Martes 29 de mayo
de 2001
Martes 29 de mayo
de 2001
Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Reforma • El Universal • La Jornada• El
Financiero
• La Crónica de Hoy • La Prensa • El Sol de México
EL GOBIERNO TODAVÍA TIENE UNA DEUDA CON LA GENTE DEL
CAMPO.
Matilde Pérez U. La Jornada, página 43.
El postulado de Emiliano Zapata: "La tierra es de quien la trabaja"
sigue vigente. Este gobierno pretende que ello se cumpla, dice María Teresa
Herrera Tello, secretaria de la Reforma Agraria y enumera cuatro mecanismos para
lograrlo.
CAMBIOS
PROFUNDOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Moisés Sánchez Limón, La Crónica de Hoy, página 12. También aparece en
Reforma.
En la elaboración del PND se recogieron 400 mil propuestas recibidas de la
consulta ciudadana. Lo mandarán ante el Congreso de la Unión
como fundamento del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND).
ANUNCIAN RECHAZO A LA LEY INDÍGENA.
Juan José Arreola y Gilberto Córdova, página 12.
El Congreso en Guanajuato determinó en primera instancia no aprobar la ley indígena
y en Querétaro hubo un empate en las votaciones, al no asistir a la sesión la
diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ivonne
Vandenpeereboom Jiménez.
CONVERTIR
AL CAMPO EN UNA LEY DE CAPITALIZACIÓN RURAL, PROPONE USABIAGA.
Luz María Noriega, El Sol de México, página 6.
El secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, propuso al Congreso de la Unión
convertir al Procampo en una Ley de Capitalización Rural, para que con ello los
campesinos puedan tener acceso a los recursos de ese programa en los próximos
ocho años, para invertirlo en su tierra y los procesos productivos inherentes.
FUERA CAUDILLOS Y “TRIBUS” DE LA CNC Y PRI: HELADIO
RAMÍREZ.
Virginia A. Pérez, La Prensa, página 7.
En el proceso democratizador del PRI es una premisa enterrar el caudillismos y
desplazar a las “tribus” que provocan enfrentamientos internos, dividen a
los prisitas y tratan de acabar al instituto tricolor, afirmó el líder de la
Confederación Nacional Campesina (CNC), Heladio Ramírez López, al reconocer
que se ha excluido a muchos de los mejores cuadros campesinos cenecistas de las
contiendas electorales.
DEFIENDE BCS CONTROL DE ARCHIPIÉLAGO.
Leobardo González Castro, El Universal, página 8B./Información también
publicada en Agenda, la Jornada, página 42.
Miembros del ejido Alfredo V. Bonfil y pescadores ribereños de La Paz se oponen
a la puesta en marcha de planes de manejo en el archipiélago de Espíritu Santo
que comprende, entre otras, las islas Espíritu Santo, San José y La Partida.
CON ZEDILLO, LA GUERRA SUCIA SE PRIVATIZÓ EN
CHIAPAS.
José Reveles, El Financiero, página 1/43.
En el año 2000 no solamente concluyó la larga hegemonía del partido oficial
en Chiapas y en México, sino que se marcó “el fin del sexenio de la
guerra sucia en Chiapas”.
ESTUDIAN DESALOJAR A INVASORES.
Almendra Vázquez Bravo, página 12B.
El gobierno del estado de México estudia el retiro de las 600 familias que
habitan "indebidamente" el predio El Salado, pero asegura que no será
mediante desalojo violento, sino a través de contrataciones con la gente con
posibilidades de una reubicación.
PREVÉN CONSULTA PARA PROBLEMA LIMÍTROFE.
Juan Manuel Barrera Aguirre, El Universal, página 12B.
El gobierno del estado de México realizará una consulta pública para
solucionar el problema limítrofe del ejido Santiago Teyahualco, cuya
pertenencia es disputada por este municipio (Tultepec) y el de Tultitlán.
CHIMALHUACÁN SOLAPA INVASIONES, DENUNCIAN.
Rebeca Jiménez Jacinto, El Universal, página 12B.
Antorchistas,
protegidos por el alcalde Jesús Tolentino Román Bojórquez, han fraccionado
ilegalmente cerca de 3 mil predios, en las colonias Luis Córdova y Luis Donaldo
Colosio, invasiones que "no debe solapar" el gobierno estatal, señalaron
integrantes de la organización Sociedad Civil de Chimalhuacán.
TRES ASESINATOS MÁS POR LA DISPUTA DE 500 HECTÁREAS.
Matilde Pérez U, página 35.
La disputa por 500 hectáreas en el poblado Estancia Grande, estado de México,
sumó a sus 13 años de historia el asesinato de los líderes campesinos Fray
Reynoso Rodríguez, Antonio Fajardo Suárez y José Mercado Benítez, quienes
fueron emboscados la tarde del pasado domingo.
EXIGE COMUNIDAD 6 MIL HECTÁREAS.
Patricia Ramírez, Reforma, página 4-E.
La propiedad reclamada por la comunidad agraria de Atizapán podría
incrementarse de mil 650 a 6 mil hectáreas de acatarse los límites y medidas
estipulados en el título virreinal que les fue conferido.
SENTENCIA JUICIO AGRARIO.
Diario Oficial, El Financiero, página 2A.
El Tribunal Superior Agrario informa sobre la sentencia pronunciada en el juicio
agrario número 540/94, relativo a la dotación de tierras, del Municipio de Pánuco,
Veracruz.
CAMPESINOS INVADEN RANCHO QUE PERTENECIÓ AL NARCO FÉLIX
GALLARDO.
Nestor
Soriano, El Sol de México, página 1-B. También aparece en La Prensa.
La mañana
de ayer unos 300 campesinos pertenecientes al comité particular agrario
"General Emiliano Zapata", del municipio de Tlapacoyan, invadieron el
rancho "Camino Real", ubicado en el municipio de Nautla, mismo que
perteneció al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, recluido en el
penal de La Palma, en el Estado de México.
DE ESTO Y DE AQUELLO...
Francisco Cárdenas Cruz, Pulso Político, El Universal, página 8.
Leticia Navarro Ochoa y María Teresa Herrera Tello, secretarias de Turismo y de
la Reforma Agraria, respectivamente, han venido siendo blanco de críticas y
ataques de actuales o de efímeros ex colaboradores sobre su desempeño al
frente de esas dependencias, a cual más de infundados...
NOTICIAS
DEL SECTOR
EL
GOBIERNO TODAVÍA TIENE UNA DEUDA CON LA GENTE DEL CAMPO.
Matilde Pérez U. La Jornada, página 43.
El postulado de Emiliano Zapata: "La tierra es de quien
la trabaja" sigue vigente. Este gobierno pretende que ello se cumpla, dice
María Teresa Herrera Tello, secretaria de la Reforma Agraria y enumera cuatro
mecanismos para lograrlo: ordenamiento y regularización de la tierra;
organización y capacitación de los campesinos; activa participación de la
iniciativa privada en el desarrollo integral del agro, y la posible creación de
un fondo de tierras para que los hijos de los ejidatarios tengan créditos y
puedan comprar la tierra de sus padres. Eso está en estudio junto con el Banco
Mundial.
Esto, afirma, no requiere un cambio al artículo 27
constitucional, aunque sí un "ajuste" a la Ley Agraria. Considera que
tampoco sería necesario —en caso de que se reanudara el diálogo entre el
gobierno y el EZLN— instalar la llamada mesa agraria, como quedó pendiente en
los acuerdos de San Andrés. Del subcomandante
Marcos opina: "Es un hombre que lucha porque se cubra la deuda social
que se tiene con los indígenas de Chiapas y del país".
La ex magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia
de Nuevo León admite que todavía no se logra una justicia plena para la gente
del campo -particularmente ejidatarios, comuneros y auténticos pequeños
propietarios- y que el gobierno tiene una deuda con ellos.
Su reto al frente de la SRA, comenta, es "lograr elevar
el nivel y las condiciones de vida en las que vive la gente". Para eso hay
que trabajar en programas intersecretariales, a fin de combatir la pobreza en el
agro. "Es muy importante que las secretarías encaminemos nuestros recursos
y esfuerzos de manera conjunta, que no estemos dispersos en los programas,
porque a veces hacemos los mismos y con pocos resultados".
La especialista en derecho esboza lo que para ella debe ser
el campo del México del siglo XXI: campesinos que conozcan todos sus derechos;
una nueva actitud de los agricultores, entre quienes predominará la eficiencia
y calidad, y una iniciativa privada actuante en ese sector de la economía.
-¿Cómo le gustaría que la vigencia del postulado de Zapata
se reflejara en el campo?
-Logrando que el propietario de la tierra trabaje y viva en
ella.
-¿Y los actuales líderes agrarios?
-Quienes encabezan las organizaciones agrarias son
interlocutores del sector al cual representamos nosotros, como autoridad. Las
organizaciones son prácticamente gente que representa a los núcleos ejidales y
cumplen su labor social. Lo que he visto es que son gestores de la gente a la
que representan. Se les da atención de puertas abiertas dentro del marco de la
ley.
-La mayoría de los campesinos ya no confían en la SRA.
-No comparto esa opinión. Cuando vamos a los eventos
agrarios o a revisar la agenda agraria en los estados es ¡increíble! la
manifestación de confianza de la gente y eso nos da mayor responsabilidad
porque no podemos fallarle. Ve en la SRA una parte muy importante de su
seguridad.
-¿No será porque aún ven a la SRA como el padre, ahora
modernizado, que continuará resolviendo sus problemas?
-La actitud paternalista la tenemos que abandonar, pues no
funciona. Creo que el campo está viviendo una etapa de cambio de actitud, que
no se percibe porque estamos hablando de una población muy grande y debemos
estar a la expectativa de lo que ellos esperan de nosotros.
"No es posible que se perciba el cambio en seis meses de
gobierno, lo que pretendemos es iniciar el cambio y avanzar. No tenemos ninguna
otra expectativa que rea
lmente estar cerca de los
sujetos agrarios, apoyarlos, asesorarlos y, definitivamente, es que haya paz
social en el campo.
"No queremos ser simples espectadores, queremos llegar a
los problemas y tratar de resolverlos. Sabemos que hay problemas que tienen 50 años
o menos, pero no puedo decir que los voy a solucionar en días o meses. Sin
embargo, mi labor tiene que ser con ¡una visión de concluirlos!, ojalá y
fuera en el corto plazo".
-¿La estructura y funciones de la SRA quedaron rezagadas en
la historia?
-Se desconocen las funciones sustantivas de la SRA, no sólo
atendemos el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede),
organización y capacitación de los campesinos, o algunos conflictos agrarios,
también vemos las expropiaciones de los terrenos baldíos y nacionales, el
cumplimiento de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Todavía
tenemos mucho por hacer, en la medida en que cumpla sus fines entonces sí
podemos hablar de que ha cumplido su ciclo. Sabemos que los conflictos agrarios
no van a concluir y que debe haber un interlocutor, a lo mejor pudiese ser una
secretaría de Estado.
-¿Funciones jurídicas?
-No, también administrativas. Un programa fundamental es el
Procede, hay aún 48 millones de hectáreas por regularizar de los 103 millones
de hectáreas de propiedad social.
Siguen pendientes algunos acuerdos agrarios que venimos
cargando desde que concluyó el reparto agrario, en la medida en que las
posibilidades presupuestales lo permitan estaremos en condiciones de dar
cumplimiento a ellos. Estamos revisando todos los acuerdos agrarios, para
procurar que en aquellos casos en los que la SRA tenga alguna obligación, la
cumpla.
-¿Habrá que revisar nuevamente el artículo 27
constitucional?
-Lo que tendríamos que hacer es alguna propuesta de
modificación a la Ley Agraria, con la intención de que realmente los núcleos
agrarios se beneficien de su tierra. Establecer ciertas medidas que en un
momento dado impidan que, por ejemplo, se deshagan de su tierra, que pase a
manos de terceros, que no le saquen la plusvalía que tiene.
-¿Es intocable ese artículo?
-No nos corresponde a nosotros como Poder Ejecutivo; el
Legislativo será el que deberá hacer el estudio. Por el momento, a nosotros no
nos da problema.
-¿Cuál es su opinión como conocedora de las leyes del país?
-Como abogada, el artículo 27 dentro de la función de la
SRA no nos está dando problemas. Sin embargo, de llegarse a pensar en una
propuesta de reforma, veríamos en qué consiste. Desde mi punto de vista, el
artículo 27 marca la pauta a seguir para el sector agrario.
Escasez
de tierras
-Ya se terminó el reparto agrario, pero sigue la demanda de
tierra.
-Sí, siguen existiendo las demandas de tierra en muchas
partes del país, pero ¡ya no hay tierras que repartir!
-¿Tiene que haber un foro nacional abierto en el que los
campesinos pongan sobre la mesa sus demandas? ¿El gobierno federal está
dispuesto a escucharlos? Allí está pendiente el tema de instalar una mesa
agraria en los diálogos de San Andrés
-No hubo tal ley, no está en discusión; lo que acabamos de
pasar es una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.
Ya fue aprobada y lo que falta es que los estados emitan su opinión, y en un
momento dado la firmen con base en la reforma constitucional.
"Sí estamos de acuerdo en escuchar a los campesinos y
lo hacemos, tenemos representantes, delegados. En todas las giras de trabajo hay
un periodo de tiempo, un espacio en esas giras en donde se oye a los
comisariados ejidales, se revisa la agenda agraria con los gobernadores, se hace
una minuta de trabajo con nuestros representantes, incluso los mismos
comisariados, eso es escucharlos, estar con ellos, ir adonde están los
problemas.
-Entonces, ¿ya no sería necesario instalar la mesa agraria
de los acuerdos de San Andrés?
-Lo que puedo decir es que ahorita como quedó la reforma
constitucional no impacta al artículo 27 constitucional. La Ley Agraria tiene
artículos que se refieren a las comunidades indígenas y a la protección de
sus derechos, incluso a su representación en los procedimientos.
-En el México del siglo XXI ¿deben permanecer los ejidos y
comunidades, con sus actuales estructuras?
-En eso hay libertad, ellos deciden si continúan bajo ese régimen;
si no les interesa pueden adquirir el dominio pleno y definitivamente pasar a
propiedad privada. Allí está el respeto a la libertad.
-¿Si desaparecieran ejidos y comunidades cambiaría la
estructura agraria?
-No hay esa posibilidad, realmente se respetan las distintas
formas de propiedad y está incluso el respeto a la decisión que tomen los núcleos
agrarios de determinar en qué régimen desean seguir.
-Está en discusión la demanda de los pueblos indígenas de
que se les reconozcan sus territorios, no sus parcelas.
-La reforma constitucional les reconoce la tierra que poseen.
-Pero el concepto de territorio es distinto.
-Bueno, seguramente será materia de análisis para el
Legislativo el considerar entre tierra y territorialidad, pero las leyes no son
causísticas sino generales. Lo que puedo decir es que el concepto en que se tomó
la reforma constitucional es el de reconocimiento a la tierra que poseen.
Insiste en que la procuración de justicia "no ha sido
lo suficientemente eficiente", y que la Procuraduría Agraria tendrá que
hacer un mayor esfuerzo para cumplir con la labor conciliatoria que le impone la
ley.
A seis meses de estar al frente de la SRA, afirma que ya
conoce las entrañas de la institución .
-¿Cuál es su diagnóstico en estos seis meses?
CAMBIOS
PROFUNDOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Moisés Sánchez Limón, La Crónica de Hoy, página 12. También aparece en
Reforma.
En la elaboración del PND se recogieron 400 mil propuestas
recibidas de la consulta ciudadana. Lo mandarán ante el Congreso de la Unión
como fundamento del Plan Nacional de Desarrollo
2001-2006 (PND), que hoy dará a conocer a la nación, el presidente Vicente Fox
dice que hay insatisfacción de todos los mexicanos "con lo que hemos
logrado como país", y acusa: "hay quienes abogan por regresar al
pasado proteccionista".
Empero,
puntualiza, "sería erróneo pensar que el cambio aspirado por los
mexicanos implica ruptura, abandono y negación de lo que se ha logrado
antes".
Por
el contrario, subraya en el mensaje que hoy enviará a la nación al presentar
el PND, "la oportunidad de cambio es ocasión para mejorar lo existente; el
mejor camino para darle confianza y seguridad a México; la mejor manera de
encarar nuestra responsabilidad histórica".
Y,
en las previsiones de su Plan Nacional de Desarrollo, Vicente Fox advierte que
"no hubiera tenido sentido el cambio democrático en México si despertáramos
en seis años para descubrir que los problemas no han sido resueltos. No. La política
no será más "el arte de lo posible", haremos posible lo necesario y
lo llevaremos a cabo, lo más antes posible".
Sin
embargo, establece, "hay quienes abonan por regresar al pasado
proteccionista, por obstaculizar la innovación tecnológica, por atenuar la
competencia de los mercados, por aflojar el paso estabilizador y, en fin, por
resucitar un modelo "dirigista" obsoleto. Dicha salida es
probablemente falsa".
Por
tanto, expone que la tendencia de largo plazo de la productividad "es la
clave de la mejoría sostenida del bienestar de la población. Toda evidencia
disponible avala la idea de que lo relevante para el aumento de la productividad
cae en el ámbito de la política de cambio estructural".
Así,
entre otros puntos del PND, propone "replantear la estructura de la
administración pública" para imprimirle eficacia, acabar con el
burocratismo, terminar con la corrupción y con el dispendio, y subraya que está
dispuesto a "establecer una nueva relación entre el gobierno y la
sociedad", cimentada en el respeto, la transparencia y la rendición de
cuentas, "con servidores públicos dispuestos no sólo a servir a los
ciudadanos, sino a trabajar con ellos".
El
texto del PND, que hoy dará a conocer el Presidente de la República y que
enviará al Congreso de la Unión para su examen y opinión, consta de 167
cuartillas con nueve apartados e incluye el mensaje presidencial y los temas:
—Proceso
de Planeación; México: un país en proceso de cambio; Gobierno Federal
2001-2006; así como los Objetivos Rectores 2001-2006 de las áreas de Orden y
Respeto, Desarrollo Social y Humano, y de Crecimiento con Calidad, así como los
"Compromisos con la Nación", a la que siguen los anexos relacionados
con la lista de programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales.
Respecto
de los objetivos que pretende alcanzar con el PND, el presidente Fox alude a
"las reformas medulares" que su gobierno impulsará, a saber:
—Una
reforma que consolide el avance democrático; una reforma que abata la
inseguridad y cancele la impunidad; una reforma que permita combatir la pobreza
y lograr una mayor igualdad social; una reforma educativa que asegure
oportunidades de educación integral y de calidad para todos los mexicanos y las
mexicanas.
—Una
reforma que garantice el crecimiento con estabilidad en la economía, que tenga
como premisa fundamental ser incluyente y justo; una reforma que asegure la
transparencia y la rendición de cuentas en la tarea de gobierno.
representantes
Aguascalientes
Secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza.
Baja California
Cooordinador para la Alianza Ciudadana, Rodolfo Elizondo.
Baja California Sur
Director del Banco Nacional de Obras, Tomás Ruiz González.
Campeche
Coordinador del Plan Puebla-Panamá, Florencio Salazar.
Coahuila
Secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero.
Colima
Director del ISSSTE, Benjamín González Roaro.
Chiapas
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola.
Chihuahua
Secretario de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra.
Durango
Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha.
Guanajuato
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
Javier Usabiaga.
Guerrero
Secretaria de Turismo, Leticia Navarro.
Hidalgo
Director de la Comisión Nacional del Agua, Cristobal Jaimes.
Jalisco
Oficina de la Presidencia para la Innovación, Ramón Muñoz.
Edo de México
Titular del IMSS, Santiago Levy.
Michoacán
Director del Banco Nacional de Crédito Rural, Carlos Ruiz Galindo.
Morelos
Consejero jurídico de la Presidencia, Juan de Dios Castro.
Nayarit
Director de Nacional Financiera, Mario Laborín.
Nuevo León
Secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez.
Oaxaca
Secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota.
Puebla
Secretario de Energía, Ernesto Martens Rebolledo.
Querétaro
Titular del INFONAVIT, Víctor Manuel Borras Setien.
Quintana Roo
Titular del Fonatur, John Maccarty.
San Luis Potosí
Subsecretario de Gobierno de la Segob, Ramón Martín Huerta.
Sinaloa
Titular del Bancomext, José Luis Romero Hicks.
Sonora
Secretario particular del presidente, Alfonso Durazo.
Tabasco
Pemex, Raúl Muñoz Leos.
Tamaulipas
Comisionado para la Frontera Norte, Ernesto Ruffo.
Tlaxcala
Secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello.
Veracruz
Semarnat, Víctor Lichtinger.
Yucatán
CFE, Alfredo Elías Ayub.
Zacatecas
Secretario de Salud, Julio Frenk Mora.
ANUNCIAN
RECHAZO A LA LEY INDÍGENA.
Juan José Arreola y Gilberto Córdova, página 12.
El Congreso en Guanajuato determinó en primera instancia no
aprobar la ley indígena y en Querétaro hubo un empate en las votaciones, al no
asistir a la sesión la diputada local por el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), Ivonne Vandenpeereboom Jiménez. Sin embargo, la legisladora dijo que en
la próxima sesión del Congreso queretano votará en contra. En Guanajuato, los
integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales reunidos
este lunes para analizar la iniciativa de reformas a la Carta Magna en materia
de derechos y cultura indígenas dividieron decisiones resultando tres votos en
contra, dos en favor y dos abstenciones.
Los legisladores que votaron en favor de la ley indígena
fueron los panistas Jorge Ignacio Tapia Santamaría y Beatriz Hernández Cruz,
en tanto que el perredista Antonio Rico Aguilera y los del PAS Luis Fernando
García Arias y Luis Enrique Torres León emitieron su voto en contra.
En la primera votación de esa instancia legislativa el priísta
y coordinador de su fracción Francisco Arroyo Vieyra y el diputado del PAN
Salvador Márquez Lozornio se abstuvieron. Arroyo Vieyra consideró que la
iniciativa de ley indígena no plantea ninguna solución al conflicto
chiapaneco.
El perredista Antonio Rico Aguilera estableció que su voto
fue en contra porque considera que la ley indígena debe ser sometida a foros
para que sean especialista en la materia los que emitan su opinión. Los
diputados integrantes del Partido Alianza Social (PAS) Luis Fernando García
Arias y Luis Enrique Torres León que también votaron en contra, manifestaron
que lo hicieron porque la iniciativa no satisface a plenitud las exigencias de
la población indígena del país, sobre todo en lo que se refiere a la tenencia
de la tierra.
Por su parte Jorge Ignacio Tapia Santamaría y Beatriz Hernández
Cruz, del PAN y que fueron los únicos que votaron en favor, anticipan que la
aprobación de la ley surgirá el próximo jueves durante el pleno "porque
bastaría el voto particular del grupo parlamentario de nuestro partido para que
así suceda".
El Congreso del estado tiene 36 legisladores: 22 del PAN,
nueve del PRI, dos del PRD, dos del PAS y una del PVEM.
En Querétaro, la diputada Vandenpeereboom dijo que desde que
se inició el debate sobre la iniciativa de reformas constitucionales sobre
derecho y cultura indígena, "manifesté mi rechazo a la misma porque
responde a intereses creados".
La diputada "verde" fue la única de los 25
integrantes de la LIII Legislatura local que no asistió a la sesión ordinaria
en la que se discutió y sometió a votación la propuesta de enmiendas a los
artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que versan sobre derecho y cultura indígena.
Su ausencia forzó un empate, pues los 12 legisladores que
forman parte del grupo parlamentario del PAN votaron en favor de aprobar las
enmiendas constitucionales. Sin embargo, en contra de tales enmiendas se
agruparon los dos legisladores del PRD, el del PT, uno más del PARM y los ocho
integrantes de la bancada del PRI..
CONVERTIR
AL CAMPO EN UNA LEY DE CAPITALIZACIÓN RURAL, PROPONE USABIAGA.
Luz María Noriega, El Sol de México, página 6.
El secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, propuso al
Congreso de la Unión convertir al Procampo en una Ley de Capitalización Rural,
para que con ello los campesinos puedan tener acceso a los recursos de ese
programa en los próximos ocho años, para invertirlo en su tierra y los
procesos productivos inherentes.
Si se aprueba esto, comentó, se aplicarían alrededor de 80
mil millones de pesos en beneficio directo de los campesinos de menores
recursos.
Dijo que “los productores del agro ya no pueden seguir
aferrados a una actividad ancestral que practican, más que nada, por tradición,
no por convencimiento o por la búsqueda de mayor rentabilidad”.
Hoy, destacó, todos ellos deben voltear los ojos hacia la
rentabilidad, la tecnología moderna y la comercialización.
Indicó el funcionario que “bajo los sombreros de los
hombres del campo, se encuentra la sabiduría que se necesita para aprovechar
las oportunidades que se presentan y enfrentar las adversidades que
prevalecen”.
Aseveró el servidor público que la siembra de subsistencia
ha dañado de manera considerable tanto a los campesinos como al país en
general.
Ahora, agregó, “debemos aprovechar lo que nos ofrece un
mundo moderno en el que se requiere ser productivos. Se abren nuevas
oportunidades en la producción de proteína animal y en productos de calidad
que demanda la población y que deben ser atendidos adecuadamente”.
A las autoridades federales y estatales, dijo, les debe
quedar claro que los campesinos necesitan una respuesta inmediata.
Es por ello, comentó, que se han impulsado diversas
acciones, como odificar las reglas de operación del Procampo, para hacerlo más
humano.
Definitivamente, indicó, “el campesino ya no tiene que
hacer grandes filas para recibir los recursos de manera anticipada. Se está
facultando a los gobiernos de los estados para que participen de manera directa
en la planeación, organización y en la toma de decisiones de todos los
programas de la Alianza para el Campo y Procampo”.
FUERA
CAUDILLOS Y “TRIBUS” DE LA CNC Y PRI: HELADIO RAMÍREZ.
Virginia
A. Pérez, La Prensa, página 7.
En el proceso democratizador del
PRI es una premisa enterrar el caudillismos y desplazar a las “tribus” que
provocan enfrentamientos internos, dividen a los prisitas y tratan de acabar al
instituto tricolor, afirmó el líder de la Confederación Nacional Campesina
(CNC), Heladio Ramírez López, al reconocer que se ha excluido a muchos de los
mejores cuadros campesinos cenecistas de las contiendas electorales.
En el PRI ni en la CNC hay lugar
para los iluminados y caudillos y menos para los faccionalismos y las pugnas
infraternas, dijo al subrayar que el rumbo es claro y único, “todos con
participación y propuestas tenemos que trabajar por la creación de una nueva
CNC y un PRI democrático que responda a las diligencias de sus militantes”.
Subrayó que se debe aceptar que a
nivel nacional hay algunos que muestran desaliento por la falta de respuestas a
la problemática que vive la población y hay confusión o debilidad ideológica
entre militantes y dirigentes del PRI por la falta de conducción.
En consecuencia, el secretario
general de la CNC dijo que hay que impulsar un profundo cambio en el PRI, “y
el cambio más importante es transformar al viejo partido del poder que vivía
para el poder y para el poder y volverlo a sus orígenes, es decir a las causas
populares, a las bases sociales, al nacionalismo y la defensa innegociable de la
soberanía”.
DEFIENDE
BCS CONTROL DE ARCHIPIÉLAGO.
Leobardo González Castro, El Universal, página 8B./Información también
publicada en Agenda, La Jornada, página 42.
Miembros del ejido Alfredo V. Bonfil y pescadores ribereños
de La Paz se oponen a la puesta en marcha de planes de manejo en el archipiélago
de Espíritu Santo que comprende, entre otras, las islas Espíritu Santo, San
José y La Partida.
Al aprobarse esos planes de manejo, se obligaría a los
pescadores ribereños a realizar sus actividades a más de 20 millas de la
costa, mientras que los ejidatarios de Alfredo V. Bonfil, a pesar de contar con
los documentos que los acreditan como dueños, no podrán realizar actividades
de explotación ni edificaciones en las islas que están dentro del polígono
que comprende la propiedad ejidal.
El descontento ha llevado a los ejidatarios y pescadores a
cerrar primero la carretera que conecta a la ciudad de La Paz con la terminal
marítima de Pichilingue, durante el fin de semana, y ayer lunes, la delegación
de Semarnat. El propio presidente municipal de La Paz, Alfredo Porras Domínguez
encabezó las manifestaciones, bajo el argumento de que "hay una
controversia constitucional" ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
pues el 8 de octubre de 1974 se declaró la conversión de territorio a estado
de Baja California Sur, dejándole bajo su jurisdicción las 140 islas que se
encuentran del lado del Pacífico y del golfo de California; sin embargo, el 18
de abril de 2001, la Semarnat a comunicó al estado que esas islas son de
jurisdicción federal. "Quieren invalidar ese decreto de 1974, para poder
aplicar el plan de manejo de zonas de reserva; para conseguir recursos para el
Banco Mundial, la federación se ha apropiado de 42 por ciento del territorio
estatal a través de decretos como el de la Biosfera del Vizcaíno, la Biosfera
Sierra de la Laguna y ahora las islas", señaló el edil.
Por su parte, el dirigente de los ejidatarios, Javier Romero
Jordán, y el presidente de la federación de Cooperativas Pesqueras, Miguel Méndez
Sánchez, coincidieron en que no fueron tomados en cuenta para la elaboración
del plan de manejo de las islas, "que pretende correr a los pescadores
quienes desde tres generaciones atrás acampan en las islas y, virtualmente,
despojar de sus tierras a los ejidatarios a través de una serie de
prohibiciones para todo tipo de actividades productivas".
CON
ZEDILLO, LA GUERRA SUCIA SE PRIVATIZÓ EN CHIAPAS.
José Reveles, El Financiero, página 1/43.
En el año 2000 no solamente
concluyó la larga hegemonía del partido oficial en Chiapas y en México, sino
que se marcó “el fin del sexenio de la guerra sucia en Chiapas”.
Durante la gestión de Ernesto
Zedillo se registró la criminal creación de grupos paramilitares “para
privatizar la guerra”, pero también afloraron y se estimularon conflictos
agrarios en tierras chiapanecas.
“Esto muestra la perversidad de
un gobierno surgido de una revolución agraria que ha cobrado el precio
mayoritario de su supervivencia al campesino y al indígena.”
No sólo concluyeron los 70 años de hegemonía del partido
oficial en México: en Chiapas marcó "el fin del sexenio de la guerra
sucia".
Durante el gobierno de Ernesto Zedillo se permitió la creación
de grupos paramilitares "para privatizar la guerra", además de que se
estimularon conflictos agrarios.
A estas conclusiones llega el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas que llena 165 páginas bajo el título: De la memoria a
la esperanza.
La radiografía aporta estadísticas y especifica torturas,
desapariciones, privación ilegal de la libertad, pero también hostigamiento e
intimidación.
ESTUDIAN
DESALOJAR A INVASORES.
Almendra Vázquez Bravo, página 12B.
El gobierno del estado de México estudia el retiro de las
600 familias que habitan "indebidamente" el predio El Salado, pero
asegura que no será mediante desalojo violento, sino a través de
contrataciones con la gente con posibilidades de una reubicación; en tanto, el
gobernador Arturo Montiel Rojas negó tener interés personal en estos terrenos,
ante la posibilidad de que el aeropuerto alterno a la ciudad de México se
construya en la región.
Del predio de más de mil hectáreas, donde habitan unas 600
familias y que se presume sería ocupado en la construcción del aeropuerto
alterno de la ciudad de México, Montiel consideró que las personas ubicadas en
estos terrenos están en forma irregular, pues se trata de propiedad federal y
estatal, "no son terrenos de ellos, entonces estamos estudiando, su
reubicación".
Por otra parte, José Salinas Navarro, subsecretario de
Gobernación en la región, aseguró que no habrá desalojo violento de los
habitantes de El Salado, con quienes están concertando su reubicación,
"como no tienen ninguna seguridad ni certeza de su tierra, pues están
aceptando, en forma pacífica". Al cuestionarle sobre los sitios para
trasladar a los afectados, señaló: "pues donde haya espacio por ahí
cerca, en los municipios de Atenco, Texcoco, Acolman y Ecatepec".
El funcionario estatal negó que se haya cometido violación
a la autonomía municipal del ayuntamiento de Acolman, tal como lo señala el
alcalde Rigoberto Cortés Melgoza, pues 20 familias de El Salado fueron llevadas
al predio Las Brisas de su localidad, sin consultar al respecto, "no hay
ninguna violación, fue un acuerdo entre vecinos, la Procuraduría y los
ejidatarios, fue una cuestión acordada", además de que el gobierno
estatal tiene facultad para tomar decisiones en su territorio.
Sin embargo, habitantes del El Salado, como los hermanos
Jorge y Hugo García Hernández, dijeron que el gobierno estatal trata de
intimidarlos con retenes policiacos, y operativos con judiciales y perros de
ataque; no permiten paso de materiales de construcción, "nos están dando
duro; nos dicen los policías que ya no somos dueños de nada.
PREVÉN
CONSULTA PARA PROBLEMA LIMÍTROFE.
Juan Manuel Barrera Aguirre, El Universal, página 12B.
El gobierno del estado de México realizará una consulta pública
para solucionar el problema limítrofe del ejido Santiago Teyahualco, cuya
pertenencia es disputada por este municipio (Tultepec) y el de Tultitlán,
conflicto que, de no atenderse, puede concluir violentamente, señaló Martha
Urbán Sánchez, directora de Asesoría Jurídica y Límites Territoriales de
Tultepec.
La funcionaria indicó que la subsecretaría "A" de
Gobierno de la entidad aceptó realizar la consulta ciudadana en dicho ejido, de
462 hectáreas, por lo que participarán ejidatarios de Teyahualco y habitantes
de la colonia 10 de Junio y de las unidades Real de Tultepec y CTM, para que los
pobladores decidan a qué municipio quieren pertenecer.
Urbán Sánchez precisó que Humberto Lira Mora y José
Gabriel Velázquez, titular y jefe de la Comisión de Asuntos Territoriales del
gobierno estatal, respectivamente, así como la subsecretaría "A" de
Gobierno, aceptaron inicialmente la realización de la citada consulta, la cual
podría efectuarse los primeros días de junio próximo.
No obstante, aclaró que aún no existe acuerdo final sobre
la multiticada consulta ciudadana, por lo que en caso de negativa, el gobierno
de Tultitlán presionará para que se lleve a cabo, ya que "hemos manejado
que la voluntad del pueblo se debe hacer valer".
En este sentido, señaló que han ocurrido enfrentamientos
leves entre ejidatarios de Teyahualco y pobladores de la colonia 10 de Junio,
por lo que alertó que de no atenderse este conflicto, se podrían generar
hechos violentos de grandes dimensiones.
CHIMALHUACÁN
SOLAPA INVASIONES, DENUNCIAN.
Rebeca Jiménez Jacinto, El Universal, página 12B.
Antorchistas, protegidos por el alcalde Jesús Tolentino Román
Bojórquez, han fraccionado ilegalmente cerca de 3 mil predios, en las colonias
Luis Córdova y Luis Donaldo Colosio, invasiones que "no debe solapar"
el gobierno estatal, señalaron integrantes de la organización Sociedad Civil
de Chimalhuacán. Juan Loreto González del PRI, Leopoldo Buendía Mejía del
PRD y Elena Peralta Jiménez representante de la sociedad civil señalaron, ante
diversos medios de comunicación, que el gobierno del estado de México no ha
hecho justicia, luego de nueve meses de la masacre en la explanada municipal,
donde murieron por lo menos 10 personas y 50 resultaron heridas de bala.
Hechos violentos, afirmaron, de los que es responsable
directo el presidente municipal priísta Jesús Tolentino Román Bojórquez, por
lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió
un dictamen al respecto.
La Codhem recomendó a la Procuraduría de Justicia que
integrara y concluyera la averiguación previa en contra de Tolentino Román Bojórquez,
para deslindar su responsabilidad en los hechos violentos del pasado 18 de
agosto, lo cual, luego de nueve meses, no ha sucedido, reconocieron por separado
fuentes oficiales de Derechos Humanos.
La agrupación Sociedad Civil de Chimalhuacán organiza una
movilización, afirmó Juan Loreto y Leopoldo Buendía, para denunciar que el
clima de represión e inestabilidad social y política está latente en
Chimalhuacán.
"Hay más de mil elementos de la policía estatal,
esparcidos por todo el municipio, para reprimir y bloquear marchas".
En tanto, que las investigaciones contra Jesús Tolentino Román
Bojórquez están "congeladas". Además, en nueve meses de gobierno
del presidente municipal, integrantes de Antorcha Popular, organización a la
que pertenece el edil, han fraccionado cerca de 3 mil predios en Acuitlapilco,
en colonias como Luis Córdova y Luis Donaldo Colosio.
Fraccionamiento que "a todas luces es ilegal", y
que el gobierno del estado de México, lejos de solapar, debe investigar y
fincar responsabilidades, "aunque se trate del presidente municipal",
señalaron los integrantes de la Sociedad Civil de Chimalhuacán, quienes
afirmaron que hay decenas de averiguaciones penales interpuestas en contra de
antorchistas, las que no han trascendido.
TRES
ASESINATOS MÁS POR LA DISPUTA DE 500 HECTÁREAS.
Matilde Pérez U, página 35.
La disputa por 500 hectáreas en el poblado Estancia Grande,
estado de México, sumó a sus 13 años de historia el asesinato de los líderes
campesinos Fray Reynoso Rodríguez, Antonio Fajardo Suárez y José Mercado Benítez,
quienes fueron emboscados la tarde del pasado domingo.
Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista
(CCC), informó que 38 familias disputan dicha superficie a los presuntos
propietarios Evaristo Figueroa Coria y Delfina Benítez, quienes no han
presentado los documentos ante las autoridades agrarias para acreditar la
propiedad.
Agregó que de las 500 hectáreas, 280 ya fueron reconocidas
por la Secretaría de la Reforma Agraria para las 38 familias y el resto de la
superficie sigue en litigio. A pesar de los acuerdos legales, el pasado 9 de
mayo la Policía Judicial del estado llevó a cabo un operativo; hombres, mujeres y niños del poblado Estancia Grande
terminaron en el MP de Temascaltepec.
Las acusaciones de despojo e invasión no fueron comprobadas
por las autoridades, ya que el asunto agrario está en vías de solución. El 18
de mayo, cinco personas llegaron hasta Estancia Grande -en el municipio de
Tejupilco- y advirtieron a los hombres que "llegaban de Veracruz y eran los
nuevos propietarios de las 500 hectáreas, por lo que tenían que desalojar la
superficie o de lo contrario habría otros métodos para que las dejaran",
expuso Max Correa.
EXIGE
COMUNIDAD 6 MIL HECTÁREAS.
Patricia Ramírez, Reforma, página 4-E.
La propiedad reclamada por la comunidad agraria
de Atizapán podría incrementarse de mil 650 a 6 mil hectáreas de acatarse los
límites y medidas estipulados en el título virreinal que les fue conferido.
Javier Rosas, presidente de la Comunidad Agraria,
informó que tras el amparo que les otorgó el tribunal agrario se deberá
realizar la demarcación de los límites de la propiedad comunal basándose en
el título virreinal con lo cual la propiedad podría abarcar la totalidad del
Municipio de Atizapán e incluso parte de Tlalnepantla, Naucalpan y Nicolás
Romero.
En 1998 una sentencia publicada en la Gaceta del
Gobierno del Estado de México reconoció a los comuneros de Atizapán una
extensión de terreno de mil 672 hectáreas, 44 áreas y 18 centiáreas. Por
considerar que esta sentencia no era favorable para los miembros de la
comunidad, los comuneros solicitaron un amparo para que se les reconociera la
totalidad del territorio reclamado y se negara el derecho de los pequeños
propietarios localizados en el territorio.
El paso siguiente, informó Rosas es que un
perito determinado por el Juez del Tribunal Agrario defina los límites de la
propiedad, el juez deberá dictar una sentencia respecto a la extensión de la
propiedad comunal.
"Una vez que se dicte la sentencia se podría
proceder conforme a derecho.
"Atizapán era un pueblo de una comunidad,
los que lo vendieron fue gente que trajeron títulos de propiedad de otros lados
diciendo que eran de aquí y vendieron terrenos de la comunidad", comentó
Rosas.
El presidente de la comunidad expresó que la
agrupación agraria de Atizapán no es culpable de que personas ajenas a Atizapán
hayan vendido y lotificado propiedad que no les correspondían y que los
comuneros estarían en su derecho de pedir el desalojo de las personas que
habitan dentro del territorio y no forman parte de la comunidad.
Carolina Solano, jefe de departamento en la
dirección de Jurídico del Ayuntamiento, quien da seguimiento al caso de los
comuneros de Atizapán, comentó que el papel del Municipio es el de acatar las
sentencias que dicten los tribunales y que en el caso de la comunidad agraria de
Atizapán el papel que desempeñan es el de evitar dar permisos en esta zona.
"Nosotros no podemos opinar en este asunto, porque este
se está llevando en un tribunal y ellos serán los que determinen quién tiene
la razón y que documentación es la que tiene mayor sustento; nosotros como
autoridad solo acatamos las ordenes que se nos hagan llegar y en este caso es no
dar permisos ni permitir ninguna acción que afecte los intereses de los
involucrados en tanto se solucione el litigio", comentó.
SENTENCIA
JUICIO AGRARIO.
Diario Oficial, El Financiero, página 2A.
CAMPESINOS
INVADEN RANCHO QUE PERTENECIÓ AL NARCO FÉLIX GALLARDO.
Néstor Soriano, El Sol de México, página 1-B. También aparece en La
Prensa.
La mañana
de ayer unos 300 campesinos pertenecientes al comité particular agrario
"General Emiliano Zapata", del municipio de Tlapacoyan, invadieron el
rancho "Camino Real", ubicado en el municipio de Nautla, mismo que
perteneció al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, recluido en el
penal de La Palma, en el Estado de México.
El rancho
"Camino Real", resguardado por efectivos del Ejército Mexicano del 78
Batallón de Infantería con sede en esta ciudad, fue asegurado después de la
detención del narcotraficante al igual que otros predios como "Gallo
Verde", "Los Pinos" y "Chapa Chapa", todos en el
municipio de Nautla.
El grupo
invasor, encabezado por Israel Díaz Mata, afirma que tiene una resolución
presidencial a favor, además de que cuenta con el amparo 528/2001, promovido en
el Juzgado Quinto de Distrito.
Los
campesinos, en su mayoría del municipio de Tlapacoyan, habían ocupado este
predio hace mes y medio, pero luego de dialogar con funcionarios agrarios lo
desalojaron pacíficamente.
Israel Díaz
Mata señaló que la solicitud de tierras fue elaborada en forma correcta y
siguiendo los lineamientos legales para que los campesinos de esta región
pudieran explotarlas en beneficio de sus familias.
Asentó
que al ser afectables los predios que fueron decomisados al narcotráfico,
decidieron que los ranchos de referencia fueron para quienes tienen el deseo de
trabajar.
DE
ESTO Y DE AQUELLO...
Francisco Cárdenas Cruz, Pulso Político, El Universal, página 8.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría
Agraria dgcs@pa.gob.mx