Viernes 29 de junio
de 2001 Viernes 29 de junio
de 2001
Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Unomásuno• La Jornada • La Prensa
El Universal• Excélsior • Diario de México
APROBARÁN LA LEY RURAL EN
SEPTIEMBRE: SAGARPA.
Mayra N. Aguirre y Guadalupe Hernández, El Universal, página 14, viernes 29 de junio.
La propuesta de ley de desarrollo rural sustentable será aprobada la primera
semana de septiembre, durante el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de
Diputados, garantizó el titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga.
ORDENAN REINTEGRAR TIERRAS A
TEPOZTLÁN.
Justino Miranda, El Universal, página B-11, viernes 29 de junio. También se publicó en
Reforma, El Financiero, La Jornada y La Crónica de Hoy.
En primera instancia el Tribunal Unitario Agrario (TUA) determinó restituir 280
hectáreas de tierras comunales al pueblo de Tepoztlán, en cuya superficie el gobierno
del general Jorge Carrillo Olea promovió la construcción del Club de Golf "El
Tepozteco".
SCJN: EN EL PASADO, LOS
"ARREGLOS" POLÍTICOS.
Jorge Alejandro Medellín, El Universal, página 6, viernes 29 de junio.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, afirmó que con la controversia constitucional en contra del reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica anunciada por el presidente Fox, "las decisiones políticas" se judicializan, y se confirma que vivimos en otros tiempos en los que este tipo de diferencias se resuelven acudiendo al Poder Judicial y no con arreglos o componendas, como ocurría antes". Así, apuntó, "el Poder Judicial se reafirma como una entidad independiente y autónoma que no obedece a ninguna línea en su toma de decisiones".
Góngora fue cuestionado en relación con la controversia constitucional que interpondrá el pleno de todos los partidos en la Cámara de Diputados en contra del jefe del Ejecutivo por las modificaciones que hizo al mencionado reglamento.
En este sentido, recordó que en el pasado las controversias constitucionales eran casi inexistentes y terminaban resolviéndose en instancias ajenas al Poder Judicial.
El presidente de la SCJN fue entrevistado luego de la reunión que sostuvo con integrantes de la Confederación Nacional Campesina, con quienes analizó las reformas a la Ley de Amparo Agrario promovidas por la propia Suprema Corte a principios de año.
Ahí escuchó las observaciones y reclamos de la líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Beatriz Paredes Rangel, quien le pidió revisar a fondo el proyecto de ley, ya que vulnera derechos fundamentales de los indígenas y campesinos que en resoluciones judiciales son echados de sus tierras.
Indicó que la controversia que la Cámara de Diputados enviará a la SCJN "constituye un hecho inédito, ya que nunca antes el pleno del Congreso de la Unión se había pronunciado en contra de un presidente, interponiendo un recurso de tal naturaleza".
Señaló que será en unos días cuando pueda emitir alguna opinión sobre la forma en que el texto será presentado ante la Suprema Corte, ya que hasta ahora la controversia no ha llegado aún a dicha instancia.
Antes, Góngora dirigió unas palabras a los asistentes al encuentro, entre quienes figuraban los ex gobernadores de Morelos y Chiapas, Antonio Rivapalacio y Patrocinio González, además de otros personajes de la política como el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Fidel Herrera Beltrán, entre otros.
El también presidente del Consejo de la Judicatura de la Federación dijo que el proyecto de la SCJN sobre la ley de Amparo Agrario "es perfectible, le hemos ido incorporando nuevos elementos para su perfeccionamiento, así como beneficios para los campesinos en materia agraria".
En este punto, dejó en claro que la Suprema Corte quiso servir más como "detonador de la necesidad de tener una ley de amparo más moderna".
Dijo que le toca ahora a los legisladores resolver en definitiva, como debe ser y está establecido en la Constitución, qué sí y qué no debe tener la ley de amparo, escuchando otra vez a todas las personas interesadas en conocer sobre este instrumento legal.
Por su parte, Beatriz Paredes llamó la atención del ministro Góngora en torno de la necesidad de contemplar "en los fallos de la Suprema Corte que derivan en desalojos de campesinos, programas del Poder Ejecutivo para dotar a los afectados que han tenido la posesión de tierras durante muchos años, de una alternativa de trabajo y de tenencia de la tierra".
El líder de la CNC, Heladio Ramírez, criticó la visión
del gobierno federal que caracteriza al país como "una nación de hombres de
negocios". Eso es falso, dijo, más bien "nos acercamos peligrosamente a la
ingobernabilidad"..
SAGARPA
APROBARÁN
LA LEY RURAL EN SEPTIEMBRE: SAGARPA.
Mayra N. Aguirre y Guadalupe Hernández, El Universal, página 14, viernes 29 de junio.
La propuesta de ley de desarrollo rural sustentable será aprobada la primera semana de septiembre, durante el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, garantizó el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga.
Anunció también que serán enviadas al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de almacenaje rural, que permitirá dar certidumbre a las transacciones comerciales, así como el proyecto de ley de etiquetado, que orientará al consumidor y protegerá al productor primario.
Durante su intervención en el panel "Políticas y Perspectivas del Sector Agropecuario", realizado en la XVIII Asamblea del Consejo Nacional Agropecuario, Usabiaga dijo que la secretaría a su cargo se ha dado a la tarea de promover un marco jurídico que facilite las transiciones comerciales del sector primario.
Se refirió al proceso de normas para productos agrícolas primarios con el fin de facilitar y dar certidumbre a las transacciones entre el productor primario y el consumidor, y habló de la iniciativa de ley de etiquetado que orientaría al consumidor y protegería al productor primario para que aprenda a vender y al consumidor a comprar, pero que reditúe en un mercado que aprenda a pagar lo que consume y sepa lo que está consumiendo.
"Hoy hemos recibido una propuesta de una nueva ley de desarrollo rural sustentable que ya se está analizando y que pasará seguramente, sin temor a equivocarme, en la primera semana de septiembre, en las cámaras de Diputados y Senadores". Y explicó que el veto presidencial a la propuesta del Legislativo no marcaba claramente la obligación del Estado ni de los particulares como lo señala la fracción 20 del artículo 27 constitucional.
Recordó que en materia de capitalización al campo se envió al Congreso una ley en la materia que permitiría tener disponibilidad de inversión por 80 mil millones de pesos a valores actuales en beneficio del agro de México.
La propuesta consiste en una banca de inversión que aporte capital de riesgo y el capital propio de los productores para que se desarrollen las empresas mixtas de transformación y para que los productores aprendan calidades y contenidos de la misma.
Los cuellos de botella para el desarrollo rural en el pasado han sido la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, en las transacciones comerciales y en la comercialización, por lo que el gobierno federal, comentó, impulsará la conclusión de los procesos de titulación y certificación de las propiedades ejidales, a modo que se transfieran los tribunales agrarios al Poder Judicial de la Federación para que actúen dentro del derecho y sean capaces de defender los intereses de los verdaderos campesinos.
Finalmente, hizo una reflexión: "En siete años
enfrentamos las fronteras abiertas, la competitividad y ya no habrá paraguas que nos
proteja, no habrá presiones políticas que impidan el libre flujo de las mercancías, de
los recursos y los capitales. ¿Estamos preparados para eso?".
SE
REFORMÓ PROCAMPO, ASEGURA FUNCIONARIO.
David Cano, El Universal, página 21, viernes 29 de junio.
La concepción política de Procampo sufrió diversos cambios, pues ahora ya no se entregan los recursos en mítines, ni después de la siembra, desde que entró el gobierno del presidente Vicente Fox, señaló Juan Antonio Fernández Ortiz, quien es funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación.
Al encabezar la conferencia magistral El nuevo Procampo en México, dentro del ciclo "Los retos de Acción Nacional", el funcionario dijo que en siete meses de la presente administración este programa ha sufrido modificaciones sustanciales y que el principal problema que enfrentan las autoridades es lograr una cultura de la denuncia contra aquellos que medran con los recursos del subsidio.
Reconoció que este programa es el que tiene mayor presupuesto en subsidio, pues corresponde a 12 mil millones de pesos, destinados a 4 millones de productores a nivel nacional. Mencionó que este presupuesto significa 60 por ciento de la Secretaría de Agricultura y que era necesario su reordenamiento.
Durante una breve platica que sostuvo con miembros del PAN señaló que los primeros obstáculos que enfrentaron en la Sagarpa fue solicitarle a la Secretaría de Hacienda que adelantara el presupuesto del Procampo tres meses, es decir entregar los recursos 120 días antes a los campesinos para que pudieran adquirir sus granos, porque anteriormente sembraban a base de préstamos, que significaban 30 por ciento de intereses en el capital.
Una segunda queja que recibieron los nuevos funcionarios del Procampo consistió en la serie de requisitos que tenían que reunir los campesinos y que significaba su traslado hasta en tres ocasiones a la sede de la secretaría en la localidad más cercana. Se logró que desde la primera visita de los productores se les entregaran sus cheques y se evitaron pagos de transportación.
Una tercera queja que recibieron fue que no había un mínimo de pago por hectárea para aquellos productores que tenían menos de esa superficie sembrada, sin embargo la actual administración logró que se les pague el mínimo de una hectárea y que corresponde a 829 pesos.
Otra problemática que enfrentaban los campesinos era al cambio del cheque ante Telecom, donde los representantes de estas dependencias no pagaban completos los importes. En estos momentos, en un programa piloto, se les otorgó a algunos campesinos una tarjeta de débito donde en forma directa reciben el subsidio. Por otra parte, reconoció que existe una excesiva regulación para operar este programa y de 102 normas, que ocupaban aproximadamente 100 hojas se logró disminuirlas con menos trámites a solo cuatro cuartillas.
Informó también que entre los campesinos y verificadores
había "cochupo", porque se rentaban las tierras de Procampo y entre los
campesinos se las prestaban para hacerlas pasar como propias y que estaban sembradas con
el objetivo de recibir los subsidios sin trabajarlas.
CHIAPAS
VIOLENTO
DESALOJO DE CAMPESINOS EN TAPACHULA.
Rafael Victorio, Excélsior, página 26, viernes 29 de junio.
Un campesino herido de bala y 12 detenidos es el saldo de un violento desalojo de un rancho ganadero en el municipio de Acapetahua, realizado por elementos de Seguridad Pública y Policía Judicial en el estado, denunció hoy el representante de la comunidad Nueva Esperanza, Eutiquio González Pérez.
Señaló que poco más de 250 agentes, muchos de ellos vestidos de civil, arribaron al predio Las Brisas y Espinal, propiedad de José Montes Córdova, el cual presuntamente se encontraba invadido desde hace dos meses.
Los labriegos huyeron al ver llegar a los cuerpos policiacos, pero recibieron ráfagas de ametralladora, por lo que resultó herido Mario Reynosa Velázquez, cuyo estado de salud es delicado.
González Pérez señaló que los policías llegaron de
manera violenta al lugar y causaron temor entre los campesinos de la comunidad Nueva
Esperanza, de donde son originarios los 12 labriegos detenidos, quienes no se encontraban
en el predio en el momento del operativo.
ESTADO DE MÉXICO
CHIMALHUACÁN
Y NEZA IRÍAN A PARTES IGUALES EN LAS 120 HECTÁREAS EN LITIGIO.
Alfredo Ibáñez, La Prensa, página 25, viernes 29 de junio.
Con el fin de terminar con el conflicto territorial entre los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, las 120 hectáreas en litigio podrían dividirse en partes iguales, consideró el coordinador general del gobierno del Estado de México, Carlos Díaz.
Los alcaldes de ambas localidades se han reunido en diversas ocasiones con el subsecretario regional de Gobernación y con el secretario de gobierno, Manuel Cadena en las que han manifestado su voluntad para terminar dicha problemática conforme a derecho.
La Comisión de Límites Territoriales está atenta al problema, no obstante, existen diversos caminos que se pueden seguir tales como revisar jurídicamente a quien le corresponda la zona, o bien repartir las 120 hectáreas entre ambos municipios en partes iguales.
Carlos Díaz se pronunció además por que las partes
involucradas aporten la información suficiente con el fin de que las instancias
correspondientes, como Límites Territoriales, de su veredicto, al tiempo que aclaró que
en caso de optarse por una determinación de tipo político, deberá de atenderse lo que
la ciudadanía prefiera sobre el particular.
DISTRITO FEDERAL
FIN A LAS INVASIONES EN IZTAPALAPA:
ARCE.
Nota informativa, Diario de México, página B-1, viernes 29 de junio.
El jefe delegacional en Iztapalapa, René Arce Islas, aseveró que en su demarcación "se terminaron las invasiones", pues la política de su administración no permitirá que se construyan más casas ni unidades habitacionales.
Entrevistado al término del Foro de Transporte Metropolitano, en la ALDF, el funcionario advirtió que no permitirá más asentamientos urbanos, debido a que la reserva territorial en la delegación está agotada y no hay factibilidad de servicios. "Iztapalapa tiene severos problemas de agua y servicios, por lo que tenemos que resolver esas deficiencias y no podemos permitir el crecimiento, porque ya no hay más para ofrecer", señaló.
Aseguró que asumirá con responsabilidad y respeto las críticas u oposiciones de grupos que se dedican a la vivienda, "pero mi deber es actuar y no hacerme a un lado por intereses de orden grupal o de otro tipo".
Indicó que con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las personas, las autoridades delegacionales seguirán insistiendo en que aquellas familias que habitan zonas de alto riesgo, abandonen sus casas en caso de emergencia, por lo que no descartó el uso de la fuerza pública. "Deben entender que lo que queremos en cuidar sus derechos humanos, que es la vida y evitar que puedan perder a un familiar o su propia vida y en caso de ser necesario, usaremos todos los recursos para resguardar su integridad física".
En cuanto a las acusaciones de algunos diputados locales
del PRD en el sentido de que él y su esposa tienen parte de responsabilidad en la
ocupación de predios ubicados en zonas de alto riesgo por introducir servicios, Arce
Islas aseguró que en su delegación nunca se le ha negado la posibilidad de ayudar a
estas personas, "no podemos negarles el agua a estas familias, ni puede dejar de
limpiar sus calles que están llenas de lodo y pueden sufrir una caída, mi obligación es
ayudarlos", apuntó.
MORELOS
ORDENAN REINTEGRAR TIERRAS A
TEPOZTLÁN.
Justino Miranda, El Universal, página B-11, viernes 29 de junio./información También
publicada en Reforma, El Financiero, La Jornada, Crónica..
En primera instancia el Tribunal Unitario Agrario (TUA) determinó restituir 280 hectáreas de tierras comunales al pueblo de Tepoztlán, en cuya superficie el gobierno del general Jorge Carrillo Olea promovió la construcción del Club de Golf "El Tepozteco". El proyecto fue acreditado al consorcio Kladt Sobrino (KS), pero se frustró con la protesta comunal.
El presidente de Bienes Comunales de Tepoztlán, Francisco Almazán, dijo que la tarde del miércoles pasado el magistrado presidente del TUA, Sergio Luna Obregón, determinó que los terrenos donde se erigiría el proyecto con una inversión inicial de 570 millones de dólares, son de carácter comunal debido a que el grupo de empresarios no pudo acreditar la propiedad privada.
De esta forma, el magistrado anuló los actos de sesión de derechos realizados por la Inmobiliaria Tepoztlán, así como los contratos de compra-venta de los terrenos restituidos, mismos que se localizan en el corredor ecológico Ajusco Chichinautzin.
En la sentencia se obliga a las empresas demandadas "Pirámide y Convento", "Inmobiliaria Capricornio" y "Bancomer" a restituir a la comunidad de Tepoztlán los 85 predios "con todos sus usos, costumbres y servidumbres que pertenecen a nuestra comunidad, según la resolución presidencial del 14 de noviembre de 1929", dijo Francisco Almazán.
En su dictamen el TUA también ordena al Registro Público de la Propiedad que proceda a la cancelación de las escrituras públicas, en tanto que al notario público número 2 de Cuernavaca, Hugo Salgado Castañeda quien protocolizó el cambio de propiedad, lo insta a anotar la cancelación de los testimonios toda vez que se trata de terrenos comunales y no de propiedad privada.
En conferencia de prensa realizada en el Congreso del estado, el líder comunal de Tepoztlán consideró que con este fallo del TUA se cierra el círculo de lucha que emprendió el pueblo, primero porque se logró la cancelación total del proyecto del club de golf y segundo porque las tierras ya fueron recuperadas.
A pesar de ello, anunció que este hecho motivará que se siga buscando preservar las áreas ecológicas que en su momento fueron vendidas por anteriores gobiernos.
De hecho, Lázaro Rodríguez Castañeda, alcalde de Tepoztlán, sostuvo que ahora iniciarán las acciones necesarias para proteger otras 2 mil hectáreas, cuya superficie de terreno está catalogada como reserva ecológica. El territorio a proteger, sostuvo, colinda con los municipios de Cuernavaca y Jiutepec.
Cabe subrayar que el proyecto del "Club de Golf"
fue impulsado por el ex gobernador Jorge Carrillo Olea en el año de 1994; sin embargo,
los habitantes de ese municipio se opusieron y se declararon en resistencia civil.
Instalaron barricadas a las entradas del pueblo y en septiembre de 1995 depusieron a sus
autoridades municipales. Esta lucha derivó en por lo menos dos muertos de los grupos
antagonistas.
OPINIÓN
CLASE POLÍTICA.
Miguel Ángel Rivera, La Jornada, página 4, viernes 29 de junio.
EL PRESIDENTE de la Suprema Corte
de Justicia, Genaro David Góngora Pimentel, propuso a los legisladores federales que se
amplíen las facultades del máximo tribunal del país para que pueda presentar
iniciativas de ley.
EN APARIENCIA es una recomendación de primera calidad, casi indiscutible, pues
nadie mejor que los juzgadores para determinar si una ley funciona o no.
EN EL PLANO TEORICO, el que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) puedan iniciar leyes sería tanto como entrometerse en las funciones de
Legislativo y Ejecutivo, el cual también tiene facultades para promover nuevas leyes o
reformar las existentes. Entonces, ampliar la facultad de presentar iniciativas a los
miembros de la SCJ parece una forma de fortalecer el equilibrio de poderes sobre el que se
basa un sistema político como el mexicano. A final de cuentas, el Legislativo conserva la
capacidad de decidir si se aceptan o rechazan las recomendaciones del Ejecutivo y el
Legislativo.
LOS PROBLEMAS surgen cuando la teoría se tiene que aplicar a la realidad. Y en ese
terreno, el presidente de la SCJN encontró de inmediato respuestas negativas a la
posibilidad de que el máximo tribunal se convierta en fuente de nuevas leyes.
EL MOTIVO son las decisiones de los poderes del Estado --no todas atribuibles en
exclusiva a la SCJN-- en materia agraria. Un tema que en apariencia ya fue superado, pero
que permanece muy vivo y es causa todavía de graves conflictos. Basta echar un vistazo a
Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero o a Morelos para constatar el efecto social de las leyes en
la materia.
ESTO FUE lo que recordaron ayer Beatriz Paredes Rangel y Heladio Ramírez López
ante las propuestas aparentemente de avanzada del presidente de la SCJN. La primera fue
dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), y el segundo es el
actual secretario general; ambos conocen los efectos sociales de los fallos de la SCJN.
PAREDES RANGEL recordó, por ejemplo, las reformas al artículo 27 constitucional
--promovidas por el ex presidente Salinas de Gortari y a las cuales calificó de
"contrarreformas" -- que supuestamente debían generar más inversiones al
campo, pero no fue así, porque el meollo no está en la tenencia de la tierra, sino en la
rentabilidad de la misma.
EN CONCRETO, acerca de la intervención directa de la SCJ, la ex dirigente de la
CNC recordó un fallo en contra de campesinos de Baja California, al cual calificó de
precedente que causa mucha preocupación.
EN COINCIDENCIA con el actual secretario general de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), la coordinadora de la diputación federal del PRI recordó, entre las
acciones que afectan a los campesinos del país, el veto del presidente Vicente Fox a la
Ley de Desarrollo Rural, previamente aprobada por todas las fracciones parlamentarias. EL
ACTUAL dirigente de la CNC criticó por su parte una propuesta de la SCJN de modificar
el amparo en materia agraria, por considerar que afecta los intereses de los campesinos
mexicanos.
EL TAMBIÉN ex gobernador de Oaxaca criticó además la reforma constitucional
salinista que permite la venta de terrenos ejidales y comunales, por someter a los
campesinos carentes de recursos a las fuerzas del mercado sobre las cuales no tienen
control, y dijo que la justicia debe impartirse con libertad, y al margen de compromisos
económicos y políticos.
PÓKER
POLÍTICO.
Matías Mariscal, Unomásuno, pagina 8, viernes 29 de junio.
Tal vez por la época del año, pero ayer le llovió fuerte
a la Suprema Corte de Justicia. En una reunión de su presidente, el ministro Genaro
Góngora Pimentel, con la Confederación Nacional Campesina, la diputada priísta Beatriz
Paredes Rangel le hizo un severo cuestionamiento al representante del Poder Judicial por
el fallo del máximo tribunal en el caso del Ejido Punta Banda en Baja California. Pero
eso no fue todo, pues seguramente en referencia a los foros que la propia Corte ha
celebrado y a su activismo promoviendo la reforma de la Ley de Amparo, Paredes no se
contuvo para recordarle al ministro que serán los legisladores los responsables de
perfeccionar, modificar, enriquecer o transformar una iniciativa del Poder Judicial..
DESNACIONALIZACIÓN.
Ángel Soriano, Vida Nacional, Excélsior, página 27, viernes 29 de junio.
AVANZA el proceso de desnacionalización de nuestro país con la abierta participación de empresas extranjeras en los procesos de generación de energía, de manejo de recursos financieros, telecomunicaciones, adquisición de tierras ejidales y de injerencia en diversos sectores antes reservados para el manejo del Estado o de mexicanos.
El crecimiento de la población y la creciente demanda de servicios ha rebasado la capacidad de respuesta al sector productivo que, ante una competencia desleal generada por empresas trasnacionales y falta de estímulos fiscales, se ha visto impedida de atender esos requerimientos.
Esto ha dado oportunidad a los partidarios de la desnacionalización a abrir las puertas del capital extranjero para invertir en diversas ramas y desplazar a los nacionales en tareas de autosuficiencia que podrían reforzar nuestra soberanía nacional e impulsar la creación de empleos y de ingresos a la población.
Hoy, con la presencia cada vez más dominante del capital
trasnacional, los mexicanos seremos sólo empleados de las grandes corporaciones. Hasta
ahora sólo el Congreso de la Unión podría dar la batalla para frenar estas acciones
antinacionales, y parece ser que en la controversia constitucional interpuesta en contra
del Ejecutivo Federal, será el inicio de una defensa legal a la invasión trasnacional.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx