Martes 24 de julio
de 2001
Martes 24 de julio
de 2001
Las notas que se reproducen a continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Reforma • El Universal • La Jornada • Excélsior
• El Financiero • Unomásuno • La Crónica de Hoy
• Ovaciones • El Sol de México • El Día
DIARIO
OFICIAL.
El Financiero, página A-2, martes 24 de julio.
La Secretaría de la Reforma Agraria informa sobre la resolución que declara
como terreno nacional el predio de Santa Teresa, expediente número 144668,
municipio de Yaxcabá, Yucatán. Así como el Dictamen mediante el cual se
declara inexistente la colonia agrícola y ganadera Adolfo Ruiz Cortínez,
municipio de Playa Vicente, Veracruz.
“DRAMÁTICA”,
LA VIOLENCIA EN ZONAS RURALES, AFIRMAN.
Jorge Ramos Pérez, El Universal, página 5, martes 24 de julio.
La guerrilla, la indefinición jurídica, los conflictos intracomunitarios y el
narcotráfico son las principales causas de la violencia en zonas rurales e indígenas,
fenómeno que carece de una política de Estado, consideró Sergio Sarmiento
Silva, especialista del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
CONVENIOS
DE COLABORACIÓN UNAM-TRIBUNALES AGRARIOS.
Jesús
Anlen, El Sol de México, página 2, martes 24 de julio.
El pasado 11 de julio firmaron un convenio de colaboración la Universidad
Nacional Autónoma de México y el Tribunal Superior Agrario con el objeto de
“establecer las bases generales de colaboración para que la UNAM a través
del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Tribunal lleven a cabo
actividades conjuntas en materia investigación, docencia, difusión y extensión
de la cultura en materia jurídica”.
SIN
RESOLVER EL DISENSO EN LA LEY DE DESARROLLO RURAL.
Martín Rea Prieto, Ovaciones, página 6, martes 24 de julio.
La nueva Ley de Desarrollo Rural Sustentable obligará al Estado a planear y
atender al campo de manera estratégica en el mediano y largo plazos, porque se
trata de una cuestión de seguridad nacional, advirtió Silvano Aureoles Conejo
(PRD), presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de
Diputados.
DECEPCIONADOS
CON EL GOBIERNO MILLONES DE EJIDATARIOS, ASEGURA HELADIO RAMÍREZ.
Luz María Noriega, El Sol de México, página 18, martes 24 de julio.
Millones de ejidatarios y comuneros están decepcionados con el gobierno, por la
pobreza creciente que sufren y la falta de alternativas para sobrevivir, denunció
el líder de la Confederación Nacional Campesina, Heladio Ramírez López.
LA
COMPETENCIA EN EL CAFÉ, GENERA CRISIS.
Julio Mardones, El Sol de México, página MP-5, martes 24 de julio.
Al asegurar que la industria nacional de la cafeticultura atraviesa por una
emergencia, Arely Madrid Tovilla, senadora de la fracción parlamentaria del
PRI, hizo hincapié en que la situación de crisis es producto de las nuevas
condiciones en la competencia por el mercado internacional.
CAÑEROS
CONDICIONAN LA ENTREGA DE INSTALACIONES.
Lourdes
Edith Rudiño, El Financiero, página 16, martes 24 de julio.
Los productores de caña que se han movilizado en la ciudad de México durante
los últimos 15 días, prácticamente desmantelaron sus plantones ante las
secretarías de Agricultura, Hacienda y Economía, aunque mantienen
“tomadas” las instalaciones de las dependencias.
DEMANDAN
EJIDATARIOS AL GOBIERNO FEDERAL DÉ CELERIDAD AL PROYECTO “ISLAS DEL GOLFO. Mauricio
Hernández, El Sol de México, página 5-B, martes 24 de julio.
Campesinos del Ejido Alfredo V. Bonfil, en La Paz, Baja California Sur, señalaron
que aún permanecen a la espera de que las autoridades federales lleven a cabo
un consenso, con el cual habrá de determinarse el rumbo que tendrán las ahora
protegidas “Islas del Golfo”, ya que, agregaron, que hasta que esto no
ocurra, cualquier actividad que involucre a dicha zona será detenida.
EXPROPIAN
75 LOTES DE XOCHIMILCO.
Alejandra Martínez, El Universal, página 6B, martes 24 de julio.
Para regularizar la tenencia de la tierra en asentamientos anormales de
Xochimilco, el jefe de gobierno del DF expropió 75 lotes de la colonia San Juan
Tepepan y los pueblos San Pedro y San Marcos.
CORRESPONDENCIA.
Carta dirigida al director del periódico Unomásuno, página 2, martes 24 de
julio.
Señor director:
Los habitantes de las colonias Ahuacatitla, Ocotla Chico y la Faja, ubicadas en
la parte norte de San Miguel Topilejo y organizados en Antorcha Popular, hemos
venido gestionando desde las administraciones delegacionales anteriores, solución
a las demandas de regularización de los predios en que estamos asentados,
arreglo del camino de acceso, electrificación, agua, recolección de basura,
seguridad y apoyo para obtener 300 créditos que resuelvan el problema de
vivienda de igual número de familias.
NECESARIO,
UN CAMBIO EN LA CDHDF: PRD Y PAN.
María Esther Ibarra, La Jornada, página 36, martes 24 de julio.
El perredista Gilberto Ensástiga se manifestó por que el nuevo titular de la
CDHDF trabaje realmente por la dignidad de las personas, y dijo que en el caso
de los ejidatarios afectados por el decreto expropiatorio del presidente Fox en
favor de la televisora del Ajusco, Luis de la Barrera Solórzano sólo ha
guardado silencio.
LA
VENTA DE TERRENOS EN TLAYAPACA PROVOCA PÉRDIDAS POR 50 MILLONES.
Adrián
Castillo, La Crónica de Hoy, página 15, martes 24 de julio.
Los resultados de las auditorías financieras realizadas a Servimet, confirman
que la venta del predio Tlayapaca estuvo plagada de irregularidades y nunca se
contó con la aprobación final del Consejo de Administración del organismo.
GRUPO
ATLACOLMULCO TRAS AEROPUERTO EN TEXCOCO.
Edilberto Murguía Rojas, El Día, página 13, martes 24 de julio.
La posible inclinación del gobierno federal hacia el municipio de Texcoco, para
la construcción del aeropuerto alterno al de la ciudad de México, ha
incentivado la movilización de ejidatarios de la zona contemplada en el
proyecto, y a decir de estos, se podrían generar enfrentamientos violentos con
las autoridades estatales al impedir la expropiación de las miles de hectáreas
donde se erigiría la terminal.
ACUSAN
REDUCCIÓN DE TERRENOS.
Patricia Ramírez, Reforma, página 3B, martes 24 de julio.
Vecinos de la colonia El Jaral manifestaron su inconformidad debido a
que en el proceso de regularización de la tierra, Corett les ha disminuido el
tamaño de sus terrenos, sin reconocerles el total del que son propietarios
desde hace más de 20 años y que se han registrado desde 40 hasta 80 metros
menos en relación con las medidas originales.
NEGOCIAN
CON ZOQUES LIBERTAD DE 6 RETENIDOS EN CHIMALAPAS.
Alberto López Morales, El Universal, página 10B, martes 24 de julio.
Una comisión de siete mujeres de la colonia Cuauhtémoc, se trasladó a
Santa María Chimalapa para negociar la liberación de seis de sus compañeros
retenidos por los comuneros zoques, desde el 10 de julio.
PROPONEN
CHIMALAPAS CREAR ÁREA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN TERRENO QUE DISPUTAN CON
GANADEROS.
Rosa Rojas, la Jornada, página 32, martes 24 de julio.
Ante el "alto riesgo de un enfrentamiento armado" entre la
comunidad de Santa María Chimalapa y los ganaderos de la colonia Cuauhtémoc,
el Comité Nacional de Defensa y Conservación de los Chimalapas está
impulsando una vía alternativa de salida al problema, propuesta por los propios
comuneros, que consiste en crear en esa superficie una "área de restauración
ecológica".
CAMPO
MORADO; MUY GRAVE ASUNTO.
Lazlo Moussong, “Caja de Resonancia”, Excélsior, página 5, martes 24 de
julio.
En Guerrero, dentro del municipio de Arcelia, hay una extensión de 44
mil hectáreas a lo largo de 8 kilómetros conocida como Campo Morado. Ese sitio
ha sido considerado sólo como una zona más ejidal y minera. Sin embargo, hoy
se conoce su increíble riqueza, pero con ineptitud y la negligencia ante el
interés nacional que caracteriza al neoliberalismo, Campo Morado entra en el
catálogo de las muchas cosas que le son ajenas al gobierno de Fox.
MÉXICO
AMARGO.
Manuel Mejido, “Los Grandes Días del 2001”, El Sol de México, página
15, martes 24 de julio.
El empobrecimiento en que viven 17 millones de campesinos, ha llevado a
diversos grupos a la desesperación y a cometer actos violentos.
Los hombres del campo, sin futuro ni esperanzas, están tomando el camino
de los bloqueos de carreteras, de instalaciones de Pemex y de termoeléctricas
en varios puntos de la geografía nacional.
NOTICIAS
DEL SECTOR
DIARIO
OFICIAL.
El Financiero, página A-2, martes 24 de julio.
“DRAMÁTICA”,
LA VIOLENCIA EN ZONAS RURALES, AFIRMAN.
Jorge Ramos Pérez, El Universal, página 5, martes 24
de julio.
La
guerrilla, la indefinición jurídica, los conflictos intracomunitarios y el
narcotráfico son las principales causas de la violencia en zonas rurales e indígenas,
fenómeno que carece de una política de Estado, consideró Sergio Sarmiento
Silva, especialista del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
En
México, la violencia en las zonas rurales es "dramática", porque
forma parte de la vida cotidiana y de los elementos culturales, aunado a la
falta de una política de Estado que atienda los rezagos sociales.
Uno
de los grandes obstáculos, a juicio del estudioso de movimientos sociales, es
el desinterés de la sociedad por reconocer a los indígenas como grupos
diferentes e históricamente distintos. El investigador precisó que en las
comunidades rurales son comunes las actividades ilícitas como el narcotráfico,
los ajusticiamientos, castigos por parte de grupos paramilitares y las acciones
que conllevan los usos y costumbres de cada región como venganzas, peleas a
muerte, violaciones y abusos. Esta situación se vive sobre todo en regiones
como la Montaña de Guerrero; la Sierra Sur y la Mixteca de Oaxaca; los
Chimalapas, en Chiapas, y la Selva, en Michoacán.
De
acuerdo con Sarmiento Silva hay al menos cuatro elementos que propician la
violencia en estas zonas del país, las cuales se caracterizan por los altos índices
de pobreza: En primer lugar, Sarmiento menciona la aparición de grupos
guerrilleros como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por lo que el
gobierno envía gran cantidad de militares a diversas zonas del país.
Por
otra parte, está la violencia que genera la indefinición jurídica en la
tenencia de la tierra, que deriva en problemas intra e interfamiliares. Un
tercer rubro considerado por Sarmiento Silva es el causado por los conflictos
intercomunitarios, pues las familias crean problemas durante los traspasos de
los derechos agrarios a sus sucesores.
"Un
ejemplo es el rechazo de los parientes a que una herencia tenga como
destinataria una mujer", señaló.
TRIBUNAL
SUPERIOR AGRARIO
CONVENIOS
DE COLABORACIÓN UNAM-TRIBUNALES AGRARIOS.
Jesús Anlen, El Sol de México, página 2, martes 24 de julio.
“El
Derecho Agrario es un derecho social, en el sentido de un orden jurídico
disciplinado a la corriente social del Derecho. El Derecho social es el mejor
intento por incorporar en la justicia el designio de equidad, o mejor todavía,
por entender que sólo hay verdadera justicia cuando ésta responde a los
requerimientos del caso concreto. La justicia es el más fino ejercicio de la
probidad, la prudencia, la ciencia. La persona del juzgador es fundamental, el
ser humano que asume tan delicada y alta encomienda. Esta persona debe ser un
modelo de probidad, sabiduría, entereza, serenidad pues sólo él está llamado
a pronunciarse sobre lo que es verdad y lo que no lo es.
La
Justicia Agraria será en definitiva, lo que hagan de ella sus funcionarios.
Esto determina una cuidadosa, muy cuidadosa selección de juzgadores y
auxiliares y a partir de dicha selección, debe favorecerse la cerrada carrera
judicial especializada.
Y
si es necesaria la selección adecuada del personal, no lo es menos la
capacitación y actualización durante el tiempo que dure el servicio para el
personal jurisdiccional y administrativo”.
Estas
palabras reflejan el pensamiento del Dr. Sergio García Ramírez (Justicia
Agraria, Tribunal Superior Agrario, 1995) con respecto a la necesidad del
perfeccionamiento y capacitación permanente de quienes tienen a su cargo la
delicada tarea de impartir justicia agraria.
En
atención a este requerimiento de actualización y superación del personal
jurisdiccional y administrativo auxiliar, el pasado 11 de julio firmaron un
Convenio de Colaboración la Universidad Nacional Autónoma de México y el
Tribunal Superior Agrario con el objeto de “establecer las bases generales de
colaboración para que la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas
y el Tribunal lleven a cabo actividades conjuntas en materia investigación,
docencia, difusión y extensión de la cultura en materia jurídica”.
LEY
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
SIN
RESOLVER EL DISENSO EN LA LEY DE DESARROLLO RURAL.
Martín Rea Prieto, Ovaciones, página 6, martes 24 de julio.
La nueva
Ley de Desarrollo Rural Sustentable obligará al Estado a planear y atender al
campo de manera estratégica en el mediano y largo plazos, porque se trata de
una cuestión de seguridad nacional, advirtió Silvano Aureoles Conejo (PRD),
presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, quien
anticipó que el dictamen se presentará al pleno en el periodo ordinario de
sesiones que se inicia el 1 de septiembre.
Informó,
además, que a finales de mes la comisión se reunirá con Javier Usabiaga
Arroyo, secretario de Agricultura, con el propósito de revisar las acciones que
se han puesto en marcha para resolver el problema de los productores de caña,
de maíz, de copra y otros.
En
entrevista, el diputado por el estado de Michoacán informó que en la formulación
de la nueva ley se lleva un avance del 80 por ciento, pero uno de los aspectos
importantes, que tiene que ver con el financiamiento y que fue parte importante
del veto presidencial, aún está entre corchetes; es decir, está pendiente de
un acuerdo entre los grupos parlamentarios y las diversas dependencias del
Ejecutivo que participan en las negociaciones.
Ese
punto, dijo, se revisará entre los legisladores en los próximos días, y luego
se expondrá a la representación del gobierno.
En sí,
expresó, “la idea es avanzar en los consensos tanto entre los grupos
parlamentarios como entre los legisladores y las dependencias, para evitar que
el presidente Vicente Fox Quesada vete la legislación nuevamente”.
En las
reuniones han participado altos funcionarios de las secretarías de Agricultura,
Reforma Agraria, Medio Ambiente, Sedesol y Gobernación. Esta última, en
calidad de coordinadora de la participación del Ejecutivo federal.
En
general, aseguró Silvano Aureoles Conejo, “estamos avanzando bien, y espero
que en septiembre presentemos el dictamen que se ha venido trabajando con el
Ejecutivo y los grupos parlamentarios”.
El propósito
principal de la nueva legislación, afirmó, es convertir al campo mexicano en
un sector estratégico para el desarrollo del país.
Actualmente,
indicó, requiere de la atención urgente del Estado, no sólo del gobierno,
porque es preciso planear el desarrollo del agro a mediano y largo plazos, pero
también se necesita destinarle mayores recursos, y en eso estriba la
participación del Congreso de la Unión.
ORGANIZACIONES
CAMPESINAS Y PARTIDOS POLÍTICOS
DECEPCIONADOS
CON EL GOBIERNO MILLONES DE EJIDATARIOS, ASEGURA HELADIO RAMÍREZ.
Luz María Noriega, El Sol de México, página 18, martes 24 de julio.
Millones
de ejidatarios y comuneros están decepcionados con el gobierno, por la pobreza
creciente que sufren y la falta de alternativas para sobrevivir, denunció el líder
de la Confederación Nacional Campesina, Heladio Ramírez López, quien señaló
que las instituciones oficiales que concurren al agro, se limitan a emitir
promesas y no las cumplen.
Subrayó
que de ninguna manera es exagerado señalar que “el agro vive una crisis muy
profunda, que puede llevar a una serie de desbordamientos sociales que rebasen
el ámbito regional para convertirse en nacionales”.
Dijo
que es indudable que los productores han demostrado que son eficientes y que,
cuando cuentan con recursos, pueden hacer producir la tierra con excelentes
resultados.
Pero
actualmente no reciben el apoyo indispensable y, por ello, la situación se ha
complicado de manera considerable.
“Estamos
inquietos porque sentimos la lejanía de las instituciones y la amenaza de su
desmantelamiento o desaparición, y la ausencia de políticas de apoyo”, añadió.
También,
expresó que el país se encuentra en la antesala de un severo problema social,
aunque se niegue en el ámbito oficial, y entre los factores más difíciles,
destaca la falta de generación de empleos, y la incesante migración de
compatriotas hacia Estados Unidos.
SECTOR
AGROPECUARIO
LA
COMPETENCIA EN EL CAFÉ, GENERA CRISIS.
Julio Mardones, El Sol de México, página MP-5, martes 24 de julio.
Al
asegurar que la industria nacional de la cafeticultura atraviesa hoy en día por
una emergencia, Arely Madrid Tovilla, senadora de la fracción parlamentaria del
PRI, hizo hincapié en que la situación de crisis es producto de las nuevas
condiciones en la competencia por el mercado internacional, debido
particularmente al fuerte incremento en la producción con países como Brasil,
Indonesia y Vietnam, lo cual ha llevado a tener una sobreoferta que mantiene el
precio del aromático en sus índices históricos más bajos.
Frente
a esta realidad, la presidenta de la Comisión de Reforma Agraria del Senado de
la República, junto a los legisladores priístas Fidel Herrera Beltrán, José
Aguilar Bodegas, Ernesto Gil Elorduy, Héctor Michel Camarena, Manuel Añorve Baños
y Eddie Varón Levy, presentaron iniciativa de decreto que reforma los artículos
1°, 3°, 5°, 6° y 8° de la Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado,
a fin de que los actores de la cadena productiva, estén actualizados y
preparados para responder a los retos del milenio que inicia.
El
documento signado por los legisladores priístas, resalta que, dada la paulatina
supresión de impuestos arancelarios que condicionará a los productores
exportadores, transformadores e industriales mexicanos a ser más competitivos
en todo el proceso de la cadena productiva, se prevé que el café procesado
llegue al mercado internacional en mejores condiciones de competitividad.
Ante
la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Arely Madrid
dijo que esta actividad aglutina 300 mil productores distribuidos en 281
municipios que engloban a su vez 4,326 comunidades de 12 estados cafetaleros de
México. En conjunto destinan cerca de 700 mil hectáreas al cultivo, generando
gran demanda de mano de obra, lo que representa beneficios directos e indirectos
a más de 3 millones de personas, quienes desarrollan actividades comprendidas
en la producción, recolección, industrialización y comercialización del aromático
mexicano.
CAÑEROS
CONDICIONAN LA ENTREGA DE INSTALACIONES.
Lourdes Edith Rudiño, El Financiero, página 16, martes 24 de julio.
Los
productores de caña que se han movilizado en la ciudad de México durante los
últimos 15 días, prácticamente desmantelaron sus plantones ante las secretarías
de Agricultura, Hacienda y Economía, aunque mantienen “tomadas” las
instalaciones de las dependencias.
El
día de ayer, los cañeros plantados ante la Secretaría de Agricultura no
rebasan los 100 y sus comentarios eran en el sentido de que dejarían la ciudad
a media semana.
Sin
embargo, Jorge Schettino, secretario de Finanzas de la Unión Nacional de
Productores de Caña de la CNC, señaló que el levantamiento de la movilización
está condicionado a que el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo,
cumpla su promesa de que entre el lunes y martes el conflicto estaría resulto
en 99 por ciento.
Schettino
apuntó que, vía discusiones en la Junta de Conciliación y Arbitraje de
Controversias azucareras, el pasado fin de semana el Grupo Machado I manifestó
su interés por participar en el esquema financiero de Ficaña; “pero fuera de
eso ningún otro se ha acercado a la Junta”.
El
Ficaña es un fideicomiso que creó el gobierno federal con la intención de
ofrecer un mecanismo alternativo al acceso directo al crédito de Bancomext
dispuesto para el pago de la caña, con una bolsa de 2 mil 500 millones de
pesos.
Asimismo,
es para aquellos grupos azucareros que no reúnen
los requisitos que este banco exige.
Mientras
tanto en Puebla las uniones locales de cañeros del ingenio de Atencingo pagarán
este martes las primeras preliquidaciones, con 39 millones de pesos que les
depositó Banrural.
BAJA
CALIFORNIA SUR
DEMANDAN
EJIDATARIOS AL GOBIERNO FEDERAL DÉ CELERIDAD AL PROYECTO “ISLAS DEL GOLFO.
Mauricio Hernández, El Sol de México, página 5-B, martes 24 de julio.
Los
ejidatarios del Ejido Alfredo V. Bonfil, en La Paz, Baja California Sur, señalaron
que aún permanecen a la espera de que las autoridades federales lleven a cabo
un consenso, con el cual habrá de determinarse el rumbo que tendrán las ahora
protegidas “Islas del Golfo”, ya que, agregaron, que hasta que esto no
ocurra, cualquier actividad que involucre a dicha zona será detenida.
“Mientras
no se realice el análisis que fuera ofrecido por las autoridades federales,
nosotros no cederemos en nuestras solicitudes de desarrollo para las islas, ya
que como propietarios estamos en todo nuestro derecho”, señalaron.
Sobre
esto, el líder de la Confederación Nacional Campesina, Javier Romero Jordán,
mencionó que la postura de los propietarios es de no deteriorar las islas, ya
que ellos son los principales interesados en que sean explotadas como es debido
y “siempre con total apego a las leyes ambientales”.
Además
dijo que desde hace cinco años han solicitado a la Semarnat un estudio para
poder llevar a cabo desarrollos sustentables en esa zona, pero agregó que hasta
ahora no han recibido ninguna respuesta y sólo han sido objetos de diferentes
tipos de presiones para que vendan sus tierras a precios bajos.
Esto
añadió, es con el claro fin de que algunos interesados, quienes aún no dan la
cara, puedan llevar a cabo la explotación de las islas, con el consentimiento
de las autoridades federales, lo que podría empezar a verse de un momento a
otro, ya que ha tenido conocimiento de que existen ofertas de compra por los
terrenos.
DISTRITO
FEDERAL
EXPROPIAN
75 LOTES DE XOCHIMILCO.
Alejandra Martínez, El Universal, página 6B, martes
24 de julio.
Para
regularizar la tenencia de la tierra en asentamientos anormales de Xochimilco,
el jefe de gobierno del Distrito Federal expropió 75 lotes de la colonia San
Juan Tepepan y los pueblos San Pedro y San Marcos.
El
gobierno del Distrito Federal determinó que "por causas de utilidad pública"
se iniciará la regularización de esos predios, cuya extensión es de 14 mil
444 metros cuadrados y que en la mayoría de los casos se adquirieron por
contratos irregularidades.
Otros
casos presentan problemas por transmisiones hereditarias y legados verbales que
sólo generan inseguridad jurídica en las familias que actualmente viven en
ellos.
De
acuerdo con el decreto de expropiación, que el jefe de gobierno publicó en la
Gaceta Oficial del DF, el Instituto de Vivienda pagará las indemnizaciones a
los propietarios que acrediten su legítimo derecho ante la Dirección General
de Patrimonio Inmobiliario.
Quedan
fuera del decreto de expropiación los inmuebles que pertenezcan al gobierno
federal o del Distrito Federal, así como cualquiera de sus entidades
paraestatales.
En
la exposición de motivos, del decreto expropiatorio, el jefe del gobierno
capitalino considera que en los 75 lotes existen antecedentes registrales, lo
que permite saber que sus titulares subdividieron los predios originales.
Derechos
Lo
anterior significa que realizaron enajenaciones sin formalizar que
posteriormente se transmitieron como cesiones de derechos, compra venta
ratificada o simple, por lo que los ocupantes actuales sólo pueden acreditar
derechos posesorios.
Además,
destaca que la expropiación se hizo a solicitud de los habitantes de esos
asentamientos irregulares, quienes pidieron la regularización de la tenencia.
Optimización
Con
el decreto de expropiación, el gobierno capitalino considera que podrá
optimizar el ordenamiento territorial y el aprovechamiento del suelo, mediante
la distribución armónica de la población, pero sobre todo ofreciendo acceso
equitativo a la vivienda y regulando el mercado inmobiliario.
Uno
de los predios expropiados colinda con Residencial del Sur, Bosques del Sur,
prado del Sur, División del Norte y otras unidades habitacionales
residenciales.
CORRESPONDENCIA.
Carta dirigida al director del periódico Unomásuno, página 2, martes 24
de julio.
Señor
director:
Los
habitantes de las colonias Ahuacatitla, Ocotla Chico y la Faja, ubicadas en la
parte norte de San Miguel Topilejo y organizados en Antorcha Popular, hemos
venido gestionando desde las administraciones delegacionales anteriores, solución
a las demandas de regularización de los predios en que estamos asentados,
arreglo del camino de acceso, electrificación, agua, recolección de basura,
seguridad y apoyo para obtener 300 créditos que resuelvan el problema de
vivienda de igual número de familias.
Tanto en
la administración de Martínez della Rocca, como en la de Luis Gómez, y
recientemente en la de Gilberto López y Rivas, se han contraído compromisos en
forma verbal y escrita, que hasta ahora no han sido cumplidos. Por ejemplo: Las
tres administraciones perredistas fijaron fecha para entregarnos el camino
arreglado y ninguna de las tres cumplió. La administración actual apenas
emparejó y compactó el camino de acceso a nuestras colonias, alegando que por
disposición del gobierno central no podía hacerse otra cosa.
Aún más,
el 12 de junio pasado, el delegado visitó nuestros asentamientos, y frente a un
numeroso grupo de colonos y solicitantes de vivienda nos manifestó que los
predios que habitamos están consolidados por lo que dispuso: busquen una reunión
con la licenciada Gloria Maciel, subdirectora de Tenencia de la Tierra, para que
se pongan a trabajar en la regularización, y agregó finalmente: con Glovia ya
no hablen de política sino formen una mesa de trabajo.
Confiados
en la palabra empeñada por el delegado e interesados en resolver el problema de
regularización, pues de ello depende que podamos contar con agua, luz, drenaje
y demás servicios, buscamos concertar dicha reunión, la que finalmente se llevó
a cabo el pasado lunes 21 de junio. En dicha reunión y para sorpresa de todos
los que acudimos a ella nos enteramos que:
Primero.-
Gloria Maciel dijo no estar enterada de los compromisos hechos por el delegado
en su visita a nuestras colonias del día 12 de junio.
Segundo.-
En Tlalpan existen 50 asentamientos irregulares, de los cuales sólo 19 están
considerados por la delegación como consolidados (esto significa que sí pueden
ser regularizados); el resto, es decir 31 en total, entre los cuales se
encuentran nuestras colonias tienen ya dictamen de Corena (organismo del
gobierno del DF) para ser desalojados.
Tercero.-
Que el delegado sabía de este dictamen desde el mes de mayo, es decir, un mes
antes de su visita a nuestras colonias.
Esta
respuesta encontrada en la entrevista con la licenciada Maciel, es preocupante;
no sólo porque ahora está sobre nosotros la amenaza de ser desalojados, sino
porque no dejamos de preguntarnos ¿a qué fue el delegado a nuestras colonias?
¿nos fue a echar tierra a los ojos para que estemos confiados y no nos
preparemos para protestar contra el desalojo? A ciencia cierta, no sabemos cuál
sea la respuesta a estas interrogantes. De lo que sí estamos seguros es que de
consumarse el desalojo se estaría cometiendo un atropello y una burla más a
nuestros derechos, pues además de que, contar con vivienda digna es un derecho
constitucional y una promesa de campaña del actual gobierno perredista del DF;
todos, absolutamente todos, quienes vivimos ahí somos compradores de buena fe,
no somos invasores, que buscando resolver nuestro problema de un lugar para
vivir nos hemos asentado en estos terrenos porque no hemos encontrado otra
alternativa.
El día
de mañana martes 24 de julio a las 6:00 de la tarde, hemos sido citado a una
nueva reunión (esta será la tercera ocasión) con el delegado. Acudiremos
puntualmente a la cita y en forma respetuosa reclamaremos respeto a nuestros
derechos y solución a nuestras demandas. De no encontrar respuesta aceptable a
nuestras justas peticiones, iniciaremos una campaña de denuncia pública y de
movilizaciones a la delegación hasta encontrar respuestas favorables.
Llamamos
a la opinión pública a estar atenta a la evolución del conflicto, a rechazar
el desalojo de nuestras colonias y a apoyar nuestras demandas.
NECESARIO,
UN CAMBIO EN LA CDHDF: PRD Y PAN.
María Esther Ibarra, La Jornada, página 36, martes 24 de julio.
Legisladores
de PRD y PAN se manifestaron por que el nuevo titular de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal trabaje realmente por la dignidad de las
personas, a lo cual el perredista Gilberto Ensástiga añadió la necesidad de
un cambio en esa dependencia, al cuestionar que su actual presidente, Luis de la
Barreda, se haya dedicado a litigar sobre asuntos personales y mediáticos,
mientras que en otros eludió su responsabilidad en la protección de derechos
humanos.
Ensástiga
comparó las recomendaciones "sin ton ni son" del actual ombusdman capitalino en casos como la detención de Paola Durante -a
quien apoyó en el proceso penal que se le siguió, junto con Mario Bezares, en
el caso del asesinato del conductor Paco Stanley. En cambio, el legislador local
cuestionó la postura "parcial y personal" de Luis de la Barreda en el
caso de la ex jefa de Gobierno capitalina, Rosario Robles; y su omisión en el
despojo de sus tierras a ejidatarios de Ecatepec, vía el decreto de expropiación
del jefe del Ejecutivo a favor de TV Azteca.
Respecto
a Robles, el perredista manifestó que antes de que se determinara la
culpabilidad o no de la ex funcionaria, a De la Barreda se le cuestionó el que
a la funcionaria se le estaba violando su derecho de audiencia, o el hecho de
que se le condenará sin que fuera "vencida" por una resolución de
las autoridades competentes.
"Empero,
el titular guardó silencio y nunca hizo alusión alguna sobre este tipo de
violaciones a los elementales derechos de una persona", dijo Ensástiga.
Y
en el caso de los ejidatarios afectados por el decreto expropiatorio del
presidente Vicente Fox en favor de la televisora del Ajusco, Ensástiga -tras
subrayar el silencio que ha guardado el ombusdman
capitalino- remarcó que si bien ese asunto es de competencia federal, existe
una propiedad social consagrada en la Constitución.
De
tal suerte, recriminó el legislador local, en los últimos meses no hemos
escuchado que De la Barreda defienda el derecho de otras personas que no sean
aquellas a las que le ligue un "interés personal, y esto debe cambiar para
que realmente el defensor de los derechos humanos de los capitalinos sea una
persona que vele por la dignidad de las personas sin distinciones de grupo o
partido".
"Ojalá
que el nuevo defensor capitalino de los derechos humanos salga mejor que el
actual, y no obedezca a estrategias mediáticas o intereses personales",
declaró en entrevista luego de participar en el foro El
perfil de la o él ombusdpersons que una ciudad contemporánea necesita -que
ayer comenzó en el marco del proceso de sucesión de la presidencia de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal- organizado por la Asamblea
Legislativa.
A
su vez, la panista Lorena Ríos dijo que la ciudad de México necesita un cambio
en la protección de los derechos humanos, al indicar que el país ocupa el
lugar 51 en la materia a nivel mundial, y al mismo tiempo consideró
indispensable que la ALDF haga modificaciones legislativas en ese rubro.
Al
iniciar informalmente el proceso para el nombramiento del presidente la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, diputados de diversos partidos políticos
coincidieron en que no aceptarán presiones de ningún tipo en la designación
del nuevo titular de la dependencia ni de sus respectivas bancadas. "El PRD
no tiene candidato, y tampoco aceptaríamos recomendados", enfatizó.
LA
VENTA DE TERRENOS EN TLAYAPACA PROVOCA PÉRDIDAS POR 50 MILLONES.
Adrián Castillo, La Crónica de Hoy, página 15, martes 24 de julio.
Los
resultados de las auditorías financieras realizadas a Servimet —la empresa
inmobiliaria del GDF—, confirman que la venta del predio Tlayapaca estuvo
plagada de irregularidades: se bajaron los avalúos, no se cobraron gastos que
el GDF había hecho para mejorar el terreno, se dejaron de registrar
contablemente varias operaciones y nunca se contó con la aprobación final del
Consejo de Administración del organismo.
Las
irregularidades provocaron la pérdida de al menos 50 millones de pesos, pero su
magnitud es tal que la Contaduría Mayor de Hacienda ya recomendó la intervención
de la Contraloría Interna de ese organismo dependiente del GDF.
De
acuerdo con los resultados de la revisión de la Cuenta Pública de 1999, la
enajenación del predio de Tlayapaca —conformado por 132 mil 144 metros
cuadrados—, ubicado en la exclusiva zona de Santa Fe, había sido cotizada en
junio de 1999, por el Consejo de Administración de Servimet, en 120 dólares el
metro cuadrado, lo cual daba un valor total de 148 millones 712 mil pesos, ya
que dentro de este monto se consideraban 52 millones de pesos que el GDF había
invertido en diferentes obras dentro del predio.
Sin
embargo, el terreno, al final, se vendió a la empresa Poniente de Santa Fe en
97 millones 958 mil pesos, es decir, 50 millones 753 mil pesos menos.
Cuando
los auditores buscaron la causa de que el Comité de Ventas Inmobiliarias de
Servimet tampoco hubiera aprobado la venta, la dependencia aseguró que esta se
había realizado en “condiciones especiales, ya que se resolvió un problema
político-social, pues se logró vender el predio a pesar de que estaba
invadido”.
Para
esas fechas, sin embargo, los moradores del predio, pepenadores afiliados al
PRI, ya habían sido desalojados. Otra de las anomalías que surge en la auditoría
es el hecho de que no se registró en la contabilidad de Servimet un contrato
que por cien millones de pesos se firmó con Poniente de Santa Fe, violando así
sus propios principios en la materia.
La
Contaduría Mayor observó que esta última cifra era diferente de los 97
millones que pagó al final Servimet por el predio. Entonces la empresa del GDF
explicó que 2 millones habían pasado a la Consejería Jurídica del gobierno
capitalino.
No
obstante, también fueron facturados, “de manera indebida”, según las
auditorías, por Servimet.
En
lo que se refiere a los avalúos del predio Tlayapaca, Servimet, en vez de
solicitar a Comisión de Avalúos de Bienes del Distrito Federal que
estableciera un nuevo precio mínimo de venta del terreno, a través de otro
avalúo, le pidió a esta dependencia en abril de 99 que ratificara el contenido
de otro que elaboró un despacho externo hacía cinco meses.
El
resultado fue que se fijó un precio por metro cuadrado de 706 pesos, es decir,
una cantidad incluso menor a la que le costó a Servimet un metro cuadrado en la
popular colonia Morelos que no tiene la misma plusvalía que la zona de Santa
Fe.
En
ese lugar, pagó mil 335 pesos por metro cuadrado de un terreno en donde se
reubicaría una escuela primaria que estaba en el predio Tlayapaca.
Pero
las revisiones no sólo abarcan la enajenación de este predio sino de al menos
media docena más en donde también hubo anomalías que afectaron a la empresa
inmobiliaria del GDF.
ESTADO
DE MÉXICO
GRUPO
ATLACOMULCO TRAS AEROPUERTO EN TEXCOCO.
Edilberto Murguía
Rojas, El Día, página 13, martes 24 de julio.
La
posible inclinación del gobierno federal hacia el municipio de Texcoco, para la
construcción del aeropuerto alterno de la ciudad de México, ha incentivado la
movilización de ejidatarios de la zona contemplada en el proyecto, y a decir de
estos, se podrían generar enfrentamientos violentos con las autoridades
estatales al impedir la expropiación de las miles de hectáreas donde se erigiría
la terminal.
Integrantes
del frente Cívico Nezahualcóyotl, denunciaron que la menos cinco mil
ejidatarios de los municipios de San Salvador Atenco, Texcoco, Nexquipayac,
Magdalena Panoaya y Santa Isabel Ixtapa, se están organizando y han hecho pública
su decisión de defender sus tierras, único patrimonio que poseen, a costa de
lo que sea, ante la advertencia del gobierno de Arturo Montiel Rojas de
expropiar el predio donde se construiría el aeropuerto y los corredores en caso
de resultar aprobado.
Y
es que para las autoridades estatales. El proyecto contempla la expropiación de
tierras del Valle de Texcoco, pero los ejidatarios refutan que otras miles de
hectáreas son utilizadas para los cultivos pero que también entran dentro del
plan gubernamental.
“Lo
grave de este asunto es que sólo pretenden pagarnos el valor catastral de las
tierras, el cual sería, según versiones, de apenas 30 centavos por metro
cuadrado”, dijo Venancio Lucio Castro, líder comunal e integrante del Frente
Cívico Nezahualcoyótl.
Indicó
que constantemente, varias patrullas de la Policía Judicial del Estado de México
se dan a la tarea de vigilar las inmediaciones de los ejidos contemplados en el
plan Texcoco y que incluso, las primeras detenciones de representantes agrarios
ya se han presentado.
Se
trata, aseveró, de Fidencio Alarcón Robles, quien fue acusado de obstruir el
trabajo de los expertos que estudian los impactos ambientales y de suelo, además
de agitar a los pobladores de Atenco y el predio El Salado de Santa Isabel
Ixtapa, contiguo al vaso del Lago de Texcoco.
Según
ejidatarios de San Salvador Atenco y Texcoco, el gobierno del estado mantiene
intervenidas las líneas telefónicas de las organizaciones que defienden a la
población agraria lo que hace evidente que subsiste el espionaje por parte de
las autoridades estatales para saber todos los movimientos de los opositores al
megaproyecto.
“Pero
también las llamadas anónimas que contienen amenazas son constantes, como una
forma de presionar psicológicamente”, sostiene Lucio Castro.
En
tanto, el diputado perredista, Francisco Patiño Cardona, sostuvo, durante la
realización de un foro encaminado para discutir la viabilidad de los proyectos
de Texcoco, estado de México y Tizayuca, Hidalgo, que Pedro Cerisola,
secretario de Comunicaciones y Transportes, recibe presiones del político
mexiquense Carlos Hank González para que el gobierno federal opte por la
primera opción.
Sin
embargo, aseguró, en caso de que así sea, el Partido de la Revolución Democrática
interpondrá una controversia constitucional, amén de que consideró que la
construcción del aeropuerto debería formar parte del Plan Nacional de
Desarrollo y en este sentido, debería ser la Cámara de Diputados la que
debatiera y opinara sobre la viabilidad de cualquiera de los dos proyectos.
Cuestionado
sobre si habría algún interés por parte del gobierno federal para inclinarse
por Texcoco, el legislador perredista indicó que lo que sucede es que Pedro
Cerisola y parte de su equipo de la secretaría de Comunicaciones tuvieron que
ver con la propuesta que se hizo en el periodo de Hank González para la
construcción del aeropuerto en Texcoco.
“Tengo
la impresión de que hay suficientes evidencias para poder asumir esta declaración
y que la construcción del aeropuerto en el municipio mexiquense es de los
grandes empresarios del país encabezados por el ex gobernador”.
ACUSAN
REDUCCIÓN DE TERRENOS.
Patricia Ramírez, Reforma, página 3B, martes 24 de julio.
Vecinos
de la colonia El Jaral manifestaron su inconformidad debido a que en el proceso
de regularización de la tierra, Corett les ha disminuido el tamaño de sus
terrenos para incrementar el ancho de las calles de la zona.
Comentaron
que según las escrituras, el organismo estatal no les está reconociendo el
total del tamaño del terreno del que son propietarios desde hace más de 20 años
y que se han registrado desde 40 hasta 80 metros menos en relación con las
medidas originales.
"Mi
casa mide 200 metros y en las escrituras me están quitando metros de largo del
lado de la calle, que son como 60 metros; yo llevo viviendo aquí más de 20 años
y mi casa ya lleva su tiempo de que la levanté, no es justo que ahora nos digan
que por que necesitan ampliar la calle nos van a quitar parte del terreno que
compramos y que es nuestro patrimonio", comentó Eugenia Vázquez, vecina
de la colonia.
Jorge
Martínez, otro vecino, comentó que el problema no se ha dado sólo en la
Avenida Nacional, que representa la principal vialidad de la zona, si no también
en las calles aledañas.
"Es
en toda la colonia, muchos vecinos tienen restricciones en sus terrenos por
derecho de vía pero a nosotros nunca desde que llegamos nos dijeron que teníamos
que dejar un pedazo para vialidad, la mayor parte de las casas tienen construcción
hasta la banqueta y la restricción equivaldría a demoler y destruir las casas
que han construido con mucho trabajo", expresó.
Añadió
que el tamaño de las calles es suficiente para el tráfico que circula por la
zona, que es principalmente local, por lo que consideró que el incremento en el
tamaño de las vialidades es innecesario.
Por
su parte Daniel Martínez, residente de la colonia, quien ha estado coordinando
los esfuerzos de los vecinos para acudir a solicitar el apoyo de las autoridades
en el problema, comentó que las calles han tenido la misma medida desde que se
fundó El Jaral.
"Cuando
los ejidatarios nos vendieron los terrenos ya estaban delimitadas las calles y
desde entonces han sido de este tamaño; cuando empezamos a construir nunca se
nos dijo que las medidas estaban incorrectas, nunca vino Desarrollo Urbano a
informar que estaban mal, hasta hora que estamos en proceso de regularización
nos dicen que falta calle", externó.
Daniel
Martínez agregó que en promedio las calles miden 6 metros de ancho, lo que
considera suficiente para que pasen los carros que circulan por la zona.
"Al
principio nos dijeron que las calles se iban a hacer anchas por que por aquí se
iba a entrar al estadio de futbol de los Toros Neza, pero ahora los trabajos en
la obra están detenidos y todavía siguen los problemas con los terrenos, y no
sólo es en la avenida principal sino en todas las calles", añadió.
OAXACA
NEGOCIAN
CON ZOQUES LIBERTAD DE 6 RETENIDOS EN CHIMALAPAS.
Alberto López Morales,
El Universal, página 10B, martes 24 de julio.
Una
comisión de siete mujeres de la colonia Cuauhtémoc, agencia de esta ciudad, se
trasladó a Santa María Chimalapa para negociar la liberación de seis de sus
compañeros retenidos por los comuneros zoques, desde el 10 de julio.
Las
mujeres, familiares de los retenidos, llevan consigo los equipos decomisados a
los zoques que fueron retenidos, durante 48 horas, el 8 de julio, en la zona del
conflicto agrario entre los chimalapas y la colonia Cuauhtémoc.
Antes
de salir, las mujeres y 300 personas más bloquearon la calle principal de esta
ciudad, y se "plantaron" frente a la agencia del Ministerio Público
del Fuero Común, con la finalidad de recoger los equipos decomisados a los
chimalapas.
Los
300 habitantes de la colonia Cuauhtémoc acordaron mantener el "plantón"
frente a la agencia del Ministerio Público, en espera de las mujeres
integrantes de la comisión y de los seis colonos retenidos en Santa María
Chimalapa, desde el 10 de julio.
PROPONEN
CHIMALAPAS CREAR ÁREA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN TERRENO QUE DISPUTAN CON
GANADEROS.
Rosa Rojas, la Jornada, página 32, martes 24 de julio.
Ante
el "alto riesgo de un enfrentamiento armado" de graves consecuencias
entre la comunidad de Santa María Chimalapa y los ganaderos de la colonia
Cuauhtémoc, dado que el conflicto agrario que los confronta por la posesión de
11 mil hectáreas puede tardar años en resolverse, el Comité Nacional de
Defensa y Conservación de los Chimalapas está impulsando una vía alternativa
de salida al problema, propuesta por los propios comuneros, que consiste en
crear en esa superficie una "área de restauración ecológica".
Luis
Bustamante, coordinador del citado comité, explicó que se aplicaría en este
caso un mecanismo similar al utilizado en 1994 para la recuperación de 40 mil
hectáreas del predio La Gringa, también de Chimalapas, que había estado
ocupado durante varios años por ganaderos chiapanecos y fue devuelto por el
gobierno federal a los indígenas zoques.
Bustamante,
quien indicó que la Misión Civil de Paz que está organizando el comité para
buscar intermediar en este conflicto podría salir este martes rumbo al Istmo de
Tehuantepec; sin embargo, más tarde informó que ya había algunas
negociaciones con los colonos de la Cuauhtémoc, quienes entregaron el equipo
topográfico y estaban en pláticas para que las esposas de los chimalapas
detenidos pudieran visitarlos.
Explicó,
respecto a la propuesta de crear un área de restauración ecológica, que en
este caso la superficie en conflicto se reintegraría a la comunidad de Santa
María Chimalapa en respuesta a una "reivindicación histórica" bajo
las condicionantes siguientes:
"Toda
la franja o superficie comprendida entre los linderos en disputa deberá ser
destinada a una "área de restauración ecológica. Dicha área,
actualmente deforestada y quemada en gran parte, por la Colonia Cuauhtémoc, será
recuperada en beneficio del medio ambiente y de todos, bajo manejo comunal, pero
en el entendido de que ningún comunero de Santa María Chimalapas o Congregación
podrá apoderarse de ninguna parte de ella de forma privada, ni darle ningún
otro uso.
"Lo
anterior se garantizará perfectamente mediante un convenio similar al que se
llevó a cabo para la histórica devolución -por parte del gobierno federal- de
40 mil 945 hectáreas del predio San Isidro La Gringa a la comunidad de Santa
María Chimalapas, firmado el 8 de septiembre de 1994, superficie que se
encontraba en manos de ganaderos y narcos...
En dicho convenio de concertación participan las comunidades, el gobierno
federal y los estatales, con sus respectivas instancias de competencia, así
como éste comité y otras organizaciones de la sociedad civil nacional e
internacional interesadas".
De
esta manera se lograría, señaló Bustamante, la terminación del largo
conflicto de agravios, violaciones de derechos humanos y de mujeres, crímenes,
venganzas y delitos ambientales, entre otros, que se han dado entre las partes
durante muchos años.
OPINIÓN
CAMPO
MORADO; MUY GRAVE ASUNTO.
Lazlo Moussong, “Caja de Resonancia”, Excélsior, página 5, martes 24 de
julio.
En
el sur de la franja metal volcánica de Guerrero, dentro del municipio de
Arcelia, hay una extensión de 44 mil hectáreas a lo largo de 8 kilómetros
conocida como Campo Morado. Ese sitio ha sido considerado sólo como una zona más
ejidal y minera. Sin embargo, hoy se conoce su increíble riqueza, pero con
ineptitud y la negligencia ante el interés nacional que caracteriza al
neoliberalismo, Campo Morado entra en el catálogo de las muchas cosas que le
son ajenas al gobierno de Fox.
El
asunto parece de fantasía o broma, pero es peligrosamente real y se encuentra
en las manos de dos particulares que se disputan el derecho a explotar Campo
Morado, desde luego pasando por encima de los ejidatarios y de la totalidad de
los mexicanos: un arribista abogado mexicano y un geólogo canadiense.
Campo
Morado está empezando a calentarse, y el gobierno del cambio sigue tan
indiferente como lo estuvieron los gobiernos anteriores. ¿Qué tiene de
particular ese sitio? Tiene nada menos que la veta de metales preciosos e
industriales más rica del Continente Americano. Se estima que entre oro, plata,
cobre y zinc podría dar una producción de 3 mil a 5 mil toneladas DIARIAS (por
favor, en mayúsculas), como lo declaró un gerente de la empresa Farallón
Minera Mexicana, la cual se ha atribuido fraudulentamente los derechos de
explotación, según demanda judicial del canadiense David L. Hermiston,
prospector y denunciante original de la veta.
Ya
está comprobado que ahí se encuentran 30 millones de toneladas de los metales
que mencioné, y es posible que aún haya otros 70 millones de toneladas aún no
confirmadas, más 8 depósitos chicos y grandes. Hermiston interpuso demandas
mercantil y penal contra la empresa canadiense Minera Summit y contra Farallón
Minera Mexicana pues, según él, un abogado de Saltillo de nombre Pedro Villagrán
Ochoa que le recomendaron para asesorarlo lo engañó, fraudulentamente se
apropió de su participación, creó la empresa Farallón, incorporó a la
Summit irregularmente y falsificó su firma. El asunto se decidirá próximamente
en los juzgados. Esto, en sentido estricto, es un problema judicial entre
particulares y, sin duda, la miopía ideológica de un gobierno neoliberal así
lo ve, porque lo último que se le ocurre es considerar el interés nacional.
Pero, por lo que se puede observar, si el caso lo ganara el mexicano Villagrán,
todo será enriquecerse desproporcionada y aún más insultantemente que un
Roberto Hernández, un Carlos Slim o un Carlos Hank, pues ni siquiera propone un
proyecto de desarrollo económico y social para la zona, como sí lo hace
Hermiston (lo cual, de cualquier modo, sería una limosna ante la dimensión de
lo que éste ganaría).
Como
puede verse, esta reserva mineral, de la cual se dice que tiene un potencial
suficiente para desencadenar el desarrollo no sólo de México sino de toda América
Latina, se encuentra en manos de uno u otro particular, según quien gane el
juicio, ante la indiferencia total del Estado mexicano.
Es
fundamental considerar que semejante riqueza del subsuelo de la nación no puede
quedar en las manos de ningún particular ni de extranjero alguno, ni siquiera
de los ejidatarios los cuales, desde luego, deberán ser prioritariamente
beneficiados. No obstante las muchas razones morales y jurídicas que pueda
tener el canadiense, a fin de cuentas son sólo razones individuales con fines
de lucro, pues esa riqueza mineral, por su dimensión, tiene medular importancia
para el interés, la soberanía y la seguridad nacionales. Es ahí donde el
interés de la nación debe imponerse sobre los intereses individuales, de lo
que parece no tener noción este régimen del neoliberalismo foxista-zedillista.
MÉXICO
AMARGO.
Manuel Mejido, “Los Grandes Días del 2001”, El Sol de México, página 15,
martes 24 de julio.
El
empobrecimiento en que viven 17 millones de campesinos, de los 23 millones y
medio de habitantes asentados en el medio rural, ha llevado a diversos grupos a
la desesperación y a cometer actos violentos.
Los
hombres del campo, sin futuro ni esperanzas, están tomando el camino de los
bloqueos de carreteras, de instalaciones de Pemex y de termoeléctricas en
varios puntos de la geografía nacional.
El
campesinado se siente traicionado por sus líderes, como Heladio Ramírez de la
CNC y segregados de las políticas gubernamentales.
Hasta
el momento, las familias del campo sólo tienen tres opciones de apoyos
gubernamentales, como son los programas de Procampo, Procede y Solidaridad.
Una
política de limosnas que no conducirá a nada bueno.
Procampo
les da 450 pesos mensuales y a través de Solidaridad reciben 200 pesos más. Al
procede no tienen acceso, porque no son medianos productores agrícolas.
El
panorama se presenta grave y peligroso para el país, sobre todo si se revisa
cuidadosamente la historia, porque precisamente en el campo, se han iniciado los
grandes movimientos sociales y las insurrecciones.
La
situación, desde luego, no es atribuible al gobierno de Vicente Fox. Viene de
muy atrás.
Los
apoyos al agro aparecieron por última vez en 1997, cuando la banca comercial
otorgó créditos por 20 mil 301 millones de pesos y la de desarrollo, por 8 mil
704 millones.
En
1994, con la aparición del EZLN en Chiapas, el gobierno de Carlos Salinas de
Gortari, para sofocar el creciente descontento, destinó al campo y a los
campesinos 34 mil 362 millones de pesos de la banca comercial y 11 mil 326 de la
de desarrollo.
Tiene
que señalarse que, 1994 fue el año de mayores apoyos al agro, e incluso a la
industria (597 mil 868 millones de pesos), desde los ya lejanos días de 1982,
en que los gobiernos priístas todavía concedían una gran importancia a la
producción agropecuaria nacional.
Fue
en 1986 cuando la banca de desarrollo destinó mayores recursos al campo, con el
otorgamiento por créditos por 24 mil 663 millones de pesos.
Los
campesinos nunca pudieron salir adelante, por las redes de corrupción que se
tejieron en toda la geografía agrícola, ganadera y silvícola del país.
De
acuerdo con los datos del libro "La agricultura en Crisis" (Manuel
Mejido, Editorial Fondo de Cultura Económica), en los gobiernos de Gustavo Díaz
Ordaz y Luis Echeverría, sólo llegaba a su destino el 50 por ciento de los
apoyos otorgados.
El
resto, se diluía como hielo en manos de los delegados de agricultura y de los
Bancos Agropecuarios, Ejidal y Rural.
Los
extensionistas agrícolas empezaron a desaparecer y los negocios ilícitos
estaban a la orden del día en los organismos gubernamentales encargados de
proveer semillas mejoradas, fertilizantes, fungicidas y asistencia técnica.
El
desplome en picada del agro se inició a partir del 1º de noviembre de 1991,
cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, anunció la reforma
agraria, que establecía las sociedades mercantiles en ese sector. Entró en
vigencia el 1º de enero de 1992.
Los
campesinos eran pobres, pero tenían en propiedad las tierras ejidales. Después,
con las reformas constitucionales al artículo 27 del 7 de noviembre de 1991,
cuando se convirtieron en dueños de las parcelas sin ninguna restricción, se
iniciaron las ventas masivas a particulares.
Hoy
los campesinos siguen pobres, la mayoría en el hambre, y sin tierras.
Desde
ese cambio hecho por Salinas de Gortari, se estableció que "una empresa
mercantil con participación extranjera, podrá ser propietaria de hasta 2 mil
500 hectáreas agrícolas de riego o cinco mil de temporal o 10 mil de
agostadero de buena calidad o 20 de bosques, montes o agostadero en terrenos áridos".
La
privatización y extranjerización del agro nacional, ya tiene diez años. No la
está inventando Vicente Fox.
Las
reformas a la Ley golpearon fuertemente a dos sectores de la producción agrícola:
los cañeros y los cafeticultores. Los mismos que hoy están protestando por la
comercialización de sus productos y sus bajísimos niveles de ingresos y de
vida.
Ante
esta gran presión que el campesinado está ejerciendo sobre el gobierno de la
República, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo, sólo tuvo la desafortunada ocurrencia de
declarar que el Presidente le había pedido que "aguantara vara´´.
Usabiaga
sí puede hacerlo, porque come tres veces al día, tiene techo bajo el cual
dormir, viste y calza decorosamente y no tiene carencias.
Pero
los campesinos no pueden "aguantar vara", porque viven con sus
familias al día, a veces con menos de un salario mínimo y con graves
deficiencias alimentarias, de salud, de educación y de oportunidades.
Lo
único que saben los campesinos sobre la posible solución a sus problemas es
que Usabiaga expresó que está haciendo lo que había planeado y que va por
buen camino.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx