicional que contempla este proyecto presupuestal es que
Hacienda por primera vez en varios años no solicita endeudamiento externo.
“Todo el financiamiento será con deuda interna”, acotaron. Asimismo,
sostuvieron que el déficit del sector público sumará 40 mil millones de
pesos, 0.64% del PIB.
Cuestionados
en torno a si ahora sí están incluidas las oficinas de la Presidencia en el
presupuesto, acotaron que no. A lo más se trabajó en etiquetar el presupuesto
de varias dependencias para dárselo al Plan Puebla Panamá, que serán casi de
5 mil millones de pesos. “Pero eso es presupuesto de varias dependencias que
se coordinará con Florencio Salazar”.
La
presentación del Presupuesto también cambiará. Ahora vamos a poder ver que
cada ramo presupuestal tendrá las divisiones de las oficinas de Presidencia,
“los facilitadores” de Vicente Fox, que son Eduardo Sojo, José Sarukhán Kérmez
y Adolfo Aguilar Zinser.
Por
ejemplo, el gasto de la Secretaría de Salud tendrá tres grandes apartados. El
que compete a Desarrollo Social y Humano, el que se clasifica como gasto para el
Crecimiento con Calidad y el que se refiere a Orden y Respeto.
“Lo
anterior es para que el gasto que ahora intenta evaluarse conforme a objetivos
sirva para observar el cumplimiento de las metas del gobierno de Vicente Fox en
cada una de las áreas que la Presidencia fijó como estratégicas”.
Esta
nueva clasificación programática fue la que desgastó a la gente responsable
de elaborar el presupuesto, pues la subsecretaría de Egresos no sólo tenía
que acordar con cada dependencia, sino luego ir a solicitar la venía de la
Presidencia. Aseguraron que el margen de maniobra es bastante magro, incluso
para negociar con los legisladores. “La rebatinga se va a dar en el Ramo 33 sólo
ahí hay margen de negociación”.
OPINIÓN
VANGUARDIA
POLÍTICA.
Columna de Aurora Berdejo, El Sol de México, página 15, viernes 9 de noviembre.
Por lo
visto la decisión de la ubicación del Aeropuerto Internacional de México en
Texcoco ya ocasionó una contradicción interna más en el gobierno foxista,
pues el procurador Agrario, Valdemar Martínez, declaró que no se justifica la
causa de utilidad pública del decreto expropiatorio y adicionalmente que el
precio de los terrenos ha sido fijado en forma inadecuada, pues su valor es muy
superior.
El
problema de fondo es que esta argumentación tiene que ver con la óptica del
propio gobierno federal respecto a la interpretación de lo que es utilidad pública,
y si bien es cierto que los servicios públicos tienen esta característica,
dejan de tenerla cuando se convierten en entidades del sector privado cuyo
objetivo primordial es el lucro. En otras palabras, un aeropuerto es un servicio
público, pero si el propósito de la construcción de éste obedece -como es el
caso de Texcoco-, al gran negocio de inversión privada, por cierto
mayoritariamente extranjera, se desnaturaliza el concepto constitucional
originado en el artículo 27.
Por ello
es correcta la percepción del procurador Agrario, pero más aún, no solamente
el recurso de la vía de amparo mantendrá en situación jurídicamente difícil
a este proyecto mal consensuado, sino también la afectación a la competencia
que en materia ecológica tiene el Distrito Federal y que se verá afectada
gravemente por la construcción de esta terminal aérea, por lo que por esta razón
es válido suponer que será aceptada la demanda de controversia constitucional
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que presente en su caso el
gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
A mayor
abundamiento, el municipio de Texcoco y el de San Salvador Atenco también podrían
plantear esta vía constitucional y por si todo esto fuera poco, la garantía de
un medio ambiente adecuado al que tienen derecho todos los mexicanos abre el
abanico de la instancia del juicio de garantías a miles de ciudadanos del
Estado de México y aun del DF que en lo personal pudieran plantear el amparo
respectivo.
Es
importante el desarrollo que generan los proyectos de gran magnitud como este,
pero se derrumban si como el proyecto de Reforma Fiscal y de Reforma Eléctrica,
no son consensuados adecuadamente con todos los protagonistas e
interesados.
Así
pues, independientemente de la opinión de los patos silvestres que ya ofreció
con toda oportunidad el señor secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro
Cerisola; independientemente de la voluntad del gobernador del Estado de México,
Arturo Montiel, quien se alía con distintas fuerzas y ha dejado pasar su
oportunidad política de crear un verdadero grupo propio para convertirse en
simple peón del juego federal al servicio a veces de Zedillo, a veces de los
intereses de Hank y también en ocasiones con el propio presidente Fox,
independientemente de estas opiniones será una tarea cuesta arriba la realización
de este proyecto, pues qué inversionista podrá arriesgar su capital en un
asunto que se encuentra sujeto a múltiples decisiones jurídicas del poder
Judicial.
TEXCOCO:
LA ÚLTIMA CARTA.
Jorge Santa Cruz, Novedades, página 17, viernes 9 de noviembre.
La
construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco podría retrasarse tanto como lo
que le resta al gobierno del presidente Fox, si no es que de plano se cancela
definitivamente. Al menos eso se traduce de la entrevista concedida a Radio 13
por el maestro en Derecho, Ignacio Burgoa Orihuela.
El
jurista promoverá un juicio de amparo ante la justicia federal en representación
de los ejidatarios de San Salvador Atenco, Estado de México. “Lo hago por
vocación y por emoción, por defender al más débil”, dijo el maestro emérito
de la UNAM a dicha radiodifusora el pasado martes 6 de junio.
Burgoa
insiste en que la sede de la nueva terminal aérea es inapropiada para el uso
que se le quiere dar y se dice dispuesto llegar hasta donde sea necesario para
defender el patrimonio y el futuro de la gente humilde y ejemplificar: la
expropiación reduciría el ejido de San Salvador Atenco a una décima parte de
su tamaño actual.
Así
pues el asunto del nuevo aeropuerto dista mucho de estar concluido, con todo y
que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, diga contar
con el aval de los patos que viven en esa zona de reserva ecológica.
De
entrada, una vez promovido el juicio de amparo, no habrá poder humano que saque
a los ejidatarios de San Salvador Atenco de sus tierras y no se podrán iniciar
los preparativos para la construcción de la nueva terminal aérea.
La
institución del amparo, una de las más nobles del derecho mexicano, la que
alguna vez fue ejemplo para el mundo, no sólo será invocada en defensa de los
campesinos afectados, sino que pondrá a prueba el aparato de justicia
de nuestro país, el cual es benigno con los poderosos ricos y muy severo
con los débiles y desposeídos.
Los
jueces han dado en fallar a favor de hombres acusados de fraudes
multimillonarios, como Ángel Isidoro Rodríguez Saez, alias “El Divino”, o
como Carlos Cabal Peniche, esos casos han sido del orden penal pero conviene
preguntarse: ¿ganarán también los ejidatarios de San Salvador Atenco el
amparo contra la expropiación de sus terrenos?, ¿podrán contra los intereses
políticos y económicos que se mueven detrás del nuevo aeropuerto? Los
impartidores de justicia estarán bajo la lupa de la nación entera y lo menos
que se le puede pedir es que actúen con apego a nuestras leyes, con
imparcialidad y atendiendo al interés colectivo.
Hasta
el momento no han sido atendidos los señalamientos de los lugareños, de los
especialistas en impacto ambiental y los interesados en el tema de la seguridad
aérea. Han hecho caso omiso a las advertencias de que el suelo lacustre de
Texcoco es inadecuado para construir el nuevo aeropuerto. No han querido tomar
en cuenta argumentos tan simples –pero igualmente válidos– como el de que
las aves que viven en esa zona podrían ir a dar contra las turbinas de los
aviones.
Así
pues, está por librarse la última batalla en el caso Texcoco. Se hará ante
los máximos tribunales del país, hasta donde llegarán todas las pruebas y
argumentaciones jurídicas recabadas por el más profundo conocedor del juicio
de amparo.
El
doctor Burgoa escribirá, otra página memorable de nuestra maltrecha historia
contemporánea, como cuando enfrentó al presidente José López Portillo y al
PRI por al estatización de la banca. No le tembló la mano, tampoco la voz,
para denunciar a uno de los mandatarios más absolutistas que ha tenido México.
Ha
llegado la hora de revindicar la noble figura del juicio de amparo, tan
ensuciado por jueces que han dejado a violadores y asesinos de niñas, a
narcotraficantes y delincuentes de “cuello blanco”.
En
Texcoco se juega más que el futuro de jugosos negocios. Lo que está de por
medio es la dignidad de una nación que se ha tenido que acostumbrar a los
abusos de poder, a las decisiones de la camarilla, a la impunidad, a la ley del
más fuerte.
SERPIENTES
Y ESCALERAS.
Columna de Salvador García Soto, La
Crónica de Hoy, página 10, viernes 9 de noviembre.
La
nobleza del Procampo no está a discusión. Pero al amparo de esa nobleza, los
funcionarios que manejan ese programa han incurrido en irregularidades graves en
la normatividad interna y han realizado pagos por más de 1 millón 600 mil
pesos fuera de norma.
El
director del Procampo, Juan Antonio Fernández Ortíz –a quien Guillermo H.
Cantú se refiere en su libro “Asalto a Palacio” como “oficial del ejército
foxiano”—, autorizó pagar los apoyos a unos 50 mil productores que tienen
problemas de regularización de sus tierras, a pesar de que una de las
principales reglas de operación del programa dice que las superficies que se
apoyen con el subsidio deben estar regularizadas.
El
asunto no es nuevo. Desde el sexenio pasado están en el padrón de
beneficiarios del Procampo esos 50 mil productores con tierras irregulares. Para
pagarles en años anteriores, se firmaron convenios con los gobiernos de los
Estados que se comprometían a promover la regularización de esas tierras, a
través del programa Aserca. Esos convenios daban sustento legal a los pagos.
Pero
con el cambio de administración, la nueva dirección de Procampo se olvidó de
firmar esos convenios. Aún así se metió al padrón a los productores con
tierras irregulares y se les pagó contraviniendo la norma.
Y
para cubrir la irregularidad y justificar los pagos se giró una circular con la
que se pretende sustentar la entrega de recursos por los mil 600 millones de
pesos. Ese documento sólo tiene validez interna en las oficinas de Procampo y
no puede estar por encima de las normas del programa que están publicadas en el
Diario Oficial de la Federación.
El
problema no es que se hayan entregado los apoyos a los campesinos, sino que Fernández
Ortíz y sus colaboradores no hayan cuidado que se cumpliera la norma. Eso puede
significar dos cosas: o el director y los funcionarios de Procampo desconocen
las normas con que debe operar ese programa o aún conociéndolas no les importó
violarlas. Las dos serían graves, pero la segunda es sancionable.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx