Miércoles 25 de julio
de 2001
Miércoles 25 de julio
de 2001
Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
El Universal • La Jornada • Excélsior •
Revista Siempre
• El Financiero • Unomásuno • México Hoy
DIARIO
OFICIAL.
El Financiero, página 2, miércoles 25 de julio.
La Secretaría de la Reforma Agraria da a conocer la Resolución que declara
como terreno nacional el predio San Fermín, expediente número 734457,
municipio de Celestúm, Yucatán.
EX
FUNCIONARIOS DE FONATUR, VINCULADOS A DESFALCO EN BCS.
Miguel Badillo, El Universal, página 14, miércoles 25 de julio.
Ex funcionarios del Fonatur habrían participado, de manera directa, en el
desfalco que realizó el Grupo Prodipe, en perjuicio del desarrollo turístico
en la región de Puerto Escondido, Baja California Sur, y en donde el gobierno
de Ernesto Zedillo Ponce de León tuvo que garantizar y cumplir con el pago de más
de 16 millones de dólares a bancos franceses.
COMUNEROS
DE SANTA MARÍA CHIMALAPA SE NIEGAN A NEGOCIAR LA LIBERTAD DE SEIS COLONOS. Matilde
Pérez y Guadalupe Ríos, La Jornada, página 39, miércoles 25 de julio. También
aparece en Ovaciones y El Sol de México.
Los comuneros zoques de Santa María Chimalapa se negaron a negociar con una
comisión de mujeres enviadas por la colonia agrícola y ganadera Cuauhtémoc la
libertad de seis colonos que mantienen retenidos desde hace 15 días.
CULPA
LA PROFEPA A INDÍGENAS ZOQUES DEL DAÑO FORESTAL EN LOS CHIMALAPAS.
Genaro Altamirano y Alberto López, El Universal, página 10-B, miércoles 25 de
julio.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reveló que han
sido desmontadas 67 hectáreas de selva de Los Chimalapas, para destinarlas a la
ganadería, en los límites de Santa María y la colonia Agrícola y Ganadera
Cuauhtémoc.
ILEGAL,
PEDIR CERTIFICADO DE INGRAVIDEZ, DICE FOX.
José
Luis Ruiz, El Universal, página 15, miércoles 25 de julio.
Durante la Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de
las Mujeres (INM), donde estuvo presente, María Teresa Herrera, secretaria de
la Reforma Agraria, el presidente Fox aseguró que la equidad de género es un
indicador de desarrollo de un país, y advirtió que por ningún motivo se deberá
exigir el certificado de ingravidez a ninguna mujer que solicite empleo en
alguna de las dependencias del gobierno federal.
CRITICAN
GRUPOS SOCIALES PLAN FORESTAL DEL GOBIERNO FOXISTA.
Rosa Rojas, La Jornada, página 10, miércoles 25 de julio.
Un severo cuestionamiento al Plan Estratégico Forestal para México 2025 (PEF),
del gobierno de Fox, hicieron líderes de las organizaciones sociales forestales
más importantes del país, al señalar que se parte de un diagnóstico
"sesgado" que menciona que la principal causa de deforestación es el
tipo de tenencia de la tierra, "lo que sugeriría que la solución sería
la privatización de bosques y selvas".
EL
CAMPO PODRÍA INCENDIARSE.
Antonio
Cerda Ardura, Revista Siempre, página 10, miércoles 25 de julio.
Aunque ya se han logrado algunos acuerdos, los actuales conflictos entre
productores de distintas regiones del país, el gobierno y agroindustriales son
un aviso de que el campo podría incendiarse en cualquier momento, advierte el
coordinador del Congreso Agrario Permanente, Alvaro López Ríos.
AMENAZAN
AZUCAREROS OCUPAR INGENIOS A ESCALA NACIONAL.
Pablo
González y Mario Peralta, Excélsior, página 4, miércoles 25 de julio.
Con 17 días de plantón permanente en la Secretarías de Hacienda, Economía y
Agricultura, y trabada toda negociación en torno al pago de un adeudo por
cuatro mil 500 millones de pesos, productores de caña de la CNC y CNPR, así
como trabajadores sindicados del ramo azucarero, amagaron con iniciar hoy la
toma de ingenios a nivel nacional, como medida de presión a las autoridades
gubernamentales para resolver el conflicto.
ANTESALA
DEL PODER.
Columna de Pastor Tapia, Unomásuno, página 16, miércoles 25 de julio.
La Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría de Defensa del Trabajador y
el Tribunal Agrario, por citar las más de este ramo, son instancias que tienen
como finalidad mediar entre partes en conflicto y proteger al que tiene la razón
mediante la aplicación correcta y justa de la ley.
PARÁBOLA.
Columna de Ben-Am, México Hoy, página 9, miércoles 25 de julio.
Según The New York Times, Javier Usabiaga, el secretario del despacho de
Agricultura mejor conocido como el Rey del Ajo por ser el mayor
exportador mexicano de ese tubérculo, declaró: “El pequeño agricultor, no
Importa cuán productivo sea, se irá convirtiendo en un agricultor de medio
tiempo y no uno de tiempo completo”.
VOCES
DE ALARMA EN EL CAMPO.
Rosa Albina Garavito Elías, El Universal, página 26, miércoles 25 de julio.
Es evidente que la estrategia para resolver los problemas del campo poco tienen
que ver con la aplicada para aumentar las ventas de Coca Cola, y a pesar de las
voces de alarma sobre los riesgos de estallidos sociales por las devastadoras
políticas económicas, los empresarios de ahora convertidos en gobernantes no
se inmutan y piden a los reclamantes convertirse en exitosos empresarios.
SECTOR
AGRARIO
DIARIO
OFICIAL.
El Financiero, página 2, miércoles 25 de julio.
La
Secretaría de la Reforma Agraria da a conocer la Resolución que declara como
terreno nacional el predio San Fermín, expediente número 734457, municipio de
Celestúm, Yucatán.
Resolución
que declara como terreno nacional el predio Las Palmas, expediente número
734456, municipio de Celestúm, Yucatán.
Dictamen
mediante el cual se cancela la autorización otorgada para la constitución de
la colonia agrícola y ganadera Adolfo López Mateos, municipio de Hermosillo,
Sonora.
Así
como el Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado
Chiviricoquis, con una superficie de 2-32-50 hectáreas, municipio de Concordia,
Sinaloa.
BAJA
CALIFORNIA SUR
EX
FUNCIONARIOS DE FONATUR, VINCULADOS A DESFALCO EN BCS.
Miguel Badillo, El Universal, página 14, miércoles
25 de julio.
Ex
funcionarios del Fondo Nacional de Apoyo al Turismo (Fonatur) habrían
participado, de manera directa, en el desfalco que realizó el Grupo Prodipe, en
perjuicio del desarrollo turístico en la región de Puerto Escondido, Baja
California Sur, y en donde el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León tuvo
que garantizar y cumplir con el pago de más de 16 millones de dólares a bancos
franceses.
De
acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad, en las actas
constitutivas de las sociedades anónimas que conforma el Grupo Prodipe,
aparecen como accionistas ex funcionarios de Fonatur y de la administración pública
federal a cargo de entidades vinculadas con el sector turístico en la década
de los 80, como es el caso de Nacional Hotelera, la paraestatal que administraba
los activos de hoteles Camino Real y de hoteles Presidente.
El
caso del fraude que cometieron supuestos inversionistas franceses, en contra de
Fonatur y que aún mantiene en litigio la Marina de Puerto Escondido, exhibe
ahora nuevas pruebas.
Las
diligencias que mantiene Fonatur en contra del Grupo Prodipe conformado por
aparentes empresarios de origen francés se limitan a comprobar que perdieron
cualquier derecho sobre este desarrollo, luego de que incumplieron las
condiciones de pago de los terrenos; los créditos con Bancomext, Nacional
Financiera y hasta con bancos franceses.
Encabezados
por Patrick Mery-Sanson, quien aparece hasta 1998 en una lista de consejeros en
comercio exterior de la Embajada de Francia, un nebuloso grupo de inversionistas
ha puesto en jaque varias gestiones en Fonatur, mientras que el gobierno federal
tuvo que pagar más de 16 millones de dólares a los bancos franceses, que
llevaron el reclamo a los ejecutivos de ambos países. Así, fue Ernesto Zedillo
quien ordenó el pago de este adeudo, a solicitud del ex presidente de Francia,
Francoise Miterrand, a fin de evitar mayores escándalos.
Sin
embargo, las actas constitutivas y escrituras públicas de Prodipe revelan a
esos ocultos inversionistas, y demuestran que pertenecieron a las filas de
Fonatur y a la administración del gobierno federal, en varias paraestatales del
sector público.
En
1986, se constituyó, ante el notario 142 del Distrito Federal, el Consorcio
Prodipe, Sociedad Anónima, una controladora constituida por Desarrollo Integral
de Puerto Escondido, representada por Patrick Mery-Sanson de Wallincour, Grupo
Grimo SA, de Jaime Alejandro Weistock Kletzel y Alfredo Balli González, quien
entonces se desempeñaba en Nacional Hotelera, operadora estatal del hotel
Presidente y la cadena Camino Real.
Entre
los accionistas y consejeros de Prodipe también se encuentra el doctor Kemil
Assad Rizk Aziz, entonces director general de Fonatur, a quien se nombró
vicepresidente de Consorcio Prodipe.
Una
historia de irregularidades
Fonatur
inició el desarrollo del complejo turístico de Loreto Nopoló (Puerto
Escondido), con la expropiación del ejido Loreto y, de manera inmediata, entregó
dichos terrenos a inversionistas privados.
En
1977, mediante escritura pública número 46395, se adjudicaron diferentes
propiedades de este complejo, por una extensión de 143.97 hectáreas a seis
empresas: Club de Golf Puerto Escondido, Lacustre de Puerto Escondido, Costa
Serena, Pes Inmobiliaria, Elipse de Puerto Escondido y Desimpe.
En
estas compañías, de acuerdo con los documentos del Registro Público de la
Propiedad, tenían en común como accionista a Alfredo Balli, director general
de Camino Real, entre 1985 y 1987. En 1990, el Grupo Prodipe, aun contando entre
sus accionistas a Balli, obtiene tres créditos por 49.9 millones de dólares
del Banco Nacional de Comercio Exterior, avalados por Fonatur. Dichos recursos
se dirigirían al desarrollo de hoteles, marinas y demás, en Puerto Escondido.
Los
créditos sólo tuvieron como garantía los terrenos entregados por Fonatur. Sin
embargo, las obras nunca se realizaron y hoy la propiedad aún se encuentra en
litigio, mientras que Fonatur, a cargo de John McCarthy, busca impulsar el
desarrollo de la Escalera Náutica, tomando en cuenta la Marina de Puerto
Escondido.
OAXACA
COMUNEROS
DE SANTA MARÍA CHIMALAPA SE NIEGAN A NEGOCIAR LA LIBERTAD DE SEIS COLONOS.
Matilde Pérez y Guadalupe Ríos, La Jornada, página 39, miércoles 25 de
julio. También aparece en Ovaciones y El Sol de México.
Los
comuneros zoques de Santa María Chimalapa se negaron a negociar con una comisión
de mujeres enviadas por la colonia agrícola y ganadera Cuauhtémoc la libertad
de seis colonos que mantienen retenidos desde hace 15 días.
Los
colonos mantienen -en protesta por la detención de sus compañeros- cerrada la
carretera transístmica desde el lunes.
El
delegado de Gobierno en Matías Romero, Germán Toledo, informó que las mujeres
intentaban "canjear" a los detenidos por un equipo de topografía,
motosierras, botas, lámparas y otras herramientas decomisadas a los zoques
desde el 9 de julio por los colonos, al detener a 24 chimalapas en plena selva.
Mencionó
que con esa negativa, los zoques complican la situación porque exigen también
el pago de 200 mil pesos como "indemnización" por los gastos que
originó la movilización que hicieron el 10 de julio para rescatar de la cárcel
de Matías Romero a sus 24 compañeros y sostener el bloqueo carretero que
entonces realizaron.
Este
martes, unos 200 habitantes de la Colonia Cuauhtémoc mantuvieron bloqueada la
entrada y salida de Matías Romero sobre la carretera transístmica, por lo que
se encuentra suspendido el paso del estado de Veracruz hacia el Istmo de
Tehuantepec y Chiapas.
Los
zoques informaron que revisarán minuciosamente el equipo devuelto por los
colonos a través de la comisión de mujeres y luego tomarán una resolución al
respecto para poner en libertad a los colonos o mantenerlos retenidos.
Posponen
misión civil de paz
Por
otro lado, Luis Bustamante, coordinador del Comité Nacional de Defensa y
Conservación de los Chimalapas dijo que una misión civil de paz pospuso por
algunas horas su presencia en esa región oaxaqueña ante los indicios de
acercamiento entre los habitantes de la colonia Cuauhtémoc y los indígenas
zoques. Sin embargo, éstos insisten en que una brigada tripartita -las dos
partes en conflicto y autoridades agrarias- reanude el diálogo para darle
solución definitiva a la disputa por 11 mil hectáreas que mantienen indígenas
y colonos desde hace 35 años.
Luis
Bustamante comentó que integrantes de las organizaciones no gubernamentales
defensoras de derechos humanos Tepeyac y Agustín Pro darán seguimiento al
conflicto.
CULPA
LA PROFEPA A INDÍGENAS ZOQUES DEL DAÑO FORESTAL EN LOS CHIMALAPAS.
Genaro Altamirano y Alberto López, El Universal, página 10-B, miércoles
25 de julio.
La Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) reveló que han sido desmontadas 67 hectáreas
de selva de Los Chimalapas, para destinarlas a la ganadería, en los límites de
Santa María y la colonia Agrícola y Ganadera Cuauhtémoc.
La delegada en Oaxaca de esa
dependencia, Georgita Ruiz Michel, culpó de esta práctica a los indígenas
zoques.
La funcionaria explicó que,
inicialmente, fue denunciado ante la Profepa el desmonte y cambio del uso de
suelo para ganadería de siete hectáreas en el paraje Río Verde, por parte de
habitantes de la colonia Agrícola y Ganadera Cuauhtémoc, según indígenas
zoques de Santa María Chimalapas.
El acta administrativa fue
turnada a la Procuraduría General de la República (PGR), para que se iniciara
una diligencia penal.
La Profepa empezó otro
procedimiento administrativo por el desmonte de selva realizado por los chimas
en seis kilómetros de largo y 10 metros de ancho alrededor de 60 hectáreas, en
la apertura de una brecha, según colonos de la Cuauhtémoc, al presumir
igualmente afectaciones en sus tierras. Dicha queja también fue canalizada al
MP.
El proceso de eliminación de
arbolado se ha encontrado en ambos lados, señaló la delegada federal. Por otra
parte, aproximadamente 300 habitantes de la colonia Cuauhtémoc, en el municipio
Matías Romero, Oaxaca, bloquearon dos puntos de la carretera Transístmica y
exigieron la libertad de seis de sus compañeros, retenidos en Santa María
Chimalapa desde el 10 de julio.
GOBIERNO
FEDERAL
ILEGAL,
PEDIR CERTIFICADO DE INGRAVIDEZ, DICE FOX.
José Luis Ruiz, El Universal, página 15, miércoles
25 de julio.
El
presidente Vicente Fox advirtió que por ningún motivo se deberá exigir el
certificado de ingravidez a ninguna mujer que solicite empleo en alguna de las
dependencias del gobierno federal, y aseguró que el certificado de ingravidez
es una práctica "infame" y un requisito ilegal, que atenta contra los
derechos humanos y la Ley Federal del Trabajo, que establece que hombres y
mujeres gozan de los mismos derechos.
Durante
la Tercera Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de
las Mujeres (INM), Fox señaló que las autoridades serán inflexibles en la
aplicación de la ley, y admitió que en muchos lugares persisten todo tipo de
pretextos para no cumplir con el marco legal.
Explicó
que el despido o la no contratación de las mujeres embarazadas será combatido
por su administración.
"La
solicitud de certificado de ingravidez es ilegal y contraria el régimen
laboral. La Constitución y la Ley Federal del Trabajo establecen los mismos
derechos para mujeres y hombres, pero en muchos lugares encuentran pretextos
para violarlas y ponen en juego todo tipo de mañas para no cumplir sus
disposiciones."
Aseveró
que este es un punto en que se está trabajando con gran energía y
"seremos inflexibles en la aplicación de la ley".
"Advierto
que por ningún motivo deberá pedirse el certificado de ingravidez en las
dependencias del gobierno federal."
Condenó
que aún en estos días las mujeres sean objeto de la discriminación, lo que
incluso se ve reflejado en la percepción laboral.
Aseguró
que los ingresos que perciben son incluso hasta un 35 por ciento inferior al que
obtienen los hombres.
En
su opinión, debe fortalecerse la legislación a fin de evitar la desigualdad en
los ámbitos laboral y educativo.
Para
Fox es una obligación del Instituto Nacional de las Mujeres, de las
Organizaciones No Gubernamentales, medios de comunicación, partidos políticos,
legisladores y del propio Ejecutivo federal trabajar por la no discriminación
de las mujeres.
En
este acto estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Santiago Creel;
Reyes Tamez, Educación Pública; Carlos Abascal, del Trabajo; Víctor
Lichtinger, Medio Ambiente; Francisco Barrio, de Contraloría; María Teresa
Herrera, Reforma Agraria y José Sarukhán, coordinador para el Desarrollo
Social.
El
presidente Fox aseguró que la equidad de género es un indicador del desarrollo
de un país.
CRITICAN
GRUPOS SOCIALES PLAN FORESTAL DEL GOBIERNO FOXISTA.
Rosa Rojas, La Jornada, página 10, miércoles 25 de
julio.
Un
severo cuestionamiento al Plan Estratégico Forestal para México 2025 (PEF),
del gobierno de Vicente Fox, hicieron líderes de las cinco organizaciones
sociales forestales más importantes del país, al señalar que se parte de un
diagnóstico "sesgado" que menciona que la principal causa de
deforestación es el tipo de tenencia de la tierra, "lo que parecería
sugerir que la solución a la deforestación sería la privatización de bosques
y selvas".
Criticaron
también que privilegia a la iniciativa privada como motor del desarrollo
forestal y no toma en cuenta a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios
-dueños de 80 por ciento de los bosques y selvas del país- para la planeación
y ejecución del mismo, ni hay en él un mecanismo de concertación con los
productores.
La
Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Mocaf), la Unión Nacional
de Organizaciones de Forestería Comunal (Unofoc); la Unión Nacional de Ejidos
y Comunidades Forestales de la Confederación Nacional Campesina (Unecof), la
Unión Nacional de Productores Forestales y Frutícolas de la Confederación
Nacional de Propietarios Rurales (Unprof) y Profoagremex, son las organizaciones
que se han estado reuniendo para consensuar una posición común frente al PEF.
El
PEF fue elaborado por una consultora finlandesa para la Comisión Nacional
Forestal (Conafor), que preside Alberto Cárdenas Jiménez. El informe final,
que ya está disponible en Internet, subraya que fue elaborado mediante un
amplio proceso participativo "que involucró a más de 300 organismos e
individuos", lo que "le otorga legitimidad al plan".
Valoración
incompleta
En
entrevista conjunta, líderes de los citados grupos -excepto Ramiro Robledo, de
Unofoc, entrevistado por separado- señalaron que ha terminado la primera fase
de validación del PEF "pero hay algunas inconformidades en el sentido de
que la valoración no ha sido lo suficientemente amplia y hay el temor de que no
se recoja el verdadero sentir o los intereses de los dueños de los bosques y
selvas". Señalaron que deben realizarse consultas sobre el programa en las
zonas rurales llevándolas incluso hasta el nivel municipal.
Gustavo
Sánchez, de la Red Mocaf, improvisado vocero del grupo, precisó que un punto
medular del PEF que el sector social forestal considera debe modificarse es la
parte del diagnóstico, que parece sugerir que la solución a la deforestación
sería la privatización de los bosques y selvas, "lo cual es una visión
bastante sesgada a posiciones muy conservadoras".
Para
las organizaciones sociales de productores forestales, "la principal causa
de la deforestación es una política subordinada a la política agropecuaria y
tradicionalmente los bosques y selvas han sido una especie de reserva
territorial para la expansión de la agricultura y la ganadería y es hasta hace
pocos años que se empiezan a manejar términos como producción sustentable o
aprovechamiento sustentable. No es gratuito que apenas a partir de 1997 se
generan los primeros esquemas de estímulos directos al sector como son el
Prodefor (Programa de Desarrollo Forestal) y Prodeplan (Programa de
Plantaciones)".
"Hay
otros puntos en los que consideramos que no se está considerando la participación
de los productores como es la vigilancia comunitaria, la prevención, control y
combate de incendios forestales y las plantaciones comerciales. Se sigue
considerando ésta una actividad exclusiva del sector privado, cuando en la última
convocatoria del Prodeplan el sector social está rebasando ampliamente los
recursos
que hay disponibles".
En
la convocatoria del Prodeplan para este año, "no llegaron a 20 las
propuestas de empresarios, mientras que por parte del sector social hay
alrededor de 600 solicitudes de apoyo. Tampoco es una posición de que queramos
excluir al sector privado, cada quien tiene su papel, pero las plantaciones
forestales no son exclusivas".
Robledo,
de Unofoc, aseveró que desde 1997, cuando salió la primera versión del
Prodeplan, sólo se tomaba en cuenta a la iniciativa privada. Eso ocasionó que
buena parte de los recursos destinados a ese programa no fueran usados,
"los funcionarios no tenían idea de qué estaban haciendo".
Al
margen, el sector social
"El
nuevo gobierno tiene su enfoque muy particular del sector forestal, dejando al
margen al sector social". Indicó que también el Prodefor ha sufrido una
serie de modificaciones pero muy parciales, "beneficia sobre todo a los
prestadores de servicios (técnicos) y deja operativamente al margen a ejidos y
comunidades".
Respecto
al Prodeplan, Sánchez abundó: "Debe formarse una alianza entre el capital
privado y el sector social pero en términos equitativos, no una relación
leonina porque las empresas privadas que están plantando en el sureste se están
enfrentando con la realidad de que están teniendo que ajustar seriamente sus
metas porque no tienen el acceso a la tierra tan fácil; la gente no va a rentar
sus tierras por cantidades insignificantes y el caso más concreto es el de
Planfosur, que está reduciendo de 21 mil a 8 mil hectáreas sus metas
precisamente por esta situación".
Manuel
Montes, de Unecof, informó que otro acuerdo es que se va a exigir un lugar para
los productores del sector social forestal en la junta de gobierno de la Conafor
"en una forma parecida al Infonavit, al ISSSTE, incluso en Pemex los
obreros son miembros del consejo de administración, aquí no, ni siquiera hay
una gerencia de asistencia o concertación social".
Montes
apuntó que el planteamiento del PEF de revisar la estructura de tenencia de la
tierra -lo que requeriría reformar otra vez el artículo 27 constitucional-
"no lo vamos a permitir, sería otro retroceso, es un sueño guajiro. ¿Qué
quieren, que regresemos a los latifundios?", cuestionó.
Al
respecto, Federico Sánchez, de la Unproff, apuntó que la pequeña propiedad
forestal es de 800 hectáreas, eso está bien definido y "cualquier
modificación que se pretenda aplicar debe ser consensuada antes con los
productores y con los actores del sector forestal".
"Los
dueños de las tierras somos nosotros"
Montes
criticó también el señalamiento del PEF de que será la iniciativa privada el
motor del desarrollo forestal, porque "los dueños de las tierras somos
nosotros y entonces ¿dónde van a invertir empresarios?". Añadió que
deben modificarse las leyes forestales y ambientales y la Ley Federal de Aguas
para que se le paguen a ejidatarios y comuneros los servicios ambientales que
prestan a la sociedad. "Si los dueños del bosque somos los que producimos
el agua, por darle un ejemplo, nosotros tenemos derecho a que la Comisión
Nacional del Agua nos pague un porcentaje por cada metro cúbico".
"Le
voy a dar un dato: el agua de las presas en Sinaloa y en Sonora se produce en
Durango y otra parte en Chihuahua, pero resulta que los duranguenses y los
chihuahuenses no reciben ningún beneficio, sólo grandes exportadores, los
ricos de Sinaloa. Ahora ya están preocupados porque no hay agua desde hace 10 años,
debido a la deforestación".
Otro
punto "es crear un fondo -como lo hacen los ganaderos y los cañeros- de
productores forestales, y que por cada metro cúbico de madera se forme un
fideicomiso para la asistencia de los productores sociales".
Alfonso
Álvarez, de Profoagremex, subrayó que se han solicitado audiencias a los
titulares de Semarnat, Conafor y al mismo presidente Fox, "y ninguno de los
tres nos ha recibido".
"Queremos
pedirle a estas tres personas que incluyan directamente a los dueños y
poseedores en sus programas dado que son los únicos capaces de cuidar y
mantener el bosque, son los actores principales de todo este tipo de
programas".
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS
EL
CAMPO PODRÍA INCENDIARSE.
Antonio Cerda Ardura, Revista Siempre, página 10, miércoles 25 de julio.
Aunque
ya se han logrado algunos acuerdos, los actuales conflictos entre productores de
distintas regiones del país, el gobierno y agroindustriales son un aviso de que
el campo podría incendiarse en cualquier momento, advierte el coordinador del
Congreso Agrario Permanente, Álvaro López Ríos.
El
líder agrario señala que el campo está en crisis, debido a la falta de
inversión y presupuesto y a una política orientada a favorecer al comercio y a
los monopolios, pero que olvida a los productores.
Cañeros,
cafeticultores, maiceros, etcétera, han traído a la mesa de debates una
realidad; el campo está en crisis ¿de quién es la culpa?
Se
ha incubado una crisis de graves consecuencias, porque llevamos 15 años con una
política presupuestaria errónea. En 1984, en el sexenio de José López
Portillo, se impulsó el Sistema Alimentario Mexicano y al campo se le asignó
un carácter prioritario, con un presupuesto del 12 por ciento del gasto
programable. Esta fue una decisión correcta y estaba vinculada a una estrategia
para lograr eficiencia y soberanía alimentaria. En la actualidad, el
presupuesto para el sector es de sólo 3 por ciento y, si no volvemos al esquema
de diez o doce por ciento, el campo seguirá hundiéndose en la pobreza y podría
incendiarse.
¿Qué
es lo más urgente?
SECTOR
AGROPECUARIO
AMENAZAN
AZUCAREROS OCUPAR INGENIOS A ESCALA NACIONAL.
Pablo
González y Mario Peralta, Excélsior, página 4, miércoles 25 de julio.
Con
17 días de plantón permanente en la Secretarías de Hacienda, Economía y
Agricultura, y trabada toda negociación en torno al pago de un adeudo por
cuatro mil 500 millones de pesos, productores de caña de la CNC y CNPR, así
como trabajadores sindicados del ramo azucarero, amagaron con iniciar hoy la
toma de ingenios a nivel nacional, como medida de presión a las autoridades
gubernamentales para resolver el conflicto; en tanto, la Sagarpa informó anoche
sobre la firma de un nuevo fideicomiso por 36 millones de pesos para pagar a cañeros.
Por
otra parte el diputado Jorge Schettino Pérez, tesorero de la Unión Nacional de
Productores de Caña, confirmó que hoy se inicia la toma de ingenios en todo el
país porque no se vale que los industriales no paguen y haya tareas de reparación
y mantenimiento en ingenios cuya zafra inicia en noviembre próximo; la etapa
fuerte en diciembre y los rezagados en enero del próximo año.
Miguel
Ángel Lagunes, representante de cañeros veracruzanos, hizo mención que ellos
ya no confían en las informaciones de la Sagarpa, porque al menos dos o tres
veces por semana difunde boletines en los que afirma que "anoche se
solucionó el conflicto cañero", pero luego resulta que lo que se liberó
es un pago de a lo sumo 36 millones de pesos, que no significan gran cosa contra
los cuatro mil 500 millones que nos adeudan los industriales azucareros.
No
descartó la posibilidad de que el Gobierno ha decidido apoyar a los
industriales financieramente, pero no se atreven a publicitarlo, por temor al
desprestigio, pues en los hechos, sería un "fobaproíta".
Gildardo
Gutiérrez Guzmán, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Rurales,
Industrias Agropecuarias y Operadores de Maquinaria Agrícola "Emiliano
Zapata", afiliado a la CRT, pidió al titular de la Sagarpa, Javier
Usabiaga Arroyo, "actuar con diligencia y energía" porque decenas de
miles de cortadores de caña enfrentan una "situación de miseria
extrema".
Mientras
tanto, cañicultores provenientes de al menos siete entidades, apostados a las
afueras de las dependencias arriba citadas, iniciaron el retorno a sus lugares
de origen, aún cuando los dirigentes de la Unión Nacional de Productores de Caña
-quienes presumiblemente disienten respecto a la solución del problema-
advirtieron: "Nos doblamos pero no nos quebramos", y por tanto,
continuaremos hasta lograr hacer que el Presidente de la República, exija a los
industriales que cumplan con su compromiso, y "nos paguen".
El
retorno de los cañeros -unos cinco mil- a Veracruz, Tabasco, Morelos, Michoacán,
Jalisco, San Luis Potosí y Tamaulipas, comenzó en las primeras horas de ayer,
y los que aceptaron hablar con los reporteros se mostraron desalentados al decir
que "todo el esfuerzo resultó en vano".
Lo
que más lamentaron es haber dejado a sus familias durante dos semanas, con
escasos recursos económicos.
Miguel
Ángel Lagunes dijo también que la posición de los ingenios azucareros es
pagar las preliquidaciones vencidas sin asumir el compromiso para cubrir las
liquidaciones finales, se convierte en un acto no tan sólo ilegal sino que
incurre en el cinismo y la inmoralidad dado que el daño económico no es sólo
a los productores de caña, sino también a la economía de sus familias y de
las regiones.
Algunos
cañeros reconocieron que la liquidación de adeudos por grupos de ingenios con
productores de caña ha iniciado, pero se quejaron de que ha ido muy lenta,
aunque existen presuntos arreglos con productores de los ingenios de Atencingo,
Puebla; el Modelo, en Veracruz, y el grupo Machado Uno, cuyos directivos
depositaron 30 mil toneladas de azúcar como aval para la preliquidación.
El
Grupo Caze, cuenta con 244 mil toneladas de azúcar que es 70 por ciento de la
pignoración, lo cual equivale a 800 millones de un total de mil 350 millones de
pesos a que asciende su adeudo, pero ninguno de los grupos ha podido acreditar
legalmente que cuente con el dulce.
Lagunes
propuso que se integre una agenda completa con cada uno de los grupos
industriales deudores donde se cuantifiquen con mayor exactitud los adeudos y se
establezca el mecanismo de pago inmediato de la totalidad de los cuatro mil 500
millones de pesos, incluyendo el concepto de intereses moratorios
capitalizables.
Por
su parte, Schettino Pérez, dirigente de los cañeros cenecistas, dio a conocer
que con el único que hay acuerdos es con el grupo azucarero Machado I, el cual
depositó los volúmenes necesarios del dulce para cubrir preliquidaciones.
Recordó
el compromiso asumido por el titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga, en el
sentido de que este martes se resolvería 99 por ciento del problema, pero,
advirtió: "Estamos en espera de ello..." Por tanto, argumento los cañeros
cenecistas no nos vamos hasta en tanto no se resuelva el problema que se tiene
en 52 ingenios.
En
su oportunidad, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Rurales,
Industrias Agropecuarias y Operadores de Maquinaria Agrícola "Emiliano
Zapata" -con presencia en los ingenios de Tala y Tamazula, Jalisco;
Uruapan, Lázaro Cárdenas, Teretán y Los Reyes, Michoacán; Puga y el Molino,
en Nayarit; el Mante de Tamaulipas; San Pedro, Lerdo de Tejada e Independencia,
de Martínez de la Torre, Veracruz, así como algunos de Morelos- respaldó el
movimiento con el que los cañeros exigen el pago de las zafras 2000-2001.
Resulta
inadmisible que una vez entregada la caña de azúcar a los ingenios; de haberla
industrializado, comercializado el dulce, se nieguen a pagar por un trabajo
ejecutado en el campo.
OPINIÓN
ANTESALA
DEL PODER.
Columna de Pastor Tapia, Unomásuno, página 16, miércoles 25 de julio.
En altas esferas
gubernamentales ya se estudia una reorganización administrativa del gobierno
federal a fondo, de esas que cada sexenio los presidentes realizan para todo el
aparato público con su programa gubernamental. Hay razones que se esgrimen y
veamos tan sólo un ejemplo.
La Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, Comisión
Federal de Competencia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión
de Arbitraje Médico y la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del
Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría
de Defensa del Trabajador y el Tribunal Agrario, por citar las más de este
ramo, son instancias que tienen como finalidad mediar entre partes en conflicto
y proteger al que tiene la razón mediante la aplicación correcta y justa de la
ley.
Son instrumentos
administrativos de gobierno adscritos a las diferentes secretarías de Estado.
Así, por ejemplo, la Profeco corresponde al sector Economía, Profepa a
Semarnat, Cofetel a SCT, etcétera, pero todas tienen un denominador común:
defender a uno de los abusos del otro o de decisiones y acciones y decisiones
que han afectado a terceros, es decir, realizan funciones de investigación,
valoración de pruebas, y fallo para cualquiera de las partes y por medio de las
instancias administrativas o legales en su caso, e instruyen y aplican condenas.
O sea que todas estas instancias llevan a cabo funciones de administración de
justicia.
Y, entonces la pregunta que se
hacen los encargados de llevarle un planteamiento al presidente Vicente Fox para
reorganizar el gobierno federal es: ¿por qué esas instancias no se agrupan
todas en el sector jurista? Y, la reflexión es que al tratar asuntos
relacionados con el sector a que pertenecen, con el que se coordinan y cuyo
titular, es, por lo general, quien preside el Consejo de Administración, se
podrían enfrentar a un conflicto de intereses al ser juez y parte.
Por eso se ha planteado la
posibilidad de incorporar esas instancias al sector jurista, vamos, a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
No se habla de razones de
ineficiencia. No.
Todo lo contrario, pues como en
el caso del extinto Tribunal Fiscal de la Federación, cuyo titular, María
Guadalupe Aguirre Soria ha hecho una labor de suyo encomiable, no sólo
por el hecho de haber logrado transformar al organismo a los nuevos tiempos y a
las exigencias sociales del México democrático de hoy.
Con el nuevo enfoque, el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como se llama ahora,
propugna por el bienestar social de los gobernados, mediante el equilibrio de
sus legítimos intereses con la salvaguarda del interés público.
En suma, la aplicación
humanista de la ley y la justicia, porque el juzgador debe ejercer su cargo con
blanda suavidad guiado por la prudencia, ya que cuando puede tener lugar la
igualdad, no es justo aplicar el rigor de la ley, porque la prudencia no se
dobla con el peso de la dádiva, sino con el de la piedad y la misericordia,
escudriñando previamente lo que se esconde en la oferta del rico y las lágrimas
del pobre.
PARÁBOLA.
Columna de Ben-Am, México Hoy, página 9, miércoles 25 de julio.
Según The New York Times,
Javier Usabiaga, el secretario del despacho de Agricultura mejor conocido como
el Rey del Ajo por ser el mayor exportador mexicano de ese tubérculo,
declaró: “El pequeño agricultor, no Importa cuán productivo sea, se irá
convirtiendo en un agricultor de medio tiempo y no uno de tiempo completo”.
¿Moraleja? La de que los
asertos del gran empresario guanajuatense amigo de Fox tienen una interpretación
ominosa: la agricultura mexicana deberá ser una actividad de las grandes
corporaciones, particularmente de las trasnacionales estadunidenses.
Otra moraleja es la de que los
planes foxistas de changarrizar a la economía no tendrán validez en el campo.
No habrá, pues, changarros agrícolas, pecuarios, forestales ni –suponemos–
pesqueros.
Los changarros serán sólo
para la ciudad.
Agronegocios.
VOCES
DE ALARMA EN EL CAMPO.
Rosa Albina Garavito Elías, El Universal, página 26, miércoles 25 de julio.
A
pesar de la creciente urbanización del país, del campo siguen llegando las
voces de alarma sobre los riesgos de estallidos sociales por las consecuencias
devastadoras de las políticas económicas de los gobierno priístas y panistas.
El levantamiento del EZLN se dio dos años después de la aprobación de la
contrarreforma del artículo 27 constitucional, que legalizó la privatización
del ejido y dio por concluido el reparto agrario y coincidió con la puesta en
marcha de Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) que abrió a
la competencia internacional la producción agropecuaria. Hoy, la aprobación de
la Ley de Derechos y Cultura Indígenas coincide con la extensión de las
protestas de los productores del campo por la destrucción de sus mercados. Pero
los tecnócratas de antes y los empresarios de ahora convertidos en gobernantes
no se inmutan frente a los alzamientos armados y las protestas sociales; suponen
que todo es un conflicto entre privados, tratan de comerse una torta frente a
los reclamantes, les piden no olvidar la filosofía de "ganar o
ganar", dejar atrás esquemas del pasado y convertirse en exitosos
empresarios.
Pero
es evidente que la estrategia para resolver los problemas del campo y de la
economía nacional poco tienen que ver con la aplicada para aumentar las ventas
de Coca Cola. Y sin embargo, ese es el tratamiento que se le da. Para su
tranquilidad, los panistas ya no tienen que preocuparse por aprobar reformas
constitucionales y legales que permitan gobernar al país como si fuera una
empresa; a partir de 1982 los gobiernos priístas empezaron a ponerles la mesa
para que así fuera; para cerrar el ciclo de esas reformas estructurales sólo
faltan los sectores laboral y energético, pero en el resto, la tarea de
privatización y desregulación está completa. La del desastre, también.
Como
no se necesita aprender historia para tener un título de economista en las
universidades extranjeras, tampoco para vender Coca Cola, tanto los tecnócratas
priístas en su momento, como ahora los gobernantes panistas ignoran que si algo
explica el largo periodo de crecimiento sin inflación (1952-1976) y la
estabilidad política en México, fue la reforma agraria que incluyó el reparto
y las políticas de fomento a la producción agropecuaria. Mientras en el resto
de los países en América Latina se vivían las crisis económicas recurrentes
y los golpes de Estado, México pudo sobrellevar su dictadura perfecta, que
incluía las políticas del bienestar social, gracias al desarrollo del sector
agropecuario. Divisas para la importación de la maquinaria industrial; oferta
oportuna de mano de obra; bajos salarios; abundancia de bienes básicos y
mercado para los productos industriales fueron las funciones que puntualmente
cumplió el sector agropecuario y la llave del éxito de ese crecimiento sin
inflación. Una experiencia inédita en América Latina agotada en la década de
los 70. Esa exitosa política no fue concesión graciosa de ningún gobernante,
sino producto de la Revolución Mexicana de 1910. Y como no se aprende de la
historia, pareciera que los gobernantes en México quieren reabrir el ciclo de
los cambios por la vía de los estallidos sociales. Piensan que la gran lección
democrática que dio el pueblo de México el pasado 2 de julio al derrotar al
PRI por la vía pacífica, es un cheque en blanco para que el nuevo gobierno
siga con la política económica en beneficio de unos cuantos. El puerto seguro
que la señora Fox anuncia no se ve por ningún lado. La alternancia pacífica
en el poder no garantiza que el cambio social se dé también por esa vía.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx