Lunes 17 de diciembre de 2001
Lunes 17 de diciembre de 2001
Las notas que se reproducen a
continuación
fueron tomadas de los siguientes diarios:
Reforma • El Universal • La Jornada • La
Prensa • Diario de México
SE
‘CRUCIFICAN’ EJIDATARIOS; EXIGEN TIERRAS A LA SEGOB.
Luis Ocampo, Reforma, página 15,
lunes 17 de diciembre.
Para exigir tierras a las autoridades federales, alrededor de 200 campesinos
procedentes de Veracruz se congregaron ayer frente a la Secretaría de Gobernación,
en donde casi 100 jornaleros se crucificaron por turnos a lo largo del día.
APOYO
DE EL MEXE A EJIDATARIOS.
Almendra Vázquez, El Universal, página 20, lunes 17 de diciembre.
Estudiantes hidalguenses de la Normal Rural El Mexe e integrantes del Frente
Popular Revolucionario, visitaron ayer a los ejidatarios de Atenco, para
manifestarles su solidaridad en su movimiento y disponibilidad para conformar la
Coordinación Nacional de Organizaciones Populares, Campesinas e Indígenas, por
la Represión y la Defensa de la Tierra. En tanto, decenas de danzantes
realizaron un ritual prehispánico en el parque ejidal Los Ahuehuetes, para
atraer energía a los pobladores de la zona.
PIDEN
EJIDATARIOS AYUDA A DIPUTADOS.
Matilde Pérez U., La Jornada, página 16, lunes 17 de diciembre.
El comisariado ejidal de San Francisco Acuexcomac, Texcoco, solicitó ayuda a
los diputados para que se cancele el decreto de expropiación para la construcción
del nuevo aeropuerto. Al igual que los campesinos de San Salvador Atenco, afirmó
que no permitirán el comienzo de ninguna obra.
CAMPESINO
ASESINADO EN ENFRENTAMIENTO AGRARIO.
Pedro Montes de Oca, La Prensa, página 43, lunes 17 de diciembre.
Por problemas de tierras, campesinos de la congregación Ocote, de este
municipio, tuvieron un enfrentamiento en el camino Manzana de Oriente, en el que
José Huerta Sánchez fue asesinado a puñaladas y dos mujeres resultaron
malheridas.
ENTREGAN
RECURSOS A EJIDATARIOS POR CUIDAR BOSQUE.
Angélica Enciso, La Jornada, página 44, lunes 17 de diciembre.
Organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales aplican por primera
vez en México el pago a campesinos por conservar el bosque ante el creciente
deterioro de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, donde tan sólo entre
1984 y 1999 se degradó 44 por ciento del bosque de alta calidad, y donde la
explotación forestal es todavía la principal actividad productiva de la región.
BUSCARÁN
MAYORES RECURSOS AL CAMPO.
Yolanda Ceballos, Reforma, página N-3, lunes 17 de diciembre.
La red de organizaciones campesinas del sector social, recibieron el compromiso
de las Comisiones de Agricultura y de Desarrollo Rural de la Cámara de
Diputados para buscar un aumento de al menos 4 mil 500 millones de pesos en el
presupuesto para el campo del 2002.
SAN
LUNES.
Columna de Enríque Novelo, Diario de México, página 11, lunes 17 de diciembre.
La Secretaría de la Reforma Agraria implementó un nuevo mecanismo de control y
seguridad para la emisión de títulos de propiedad de terrenos nacionales y
lotes de colonias agrícolas y ganaderas, los cuales llevarán ahora un
holograma codificado.
LO
COMUNITARIO: UNA GRAN LAGUNA EN LAS LEYES.
Adelfo Regino, La Jornada, página 3, lunes 17 de diciembre.
Al hablar de los derechos indígenas y de los derechos de propiedad intelectual,
lo primero que tenemos que reconocer es que los pueblos indígenas de México y
del mundo hemos hecho un conjunto de reivindicaciones y exigencias que tienen
que ver con la totalidad de la vida misma, que cuestionan la realidad entera, y
un conjunto de demandas que tiene que ver con soluciones integrales.
TLAXIACO:
LA TIERRA Y EL PODER.
Francisco López Bárcenas, La Jornada, página 5, lunes 17 de diciembre.
La ciudad de Tlaxiaco es el centro del poder político y económico en la
Mixteca alta de Oaxaca. Además de municipio es centro del distrito del mismo
nombre. Todo lo anterior acentúa sus rasgos de ciudad colonial: el centro es
habitado por mestizos y en sus alrededores se ubican barrios que en los últimos
años son asiento de familias indígenas emigradas de sus comunidades de origen
en busca de un mejor futuro para los suyos. En la periferia las agencias
municipales están habitadas también por indígenas.
NUEVO
AEROPUERTO EN TEXCOCO
SE
‘CRUCIFICAN’ EJIDATARIOS; EXIGEN TIERRAS A LA SEGOB.
Luis Ocampo, Reforma, página 15,
lunes 17 de diciembre.
Para exigir tierras a las
autoridades federales, alrededor de 200 campesinos procedentes de Veracruz se
congregaron ayer frente a la Secretaría de Gobernación, en donde casi 100
jornaleros se crucificaron por turnos a lo largo del día.
Desde las 10:00 y hasta las
20:00 horas, 10 campesinos se crucificaron cada hora en maderos recargados
contra los postes de la avenida Bucareli y el Reloj Chino, mientras sus compañeros
agitaban pancartas y gritaban consignas para que los funcionarios de la Segob
los doten de tierras.
"Desde el sexenio del
Presidente Salinas nos dijeron que nos iban a dar tierras, hay un convenio que
dice que nos van a dar 10 mil hectáreas, pero hasta ahora no nos han dado nada.
"Ya hablamos con el
Presidente Fox y él le giró instrucciones al subsecretario de Gobernación,
Ramón Martín Huerta, para que nos den tierras, pero este señor tampoco ha
hecho nada", dijo Jaime Rodríguez Barrientos, integrante del consejo del
Movimiento de los 400 Pueblos.
El vocero de los campesinos
inconformes señaló que en las inmediaciones de la Segob permanecerán entre
200 y 300 personas, mientras que otras 700 se apostarán frente a la Cámara de
Diputados hasta que las autoridades solucionen sus problemas.
"Sabemos que hoy
(domingo) no hay nadie en Gobernación, pero aquí nos vamos a quedar, estamos
dispuestos a manifestarnos el tiempo necesario.
"Elegimos crucificarnos
para demostrarle a la sociedad que al Gobierno no le preocupan los
campesinos", señaló Rodríguez Barrientos.
"Ya llevo una hora aquí
(crucificado) y no estoy cansado, si uno está decidido tiene que luchar, si uno
va a luchar, va a ser hasta el final", externó Antonio Hernández,
campesino de 28 años nacido en la población de Alamos.
Mientras sus compañeros
colgaban de cruces a unos tres metros de altura, los demás campesinos mostraban
pancartas en las que exigían "Ocupación o tierra, hoy, hoy, hoy", y
en las que se quejaban "Porque somos campesinos no nos hacen
justicia".
"Elegimos crucificarnos
para demostrarle a la sociedad que al Gobierno no le preocupan los
campesinos"
Jaime Rodríguez Barrientos
APOYO
DE EL MEXE A EJIDATARIOS.
Almendra Vázquez, El Universal, página 20, lunes 17 de diciembre.
Estudiantes
hidalguenses de la Normal Rural El Mexe e integrantes del Frente Popular
Revolucionario, visitaron ayer a los ejidatarios de Atenco, para manifestarles
su solidaridad en su movimiento y disponibilidad para conformar la Coordinación
Nacional de Organizaciones Populares, Campesinas e Indígenas, por la Represión
y la Defensa de la Tierra. En tanto, decenas de danzantes realizaron un ritual
prehispánico en el parque ejidal Los Ahuehuetes, para atraer energía a los
pobladores de la zona.
Aurelio
Flores, estudiante de la Normal El Mexe, recordó que durante el movimiento de
febrero del 2000, por la destitución de autoridades educativas, a quienes
acusaron de malos manejos y corrupción, los alumnos fueron víctimas de agresión,
intimidación y represión por parte del gobierno hidalguense. "La
organización fue descabezada, las autoridades nos reprimieron psicológica y físicamente,
también negociaron con los dirigentes". Agregaron que la estrategia del
gobierno, para acabar con un movimiento, es encarcelar a los dirigentes, o
coptarlos.
PIDEN
EJIDATARIOS AYUDA A DIPUTADOS.
Matilde Pérez U., La Jornada, página 16, lunes 17 de diciembre.
El
comisariado ejidal de San Francisco Acuexcomac, Texcoco, solicitó ayuda a los
diputados para que se cancele el decreto de expropiación para la construcción
del nuevo aeropuerto. Al igual que los campesinos de San Salvador Atenco, afirmó
que no permitirán el comienzo de ninguna obra.
En
un escrito que entregaron a los legisladores, las autoridades ejidales
destacaron que "la comunidad no negociará las tierras". Añadieron
que de las 350 hectáreas que les entregaron por decreto presidencial en 1923,
les pretenden quitar más de la mitad mediante "un acto meramente político
económico. Eso es un acto de genocidio".
VERACRUZ
CAMPESINO
ASESINADO EN ENFRENTAMIENTO AGRARIO.
Pedro Montes de Oca, La Prensa, página 43, lunes 17 de diciembre.
Por
problemas de tierras, campesinos de la congregación Ocote, de este municipio,
tuvieron un enfrentamiento en el camino Manzana de Oriente, en el que José
Huerta Sánchez fue asesinado a puñaladas y dos mujeres resultaron malheridas.
La
Policía Ministerial informó que los hechos ocurrieron en el camino conocido
como Manzana de Oriente, cuando Bartolo Sánchez y los hermanos Paulina y
Carmelo Sánchez Mendoza, se enfrentaron con José Huerta, Sixta Martínez
Morales y Guadalupe Tecalco Vicheque. José Huerta murió al instante, por múltiples
puñaladas que recibió en el cuerpo.
Guadalupe
Tecalco Vicheque fue herida a puñaladas en la espalda, mientras que Sixta Martínez
Morales fue hospitalizada en la Cruz Roja de Huatusco también por lesiones.
SECTOR
AGROPECUARIO
ENTREGAN
RECURSOS A EJIDATARIOS POR CUIDAR BOSQUE.
Angélica Enciso, La Jornada, página 44, lunes 17 de diciembre.
Organizaciones
ambientalistas nacionales e internacionales aplican por primera vez en México
el pago a campesinos por conservar el bosque ante el creciente deterioro de la
reserva de la biosfera Mariposa Monarca, donde tan sólo entre 1984 y 1999 se
degradó 44 por ciento del bosque de alta calidad, y donde la explotación
forestal es todavía la principal actividad productiva de la región.
El
Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) y el Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza constituyeron con el gobierno
federal el Fondo Monarca, que por ahora cuenta con 6 millones de dólares. De
esos recursos 5 millones fueron aportados por la Fundación Packard de
California, y un millón fue entregado por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, pero faltan todavía 250 mil dólares de los gobiernos del
estado de México y Michoacán.
Con
este fondo se comenzaron a realizar los pagos a 31 ejidos, comunidades y
propiedades privadas que tienen terrenos dentro de la zona núcleo de la reserva
de la biosfera, residencia de millones de mariposas que en el invierno recorren
4 mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos.
Con
el dinero recolectado se prevé asegurar la conservación de los recursos
forestales, porque los límites al uso del suelo que impone un área protegida
deja pocas opciones productivas a los propietarios, además que se restringió
la explotación de los bosques, precisa la WWF.
En
esa situación se encuentran alrededor de 100 núcleos agrarios -entre ellos 57
ejidos y 13 comunidades- que se localizan en la reserva, que tiene alrededor de
56 mil hectáreas e incluye parte de los municipios de Temascalcingo, San Felipe
del Progreso, Villa de Allende y Donato Guerra, por el estado de México, y
Contepec, Angangueo, Senguio, Ocampo, Aporo y Zitácuaro, del lado de Michoacán.
En
la región residen alrededor de 500 mil habitantes, según el programa de manejo
de la reserva elaborado por la Semarnat. El ejido El Depósito, de San Felipe
del Progreso, tiene 2 mil ejidatarios y 311 hectáreas en la zona núcleo de la
reserva.
Permiso
de Semarnat
Los
bosques no pueden ser explotados porque están en el área de conservación,
pero cuentan con un permiso de la Semarnat para que de la zona que está fuera
de la reserva puedan extraer 5 mil metros cúbicos de madera. En este momento no
hay trabajo porque ante la llegada de la mariposa monarca, que comenzó en
noviembre, se suspendieron las actividades productivas.
"Las
pérdidas son muy grandes. Por cada metro cúbico obtenemos 500 pesos y se nos
puede echar a perder. Además tenemos que esperar hasta abril para poder sacar
la producción, y en todo este tiempo ¿de qué vamos a vivir?", se
pregunta Arnulfo de Jesús Mondragón, comisario ejidal.
Explica
que otro problema sin solución es la tala clandestina, la cual realiza gente
del mismo ejido. "Por la noche se van a cortar el bosque, ya que la
vigilancia es casi inexistente, a menos que la realicemos los mismos
campesinos."
El
comisario ejidal comenta que es raro ver personal de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) por el bosque. "Generalmente andan por
los caminos", y "ese es un problema permanente que sí nos preocupa a
todos", agrega.
Entrevistado
mientras espera la entrega del cheque por la conservación de 311 hectáreas,
dice que en otros años "en condiciones normales se sacaban en promedio 10
mil o 20 mil metros cúbicos" de madera, pero la Semarnat les envió un
oficio avisándoles de la suspensión de la actividad, lo que hace "que la
comunidad se quede congelada".
El
Fondo Monarca entrega 75 pesos por hectárea a las poblaciones que cuentan con
permiso forestal, y a las que no lo tienen les da 112 pesos. En junio se hará
una nueva entrega de recursos a las comunidades que en 2000 firmaron los
convenios respectivos.
El
ejido La Mesa, del mismo municipio, con 292 ejidatarios, tiene 726 hectáreas
dentro de la zona núcleo, casi la mitad de su superficie total, lo cual les ha
restringido más la actividad productiva. Además del trabajo en el bosque, no
hay más fuentes de ingreso. Buscan impulsar el ecoturismo en la zona, pero para
ello "necesitamos un buen camino; de otra forma no llegan los
turistas", dice el comisariado ejidal Luis Estrada Urbina.
Uno
de los objetivos del Fondo Monarca y del pago por conservación es que el bosque
se vea como proveedor de servicios; es decir, la zona forestal tiene un valor
por su permanencia, explica Susana Rojas, de la WWF. Hasta el momento no hay
forma de verificar que las comunidades beneficiadas efectivamente conserven el
lugar, pero para ello cada ejido deberá entregar al director de la reserva una
carta con la información de la superficie forestal y también se hará un
estudio que definirá el estado del bosque, indica.
La
intención, agrega, es que la zona deje de depender en 100 por ciento de la
actividad forestal. Se trata de diversificar las actividades productivas,
cambiar la economía regional. "El fondo es una medida urgente para frenar
la tala, pero se deben seguir buscando alternativas de solución".
"Los
problemas sociales y económicos de la región son generados por el deterioro de
los recursos naturales, la escasa inversión productiva, la reducida capacidad
local para otorgar valor agregado a la actividad agropecuaria y forestal, el
incipiente desarrollo de actividades industriales y de servicios, las pocas
oportunidades de empleo en la zona y la falta de integración de los mercados
regionales", señala el programa de manejo.
Agrega
que hay "una insuficiente inversión en servicios de salud, educación e
infraestructura", y además se carece de tecnologías apropiadas para la
producción y la conservación.
BUSCARÁN
MAYORES RECURSOS AL CAMPO.
Yolanda Ceballos, Reforma, página N-3, lunes 17 de diciembre.
La
red de organizaciones campesinas del sector social, recibieron el compromiso de
las Comisiones de Agricultura y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados
para buscar un aumento de al menos 4 mil 500 millones de pesos en el presupuesto
para el campo del 2002.
La
red integrada por la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
productores del campo (ANEC), la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del
Sector Social (AMUCSS), la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)
y la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) piden un
presupuesto de 35 mil 743.13 millones de pesos.
Para
obtener parte de los recursos adicionales, las organizaciones sugirieron
disminuir en 25 por ciento el gasto directo en servicios personales de
funcionarios de mandos altos en las Secretarías de Agricultura, Medio Ambiente,
Desarrollo Social y Economía, y así obtener 2 mil 500 millones adicionales.
Víctor
Suárez Carrera, director general de la ANEC solicitó a los diputados en que
además del aumento se busque una distribución equitativa por entidad según su
participación en la producción nacional y el número de productores que tiene.
Respecto
a Alianza para el Campo consideró prioritario establecer un tope máximo de
apoyo de 100 mil pesos por beneficiario, y que del presupuesto total el 70 por
ciento se entregue en los estados y el 30 por ciento restante se opere en forma
centralizada para apoyar proyectos estratégicos nacionales y por rama de
producción.
Asimismo
propuso asignar 5 mil millones de pesos para los apoyos directos a la
comercialización, mil 400 millones para programas especiales de inversión en
maíz, trigo y sorgo y 44.7 millones para estudios y demandas antidumping en
apoyo a organizaciones de productores.
Isabel
Cruz Hernández, directora general de la AMUCSS insistió en la necesidad de
ordenar los programas de crédito y financiamiento rural para construir la Banca
social rural con la que se sustituya al Banco Nacional de Crédito Rural.
"En
este sentido proponemos que para el 2002 el Programa de Asistencia Técnica al
Microfinanciamiento Rural destine el 50 por ciento de su presupuesto para apoyar
proyectos de innovación microfinanciera de organizaciones locales sin que se
les condicione a trabajar con consultores externos".
En
cuanto al café, Fernando Celis Callejas, asesor de la CNOC exigió el pago
inmediato de los 900 pesos por hectárea comprometidos para apoyar el
levantamiento de la cosecha 2001/2002 que recién inició en octubre.
Inician
gestión
Organizaciones
sociales inician gestiones para lograr más dinero para el sector agrícola.
Aumentar
en 500 millones de pesos el presupuesto de Alianza para el Campo
Subir
a 6 mil 414.7 millones los recursos del programa de apoyos con fin específico
OPINIÓN
SAN
LUNES.
Columna de Enríque Novelo, Diario de México, página 11, lunes 17 de diciembre.
LO
COMUNITARIO: UNA GRAN LAGUNA EN LAS LEYES.
Adelfo Regino, La Jornada, página 3, lunes 17 de diciembre.
Al
hablar de los derechos indígenas y de los derechos de propiedad intelectual, lo
primero que tenemos que reconocer es que los pueblos indígenas de México y del
mundo hemos hecho un conjunto de reivindicaciones y exigencias que tienen que
ver con la totalidad de la vida misma, que cuestionan la realidad entera, y un
conjunto de demandas que tiene que ver con soluciones integrales. Y en este
aspecto tenemos que mencionar necesariamente la cuestión de la propiedad
intelectual. ¿Dónde está el sujeto, quién es el sujeto, quién es la persona
que debería de ejercer eso visto desde los pueblos indígenas? Ese sujeto no
existe en la legislación nacional, ni en la estatal, tampoco existe en la
legislación internacional. Recordemos que uno de los últimos debates que se
han dado en el contexto internacional ha sido precisamente en torno al concepto
de pueblos indígenas. Si no somos reconocidos en estos órdenes y niveles, difícilmente
lograremos ejercitar nuestros derechos.
Un
segundo problema es el consentimiento, previamente informado, de las
comunidades. Me pregunto cómo va a existir, si precisamente uno de los derechos
fundamentales que se niegan a los pueblos indígenas es la libre determinación
y la autonomía. Hemos dicho que queremos ejercer libremente nuestras decisiones
en el orden comunitario, municipal y regional. Cómo se puede concebir un
mecanismo de consentimiento para que los pueblos puedan tomar una decisión, si
se nos niega lo más elemental.
Lo
mismo pasa en cuanto al espacio físico donde están los elementos naturales,
culturales y biológicos. Cómo vamos a protegerlos, conservarlos y
fortalecerlos si se nos niega el derecho al territorio. En las últimas
discusiones alrededor de la reforma constitucional aprobada por el Congreso de
la Unión, uno de los temas ausentes fue el del territorio, que sin embargo
representa una de las reivindicaciones fundamentales de nuestros pueblos. Cómo
garantizar el desarrollo, la protección, la conservación de esos recursos, que
están allí, vivos en nuestros pueblos, si se nos niega algo tan elemental como
el derecho al territorio. Y con esto trato de ligar los derechos indígenas con
los "derechos de propiedad intelectual".
Y
finalmente, un asunto que debe ser preocupación de todos: qué importancia
tienen los recursos naturales en el marco de una sociedad con mentalidad
colonizada (incluidos los indígenas), donde nuestra lengua no vale y nuestros
valores deben permanecer ocultos. Nuestros conocimientos no son considerados
conocimientos ni saberes, son brujería.
Creo
que es una cuestión que debemos meditar. Cuando hablamos de propiedad
intelectual nos referimos a los conocimientos, el pensamiento, la sabiduría,
los valores de nuestros pueblos, y en este sentido tendríamos que revisar y
reconceptualizar conceptos. Por ejemplo, el de propiedad. ¿Existe en el corazón,
en la mentalidad de nuestros pueblos? ¿Es algo que existe, así, en las montañas,
en nuestras prácticas cotidianas? Eso lo debemos responder los mismos indígenas.
La tierra (territorio, recursos naturales), lo hemos señalado un sinnúmero de
veces, es nuestra madre; ella nos amamanta, nos da vida, nos cobija cuando
morimos. La tierra es vida; es como otro ser humano más. Para nosotros la
tierra no es un objeto y en este sentido, ¿podemos hablar de apropiación de
algo tiene vida, que es igual a nosotros, que siente?
La
tierra es de todos, o sea de nadie en particular
Desde
el punto de vista indígena la tierra y el territorio no son un objeto, una
cosa, existe como un ente vivo. En todo caso lo que hay es una relación
mediante el trabajo y nuestra religiosidad. Por eso pido muy respetuosamente que
cuando hablemos de derechos indígenas y de derechos de propiedad intelectual
también asumamos una posición crítica y revisemos el concepto de propiedad,
si acaso puede ser aplicado a nuestros conocimientos, a nuestros valores, a
nuestros recursos naturales y biológicos. ¿No existe otra palabra aplicable en
este sentido? Debemos revisarlo precisamente porque arrastramos una tradición
de colonización mental, no sólo en las ciudades, en los centros académicos;
también en nuestras comunidades.
La
base del pensamiento y la acción indígena es fundamentalmente lo que hemos
llamado comunalidad, lo que se relaciona con la vida comunal, el trabajo
comunal, el poder comunal, la fiesta comunal. Todo eso también deberá ser
valorado y reconocido no sólo por la ley sino por las instituciones del Estado.
La
primera responsabilidad en relación con nuestras tierras, nuestros territorios,
recursos naturales, valores y conocimientos parte de nosotros mismos, de los
propios pueblos y comunidades. Las organizaciones indígenas tendrían que estar
impulsando procesos de concientización y reflexión que permitan, desde la
base, discutir estas cuestiones. En todas las regiones indígenas hemos visto
que en relación a nuestros saberes hay broncas: llegan antropólogos, etnobiólogos,
personas ligadas a instituciones académicas, con sentido de caridad o
solidaridad y nosotros proporcionamos la información, pero no sabemos a dónde
llega. No sabemos qué uso tiene esa información.
Necesitamos
"bajar" esta reflexión a nuestras comunidades y regiones, para hacer
conciencia de que no sólo nuestros valores, no sólo nuestros conocimientos
tienen vital importancia, sino también todos nuestros recursos naturales,
nuestros recursos biológicos, que están allí en nuestras montañas y en
nuestros ríos. La primera responsabilidad es nuestra.
Otra
responsabilidad muy importante, ya entrando a terreno de lo formal, es que
debemos precisar estos asuntos en nuestros estatutos comunitarios o comunales.
El estatuto comunal es un instrumento jurídico, autorizado en la legislación
nacional, el cual podríamos utilizar para preservar y desarrollar nuestros
recursos naturales, y también para acrecentar y valorar nuestros conocimientos
tradicionales.
TLAXIACO:
LA TIERRA Y EL PODER.
Francisco López Bárcenas, La Jornada, página 5, lunes 17 de diciembre.
La
ciudad de Tlaxiaco es el centro del poder político y económico en la Mixteca
alta de Oaxaca. Además de municipio es centro del distrito del mismo nombre.
Todo lo anterior acentúa sus rasgos de ciudad colonial: el centro es habitado
por mestizos y en sus alrededores se ubican barrios que en los últimos años
son asiento de familias indígenas emigradas de sus comunidades de origen en
busca de un mejor futuro para los suyos. En la periferia las agencias
municipales están habitadas también por indígenas. Actualmente, Tlaxiaco
enfrenta conflictos agrarios con casi todos sus colindantes: San Juan Mixtepec,
Santa María Cuquila, Santiago Nundaco, Magdalena Peñasco y San Miguel el
Grande.
De
todos estos conflictos los dos últimos son los más álgidos. Tan sólo la
comunidad de Magdalena Peñasco le reclama la entrega de una superficie de 4 800
hectáreas que, aseguran, ampara su Resolución presidencial pero poseen las
agencias municipales de Nueva Reforma, Ojo de Agua, Carrizal y Llano de
Guadalupe, pertenecientes a Tlaxiaco.
Sin
embargo, los habitantes de Magdalena Peñasco explican que en realidad existe un
error en el acta de ejecución de la resolución, pues el ejecutor en lugar de
asentar que la comunidad colinda con Tlaxiaco asentó que sus límites llegan
hasta San Miguel el Grande. Por si fuera poco San Miguel el Grande le reclama
alrededor de 1 958 hectáreas de tierras. De acuerdo con el representante de
Bienes Comunales de Tlaxiaco, Jesús Hernández Cariño, que corrobora la
documentación oficial, el problema no existe jurídicamente porque se resolvió
con la Resolución presidencial de conflictos de límites de San Miguel el
Grande, del 19 de enero de 1948, que delimitó el área de sus tierras para lo
cual, dice, Tlaxiaco tuvo que ceder 25 por ciento de una área que se le
reconoció por sus colindantes desde el año de 1862. Sólo que San Miguel el
Grande no estuvo de acuerdo con una acción de reconocimiento y titulación
complementaria de tierras que concluyó de forma negativa el 12 de noviembre de
1996. Inconforme con esa resolución volvió a los tribunales agrarios
reclamando restitución de sus tierras pero tuvo que desistirse al no poder
comprobar su derechos.
El
problema se agrava porque las tierras comunales de Tlaxiaco guardan el régimen
comunal de hecho, pero no poseen la documentación que acredite su propiedad. Lo
anterior no impide al representante agrario afirmar que el problema tiene un
avance del 90 por ciento para su conclusión que, anota, será a su favor.
Documenta su optimismo explicando sus razones para ello: durante casi medio
siglo, desde la década de los años cincuenta hasta que él recibió el cargo,
no se dio ningún impulso legal al expediente dando como resultado que la
Secretaría de la Reforma Agraria lo archivara como asunto concluido. Y es que,
dice, todo se sujetaba a los intereses e influencia del PRI y a los cargos que
algún tlaxiaqueño lograba en el sector agrario que, cuando más, promovieron
acciones conciliatorias pero ningún seguimiento legal del expediente. Esto lo
confirma Agustín Chávez, excandidato del PRD a la diputación local, quien
abunda diciendo que la representación agraria ha seguido el destino del PRI,
que históricamente se han disputado dos grupos. Esto ha llegado al grado de que
cuando un representante intenta impulsar el expediente, el otro lo bloquea.
Como
sea, fue la actual representación agraria la que gestionó para revivir el
expediente agrario. Para ello promovió un amparo que le fue negado en primera
instancia pero que ganaron en revisión: la Secretaría de la Reforma Agraria
tuvo que desempolvar el expediente, integrarlo y enviarlo al Tribunal Superior
Agrario que a su vez lo remitió al Unitario de Huajuapan, en donde actualmente
espera resolución. "A ver quien hace esto en tan poco tiempo",
presume Jesús Hernández Cariño.
Mientras
se espera la resolución del tribunal agrario, la situación social se complica
y la violencia brota a cada rato, arropada en intereses políticos. El 6 de mayo
de 1998 vecinos y autoridades de San Miguel el Grande invadieron e incendiaron
una cerca de siete mil hectáreas en conflicto. De acuerdo con las autoridades
agrarias y municipales de Tlaxiaco, la acción fue organizada por el licenciado
Nicolás Salva Barrera, dirigente de la Organización de Autoridades Municipales
y Pueblos Indígenas de la Mixteca, OAMPIM, en represalia porque el PRI no aceptó
postular a su candidato a diputado y quedó uno del grupo del centro de Tlaxiaco.
Es sospechoso, dicen, que ese mismo año, unos meses antes, también se había
dado la invasión de las tierras de Yosotato por militantes de la Unión
Campesina Democrática, UCD. "Por lo menos sospechamos que ambas son
instrumento del gobierno del estado para contener las demandas de las
comunidades, a cambio de prebendas" afirman. El 12 de agosto de ese mismo año
se dio un enfrentamiento entre campesinos de la comunidad de Magdalena Peñasco
y los de Tlaxiaco, con un saldo de seis campesinos heridos, uno de ellos de
Tlaxiaco. La agresión arreció en los meses de marzo y abril del año siguiente
cuando los habitantes de San Miguel el Grande dispararon sobre los parajes Llano
Grande y Llano de Guadalupe; en enero del 2000 "deslindaron" los
terrenos ocupados, donde también impulsan la creación de una agencia municipal
de nombre Diódoro Carrasco Altamirano, gobernador del estado cuando arreció el
conflicto.
Pero
también del lado de Tlaxiaco se cuecen habas. Muchas son las personas que
siguen pensando que todavía se actúa con criterios políticos. Agustín Chávez
afirma que el actual representante agrario ha visto en ello una forma de hacer
carrera política pues usó el conflicto como presión para ser candidato del
PRI a la presidencia municipal en las pasadas elecciones y como no lo logró,
negoció para colocarse como miembro de la planilla para la próxima
administración. Esto sin contar que su padre, sin ser abogado de profesión,
patrocina la defensa de quienes han sido demandados penalmente.
Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria dgcs@pa.gob.mx